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Internacional

Más de 100.000 familias indígenas de Colombia piden protección ante el coronavirus

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La falta de agua potable y la desnutrición hacen más vulnerables a casi dos millones de indígenas. Hay dos casos de Covid-19 en la frontera colombo-venezolana
Indígenas del pueblo nukak se adentran en la selva por temor a la COVID-19KELLY PEÑA

En 1988 el pueblo indígena nukak, del sudeste de Colombia, tuvo su primer contacto con foráneos y, como consecuencia, una gripe devastó al menos a la mitad de su población. Para esa época, los sobrevivientes de este pueblo de cazadores y recolectores fueron empujados por colonos y grupos armados que se adueñaron de su selva y los obligaron a huir y asentarse por años en la ciudad de San José del Guaviare. Las noticias de una pandemia inédita que avanzaba rápidamente les trajo reminiscencias de ese pasado trágico y antes de que las autoridades civiles de Colombia cerraran fronteras o decidieran la cuarentena, varios de ellos se adentraron de nuevo en la selva para aislarse temporalmente. “El 18 de marzo, en una decisión autónoma, reunieron a las autoridades del departamento, y notificaron la decisión. Pero no es un retorno a sus territorios ancestrales, sino un aislamiento en sus resguardos que es de unas 980.000 hectáreas”, explicó Sandra Pérez Gómez, de la Confluencia de Mujeres para la Acción Pública del Guaviare, que ha acompañado a estas comunidades. Les dieron algunas herramientas y medicamentos y se adentraron en lo que les queda de bosque.

Esa ha sido solo una de las alternativas de los pueblos indígenas de Colombia ante el temor de contagiarse del coronavirus. Algo que, en palabras de las autoridades indígenas de Colombia, significaría su exterminio. “Nuestros pueblos no tienen agua potable, están subalimentados, con altos niveles de desinformación y dificultades de acceso a centros de salud”, diagnostica Armando Wooriyu Valenzuela, secretario de la Alta Instancia de Pueblos Étnicos para la Paz. La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) calcula que el riesgo de la pandemia se cierne sobre 115.000 familias indígenas, cerca de 1.905.000 personas en todo Colombia.

Los riesgos varían dependiendo de la región pero llegan a todos. La primera alerta se dio en Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela, donde según el Ministerio de Salud hay dos indígenas de la etnia yukpa, que fueron confirmados con Covid-19. Según la autoridad nacional de salud, uno de ellos falleció, pero en la ciudad la información es confusa y se habla de un solo contagiado que sería un colono venezolano que vive entre los indígenas. Aunque la alcaldía se propone controlar la propagación, los yukpas tienen una cultura seminómada, lo que dificulta cualquier cuarentena. Los yukpas (colombianos y venezolanos) se encuentran en estado de indigencia hasta en 15 ciudades de Colombia, pero en el caso de los venezolanos además vienen y van. Y aunque el Gobierno colombiano cerró sus fronteras como parte de sus medidas para frenar la pandemia, abundan los cruces informales conocidos como trochas.

En ciudades capitales como Bogotá o Medellín, está el mayor peligro para los indígenas que viven en la indigencia. Desplazados por el conflicto armado, muchos mendigan o viven de la venta de artesanías. Pero sin clientes en las calles están pasando hambre y durmiendo apiñados en aceras. El miércoles, 500 familias de la comunidad embera fueron desalojados por dueños de hoteles al paso por no tener con qué pagar por una habitación. De acuerdo con la Onic, esto ocurre también en ciudades como Barranquilla o Cali y pueden convertirse en una bomba de tiempo. Las fronteras y la pobreza son otra de las preocupaciones. “Tenemos un caso dramático y es el de los indígenas pairobas en Puerto Carreño (Vichada), frontera con Venezuela, donde unas mil personas de esta comunidad indígena obtiene la comida de los basureros”, dice Wooriyu para señalar que la respuesta del Gobierno tiene que ser desde la seguridad alimentaria además del agua.

Hasta ahora, los indígenas se protegen con barricadas para evitar el ingreso de foráneos que puedan contagiarlos. Lo hace la Guardia Indígena del Cauca, en el suroeste del país, pero también la etnia wayú en La Guajira, norte de Colombia, donde también salen a las carreteras a protestar por la falta de agua potable. En esa región, que ha recibido el impacto de la migración, preocupa el estado de los hospitales. De acuerdo con Valenzuela, hay cinco para atender a toda la población de wayú que es de medio millón de personas, además de los migrantes.

Las peticiones al Gobierno de Iván Duque van desde la toma urgente de muestras de confirmación en comunidades que presentan altos índices de infecciones respiratorias, agua potable y alimentación hasta las labores de prevención en las lenguas de los indígenas. “El Ministerio de Defensa puso a disposición sus emisoras para que podamos dar información de prevención pero necesitamos que el presidente Iván Duque a través del Ministerio de Telecomunicaciones nos ayude a producir piezas en los 90 idiomas de las comunidades”, agregó Wooriyu, que habla en nombre de las más de 100.000 familias indígenas que temen al coronavirus.

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Internacional

UN NUEVO INFORME DE LA ONU DENUNCIÓ MÁS CASOS DE TORTURAS Y DETENCIONES ARBITRARIAS EN VENEZUELA

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El documento abarca el período entre el 1 de mayo de 2021 y el 30 de abril de 2022 y se centra en acontecimientos relacionados con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, el estado de derecho y el espacio cívico.

El Consejo de DDHH de la ONU, en un un nuevo informe al que tuvo acceso Infobae, denunció más casos de torturas, detenciones arbitrarias y persecución a la oposición en Venezuela. Además, señaló graves errores cometidos por el régimen de Nicolás Maduro para hacer frente a la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.

El informe abarca el período entre el 1 de mayo de 2021 y el 30 de abril de 2022 y se centra en acontecimientos relacionados con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, el estado de derecho y el espacio cívico, y el nivel de aplicación de las recomendaciones correspondientes emitidas por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH).

El informe documentó torturas a 14 personas privadas de libertad durante el período que abarca la investigación. Además, señala estigmatización, criminalización y amenazas contra voces disidentes, la sociedad civil, medios de comunicación y sindicalistas.

“Durante el período que abarca el informe, el ACNUDH documentó 154 casos, incluidos 46 casos de penalización, 26 relatos de amenazas y hostigamiento, 11 actos de violencia y 71 casos de estigmatización de personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y otros miembros de la sociedad civil”, dice el informe.

La ACNUDH señala también 35 casos de violación del derecho a la libertad. Y denuncia que al menos 22 personas seguían sometidas a medidas coercitivas más allá de los límites establecidos en la legislación venezolana.

El ACNUDH siguió documentando casos de violaciones del derecho a la libertad de opinión y de expresión que afectan a periodistas, trabajadores de los medios de comunicación y medios de comunicación, personas defensoras de los derechos humanos y representantes de la sociedad civil. Se documentaron 34 casos, entre ellos hostigamiento, censura y confiscación de equipos de medios de comunicación. El ACNUDH siguió registrando relatos de autocensura por temor a represalias”, señala el informe.

Militares de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en una fotografía de archivo. EFE/Rayner Peña R.

Militares de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en una fotografía de archivo. EFE/Rayner Peña R.

El informe ahonda en las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Maduro.

La ACNUDH mostró su preocupación por el uso de la legislación antiterrorista y contra la delincuencia organizada que atenta contra el trabajo legítimo de los defensores de los derechos humanos y los trabajadores de los medios de comunicación.

El informe también denuncia los vínculos abiertos de varios magistrados, incluidos los suplentes, con el chavismo, ya que esas relaciones plantean preocupaciones sobre la independencia del poder judicial y la separación de poderes.

“El ACNUDH documentó la detención arbitraria de al menos 13 personas, incluidas dos mujeres, entre el 9 y el 13 de julio de 2021 en Caracas, y entre agosto y septiembre de 2021 en los estados de Apure y Táchira durante operaciones de seguridad”, dice el informe.

Además, denuncia que no se tiene acceso a información pública y desglosada sobre la implementación del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19.

“La pandemia de COVID-19 agravó un sistema de salud ya frágil. Se siguió reportando la falta de medicamentos, suministros y suficiente personal calificado en el sistema de salud, afectando en particular el acceso de mujeres y niños a una atención médica adecuada, incluido el tratamiento especializado para niños y niñas con enfermedades crónicas y la vacunación contra enfermedades prevenibles, y la salud sexual y reproductiva de mujeres y adolescentes. Según se reporta, los centros de salud se han visto afectados por apagones regulares, lo que ha impactado la prestación de servicios a los pacientes”, denuncia el informe.

FUENTE : INFOBAE

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Internacional

QATAR PROHIBIRÁ EL SEXO FUERA DEL MATRIMONIO DURANTE EL MUNDIAL: LAS PENAS PARA LOS QUE VULNEREN LAS LEYES

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Las autoridades del estado asiático han informado que habrá castigos de hasta 7 años de prisión para los infieles que tengan relaciones extramatrimoniales.

Los detalles

La expectativa aumenta a cada instante a 152 días para el comienzo del Mundial de Qatar. En este contexto, los organizadores del torneo más codiciado del planeta informaron que se han vendido más de 1,2 millones de entradas para los compromisos que se disputarán en el país del Golfo. La fase más reciente de venta de los tickets, un sorteo de selección aleatoria, se cerró a finales de abril con 23,5 millones de solicitudes de entradas procedentes en su mayoría de Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, México, Qatar, Arabia Saudita y Estados Unidos.

Pero hay algo que deberán tener en cuenta los viajeros. El Comité Supremo de Qatar informó que habrá duras condenas a quienes cometan adulterio. A través de un comunicado oficial, las autoridades locales aseguraron que habrá penas de hasta 7 años de prisión para aquellos que tengan sexo extramatrimonial. “Qatar es un país conservador y las muestras públicas de afecto están mal vistas independientemente de la orientación sexual”, anunció el medio Daily Star.

El periódico británico brindó su información basada en una fuente policial que manifestó su preocupación ante las posibles infidelidades que puedan cometer los turistas: “La cultura de la bebida y la fiesta después del partido, que es normal en la mayoría de los lugares, está estrictamente prohibida, con consecuencias muy estrictas y aterradoras si te atrapan. Existe la sensación de que éste podría ser un torneo muy malo para los aficionados”.

En este sentido, el director ejecutivo de la Copa del Mundo que se disputará a partir de noviembre, Nasser al-Khater, subrayó que “la seguridad de cada aficionado es de suma importancia” para ellos. “Pero las demostraciones públicas de afecto están mal vistas, no es parte de nuestra cultura, y eso se aplica para todos”, agregó.

Además, el secretario general de la Asociación de Fútbol de Qatar, Mansoor Al Ansari, destacó que en el estado asiático también habrá prohibiciones para las manifestaciones homosexuales. “Si quieres mostrar tu punto de vista sobre la comunidad LGBTQ+, hazlo en una sociedad en la que esté aceptado”, enfatizó el directivo.

En total, habrá dos millones de entradas disponibles durante los 28 días que durará el torneo, en noviembre y diciembre. La próxima oportunidad de adquirir boletos para el certamen internacional será por orden de llegada, pero la fecha aún no se ha anunciado.

Qatar espera atraer a 1,2 millones de visitantes durante el Mundial, casi la mitad de su población. Por lo tanto, los organizadores están trabajando para evitar que los aficionados se vean perjudicados por los precios. Una de las principales preocupaciones ha sido el costo y la disponibilidad del alojamiento en el Estado árabe del Golfo, que cuenta con menos de 30.000 habitaciones de hotel, según las últimas estimaciones de Turismo de Qatar. Y el 80% de esas habitaciones están actualmente asignadas a los invitados de la FIFA, dijeron los organizadores.

Cabe señalar que el país ha potenciado el alojamiento no hotelero, poniendo a disposición de los aficionados 65.000 habitaciones en villas y apartamentos, y unas 4.000 habitaciones en dos cruceros atracados en el puerto de Doha. Mientras tanto, la comunidad empresarial local, criticada por el trato que da a los trabajadores inmigrantes, se ha comprometido a devolver 28 millones de dólares a los trabajadores que pagaron tasas de contratación para asegurarse un empleo.

El cobro de comisiones de contratación es ilegal en Qatar y en otros países, aunque la práctica está muy extendida en muchos de los países de los que proceden los trabajadores qataríes.

FUENTE : INFOBAE

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DURO REVÉS PARA LA COMUNIDAD LGTBI INTERNACIONAL

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Por disposición de un tribunal, un país deja de reconocer el derecho al matrimonio de personas del mismo sexo.

Este lunes un tribunal de Japón dictaminó constitucional el veto al reconocimiento a las parejas del mismo sexo. La medida significa un importante retroceso para los grupos LGTBI del país donde el año pasado un fallo histórico había sido favorable para las uniones homosexuales.

El fallo que veta el reconocimiento a las parejas del mismo sexo fue dictado por la corte de Osaka que rechazó los argumentos de tres parejas del mismo sexo que luchan por la igualdad de derechos. “Desde la perspectiva de la dignidad individual, se puede decir que es necesario hacer realidad los beneficios de las parejas del mismo sexo sean reconocidos públicamente mediante un reconocimiento oficial”, indicó el tribunal.

Sin embargo, la corte señaló que “no considera” que la falta de reconocimiento actual sea una violación de la constitución y dijo que “no se ha llevado a cabo un debate público sobre qué sistema sería apropiado”.

El presente fallo responde al realizado en 2021 por un tribunal de Sapporo que decretó que no reconocer el matrimonio del mismo sexo en Japón era inconstitucional. Ese veredicto había sido celebrado por la comunidad LGTBI de Japón, un país donde -por diversas razones- menos del 18% de las personas homosexuales reconoció su orientación sexual en el trabajo.

Según la constitución nipona, el “matrimonio solo puede ser con el consentimiento mutuo de ambos sexos”. Aunque en los últimos años las autoridades locales en el país han avanzado en el reconocimiento de derechos, incluso uniones de parejas del mismo sexo, estas aun no cuentan con las mismas garantías que el matrimonio.

FUENTE : MDZOL.COM

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