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Más de 2.200 presos salieron de las cárceles federales desde que comenzó la pandemia del coronavirus

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No hay datos estadísticos en la provincia de Buenos Aires, donde -según las fuentes consultadas por Infobae- las libertades anticipadas se frenaron cuando estalló el escándalo por el hábeas corpus colectivo

Más de dos mil presos salieron de las cárceles federales desde que comenzó la pandemia del coronavirus en marzo pasado. Algunos de ellos salieron para seguir detenidos bajo la modalidad de arresto domiciliario. Pero las cifras confirman que ahora sobran plazas en las unidades penitenciarias. Los datos surgen de los informes oficiales de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) del Ministerio Público y de la Procuración Penitenciaria Federal.

“Durante el primer semestre de 2020, en contexto de pandemia por Covid-19 y con Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), la población alojada registró una baja de 2.230 personas (-16%). El decrecimiento más pronunciado se registró en mayo y junio”, informó la PROCUVIN.

Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires, no hay un número concreto de presos excarcelados. Es que, según indicaron fuentes consultadas por Infobae, hay unos 50 mil presos en la cárceles de la provincia cuando sólo hay lugar físico para 24.000. Y entre el 10 y el 20 por ciento de ellos salen anualmente, pero al mismo tiempo, la puerta de entrada iguala ese porcentaje.

“Además, el 60 por ciento de las personas que salen, lo hacen porque se agotó su condena, es decir, porque tenían que salir”, remarcaron. Al ser consultados sobre las libertades otorgadas durante la pandemia, las fuentes precisaron que a raíz del escándalo que se generó en abril pasado por el hábeas corpus colectivo para detenidos, “el 90 por ciento de los que salen es por agotamiento de la condena”, es decir que hay menos morigeraciones de penas concedidas. Otro dato: las cárceles registraron una baja menor en su población, pero las alcaidías subieron.

Los presos de Devoto durante las negociaciones tras el motín que encabezaron en abril pasadoLos presos de Devoto durante las negociaciones tras el motín que encabezaron en abril pasado

De donde sí hay datos concretos es del Servicio Penitenciario Federal. Allí, los números muestran una baja de la población penitenciaria. La Procuración Penitenciaria reconoce que “a raíz de la declaración de emergencia sanitaria por Covid-19, entre los meses de marzo y junio de 2020 se produjo un significativo descenso de la población”. De hecho, ya a fines de abril, no había “sobreocupación general” en las cárceles del sistema federal. Uno de los datos claves también fue la reducción de ingresos, es decir, menos personas que quedan detenidas.

Según la Procuración Pentenciaria Federal, la duplicación de los egresos durante la emergencia sanitaria por COVID-19 se debe, en buena parte, al notable aumento de los arrestos domiciliarios, que se multiplicaron por doce en relación al mismo período de 2019. Entre mitad de abril y mayo de 2019, hubo 62 detenidos enviados a cumplir pena en su casa; este año en el mismo período hubo 735.

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Antes incluso de que se decretara el aislamiento obligatorio, la Cámara Federal de Casación Penal dispuso una serie de consideraciones a los tribunales inferiores para recomendar la reducción de la población encarcelada mediante la liberación no sólo de los considerados grupos de riesgo, sino también de todas las personas de cuyo encierro puede prescindirse o ser reemplazado por medidas alternativas a la prisión.

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En ese marco no solo se dictaron arrestos domiciliarios, también bajó el numero de personas que eran ingresadas al sistema. Desde el comienzo de la pandemia hasta fines de mayo, habían ingresado al menos 373 personas al SPF.

El Ministerio Público Fiscal, a través de la PROCUVIN, detalló que en un contexto de pandemia, el primer semestre de 2020 registraban 11.786 personas privadas de su libertad en establecimientos del SPF en todo el país. “Ello implicó una disminución del 16% de la población detenida”, precisó la Procuraduría de Violencia Institucional.

El informe detalló que la disminución de la población impactó fuertemente en la cantidad de personas detenidas sin condena, que se redujo en un 19,5 por ciento. La mayoría de las personas que lograron salir de prisión fueron mujeres y transgénero.

Entre los complejos en los que más impactó la reducción poblacional se encuentran el Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres, el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Complejo Penitenciario Federal III de Salta.

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La superpoblación y el coroanvirus

En diciembre, cuando cambiaba el Gobierno, los presos de las cárceles bonaerenses iniciaron una huelga de hambre en reclamo por la falta de alimentos. Pedían por su situación. La emergencia penitenciaria había sido dictada por la entonces gobernadora María Eugenia Vidal apenas llegó a su cargo –tras la fuga de los asesinos del triple crimen de General Rodríguez– y su sucesor, Axel Kicillof, la ratificó. Las estadísticas indicaban que la cantidad de presos duplicaba la cantidad de plazas.

En enero, el gobierno de Kicillof armó una “Mesa Interinstitucional de diálogo” para generar un plan consensuado entre los tres poderes del Estado bonaerense, los organismos de derechos humanos, la Iglesia y representantes del Poder Judicial Federal. Las primeras reuniones se hicieron en febrero.

Con la irrupción del coronavirus, los 19 defensores generales de la provincia de Buenos Aires pidieron el 3 de abril que sean liberados todos los presos bonaerenses, tanto en cárceles como en comisarías, que sean considerados población de riesgo ante el posible ingreso del COVID-19 a los penales provinciales, tal como contó Infobae ese día. “Es inadmisible que personas que integran los grupos de riesgo en relación a la enfermedad producida por el virus COVID-19 se encuentren aún hoy privadas de su libertad en cualquier dependencia de distinta naturaleza de la Provincia de Buenos Aires”, señalaba el hábeas corpus.

El 8 de abril, el juez Víctor Violini, del Tribunal de Casación, concedió el hábeas corpus. Habló de conceder arresto domiciliario para presos por delitos leves en situación de riesgo, analizar la situación de los presos por delitos graves. También encomendaba evaluar de oficio a los que tuvieran prisión preventiva desde hacía más de dos años “considerando los intereses de las víctimas” y disponía que mandaran a domiciliaria a los que les faltaran seis meses para obtener la libertad asistida o condicional.

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Los listados de esos presos habían sido confeccionados por funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad, en base a edades y patologías. Los primeros listados indicaban 700 personas, de la cuales 400 estaban arrestadas por delitos leves, pero el número podía elevarse a 2.300 internos en situación de riesgo con registros más actualizados.

El fallo provocó gran conmoción social cuando se conocieron otras libertades y arrestos domiciliarios concedidos de manera individual, como el caso de Pedro Olmos, el hombre de 68 años que abusó de una vecina de 13 años en el cumpleaños de su nieto y que con el coronavirus volvió a vivir muy cerca de la casa de su víctima. Hubo otros casos en distintos puntos del país.

En el sistema federal, en tanto, hubo varios levantamientos en los penales, pero el caso que más repercusión tuvo fue el motín que tuvo lugar en la cárcel de Devoto. El 24 de abril, los reclusos incendiaron las celdas, colgaron colchones prendiéndose fuego y alcanzaron el techo del establecimiento. Hubo negociaciones de las que participaron el viceministro de Justicia Juan Martín Mena y jueces de la Cámara Federal de Casación. Se abrió entonces una mesa de diálogo.

En el mientras tanto gran parte de la sociedad, confinada en sus casas por el aislamiento que impuso el coronavirus, participó de un masivo cacerolazo contra la salida de presos.

FUENTR : INFOBAE

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MDP : ACCIDENTE FATAL EL LURO Y JUJUY

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Aproximadamente a las 9:30hs del domingo 26 de junio, un hombre de 23 años manejaba un Ford Fiesta a alta velocidad sobre la avenida Luro de nuestra ciudad.

Por razones que se investigan el conductor del rodado perdio el control sobre la Av. Pedro Luro entre las calles Jujuy y España. El coche choco contra un contenedor plastico , rompió un cantero en la puerta de un supoermercado y una palmera tompió la vifdriera de un comercio dedicado a la maderas y luego detuvo su marcha.

Personal del Same, policias y bomberos constataron el fallecimiento del chofer y no encontraron mas ocupantes en el auto.

Aun no fue comunicado el nombre de la victima que perdio su vida en el día de la fecha en nuestra ciudad.

 

 

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LO QUE ENCONTRARON EN EL CELULAR DEL PILOTO IRANÍ

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En el teléfono de Gholamreza Ghasemi se lo puede ver en su juventud como parte de la Guardia Revolucionaria Al Quds. Las imágenes no son la evidencia de ningún delito y es extraño que alguien que supuestamente realiza actividades de espionaje las guarde en su celular. Igualmente, es muy probable que en la causa judicial las fotos se utilicen en su contra.

Aunque no constituye una evidencia de algún delito, en el celular del piloto del avión venezolano retenido en Ezeiza, el iraní Gholamreza Ghasemi, hay fotos en las que se lo ve mucho más joven como combatiente de la Guardia Revolucionaria Al Quds, también hay imágenes de misiles, tanques y de alguna bandera que dice “muerte a Israel”, según una primera traducción del farsí. 

Como se sabe, los celulares de todos los tripulantes del Boeing fueron secuestrados por orden del juez Federico Villena y a pedido de la fiscal Cecilia Incardona. Parece un poco contradictorio que alguien que supuestamente realiza actividades de espionaje o terroristas guarde fotos de esa naturaleza, pero es muy probable que en la causa judicial se utilicen en su contra, aunque no constituyan delito. Los datos sobre la existencia de las fotos fueron un adelanto exclusivo de Página/12.

Quienes trabajan en el análisis de los celulares se encontraron con esas fotos y ya lo reportaron al juez y la fiscal, aunque todavía no cuentan con una traducción fidedigna, porque no es sencillo conseguir un buen traductor del farsí, el idioma mayoritario en Irán. El peritaje es realizado por la División Delitos Informáticos de la Policía de la Ciudad. Está claro que las fotos son de Ghasemi y para completar el trabajo pericial falta la traducción de los textos. En principio, los tripulantes iraníes no usaban Whatsapp sino uno sistema más rudimentario, pero habrá que esperar la traducción oficial.

Es muy probable que Ghasemi argumente que hizo el servicio militar, que luego fue militar, y que gran parte de los jóvenes de su país integran la Guardia Revolucionaria Al Quds, que son brigadas organizadas y financiadas por el Estado orientadas a lo internacional: la base son consignas antinorteamericanas y antiisraelíes. De hecho, el nombre mismo –Quds– es la denominación en árabe de Jerusalem, es decir que apunta directamente a la confrontación con Israel.

Al Quds, además, mezcla también la cuestión religiosa y va en sintonía total con el régimen de los ayatolas. Los abogados de Ghasemi y del resto de la tripulación es seguro que van a alegar que son fotos viejas y que no implican ningún delito, menos aún cometido en la Argentina. También dirán que si Ghasemi hubiera tenido alguna actividad ilegal hubiera borrado las fotos o, más probablemente, usaría lo que en la inteligencia argentina llaman “un mocho”, es decir un celular paralelo, clandestino.

Un dato llamativo es que el gobierno de Venezuela no haya presentado ninguna protesta, entre otras cosas por el allanamiento ilegal que hizo la Policía de Seguridad Aeroportuaria, sin orden judicial, al regreso del Jumbo desde Uruguay. También Venezuela podría protestar porque no se le cargó combustible al avión cuando no había ninguna denuncia de ningún tipo contra la aeronave de Emtrasur. Sin embargo, por lo que se sabe hasta ahora, Caracas optó por la mesura.

En el gobierno venezolano están agradecidos por el papel que jugó el gobierno argentino, y en especial Alberto Fernández, en la Cumbre de las Américas de Los Angeles, denunciando los bloqueos a Cuba y Venezuela. Debe recordarse que, antes de ese momento, la relación con Caracas era compleja, con idas y vueltas, porque Argentina respaldó lo hecho por Michele Bachelet como Alta Comisionada de las Naciones Unidas en Derechos Humanos, con informes críticos –aunque con avances– respecto de la situación de derechos humanos y el encarcelamiento de opositores en Venezuela.

También se tranquilizó la relación con Caracas a raíz de la designación de un nuevo embajador argentino en Venezuela. El nominado es Oscar Laborde, que tiene el respaldo de todos los sectores del gobierno. Finalmente, tampoco se puede dejar de ver que incluso Estados Unidos, en el marco de la cuestión petrolera y la guerra Rusia-Ucrania, dio un paso significativo enviando una delegación de altísimo nivel a reunirse con Nicolás Maduro. Nada menos que el secretario de Seguridad, Jake Sullivan, estuvo en el Palacio de Miraflores en Caracas. Para redondear el cuadro, tampoco el presidente Joe Biden parece muy entusiasta con elevar la temperatura de los conflictos: baraja rehacer el pacto de limitación nuclear de Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, China con Irán. Todos esos elementos juegan en este momento en el insólito conflicto por un avión que pasó por doce países y un piloto que no tiene ni pedido de captura ni se lo acusó por ningún delito en ningún país.

La imputación al piloto

Como se sabe, el martes la fiscal Incardona igualmente imputó a Ghasemi en base a un informe del FBI que sostiene que el piloto fue ejecutivo y parte del directorio de Oeshm Fars Air que hace unos años –según la agencia norteamericana– realizó vuelos entre Teherán y Beirut llevando armamento. En comunicación con el gobierno argentino, el Mossad israelí aseveró que efectivamente eso es así, pero que desde que el 747 pasó a ser venezolano –la compra-venta se hizo en julio de 2021–, la nave no se estaría utilizando para nada ilegal. Por eso, no hubo objeciones en los movimientos del Jumbo. Lo asombroso es que la Embajada de Israel en Paraguay sacó un comunicado en el que manifiesta su preocupación por la llegada del avión a la Argentina y no dice ni una palabra de que el 747 estuvo en Ciudad del Este –ni siquiera en Asunción– un mes antes, con la misma tripulación y que desde Ciudad del Este se dirigió a Aruba con un cargamento de cigarrillos de la empresa del multi-acusado Horacio Cartés, expresidente de Paraguay y amigo íntimo de Mauricio Macri.

Todo evidencia el contenido geopolítico del caso, que agrupa a la derecha de Estados Unidos, Israel y la Argentina, porque involucra al llamado eje del mal Irán-Venezuela y sirve para congraciarse aún más con Washington. Más allá de semejante escenario, el juez Villena le requerirá ahora más información al FBI –-agencia que se mueve con bastante independencia respecto del gobierno norteamericano– y es muy probable que alguno de los fiscales o jueces alineados con Donald Trump haga algún reclamo desde el país del Norte.

Más cerca, aquí en Lomas de Zamora, por pedido de Incardona, Villena está solicitando más documentos sobre la titularidad del avión —quiere ver si es cierto que es venezolano o sigue siendo iraní— y se harán nuevas verificaciones sobre la carga que trajo a Buenos Aires. En su dictamen, la fiscal afirmó que hay que investigar si la carga no fue una forma de ocultar actividades de espionaje o terrorismo, con el informe del FBI como única prueba. Ahora podrá decir que las fotos del joven Ghasemi son una evidencia adicional.

FUENTE : PAGINA 12

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LA EMBAJADA DE ISRAEL EN PARAGUAY ASEGURÓ QUE LOS TRIPULANTES DEL AVIÓN TRAFICAN ARMAS PARA HEZBOLLAH

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La cancillería israelí señaló que sigue atentamente y con preocupación el caso de los iraníes que se encuentran en territorio argentino.

Israel sigue con preocupación el caso de la llegada a Argentina del avión iraní que pertenece a una empresa fantasma venezolana sancionada por el gobierno de Estados Unidos y denunció que sus tripulantes están involucrados en el tráfico de armas.

En el avión que aterrizó en Argentina, se encontraban iraníes involucrados de forma directa en el tráfico de armas a Siria y a la organización terrorista Hezbollah del Líbano. Incluso, el capitán del avión es un alto ejecutivo de la empresa aérea iraní Qeshm Fars Air”, denuncia este miércoles a través de un comunicado la embajada israelí en Paraguay.

El avión hasta hace poco era utilizado por la empresa iraní Mahan Air, que opera vuelos para Fuerza Quds en la ruta Teherán-Damasco, señala el comunicado.

Israel está especialmente preocupado por la actividad de las empresas aéreas iraníes Mahan Air y Qeshm Air en América Latina, empresas que están involucradas en el tráfico de armas, equipamiento y personas para la Fuerza Quds y que se encuentran bajo sanciones estadounidenses por su vinculación con el terrorismo y en la proliferación de armamento”, agrega el comunicado de la cancillería israelí.

Israel reconoció el buen trabajo conjunto y la coordinación de los países de la región, y destacó en especial la labor de las autoridades paraguayas que identificaron la eventual amenaza que representaba el avión y su tripulación, como también la determinación de Paraguay y Uruguay de cerrar el espacio aéreo.

Israel considera que la postura firme de Paraguay y Uruguay representa un mensaje importante a Teherán para que no intente actuar en Sudamérica”, destaca la embajada israelí en el comunicado.

“Para Israel se trata de otro incidente que demuestra los intento de Irán —a través de la Guardia Revolucionaria, la Fuerza Quds y Hezbollah— de seguir estableciendo su influencia alrededor del mundo en Sudamérica, como base de operaciones para las actividades terroristas en el continente”, finaliza el comunicado.

El lunes, la fiscal argentina Cecilia Incardona pidió investigar la relación del piloto del avión de Emtrasur, Gholamreza Ghasemi, con posibles actos de terrorismo. También imputó al resto de los tripulantes de la aeronave retenida en Buenos Aires, pudo saber Infobae de fuentes judiciales.

Finalmente se conocieron los primeros resultados de las pericias que se realizaron al celular de Ghasemi. Según pudo averiguar Infobae, en el aparato encontraron fotos de tanques, misiles y una imágen en la que se lo ve a él de joven, como combatiente de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC-QF).

Luego de una serie de traducciones del contenido —estaba en farsi—, se pudo desclasificar la información. Entre las fotos encontradas también se encuentra una en la que se ve una bandera con repudio hacia Israel.

El capitán Gholamreza Ghasemi, el piloto del avión varado en EzeizaEl capitán Gholamreza Ghasemi, el piloto del avión varado en Ezeiza

“Con el avance de las tareas investigativas llevadas aquí adelante, surgieron varios rastros que imponen la necesidad de proseguir la investigación respecto de Ghasemi Gholamreza, de toda la tripulación que de él dependía, de la aeronave y de su carga, conforme las obligaciones del Estado Argentino para prevenir y sancionar hechos de terrorismo”, dice el dictamen de la fiscal.

Y agrega: “Tales circunstancias irregulares llevan a indagar si el verdadero objetivo del arribo de la aeronave a nuestro país fue exclusivamente para transportar mercadería de autopartes, o bien si estuvo fundado en razones diferentes a las alegadas y constituya, eventualmente, un acto de preparación para proveer bienes o dinero que pudieran utilizarse para una actividad de terrorismo, su financiamiento u organización”.

Luego de recibir el informe del FBI que confirma la vinculación directa del piloto del avión de Emtrasur, Gholamreza Ghasemi, con las Fuerzas Quds, la división de la Guardia Revolucionaria iraní especializada en operaciones de inteligencia, y con Hezbollah, el juez Federico Villena le corrió vista a la fiscal el fin de semana “para delimitar el objeto procesal”.

La fiscal ya había impulsado la investigación el lunes pasado, pero en ese momento no había pruebas concretas contra la tripulación.

En una semana, el juez Villena ordenó unas 60 medidas de prueba y el expediente suma ocho cuerpos. Muchas de ellas todavía no llegaron al juzgado. El magistrado espera con expectativa un informe definitivo sobre los teléfonos y las tablets secuestradas a los tripulantes. Los informes preliminares hasta ahora no arrojaron pruebas contundentes para el expediente. También está pendiente el análisis de las dos “cajas negras” del avión.

FUENTE : INFOBAE

 

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