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Más de 2.200 presos salieron de las cárceles federales desde que comenzó la pandemia del coronavirus

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No hay datos estadísticos en la provincia de Buenos Aires, donde -según las fuentes consultadas por Infobae- las libertades anticipadas se frenaron cuando estalló el escándalo por el hábeas corpus colectivo

Más de dos mil presos salieron de las cárceles federales desde que comenzó la pandemia del coronavirus en marzo pasado. Algunos de ellos salieron para seguir detenidos bajo la modalidad de arresto domiciliario. Pero las cifras confirman que ahora sobran plazas en las unidades penitenciarias. Los datos surgen de los informes oficiales de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) del Ministerio Público y de la Procuración Penitenciaria Federal.

“Durante el primer semestre de 2020, en contexto de pandemia por Covid-19 y con Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), la población alojada registró una baja de 2.230 personas (-16%). El decrecimiento más pronunciado se registró en mayo y junio”, informó la PROCUVIN.

Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires, no hay un número concreto de presos excarcelados. Es que, según indicaron fuentes consultadas por Infobae, hay unos 50 mil presos en la cárceles de la provincia cuando sólo hay lugar físico para 24.000. Y entre el 10 y el 20 por ciento de ellos salen anualmente, pero al mismo tiempo, la puerta de entrada iguala ese porcentaje.

“Además, el 60 por ciento de las personas que salen, lo hacen porque se agotó su condena, es decir, porque tenían que salir”, remarcaron. Al ser consultados sobre las libertades otorgadas durante la pandemia, las fuentes precisaron que a raíz del escándalo que se generó en abril pasado por el hábeas corpus colectivo para detenidos, “el 90 por ciento de los que salen es por agotamiento de la condena”, es decir que hay menos morigeraciones de penas concedidas. Otro dato: las cárceles registraron una baja menor en su población, pero las alcaidías subieron.

Los presos de Devoto durante las negociaciones tras el motín que encabezaron en abril pasadoLos presos de Devoto durante las negociaciones tras el motín que encabezaron en abril pasado

De donde sí hay datos concretos es del Servicio Penitenciario Federal. Allí, los números muestran una baja de la población penitenciaria. La Procuración Penitenciaria reconoce que “a raíz de la declaración de emergencia sanitaria por Covid-19, entre los meses de marzo y junio de 2020 se produjo un significativo descenso de la población”. De hecho, ya a fines de abril, no había “sobreocupación general” en las cárceles del sistema federal. Uno de los datos claves también fue la reducción de ingresos, es decir, menos personas que quedan detenidas.

Según la Procuración Pentenciaria Federal, la duplicación de los egresos durante la emergencia sanitaria por COVID-19 se debe, en buena parte, al notable aumento de los arrestos domiciliarios, que se multiplicaron por doce en relación al mismo período de 2019. Entre mitad de abril y mayo de 2019, hubo 62 detenidos enviados a cumplir pena en su casa; este año en el mismo período hubo 735.

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Antes incluso de que se decretara el aislamiento obligatorio, la Cámara Federal de Casación Penal dispuso una serie de consideraciones a los tribunales inferiores para recomendar la reducción de la población encarcelada mediante la liberación no sólo de los considerados grupos de riesgo, sino también de todas las personas de cuyo encierro puede prescindirse o ser reemplazado por medidas alternativas a la prisión.

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En ese marco no solo se dictaron arrestos domiciliarios, también bajó el numero de personas que eran ingresadas al sistema. Desde el comienzo de la pandemia hasta fines de mayo, habían ingresado al menos 373 personas al SPF.

El Ministerio Público Fiscal, a través de la PROCUVIN, detalló que en un contexto de pandemia, el primer semestre de 2020 registraban 11.786 personas privadas de su libertad en establecimientos del SPF en todo el país. “Ello implicó una disminución del 16% de la población detenida”, precisó la Procuraduría de Violencia Institucional.

El informe detalló que la disminución de la población impactó fuertemente en la cantidad de personas detenidas sin condena, que se redujo en un 19,5 por ciento. La mayoría de las personas que lograron salir de prisión fueron mujeres y transgénero.

Entre los complejos en los que más impactó la reducción poblacional se encuentran el Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres, el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Complejo Penitenciario Federal III de Salta.

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La superpoblación y el coroanvirus

En diciembre, cuando cambiaba el Gobierno, los presos de las cárceles bonaerenses iniciaron una huelga de hambre en reclamo por la falta de alimentos. Pedían por su situación. La emergencia penitenciaria había sido dictada por la entonces gobernadora María Eugenia Vidal apenas llegó a su cargo –tras la fuga de los asesinos del triple crimen de General Rodríguez– y su sucesor, Axel Kicillof, la ratificó. Las estadísticas indicaban que la cantidad de presos duplicaba la cantidad de plazas.

En enero, el gobierno de Kicillof armó una “Mesa Interinstitucional de diálogo” para generar un plan consensuado entre los tres poderes del Estado bonaerense, los organismos de derechos humanos, la Iglesia y representantes del Poder Judicial Federal. Las primeras reuniones se hicieron en febrero.

Con la irrupción del coronavirus, los 19 defensores generales de la provincia de Buenos Aires pidieron el 3 de abril que sean liberados todos los presos bonaerenses, tanto en cárceles como en comisarías, que sean considerados población de riesgo ante el posible ingreso del COVID-19 a los penales provinciales, tal como contó Infobae ese día. “Es inadmisible que personas que integran los grupos de riesgo en relación a la enfermedad producida por el virus COVID-19 se encuentren aún hoy privadas de su libertad en cualquier dependencia de distinta naturaleza de la Provincia de Buenos Aires”, señalaba el hábeas corpus.

El 8 de abril, el juez Víctor Violini, del Tribunal de Casación, concedió el hábeas corpus. Habló de conceder arresto domiciliario para presos por delitos leves en situación de riesgo, analizar la situación de los presos por delitos graves. También encomendaba evaluar de oficio a los que tuvieran prisión preventiva desde hacía más de dos años “considerando los intereses de las víctimas” y disponía que mandaran a domiciliaria a los que les faltaran seis meses para obtener la libertad asistida o condicional.

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Los listados de esos presos habían sido confeccionados por funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad, en base a edades y patologías. Los primeros listados indicaban 700 personas, de la cuales 400 estaban arrestadas por delitos leves, pero el número podía elevarse a 2.300 internos en situación de riesgo con registros más actualizados.

El fallo provocó gran conmoción social cuando se conocieron otras libertades y arrestos domiciliarios concedidos de manera individual, como el caso de Pedro Olmos, el hombre de 68 años que abusó de una vecina de 13 años en el cumpleaños de su nieto y que con el coronavirus volvió a vivir muy cerca de la casa de su víctima. Hubo otros casos en distintos puntos del país.

En el sistema federal, en tanto, hubo varios levantamientos en los penales, pero el caso que más repercusión tuvo fue el motín que tuvo lugar en la cárcel de Devoto. El 24 de abril, los reclusos incendiaron las celdas, colgaron colchones prendiéndose fuego y alcanzaron el techo del establecimiento. Hubo negociaciones de las que participaron el viceministro de Justicia Juan Martín Mena y jueces de la Cámara Federal de Casación. Se abrió entonces una mesa de diálogo.

En el mientras tanto gran parte de la sociedad, confinada en sus casas por el aislamiento que impuso el coronavirus, participó de un masivo cacerolazo contra la salida de presos.

FUENTR : INFOBAE

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Los taxistas reclaman la presencia de las fuerzas federales

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Tras la decisión de retirar  a más de 500 efectivos, SUPETAX detecta un crecimiento alarmante en los casos de inseguridad y la imposibilidad de la policía provincial para cubrir el territorio.

Donato Salvador Cirone Secretario General del Sindicato Único de Peones de Taxis de Mar del Plata reclamó más presencia de Fuerzas Federales. Sostuvo que «en lo que va del año el Ministerio de Seguridad Nacional le quito a nuestra Ciudad 500 efectivos, 300 Gendarmes y 200 Efectivos de otras fuerzas federales que se encontraban desarrollando un gran trabajo en cuanto a prevención del delito» dijo el dirigente. «Necesitamos que se revea esa situación con urgencia».

Los taxistas desde hace meses están sufriendo reiterados hechos de robo y asaltos violentos «y notamos que una de las razones era que se había retirado alrededor de medio millar de efectivos que prestaban servicio en General Pueyrredon» continuó.

«Destacamos la buena predisposición de la policía provincial que, al quedar al descubierto ciertas zonas que antes eran cubiertas por las fuerzas federales, y no tener esos recurso en nuestro distrito, se incrementa la inseguridad para el sector y la ciudadanía en general. Y no tiene los medios ni el personal suficiente para suplantar lo que se ha perdido» concluyó.

Cabe recordar que el propio intendente municipal Guillermo Montenegro, así como diferentes bloques políticos del Concejo Deliberante y representantes empresarios, dirigentes gremiales y varios foros de seguridad y sociedades de fomento se unieron en el pedido común de que retornen a Mar del Plata los efectivos retirados. Algo que hasta el momento no ha tenido la debida respuesta de las autoridades nacionales y provinciales.

FUENTE : LIBRE EXPRESION

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Confirman condena contra el periodista Tomás Méndez

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El TSJ confirmó la condena al periodista Tomás Méndez Rechazó la casación al fallo de la Cámara Civil de 2ª Nominación por la demanda del empresario Horacio Fritzler

El periodista había sido condenado por daño moral en 2018. Ahora el TSJ rechazó la casación y confirmó aquel fallo

La Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) confirmó la condena impuesta por la Cámara Civil y Comercial de 2ª Nominación en diciembre de 2018 contra el periodista Tomás Méndez, quien conduce en la actualidad un programa en C5N.

El fallo del máximo tribunal cordobés es del 21 de julio y se refiere a la demanda que le entabló al periodista el empresario entrerriano Horacio Fritzler por las menciones que hizo en el programa televisivo ADN que produjo, condujo y salía al aire por Canal 10 de Córdoba, de los SRT.

En una de las emisiones se refirió a títulos inmobiliarios de tierras ‘truchos’ que habría adquirido el empresario en La Rinconada, departamento Río Seco. Para sostener sus dichos realizó entrevistas de pobladores y presuntos damnificados que no quisieron mostrarse en cámara para evitar ser reconocidos. La demanda también señalaba que Méndez generó sospechas sobre actividades de narcotráfico al mencionar la existencia de una pista de aterrizaje en un campo propiedad de Fritzler. “No creo que llegue soja en avioneta”, indicó en su programa.

La Cámara Civil analizó estos elementos y le impuso una condena que consiste en el resarcimiento de $50.000 más intereses desde 2011 y la retractación en algún espacio comunicacional que posea en la actualidad, atento a que ADN no se emite más por la señal local.

La defensa de Méndez cuestionó los fundamentos del tribunal y recurrió ante el TSJ que ahora rechazó la casación y, de ese modo, confirmó lo resuelto por la Cámara.

El TSJ rechazó los argumentos presentados advirtiendo que los jueces inferiores habían analizado la situación de las usurpaciones a las que se refirió el programa y que consideró como un conflicto entre privados la diferencia entre información y opinión.

El TSJ subrayó que la Cámara también examinó las entrevistas realizadas por el periodista rechazando el reproche de no haberlas analizado.

Doctrina Campillay. “Igual suerte adversa corresponde asignar a las objeciones que critican la improcedencia de la estrategia defensiva enancada en la doctrina ‘Campillay’”, sostuvo el TSJ al analizar la doctrina de la real malicia que aplicó la Corte Suprema.

Y continuó: “Repárese que (la Cámara Civil) fue tratando uno a uno tales presupuestos y concluyó que ninguno aparecía cumplido; lo cual implica que, de haberse verificado al menos uno de ellos, la solución habría sido diferente”. “Tampoco pueden prosperar las críticas que denuncian que el Tribunal de Grado habría confundido los conceptos ‘opinión’ e ‘información’ (…) la construcción de esas frases tiene carácter asertivo, y que contienen lisa y llanamente la afirmación de hechos delictivos, atribuidos a Fritzler, que no encuentran soporte en las entrevistas sino que provienen directamente del periodista”.

El abogado de Méndez, Gustavo Liebau, analizan si presentarán un recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema analice el caso.
Fuente: Diario Perfil

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Alberto Fernández anuló el DNU que disponía la intervención de Vicentin

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Así desistió del intento de expropiación de la agroexportadora. El Presidente volvió a cargar contra los accionistas y sostuvo que “el juez interviniente en el concurso no ha permitido que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía”. “Nuestra intención siempre fue rescatar a la empresa”, aseguró

Un mes y medio después del sorpresivo anuncio en Casa Rosada Alberto Fernández estampó la firma en un Decreto de Necesidad y Urgencia publicado a última hora de la tarde en el Boletín Oficial con el que dio oficialmente marcha atrás en la intervención y expropiación de Vicentin, argumentando una “obstrucción” empresarial y judicial y con fuertes críticas a los accionistas de la compañía.

“Hemos dispuesto la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin S.A.I.C. por 60 días. El Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo”, explicó el Presidente a través de Twitter un rato después de que Infobae adelantara la información.

De esta manera, el Presidente volvió a cargar contra la cúpula de accionistas de la firma agroexportadora y “el juez interviniente en el concurso, que no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía”, resaltó Fernández en las redes sociales mientras en la Secretaría Legal y Técnica terminaban de publicar el decreto en el Boletín Oficial.

En el Gobierno hay tanto malestar con los dueños de Vicentin como con el juez en lo Civil y Comercial de la ciudad santafesina de Reconquista, Fabián Lorenzini, a cargo del concurso. “Está jugando absolutamente con la empresa”, explicaron colaboradores presidenciales al tanto de los detalles de la decisión. “El lunes le dio 40 días más a los accionistas para presentar los balances. Es más: abrió el concurso sin que se presentaran esos documentos, algo que no está permitido. A cada requerimiento de la familia Nardelli y compañía, el juez les dio acogida”, ampliaron cerca del jefe de Estado, visiblemente molestos.

Desde su anuncio, que sorprendió incluso a algunos sectores del Frente de Todos por lo intempestivo, en los primeros días de junio, el Gobierno se enfrascó en una batalla político y judicial que luego incluyó al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y en la que hasta hoy no le había encontrado una salida viable. Rodeada, para colmo, por fuertes críticas del empresariado y la oposición, y frente a una reacción adversa de un sector relevante de la sociedad.

Alberto Fernández, en los primeros días de junio, en Olivos, junto a los dueños de Vicentin (Presidencia)Alberto Fernández, en los primeros días de junio, en Olivos, junto a los dueños de Vicentin (Presidencia)

Ayer, por caso, los directores de la agroexportadora rechazaron la renuncia al directorio y la cesión de sus acciones para la conformación de un fideicomiso, tal como había tratado de instrumentar el gobierno santafesino en un plan que había llevado a la mesa de propuestas Perotti. El secretario de Justicia de esa provincia anunció entonces que se retiraban de las negociaciones.

Tras el traspié legal y político de ayer, el juez de la quiebra quedó a cargo de la resolución del pleito.

Además de la quiebra, el juez federal Julián Ercolini lleva adelante una investigación por supuestas irregularidades en las cesiones de créditos del Banco Nación. Tanto la entidad oficial como la Unidad de Información Financiera (UIF) fueron aceptadas como querellantes por la cámara.

El gobernador se había involucrado activamente en las negociaciones con los representantes de la compañía, con sede en Reconquista, después del anuncio presidencial y de que el Gobierno no lograra encausar la intervención y posterior expropiación. De hecho, la Casa Rosada nunca envió al Parlamento el proyecto.

En las últimas semanas, el jefe de Asesores de la Presidencia, Juan Manuel Olmos, se metió de lleno en el tema por pedido expreso del Presidente.

La semana pasada, el funcionario viajó a Rosario y dedicó todo un día a reunirse con representes sindicales, de los acreedores, de la Inspección de Justicia y acopiadores de granos, entre otros. A la vuelta, fue hasta el despacho del jefe de Estado con un informe minucioso, según contaron asesores de la Presidencia: “Esto no camina”, le avisó Olmos.

Desde ese momento, la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, que nunca estuvo del todo de acuerdo en cómo se avanzó con la intervención, empezó a pulir la derogación publicada esta tarde.

El tuit con el que Alberto Fernández anunció la derogación del decreto de intervención de VicentinEl tuit con el que Alberto Fernández anunció la derogación del decreto de intervención de Vicentin

“Nuestra intención siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo. Pero también nuestra obligación es que se investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído”, remarcó Fernández en las redes sociales. Y agregó: “La intervención por 60 días era fundamental antes de declarar a Vicentin S.A.I.C. como un bien de utilidad pública, para conocer su verdadero estado patrimonial”.

“En estas condiciones no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores”, insistió el jefe de Estado, que aseguró además que dio instrucciones a “todos los organismos públicos involucrados” para que lleven adelante acciones civiles, comerciales y penales para “preservar los intereses del Estado”.

Para el Gobierno, la decisión de avanzar con la intervención de la compañía, en la que ahora retrocede, fue, según explican, la única manera de ver “qué había dentro de la firma”, sin medir las consecuencias políticas. “Pensé que iban a salir a festejar”, llegó a decir el Presidente hace poco más de quince días, mientras la Casa Rosada y Perotti hacían malabares para encontrar una salida razonable.

Según fuentes oficiales, Vicentin cuenta con un pasivo de U$S 1.500 millones y U$S 600 millones -”cómo mucho”, resaltan- de activos. “El secreto es que le entreguen granos para hacer molienda, y hace rato que no le estaban entregando nada. Se quedaron sin capital de trabajo. Había que poner 300 millones de dólares. Y ser socios”, reconocieron resignados esta tarde colaboradores de Alberto Fernández, un mes y medio después del anuncio de intervención encabezado por el propio jefe de Estado.

 

FUENTE : INFOBAE

 

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