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Más de 2.200 presos salieron de las cárceles federales desde que comenzó la pandemia del coronavirus

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No hay datos estadísticos en la provincia de Buenos Aires, donde -según las fuentes consultadas por Infobae- las libertades anticipadas se frenaron cuando estalló el escándalo por el hábeas corpus colectivo

Más de dos mil presos salieron de las cárceles federales desde que comenzó la pandemia del coronavirus en marzo pasado. Algunos de ellos salieron para seguir detenidos bajo la modalidad de arresto domiciliario. Pero las cifras confirman que ahora sobran plazas en las unidades penitenciarias. Los datos surgen de los informes oficiales de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) del Ministerio Público y de la Procuración Penitenciaria Federal.

“Durante el primer semestre de 2020, en contexto de pandemia por Covid-19 y con Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), la población alojada registró una baja de 2.230 personas (-16%). El decrecimiento más pronunciado se registró en mayo y junio”, informó la PROCUVIN.

Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires, no hay un número concreto de presos excarcelados. Es que, según indicaron fuentes consultadas por Infobae, hay unos 50 mil presos en la cárceles de la provincia cuando sólo hay lugar físico para 24.000. Y entre el 10 y el 20 por ciento de ellos salen anualmente, pero al mismo tiempo, la puerta de entrada iguala ese porcentaje.

“Además, el 60 por ciento de las personas que salen, lo hacen porque se agotó su condena, es decir, porque tenían que salir”, remarcaron. Al ser consultados sobre las libertades otorgadas durante la pandemia, las fuentes precisaron que a raíz del escándalo que se generó en abril pasado por el hábeas corpus colectivo para detenidos, “el 90 por ciento de los que salen es por agotamiento de la condena”, es decir que hay menos morigeraciones de penas concedidas. Otro dato: las cárceles registraron una baja menor en su población, pero las alcaidías subieron.

Los presos de Devoto durante las negociaciones tras el motín que encabezaron en abril pasadoLos presos de Devoto durante las negociaciones tras el motín que encabezaron en abril pasado

De donde sí hay datos concretos es del Servicio Penitenciario Federal. Allí, los números muestran una baja de la población penitenciaria. La Procuración Penitenciaria reconoce que “a raíz de la declaración de emergencia sanitaria por Covid-19, entre los meses de marzo y junio de 2020 se produjo un significativo descenso de la población”. De hecho, ya a fines de abril, no había “sobreocupación general” en las cárceles del sistema federal. Uno de los datos claves también fue la reducción de ingresos, es decir, menos personas que quedan detenidas.

Según la Procuración Pentenciaria Federal, la duplicación de los egresos durante la emergencia sanitaria por COVID-19 se debe, en buena parte, al notable aumento de los arrestos domiciliarios, que se multiplicaron por doce en relación al mismo período de 2019. Entre mitad de abril y mayo de 2019, hubo 62 detenidos enviados a cumplir pena en su casa; este año en el mismo período hubo 735.

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Antes incluso de que se decretara el aislamiento obligatorio, la Cámara Federal de Casación Penal dispuso una serie de consideraciones a los tribunales inferiores para recomendar la reducción de la población encarcelada mediante la liberación no sólo de los considerados grupos de riesgo, sino también de todas las personas de cuyo encierro puede prescindirse o ser reemplazado por medidas alternativas a la prisión.

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En ese marco no solo se dictaron arrestos domiciliarios, también bajó el numero de personas que eran ingresadas al sistema. Desde el comienzo de la pandemia hasta fines de mayo, habían ingresado al menos 373 personas al SPF.

El Ministerio Público Fiscal, a través de la PROCUVIN, detalló que en un contexto de pandemia, el primer semestre de 2020 registraban 11.786 personas privadas de su libertad en establecimientos del SPF en todo el país. “Ello implicó una disminución del 16% de la población detenida”, precisó la Procuraduría de Violencia Institucional.

El informe detalló que la disminución de la población impactó fuertemente en la cantidad de personas detenidas sin condena, que se redujo en un 19,5 por ciento. La mayoría de las personas que lograron salir de prisión fueron mujeres y transgénero.

Entre los complejos en los que más impactó la reducción poblacional se encuentran el Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres, el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Complejo Penitenciario Federal III de Salta.

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La superpoblación y el coroanvirus

En diciembre, cuando cambiaba el Gobierno, los presos de las cárceles bonaerenses iniciaron una huelga de hambre en reclamo por la falta de alimentos. Pedían por su situación. La emergencia penitenciaria había sido dictada por la entonces gobernadora María Eugenia Vidal apenas llegó a su cargo –tras la fuga de los asesinos del triple crimen de General Rodríguez– y su sucesor, Axel Kicillof, la ratificó. Las estadísticas indicaban que la cantidad de presos duplicaba la cantidad de plazas.

En enero, el gobierno de Kicillof armó una “Mesa Interinstitucional de diálogo” para generar un plan consensuado entre los tres poderes del Estado bonaerense, los organismos de derechos humanos, la Iglesia y representantes del Poder Judicial Federal. Las primeras reuniones se hicieron en febrero.

Con la irrupción del coronavirus, los 19 defensores generales de la provincia de Buenos Aires pidieron el 3 de abril que sean liberados todos los presos bonaerenses, tanto en cárceles como en comisarías, que sean considerados población de riesgo ante el posible ingreso del COVID-19 a los penales provinciales, tal como contó Infobae ese día. “Es inadmisible que personas que integran los grupos de riesgo en relación a la enfermedad producida por el virus COVID-19 se encuentren aún hoy privadas de su libertad en cualquier dependencia de distinta naturaleza de la Provincia de Buenos Aires”, señalaba el hábeas corpus.

El 8 de abril, el juez Víctor Violini, del Tribunal de Casación, concedió el hábeas corpus. Habló de conceder arresto domiciliario para presos por delitos leves en situación de riesgo, analizar la situación de los presos por delitos graves. También encomendaba evaluar de oficio a los que tuvieran prisión preventiva desde hacía más de dos años “considerando los intereses de las víctimas” y disponía que mandaran a domiciliaria a los que les faltaran seis meses para obtener la libertad asistida o condicional.

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Los listados de esos presos habían sido confeccionados por funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad, en base a edades y patologías. Los primeros listados indicaban 700 personas, de la cuales 400 estaban arrestadas por delitos leves, pero el número podía elevarse a 2.300 internos en situación de riesgo con registros más actualizados.

El fallo provocó gran conmoción social cuando se conocieron otras libertades y arrestos domiciliarios concedidos de manera individual, como el caso de Pedro Olmos, el hombre de 68 años que abusó de una vecina de 13 años en el cumpleaños de su nieto y que con el coronavirus volvió a vivir muy cerca de la casa de su víctima. Hubo otros casos en distintos puntos del país.

En el sistema federal, en tanto, hubo varios levantamientos en los penales, pero el caso que más repercusión tuvo fue el motín que tuvo lugar en la cárcel de Devoto. El 24 de abril, los reclusos incendiaron las celdas, colgaron colchones prendiéndose fuego y alcanzaron el techo del establecimiento. Hubo negociaciones de las que participaron el viceministro de Justicia Juan Martín Mena y jueces de la Cámara Federal de Casación. Se abrió entonces una mesa de diálogo.

En el mientras tanto gran parte de la sociedad, confinada en sus casas por el aislamiento que impuso el coronavirus, participó de un masivo cacerolazo contra la salida de presos.

FUENTR : INFOBAE

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LA EX SECRETARIA DE AMBIENTE ROMINA PICOLOTTI CONDENADA A DEVOLVER 7 MILLONES DE PESOS Y 3 AÑOS DE PRISION

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Luego de catorce años de proceso, y poco más de seis meses de juicio oral, la ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Néstor y Cristina Kirchner, Romina Picolotti, fue condenada a tres años de prisión por usar dinero del presupuesto para contratar a familiares y amigos, alquilar jets privados y pagar gastos personales.

El Tribunal Oral Federal 6, integrado por los jueces Sabrina Namer, Rodrigo Giménez Uriburu y Guillermo Costabel, consideró que la ex funcionaria -que ocupó la secretaría entre 2006 y 2008- es culpable del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública.

El tribunal confirmó así la investigación que Clarín publicó en 2007, en la que se explicó cómo Picolotti remitía gran parte del presupuesto de la secretaría de Ambiente a la fundación paraestatal ArgenINTA, que funcionaba como una financiera privada y sólo tenía como tarea guardar ese dinero -sustrayéndolo a los controles habituales de la administración pública regular- para pagar con él las facturas de cualquier gasto que le fueran enviadas desde Ambiente, sin hesitar ni controlar si esos gastos tenían o no que ver con las tareas correspondientes a esa secretaría. Por ese servicio, ArgenINTA a su vez cobraba una comisión del 3% de los montos depositados en sus cuentas.

La maniobra -años después replicada por el ministerio de Planificación Federal de Julio De Vido a través de algunas universidades públicas, por ejemplo- ya venía siendo utilizada por algunas dependencias estatales para “agilizar” la ejecución presupuestaria. Pero libre de supervisiones y con fondos que se habían multiplicado con el pase de Ambiente a la órbita de la Jefatura de Gabinete, Picolotti llevó ese recurso a otra dimensión.

Hace dos semanas, en su alegato final, Luciani había acusado a Picolotti de haber realizado “gastos irracionales, escandalosos y burdos” que no tenían nada que ver con su desempeño oficial. “Hubo un manejo absolutamente irregular de parte de Picolotti de los fondos públicos. Fue un verdadero fraude en el ejercicio de la función pública. Se pagaron comidas o almuerzos casi diariamente sin justificación, se pagaron pasajes de avión para familiares y amigos que no tenían relación con la secretaria y costosos vuelos charters”, sostuvo el fiscal, que había pedido una pena de tres años y nueve meses de prisió n para la ex funcionaria, y la “devolución” al Estado de 6.941.170,50 pesos por sus gastos injustificados.

“La conducta de Picolotti distó muchísimo de los valores de integridad y ética que deben mantenerse en la administración pública, pero además constituyen un delito. Hubo un abuso discrecional del poder de administración, cuando la funcionaria tenía el deber de cuidar el patrimonio público”, consideró Luciani, quien destacó además el trabajo de su colega Guillermo Marijuan durante la instrucción del caso, y el de la jueza de instrucción María Servini.

La cobertura mediática del caso encontró especialmente ofensivas las facturas de comidas diarias de la secretaria y sus amigos -decenas de los cuales había contratado-, regalos de cumpleaños para los amigos de sus hijos y otras excentricidades extremas, pero no son esos los gastos más altos ni ofensivos para el erario público. En cambio, fueron más perniciosos el alquiler de edificios que no se usaban, la reiterada compra de pasajes de avión para su familia y el círculo de allegados con destino a Córdoba -para asistir al casamiento de uno de ellos, en una ocasión- y la contratación de aviones privados para trasladar al Picolotti a distintos lugares del país en los que tenía actividades públicas, luego de las cuales se hacía llevar hasta su Córdoba natal. Esos pagos fueron escrupulosamente enumerados en el requerimiento de elevación a juicio oral con que el fiscal Guillermo Marijuan cerró la instrucción de la causa.

La audiencia de este lunes fue dividida en dos partes: la primera comenzó pocos minutos después de las 8, con la respuesta del fiscal Luciani a los pedidos de nulidad y otras objeciones que había presentado el defensor de Picolotti, Felipe Trucco. En su alegato final, el abogado también reclamó la absolución de la ex funcionaria por la “duración irrazonable del proceso”: un clásico de los acusados por corrupción, que primero generan las demoras durante la instrucción de la causa y luego buscan ampararse en ellas para evitar una condena. También pidió la anulación de la declaración indagatoria realizada por Picolotti en 2011, y el requerimiento de la elevación a juicio de Marijuan, entre otra media docena de pedidos puntuales con objeciones procesales.

Luciani recordó que Picolotti ya había pedido detener el juicio por el plazo razonable dos veces desde que la causa está en manos del TOF 6, que ambos fueron rechazados y ese rechazo fue confirmado por la Cámara Federal de Casación Penal. También respondió las otras objeciones de Trucco.

Antes de cerrar la primera parte de la audiemcia, Picolotti pronunció sus últimas palabras: “Es evidente que yo no he cometido delito alguno. Pretender lo contrario es faltar a la verdad. Aquí no hay pruebas. No hubo ni una pericia caligráfica ni una contable. Han transcurrido 14 años: estos son los hechos, no los dichos en los diarios ni en los medios. Lo único que solicito a este tribunal es que se aplique el derecho de manera imparcial, porque sé que eso conduce a mi absolución”, afirmó.

El TOF 6 reabrió el zoom a las 16, para formular su sentencia. Luego de que se conozcan sus fundamentos, la ex funcionaria podrá apelarla ante la Cámara Federal de Casación Penal.

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UNA A UNA LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO PARA INTENTAR RECUPERARSE DE CARA A NOVIEMBRE

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El gobierno nacional puso en marcha la última semana una serie de medidas destinadas a consolidar la reactivación económica, con la profundización de políticas de incentivo a la producción, el consumo y la creación de nuevos puestos de trabajo, entre las que se destacaron el aumento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias; una suba en el salario mínimo, vital y móvil y la eliminación a partir de enero de las retenciones a la exportación de servicios.

Las iniciativas fueron anunciadas de manera paulatina luego que el presidente Alberto Fernández pusiera en funciones el lunes pasado al jefe de Gabinete, Juan Manzur; y a Santiago Cafiero en la cartera de Relaciones Exteriores y Culto; Aníbal Fernández, en Seguridad; Julián Domínguez, en Agricultura, Ganadería y Pesca; Jaime Perczyk, en Educación; y Daniel Filmus, en Ciencia y Tecnología.

Los cambios en el Gabinete, así como las medidas puestas en marcha, buscan poner nuevamente en agenda los temas considerados prioritarios por el gobierno, tras el resultado registrado en las PASO, y de cara a mejorar la performance de los candidatos oficialistas en las elecciones de medio término que se realizarán el 14 de noviembre, que determinarán la nueva conformación del Congreso Nacional y de las legislaturas provinciales.

A las medidas ya anunciadas se sumarán en los próximos días la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para implementar una jubilación anticipada, que beneficiará a personas que se encuentren desempleadas, reúnan 30 años de aportes y les falten 5 años o menos para cumplir la edad jubilatoria, de entre 55 y 60 años en las mujeres y de entre 60 y 65 en los varones.

Además se encuentran bajo análisis un programa para ampliar el empleo y reconvertir planes sociales en trabajo, créditos no bancarios para proyectos productivos de la economía popular, la ampliación de la obra pública y el eventual regreso del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) bajo un esquema focalizado, debido a que en la actualidad las restricciones por la pandemia de coronavirus son mínimas.

Las proyecciones que manejan en gobierno y en el área económica estiman que el paquete de medidas equivaldría a algo más de medio punto del Producto Bruto Interno (PBI).

Las medidas

Salario mínimo, vital y móvil

El primer anuncio –que se concretó el martes pasado y estuvo a cargo de Juan Manzur y del ministro de Trabajo, Claudio Moroni- fue la decisión de elevar el actual salario mínimo, vital y móvil de 29.160 a 33.000 pesos en tres tramos, por lo que la mejora total de ese ingreso en un año será del 52,8%.

Este mes el incremento será del 9%, 4% en octubre y 3% en febrero próximo, con lo que el ingreso mínimo será de 31.104 pesos en septiembre, 32.000 pesos el próximo mes y de 33.000 pesos en febrero.

El incremento salarial alcanza a casi 1.100.000 trabajadores y beneficiarios de programas sociales como Potenciar Trabajo y Acompañar, del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, la Asignación Universal por Hijo y otras prestaciones.

Ganancias

El miércoles el nuevo anuncio tuvo como foco el incremento del piso a partir del cual los asalariados pagan el Impuesto a las Ganancias, en $175.000, a partir del este mes, junto con la exención del Sueldo Anual Complementario (SAC) de diciembre para el pago de este tributo para los trabajadores comprendidos dentro del tope.

Con la actualización, 1.267.000 trabajadores que dejaron de pagar el Impuesto a las Ganancias cuando se aprobó la ley en abril, seguirán sin abonar el impuesto.

Desde el gobierno subrayaron que la medida apunta a fortalecer el poder adquisitivo de los contribuyentes del impuesto y de sus familias y, con ello, la consolidación de la demanda y del mercado interno, entre otras cuestiones.

También anticiparon que el mínimo no imponible del impuesto, así como las deducciones y las escalas, volverán a actualizarse a partir del 1 de enero del 2022, en función de la evolución de los salarios.

Al incremento del piso, también se decidió ampliar las exenciones del impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales para beneficiar el ahorro en pesos, a través de un decreto firmado por el Presidente y el ministro de Economía, Martín Guzmán, que reglamentó la Ley 27.638 que brinda desgravaciones a aquellos que utilicen instrumentos de ahorro en pesos.

La medida busca dar mayor liquidez al sistema y financiamiento para el sector privado, además de contribuir a contar con un sistema tributario más progresivo.

Los beneficios impositivos contenidos en la norma contemplan exenciones en Ganancias para depósitos con cláusulas de ajuste y para instrumentos financieros destinados a fomentar la inversión productiva, entre otras cuestiones.

Eliminación de retenciones a la exportación de servicios

El viernes, Guzmán y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, anunciaron la decisión de eliminar completamente a partir de enero próximo las retenciones a la exportación de servicios producidos en el país y consumidos en el exterior, con el objetivo de fomentar la creación de empleo de calidad, generar divisas y corregir la medida aplicada a partir de 2018, que perjudicaba al sector.

Ese rubro es el segundo complejo exportador del país, solo superado por el segmento oleaginoso cerealero. En 2018, por primera vez en la historia de la Argentina, el sector de servicios comenzó a pagar retenciones a la exportación. En 2020 se bajó la alícuota a 5% y a partir de 2022 se reducirá a 0%.


Jubilación anticipada

Por el lado previsional, el viernes la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, anticipó que el gobierno nacional trabaja en un DNU para implementar una jubilación anticipada.

Se trata de una política dirigida a personas que se encuentren desempleadas, reúnan 30 años de aportes y les falten 5 años o menos para cumplir la edad jubilatoria -entre 55 y 60 años las mujeres y entre 60 y 65 los varones-.


Previaje PAMI

Con foco también en los jubilados, Manzur el viernes presentó en Pilar junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, y la titular del PAMI, Luana Volnovich, el plan Previaje PAMI que contempla el reintegro del 70% de los gastos en turismo para los afiliados, para recorrer todos los destinos de Argentina.

De cara a la próxima semana, uno de las cuestiones más importantes será la reunión que el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, mantendrá con las entidades que conforman la Mesa de Enlace agropecuaria, en la que se podrían concretar anuncios para el sector. Telam

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MARPLATENSES MARCHARON CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO

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Marplatenses participaron este viernes de una marcha por la crisis climática que también se realizó en otras ciudades del mundo. La manifestación se realizó por las calles del centro de Mar del Plata, para pedir medidas que mitiguen el cambio climático.

La concentración se realizó frente a la Municipalidad para sumarse al pedido al Congreso de la Nación una agenda ambiental “realista, justa, honesta, constante y transparente”.

Misión Soberanía y Transición Energética Argentina fue una de las entidades que realizó la convocatoria. “Hubo una importante participación que mostró a una juventud comprometida con su presente y su futuro, que asume una responsabilidad histórica con la construcción de un mundo más sostenible”, expresó Manuel Golomb, integrante de la organización, a Ahora Mar del Plata.

“La agenda reivindicativa es clara: queremos acciones inmediatas para empezar a abordar la crisis climática que pone en jaque la vida en nuestro planeta y en nuestras sociedades”, sostuvo y mencionó la importancia de la ley de humedales y el inicio de una “transición energética justa, que ponga el eje en un proceso de descarbonización de la economía, pero que a su vez también garantice el acceso a la energía para todos, porque hay un derecho vulnerado en gran parte de nuestra población”.

Golomb consideró: “Es una problemática que nos afecta a todos por igual, pero no todos tienen la misma capacidad de respuesta. Los sectores más vulnerables tienen menos alternativas para poder hacerle frente a los cambios climáticos que se están suscitando, como fenómenos meteorológicos o sequias. Es necesario reforzar la construcción y la presencia del Estado, y la discusión en las agendas públicas en torno a cómo abordamos una transición socioecológica que ponga la mirada en aquellos sectores más vulnerables.

Golomb también forma parte de la organización de la Cumbre Latinoamericana de Sustentabilidad Energética 2021 que se lanzará próximamente, con la participación de 10 mil jóvenes latinoamericanos. “Es una plataforma de educación energética 4.0 para sensibilizar a los jóvenes en la temática de transición energética y que sea un proceso de participación colectiva”, describió.

“En el país estamos construyendo una comunidad para La Transición Energética Argentina (TEArg), con las organizaciones socioambientales más importantes,, donde queremos construir una agenda pública que delinee cuáles son las principales formas de acción para impulsar la transición energética con justicia social”, agregó.

El 2 de octubre se realizará el primer encuentro nacional para la transición energética justa y ya está abierta la inscripción en @te.arg. “Tenemos que seguir manifestándonos, participando, formándonos y empezando a liderar estos procesos porque la responsabilidad de construir un mundo más sostenible es de todos”, subrayó.

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