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MAS DETALLES DEL AFFAIR DEL AVION IRANI-VENEZOLANO

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En la oscura trama que envuelve al avión de Emtrasur y a los 19 tripulantes de venezolanos e iraníes aparece una relación con el crimen organizado en la triple frontera, donde en Ciudad del Este quienes llegaron en la aeronave tuvieron contacto con un miembro del grupo narco que comanda el uruguayo Sebastián Marset –actualmente prófugo-, quien domina el tráfico de drogas en la hidrovía y está acusado de ser quien encargó el crimen en Colombia del fiscal paraguayo Marcelo Pecci el 10 de mayo pasado, tres días antes de que aterrizara la aeronave con los tripulantes iraníes y venezolanos en la ciudad paraguaya de la triple frontera.

El avión venezolano iraní, que fue “incautado” en Argentina por el juez Federico Villena por pedido de la justicia de Estados Unidos, había hecho una parada previa en Paraguay, entre el 13 y el 16 de mayo. El gobierno de Paraguay sostiene que los 19 tripulantes del avión fueron trasladados en Ciudad del Este, en la zona de la Triple Frontera, por el uruguayo Federico Santoro Vasallo, un hombre que pertenece –según informes oficiales- a una organización narco internacional que domina el tráfico de cocaína de la hidrovía, como reveló LA NACION el 16 de junio pasado.

Esa organización criminal, que está acusada de realizar los contrabandos de droga con destino a Europa más grandes de la historia (por más de 40 toneladas de cocaína), está liderada por Sebastián Marset, un empresario narco que está prófugo, tras huir de Asunción a Dubai, cuando se habría enterado que estaba por ser detenido. En ese país se habría realizado a principios de mayo una especie de convención narco del Mercosur.

Marset, la cabeza del Primer Comando Uruguayo (PCU), con lazos con el Primer Comando Capital brasileño, está acusado por el Ministerio Público de Colombia de encargar el asesinato en la isla de Barú, en Cartagena, del fiscal Pecci, quien fue ejecutado durante su luna de miel el 10 de mayo pasado.

El viernes pasado el presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió a través de Twitter que “la investigación sobre el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci cometido por el narcotraficante uruguayo Marset en territorio colombiano demuestra que hace mucho el narco dejó de ser un problema bilateral colombo-estadounidense y es hoy un problema americano y mundial”. De esa manera, el flamante mandatario colombiano confirmó que Marset ordenó el crimen del fiscal guaraní, que provocó conmoción a nivel regional.

Un informe del llamado Comando Tripartito en la triple frontera, que integran Paraguay, Brasil y Argentina, al que tuvo acceso LA NACION, lo sitúa a Santoro Vasallo, mano derecha de Marset, como uno de los engranajes de esta organización que está sospechada de hacer la logística para enviar grandes cargamentos de cocaína a los puertos de Rotterdam y Amberes. Pero también lo pone en escena el 13 de mayo pasado, tres días después del crimen del fiscal, como el contacto en Paraguay de la tripulación venezolano iraní.

Según información de la Fiscalía Anticorrupción de Paraguay, este hombre de nacionalidad uruguaya fue quien se encargó de los traslados y el alojamiento de la tripulación iraní, que se hospedó en el hotel Dazzler de Ciudad del Este. El avión aterrizó el 13 de mayo en el aeropuerto de Ciudad del Este y se quedó allí durante tres días. El 16 de mayo voló hacia Aruba con un cargamento de cigarrillos valuado en 755.000 dólares.

Según publicó LA NACION, en la factura emitida por la empresa Tabacalera del Este SA (TABESA), vinculada al expresidente de Paraguay Horacio Cartes, consta que se trasladaron 6010 paquetes de “Ibiza extra suave” y 1076 paquetes de “Ibiza King Size”. El cliente declarado en ese mismo documento es la empresa Tabacos USA Inc, pero la firma receptora fue Tabacal Free Zone Nv, con sede en Aruba.

En la línea de tiempo de la llegada del avión venezolano-iraní aparece muy cercano el crimen del fiscal que lideraba la Unidad de Crimen Organizado en Paraguay, en su luna de miel en Colombia. Pecci fue asesinado en la playa de Barú por sicarios que se movían en jetsky el 10 de mayo. Tres días después aterriza el avión de la firma Empresa de Transporte del Sur SA (Emtrasur) en Ciudad del Este. El jefe de la Unidad de Narcotráfico de Paraguay, Marcos Alcaraz, confirmó a LA NACION que Santoro Vasallo está siendo investigado en Paraguay por ser un engranaje de la organización que lidera el prófugo Marset.

Avance de la justicia paraguaya

“Podemos decir objetivamente que tuvieron contacto, que esta tripulación iraní-venezolana estuvo contactada con esta persona (Santoro Vasallo) que tiene antecedentes por trata internacional de personas y por narcotráfico”, aseguró René Fernández, fiscal Anticorrupción de Paraguay. Esta información que investigó Paraguay aún no consta en el expediente que se tramita en Argentina, donde esperaban el informe oficial que elaboró el área de Anticorrupción.

Marset está prófugo, a pesar de que fue detenido en Dubai en setiembre pasado, por tener un pasaporte paraguayo falso. El consulado de Uruguay le suministró un pasaporte uruguayo y luego se fugó, algo que provocó un escándalo en Montevideo. El fiscal paraguayo que estaba encargado de investigar a Marset en Paraguay, Lezcano es un funcionario ligado al expresidente Horacio Cartes, cuya empresa aportó los cigarrillos que los venezolanos e iraníes llevaron desde Ciudad del Este a Aruba.

Marset, que se movía en un Mercedes Benz D350, entre otros vehículos de alta gama, mantenía reuniones permanentes con narcos brasileños, uno de ellos, Marlon Douglas Silva, quien –de acuerdo al informe- sería unos de los proveedores de cocaína desde Bolivia. Marset figura con un ingreso a la Argentina el 27 de abril de 2018. Y desde Argentina tomó un vuelo a Río de Janeiro. También registra varios ingresos a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Lezcano había recibido información de la Dirección de Drogas de Uruguay el 4 de mayo de 2021 sobre las maniobras de Marset en Paraguay y en la hidrovía. La policía paraguaya investigó al uruguayo, que jugaba al fútbol en el club Capiatá y vivía en un lujoso departamento en Palacio Los Patos en Asunción, pero el fiscal nunca ordenó su detención a pesar de las pruebas que aparecían en la causa. El viernes pasado la embajada de Estados Unidos en Paraguay hizo un anuncio inédito al calificar al vicepresidente de ese país Hugo Velázquez como “significativamente corrupto” e impedirle el ingreso a territorio norteamericano. El funcionario anunció que renunciará y se retirará de la política.

 

Germán de los Santos para La Nacion

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Caso Maldonado: la Justicia sobreseyó a los gendarmes investigados por la muerte del artesano

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El juez federal de de Rawson, Guillermo Gustavo Lleral, sobreseyó a los cuatro gendarmes involucrados en la investigación por la desaparición durante 78 días y la posterior muerte del joven Santiago Maldonado, ocurrida el 1 de agosto de 2017 en Cushamen, Chubut, durante el desalojo de un corte de la ruta 40 por la comunidad mapuche de la zona.

En un fallo emitido este viernes, Lleral firmó el sobreseimiento total y definitivo de Emmanuel Echazú, oficial de la Gendarmería Nacional, en relación con el delito de desaparición forzada de persona. Y en un giro adicional, también liberó de culpa y cargo a los agentes Juan Pablo María Escola, Víctor Vaquila Ocampo y Marcelo Iván Ferreyra, todos de Gendarmería, en relación a varios delitos, incluyendo daño, abuso de autoridad y omisión de los deberes de funcionario público.

Tras el análisis de las pruebas el magistrado concluyó que no existen elementos que califiquen las acciones de los integrantes de la Gendarmería como delitos tipificados por la ley penal del país. Según su análisis, las acciones de la Gendarmería, incluyendo a los imputados Echazú, Escola, Ocampo y Ferreyra, estuvieron siempre ajustadas a la ley y que en aquel episodio actuaron por órdenes de la justicia, específicamente por el juez federal de Esquel, Guido Otranto, que luego fue corrido de la causa. Según Lleral ninguno de los agentes involucrados incumplió, inobservó ni abusó de sus deberes.

“La verdad se mostró sencilla, sin fascinaciones. Santiago estaba en el lugar donde lo vieron por última vez. Allí, él, sólo, sin que nadie lo notara, se hundió, en ese pozo en el que minutos antes Lucas Ariel Naiman Pilquiman había evitado caer cuando se propuso cruzar el río luego de animar a Santiago a realizarlo. En ese lugar, murió ahogado, sin que nadie pudiera advertirlo, sin que nadie pudiera socorrerlo. Ni los gendarmes que los perseguían en medio del operativo, ni los miembros de la comunidad a la que Santiago fue a apoyar en sus reclamos”, escribió el juez en su fallo, publicado a horas de unas nuevas elecciones nacionales. Lo mismo había hecho en 2017 con el informe preliminar de la autopsia: el cuerpo de Maldonado apareció el 17 de octubre de ese año, las elecciones eran el 23 y el informe forense se reportó 48 horas antes.

Santiago Maldonado tenía 27 años, desapareció el 1 de agosto de 2017 y su cuerpo fue hallado el 17 de octubre en el río ChubutSantiago Maldonado tenía 27 años, desapareció el 1 de agosto de 2017 y su cuerpo fue hallado el 17 de octubre en el río Chubut

Basándose en las pruebas “colectadas y analizadas meticulosamente”, el Tribunal determinó que no se pudo identificar ninguna conducta humana típica ni antijurídica atribuible a cualquier miembro de la Gendarmería Nacional. Además, se descartó la posibilidad de que los mencionados gendarmes o cualquier otro efectivo que participó en el procedimiento policial pudiera ser acusado de abandono de persona en relación con Maldonado: no se encontraron pruebas que respaldaran tal acusación.

En un fallo de 344 páginas, Lleral concluyó que no existen conductas humanas que puedan ser consideradas como ilícitos penales en los eventos ocurridos el 31 de julio y 1 de agosto de 2017. Como resultado, se determinó que los hechos investigados no constituyen delito y, por lo tanto, se ordenó el sobreseimiento total y definitivo de los imputados.

En ese sentido, el magistrado describió las circunstancias en las que, según su investigación, murió Maldonado: “La desesperación, la adrenalina y la excitación naturalmente provocadas por la huída; la profundidad del pozo, el espeso ramaje y raíces cruzadas en el fondo; el agua fría, helada, humedeció su ropa y su calzado hasta llegar a su cuerpo. Esa sumatoria de incidencias contribuyó a que se hundiera y a que le fuera imposible flotar, a que ni siquiera pudiera emerger para tomar alguna bocanada de oxígeno. Por la confluencia de esas simples y naturales realidades, inevitables en ese preciso y fatídico instante de soledad, sus funciones vitales esenciales se paralizaron”.

Lleral explicó que allí, sumergido en las aguas heladas del Chubut, quedó durante 78 días el cuerpo sin vida de Santiago. “Allí quedó su cuerpo atrapado, enganchado en el ramaje subacuático denso, que lo mantuvo inerte y oculto durante el tiempo necesario para que, luego de su descomposición natural interna, superara la presión y la fría temperatura del agua, hasta que se produjeran los cambios de clima”, escribió en el fallo.

Así empezó el operativo de Gendarmería del 1º de agosto de 2017 sobre la ruta 40 en la zona de CushamenAsí empezó el operativo de Gendarmería del 1º de agosto de 2017 sobre la ruta 40 en la zona de Cushamen

Según el juez, Maldonado se hundió solo en un remanso del río y también emergió de la misma forma. “En ese sitio, una rama de los mismos sauces donde quedó atrapado, ofició de sostén, lo contuvo hasta que se lo avistara y finalmente, se lo retirara”, describió.

Lleral consideró que en torno a la muerte del joven artesano hubo una “especulación espuria”. Con pretensiones filosóficas, el juez subrogante del Tribunal 2 de Rawson escribió: “El ser humano no puede detener su mente y su fantasía cuando la sencillez lo alcanza. Negarse a ver la realidad es materializar lo absurdo y vivir en la mentira. En el mejor de los casos, es abrazar una quimera”.

Por eso para el magistrado “nadie forzó la desaparición de Santiago Andrés Maldonado”. En su sentencia indicó que “nadie resultó señalado, por la prueba que se colectó, como autor de aquella hipótesis delictiva. Nadie fue penalmente responsable de su muerte. Que los acontecimientos en el presente expediente se han sucedido tal como se acaba de reseñar. Así se ha podido dar con la verdad, el objetivo con el que se asumió el desafío de esta causa y que, pese a todo, nunca se perdió de vista, por más dolorosa y difícil de descubrir que ella fuera”.

Para el juez Lleral, ningún gendarme fue responsable de la muerte de MaldonadoPara el juez Lleral, ningún gendarme fue responsable de la muerte de Maldonado

En síntesis, para Lleral no existió delito: ni desaparición forzada, ni homicidio ni abandono de persona. Y en ese sentido, dispuso el cierre del expediente: “Al no advertirse la existencia de ninguna acción humana penalmente relevante que guarde estricta relación con esos sucesos, y con motivo de los Sobreseimientos Totales y Definitivos (SIC) que se ordenan, debo disponer el cierre concluyente y el consecuente archivo”.

Tras conocer la noticia, Sergio Maldonado —hermano de Santiago— publicó un breve hilo en Twitter. “¡Hoy queda demostrado que no hay justicia en Argentina! Desde un principio se garantizó la impunidad al verdadero poder”, indicó el hombre. “Se acaba de confirmar el pacto de impunidad para Patricia Bullrich y la Gendarmería nacional”, enfatizó en otro posteo y completó “Santiago siempre presente”.

Santiago Maldonado vivía en El Bolsón, donde hacía tatuajes y vendía artesanías. Con el afán de apoyar la causa de los mapuches en la zona de Cushamen y pedir la liberación del lonko Facundo Jones Huala, y a través de una mujer mapuche que él conocía, se acercó para apoyar el corte de ruta que comenzó el 31 de julio.

El juez Lleral ordenó el cierre de la causa tras no encontrar pruebas de ningún delito alrededor de la muerte de MaldonadoEl juez Lleral ordenó el cierre de la causa tras no encontrar pruebas de ningún delito alrededor de la muerte de Maldonado

Durante la madrugada del día siguiente, varios escuadrones de Gendarmería iniciaron un desalojo contra los ocho hombres (siete de la comunidad mapuche más Maldonado) que cortaban la ruta. Los manifestantes abandonaron el camino apenas empezó a avanzar la tropa de Gendarmería. Saltaron la tranquera y se metieron en lo que ellos denominan su “territorio sagrado”.

Aunque la ruta ya estaba desalojada, Gendarmería entró a las tierras y comenzó una persecución a estos hombres, quienes corrieron hasta cruzar a nado el río Chubut. Todos sobrevivieron menos el joven tatuador.

Santiago estuvo desaparecido 78 días hasta que fue hallado el 17 de octubre después de que hubieran rastrillado en todo ese tiempo tres veces la zona, algo que para la familia Maldonado y su abogada Verónica Heredia, siempre fue un motivo de sospecha.

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Atentado a Cristina Kirchner: la jueza descartó vínculos políticos y envió a juicio a los tres acusados

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La jueza federal María Eugenia Capuchetti dispuso este lunes la elevación a juicio parcial de la causa por el intento de asesinato de Cristina Kirchner ocurrido el 1 de septiembre pasado, por el que están detenidos Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, señalados como coautores de la tentativa de homicidio, y Nicolás Carrizo, supuesto jefe de ambos en la venta de copos de azúcar, acusado como partícipe secundario.

La jueza lo resolvió horas después de que el abogado Gastón Marano, defensor de Carrizo, avalara la elevación a juicio y antes de que Carlos Telledín, flamante abogado de Uliarte, pudiera hacer cualquier presentación en el expediente que pudiera demorar su elevación a debate oral.

Telleldín, que estuvo preso y luego fue absuelto por el caso AMIA, se hizo cargo de la defensa de Uliarte el viernes último después de que su anterior abogado, el defensor oficial Gustavo Kollman, avalara la elevación del caso a juicio oral y público.

“En función de todo lo analizado, y toda vez que las defensas de Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo no se opusieron a la elevación a juicio ni dedujeron excepciones, declárese clausurada parcialmente la instrucción de la presente causa con relación a los nombrados y elévese al Tribunal Oral Federal que por sorteo resulte desinsaculado”, sostuvo la jueza Capuchetti en la resolución a la que accedió la agencia Télam.

atentado cfk

Esta mañana, la defensa del detenido Gabriel Carrizo, procesado como partícipe secundario del intento de asesinato de la vicepresidenta, aceptó que la causa sea enviada a juicio ante la “privación de libertad” del acusado.

“Constreñido por la condición de privación de libertad de mi asistido que me impone procurar que no se demore el trámite de la causa con planteos dilatorios, solicito de V.S. se sirva disponer la clausura de esta etapa procesal y elevar el presente sumario a juicio oral a la máxima brevedad posible”, sostuvo el defensor Gastón Marano.

El abogado respondió así a la jueza del caso, María Eugenia Capuchetti, quien pidió opinión a las defensas de los tres detenidos por el intento de asesinato del 1 de septiembre pasado, Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Carrizo.

Las defensas oficiales de los dos primeros ya habían respondido de manera afirmativa la semana pasada. Después de ello, Uliarte cambió de abogado y designó a un defensor particular, Carlos Telleldín.

 

Atentado a CFK: cómo sigue la causa

Con la respuesta de la defensa de Carrizo, el tercer detenido en la causa, la jueza concluyó la ronda de consultas y quedó en condiciones de resolver si da por cerrada esta parte de la investigación vinculada a los autores materiales del hecho y la envía a sorteo de un tribunal oral.

La fiscalía a cargo de Carlos Rívolo pidió la elevación parcial del caso a juicio al considerar que los tres están detenidos y que siga la investigación en pos de dilucidar si hubo autores intelectuales.

La querella de la Vicepresidenta, por su parte, reclamó más medidas de prueba antes de que el caso sea juzgado en relación a la posible participación del diputado del PRO Gerardo Milman o integrantes de la agrupación Revolución Federal. Sin embargo, aclaró de manera subsidiaria que si se envía a juicio un tramo de la causa, participará como parte acusadora.

Al responder a Capuchetti, la defensa de Carrizo advirtió que acepta el envío a juicio sin que ello “implique conformidad con la forma en que se ha requerido” y “en particular en lo tocante a la manera en que lo ha instrumentado la querella”.

También aclaró que el pedido de envío a juicio no implica “tampoco renuncia a interponer las excepciones y nulidades que en derecho correspondan, ni tampoco la renuncia a la producción de las pruebas útiles y solicitadas por esta parte pero no producidas en esta etapa”.

Carrizo es el líder del grupo de supuestos vendedores de copos de nieve para el que trabajaban los coautores del intento de magnicidio, el autor material del disparo Sabag Montiel y su novia Uliarte.

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Se viene el IV Congreso de la Magistratura y la Función Judicial

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Mar del Plata será sede del IV Congreso de la Magistratura y la Función Judicial que se llevará a cabo los días 15 y 16 de junio.

A 40 años de la recuperación de la democracia, el plenario se llevará a cabo en el Hotel Presidente Perón, de Tucumán 2662, bajo la denominación “Justicia y sociedad, luces y sombras de un poder del primer Estado Argentino”.

Comprometieron su presencia los ministros de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, la Vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Buenos Aires, el procurador General de la Corte, Autoridades de la Federación de la Magistratura y Función Judicial, el intendente Montenegro, autoridades de los Colegios de Magistrados y Funcionarios de todos los Departamentos judiciales bonaerenses y más de 500 jueces y funcionarios de la Provincia.

Este Congreso es organizado por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires (CMFBSAS)

 

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