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MDP : Consejo Económico y Social cuando lo importante se transforma en urgente

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Tanto las políticas del  exintendente Carlos Arroyo como el rumbo marcado por el expresidente Mauricio Macri, hicieron que la realidad económica de Mar del Plata, sea cada vez más apremiante. Porque no sólo ocupamos tristemente el podio de las ciudades con mayor desempleo del país, sino que además durante esos años, fuimos testigos de la desidia, el abandono y hasta el maltrato de quienes nos gobernaron hasta hace muy poco tiempo.

Fue entonces, hace exactamente dos años que ocupando el rol de oposición responsable, le solicitamos al jefe comunal por todos los medios posibles, que ponga en marcha al Consejo Económico y Social, sabiendo de su potencia como herramienta de la democracia. Porque no se trataba, ni se trata, de una cuestión partidaria, sino de unir a todas las fuerzas productivas de la ciudad, con las instituciones educativas, religiosas junto a los sindicatos, las cámaras empresariales, entre otros, para encontrarnos en una misma mesa y debatir alternativas posibles ante la crisis que se presentaba.

De hecho, nuestro pedido hacía referencia a revitalizar el Consejo Económico y Social que se había creado durante el gobierno del exintendente Elio Aprile y que tenía como objeto debatir, analizar, concertar y proponer políticas económicas y sociales que impliquen acciones concretas, a efectos de coordinar esfuerzos y optimizar recursos de las instituciones involucradas, para el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.En junio de 2018, invitamos al recinto de sesiones al economista Matías Tombolini, actual vicepresidente del Banco Nación, y en ese momento, presidente del Consejo Económico y Social en Buenos Aires, quien compartió su experiencia y la importancia de esta herramienta de gobierno. Un año después, insistimos con el tema ante más de 100 invitados al Concejo Deliberante, quienes respaldaron la necesidad de activarlo en la ciudad.

 

Pasaron ya 20 años desde aquella ordenanza del gobierno de Aprile, y aún hoy seguimos sin tener en funciones a esta Consejo que fue clave, a nivel nacional, para superar la crisis del 2001 y lo sería igualmente ahora, ya que las dificultades de las sociedades modernas requieren, sin dudas, de coaliciones de gobierno que apuesten a la profesionalización de la política y a la apertura sincera, amplia y empática del diálogo con la ciudadanía en general. Y más aún sabiendo del compromiso que muchos marplatenses tienen por su ciudad, sobrevolando cualquier grieta o partido político, entendiendo que esta conformación es la que permite atender la coyuntura, esta de hoy o cualquiera del futuro, porque sabemos que para la planificación general está el Plan Estratégico, pero si se trata de atender la urgencia, el ámbito es el Consejo Económico y Social.

Vivimos un momento histórico, donde el mundo está peleando con un enemigo invisible, y más allá que la única ventaja que tuvo la Argentina fue poder seguir a la distancia lo sucedido en Europa, vale mencionar la pericia y el buen tino que tuvo el presidente de la Nación Alberto Fernández, al anunciar el aislamiento social preventivo y obligatorio en un tiempo que fue tan prudencial como clave para este presente, convocando a expertos para abordar la situación epidemiológica de la pandemia.

Por eso, es menester fomentar la participación y el consenso de las distintas instituciones con representación en nuestra comunidad, a efectos de aportar sus visiones y sus propuestas y aportar una visión plural de los principales desafíos locales generando acuerdos y consensos, de amplitud y diálogo, de compromiso y responsabilidad.

El Consejo Económico y Social es un ámbito propicio para acordar la forma en que más rápido podamos reactivar la producción, el comercio y los servicios de turismo y gastronomía locales, cumpliendo estrictamente con todos los protocolos sanitarios, y así superar esta crisis para poder comenzar a vivir en la nueva normalidad de la mejor manera posible.

La herramienta está, es sencilla, la conocemos y el ahora intendente Guillermo Montenegro puede utilizarla, como en su momento se hizo a nivel nacional, porque, cuanto antes, debemos pensar en soluciones para los problemas que nos está dejando la pandemia y también para los que se presentarán en el futuro cercano.

FOTO TAPA : LA CAPITAL

FUENTE : 0223.COM.AR

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¿ALGUNA VEZ HABRÁ UN BARACK ARGENTINO?

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El ex presidente y su esposa, como la mayoría de sus antecesores, multiplicaron su fortuna con la venta de sus libros y sus conferencias. El prestigio que multiplica los panes frente al dinero mal habido que se quedan los abogados.

Según una estimación de GoBankingRates, Barack Obama tiene hoy un patrimonio de U$S 40 millones, muy lejos de los 1,3 millones que declaró cuando alcanzó la presidencia. La mitad de esa fortuna la hizo durante los ocho años que ocupó el cargo de presidente, con ayuda de su esposa Michelle, y el resto lo han conseguido ya fuera del cargo y gracias a la habilidad que tiene el matrimonio para gustar y conquistar. Y por el prestigio adquirido en los tiempos en los que era el hombre más poderosos de la tierra y sus decisiones afectaban a todo el planeta.

Obama cobra una pensión como ex presidente de 210.000 dólares anuales, pero este ingreso es el menor de sus ingresos si se tiene en cuenta que por cada una de sus intervenciones como conferenciante recibe alrededor de U$S 400.000.

Como escritor también percibe regalías propias de un best seller. Según Forbes, de 2005 a 2016 recibió 15,6 millones de dólares en anticipos y derechos de autor por La audacia de la esperanza A ti te canto: una carta a mis hijas, y también por Sueños de mi padre, su primer libro de memorias.

Su esposa Michelle ha conseguido generar también ingresos millonarios. «Mi historia», autobiografía que lanzó en noviembre de 2018, se ha convertido en el libro de memorias más vendido de la historia. ¿La razón?…la misma, el prestigio logrado durante su estadía en la Casa Blanca, su don de gentes y su respeto por los demás.

Algo similar ocurrió con el ex presidente James Carter y con el propio Bill Clinton quien, pese a los escándalos de faldas que rodearon su último período en el gobierno, se retiró con una dosis de prestigio y apoyo de sus conciudadanos que lo convirtieron en figura central de las elecciones que ganó justamente Obama.

Mientras Carter ocupó los últimos años de su vida como enviado en misiones de paz de su país a los lugares más lejanos de la tierra, Clinton cobra hoy un cachet de U$S 250.000 por cada conferencia que da dentro o fuera de los EEUU.

Pero no son los únicos casos. Felipe González, ex presidente de gobierno de España, es hoy un activo consultor político en toda América Latina y Europa así como Michelle Bachelet recorre el mundo bregando por las libertades públicas desde su cargo de Alto Comisionado de la ONU.

Y hay más, muchos más, de todas las nacionalidades…menos argentinos.

Mientras muchos de estos hombres y mujeres ven multiplicarse los panes cuando dejan el poder y ello ocurre por el respeto que sus nombres despiertan, los ex presidentes argentinos -con alguna honrosa excepción- deben utilizar mucho de sus fortunas para pagar abogados que eviten que vayan a parar con sus huesos a la cárcel. Aunque rara vez logran que el desprestigio caiga sobre sus espaldas para todo el resto de sus vidas.

¿Corrupción o salvajismo político?, ¿repudio popular o venganza?…vaya uno a saber. Pero lo que es cierto es que este debe ser el único país del mundo en el que sus dirigentes se consuelan diciendo aquello de que «el que se mete en política sabe que echa su honra a los perros». Un disparate conceptual que no por repetido deja de sonar a pretexto.

Tenemos derecho los argentinos a soñar con que algún día nuestros ex presidentes sean reconocidos por el mundo y por nosotros mismos como personas prestigiosas, dignas de ser escuchadas y siempre dispuestos a poner su experiencia al servicio del estado y de la patria.

Y vaya si nos alegraremos si esos valores les son útiles para vivir con dignidad, ganar dinero bien habido y ser merecedores del honor -raro aquí y común en otros lados- de que sus compatriotas quieran escucharlos o leerlos con verdadero interés.

Y no leer sus nombres en las páginas policiales…

LIBRE EXPRESION

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Carlos Rívolo: “La decisión de reformar la Justicia fue política e inconsulta”

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El presidente de la Asociación de Fiscales nacionales lamentó que Alberto Fernández no haya elaborado el proyecto en base a “un gran acuerdo nacional” que incluya a todos los sectores

El fiscal Carlos Rívolo, presidente de la Asociación de Fiscales nacionales, aseguró que el país no atraviesa “el mejor momento” para implementar una reforma de la Justicia como la que impulsa el gobierno nacional y también lamentó que el oficialismo no haya aprovechado la oportunidad para avanzar en base a “un gran acuerdo” con todos los sectores.

Si bien Rívolo reconoció que la Justicia necesita algunas reformas, explicó “la creación de 94 juzgados en el interior del país, de 84 fiscalías federales, más otras 23 en el interior, más los defensores oficiales, más el tema edilicio” representan un importante gasto que el gobierno actual no está en condiciones de hacer en el marco del grave déficit fiscal -empeorado aún más por la pandemia- y de la renegociación de la deuda externa.

“A todas esas personas por lo menos hay que instalarles una computadora e ingresarlos en el sistema general que hoy por hoy ya tiene falencias. No pareciera ser lo mejor”, reflexionó durante una entrevista con el programa de Carlos Eguía, por Radio Cultura.

Según Rívolo, la decisión de Alberto Fernández fue “política” e “inconsulta”. En ese sentido, lamentó que el Presidente no haya aprovechado la oportunidad para hacer “un gran acuerdo nacional” con todo los sectores políticos y también escuchando a quienes están “detrás de los escritorios” del Poder Judicial.

“Salvo el doctor Raúl Alfonsín, cada uno de los gobiernos llegó con su plan de reforma de la Justicia bajo el brazo”, dijo.

Sobre ese tema, opinó que la principal falencia de todo el sistema, principalmente en el fuero federal, es la politización de los jueces y consideró que puede solucionarse a través de la reforma de algunas instituciones clave, como por ejemplo el Consejo de la Magistratura.

Por otro lado, consideró que la reforma más importante es la implementación plena del sistema acusatorio -funciona desde hace un año en Salta y Jujuy- que permitirá a los fiscales conducir la investigación y encargarse de la recolección de pruebas, mientras que los jueces sólo deberán concentrarse en garantizar el debido proceso y en juzgar en base a las evidencias. “Es el sistema ideal, es el más transparente”, dijo Rivolo.

A su vez, criticó la intención de flexibilizar la posibilidad del recurso extraordinario ante la Corte Suprema no solo por sus implicancias políticas actuales sino por los problemas que traería aparejado para el funcionamiento del máximo tribunal.

“Si se elastiza el recurso extraordinario, obviamente las peticiones que ha hecho la presidenta Cristina Kirchner tendrían una acogida positiva en cuanto a su aceptación. Pero eso también abre la posibilidad a muchos otros reclamos. Entonces la Corte se transforma en un almacén de ramos generales”, sintetizó.

(Nicolás Aboaf)(Nicolás Aboaf)

Además, señaló que actualmente el Poder Ejecutivo es quien más apelaciones presenta ante la Corte en relación a los casos de ajustes jubilatorios.

En cuanto a la Comisión de Asesores que se pronunciará sobre la ampliación del máximo tribunal, Rívolo aseguró que el abogado defensor de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, “no debería estar”.

Una de las principales novedades del proyecto que impulsa el gobierno nacional es la creación de un nuevo fuero federal para la ciudad de Buenos Aires. Se trata de los tribunales que investigan las causas de corrupción del poder político y económico y de los funcionarios públicos. Pero también el crimen organizado como los casos de narcotráfico, secuestros, trata de personas. Ese fuero –los tribunales de Comodoro Py– tiene 12 juzgados de primera instancia. El proyecto los unifica con los 11 juzgados del fuero penal económico, que también es federal y se encarga de las causas por contrabando y delitos tributarios y aduaneros.

Con esa fusión los juzgados son 23 pero se transformarán en 46 porque cada uno tiene dos secretarías que pasarán a ser juzgados. El objetivo es licuar el poder de los históricos 12 jueces federales que en muchos casos se manejan políticamente.

INFOBAE

 

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Teletrabajo. Las empresas creen que la ley implica el fin de la modalidad

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Apesar de los reclamos del sector privado, el Senado aprobó hoy la Ley de Teletrabajo. Las cámaras empresarias argumentan que será el fin de un régimen que, a su juicio, hasta el momento viene funcionando bien y que hay condiciones que harían “inviable” la opción de contratar a un teletrabajador.
Las cámaras empresarias argumentan que podría ser el fin de un régimen que, a su juicio, hasta el momento viene funcionando bien Crédito: Shutterstock
El proyecto crispó los ánimos del sector privado, que fue invitado al debate, pero tarde. A mediados de este mes, hubo reunión de la Comisión de Trabajo del Senado en donde se escuchó a algunas entidades, como la Unión Industrial Argentina (UIA).

“Es una verdadera lástima que, a pesar de que se logró visibilizar el tema y de que desde varias entidades hicimos un aporte para genera una mejor ley para todos, salió esta ley que no se entiende a quién quiere beneficiar”, apunta Brenda Puig, líder de la Red de Abogados de Empresa de IDEA.

Para la abogada, a pesar de que la Comisión de Trabajo del Senado convocó a algunas entidades, no hubo una verdadera escucha de los reclamos que había. Añade que cada sector va a seguir trabajando para bajarlo a sus realidades y que espera que la reglamentación “atempere” algunas consecuencias de la norma aprobada hoy.

“Es una ley que no reconoce cuál es la realidad del teletrabajo”, suma Luis Galeazzi, CEO de Argencon, la cámara que nuclea a las empresas que trabajan en la economía del conocimiento. En las compañías de la institución que dirige”más del 90% de las funciones se realizan en modo teletrabajo” y asegura que nunca hubo conflictos laborales. “Al contrario, los trabajadores demandan más tiempo en modo home office”, agrega. A su juicio, eta norma será una “fuente de litigios laborales” y “no ayuda en nada”, especialmente “en un momento en el que es necesario crear más trabajo”.

Edith Pecci, emprendedora del sector de servicios y miembro del Comité de IDEA Pyme, resume sus conclusiones luego de aprobada la ley en una sola frase: “Chau al teletrabajo”. Añade: “Todavía esperamos que, considerando que existe la posibilidad en la reglamentación, se hagan algunos cambios que ayuden”.

Los puntos más polémicos de la ley

En diálogo con LA NACION, representantes de cámaras de distintas industrias hicieron referencia a los puntos que juzgan más polémicos sobre la ley. Tal como está planteada hoy, la norma, que empezaría a regir 90 días después de que finalice el aislamiento social preventivo y obligatorio, establece algunos criterios marco como el derecho a la desconexión digital del empleado, la provisión de elementos de trabajo y la reversibilidad, es decir, la condición que permite al teletrabajador pasar a ser un empleado presencial en cualquier momento de la relación.

Ese último punto es el que más preocupa a los empleadores, hoy más enfocados en achicar metros cuadrados, inversiones en infraestructura y costos fijos que en agrandarlos. En caso de que el teletrabajador quiera pasar a modalidad presencial, “el empleador le deberá otorgar tareas en el establecimiento en el cual las hubiera prestado anteriormente, o en su defecto, en el más cercano al domicilio del dependiente, en el cual puedan ser prestadas”. En caso de que eso no suceda, la norma indica que el empleado podría considerarse despedido.

"Las empresas no quieren tener una cantidad de escritorios vacíos preparados para esta situación, nadie quiere tener un costo hundido"
“Las empresas no quieren tener una cantidad de escritorios vacíos preparados para esta situación, nadie quiere tener un costo hundido” Fuente: LA NACION

“Las empresas no quieren tener una cantidad de escritorios vacíos preparados para esta situación, nadie quiere tener un costo hundido”, señala Puig. “Esto da un nivel de contingencia terrible y mata lo que ya andaba bien”, añade. La abogada explica que, tal como está redactada hoy la ley, se entiende que la reversibilidad aplicaría solo a las personas que hoy están trabajando en formato presencial y pasan al formato a distancia, pero que desean volver a su antigua condición. Los colaboradores que luego se contraten en formato teletrabajador no podrían hacer uso de este derecho.

En ese sentido, Pecci explicó que se generaría una diferencia entre la fuerza laboral actual de las empresas y la potencial. Como el costo de tener espacios “por las dudas” para las pequeñas y medianas compañías es muy alto, elegirían no armar esquemas mixtos de trabajo a distancia y presencial entre sus actuales empleados.

En el mismo sentido, Galeazzi detalla que entre las empresas de servicios hay trabajo que se realiza por proyectos y en distintos puntos del país. “Un trabajador podría hacer uso de su derecho a la reversibilidad y podría pedir volver de cualquier lugar lejano; esto va en contra de la experiencia que tenemos: es una ley que, aun con buenas intenciones, comete errores en las apreciaciones”, dice.

Los consultados por LA NACION abogan por una "bilateralidad" en la discusión de la reversibilidad
Los consultados por LA NACION abogan por una “bilateralidad” en la discusión de la reversibilidad Crédito: Shutterstock

Los consultados por LA NACION abogan por una “bilateralidad” de la reversibilidad: es decir, que no pueda ser una decisión solamente del empleado, sino que haya una instancia de negociación en la que el trabajador pueda adaptarse al pedido, y eventualmente rechazarlo si no hay condiciones de infraestructura suficientes, por ejemplo.

Otro punto que cuestionan los empresarios tiene que ver con la provisión de herramientas de trabajo para el empleado. En ese sentido, la ley plantea que el empleador debe proporcionar “el equipamiento -hardware y software-, las herramientas de trabajo y el soporte necesario para el desempeño de las tareas y asumir los costos de instalación, mantenimiento y reparación”, o la “compensación por la utilización de herramientas propias de la persona que trabaja”.

La ley también establece que la persona que está empleada bajo la modalidad del teletrabajo tendrá “derecho a la compensación por los mayores gastos en conectividad y/o consumo de servicios que deba afrontar”.

Tal como está redactado, Esteban Carcavallo, socio de Bomchil Abogados, entiende que las herramientas que se brinden para teletrabajar pasarían a considerarse parte del salario de los empleados porque no aclara que sean no remunerativas. Es decir, de esta manera serían un costo más, porque quedarían incluidas en el cálculo del aguinaldo y en una eventual indemnización por despido, por ejemplo.

El abogado interpreta que la definición de teletrabajo que plantea la ley hace que estos derechos sean generales para todas las personas sin importar cuántas horas teletrabajan, es decir, “para el que lo hace en modalidad remota toda la semana y el que tiene el beneficio un día al mes por decisión corporativa”, lo que complicaría todavía más la posibilidad de planear una buena política de trabajo a distancia para las firmas.

El derecho a la desconexión digital es otro de los puntos en los que hay grises en el debate del sector privado
El derecho a la desconexión digital es otro de los puntos en los que hay grises en el debate del sector privado Fuente: AP – Crédito: Dan Pelle

El derecho a la desconexión digital es otro de los puntos en los que hay grises en el debate del sector privado. En condiciones extraordinarias, en las que el teletrabajo no se eligió sino que se impuso por causas de fuerza mayor, casi un 40% de las personas que está realizando sus tareas en esta modalidad durante la cuarentena admite que está trabajando más horas que antes, según una encuesta de Quiddity, la división de investigación de mercado, opinión pública y big data del grupo Untold. Pero la norma no regulará para tiempos de aislamiento, sino para lo que viene después.

El comentario generalizado es que debería haber cierta flexibilidad a la hora de plantear el derecho a la desconexión, o al menos cierta libertad para manejarlo en sectores donde hay emergencias fuera del horario de 9 a 18.

Para Cessi, la cámara de empresas del software, por ejemplo, el derecho a la desconexión no sería un inconveniente, admite su presidente, Sergio Candelo, aunque admite que la rigidez a la hora de aplicarlo va en contra de la dinámica diaria en el trabajo del sector, en la que se puede dar, por ejemplo, que un colaborador esté en un momento de esparcimiento, “desconectado” parcialmente, durante su horario laboral.

Para el sector del software en particular, que está acostumbrado a trabajar en este esquema, la norma hará que talento altamente calificado elija trabajar para clientes extranjeros en modalidad “freelance” ante la dificultad de que una empresa argentina decida contratarlo en modalidad de teletrabajo por las contingencias que eso pasaría a significar si se aprueba la ley.

Por otro lado, los consultados también se refirieron al artículo que refiere a las tareas de cuidado. Las personas que trabajen bajo esta modalidad y que acrediten tener a su cargo, de manera única o compartida, el cuidado de personas menores de 13 años, personas con discapacidad o adultas mayores que convivan con la persona trabajadora y que requieran asistencia específica, “tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado a su cargo y/o a interrumpir la jornada”, dice la norma.

Por otro lado, los consultados también pusieron en duda el artículo que refiere a las tareas de cuidado
Por otro lado, los consultados también pusieron en duda el artículo que refiere a las tareas de cuidado Crédito: Shutterstock

Para Puig, por un lado este punto es injusto para quienes realizan tareas de forma presencial, pero también implicaría una traba para el desarrollo profesional de las mujeres, hoy mayoritariamente a cargo de las tareas de cuidado. El argumento de los empresarios es que eso llevaría a que se privilegie contratar a hombres para teletrabajar. Sin embargo, en la norma no está indicado que haya diferencias de género ni que haya obligatoriedad de hacer uso de este derecho por parte del empleado.

Finalmente, los líderes de las cámaras empresariales también se refirieron a lo que ellos consideran dos “errores” en la génesis del proyecto. Por un lado, consideran que se está legislando en un período extraordinario, en el que el teletrabajo adquiere algunas características que habitualmente no tiene, ya que en la normalidad prepandemia nadie estaba “confinado” en su hogar como hoy, para algo que entrará en vigencia cuando se vuelva a la normalidad (más específicamente, 90 días después de que termine el ASPO). “Teletrabajo no es igual a teletrabajar en pandemia”, dice Puig.

Por el otro, aseguran que se sienten excluidos del debate, cuando en realidad son ellos mismos los que deben implementar la norma luego en sus espacios de trabajo. Claudio Cesario, presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), afirma que el Congreso está a punto de hacer “fracasar” a la herramienta del teletrabajo. “Entendemos que los senadores tienen la obligación y el deber, antes de sancionar esta ley, de escuchar a todos los sectores que van a conformar el teletrabajo: empleadores, entre ellos empresas grandes y pymes, y trabajadores”, sostiene.

FUENTE LA NACION

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