El renunciante ministro de Economía Martín Guzmán consiguió en sus más de 30 meses al frente de la cartera renegociar la deuda pública en moneda extranjera con los bonistas y el Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras que entre los problemas pendientes quedó un proceso inflacionario que se complejizó y la implementación de la segmentación de tarifas de gas y electricidad, entre otras cuestiones.

En agosto de 2020, Guzmán anunció un acuerdo de reestructuración de la deuda emitida bajo legislación internacional “inclusivo y sostenible”, que implicó para la Argentina una carga menor de deuda por US$ 42.500 millones durante los primeros cinco años.

Un mes después, se informó la reestructuración de alrededor de 99% de la deuda pública bajo la ley argentina por un monto de US$ 41.715 millones y, a la vez, pudo pesificar unos US$ 687 millones, como resultado del período temprano de aceptación de la oferta de canje.

Y, en marzo pasado, se alcanzó un acuerdo con el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI), aprobado por el Congreso de la Nación, para refinanciar la deuda récord de aproximadamente USD 45.000 millones.

En ese período, en una gestión signada por la pandemia, para minimizar sus consecuencias entre los más desfavorecidos, se implementaron el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Alberto sostenía a Martín Guzmán en Economía porque según el propio ministro “el PIB creció 10,4% en 2021, la industria nacional se recuperó, se crearon más de 1,1 millón de puestos de trabajo (y redujo la tasa de desempleo de 13,1% a mediados de 2020 a 7% en el primer trimestre de 2022), la inversión subió 32,9%, la tasa de pobreza se redujo casi 5 puntos porcentuales en un año y la desigualdad personal de los ingresos”.

En su carta de renuncia, Guzmán saludó la decisión de “haber destinado los dólares que genera la economía para la reactivación en lugar de destinarlos al pago de deudas públicas externas insostenibles”.

“Es muy importante notar el crecimiento de la generación de divisas del país. ¿Por qué? Porque si el crecimiento económico no viene acompañado de generación de divisas, terminamos teniendo problemas cambiarios, que redundan en contracciones de la actividad, el empleo y en presiones inflacionarias. Y todo ello genera angustias sociales en lugar de tranquilidad. En 2019, las exportaciones de bienes del país eran de 65 mil millones de dólares. Hoy ya superan los 80 mil millones de dólares, y se proyectan cercanas a los 90 mil millones de dólares para finales de año”, completó Guzmán.

Por último, entre los temas pendientes, como incluso admitió el ministro saliente, están “continuar fortaleciendo la consistencia macroeconómica, incluyendo las políticas fiscal, monetaria, de financiamiento, cambiaria y energética”.

También “la coordinación vía políticas de precios e ingresos, para atacar la problemática inflacionaria que daña al funcionamiento de nuestra economía y lograr continuar recuperando el poder adquisitivo de los ingresos”.

En ese sentido, aunque se estableció el régimen de segmentación de tarifas para los usuarios de los servicios públicos de electricidad y de gas natural por red, aún está pendiente la habilitación del registro de acceso a los subsidios.

A raíz de que el Gobierno nacional dio por terminada la “emergencia laboral”, al no renovar el decreto que establecía la doble indemnización, las críticas hacia esta medida se hicieron escuchar y provienen especialmente de los sectores kirchneristas, que ven en Cristina Fernández de Kirchner a la conductora del Frente de Todos, y a Alberto Fernández como su “líder institucional”, pero no de la coalición.

En una entrevista con MDZ Radio, el exdiputado nacional kirchnerista y abogado laboralista, Héctor Pedro Recalde, criticó la medida que tomó el Ejecutivo y le anticipó al Gobierno que esta decisión “levanta la barrera para que los privados decidan echar a sus empleados cuanto antes, ya que favorece a los empresarios y no a los trabajadores”.

En diciembre de 2019, el jefe de Estado creó un decreto conocido como “doble indemnización” para evitar que las empresas despidieran a su personal durante la recesión de ese año. Posteriormente, se extendió debido a la pandemia por covid-19, que atentaba contra los empleos formales.

La norma establecía que “si un empleado era echado sin justificación”, su empleador debía pagarle la indemnización correspondiente a la ley de trabajo, además de un monto adicional. Dicha suma rondaba el 75%, pero a finales del año pasado, en su última renovación, el monto se había reducido al 25%. Sin embargo, el “total adicional” que podían gozar “los empleados que eran despedidos sin justificación”, ahora no lo podrán cobrar de acuerdo a la no renovación del decreto.

Entonces, aquellas personas que sean despedidas de sus puestos de trabajo a partir del 1 de julio, no tendrán este derecho al cobro de sus haberes, ya que desde el Gobierno insisten en que “nuestra economía ha mejorado y por ende, la norma es innecesaria por el momento”.

Frente a esto, Héctor Pedro Recalde, que se define por ser un peronista kirchnerista, le advirtió al presidente que “la medida habilitará a los despidos masivos y que es prudente prorrogar este decreto”.

Y sumó: “La decisión del Gobierno venía de origen por las inminentes reducciones al monto adicional que rondaba por el 25%. Desde mi opinión, consideré que era prudente como defensor de los trabajadores que se prorrogue la norma por temor al día después. Sobre todo, porque estamos hablando de despidos sin justificación, ya que no hay razones para sacarle el puesto laboral a un trabajador. Por eso, quien decidía despedir a una persona tenía que pagar ese adicional y, ahora, la medida favorece al empleador a causa de que le bajaron el costo por desemplear”.

Asimismo, el abogado y exlegislador defendió la actual dirigencia política remarcado que “se está creando nuevos empleos”, pero sostuvo que “no es suficiente, ya que los trabajadores no logran cumplir con sus necesidades básicas”.

“Por más que los índices de empleo nos den saldos positivos, en este momento, hay que prestar atención porque tenemos pobreza por ingreso registrado. Hoy un trabajador formal con todos sus derechos cumplidos por la ley no llega a fin de mes por su bajo sueldo”, afirmó.

Por otra parte, Recalde apoyó las críticas de la vicepresidenta hacia “los movimientos populares” que han “tercerizado la función del Estado al administrar ciertos cupos” del programa Potenciar Trabajo y argumentó, citando a Cristina Fernández de Kirchner, que “el Frente de Todos no está en peligro, a pesar de las diferencias existentes en el espacio”.

“En este sector del peronismo, al cual pertenezco, no he escuchado de querer bajar al presidente de su cargo. Reconocemos que Cristina es nuestra conductora del frente, pero reconocemos que nuestro presidente es el líder institucional. Por eso, se respeta la figura presidencial y las primarias del 2023 serán importantes, porque nos permitirán garantizar la unidad del partido, a pesar de nuestras diferencias. Vamos a elegir a nuestros lideres de forma legítima y democrática. Ese día garantizará la unidad de la coalición”, sentenció.

FUENTE : MDZOL.COM

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