¿Qué es lo peor que se puede hacer en plena pandemia? Sin duda, aglomerar a miles y miles de ancianos durante horas. Y eso es lo que se hizo el viernes en Argentina. Por una falta de previsión asombrosa, una gran cantidad de jubilados se apiñó ante las sucursales bancarias de todo el país para cobrar su pensión. Fue un desastre que expuso al contagio a las personas de mayor riesgo y redujo sustancialmente los efectos positivos del estricto confinamiento impuesto desde el 20 de marzo.

El presidente Alberto Fernández hizo saber que estaba furioso y desde medios gubernamentales se señaló como responsables al presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y al director de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Alejandro Vanoli. El abogado y Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, exigió la dimisión inmediata de Vanoli y del secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi. El secretario del gremio sindical La Bancaria, Sergio Palazzo, también fue señalado. Los hechos del 3 de abril parecían destinados a convertirse en un hito negativo dentro de la crisis del coronavirus en Argentina.

Las oficinas bancarias se cerraron hace ya dos semanas, en cuanto se decretó el confinamiento. Algunos empleados siguieron acudiendo a sus puestos para mantener la actividad imprescindible, pero el sindicalista más poderoso del sector, Sergio Palazzo, impuso que no se atendiera al público: quería minimizar el riesgo de contagio para los afiliados a La Bancaria. Desde entonces, la población tuvo que manejarse solamente con los cajeros automáticos.

Llegados al final de marzo, el cobro de salarios y pensiones motivó largas filas ante los cajeros. Para muchos jubilados, poco habituados a operar con tarjetas y pantallas, retirar su dinero se convirtió en un suplicio. Para otros, que habían perdido la tarjeta o la contraseña o no las habían tenido jamás, se convirtió en una tarea imposible. Con el fin de reducir las aglomeraciones, el Gobierno decidió que los bancos abrieran el viernes, día 3. Empezaban a solaparse el cobro de las pensiones (siete millones de jubilados), de las ayudas por hijo o embarazo (2,4 millones de beneficiarios) y de los 10.000 pesos concedidos como Ingreso Familiar de Emergencia a más de 11 millones de personas.

Ocurrió lo que ocurrió. Algunos pensionistas comparecieron ya la víspera, dispuestos a pasar la noche ante la puerta del banco. Era casualmente la noche más fresca del incipiente otoño austral. Al amanecer ya había largas filas. Pesó probablemente el recuerdo del “corralito” de 2001-2002, cuando entre los argentinos quedó impresa la convicción de que el último en llegar no cobraría. Cuando abrieron las oficinas, a las 10 de la mañana, los empleados apenas lograban ordenar el ingreso en los locales y las distancias de seguridad se reducían a centímetros. Las imágenes difundidas por televisión eran devastadoras. “Quieren que nos muramos para ahorrarse nuestras pensiones”, gritaba una mujer. Algunos se desvanecían por el cansancio. En localidades como Villa Gesell, provincia de Buenos Aires, la municipalidad llevó sillas y agua. En la Casa Rosada se encendieron todas las alarmas.

El presidente Alberto Fernández, que impuso el confinamiento y paralizó la economía de un país en recesión cuando la pandemia apenas había llegado a Argentina, proclamó esta semana que estaba dispuesto a tomar cualquier medida necesaria para proteger la salud de sus conciudadanos, en especial los más débiles ante la infección, es decir, los ancianos. “Somos un ejemplo para el mundo”, proclamó. En unas horas, toda esa prudencia se derrumbó por una cadena de errores.

Según una reconstrucción efectuada por el medio digital Infobae, a las 8 de la mañana el presidente telefoneó al presidente del Banco Central, Miguel Pesce, para ordenarle que los bancos abrieran también el sábado y el domingo. Pesce, a su vez, telefoneó al sindicalista Sergio Palazzo para comunicarle la decisión. Palazzo se había opuesto hasta el último minuto a la apertura al público de las oficinas, por miedo al contagio de los trabajadores bancarios. Palazzo recibió poco después una llamada del propio presidente, quien le acusó de ser el causante de las aglomeraciones. Según otras fuentes citadas por Clarín, Alberto Fernández amenazó a Palazzo con incluir la banca en la lista de servicios esenciales y obligar a sus trabajadores a abrir cada día.

El director de la Anses, Alejandro Vanoli, fue otro de los culpados. A media mañana, cuando las redes sociales hervían ya de indignación, Vanoli dio vagas explicaciones al canal informativo TN: “No quiero entrar en quién tiene la culpa, es una situación compleja en la que hay que elegir cuál es el menor de los males”. “No se verían largas colas si los jubilados pudieran entrar en los bancos”, añadió, como si aglomerar dentro fuera mejor que aglomerar fuera. Y recordó que la Anses había pedido que solo acudieran a los bancos “los jubilados que tuvieran la necesidad imperiosa de hacerlo de forma presencial”.