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Miles de jubilados se agolpan ante los bancos argentinos y se exponen a un contagio masivo

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Indignación popular por la falta de previsión en el pago de pensiones
FOTO : Cientos de pensionados y beneficiarios de planes sociales hacen fila frente a un banco de la ciudad argentina de Córdoba, este viernes.TELAM

¿Qué es lo peor que se puede hacer en plena pandemia? Sin duda, aglomerar a miles y miles de ancianos durante horas. Y eso es lo que se hizo el viernes en Argentina. Por una falta de previsión asombrosa, una gran cantidad de jubilados se apiñó ante las sucursales bancarias de todo el país para cobrar su pensión. Fue un desastre que expuso al contagio a las personas de mayor riesgo y redujo sustancialmente los efectos positivos del estricto confinamiento impuesto desde el 20 de marzo.

El presidente Alberto Fernández hizo saber que estaba furioso y desde medios gubernamentales se señaló como responsables al presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y al director de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Alejandro Vanoli. El abogado y Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, exigió la dimisión inmediata de Vanoli y del secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi. El secretario del gremio sindical La Bancaria, Sergio Palazzo, también fue señalado. Los hechos del 3 de abril parecían destinados a convertirse en un hito negativo dentro de la crisis del coronavirus en Argentina.

Las oficinas bancarias se cerraron hace ya dos semanas, en cuanto se decretó el confinamiento. Algunos empleados siguieron acudiendo a sus puestos para mantener la actividad imprescindible, pero el sindicalista más poderoso del sector, Sergio Palazzo, impuso que no se atendiera al público: quería minimizar el riesgo de contagio para los afiliados a La Bancaria. Desde entonces, la población tuvo que manejarse solamente con los cajeros automáticos.

Llegados al final de marzo, el cobro de salarios y pensiones motivó largas filas ante los cajeros. Para muchos jubilados, poco habituados a operar con tarjetas y pantallas, retirar su dinero se convirtió en un suplicio. Para otros, que habían perdido la tarjeta o la contraseña o no las habían tenido jamás, se convirtió en una tarea imposible. Con el fin de reducir las aglomeraciones, el Gobierno decidió que los bancos abrieran el viernes, día 3. Empezaban a solaparse el cobro de las pensiones (siete millones de jubilados), de las ayudas por hijo o embarazo (2,4 millones de beneficiarios) y de los 10.000 pesos concedidos como Ingreso Familiar de Emergencia a más de 11 millones de personas.

Ocurrió lo que ocurrió. Algunos pensionistas comparecieron ya la víspera, dispuestos a pasar la noche ante la puerta del banco. Era casualmente la noche más fresca del incipiente otoño austral. Al amanecer ya había largas filas. Pesó probablemente el recuerdo del “corralito” de 2001-2002, cuando entre los argentinos quedó impresa la convicción de que el último en llegar no cobraría. Cuando abrieron las oficinas, a las 10 de la mañana, los empleados apenas lograban ordenar el ingreso en los locales y las distancias de seguridad se reducían a centímetros. Las imágenes difundidas por televisión eran devastadoras. “Quieren que nos muramos para ahorrarse nuestras pensiones”, gritaba una mujer. Algunos se desvanecían por el cansancio. En localidades como Villa Gesell, provincia de Buenos Aires, la municipalidad llevó sillas y agua. En la Casa Rosada se encendieron todas las alarmas.

El presidente Alberto Fernández, que impuso el confinamiento y paralizó la economía de un país en recesión cuando la pandemia apenas había llegado a Argentina, proclamó esta semana que estaba dispuesto a tomar cualquier medida necesaria para proteger la salud de sus conciudadanos, en especial los más débiles ante la infección, es decir, los ancianos. “Somos un ejemplo para el mundo”, proclamó. En unas horas, toda esa prudencia se derrumbó por una cadena de errores.

Según una reconstrucción efectuada por el medio digital Infobae, a las 8 de la mañana el presidente telefoneó al presidente del Banco Central, Miguel Pesce, para ordenarle que los bancos abrieran también el sábado y el domingo. Pesce, a su vez, telefoneó al sindicalista Sergio Palazzo para comunicarle la decisión. Palazzo se había opuesto hasta el último minuto a la apertura al público de las oficinas, por miedo al contagio de los trabajadores bancarios. Palazzo recibió poco después una llamada del propio presidente, quien le acusó de ser el causante de las aglomeraciones. Según otras fuentes citadas por Clarín, Alberto Fernández amenazó a Palazzo con incluir la banca en la lista de servicios esenciales y obligar a sus trabajadores a abrir cada día.

El director de la Anses, Alejandro Vanoli, fue otro de los culpados. A media mañana, cuando las redes sociales hervían ya de indignación, Vanoli dio vagas explicaciones al canal informativo TN: “No quiero entrar en quién tiene la culpa, es una situación compleja en la que hay que elegir cuál es el menor de los males”. “No se verían largas colas si los jubilados pudieran entrar en los bancos”, añadió, como si aglomerar dentro fuera mejor que aglomerar fuera. Y recordó que la Anses había pedido que solo acudieran a los bancos “los jubilados que tuvieran la necesidad imperiosa de hacerlo de forma presencial”.

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UNA A UNA LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO PARA INTENTAR RECUPERARSE DE CARA A NOVIEMBRE

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El gobierno nacional puso en marcha la última semana una serie de medidas destinadas a consolidar la reactivación económica, con la profundización de políticas de incentivo a la producción, el consumo y la creación de nuevos puestos de trabajo, entre las que se destacaron el aumento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias; una suba en el salario mínimo, vital y móvil y la eliminación a partir de enero de las retenciones a la exportación de servicios.

Las iniciativas fueron anunciadas de manera paulatina luego que el presidente Alberto Fernández pusiera en funciones el lunes pasado al jefe de Gabinete, Juan Manzur; y a Santiago Cafiero en la cartera de Relaciones Exteriores y Culto; Aníbal Fernández, en Seguridad; Julián Domínguez, en Agricultura, Ganadería y Pesca; Jaime Perczyk, en Educación; y Daniel Filmus, en Ciencia y Tecnología.

Los cambios en el Gabinete, así como las medidas puestas en marcha, buscan poner nuevamente en agenda los temas considerados prioritarios por el gobierno, tras el resultado registrado en las PASO, y de cara a mejorar la performance de los candidatos oficialistas en las elecciones de medio término que se realizarán el 14 de noviembre, que determinarán la nueva conformación del Congreso Nacional y de las legislaturas provinciales.

A las medidas ya anunciadas se sumarán en los próximos días la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para implementar una jubilación anticipada, que beneficiará a personas que se encuentren desempleadas, reúnan 30 años de aportes y les falten 5 años o menos para cumplir la edad jubilatoria, de entre 55 y 60 años en las mujeres y de entre 60 y 65 en los varones.

Además se encuentran bajo análisis un programa para ampliar el empleo y reconvertir planes sociales en trabajo, créditos no bancarios para proyectos productivos de la economía popular, la ampliación de la obra pública y el eventual regreso del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) bajo un esquema focalizado, debido a que en la actualidad las restricciones por la pandemia de coronavirus son mínimas.

Las proyecciones que manejan en gobierno y en el área económica estiman que el paquete de medidas equivaldría a algo más de medio punto del Producto Bruto Interno (PBI).

Las medidas

Salario mínimo, vital y móvil

El primer anuncio –que se concretó el martes pasado y estuvo a cargo de Juan Manzur y del ministro de Trabajo, Claudio Moroni- fue la decisión de elevar el actual salario mínimo, vital y móvil de 29.160 a 33.000 pesos en tres tramos, por lo que la mejora total de ese ingreso en un año será del 52,8%.

Este mes el incremento será del 9%, 4% en octubre y 3% en febrero próximo, con lo que el ingreso mínimo será de 31.104 pesos en septiembre, 32.000 pesos el próximo mes y de 33.000 pesos en febrero.

El incremento salarial alcanza a casi 1.100.000 trabajadores y beneficiarios de programas sociales como Potenciar Trabajo y Acompañar, del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, la Asignación Universal por Hijo y otras prestaciones.

Ganancias

El miércoles el nuevo anuncio tuvo como foco el incremento del piso a partir del cual los asalariados pagan el Impuesto a las Ganancias, en $175.000, a partir del este mes, junto con la exención del Sueldo Anual Complementario (SAC) de diciembre para el pago de este tributo para los trabajadores comprendidos dentro del tope.

Con la actualización, 1.267.000 trabajadores que dejaron de pagar el Impuesto a las Ganancias cuando se aprobó la ley en abril, seguirán sin abonar el impuesto.

Desde el gobierno subrayaron que la medida apunta a fortalecer el poder adquisitivo de los contribuyentes del impuesto y de sus familias y, con ello, la consolidación de la demanda y del mercado interno, entre otras cuestiones.

También anticiparon que el mínimo no imponible del impuesto, así como las deducciones y las escalas, volverán a actualizarse a partir del 1 de enero del 2022, en función de la evolución de los salarios.

Al incremento del piso, también se decidió ampliar las exenciones del impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales para beneficiar el ahorro en pesos, a través de un decreto firmado por el Presidente y el ministro de Economía, Martín Guzmán, que reglamentó la Ley 27.638 que brinda desgravaciones a aquellos que utilicen instrumentos de ahorro en pesos.

La medida busca dar mayor liquidez al sistema y financiamiento para el sector privado, además de contribuir a contar con un sistema tributario más progresivo.

Los beneficios impositivos contenidos en la norma contemplan exenciones en Ganancias para depósitos con cláusulas de ajuste y para instrumentos financieros destinados a fomentar la inversión productiva, entre otras cuestiones.

Eliminación de retenciones a la exportación de servicios

El viernes, Guzmán y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, anunciaron la decisión de eliminar completamente a partir de enero próximo las retenciones a la exportación de servicios producidos en el país y consumidos en el exterior, con el objetivo de fomentar la creación de empleo de calidad, generar divisas y corregir la medida aplicada a partir de 2018, que perjudicaba al sector.

Ese rubro es el segundo complejo exportador del país, solo superado por el segmento oleaginoso cerealero. En 2018, por primera vez en la historia de la Argentina, el sector de servicios comenzó a pagar retenciones a la exportación. En 2020 se bajó la alícuota a 5% y a partir de 2022 se reducirá a 0%.


Jubilación anticipada

Por el lado previsional, el viernes la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, anticipó que el gobierno nacional trabaja en un DNU para implementar una jubilación anticipada.

Se trata de una política dirigida a personas que se encuentren desempleadas, reúnan 30 años de aportes y les falten 5 años o menos para cumplir la edad jubilatoria -entre 55 y 60 años las mujeres y entre 60 y 65 los varones-.


Previaje PAMI

Con foco también en los jubilados, Manzur el viernes presentó en Pilar junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, y la titular del PAMI, Luana Volnovich, el plan Previaje PAMI que contempla el reintegro del 70% de los gastos en turismo para los afiliados, para recorrer todos los destinos de Argentina.

De cara a la próxima semana, uno de las cuestiones más importantes será la reunión que el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, mantendrá con las entidades que conforman la Mesa de Enlace agropecuaria, en la que se podrían concretar anuncios para el sector. Telam

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MARPLATENSES MARCHARON CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO

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Marplatenses participaron este viernes de una marcha por la crisis climática que también se realizó en otras ciudades del mundo. La manifestación se realizó por las calles del centro de Mar del Plata, para pedir medidas que mitiguen el cambio climático.

La concentración se realizó frente a la Municipalidad para sumarse al pedido al Congreso de la Nación una agenda ambiental “realista, justa, honesta, constante y transparente”.

Misión Soberanía y Transición Energética Argentina fue una de las entidades que realizó la convocatoria. “Hubo una importante participación que mostró a una juventud comprometida con su presente y su futuro, que asume una responsabilidad histórica con la construcción de un mundo más sostenible”, expresó Manuel Golomb, integrante de la organización, a Ahora Mar del Plata.

“La agenda reivindicativa es clara: queremos acciones inmediatas para empezar a abordar la crisis climática que pone en jaque la vida en nuestro planeta y en nuestras sociedades”, sostuvo y mencionó la importancia de la ley de humedales y el inicio de una “transición energética justa, que ponga el eje en un proceso de descarbonización de la economía, pero que a su vez también garantice el acceso a la energía para todos, porque hay un derecho vulnerado en gran parte de nuestra población”.

Golomb consideró: “Es una problemática que nos afecta a todos por igual, pero no todos tienen la misma capacidad de respuesta. Los sectores más vulnerables tienen menos alternativas para poder hacerle frente a los cambios climáticos que se están suscitando, como fenómenos meteorológicos o sequias. Es necesario reforzar la construcción y la presencia del Estado, y la discusión en las agendas públicas en torno a cómo abordamos una transición socioecológica que ponga la mirada en aquellos sectores más vulnerables.

Golomb también forma parte de la organización de la Cumbre Latinoamericana de Sustentabilidad Energética 2021 que se lanzará próximamente, con la participación de 10 mil jóvenes latinoamericanos. “Es una plataforma de educación energética 4.0 para sensibilizar a los jóvenes en la temática de transición energética y que sea un proceso de participación colectiva”, describió.

“En el país estamos construyendo una comunidad para La Transición Energética Argentina (TEArg), con las organizaciones socioambientales más importantes,, donde queremos construir una agenda pública que delinee cuáles son las principales formas de acción para impulsar la transición energética con justicia social”, agregó.

El 2 de octubre se realizará el primer encuentro nacional para la transición energética justa y ya está abierta la inscripción en @te.arg. “Tenemos que seguir manifestándonos, participando, formándonos y empezando a liderar estos procesos porque la responsabilidad de construir un mundo más sostenible es de todos”, subrayó.

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UN EX MINISTRO DE NESTOR KIRCHNER EN LA CORTE. QUIEN ES HORACIO ROSATTI…

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Antes de llegar a la Corte, Rosatti fue dirigente del peronismo en Santa Fe, su provincia. Fue el segundo ministro de Justicia de Néstor Kirchner. Asumió ese cargo el 26 de julio de 2004, en reemplazo de Gustavo Beliz, y renunció cuando estaba apunto de cumplir un año al frente del ministerio. No aceptó ser candidato a diputado por Santa Fe y se fue peleado con el entonces presidente. Además, denunció irregularidades en la construcción de cárceles. “No cerraban los precios”, dijo. En aquellos tiempos, el jefe de gabinete de Kirchner era Alberto Fernández. Rosatti también fue procurador del Tesoro, convencional constituyente e intendente de Santa Fe.

En 2017, en tanto, Rosatti adhirió al fallo en el que se decidió que los nuevos jueces ingresantes al Poder Judicial tengan que pagar el Impuesto a las Ganancias, como el resto de la ciudadanía. En 2019, fue parte de la mayoría que prohibió la re-reelección de los gobernadores Sergio Casas y Alberto Weretilneck, de La Rioja y Río Negro.

Ya durante el gobierno de Alberto Fernández, quien fue su jefe de gabinete en su etapa como ministro de Justicia de Kirchner, Rosatti firmó fallos en contra del ex vicepresidente Amado Boudou, al confirmar la condena en el caso Ciccone, y otro contra la dirigente social Milagro Sala, que se encuentra con prisión domiciliaria desde 2016. Este año, en tanto, adhirió a la sentencia en la que se autorizó a la Ciudad de Buenos Aires a decidir sobre la presencialidad en el dictado de clases.

Especialmente en el caso de Sala, el Presidente consideró el fallo como un desafío a su autoridad, mientras la propia dirigente Tupac Amaru declaraba que “pareciera que gobierna la Corte Suprema” y que el gobierno de Fernández se ha mostrado “un poco blandengue”.

Cristina, en tanto, sigue sin perdonarle su salida del gobierno de Kirchner y ha sido crítica de su designación, como la de Rosenkrantz, durante el gobierno de Macri. El enojo de la vicepresidenta con la Corte no es nuevo y se ha repetido especialmente en una dura carta que difundió a finales del año pasado, en la que acusó al máximo tribunal de “encabezar y dirigir el proceso de Lawfare” en su contra.

“Esa articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores, se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación y, lo que es peor: aún continúa”, fue, textual, el cuestionamiento de CFK hacia los jueces.

Fuera de la actividad política o jurídica, Rosatti también cuenta con un extenso CV académico. Se desempeñó como docente de grado y de posgrado en varias casas de estudios en la Argentina, entre las que se destacan la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Austral, la Universidad Nacional de Rosario y Universidad Católica de Santa Fe.

Asimismo, ejerció como decano de la Facultad de Derecho en la sede santafesina de la UCA entre 1999 y 2002. Es doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales y Magíster en Evaluación de Impacto y Gestión Ambiental y, además,  autor de decenas de libros sobre derecho. También recibió el Premio Konex de Platino en Derecho Constitucional.  La Nacion.

 

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