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Sociedad

Monitoreo de la propiedad de los conglomerados mediáticos en la Argentina.

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Quiénes son y qué intereses tienen los dueños de los medios de comunicación en la Argentina. Un resumen visual de los ejes de la investigación colaborativa entre Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el diario Tiempo Argentino -el proyecto MOM, por su sigla en inglés- sobre 52 medios y 23 grupos empresarios. El verdadero poder detrás de la información

La secuencia que convirtió al Grupo Clarín en el mayor gigante. La política reparatoria de Macri y la crisis de los trabajadores de prensa.

Son el poder detrás de la dieta informativa y de entretenimiento que consumen millones de argentinos. El primer eslabón –casi siempre oculto– de la disputa por la agenda pública: qué es noticia repetida hasta el hartazgo, qué se oculta o qué se calla. Y la pieza clave de una red de influencias que extiende y amplía sus fortunas a negocios asociados a otros numerosos rubros, como la obra pública, el agro, la explotación petrolera y energética o el juego.

Los dueños de los medios de comunicación en la Argentina son apenas un puñado de hombres, el vértice de una pirámide de ocho conglomerados que concentran el 60% de la audiencia nacional y que, favorecidos por las políticas desregulatorias del gobierno de Cambiemos, en los últimos años lograron profundizar sus niveles de concentración. El Grupo Clarín es un caso paradigmático de ese proceso: la fusión –autorizada en 2018– de Cablevisión (el mayor operador de televisión paga) y Telecom (una de las dos principales empresas de telecomunicaciones fijas y móviles) consolidó al multimedios como el gigante del mercado.

El mapa mediático argentino ubica al Grupo Clarín a la cabeza con la captura del 25,28% de las audiencias (6,84 % en radio, 10,62 % en televisión y 7,82 % por diarios); seguido muy de lejos por el Grupo América con un 7,25% (2,27% en radio, 4,09% en televisión y 0,89 % por diarios); y la estadounidense Viacom-Telefe Argentina con un 7,10% (100% por televisión).

El cuarto lugar le corresponde al Grupo Indalo con un 6,62% (5,12% por radio y 1,5% por televisión); secundado por la fusión entre la española Prisa y la mexicana Albavisión con el 6,21% (4,33% en radio y 1,88 por televisión); y el Grupo La Nación con el 2,97% (100% por diarios).

La cordobesa Cadena 3 con un 2,16% (100% por radio); y el estatal Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos (SFMyCP) con el 1,65% (100% televisión) completan el cuadro.

Esa lógica interna del ecosistema de la comunicación local es uno de los resultados de la investigación colaborativa sobre los dueños de los medios y sus intereses cruzados que Tiempo Argentino realizó junto a Reporteros Sin Fronteras (RSF).

Con una metodología aplicada en más de 20 países, el capítulo argentino del proyecto Media Ownership Monitor (MOM) relevó la trama de propiedad de un total de 52 medios, todos de influencia en la opinión pública argentina en los diferentes soportes (televisión, radio, prensa gráfica y online). Las conclusiones completas del trabajo serán presentadas este miércoles en el Congreso Nacional, durante una jornada de trabajo y análisis para promover el debate sobre los efectos de la concentración en las democracias de la región.

La Era Macri
La investigación incluye la revisión de los drásticos cambios en las políticas regulatorias que, con lógica de restitución para las empresas del sector, el presidente Mauricio Macri adoptó desde el inicio de su gestión: el desguace de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual –aprobada durante la etapa kirchnerista como resultado de un histórico debate transversal–, la flexibilización o eliminación de topes a la concentración en televisión y radio, tanto como en la propiedad cruzada, y la intervención de las autoridades de aplicación, entre otras medidas.

Además, el trabajo realiza una minuciosa actualización de la crisis que multiplicó cierres y despidos: desde 2016, más de 20 medios cerraron en todo el país y al menos 2700 trabajadores de prensa perdieron su empleo. Ocho de esos medios lograron ser recuperados y continuaron funcionando como cooperativas.

Junto con la política de hostigamiento a los medios públicos a través de despidos masivos, planes de retiro voluntario y recortes presupuestarios, el gobierno de Cambiemos optó por la política de no intervención en los conflictos entre las patronales y sus trabajadores, especialmente con la licuación del poder de control del ex Ministerio de Trabajo, hoy degradado a Secretaría.

Los trabajadores de los medios también fueron protagonistas de otro retroceso de la era Cambiemos: 45 periodistas resultaron heridos y otros 13 fueron detenidos por el accionar represivo de las fuerzas de seguridad en el marco de coberturas callejeras en los últimos tres años.

Deuda con las mujeres
La investigación incluye un relevamiento inédito sobre la presencia de mujeres, tanto en la propiedad de los medios como en los lugares clave para la gestión y administración editorial. De los 52 medios relevados por MOM Argentina, sólo 11 tienen accionistas mujeres, con una porción sensiblemente menor a la de los hombres y a quienes las unen relaciones de parentesco como herederas o esposas.

Además, en el 88,5% de los casos son hombres los que definen la línea editorial de los medios. Las empresas del sector que ocupan los cargos de CEO, gerencia de contenidos o dirección con mujeres suman apenas seis (11,5 por ciento).

El Grupo Clarín, un gigante consolidado
El grupo que surgió del diario fundado en 1945 por Roberto Noble y cuya expansión lideró el hoy mayor accionista y CEO del multimedios, Héctor Magnetto, tiene una centralidad indiscutible en el mapa de medios argentino.

Tras la fusión Cablevisión/Telecom, la distancia entre este conglomerado y el resto del ecosistema es gigantesca, tanto si se miden ingresos, audiencias, escala geográfica de operaciones, posición de dominio en cada mercado; como si se cruzan y combinan todos esos factores.

Las cifras dicen todo. Sin tomar en cuenta sus negocios de provisión de televisión paga, telefonía móvil y fija y conectividad a Internet, el Grupo Clarín obtuvo en 2017 ganancias por 159 millones de pesos, cuando el resto de los grupos mediáticos y su competencia no llegaron a cruzar el umbral de los 10 millones de pesos.

La renta del Grupo Clarín se multiplica si se incorporan sus unidades de negocios hoy agrupadas en Cablevisión Holding.

Además, es el principal beneficiario de la distribución de la publicidad oficial del gobierno nacional y de las administraciones de los distritos de mayor peso del país.

Intereses cruzados
Los principales conglomerados obtienen sus mayores ingresos en otras áreas de la economía, fuera de los márgenes de los medios que resultan una porción menor de sus negocios y, muchas veces, operan en función de sus otros intereses.

Desde hace dos años, Clarín es uno de los principales conglomerados económicos de la Argentina. Además de ostentar posición dominante en todos los segmentos de medios de comunicación y actividades auxiliares y complementarias (como Papel Prensa SA, que comparte con La Nación y el Estado Nacional), también posee intereses en ferias y exposiciones y organiza la principal muestra agropecuaria del país, en conectividad a Internet fija y móvil.

Además, es el principal operador en telefonía fija y móvil, en derechos de exhibición de contenidos, producción cinematográfica, imprenta, editorial de libros, cadena de librerías, logística y transporte, turismo y videojuegos.

El Grupo América (ex Grupo Uno), que tiene a Daniel Vila y José Luis Manzano como principales socios y artífices, cuenta con poderosos intereses en el sector energético y petrolero y en la provisión de servicios públicos. Otro de sus socios, Claudio Belocopitt, es el dueño de una de las mayores empresas de salud privada, Swiss Medical Group.

El Grupo Indalo, de Cristóbal López y Fabián de Sousa, ambos actualmente detenidos en una causa por supuesta evasión tributaria, tiene su origen en actividades de transporte, casinos, petróleo y combustibles. Recién en 2010 ingresó a la industria de medios y en 2012 compró el multimedios que pertenecía al empresario Daniel Hadad.

Sólo algunos pocos de los mayores grupos mediáticos obtienen el grueso de sus ingresos de la gestión de medios de comunicación y sus contenidos. Son los casos de Telefe, en manos de Viacom, el Grupo La Nación y el Grupo Perfil, entre otros.

Por más voces
La jurisprudencia, tanto argentina como continental, concibe a la concentración excesiva como un dispositivo o fórmula que lesiona el derecho a la libertad de expresión y del derecho al acceso a la cultura.

La concentración provoca una obvia reducción de los emisores y deriva en una menor pluralidad de opiniones y fuentes informativas, en la homogeneización de los géneros y formatos de entretenimiento y su virtual estandarización y en la unificación de las líneas editoriales.

La investigación de MOM Argentina revela quiénes son los magnates al frente del universo de los medios de comunicación y cuáles son sus intereses asociados con el objetivo de contribuir a la discusión sobre la necesaria multiplicación de voces y la garantía de políticas públicas que las resguarden.

Un debate de alcance regional
Los resultados de la investigación serán presentados este miércoles a las 9:00 en el salón auditorio del Anexo A de la Cámara de Diputados en una jornada que tiene como objetivo promover el debate sobre los efectos que tiene la concentración de los medios sobre la democracia.

Además de los investigadores del proyecto MOM Argentina y especialistas locales, participarán del encuentro periodistas, académicos, políticos y autoridades de regulación de Brasil, Perú, Colombia, México y Uruguay para discutir cómo se ven afectados los países de la región.

Claves y obstáculos

La investigación tomó como punto de partida la selección de los principales medios de televisión, radio, web y prensa gráfica de la Argentina, una muestra de las empresas de comunicación que más influyen en el proceso de formación de opinión pública.

La recolección y evaluación de datos de audiencia para los casos de radio y televisión; circulación para prensa gráfica; y visitantes únicos para sitios web definieron el listado final. En todos los casos se trata de medios con información noticiosa y de actualidad.

Durante los cinco meses que duró la investigación, el equipo de MOM Argentina encontró varios obstáculos para acceder a la información. En términos generales, las empresas de medios no están obligadas a transparentar su composición accionaria, salvo el Grupo Clarín, que cotiza en Bolsa.

En virtud de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el requisito sí alcanza a los medios audiovisuales que, sin embargo, en la mayoría de los casos incumplen con la normativa. El Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), autoridad de aplicación, tampoco formaliza el control.

A través de la Agencia de Acceso a la Información Pública, que depende del Poder Ejecutivo, se aceleraron y facilitaron los pedidos de datos oficiales. Esto no implicó que las respuestas de los organismos fueran completas.

El arancelamiento del pedido de datos públicos a la Inspección General de Justicia (IGJ) resultó otra traba: el acceso a registros de compañías es costoso y lento.

Poder concentrado
Por: Adrián Murano

“LA ARGENTINA TIENE LA MÁS AMPLIA LIBERTAD DE PRENSA DE SU HISTORIA”. Así, con mayúsculas –lo que en las redes sociales equivale a gritar-, Mauricio Macri comunicó el pasado 31 de marzo en su cuenta de Twiter que “la Sociedad Interamericana de Prensa destacó a la Argentina por tercer año consecutivo por la completa libertad de prensa que rige en el país”.

Lógico: la SIP reúne a los dueños de los medios tradicionales, la mayoría de ellos beneficiados por el Estado en la era Cambiemos. Y es común que en esos foros se confunda la libertad de empresa con la libertad de prensa, dos conceptos que sólo se emparentan en la fonética.

Lejos del clima festivo, el periodismo argentino sufre una calamidad. Con Macri en la Rosada se registraron más de 3000 periodistas despedidos, pauperización salarial, precarización laboral, vaciamiento de medios públicos, persecución judicial y económica contra emisoras críticas.

La contracara de esa devastación son las principales empresas de medios, que con Macri en el gobierno experimentaron una vertiginosa expansión. El Grupo Clarín –el principal oligopolio de prensa de la Argentina– se convirtió en una “telco” con la adquisición de Telecom y obtuvo una ley a medida para aumentar el precio de Papel Prensa a discreción. En lo que va del año, de hecho, el papel para diarios ya aumentó dos veces, acumulando un alza de 17,6%.

Clarín comparte los beneficios de Papel Prensa con La Nación, que consolidó su oferta multimedia y avanzó en el mercado del real estate. El Grupo América fue el mayor receptor de pauta publicitaria en términos relativos y Editorial Perfil se hizo con licencias de radio y televisión.

Los medios mencionados integran el minucioso informe elaborado por Tiempo Argentino y Reporteros Sin Fronteras, una prestigiosa organización internacional que escogió a este diario para realizar su tradicional Monitoreo de la Propiedad de los Medios (MOM, por sus siglas en inglés).

El informe ya fue realizado en 20 países, y es la primera vez que se materializa en la Argentina. La elaboración demandó seis meses de trabajo de un equipo integrado por periodistas de este diario, colegas internacionales y académicos expertos en comunicación. El esfuerzo se verá plasmado desde esta semana en las web del diario y de RSF.

“Los medios de comunicación son un pilar para el sistema democrático, el Estado de derecho y la protección y difusión de los derechos de las personas, entre ellas las libertades de información y expresión”, prologa el informe, que el próximo miércoles 10 será presentado en el Congreso de la Nación. Del evento –que es de acceso público y gratuito– participarán reporteros, legisladores y académicos de distintas latitudes.

El trabajo contiene revelaciones y hallazgos sobre los dueños de las empresas de medios, información que suele permanecer oculta para las audiencias que los consumen. Y en el prólogo se anticipa una primera conclusión: “El Monitoreo de la Propiedad de los Medios encontró que la crisis económica local y la ausencia del Estado para atenuarla, junto a una legislación que favorece la concentración de medios de comunicación y beneficia a los grandes conglomerados, asfixia económicamente el periodismo crítico y limita el derecho de la sociedad argentina a tener acceso a voces plurales”.

Los datos recabados en el informe indican que la realidad es bien distinta al panorama que el presidente presentó a los gritos. Otra vez.

El equipo
El proyecto MOM Argentina es una investigación colaborativa entre Tiempo Argentino y Reporteros Sin Fronteras (RSF).

El equipo estuvo integrado por Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Información, docente e investigador del Conicet; Gerardo Aranguren, editor web de Tiempo Argentino; Nube Álvarez, coordinadora regional del Proyecto MOM; Agustín Espada, magister en Industrias Culturales de la Universidad de Quilmes; y la periodista Marianela Bocanegra.

El análisis legal de la investigación y sus indicadores estuvo a cargo del abogado, docente y doctor en Ciencias de la Información Damián Loreti; junto a Diego de Charras, director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA; y Luis Lozano, docente e investigador de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA.

También colaboraron Viviana Mariño, docente y editora de Política de Tiempo; y Javier Borelli, editor de Información General de Tiempo.

Las infografías estuvieron a cargo de Pablo Barruti y Transmedia.

Además, hicieron un aporte fundamental al proyecto las diferentes áreas editoriales y administrativas de la Cooperativa Por Más Tiempo: administración, fotografía, redacción, diseño y audiovisual, entre otras.
Foto: Mariano Martino
Fuente: Tiempo Argentino

Opinión

La jueza que condenó a Videla por el robo de bebés: “Justicia es poner paz donde hubo dolor”

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La exjueza María del Carmen Roqueta aseguró que “justicia es poner paz donde hubo dolor” al recordar la condena a Jorge Rafael Videla por el plan sistemático de apropiación de bebés, en cuya causa intervino como presidenta del Tribunal Oral Federal (TOF) 6 que emitió el veredicto, y sobre aquel fallo histórico subrayó: “Creo que cumplí con mi trabajo”.

En una entrevista con Télam, Roqueta revivió la jornada del 5 de julio de 2012, cuando “en un día muy frío” el Tribunal que presidía leyó la última sentencia contra Videla, a quien condenó -junto a Jorge “el Tigre” Acosta, Reynaldo Bignone, el exmédico policial Jorge Luis Magnacco y otros- por “la práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad”.

Ante un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, la exmagistrada reveló que al momento de leer el veredicto ella y los otros integrantes del TOF 6 “se sentían muy seguros” luego de haber estado “un año y medio trabajando”, pero confió que ese día al retornar a su casa tras el “tenso momento de la exposición” se encontró con su familia y entonces sí pudo, por fin, “bajar y llorar un poco”.

Roqueta se jubiló del poder judicial en 2017 y dos años después fue distinguida por la Legislatura porteña como personalidad destacada de los Derechos Humanos: se le reconoció su compromiso en la restitución de la identidad de menores apropiados durante la dictadura, a partir de su rol en el juicio por el plan sistemático de robo de bebés, una labor que para la exjueza implicó simplemente “cumplir con el trabajo” aunque al mismo tiempo, asumió, “quedó para la historia”.

Periodista: ¿Cómo vivió el día de la lectura de la sentencia, aquel 5 de julio de 2012?

María Roqueta: Internamente trabajé muchísimo, porque como jueza tenía que responder a la sociedad con un fallo que fuera objetivo. Habíamos logrado organizar bien el trabajo en el tribunal: los empleados y funcionarios del tribunal habían trabajado mucho. Después de las últimas palabras de los imputados, volví a mi despacho y me acuerdo que me saqué los zapatos y dije: “Bueno, ya está”. Pero faltaba ese otro momento, la lectura de la sentencia, en el cual uno, obviamente, como juez o jueza que está en el Tribunal Oral, pone mucho el cuerpo y se expone. Me acuerdo que me calmé. Bajé los niveles. Era difícil. Y leí, con la autoridad que correspondía leer semejante fallo. En definitiva, es lo que siempre digo: la justicia, en un estado de derecho, de alguna manera es poner paz donde hubo dolor.

P.: Fue un momento histórico.

M.R.: Creo que cumplí con mi trabajo. Sé que hay una mirada (de valoración) por haber hecho el juicio (sobre robo de bebés), como ocurre con todos lo que hemos trabajado con las causas de esa humanidad. Que sí, es cierto, quedan en la historia. Pero yo lo quiero tomar como algo cotidiano porque si no sería muy pesado.

P: ¿Cómo llegó a intervenir en la causa del ‘Plan sistemático de robo de bebés’?

M.R.: La causa por robo de bebés venía ya desde el año 1997. Una causa en la que no solo estaba imputado Videla sino varios que militares más. Eran 34 casos en los cuales íbamos desde el caso (Francisco) Madariaga (fallecido en 2020), que había sido apropiado y había aparecido, hasta el caso de (Victoria) Donda, que había sido apropiada. El máximo referente de todo ese plan era Videla y en el medio estaban (Jorge ‘el Tigre’) Acosta, (Jorge Luis) Magnacco, (Antonio) Vañek y mucho más. Teníamos testimonios de chicas embarazadas que habían parido en lugares donde había maternidades clandestinas: Campo de Mayo, el Pozo de Banfield. Había una práctica sistematizada. Pero para poder decir que hubo una sistematización había que analizar varios centros clandestinos: todo el circuito La Plata, el circuito de Campo de Mayo, ESMA. Y así tuve que armar el juicio, primero por cada centro clandestino y en cada centro, cada caso puntual y las testimoniales de la gente que había sobrevivido y contado lo que había visto. Después, con la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, comienza una nueva etapa. Y también con los fallos que saca la Corte Suprema en su momento, después de la anulación (de las leyes) que hace el presidente (Néstor) Kirchner y el Congreso acompaña. La Corte después dicta tres fallos fundamentales, uno a partir del espía chileno (Enrique) Arancibia Clavel, para decir que esas causas no habían prescripto, porque eran delitos de lesa humanidad y, como tales, no prescriben. El delito es tan terrible para la sociedad que eso no puede prescribir. Mi trabajo era trazar toda la línea de responsabilidad penal, como se llama en derecho penal, para llegar a los máximos, a los que dieron las órdenes.

P.: En esa oportunidad la Justicia estuvo a la altura. Así lo vivieron los organismos de DDHH y las propias víctimas. ¿Cómo ve usted ahora los debates sobre la justicia?

M.R.: El poder judicial debe volver a ser confiable. Tiene que haber una justicia ordenada, transparente, creíble y que tenga una mirada amplia de la sociedad, conociendo qué es lo que pasa y dónde se necesita ser efectivo, ágil, llegar a tiempo. Se han vivido y se viven momentos complejos, que no son de la mejor calidad de justicia que se pueda ofrecer, con diez jueces que hacen una instrucción y un juicio que está comprado o lo que sea. Se puede hacer persecución política, como se ha estado haciendo, pero eso no quita que hay un montón de gente que trabaja seriamente y pone todo para hacer las cosas bien.

P.: ¿Cómo decidió ser abogada y cómo entró en el Poder Judicial?

M.R.: Siempre tuve presente durante mi carrera, y en el ejercicio de mi profesión, la búsqueda de ejercer derechos y lograr, un poco, que se haga justicia. Esa fue siempre mi motivación principal en el marco del país que viví -los ’60 y los ’70- en el que, bueno, las injusticias existían. Un país que tenía proscripciones políticas. Yo me críe en un barrio muy sencillo, Valentín Alsina, y mis viejos eran personas de laburo. Por eso sentía la injusticia, pero mis viejos me enseñaron que la educación era una herramienta importante para avanzar en el camino que uno quería armar. Hace poco conversaba con una amiga que siente nostalgia de los ’70, pero los ’70 fueron terribles. Yo viví la etapa más terrible de la facultad de Derecho, con patotas caminando por los pasillos y compañeros y compañeras a los que se llevaban, que habían sido torturados en el decanato, cosas horribles. Uno no entendía muy bien qué era lo que estaba pasando porque creía que se los llevaban detenidos y en algún momento aparecían pero la realidad fue terrible, porque no aparecían nunca más.

P.: ¿Y cómo fue su ingreso al Poder Judicial?

M.R.: Yo me incorporé antes de la reforma del año ’94; uno acercaba su currículum y veía qué podía pasar. Yo venía de la calle, no pertenecía al Poder Judicial. De hecho, las veces anteriores en que había intentado entrar, una vez me discriminaron por ser mujer y otra vez, en la época de los radicales, por peronista; pero sobre todo por ser mujer, porque me interesaba mucho el tema penal. Porque aunque en la facultad de Derecho la mayoría eran mujeres, en determinados cargos es como muy, muy difícil, poder llegar a ser jueza, o ser fiscal, o defensora oficial. En una entrevista, por ejemplo, cuando yo tenía 27 años, el secretario me mira y me dice: “Vos sos joven, y sos mujer, y si tenés que verte con un detenido…” Yo le dije: “Yo soy una profesional preparada y uno elige también qué cosas hacer dentro de la profesión”.

P.: En este año se cumplen 40 años del regreso de la democracia. ¿Cómo vivió aquel momento?

M.R.: Quienes tenemos algunos años y recordamos ese 1983, en el que todo parecía posible con la vuelta a la democracia y había mucha ilusión, después fuimos viendo que no era tan fácil.

P.: ¿Qué opina del fuero federal?

M.R.: La justicia federal necesita, sobre todo, que sea modernizada. Hay que tener recursos y la mejor calidad de personas, pero calidad en el compromiso con la justicia para que no se haga algo contra el estado de derecho. Y hay que poner la mirada en el tema de género, porque el Poder Judicial está un poquito atrasado. No puede haber una Corte con cuatro señores (por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti). No voy a abrir juicio de valor porque son personas intelectualmente importantes, pero no puede ser una Corte en la cual no haya cuatro mujeres más, o cinco más. Pienso que en algún momento tiene que caerles la ficha y dejar de jorobar.

 

Andrea Holgado para Ambito

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Sociedad

El bullying es “el mayor problema de la educación”

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A pesar de que en los últimos años se ha hecho eco y difundido acerca de las consecuencia que trae el bullying y la importancia de la salud mental, el acoso escolar parece incrementarse con las redes sociales e incluso, como hace menos de un mes en Barcelona, sigue cobrándose vidas.

A raíz de la vuelta a clases, sumado a la triste noticia de las gemelas marplatenses que saltaron de un tercer piso tras verse denigradas en la escuela “por el simple hecho de ser argentinas” y la identidad sexual de Alana -que murió a consecuencia de la caída-, es necesario que los padres sepan de qué manera pueden ayudar a sus hijos.

En ese sentido, el psiquiatra y médico marplatense, Juan Tesone, habló con El Marplatense para abordar la problemática. En principio, explicó: “El bullying es una conducta de acoso y violencia social en el medio escolar, que puede ser continuado o potenciado por el uso de las redes sociales, a través de las cuales se hostiga a alguno de los compañeros”.

Acerca del impacto que puede generar, comentó que “depende de la personalidad” de cada uno, pero si permanece en el tiempo puede ser muy grave, incluso llevando a la “auto lesión”.

“El bullying no es necesariamente físico, también lo hay psicológico, como burlas, destrato y descalificación. A veces es acompañado de otro fenómeno asociado llamado peaje, que es la exigencia bajo amenazas para que el niño o adolescente lleve todos los días a la escuela una cierta suma de dinero para que lo dejen entrar”, sostuvo el psicólogo.

En paralelo, destacó que “no es un fenómeno exclusivamente argentino”, sino que ocurre en casi todos los países, aunque “la  violencia escolar se ha incrementado” en los últimos tiempos de manera “alarmante”.

En tanto a la actuación de los padres, indicó que es necesario que tengan un diálogo con sus hijos, aún más sobre el ámbito social, y en la medida de que sea fluido, “tendrán que estar atentos a posibles cambios de conducta”, si se retraer o  no quiere asistir a la escuela.

“Toda actitud de aislamiento del ámbito escolar puede significar algún tipo de sufrimiento. En medida que lo detecten, hay que trasladarlo al colegio porque la comunidad escolar es responsable de lo que pase allí y no puede desentenderse ni siquiera en el caso de que el bullying ocurra en redes sociales, ya que éste es un espacio prolongado de la misma”, expresó Tesone.

“Lo más urgente es erradicar el bullying porque no puede ir a terapia si las acciones siguen activas. La escuela puede intervenir con un trabajo de dinámica grupal que responsabilice a cada miembro del grupo, escondidos en cierto anonimato, de las consecuencias que pueden desencadenar sus actos, no bastan las sanciones disciplinarias”, argumentó.

A su vez, el experto aseguró que es uno de los mayores problemas dentro de la educación, al mismo tiempo que la segunda es la violencia que muchos estudiantes trasladan desde su hogar.

“Sucede permanentemente. Tuve pacientes que lo sufren y los ayudo luego de que el bullying haya cesado porque sino es contraproducente. Los directivos deben hacerse cargo”, concluyó.

El Marplatense

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Salud

Receta digital: por qué la implementación será lenta y existen resistencias entre los médicos

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Adiós a la foto receta por WhatsApp. Desde este miércoles sólo dos documentos serán válidos para adquirir un medicamento en farmacias o droguerías de todo el país: la orden médica en papel y la receta electrónica o digital, un archivo que confecciona el médico a través de una plataforma digital, con firma electrónica certificada y una identificación única mediante código de barras o código QR.

Si bien es un paso para alcanzar la trazabilidad y fortalecer la seguridad del expendio de fármacos, hasta marzo de 2024 se tratará de un proceso paulatino que avanzará a paso lento, ya que el procedimiento para garantizar la firma certificada y otros datos clave, demorará. En una primera etapa que se extenderá por 12 meses, convivirán más de 50 apps o plataformas en las que los profesionales de la salud podrán confeccionar la prescripción electrónica.

Esto plantea un escenario poco claro para algunos médicos, que quedan librados a su propia elección personal o a la elegida por el distrito, la prepaga u obra social con la que trabajen. Esto implica que un mismo profesional se vea en la situación de utilizar tres o cuatro apps distintas para prescribir sus recetas.

Infobae participó esta mañana de una reunión en el Ministerio de Salud de la Nación con el fin de detallar el paso a paso del nuevo sistema que regirá desde el miércoles en todo el país y para toda la población, sin distinción del tipo de patología o tratamiento. Del encuentro participaron la ministra a cargo del área, Carla Vizzotti y los funcionarios encargados de implementar la nueva normativa.

Es importante destacar que la Ley 27.553 de Recetas Electrónicas fue sancionada en agosto de 2020, pero aún no fue reglamentada, es decir que falta la “letra chica” de la implementación sobre aspectos que aún no están claros. Ante la consulta de Infobae, Vizzotti aseguró que el decreto de reglamentación se publicará esta semana.

En diciembre de 2022 el Ministerio de Salud de la Nación dejó sin efecto la resolución anterior 696/20 que permitía presentar foto de recetas, fotocopias u órdenes médicas por mail para adquirir un fármaco (Getty)

Sonia Tarragona, jefa de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, explicó que la ley nacional “no se reglamentó antes porque el acto de prescripción digital (de un medicamento) forma parte de un acto médico más grande englobado en la telemedicina o la telesalud y, como en el Congreso de la Nación existían proyectos de telemedicina, la idea era esperar que saliera la reglamentación de todo el ejercicio virtual de la medicina. Como esto no ocurrió, se decidió avanzar en la reglamentación de Ley de Receta Electrónica”.

La foto receta deja de tener validez en todos los casos

Desde abril de 2020, la foto de la orden médica de papel, digitalizada por la cámara del teléfono móvil y enviada por WhatsApp o mail (denominada “foto receta”) fue autorizada por el Ministerio de Salud de la Nación de manera temporaria excepcional en el contexto del ASPO (Aislamiento Social y Preventivo Obligatorio) por el COVID-19.

Sin embargo, el uso de la foto receta se prolongó en el tiempo y su utilización se extendió en todas la ciudades del país, llegando incluso a representar más de la mitad de las prescripciones en algunas zonas. En diciembre de 2022, la cartera sanitaria nacional mediante una resolución dejó sin efecto esta modalidad.

Como excepción, su uso se extendió hasta el 28 de febrero para pacientes con enfermedades crónicas y tratamientos prolongados. Desde el miércoles, esta excepción queda sin efecto.

Cómo se prescribe la receta electrónica y/o digital

En CABA rige la Historia Clínica Electrónica y Receta electrónica desde hace ya 4 años (Getty)En CABA rige la Historia Clínica Electrónica y Receta electrónica desde hace ya 4 años (Getty)

Las recetas digitales no se efectuarán a través de una plataforma única unificada en todo el país. En esta primera instancia, que se prolongará por un año, todas las plataformas que hoy están en uso podrán seguir utilizándose.

Según el primer relevamiento del Ministerio de Salud de la Nación, en el país se utilizan unas 50 apps o plataformas para confeccionar recetas electrónicas. Cada médico puede acceder a ellas a través del sistema público de cada jurisdicción (como en la Ciudad de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires), de algunas obras sociales -como Pami-, las provistas por las prepagas y hasta apps gratuitas que cada médico puede descargar en internet.

En cuanto a por qué el Ministerio de Salud de la Nación no elaboró una plataforma nacional única para la confección de recetas, Vizzotti señaló que se priorizó integrar los distintos sistemas digitales que ya están en uso en lugar de diseñar uno desde cero, “se buscó construir sobre lo construido y no intentar hacer un sistema nuevo para que lo use todo el mundo, porque eso no funciona en la realidad”, apuntó la funcionaria.

El interrogante es cuál es el estatus de seguridad y protección de datos, tanto del paciente como del profesional de la salud, que ofrecen las distintas aplicaciones digitales que hoy se utilizan. “Se va a poner un plazo para que se inscriban todas las plataformas disponibles y las que no se inscriban, van quedan afuera del proceso. Mientras tanto se va a generar un conjunto mínimo de requisitos para que una vez que estén inscritas, sean evaluadas. Esos requisitos son los que se están trabajando con expertos, con las sociedades científicas y con los distintos subsectores del sistema de salud. Todo ese proceso va a ser progresivo”, señaló Vizzotti.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, presentó una aplicación a través del celular, por la cual los pacientes podrán tener sus prescripciones en formato digital, que serán aceptadas en todas las farmacias del territorio bonaerense (Getty)El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, presentó una aplicación a través del celular, por la cual los pacientes podrán tener sus prescripciones en formato digital, que serán aceptadas en todas las farmacias del territorio bonaerense (Getty)

“Hasta el 31 de diciembre de este año se podrán inscribir las plataformas y en marzo de 2024 vamos a empezar a registrarlas y autorizarlas, mediante un sistema de fiscalización progresivo”, señaló Claudio Ortiz, subsecretario de Calidad, Regulación y Fiscalización en Ministerio de Salud.

Cada plataforma digital debe poder validar la firma del profesional médico, la identidad del paciente, el nombre del medicamento y su dosificación. Todos estos aspectos en el primer año de implementación van a poder validarse en algunos casos y en otros no.

“El proceso de implementación en todos los países que han incorporado la receta digital es muy largo, va a llevar entre 5 y 10 años que en todo el país se pueda usar la receta electrónica”, añadió Ortiz.

Cómo se certifica la firma del médico

El objetivo de la receta electrónica es ofrecer mayor seguridad y trazabilidad, es decir poder seguir el proceso desde la prescripción hasta la venta en la farmacia. Para lograrlo, un paso indispensable es que la firma del profesional esté certificada.

Si bien cada médico tiene un número de matrícula distinto en cada jurisdicción, en la actualidad ya existe una Licencia Sanitaria Federal, un solo número que los identifica como profesional de la salud en todo el territorio nacional.

Medical doctor Makoto Kitada demonstrates a telemedicine application service called 'CLINICS', developed by Japanese medical start-up Medley Inc., in Tokyo, Japan, July 8, 2020. Picture taken July 8, 2020.  REUTERS/Issei KatoMedical doctor Makoto Kitada demonstrates a telemedicine application service called ‘CLINICS’, developed by Japanese medical start-up Medley Inc., in Tokyo, Japan, July 8, 2020. Picture taken July 8, 2020. REUTERS/Issei Kato

Esa licencia única se establece cada vez que un profesional se matricula en una jurisdicción y ese dato se envía al Registro Federal del Ministerio de Salud, allí se genera esa clave única de identificación, que es la Licencia Sanitaria Federal. Ese código de identificación es el que el profesional de la salud debe completar en las diferentes plataformas en las que confeccione recetas digitales. “Nadie va a tener que hacer un trámite adicional”, explicó el subsecretario de Calidad, Regulación y Fiscalización de la cartera sanitaria nacional.

“El gobierno de las matrículas no es del Ministerio de Salud de la Nación, cada jurisdicción regula a sus profesionales y con esa información que todos los colegios profesionales proporcionan al Registro Federal, el Ministerio de Salud recaba los datos para tener todo en un único lugar. La responsabilidad de la matrícula, de la sanción y de la vigencia es de cada colegio profesional que gobierna la matrícula”, explicó Sonia Tarragona, jefa de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación.

Por el momento, algunas apps para recetas digitales tienen la posibilidad de validar que sea una firma certificada perteneciente a un profesional matriculado y con Licencia Sanitaria Federal, pero no todas cuentan con este paso de seguridad. El plazo límite estipulado para que todos cumplan con este requisito es marzo de 2024.

El ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak admitió este lunes que aún son pocos los médicos adheridos al nuevo sistema de receta electrónica (Gettyimages)El ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak admitió este lunes que aún son pocos los médicos adheridos al nuevo sistema de receta electrónica (Gettyimages)

La situación en Ciudad y Provincia de Buenos Aires

En cuanto a la posibilidad de disponer de un medicamento a través de una receta digital, desde la Ciudad de Buenos Aires, explicaron a Infobae que en CABA rige la Historia Clínica Electrónica y Receta electrónica desde hace ya 4 años. De manera que todas las prescripciones del sistema público se hacen por receta electrónica y se retiran por farmacias. Respecto a validez de la “foto receta”, la misma seguiría en vigencia para enfermos crónicos el 28 de febrero, tal como lo dispuso la cartera sanitaria nacional.

Esta mañana el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, dio detalles de la implementación de la Receta Electrónica Bonaerense y dijo que en territorio bonaerense la inscripción de los médicos para dejar asentada su firma digital “es muy fácil y rápido”, pero indicó que es “presencial” porque deben “ir a mostrar la documentación” que los acredite como profesionales en un trámite similar, dijo, a “cuando uno saca la clave fiscal en la AFIP, que hay un nivel de seguridad que necesita que la persona vaya y lleve los papeles personalmente”.

Otro aspecto al que se refirió Kreplak es dónde puede utilizarse la receta digital emitida por un profesional bonaerense y dijo que si bien el sistema de receta digital “lo tienen todas las farmacias de la provincia de Buenos Aires” quienes obtengan una receta electrónica de ese distrito solo podrán comprar medicamentos en farmacias situadas en territorio bonaerense y no, por ejemplo, en Capital Federal”.

 

Diario Veloz

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