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Monitoreo de la propiedad de los conglomerados mediáticos en la Argentina.

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Quiénes son y qué intereses tienen los dueños de los medios de comunicación en la Argentina. Un resumen visual de los ejes de la investigación colaborativa entre Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el diario Tiempo Argentino -el proyecto MOM, por su sigla en inglés- sobre 52 medios y 23 grupos empresarios. El verdadero poder detrás de la información

La secuencia que convirtió al Grupo Clarín en el mayor gigante. La política reparatoria de Macri y la crisis de los trabajadores de prensa.

Son el poder detrás de la dieta informativa y de entretenimiento que consumen millones de argentinos. El primer eslabón –casi siempre oculto– de la disputa por la agenda pública: qué es noticia repetida hasta el hartazgo, qué se oculta o qué se calla. Y la pieza clave de una red de influencias que extiende y amplía sus fortunas a negocios asociados a otros numerosos rubros, como la obra pública, el agro, la explotación petrolera y energética o el juego.

Los dueños de los medios de comunicación en la Argentina son apenas un puñado de hombres, el vértice de una pirámide de ocho conglomerados que concentran el 60% de la audiencia nacional y que, favorecidos por las políticas desregulatorias del gobierno de Cambiemos, en los últimos años lograron profundizar sus niveles de concentración. El Grupo Clarín es un caso paradigmático de ese proceso: la fusión –autorizada en 2018– de Cablevisión (el mayor operador de televisión paga) y Telecom (una de las dos principales empresas de telecomunicaciones fijas y móviles) consolidó al multimedios como el gigante del mercado.

El mapa mediático argentino ubica al Grupo Clarín a la cabeza con la captura del 25,28% de las audiencias (6,84 % en radio, 10,62 % en televisión y 7,82 % por diarios); seguido muy de lejos por el Grupo América con un 7,25% (2,27% en radio, 4,09% en televisión y 0,89 % por diarios); y la estadounidense Viacom-Telefe Argentina con un 7,10% (100% por televisión).

El cuarto lugar le corresponde al Grupo Indalo con un 6,62% (5,12% por radio y 1,5% por televisión); secundado por la fusión entre la española Prisa y la mexicana Albavisión con el 6,21% (4,33% en radio y 1,88 por televisión); y el Grupo La Nación con el 2,97% (100% por diarios).

La cordobesa Cadena 3 con un 2,16% (100% por radio); y el estatal Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos (SFMyCP) con el 1,65% (100% televisión) completan el cuadro.

Esa lógica interna del ecosistema de la comunicación local es uno de los resultados de la investigación colaborativa sobre los dueños de los medios y sus intereses cruzados que Tiempo Argentino realizó junto a Reporteros Sin Fronteras (RSF).

Con una metodología aplicada en más de 20 países, el capítulo argentino del proyecto Media Ownership Monitor (MOM) relevó la trama de propiedad de un total de 52 medios, todos de influencia en la opinión pública argentina en los diferentes soportes (televisión, radio, prensa gráfica y online). Las conclusiones completas del trabajo serán presentadas este miércoles en el Congreso Nacional, durante una jornada de trabajo y análisis para promover el debate sobre los efectos de la concentración en las democracias de la región.

La Era Macri
La investigación incluye la revisión de los drásticos cambios en las políticas regulatorias que, con lógica de restitución para las empresas del sector, el presidente Mauricio Macri adoptó desde el inicio de su gestión: el desguace de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual –aprobada durante la etapa kirchnerista como resultado de un histórico debate transversal–, la flexibilización o eliminación de topes a la concentración en televisión y radio, tanto como en la propiedad cruzada, y la intervención de las autoridades de aplicación, entre otras medidas.

Además, el trabajo realiza una minuciosa actualización de la crisis que multiplicó cierres y despidos: desde 2016, más de 20 medios cerraron en todo el país y al menos 2700 trabajadores de prensa perdieron su empleo. Ocho de esos medios lograron ser recuperados y continuaron funcionando como cooperativas.

Junto con la política de hostigamiento a los medios públicos a través de despidos masivos, planes de retiro voluntario y recortes presupuestarios, el gobierno de Cambiemos optó por la política de no intervención en los conflictos entre las patronales y sus trabajadores, especialmente con la licuación del poder de control del ex Ministerio de Trabajo, hoy degradado a Secretaría.

Los trabajadores de los medios también fueron protagonistas de otro retroceso de la era Cambiemos: 45 periodistas resultaron heridos y otros 13 fueron detenidos por el accionar represivo de las fuerzas de seguridad en el marco de coberturas callejeras en los últimos tres años.

Deuda con las mujeres
La investigación incluye un relevamiento inédito sobre la presencia de mujeres, tanto en la propiedad de los medios como en los lugares clave para la gestión y administración editorial. De los 52 medios relevados por MOM Argentina, sólo 11 tienen accionistas mujeres, con una porción sensiblemente menor a la de los hombres y a quienes las unen relaciones de parentesco como herederas o esposas.

Además, en el 88,5% de los casos son hombres los que definen la línea editorial de los medios. Las empresas del sector que ocupan los cargos de CEO, gerencia de contenidos o dirección con mujeres suman apenas seis (11,5 por ciento).

El Grupo Clarín, un gigante consolidado
El grupo que surgió del diario fundado en 1945 por Roberto Noble y cuya expansión lideró el hoy mayor accionista y CEO del multimedios, Héctor Magnetto, tiene una centralidad indiscutible en el mapa de medios argentino.

Tras la fusión Cablevisión/Telecom, la distancia entre este conglomerado y el resto del ecosistema es gigantesca, tanto si se miden ingresos, audiencias, escala geográfica de operaciones, posición de dominio en cada mercado; como si se cruzan y combinan todos esos factores.

Las cifras dicen todo. Sin tomar en cuenta sus negocios de provisión de televisión paga, telefonía móvil y fija y conectividad a Internet, el Grupo Clarín obtuvo en 2017 ganancias por 159 millones de pesos, cuando el resto de los grupos mediáticos y su competencia no llegaron a cruzar el umbral de los 10 millones de pesos.

La renta del Grupo Clarín se multiplica si se incorporan sus unidades de negocios hoy agrupadas en Cablevisión Holding.

Además, es el principal beneficiario de la distribución de la publicidad oficial del gobierno nacional y de las administraciones de los distritos de mayor peso del país.

Intereses cruzados
Los principales conglomerados obtienen sus mayores ingresos en otras áreas de la economía, fuera de los márgenes de los medios que resultan una porción menor de sus negocios y, muchas veces, operan en función de sus otros intereses.

Desde hace dos años, Clarín es uno de los principales conglomerados económicos de la Argentina. Además de ostentar posición dominante en todos los segmentos de medios de comunicación y actividades auxiliares y complementarias (como Papel Prensa SA, que comparte con La Nación y el Estado Nacional), también posee intereses en ferias y exposiciones y organiza la principal muestra agropecuaria del país, en conectividad a Internet fija y móvil.

Además, es el principal operador en telefonía fija y móvil, en derechos de exhibición de contenidos, producción cinematográfica, imprenta, editorial de libros, cadena de librerías, logística y transporte, turismo y videojuegos.

El Grupo América (ex Grupo Uno), que tiene a Daniel Vila y José Luis Manzano como principales socios y artífices, cuenta con poderosos intereses en el sector energético y petrolero y en la provisión de servicios públicos. Otro de sus socios, Claudio Belocopitt, es el dueño de una de las mayores empresas de salud privada, Swiss Medical Group.

El Grupo Indalo, de Cristóbal López y Fabián de Sousa, ambos actualmente detenidos en una causa por supuesta evasión tributaria, tiene su origen en actividades de transporte, casinos, petróleo y combustibles. Recién en 2010 ingresó a la industria de medios y en 2012 compró el multimedios que pertenecía al empresario Daniel Hadad.

Sólo algunos pocos de los mayores grupos mediáticos obtienen el grueso de sus ingresos de la gestión de medios de comunicación y sus contenidos. Son los casos de Telefe, en manos de Viacom, el Grupo La Nación y el Grupo Perfil, entre otros.

Por más voces
La jurisprudencia, tanto argentina como continental, concibe a la concentración excesiva como un dispositivo o fórmula que lesiona el derecho a la libertad de expresión y del derecho al acceso a la cultura.

La concentración provoca una obvia reducción de los emisores y deriva en una menor pluralidad de opiniones y fuentes informativas, en la homogeneización de los géneros y formatos de entretenimiento y su virtual estandarización y en la unificación de las líneas editoriales.

La investigación de MOM Argentina revela quiénes son los magnates al frente del universo de los medios de comunicación y cuáles son sus intereses asociados con el objetivo de contribuir a la discusión sobre la necesaria multiplicación de voces y la garantía de políticas públicas que las resguarden.

Un debate de alcance regional
Los resultados de la investigación serán presentados este miércoles a las 9:00 en el salón auditorio del Anexo A de la Cámara de Diputados en una jornada que tiene como objetivo promover el debate sobre los efectos que tiene la concentración de los medios sobre la democracia.

Además de los investigadores del proyecto MOM Argentina y especialistas locales, participarán del encuentro periodistas, académicos, políticos y autoridades de regulación de Brasil, Perú, Colombia, México y Uruguay para discutir cómo se ven afectados los países de la región.

Claves y obstáculos

La investigación tomó como punto de partida la selección de los principales medios de televisión, radio, web y prensa gráfica de la Argentina, una muestra de las empresas de comunicación que más influyen en el proceso de formación de opinión pública.

La recolección y evaluación de datos de audiencia para los casos de radio y televisión; circulación para prensa gráfica; y visitantes únicos para sitios web definieron el listado final. En todos los casos se trata de medios con información noticiosa y de actualidad.

Durante los cinco meses que duró la investigación, el equipo de MOM Argentina encontró varios obstáculos para acceder a la información. En términos generales, las empresas de medios no están obligadas a transparentar su composición accionaria, salvo el Grupo Clarín, que cotiza en Bolsa.

En virtud de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el requisito sí alcanza a los medios audiovisuales que, sin embargo, en la mayoría de los casos incumplen con la normativa. El Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), autoridad de aplicación, tampoco formaliza el control.

A través de la Agencia de Acceso a la Información Pública, que depende del Poder Ejecutivo, se aceleraron y facilitaron los pedidos de datos oficiales. Esto no implicó que las respuestas de los organismos fueran completas.

El arancelamiento del pedido de datos públicos a la Inspección General de Justicia (IGJ) resultó otra traba: el acceso a registros de compañías es costoso y lento.

Poder concentrado
Por: Adrián Murano

“LA ARGENTINA TIENE LA MÁS AMPLIA LIBERTAD DE PRENSA DE SU HISTORIA”. Así, con mayúsculas –lo que en las redes sociales equivale a gritar-, Mauricio Macri comunicó el pasado 31 de marzo en su cuenta de Twiter que “la Sociedad Interamericana de Prensa destacó a la Argentina por tercer año consecutivo por la completa libertad de prensa que rige en el país”.

Lógico: la SIP reúne a los dueños de los medios tradicionales, la mayoría de ellos beneficiados por el Estado en la era Cambiemos. Y es común que en esos foros se confunda la libertad de empresa con la libertad de prensa, dos conceptos que sólo se emparentan en la fonética.

Lejos del clima festivo, el periodismo argentino sufre una calamidad. Con Macri en la Rosada se registraron más de 3000 periodistas despedidos, pauperización salarial, precarización laboral, vaciamiento de medios públicos, persecución judicial y económica contra emisoras críticas.

La contracara de esa devastación son las principales empresas de medios, que con Macri en el gobierno experimentaron una vertiginosa expansión. El Grupo Clarín –el principal oligopolio de prensa de la Argentina– se convirtió en una “telco” con la adquisición de Telecom y obtuvo una ley a medida para aumentar el precio de Papel Prensa a discreción. En lo que va del año, de hecho, el papel para diarios ya aumentó dos veces, acumulando un alza de 17,6%.

Clarín comparte los beneficios de Papel Prensa con La Nación, que consolidó su oferta multimedia y avanzó en el mercado del real estate. El Grupo América fue el mayor receptor de pauta publicitaria en términos relativos y Editorial Perfil se hizo con licencias de radio y televisión.

Los medios mencionados integran el minucioso informe elaborado por Tiempo Argentino y Reporteros Sin Fronteras, una prestigiosa organización internacional que escogió a este diario para realizar su tradicional Monitoreo de la Propiedad de los Medios (MOM, por sus siglas en inglés).

El informe ya fue realizado en 20 países, y es la primera vez que se materializa en la Argentina. La elaboración demandó seis meses de trabajo de un equipo integrado por periodistas de este diario, colegas internacionales y académicos expertos en comunicación. El esfuerzo se verá plasmado desde esta semana en las web del diario y de RSF.

“Los medios de comunicación son un pilar para el sistema democrático, el Estado de derecho y la protección y difusión de los derechos de las personas, entre ellas las libertades de información y expresión”, prologa el informe, que el próximo miércoles 10 será presentado en el Congreso de la Nación. Del evento –que es de acceso público y gratuito– participarán reporteros, legisladores y académicos de distintas latitudes.

El trabajo contiene revelaciones y hallazgos sobre los dueños de las empresas de medios, información que suele permanecer oculta para las audiencias que los consumen. Y en el prólogo se anticipa una primera conclusión: “El Monitoreo de la Propiedad de los Medios encontró que la crisis económica local y la ausencia del Estado para atenuarla, junto a una legislación que favorece la concentración de medios de comunicación y beneficia a los grandes conglomerados, asfixia económicamente el periodismo crítico y limita el derecho de la sociedad argentina a tener acceso a voces plurales”.

Los datos recabados en el informe indican que la realidad es bien distinta al panorama que el presidente presentó a los gritos. Otra vez.

El equipo
El proyecto MOM Argentina es una investigación colaborativa entre Tiempo Argentino y Reporteros Sin Fronteras (RSF).

El equipo estuvo integrado por Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Información, docente e investigador del Conicet; Gerardo Aranguren, editor web de Tiempo Argentino; Nube Álvarez, coordinadora regional del Proyecto MOM; Agustín Espada, magister en Industrias Culturales de la Universidad de Quilmes; y la periodista Marianela Bocanegra.

El análisis legal de la investigación y sus indicadores estuvo a cargo del abogado, docente y doctor en Ciencias de la Información Damián Loreti; junto a Diego de Charras, director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA; y Luis Lozano, docente e investigador de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA.

También colaboraron Viviana Mariño, docente y editora de Política de Tiempo; y Javier Borelli, editor de Información General de Tiempo.

Las infografías estuvieron a cargo de Pablo Barruti y Transmedia.

Además, hicieron un aporte fundamental al proyecto las diferentes áreas editoriales y administrativas de la Cooperativa Por Más Tiempo: administración, fotografía, redacción, diseño y audiovisual, entre otras.
Foto: Mariano Martino
Fuente: Tiempo Argentino

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Investigan la desaparición de un joven en Bahía Blanca: fue visto por última vez cuando lo subían a un patrullero

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 Facundo Astudillo Castro salió de su casa el pasado 30 de abril pero nunca llegó a destino. Tres testigos declararon que fue demorado ese mismo día por policías. La familia denuncia serias irregularidades en la investigación
Facundo Astudillo Castro tiene 22 años y lleva más de dos meses desaparecido

Un joven de 22 años desapareció sin dejar rastros hace más de dos meses en Bahía Blanca y su familia pide que se investigue si la policía de la localidad de Mayor Buratovich estuvo involucrada.

Facundo Astudillo Castro salió el 30 de abril de su casa en Pedro Luro, ciudad de Villarino, provincia de Buenos Aires, rumbo a Bahía Blanca, pero nunca llegó. Intentaba llegar a dedo y sin el permiso de circulación hasta la casa de su novia, con quien se había peleado recientemente.

La última vez que lo vieron vestía un pantalón de jogging negro, campera deportiva negra, zapatillas azules y una mochila azul con letras blancas.

Fue Daiana González, su ex pareja, la que dos semanas después le informó a la familia del joven que este nunca había llegado. En ese momento su madre, Cristina Castro, presentó una denuncia por averiguación de paradero. Facundo nunca se volvió a comunicar con sus familiares ni amigos y su teléfono permanece apagado.

Al poco tiempo, la familia denunció irregularidades en la investigación que llevó adelante la Ayudantía Fiscal de Villarino. Principalmente, porque descubrieron que los policías dieron declaraciones contradictorias: dijeron haber visto a Facundo en la localidad de Mayor Buratovich y después en Teniente Origone.

Incluso uno de los policías afirmó que una camioneta lo levantó y salió en dirección a Bahía Blanca; pero cuatro días después, cambió su testimonio y dijo que, en realidad, se fue caminando.

La mamá de Facundo sospecha que los efectivos estuvieron involucrados en su desaparición y pidió que la comisaría sea intervenida. También reclamó que el fiscal sea separado de la causa. “Creo que ni leyó lo que declararon los policías; si no, se hubiera dado cuenta de que algo pasaba ahí”, señaló a Infobae.

“Los últimos en ver a mi hijo con vida fueron los policías”, dijo, y aclaró que Facundo era muy activo en las redes sociales y también muy cercano con su grupo de amigos. Desde aquel día no realizó ningún posteo ni se comunicó con nadie.

Y agregó: “Mi hijo puede estar muy enojado conmigo, pero unos días, no dos meses. Además, no cortaría la relación con sus amigos”.

Por esa razón, presentó una denuncia penal ante la Justicia federal por desaparición forzada. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), órgano de control de los derechos humanos, adelantó que se presentará como querellante institucional y también insistió en que se aparte a la policía.

Tras su intervención en el caso, descubrieron aún más irregularidades en la investigación: a pesar de ser infraccionado por violar la cuarentena y de constatar telefónicamente con la madre el domicilio de Facundo, los policías –según dicen– no dispusieron que retornara a su casa sino que lo dejaron seguir camino.

Por otro lado, ni la policía ni la Justicia notificaron a la familia de las declaraciones de los policías que, supuestamente, ubicaron a Facundo en Teniente Origone y en una camioneta en dirección a Bahía Blanca. Recién se conocieron estos testimonios el 19 de junio, más de 50 días después de la desaparición, durante los rastrillajes en la zona. Ese mismo día, también notaron que la ubicación informada por los policías que lo demoraron no era la misma que figuraba en el acta.

Tuit del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla

Tuit del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla

Finalmente, la semana pasada – 27 de junio- tres vecinos de Pedro Luro se comunicaron con la familia de Facundo y le contaron que el día de la desaparición, alrededor de las 15, después de pasar el ingreso de la localidad de Mayor Buratovich, vieron a Facundo cuando era detenido por dos policías e ingresado a la cabina trasera de un patrullero.

“La policía seguía haciendo operativos en Pedro Luro cuando nosotros tenemos la certeza de que acá no está. Y me decía: ‘Ya va a aparecer’”, dice su mamá.

Los tres vecinos se habían presentado en la comisaría de Pedro Luro para ofrecer su testimonio, pero nunca fueron llamados a declarar. Su versión contradice directamente las declaraciones de los policías.

Ahora la causa continúa en la Fiscalía Federal de Bahía Blanca, a cargo del doctor Santiago Ulpiano Martínez. “Lamentablemente los tiempos de la Justicia no son los tiempos de las personas”, reflexiona la mamá de Facundo, que no pierde la esperanza de encontrar a su hijo.

Hasta el momento, este medio no obtuvo respuesta de las autoridades del Ministerio de Seguridad bonaerense. Desde la Ayudantía Fiscal de Villarino se negaron a hacer declaraciones sobre la investigación.

FUENTE : INFOBAE

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Robin Soderling reveló el infierno que sufrió: “Llegué a buscar en Google cómo suicidarme”

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El ex tenista sueco contó que lejos de disfrutar su mejor momento deportivo, lo padeció con reiterados ataques de pánico y ansiedad.

La vida de un deportista de élite a la vista del resto de los mortales parece pasar por ganar más o menos títulos o más o menos plata pero muchas veces esconden una historia detrás no solo por su origen y su sacrificio para llegar a ese lugar de privilegio sino también sobre cómo convivir con el éxito y la presión, y esto se potencia en un deporte individual y tan mental como el tenis y la confesión de Robin Soderling sobre los ataques de pánico y ansiedad sufridos expone esta realidad de una manera muy cruda.

“Tenía ansiedad constante, me roía por dentro. Me sentaba en el apartamento y miraba al vacío sin entender, el ruido más pequeño me provocaba pánico. Cuando una carta caía sobre el felpudo, me entraba tal pánico que caía al suelo. Si sonaba el teléfono, temblaba de miedoLlegué a buscar en Google cómo suicidarme“, reveló el sueco a la emisora pública de su país, aunque aclaró que realmente no quería morir, pero “cualquier cosa era mejor que esta vida en el infierno”.

Soderling ganó diez títulos ATP en su carrera y atravesó su mejor momento entre 2009 y 2011, alcanzando el cuarto puesto del ranking en noviembre de 2010, con dos finales consecutivas en Roland Garros y una victoria sobre el imbatible Rafael Nadal en el polvo de ladrillo parisino incluidas. Pero ese éxito, lejos de disfrutarlo, lo terminó padeciendo, autoexigiéndose de manera desmedida: “Solo había tres jugadores con los que podía perder, al resto tenía que ganarles, si no me sentía mal, fracasado, un perdedor”,  contó en diálogo con Verano en P1.

En julio de 2011, después de ganarle a David Ferrer la final del Abierto de Bastad, su último partido profesional, manejaba de vuelta a su casa en Montecarlo cuando empezó a caer en “un abismo negro sin fondo”, un malestar que empeoró un mes más tarde, antes de jugar el US Open. “Me entró pánico, empecé a llorar. Lloraba y lloraba. Volví al hotel y me tiré en la cama, cada vez que pensaba en salir a la pista, entraba en pánico. Por primera vez sentí que independientemente de cuanto quisiera, no podía, ni aunque me pusieran una pistola en la sien”, recordó.

FUENTE : PERFIL

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Coronavirus en Argentina: compras y contrataciones públicas por la emergencia de la pandemia, bajo la lupa

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Según Poder Ciudadano, el 72% se realizan por el régimen especial de emergencia y sólo el 20% son publicadas en los sitios oficiales. Debate en la Auditoría General de la Nación ante un pedido de esta ONG y de la oposición para auditar las que se resolvieron en el primer semestre

El 72% de las contrataciones de organismos nacionales se realizaron a través del régimen especial de emergencia por la pandemia, mientras que el 19% fueron realizadas a través del mecanismo de contratación directa. Solo el 5% fueron realizadas a través de licitación pública, el mecanismo usual para las compras y adquisiciones del Estado. Así surge de un relevamiento realizado por Poder Ciudadano, en el cual estimó que solo un 20% de las contrataciones públicas relacionadas a Covid-19 están siendo publicadas.

No se encuentran garantizados estándares mínimos de transparencia y rendición de cuentas sobre las compras que realizó el gobierno nacional para combatir los efectos de la pandemia”, señaló el capítulo argentino de la Transparencia Internacional en su informe.

Por este motivo, la ONG le solicitó formalmente a la Auditoría General de la Nación (AGN) la realización de auditorías de todas las contrataciones públicas realizadas en el marco de los decretos y disposiciones administrativas dictados en la lucha contra el Covid-19. Y esta semana le envió otra nota a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas -a la que la AGN remite sus informes-, para que “instruya” al organismo de control a incluir estas auditorías sobre las contrataciones por la pandemia en su Plan Operativo Anual ya aprobado.

Para elaborar el informe que envió a la AGN, Poder Ciudadano relevó 61 portales oficiales, entre ellos Compr.ar, el Boletín Oficial, la Oficina Nacional de Contrataciones, y las páginas web de los distintos organismos nacionales, incluidos los hospitales. El objetivo es poder “ejercer un control social efectivo” sobre “la integridad de los fondos públicos afectados” con foco en el acceso y la publicidad del sistema de compras y contrataciones públicas.

“No criticamos las compras de emergencia porque entendemos que son instrumento necesario en este momento. Pero necesitan un control de emergencia específico. Hay información desperdigada en distintos sitios web oficiales; cada ministerio hace sus compras, y la cantidad de información publicada varía sustancialmente”, le dijo Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, a Infobae.

Germán Emanuele, director de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la ONG, detalló con qué se encontraron en su relevamiento: “A partir de relevar los números de expedientes que en los distintos organismos, como llevan números correlativos, detectamos que hay una gran cantidad que no están publicados. Estimamos que solo el 20% figura en los portales oficiales. Hay compras que están en las páginas de los ministerios que pero que no están en el sitio Compr.ar; hay adjudicaciones que aparecen en el Boletín Oficial pero no figuran en el sitio Compr.ar. Y por otro lado, está la convocatoria o el inicio de la contratación, pero no la adjudicación”.

Observatorio de Compras Covid-19

La información publicada en los sitios oficiales portales fue cargada manualmente por Poder Ciudadano en una única base de datos on line de acceso público y en formato abierto, que se irá actualizando con el tiempo. Este Observatorio de Compras COVID-19 incluye hasta el momento la información de las 330 contrataciones iniciadas dentro del período de la emergencia, hasta el 30 de mayo último.

La base de datos cuenta con información desagregada sobre el tipo de contratación, objeto de la contratación, el estado del proceso, datos sobre las ofertas realizadas (oferentes, montos ofertados), quiénes fueron los adjudicatarios, el valor de la compra, y las referencias de los portales web de donde se extrajo la información.

Del relevamiento surge que la mayoría de las contrataciones se encuentran concentradas en la Universidad Nacional de San Martín, las Fuerzas Armadas y de Seguridad, el Ministerio de Salud y el de Desarrollo de la Nación, y hospitales nacionales.

Los principales organismos del Estado nacional contratante. Fuente: Poder Ciudadano

Los principales organismos del Estado nacional contratante. Fuente: Poder Ciudadano

El 72,3% se realizaron a través del régimen especial de emergencia por la pandemia, mientras que el 19% fueron realizadas a través del mecanismo de contratación directa. Solo el 5,3% fueron realizadas a través de licitación pública y el 1,7% bajo el sistema de licitación privada.

Hasta el 30 de mayo, fueron adjudicados más de $3.000 millones de pesos a 182 oferentes. Del total de las contrataciones relevadas, al 30 de mayo resultaron adjudicadas el 51%, un 38% estaba pendiente, el 5% quedó desierta y otro 5% resultó fracasada.

Respecto de las empresas participantes en cada proceso de compra que resultaron adjudicadas, según el informe de Poder Ciudadano, lideran el ranking por monto promedio del contrato, TECME SA, Genbiotech SRL y Chemtest Argentina SA, con sumas que van de los $260.000 a los $384.000.

Las principales empresas que resultaron adjudicadas en las compras por la emergencia de Covid-19. (Fuente: Poder Ciudadano)

Las principales empresas que resultaron adjudicadas en las compras por la emergencia de Covid-19. (Fuente: Poder Ciudadano)

Riesgos detectados

Entre los riesgos que detectó Poder Ciudadano en el procedimiento de excepción de compras públicas de emergencia, figuran:

– Amplios márgenes de discrecionalidad, ya que se puede optar por realizar la contratación a través del sistema Compr.ar o por fuera de él.

– Ambigüedad en la determinación de la invitación a proveedores a participar. Cuando una contratación se realiza por fuera del Compr.ar, la norma indica que debe invitarse a mínimo de tres. Pero esta disposición genera el riesgo de que los proveedores sean elegidos para beneficiar a uno en particular.

– Ausencia del acto formal de apertura de ofertas y de la instancia para impugnar la decisión por parte de los proveedores descartados, ya que no se emite un dictamen de evaluación.

– La normativa permite que la compra se adjudique, incluso, si se presentó una sola oferta.

– La publicación de la contratación pasados los 10 días de completada impide el control de la ciudadanía en forma concomitante.

Cómo es el proceso de contratación de emergencia por el Covid-19 y sus riesgos (Fuente: Poder Ciudadano)

Cómo es el proceso de contratación de emergencia por el Covid-19 y sus riesgos (Fuente: Poder Ciudadano)

Discusión en la AGN

El pedido de Poder Ciudadano generó una fuerte encontronazo entre los miembros del Frente de Todos y los de la oposición en la reunión de auditores del martes pasado. En el temario estaba previsto que se trate una iniciativa del radical Alejandro Nieva para incorporar a partir de julio al Plan Operativo Anual 2020, aprobado el año pasado, la auditoría de los gastos presupuestarios y las compras efectuadas por el Estado desde que se inició la pandemia.

La AGN es un organismo de control externo del Ejecutivo de asistencia técnica al Poder Legislativo. Está integrado por siete miembros y presidido por un opositor. Desde este año, su titular es el radical Jesús Rodríguez, pero la mayoría la tiene el actual oficialismo.

El presidente de la AGN y coautor de esa propuesta avaló el pedido y mencionó la nota de Poder Ciudadano en el mismo sentido y un pedido de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Esta Fiscalía envió un oficio consultando si la AGN estaba llevando adelante alguna auditoría en relación a los sobreprecios detectados en las compras de alimentos que realizó el Ministerio de Desarrollo Social. La PIA inició una investigación preliminar sobre este tema y advirtió las dificultades para realizar su tarea por la “desorganización reinante en cuanto a la poca transparencia, visibilidad e ineficiencia de gestión de la actividad estatal en materia de información pública”.

Pero los auditores oficialistas Javier Fernández, Juan Forlón, Graciela De la Rosa y Gabriel Mihura Estrada plantearon sus objeciones, por considerar que, encarar una nueva auditoría a esta altura implicaría frenar las investigaciones en curso sobre la gestión de Mauricio Macri. Además sostuvieron que cualquier modificación al Plan Operativo anual debía contar con el visto bueno de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso.

“No implica dejar de auditar lo que se tiene que auditar de toda la gestión anterior. Eso es un pretexto para decir que no quieren auditorías concomitantes”, replicó Nieva. Este auditor radical que hace 11 años se desempeña en la AGN insistió en que el organismo debe incorporar al Plan Anual las contrataciones de la emergencia, ya que la norma prevé hacerlo hasta un mes antes de comenzar la auditoría.

Alejandro Nieva (UCR), auditor de la AGN.

Alejandro Nieva (UCR), auditor de la AGN.

“Siguiendo los lineamientos de todas la entidades fiscalizadoras del mundo, podemos y debemos adecuar los planes de la Auditoría para ejercer un control de modificaciones presupuestarias vinculadas al Covid. Esta gestión ya lleva siete meses, y podemos auditar las contrataciones y compras en el marco de la emergencia del primer semestre. Más teniendo en cuenta que este año no tenemos un Presupuesto aprobado y las facultades del jefe de Gabinete para reasignar de partidas”, advirtió Nieva en diálogo con Infobae.

“Hay compras ya terminadas, que no están en ejecución. Y hay auditorías no solo vinculadas a compras, como por ejemplo a la gestión de geriátricos por parte del PAMI, que pueden comenzar en agosto, y se auditan hasta un mes antes, el 30 de junio”, agregó el auditor radical.

Pero desde el oficialismo, ante la consulta de este medio, se mantuvieron en su postura. “Los recursos son escasos. El plan de acción fue aprobado el año pasado. Es una cuestión de horas de trabajo. Si están pidiendo duplicar lo que que revisar, no se puede hacer la misma cantidad de auditorías. Lo que sí podemos hacer, es terminar primero el Plan actual de este año, y arrancar luego con lo de la emergencia por el coronavirus. Esas contrataciones se van a auditar, pero ellos quieren dejar de lado las auditorías sobre la gestión del macrismo cuando hay cosas muy graves, como el endeudamiento externo”, sostuvo ante este medio un auditor del Frente de Todos.

“Por otro lado, la AGN siempre hace auditorías ex-post. Tenemos un desfasaje de un año o dos. Para los controles internos en el tiempo que suceden las contrataciones está la SIGEN. A nosotros nos prohíbe la ley hacer controles concomitantes. Cuando estaba Macri en el Gobierno, decían que había que esperar. Pero hoy quieren auditar la actual gestión”, argumentó un auditor integrante del oficialismo.

Y relativizó la falta de controles señalada: “Es un error decir que no existen en la emergencia. Si hacés una licitación con todos los tiempos que te quieren, posiblemente llegues a destiempo. Pero se pueden tomar medidas como una contratación directa y se siguen los canales para darle transparencia. Los controles siguen existiendo, la auditoría interna de cada organismo sigue estando y la SIGEN sigue actuando también. No es que no haya controles”.

El argumento fue rechazado, a su vez, por el presidente de la AGN. “La SIGEN hace el control interno y nosotros el externo. En el contexto de emergencia que estamos viviendo, la AGN algo tiene que hacer, no podemos hacer de cuenta que no pasa nada. No quieren auditar las contrataciones de emergencia y buscan argumentos de que no se puede, cuando sí se puede, al menos, hasta un mes atrás. La AGN tiene autonomía funcional. Un ejemplo fue el caso de Sueños Compartidos”, recordó Rodríguez, en referencia al plan de construcción de viviendas sociales por parte de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que fue denunciado por numerosas irregularidades y la Justicia se basó en un informe de la AGN para corroborarlas.

Jesús Rodríguez, presidente de la Auditoría General de la Nación

Jesús Rodríguez, presidente de la Auditoría General de la Nación

El Frente de Todos hizo una contrapropuesta que la oposición quedó en estudiar. “Es bastante mezquina. Nosotros propusimos varias auditorías, y ellos dicen que no a la mayoría, y aceptan solo unas pocas”, admitió Nieva, sin perder las esperanzas de poder llegar a una postura consensuada.

Ante la falta de acuerdo, oficialismo y oposición decidieron posponer una definición hasta la asunción de Miguel Pichetto en la AGN que ocurrirá en estos días. Se prevé que la próxima reunión de auditores sea la semana del 13 de julio. Para entonces, con el cuerpo de auditores completo, Nieva y Rodríguez esperan sumar una voz de apoyo con el ex senador peronista devenido en opositor, a la discusión de la propuesta de ampliar el plan de auditorías.

“La propia AGN tiene en su web una vía para que la sociedad civil envíe recomendaciones de programas o áreas a auditar. En la emergencia, hay que fortalecer los controles. Este tipo de auditorías no deberían trabarse en una discusión política entre el oficialismo y la oposición”, se lamentó Secchi, de Poder Ciudadano.

FOTO TAPA ;: EL CRONISTA

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