Pianelli y Segovia, las caras más visibles de los metrodelegados
Los metrodelegados reclaman que se los reconozca como gremio. Quieren diferenciarse de la UTA, pero la Corte Suprema les quitó la personería y no pueden discutir las paritarias. Los planes de Metrovías y el Gobierno de la Ciudad para finalizar el problema
Bajo tierra hay un problema. Una disputa de años que tiene a los metrodelegados, Metrovías, la UTA y al Gobierno de la Ciudad en la escena. Las detenciones de los 16 trabajadores del subte desencadenaron en la suspensión total del servicio el martes pasado durante doce horas. Una situación que late como una amenaza y podría volver a repetirse en los próximos días. La crudeza de un enfrentamiento por el reconocimiento gremial y la pugna por las paritarias asoman como una nube sobre los millones de pasajeros que utilizan el servicio día a día.
El puntapié inicial lo dieron los jueces de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. El 14 de marzo los letrados rechazaron la personería gremial de los metrodelegados, algo que habían obtenido el 26 de diciembre de 2015 con la firma de Carlos Tomada, entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Al funcionario le quedaba menos de una semana en el cargo.
Desde la Corte respondieron favorablemente la denuncia de la UTA, que argumentó el incumplimiento de la ley 23.551 de asociaciones sindicales para que se le concediese la personería a un nuevo sindicato: la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro no tiene la cantidad necesaria de participantes para ser considerada sindicato.
“Lo que está más que claro es que querer hacer un sindicato independiente, que defienda los intereses de los trabajadores y se aleje de la UTA, tiene su costo”, consideró Beto Pianelli en diálogo con POPULAR.
Las medidas comenzaron hace dos meses con la suspensión del servicio y la liberación de molinetes en forma programada y escalonada en todas las líneas y el Premetro. Los trabajadores intentaron así evitar la cancelación total, como en 2012, cuando no hubo subtes durante diez días en un contexto de discusión por el traspaso a la Ciudad de la administración que estaba en poder de la Nación.
Pero apenas un mes después del fallo de la Corte, la UTA acordó con las autoridades laborales y la empresa Metrovías un aumento salarial del 15,2% dividido en tres cuotas. El número fue considerado insuficiente por la AGTSyP. Comenzó la crisis irremediable.
“El Gobierno puede solucionar el problema así de simple, pero nos quieren bajar el salario, quieren precarizar el trabajo, se nota. Por eso nos manda a reprimir”, critica Pianelli.
A menos de 24 de horas de la medida que paralizó la red, desde la empresa concesionaria Metrovías le afirmaron a POPULAR que se labraron y enviaron 150 telegramas de suspensión. “114 de ellos son delegados que cuentan con tutela sindical”, detalló la empresa.
La firma tiene el aval del Gobierno porteño y, según explica, poseen el personal jerárquico “con el carnet habilitante correspondiente para conducir los trenes” y no resentir el servicio.
El Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, en diálogo con Radio Mitre defendió la postura al sentenciar que se va a “seguir sancionando a quienes pararon” porque, argumentó, “no pueden tener de rehenes a 700.000 usuarios del servicio como lo hicieron ayer”.
Desde el Ministerio de Trabajo, Jorge Triaca propone que “el subte sea considerado un servicio esencial”, pero la solicitud la deben realizar Metrovías o la Ciudad.
“Todavía no me lo solicitaron, pero si lo hacen va a ser considerado como se hace en todos los pedidos de este tipo. De esa manera, siempre tiene que haber una dotación mínima para poder dar el servicio”, explican.
La UTA volvió a hacer silencio ante este conflicto y, a pesar de la insistencia de POPULAR para dialogar con Roberto Fernández, no hubo respuestas al respecto.
Lejos de ponerle paños fríos a la situación, el Jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, les adelantó a los medios que buscarán capacitar a choferes para que intervengan cuando haya huelgas similares.
La AGTSyP reitera que volverá realizar el trámite para obtener la personería “una vez subsanadas las irregularidades formales señaladas” por la Corte y logre la representación oficial de los trabajadores del Subte. Continuarán en la pelea y el conflicto queda lejos de terminar. Néstor Segovia, acaso la cara más visible del conflicto, desafía desde el micrófono: “No tenemos miedo a ir presos”.
Exministra de Economía bonaerense en el gabinete de Daniel Scioli, al que arribó de la mano de Alejandro Arlía, que entonces lideraba el grupo de trabajo y militancia “Peronistas sin fronteras”. Actual secretaria de Provincias del Ministerio del Interior que conduce el camporista Eduardo “Wado” de Pedro. Siempre hincha de Boca. Silvina Batakis es la nueva ministra de Economía de la Nación, donde reemplazará a Martín Guzmán.
Como ministra de Scioli, le tocó pelear y perder la batalla para que Cristina Kirchner habilitara más fondos a la provincia. Tras la derrota, tuvo que anunciar el desdoblamiento de los aguinaldos mediante un decreto, una medida que, según dijo, la dejó “angustiada”, y que desencadenó una huelga de estatales y docentes que profundizó un conflicto que no parece tener solución a la vista. Como funcionaria de Alberto Fernández y De Pedro, encabezó la batalla para que la ciudad de Buenos Aires no recupere en la Corte Suprema los fondos de la coparticipación que le retrajo la Casa Rosada en 2020.
La mujer que entonces le llevaba los números a Scioli no era política, sino una funcionara técnica que transpiraba la interna feroz entre el exgobernador y la expresidenta. Así y todo, dentro de las tribus del sciolismo siempre fue identificada en el plano más cercano al pensamiento kirchnerista. Su incorporación a la tropa de “Wado” de Pedro, años después, confirmaría esa proximidad.
Siempre prefirió el bajo perfil, salvo para profesar su amor por la camiseta azul y amarilla. “Es ferviente seguidora de Boca. Va a la cancha sola o con su hijo. A su marido no le gusta el fútbol, pero ella se vuelve loca”, dijo un compañero del gabinete sciolista, que en ese entonces la describió como “simpática, optimista y divertida”.
Egresada de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, Batakis se diplomó con un máster en Finanzas públicas provinciales y uno en Economía ambiental de la Universidad de York, Inglaterra. Obtuvo diversas becas en el exterior. Se capacitó en Francia, Inglaterra y Chile. Su referente en Economía era entonces Patricio Narodowski, un economista heterodoxo. Hoy se presenta como doctoranda de la Universidad Austral.
Batakis ascendió en el gabinete sciolista de la mano de Arlía, quien murió en julio de 2016. Cuando Arlía fue titular de Economía en el gabinete de Scioli, ella fue jefa de asesores y subsecretaria de Hacienda. Y en 2011, al dejar la cartera económica para ir a Infraestructura, Arlía la propuso como su sucesora. Entonces, Batakis tuvo la oportunidad para la que se había preparado a lo largo de toda su vida académica: si Scioli llegaba a la Presidencia, iba a convertirse en su ministra de Economía. Lo logró seis años después, con el motonauta como ministro de la Producción.
María José Lucesole para La Nacion
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Entre ellos, el presidente destacaba que en 30 meses al frente, Guzmán renegoció la deuda con bonistas y el Fondo Monetario Internacional.
El renunciante ministro de Economía Martín Guzmán consiguió en sus más de 30 meses al frente de la cartera renegociar la deuda pública en moneda extranjera con los bonistas y el Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras que entre los problemas pendientes quedó un proceso inflacionario que se complejizó y la implementación de la segmentación de tarifas de gas y electricidad, entre otras cuestiones.
En agosto de 2020, Guzmán anunció un acuerdo de reestructuración de la deuda emitida bajo legislación internacional “inclusivo y sostenible”, que implicó para la Argentina una carga menor de deuda por US$ 42.500 millones durante los primeros cinco años.
Un mes después, se informó la reestructuración de alrededor de 99% de la deuda pública bajo la ley argentina por un monto de US$ 41.715 millones y, a la vez, pudo pesificar unos US$ 687 millones, como resultado del período temprano de aceptación de la oferta de canje.
Y, en marzo pasado, se alcanzó un acuerdo con el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI), aprobado por el Congreso de la Nación, para refinanciar la deuda récord de aproximadamente USD 45.000 millones.
En ese período, en una gestión signada por la pandemia, para minimizar sus consecuencias entre los más desfavorecidos, se implementaron el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
Alberto sostenía a Martín Guzmán en Economía porque según el propio ministro “el PIB creció 10,4% en 2021, la industria nacional se recuperó, se crearon más de 1,1 millón de puestos de trabajo (y redujo la tasa de desempleo de 13,1% a mediados de 2020 a 7% en el primer trimestre de 2022), la inversión subió 32,9%, la tasa de pobreza se redujo casi 5 puntos porcentuales en un año y la desigualdad personal de los ingresos”.
En su carta de renuncia, Guzmán saludó la decisión de “haber destinado los dólares que genera la economía para la reactivación en lugar de destinarlos al pago de deudas públicas externas insostenibles”.
“Es muy importante notar el crecimiento de la generación de divisas del país. ¿Por qué? Porque si el crecimiento económico no viene acompañado de generación de divisas, terminamos teniendo problemas cambiarios, que redundan en contracciones de la actividad, el empleo y en presiones inflacionarias. Y todo ello genera angustias sociales en lugar de tranquilidad. En 2019, las exportaciones de bienes del país eran de 65 mil millones de dólares. Hoy ya superan los 80 mil millones de dólares, y se proyectan cercanas a los 90 mil millones de dólares para finales de año”, completó Guzmán.
Por último, entre los temas pendientes, como incluso admitió el ministro saliente, están “continuar fortaleciendo la consistencia macroeconómica, incluyendo las políticas fiscal, monetaria, de financiamiento, cambiaria y energética”.
También “la coordinación vía políticas de precios e ingresos, para atacar la problemática inflacionaria que daña al funcionamiento de nuestra economía y lograr continuar recuperando el poder adquisitivo de los ingresos”.
En ese sentido, aunque se estableció el régimen de segmentación de tarifas para los usuarios de los servicios públicos de electricidad y de gas natural por red, aún está pendiente la habilitación del registro de acceso a los subsidios.
Tras no renovar el decreto de la doble indemnización, una parte del kirchnerismo criticó al Ejecutivo, Por esto, MDZ Radio entrevistó al exlegislador nacional, Héctor Recalde, quien le advirtió al presidente que “le ha levantado la barrera al despido sin justificación”.
A raíz de que el Gobierno nacional dio por terminada la “emergencia laboral”, al no renovar el decreto que establecía la doble indemnización, las críticas hacia esta medida se hicieron escuchar y provienen especialmente de los sectores kirchneristas, que ven en Cristina Fernández de Kirchner a la conductora del Frente de Todos, y a Alberto Fernández como su “líder institucional”, pero no de la coalición.
En una entrevista con MDZ Radio, el exdiputado nacional kirchnerista y abogado laboralista, Héctor Pedro Recalde, criticó la medida que tomó el Ejecutivo y le anticipó al Gobierno que esta decisión “levanta la barrera para que los privados decidan echar a sus empleados cuanto antes, ya que favorece a los empresarios y no a los trabajadores”.
Héctor Pedro Recalde.
En diciembre de 2019, el jefe de Estadocreó un decreto conocido como “doble indemnización” para evitar que las empresas despidieran a su personal durante la recesión de ese año. Posteriormente, se extendió debido a la pandemia por covid-19, que atentaba contra los empleos formales.
La norma establecía que “si un empleado era echado sin justificación”, su empleador debía pagarle la indemnización correspondiente a la ley de trabajo, además de un monto adicional. Dicha suma rondaba el 75%, pero a finales del año pasado, en su última renovación, el monto se había reducido al 25%. Sin embargo, el “total adicional” que podían gozar “los empleados que eran despedidos sin justificación”, ahora no lo podrán cobrar de acuerdo a la no renovación del decreto.
Entonces, aquellas personas que sean despedidas de sus puestos de trabajo a partir del 1 de julio, no tendrán este derecho al cobro de sus haberes, ya que desde el Gobierno insisten en que “nuestra economía ha mejorado y por ende, la norma es innecesaria por el momento”.
Frente a esto, Héctor Pedro Recalde, que se define por ser un peronista kirchnerista, le advirtió al presidente que “la medida habilitará a los despidos masivos y que es prudente prorrogar este decreto”.
Y sumó: “La decisión del Gobierno venía de origen por las inminentes reducciones al monto adicional que rondaba por el 25%. Desde mi opinión, consideré que era prudente como defensor de los trabajadores que se prorrogue la norma por temor al día después. Sobre todo, porque estamos hablando de despidos sin justificación, ya que no hay razones para sacarle el puesto laboral a un trabajador. Por eso, quien decidía despedir a una persona tenía que pagar ese adicional y, ahora, la medida favorece al empleador a causa de que le bajaron el costo por desemplear”.
Asimismo, el abogado y exlegislador defendió la actual dirigencia política remarcado que “se está creando nuevos empleos”, pero sostuvo que “no es suficiente, ya que los trabajadores no logran cumplir con sus necesidades básicas”.
“Por más que los índices de empleo nos den saldos positivos, en este momento, hay que prestar atención porque tenemos pobreza por ingreso registrado. Hoy un trabajador formal con todos sus derechos cumplidos por la ley no llega a fin de mes por su bajo sueldo”, afirmó.
Por otra parte, Recalde apoyó las críticas de la vicepresidenta hacia “los movimientos populares” que han “tercerizado la función del Estado al administrar ciertos cupos” del programa Potenciar Trabajo y argumentó, citando a Cristina Fernández de Kirchner, que “el Frente de Todos no está en peligro, a pesar de las diferencias existentes en el espacio”.
“En este sector del peronismo, al cual pertenezco, no he escuchado de querer bajar al presidente de su cargo. Reconocemos que Cristina es nuestra conductora del frente, pero reconocemos que nuestro presidente es el líder institucional. Por eso, se respeta la figura presidencial y las primarias del 2023 serán importantes, porque nos permitirán garantizar la unidad del partido, a pesar de nuestras diferencias. Vamos a elegir a nuestros lideres de forma legítima y democrática. Ese día garantizará la unidad de la coalición”, sentenció.
FUENTE : MDZOL.COM
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