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Politica

Un movimiento en Casación volvió a encender las alarmas sobre el futuro del juicio oral contra Cristina Kirchner

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El camarista Javier Carbajo pidió el expediente para resolver una apelación que podría suspender las audiencias por tiempo indefinido. Además, preocupa cómo impactará el resultado electoral en las querellas y en la Fiscalía

Cristina Kirchner sonríe en la puerta de Comodoro Py. El juicio oral en su contra podría posponerse (Foto de archivo: Adrián Escandar)

Cristina Kirchner sonríe en la puerta de Comodoro Py. El juicio oral en su contra podría posponerse (Foto de archivo: Adrián Escandar)

Pese a que este lunes el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) rechazó las nulidades planteadas por las defensas y dispuso que a partir de la próxima semana comiencen las indagatorias en el juicio oral por la obra pública de Santa Cruz, surgieron nuevas dudas sobre el futuro del caso que tiene sentada en el banquillo de los acusados a la ex presidente Cristina Kirchner.

Un movimiento en la Cámara de Casación volvió a encender las alarmas. Para entender su alcance, hay que retrotraerse a una presentación realizada por el abogado de la ex mandataria, Carlos Beraldi, que meses atrás había solicitado el apartamiento del perito Pedro Eloy Bona en virtud de sus likes a artículos periodísticos en redes sociales.

Bona es ingeniero y fue designado para realizar un estudio sobre 5  de las 52 rutas que le fueron asignadas a las empresas de Lázaro Báez -también acusado en el juicio- entre 2004 y 2015. Es una de las pruebas más importantes del proceso ya que podría servir como muestreo de las irregularidades denunciadas por Vialidad en la causa. Luego de varias postergaciones, el tribunal fijó como fecha límite para la entrega de la pericia el 4 de septiembre.

El TOF 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, rechazó el pedido de apartamiento realizado por Beraldi. La decisión fue confirmada por la Cámara, pero la defensa presentó un Recurso de Queja y la  definición de esta cuestión quedó bajo la órbita de Casación. Hasta hoy se esperaba que el máximo tribunal penal del país (a excepción de la Corte) confirmara lo resuelto por los jueces del tribunal oral, sin embargo el cambio de aire político a partir de los resultados de las primarias generó algunas dudas.

En las últimas horas, el camarista Javier Carbajo, de quien depende el resultado de la apelación, solicitó el expediente para analizar el tema. Los abogados que conocen el caso coinciden en que una decisión a favor del planteo de Beraldi provocaría -por lo menos- una suspensión indefinida del juicio.

Si se aparta a Bona, habría que empezar la pericia nuevamente de cero y los jueces no van a tener otro camino que suspender el juicio porque se trata de una de las pruebas más importantes del proceso. ¿Contra qué van a contrastar las indagatorias si no hay un muestreo fehaciente de las irregularidades que se investigan en el debate?“, explicaron fuentes con acceso a los detalles del caso consultados por Infobae.

Carlos Javier Carbajo. De él depende el futuro del juicio contra CFK (Foto: Maximiliano Luna)

Carlos Javier Carbajo. De él depende el futuro del juicio contra CFK (Foto: Maximiliano Luna)

La presentación de esta pericia, determinante para el futuro de la causa, no es la única sombra que acecha al proceso. Hay otra preocupación que comenzó a ser visualizada tras la victoria de Alberto Fernández (y Cristina Kirchner) en las elecciones primarias.

De repetirse el resultado en octubre y confirmarse el cambio de autoridades políticas a partir del 10 de diciembre, también habrá movimientos en la Oficina Anticorrupción (hoy a cargo de Laura Alonso) y en la Unidad de Información Financiera (Mariano Federici).  Ambos organismos estatales son querellantes en el juicio y sostienen la acusación contra los imputados, pero es improbable que mantengan ese rol activo bajo una nueva conducción nombrada eventualmente por un gobierno kirchnerista.

La tercera pata de la acusación es sostenida por el fiscal Diego Luciani, quien ha mantenido una actitud inflexible durante el debate. De hecho, fue el único funcionario judicial que se opuso en reiteradas oportunidades a los viajes de CFK  a Cuba. No preocupa tanto su convicción investigativa, sino lo que podría ocurrir con sus funciones.

El nuevo gobierno tendrá la potestad de nominar a un procurador general de la Nación, “el jefe de los fiscales” como se lo conoce vulgarmente. “Esa nueva autoridad tendrá la facultad de nombrar a un nuevo representante del Ministerio Público o asfixiar a Luciani rodeándolo de integrantes de Justicia Legítima”, grafican desde tribunales. Y si se caen los tres ejes de la acusación, se cae el juicio.

Mientras tanto, el TOF 2 comenzó a diagramar cómo serán las indagatorias a los acusados. Beraldi adelantó que CFK tiene la intención de sentarse a contestar las preguntas de los jueces. La gran incógnita es cuándo lo hará. Los magistrados quieren evitar ser utilizados para fomentar la grieta antes de las elecciones. “No queremos que venga a cerrar la campaña a la sala de juicio ni que tampoco el acto procesal sea utilizado políticamente en su contra“, analizaron recientemente en una reunión privada

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Stanley aseguró que los acampes y los cortes de calle son un hecho “político y extorsivo”

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Los grupos piqueteros vuelven a manifestarse el próximo martes y amenazan con un acampe de 72 horas. La ministra dijo que intenta “canalizar diferencias” para evitar más protestas.

Los movimientos sociales anunciaron que el próximo martes 24 de septiembre llevarán adelante nuevos cortes en todo el país y también amenazan con un acampe de 72 horas en la Avenida 9 de Julio.

Para evitar más protestas, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, aseguró que tratará de “canalizar las diferencias”, pero definió a estas manifestaciones como un hecho “político y extorsivo”.

“Tenemos que terminar como Argentina con los cortes. Hoy es un mecanismo político. Más allá de la situación social de fondo, después el corte se transforma en un hecho político. Porque cuando hay un canal de diálogo, el corte no sólo es extorsivo sino que además complica la vida de muchísimos argentinos que están igual que ellos, complicados, atravesando una situación de incertidumbre, en muchos casos muy angustiados”, comentó la funcionaria nacional en diálogo con CNN Radio.

Pese a la emergencia alimentaria, anuncian piquetes en todo el país Es que los grupos piqueteros, comandados por el Polo Obrero, que cortaron la 9 de Julio anunciaron que realizarán una jornada de protesta el próximo martes 24 de septiembre, con movilización a Plaza de Mayo y cortes en los accesos a Capital Federal y en varias rutas del país, al tiempo que avisaron que si no reciben respuestas del Gobierno, volverán a acampar en la principal avenida de la Ciudad pero por 72 horas -el anterior acampe había sido de 48 horas-.

Para evitar estas protestas, la titular de la cartera de Desarrollo Social aseguró que “a través del diálogo” tratarán de zanjar las diferencias con los movimientos sociales. En esa línea, aseguró que se tratará de “canalizar las diferencias” para evitar el acampe piquetero previsto para la semana próxima. Asimismo, comentó que “hay una situación que atendimos y estamos atendiendo; existe una ley social vigente”, más allá de la norma aprobada esta semana por el Congreso para prorrogar la emergencia alimentaria.

Desarrollo Social convocó a los movimientos sociales para evitar un nuevo acampe “Se ha trabajado en fortalecer los ingresos de las familias y en contener los precios con la quita el IVA a productos de la canasta básica.

Y además reforzamos las partidas para los comedores escolares”, dijo Stanley. En ese sentido, señaló que “es lo que venimos hablando con los movimientos sociales para que no vuelvan a la calle”, y sostuvo que sus funcionarios “están en permanente comunicación con las organizaciones.

Y también me reúno con obispos, curas párrocos, curas villeros y referentes sociales”. ED CP

 

(Fuente www.perfil.com). El periodismo profesional es costoso y por eso debemos defender nuestra propiedad intelectual. Robar nuestro contenido es un delito, para compartir nuestras notas por favor utilizar los botones de “share” o directamente comparta la URL. Por cualquier duda por favor escribir a perfilcom@perfil.com

 

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Realismo K: Justicia Legítima suma presión a los jueces federales y habla menos de la Constitución

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En declaraciones formuladas esta semana, Cristina Caamaño, titular de la entidad, colocó en segundo plano una modificación del texto constitucional. En cambio, expresó que el objetivo inmediato es Comodoro PY. Allí están radicadas las principales causas por corrupción

Cristina Kirchner

Cristina Kirchner

No abundar en el tema de una reforma de la Constitución –mostrarlo y dejarlo en el freezer- y concentrarse en la ofensiva sobre los jueces federales que manejan causas por corrupción, varios de ellos muy pragmáticos y de olfato político desarrollado. Podría decirse que es un acto de realismo, táctico, en boca del kirchnerismo duro. Y en esa dirección apuntan las definiciones –maduradas, lejos de cualquier improvisación- que esta semana dejó la presidente de Justicia Legítima, Cristina Caamaño.

La fiscal y titular de esa agrupación judicial circuló con cintura por el margen que parece haber dejado la posición repetida por Alberto Fernández. También, entre las insinuaciones de Cristina Fernández de Kirchner y los silencios de otros promotores de una modificación del texto constitucional. Hay bastante de lectura práctica en este juego: la reforma de la Constitución demanda mayorías especiales en el Congreso, no garantizadas aún en caso de triunfo abrumador, y “consensos” que hoy al menos no asoman. En cambio, los jueces, en especial Comodoro Py, están más a tiro del poder y de la política en general, entre otras razones porque exponen daños en su imagen, muchos autoinfligidos.

Alberto Fernández, naturalmente, no es responsable directo de cada hecho o movida atribuible a su potente triunfo electoral en las PASO y a lo que dicen ahora las encuestas. Pero aun tomando sus declaraciones, está claro que hay elementos que no le gustan y otros a los que le da aire. En el primer rubro, ha repetido su rechazo a una reforma de la Constitución. Lo fastidia que gire cada tanto el tema y la última vez que se pronunció, raíz de declaraciones de CFK sobre nuevo orden y contrato social, dijo que nada podría hacerlo cambiar de opinión.

La presidente de Justicia Legítima, Cristina Caamaño

La presidente de Justicia Legítima, Cristina Caamaño

En cambio, antes y después de quedar parado sobre una montaña de votos, fue especialmente duro en su carga contra jueces federales que tienen en sus manos causas por corrupción y han sumado procesamientos a la ex presidente. En la misma línea, presentó a CFK como víctima de una persecución político-judicial, una categoría que otros extienden a ex funcionarios kirchneristas. Fernández no expresa especial simpatía por muchos de ellos, aunque sí cuestiona las prisiones preventivas. Es una crítica razonable en muchos casos, que no debería exculpar las cuestiones de fondo.

Caamaño buscó despegar –a ella misma y a la entidad que preside- de cualquier relación directa con el Instituto Patria y con los integrantes de la fórmula del Frente de Todos. Por supuesto, hay puentes, múltiples relaciones y contactos compartidos. La integración de Justicia Legítima va desde simpatizantes hasta disciplinados exponentes del kirchnerismo duro.

La invocación de Caamaño a una imprecisa pero inquietante “democratización” de la Justicia y el eco de la carga contra los medios fueron ingredientes nada desdeñables, pero tal vez lo más significativo fueron los disparos sobre jueces federales como objetivo inmediato, antes que una batalla de fondo. “Las cosas se van a empezar a reformar sin reformar la Constitución, más allá de que yo esté de acuerdo con que habría que reformarla”, resumió en declaraciones radiales.

El foco judicial, se ha dicho, estuvo puesto en Comodoro Py: Caamaño dijo que habría que ampliar significativamente el número de jueces y fiscales –cuadruplicarlo, exageró- para “diluir su poder”. ¿Coparlo? Algo parecido se escuchó ya sobre la Corte Suprema. Pero además, el punto sería básicamente de conveniencia, ni ético ni de doctrina.

El juez Alejo Ramos Padilla

El juez Alejo Ramos Padilla

Nadie que conozca el entramado de jueces federales y sus efectos dudaría sobre la necesidad de encarar una estrategia para desarmar lo que la política fue armando, en especial desde el menemismo, con más oscuridades en la etapa kirchnerista y sospechas renovadas en esta gestión. El tema sería para qué y cómo. ¿Cambiar en función del ciclo político o desarmar un tablero realmente corrosivo para el sistema democrático y la credibilidad social?
Caamaño da pistas bastante claras. Expresa que los jueces “no comen vidrio” y destaca que hay evidencia de que algunos “se están acomodando” en función del posible cambio de gobierno. No hay ningún signo de malestar por ese giro. Sentido utilitario y selectivo: las señales de sintonía con la política –o el juego político propio- serían condenables en la etapa macrista y bien recibidas cuando se ajusta a los resultados de las PASO y el posible desenlace electoral de octubre.

La mirada selectiva no se agota allí. El problema estaría restringido a Comodoro Py y su zona de influencia. Nada que decir sobre otros jueces que operan abiertamente o no tanto en función de sus afinidades o compromisos políticos, en cada provincia o a escala nacional. Hubo en las declaraciones referidas un aval al juez Alejo Ramos Padilla -casi como contracara de los federales cuestionados-, que en el caso D’Alessio expone medidas que avanzan peligrosamente sobre cuestiones básicas y a la vez sustanciales del trabajo periodístico, resguardadas constitucionalmente.
Caamaño expresó un mensaje que tal vez incomode en plena campaña. La línea argumental reconoce sonidos del pasado y proyección renovada a futuro.

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Politica

Alberto Fernández y el caso Daniel Santoro: Una cosa es hacer periodismo y otra es mandar mensajes extorsivos

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El candidato a presidente del Frente de Todos aseguró que el juez Ramos Padilla investiga al periodista de Clarín por supuesta extorsión, y no por sus trabajos periodísticos. Además, afirmó que no está de acuerdo con que el Estado haga ningún control periodístico

Por: Julián Cañás y Federico Giammaría
La semana que pasó, el juez federal Alejo Ramos Padilla rechazó anular una orden que le había dado a la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) para que investigue si las notas del periodista Daniel Santoro, de Clarín, constituyeron operaciones de “acción psicológica”.

En su fallo, Ramos Padilla considera que la Comisión “es un organismo extrapoder autónomo”, pero que no forma parte del Poder ejecutivo de la Provincia.

En tal sentido, y según el magistrado, que un organismo estatal audite notas periodísticas “no constituye una violación a la libertad de expresión”.

En su paso por La Voz, Alberto Fernández, candidato del Frente de Todos, fue consultado sobre la decisión de Ramos Padilla. Y dijo que hay que diferenciar entre hacer periodismo y mandar “mensajes extorsivos”.

El juez Ramos Padilla ha puesto bajo investigaciones notas periodísticas. ¿Cuál es su opinión?
Yo no tengo esa noticia.

Bueno, le ha pedido a la Comisión Provincial de la Memoria que analice el material que escribió Santoro.
Yo, lo que leí es que Santoro, que es lo que dice el acta de procesamiento, está involucrado en hechos de extorsión a un par de empresarios. Y que parte de la extorsión se realizaba a través de apariciones públicas de él. Eso no tiene nada que ver con notas periodísticas. Si su pregunta es si yo creo que debe haber un control periodístico del Estado, la respuesta es “no”. Pero una cosa es hacer periodismo, y otra es fingir que uno hace periodismo cuando en verdad lo que está haciendo es mandando mensajes extorsivos. Son cosas distintas. Sólo conozco los fallos que son públicos y, como soy abogado, me gusta leerlos. El juez lo está imputando de hechos de extorsión.

Y además está investigando las notas periodísticas…
Porque las notas eran el mecanismo de extorsión. Había metamensajes para los extorsionados.

Eso es lo que le pide a la Comisión Provincial de la Memoria que analice.
Exactamente. Si había metamensajes…

Pero usted dice que no está de acuerdo en que el Estado se meta en ese tema.
No, de ningún modo. Eso es un delirio, ni debe ocurrir. Ustedes tiene derecho a escribir, a preservar sus fuentes. Eso no cabe duda que es así.

Periodismo
Cuando se conoció la medida, en agosto pasado, tanto la SIP, FoPeA y AdEPA habían coincidido que la orden constituía “una clara amenaza a la tarea informativa” y además implicaba “el intento de consagrar una suerte de auditoría estatal sobre el trabajo periodístico, algo que vulnera la libertad de prensa” consagrada por la Constitución.

“Este tipo de acciones, además de chocar contra la jurisprudencia que reserva sólo al Poder Judicial el análisis de eventuales daños causados por la prensa, busca el amedrentamiento y la autocensura de la labor periodística, debilitando su rol institucional en democracia”, había dicho Adepa.

Mauricio De Nuñez y Guido Schiarreta, abogados de Santoro, habían pedido la nulidad de la medida porque “atenta contra la libertad de opinión y la libertad de prensa, derechos fundamentales en nuestro digesto constitucional y, en definitiva, de la vida en democracia”.

Procesamiento
A comienzos de agosto pasado, Ramos Padilla procesó al periodista Santoro, de Clarín, y le trabó un embargo por tres millones de pesos en la causa en la que se investiga una supuesta red de espionaje y extorsión, pero consideró que no hay elementos para afirmar o descartar que el acusado formaba parte de una asociación ilícita.

El magistrado dictó la falta de mérito para procesar o sobreseer al periodista en lo que refiere a la acusación por presunta “asociación ilícita” con Marcelo D’Alessio, el falso abogado detenido el 15 de febrero pasado.

En una resolución de 474 páginas, Ramos Padilla dijo que “se encuentra probado que para el desarrollo de los planes criminales, la asociación ilícita de la que participaba (el falso abogado y ya detenido) Marcelo D’Alessio se valió de la actividad y la figura del periodista Daniel Santoro”.

El magistrado también explicó que, en lo que hace a Santoro y al igual que con cualquier otro imputado, debe tenerse presente que el estándar de prueba que se requiere para arribar a una resolución de mérito durante la instrucción es distinto y menos riguroso que el que se exige para una sentencia.

Asimismo, dijo Ramos Padilla que la vinculación a un proceso no implica per se que se afirme su culpabilidad.
Fuente: La Voz del Interior

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