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Impuesto a los Servicios de Comunicación Audiovisual: fijan pautas para su pago

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La Administración Federal de Ingresos Públicos, junto con el Ente Nacional de Comunicaciones, establecen las formas, plazos y condiciones para ingresar el impuesto a los servicios de comunicación audiovisual -dispuesto por la LSCA N° 26.522-, por parte de los titulares de las señales extranjeras que a los fines tributarios revisten la calidad de no residentes de nuestro país 

Administración Federal de Ingresos Públicos y Ente Nacional de Comunicaciones
Resolución General Conjunta 4509/2019
RESGC-2019-4509-E-AFIP-AFIP – Impuesto a los Servicios de Comunicación Audiovisual. Ley N° 26.522, sus modificaciones y normas concordantes. Titulares de señales extranjeras. Forma, plazos y requisitos.
Ciudad de Buenos Aires, 24/06/2019

Visto la Ley N° 26.522, sus modificaciones y normas concordantes; los Decretos N° 904 del 28 de junio de 2010, N° 1.225 del 31 de agosto de 2010 y N° 267 del 29 de diciembre de 2015; la Resolución General Conjunta N° 3.018 (AFIP) y N° 1 (AFSCA) del 20 de noviembre de 2011; la Resolución N° 1.323/14 (AFSCA); la Decisión Administrativa N° 682 del 14 de julio de 2016, y

Considerando:
Que por el Decreto Nº 267/15 se creó el Ente Nacional de Comunicaciones, organismo autárquico y descentralizado, como Autoridad de Aplicación de las Leyes N° 26.522 y N° 27.078, sus modificaciones y normas reglamentarias, asumiendo las funciones y competencias de la ex Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de la ex Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Que este Ente Nacional debe aplicar, interpretar y hacer cumplir las leyes, decretos y demás normas reglamentarias en materia de telecomunicaciones y comunicación audiovisual.

Que el Artículo 58 de la Ley N° 26.522, sus modificaciones y normas concordantes, creó el Registro Público de Señales y Productoras, reglamentado por el Decreto N° 904/10, así como también estableció que su Autoridad de Aplicación deberá mantenerlo actualizado.

Que además, el precitado Artículo dispone que sean incorporadas a dicho Registro, entre otras, las empresas generadoras y/o comercializadoras de señales o derechos de exhibición para distribución de contenidos y programas por los servicios regulados en la misma Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Que la Resolución N° 1.323/14 (AFSCA) aprobó, como Anexo II, el Procedimiento del Registro Público de Señales y Productoras.

Que en función de ello, el Ente Nacional de Comunicaciones, a través del Área de Registros, inscribe a los representantes legales de aquellas señales que no posean sede, filial o sucursal en el país.

Que el Artículo 60 de la Ley N° 26.522, sus modificaciones y normas concordantes, establece las obligaciones que deben cumplir los responsables de la producción y emisión de señales empaquetadas, tales como inscribirse en el Registro Público de Señales y Productoras, designar un representante legal o agencia con poderes suficientes y constituir domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y cuyo incumplimiento es considerado falta grave.

Que por su parte, el Título V de la Ley N° 26.522, sus modificaciones y normas concordantes, establece los gravámenes que recaen sobre los servicios de comunicación audiovisual en todo el territorio de la República Argentina, cuya fiscalización, control y verificación están a cargo del Ente Nacional de Comunicaciones, por vía de la Administración Federal de Ingresos Públicos, con sujeción a las Leyes N° 11.683, texto ordenado en 1998 y N° 24.769 y sus respectivas modificaciones o en el Título IX de la Ley N° 27.430 y su modificación, según corresponda.

Que de conformidad con lo dispuesto por el tercer párrafo del Artículo 94 de la Ley N° 26.522, sus modificaciones y normas concordantes, los titulares registrales de señales tributarán un gravamen proporcional al monto de la facturación bruta correspondiente a la comercialización de espacios y publicidades de cualquier tipo, en contenidos emitidos en cualquiera de los servicios regulados por la citada norma legal.

Que en el Artículo 96, inciso II, apartado f) de la Ley N° 26.522, sus modificaciones y normas concordantes, se fijan las alícuotas para el pago del aludido gravamen, correspondiente a los titulares de señales nacionales y extranjeras.

Que por la Resolución General Conjunta N° 3.018 (AFIP) y N° 1 (AFSCA) del 20 de noviembre del 2011, se reglamentaron los requisitos, plazos y condiciones para la liquidación y el ingreso del gravamen en cuestión, tanto para las personas humanas como jurídicas que realicen las operaciones alcanzadas por el impuesto establecido por el Artículo 94 de la Ley Nº 26.522, sus modificaciones y normas concordantes.

Que en algunos casos, los titulares de las señales extranjeras revisten a los fines tributarios como sujetos no residentes en nuestro país, no resultando factible la utilización del procedimiento de presentación de las declaraciones juradas y los medios de pago de las mismas dispuestos para los sujetos residentes, conforme a lo establecido por la resolución general conjunta mencionada.

Que en ese contexto, y dado el avance alcanzado en el desarrollo de los procesos a efectos de optimizar el perfeccionamiento de los servicios que se brinda, deviene necesario establecer las pautas para que los titulares registrales de las señales extranjeras alcanzados por los gravámenes puedan efectuar su ingreso, mediante la generación de una Transferencia Bancaria Internacional (TBI).

Que han tomado la intervención que les compete las áreas técnicas y jurídicas de la Administración Federal de Ingresos Públicos y del Ente Nacional de Comunicaciones.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 12 y 95 de la Ley Nº 26.522, sus modificaciones y normas concordantes; por el Decreto Nº 267 del 29 de diciembre de 2015, el Acta N° 1 de fecha 5 de enero de 2016 del Directorio del Ente Nacional de Comunicaciones y por el Artículo 7º del Decreto Nº 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.

Por ello,
El Administrador Federal de Ingresos Públicos y el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones
Resuelven:
Artículo 1°.- Los titulares registrales de señales extranjeras inscriptas en el Registro Público de Señales y Productoras (RPSP), previsto en el Artículo 58 de la Ley N° 26.522, sus modificaciones y normas concordantes, que no posean sede, sucursal o filial en la República Argentina, a los fines de cumplir con el ingreso de los gravámenes establecidos por la citada ley, deberán observar las disposiciones previstas en la presente.

Artículo 2°.- El ingreso de los gravámenes se efectuará mediante Transferencia Bancaria Internacional (TBI) en dólares estadounidenses o en euros, hasta la hora argentina veinticuatro (24) del día 20, inclusive, del mes inmediato siguiente al del período mensual liquidado, para lo cual deberán tenerse en cuenta las siguientes pautas:

1. El importe a transferir en las citadas monedas se determinará considerando el tipo de cambio vendedor divisa vigente al cierre del día hábil cambiario inmediato anterior al que se efectúe el pago, en la plaza de que se trate.

2. La orden de transferencia deberá confeccionarse teniendo en cuenta los datos que se indican a continuación:

2.1. Importe de la transferencia en moneda extranjera.

2.2. Tipo de moneda.

2.3. País de procedencia de la transferencia.

2.4. Identificación del ordenante en su banco del exterior (el contribuyente o un tercero – campo 50 del mensaje Swift).

2.5. Entidad receptora de los fondos (entidad bancaria recaudadora de AFIP).

2.6. Código Swift de la entidad receptora de los fondos.

2.7. Número de cuenta de la entidad bancaria.

2.8. Denominación de la cuenta de la entidad bancaria.

2.9. Clave de Identificación (CDI) del titular registral de señales extranjeras (campo 70 del mensaje Swift).

2.10. Código de Impuesto-Concepto-Subconcepto: 315-785-785 (campo 70 del mensaje Swift).

2.11. Entidad corresponsal/intermediaria (dato no obligatorio).

2.12. Código Swift de la entidad corresponsal/intermediaria (de corresponder).
La mencionada información así como el listado de las entidades recaudadoras habilitadas, podrán ser consultados en el micrositio denominado “Pago por Transferencia Bancaria Internacional” del sitio “web” de la Administración Federal de Ingresos Públicos (http://www.afip.gob.ar).

3. La carencia de la información adicional requerida para el campo 70, puntos 2.9. y 2.10., del mensaje Swift MT 103 (campo libre de 140 posiciones que posee la Transferencia Bancaria Internacional), dará lugar al rechazo de la transferencia en destino, a excepción que desde la entidad originante se remita una enmienda al mensaje original a solicitud del receptor del mismo, debiendo arbitrar los recaudos para asegurar la existencia de dicha información. Igual recaudo procederá en el caso que la transferencia se realice desde un “home banking”.

4. Los gastos y comisiones de transferencia en el extranjero y en el país, así como los que se generen con motivo de la enmienda del mensaje original, estarán a cargo del sujeto que efectúe la transferencia, el que deberá consultar previamente a las entidades bancarias involucradas en la operación, las condiciones comerciales y sus respectivos costos, así como la aceptación o no de transferencias en monedas diferentes al dólar estadounidense.

5. En el supuesto que el ingreso del tributo se realice fuera de los plazos previstos en la presente, corresponderá que se ingresen los intereses pertinentes, sumados al importe que diera origen a la transferencia.

6. Una vez concretada la transferencia y verificada la consistencia de los datos mencionados en el punto 3., la entidad bancaria receptora de los fondos deberá convertir los mismos a pesos argentinos al tipo de cambio comprador divisa del día, utilizado por el banco interviniente en la operatoria del Mercado Único y Libre de Cambios.

7. Posteriormente, dicha entidad bancaria deberá efectuar la rendición de la información y de los fondos a esta Administración Federal a través del Sistema de Recaudación (OSIRIS). Los importes serán registrados con la Clave de Identificación (CDI) destinataria de la transferencia -netos de todo tipo de comisiones y gastos-.

Los pagos ingresados por la operatoria aprobada en la presente, no podrán ser reimputados para la cancelación de otras obligaciones.

Artículo 3°.- Cuando el titular registral de señales extranjeras no posea “Clave de Identificación” (CDI), la misma deberá ser tramitada por personas autorizadas, apoderados o representantes legales, en los términos de la Resolución General N° 3.995 (DGI), sus modificatorias y complementarias.

La Clave de Identificación (CDI) otorgada no será utilizable a los efectos de la identificación de los responsables para el cumplimiento de obligaciones fiscales y/o previsionales, excepto para el ingreso de los gravámenes establecidos en la Ley N° 26.522, sus modificaciones y normas concordantes.

Artículo 4°.- El Ente Nacional de Comunicaciones establecerá la modalidad bajo la cual los sujetos alcanzados por el Artículo 1° brindarán información sobre el pago efectuado respecto de las señales de su titularidad.

Artículo 5°.- El ingreso de los gravámenes correspondientes a los períodos vencidos con anterioridad a la entrada en vigencia de esta norma conjunta, deberá efectuarse hasta el día 29 de noviembre de 2019.

Artículo 6°.- Las disposiciones de la presente norma entrarán en vigencia a partir del primer día hábil del segundo mes inmediato siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 7°.- Derógase la Resolución N° 4.719 del 24 de noviembre de 2017 del Ente Nacional de Comunicaciones.

Artículo 8°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial cumplido, pase al Ente Nacional de Comunicaciones para la ratificación de la presente medida por su Directorio, fecho archívese.
Leandro German Cuccioli – Silvana Myriam Giudici

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LA EX SECRETARIA DE AMBIENTE ROMINA PICOLOTTI CONDENADA A DEVOLVER 7 MILLONES DE PESOS Y 3 AÑOS DE PRISION

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Luego de catorce años de proceso, y poco más de seis meses de juicio oral, la ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Néstor y Cristina Kirchner, Romina Picolotti, fue condenada a tres años de prisión por usar dinero del presupuesto para contratar a familiares y amigos, alquilar jets privados y pagar gastos personales.

El Tribunal Oral Federal 6, integrado por los jueces Sabrina Namer, Rodrigo Giménez Uriburu y Guillermo Costabel, consideró que la ex funcionaria -que ocupó la secretaría entre 2006 y 2008- es culpable del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública.

El tribunal confirmó así la investigación que Clarín publicó en 2007, en la que se explicó cómo Picolotti remitía gran parte del presupuesto de la secretaría de Ambiente a la fundación paraestatal ArgenINTA, que funcionaba como una financiera privada y sólo tenía como tarea guardar ese dinero -sustrayéndolo a los controles habituales de la administración pública regular- para pagar con él las facturas de cualquier gasto que le fueran enviadas desde Ambiente, sin hesitar ni controlar si esos gastos tenían o no que ver con las tareas correspondientes a esa secretaría. Por ese servicio, ArgenINTA a su vez cobraba una comisión del 3% de los montos depositados en sus cuentas.

La maniobra -años después replicada por el ministerio de Planificación Federal de Julio De Vido a través de algunas universidades públicas, por ejemplo- ya venía siendo utilizada por algunas dependencias estatales para “agilizar” la ejecución presupuestaria. Pero libre de supervisiones y con fondos que se habían multiplicado con el pase de Ambiente a la órbita de la Jefatura de Gabinete, Picolotti llevó ese recurso a otra dimensión.

Hace dos semanas, en su alegato final, Luciani había acusado a Picolotti de haber realizado “gastos irracionales, escandalosos y burdos” que no tenían nada que ver con su desempeño oficial. “Hubo un manejo absolutamente irregular de parte de Picolotti de los fondos públicos. Fue un verdadero fraude en el ejercicio de la función pública. Se pagaron comidas o almuerzos casi diariamente sin justificación, se pagaron pasajes de avión para familiares y amigos que no tenían relación con la secretaria y costosos vuelos charters”, sostuvo el fiscal, que había pedido una pena de tres años y nueve meses de prisió n para la ex funcionaria, y la “devolución” al Estado de 6.941.170,50 pesos por sus gastos injustificados.

“La conducta de Picolotti distó muchísimo de los valores de integridad y ética que deben mantenerse en la administración pública, pero además constituyen un delito. Hubo un abuso discrecional del poder de administración, cuando la funcionaria tenía el deber de cuidar el patrimonio público”, consideró Luciani, quien destacó además el trabajo de su colega Guillermo Marijuan durante la instrucción del caso, y el de la jueza de instrucción María Servini.

La cobertura mediática del caso encontró especialmente ofensivas las facturas de comidas diarias de la secretaria y sus amigos -decenas de los cuales había contratado-, regalos de cumpleaños para los amigos de sus hijos y otras excentricidades extremas, pero no son esos los gastos más altos ni ofensivos para el erario público. En cambio, fueron más perniciosos el alquiler de edificios que no se usaban, la reiterada compra de pasajes de avión para su familia y el círculo de allegados con destino a Córdoba -para asistir al casamiento de uno de ellos, en una ocasión- y la contratación de aviones privados para trasladar al Picolotti a distintos lugares del país en los que tenía actividades públicas, luego de las cuales se hacía llevar hasta su Córdoba natal. Esos pagos fueron escrupulosamente enumerados en el requerimiento de elevación a juicio oral con que el fiscal Guillermo Marijuan cerró la instrucción de la causa.

La audiencia de este lunes fue dividida en dos partes: la primera comenzó pocos minutos después de las 8, con la respuesta del fiscal Luciani a los pedidos de nulidad y otras objeciones que había presentado el defensor de Picolotti, Felipe Trucco. En su alegato final, el abogado también reclamó la absolución de la ex funcionaria por la “duración irrazonable del proceso”: un clásico de los acusados por corrupción, que primero generan las demoras durante la instrucción de la causa y luego buscan ampararse en ellas para evitar una condena. También pidió la anulación de la declaración indagatoria realizada por Picolotti en 2011, y el requerimiento de la elevación a juicio de Marijuan, entre otra media docena de pedidos puntuales con objeciones procesales.

Luciani recordó que Picolotti ya había pedido detener el juicio por el plazo razonable dos veces desde que la causa está en manos del TOF 6, que ambos fueron rechazados y ese rechazo fue confirmado por la Cámara Federal de Casación Penal. También respondió las otras objeciones de Trucco.

Antes de cerrar la primera parte de la audiemcia, Picolotti pronunció sus últimas palabras: “Es evidente que yo no he cometido delito alguno. Pretender lo contrario es faltar a la verdad. Aquí no hay pruebas. No hubo ni una pericia caligráfica ni una contable. Han transcurrido 14 años: estos son los hechos, no los dichos en los diarios ni en los medios. Lo único que solicito a este tribunal es que se aplique el derecho de manera imparcial, porque sé que eso conduce a mi absolución”, afirmó.

El TOF 6 reabrió el zoom a las 16, para formular su sentencia. Luego de que se conozcan sus fundamentos, la ex funcionaria podrá apelarla ante la Cámara Federal de Casación Penal.

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Politica

EL GOBIERNO PRESENTÓ “REGISTRADAS”, EL PLAN PARA REDUCIR LA INFORMALIDAD DEL PERSONAL DOMÉSTICO

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Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Género y Diversidad, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, acompañadas por el ministro Claudio Moroni y el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, anunciaron el Programa “Registradas” (Recuperación Económica, Generación de Empleo e Inclusión Social), que promueve la reducción de la informalidad en el sector de las trabajadoras de casas particulares y garantiza su acceso y permanencia a un empleo registrado.

Por la implementación de este programa, el Estado nacional paga una parte del sueldo de la trabajadora durante 6 meses, mientras la parte empleadora debe registrarla y pagar sus aportes, contribuciones, ART y el porcentaje del sueldo restante.

Además, se abre una cuenta sueldo gratuita a nombre de la trabajadora en el Banco Nación y allí se transfiere el sueldo, detallaron.

La primera en explicar los alcances del programa, fue Gómez Alcorta: “La bancarización no solo va a permitir una mejor fiscalización sino también que puedan acceder las trabajadoras a más beneficios y a una mejor participación económica que la que tienen actualmente”.

Agregó: “Esta medida es importante porque apuntala a un sector de la población que hasta ahora no tenía incentivos para la formalización y para la contratación, por eso entendemos que es una medida progresiva. También estamos contribuyendo al alivio del bolsillo de muchísimas familias en el contexto de la pandemia”.

Acto seguido, la titular de la AFIP explicó que esta inciativa está dispuesta en el marco de la batería de medidas del Gobierno para morigerar los efectos de la pandemia en las economías familiares: “Esta es una medida de política de ingresos que se articula con todo un conjunto de decisiones que ha venido asumiendo el gobierno nacional, como el aumento del salario mínimo, la suba a 175.000 pesos del umbral por el cual no se paga impuesto a las ganancias, la exitosa colocación del crédito a tasa 0 para monotributistas. Por eso es una política de formalización y de bancarización”.

Del Pont explicó que “una vez que se tenga un mes de recibo de sueldo, el Banco Nación le va a dar a la empleada o empleado una tarjeta de crédito que va a tener un límite de crédito que se va a asimilar a lo que es un salario mínimo, vital y móvil, por eso va a tener un límite de hasta 32.000 pesos”.

Y concluyó: “Esto es parte de un conjunto de medidas que está tomando todos los días el gobierno nacional, desde el principio de la gestión para generar una mejor distribución del ingreso y mayor equidad”.

FUENTE PAGINA 12

FOTO TAPA RADIO SUQUIA

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UN EX MINISTRO DE NESTOR KIRCHNER EN LA CORTE. QUIEN ES HORACIO ROSATTI…

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Antes de llegar a la Corte, Rosatti fue dirigente del peronismo en Santa Fe, su provincia. Fue el segundo ministro de Justicia de Néstor Kirchner. Asumió ese cargo el 26 de julio de 2004, en reemplazo de Gustavo Beliz, y renunció cuando estaba apunto de cumplir un año al frente del ministerio. No aceptó ser candidato a diputado por Santa Fe y se fue peleado con el entonces presidente. Además, denunció irregularidades en la construcción de cárceles. “No cerraban los precios”, dijo. En aquellos tiempos, el jefe de gabinete de Kirchner era Alberto Fernández. Rosatti también fue procurador del Tesoro, convencional constituyente e intendente de Santa Fe.

En 2017, en tanto, Rosatti adhirió al fallo en el que se decidió que los nuevos jueces ingresantes al Poder Judicial tengan que pagar el Impuesto a las Ganancias, como el resto de la ciudadanía. En 2019, fue parte de la mayoría que prohibió la re-reelección de los gobernadores Sergio Casas y Alberto Weretilneck, de La Rioja y Río Negro.

Ya durante el gobierno de Alberto Fernández, quien fue su jefe de gabinete en su etapa como ministro de Justicia de Kirchner, Rosatti firmó fallos en contra del ex vicepresidente Amado Boudou, al confirmar la condena en el caso Ciccone, y otro contra la dirigente social Milagro Sala, que se encuentra con prisión domiciliaria desde 2016. Este año, en tanto, adhirió a la sentencia en la que se autorizó a la Ciudad de Buenos Aires a decidir sobre la presencialidad en el dictado de clases.

Especialmente en el caso de Sala, el Presidente consideró el fallo como un desafío a su autoridad, mientras la propia dirigente Tupac Amaru declaraba que “pareciera que gobierna la Corte Suprema” y que el gobierno de Fernández se ha mostrado “un poco blandengue”.

Cristina, en tanto, sigue sin perdonarle su salida del gobierno de Kirchner y ha sido crítica de su designación, como la de Rosenkrantz, durante el gobierno de Macri. El enojo de la vicepresidenta con la Corte no es nuevo y se ha repetido especialmente en una dura carta que difundió a finales del año pasado, en la que acusó al máximo tribunal de “encabezar y dirigir el proceso de Lawfare” en su contra.

“Esa articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores, se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación y, lo que es peor: aún continúa”, fue, textual, el cuestionamiento de CFK hacia los jueces.

Fuera de la actividad política o jurídica, Rosatti también cuenta con un extenso CV académico. Se desempeñó como docente de grado y de posgrado en varias casas de estudios en la Argentina, entre las que se destacan la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Austral, la Universidad Nacional de Rosario y Universidad Católica de Santa Fe.

Asimismo, ejerció como decano de la Facultad de Derecho en la sede santafesina de la UCA entre 1999 y 2002. Es doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales y Magíster en Evaluación de Impacto y Gestión Ambiental y, además,  autor de decenas de libros sobre derecho. También recibió el Premio Konex de Platino en Derecho Constitucional.  La Nacion.

 

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