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Neutralidad en la red: ¿El fin de una Internet libre, abierta e inclusiva?

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La caída del principio de neutralidad de la red en Estados Unidos

Por: Edison Lanza
El funcionamiento de Internet es una de esas pocas cosas que la humanidad mantenía como esperanza en común. En poco más de 20 años se hizo evidente la expansión del conocimiento y de las libertades de información que impulsó la red, la potencialidad que ofrece para la educación y la medicina, el impacto político y social de las redes sociales, la revolución para el comercio, la cultura, el entretenimiento y la innovación. Obviamente, todo cambio de esta naturaleza también entraña riesgos: al ritmo de la expansión de Internet también surgieron desafíos como la diseminación del discurso que incita a la violencia o a la guerra por odio y discriminación, los riesgos para la privacidad que implica la vigilancia digital, el desafío de brindar acceso a la red a toda la humanidad, la difusión de noticias falsas y el creciente papel de las plataformas en la circulación de la información. Con todo, los beneficios e impactos positivos de Internet parecían justificar el optimismo con respecto a la revolución digital.

Pero el fin de la historia, ya se sabe, no está a la vuelta de la esquina. El 14 de diciembre de 2017 la administración de Donald Trump dio un paso que tiene el potencial de cambiar la naturaleza de la red como fuerza democratizadora y descentralizada, al derogar la regla que garantizaba la “neutralidad de la red” (net neutrality) a nivel del gobierno federal. Esta norma había sido aprobada por la Federal Communications Commission (Fcc) durante la administración de Barack Obama, y consideraba a Internet como un servicio público, con el objeto de garantizar a todos los ciudadanos igual acceso a los contenidos que circulan por la red e impedir la discriminación de los paquetes de datos en función de factores como dispositivos, contenido, autor, origen y/o destino del material, servicio o aplicación.

Esa regla había otorgado a la Fcc la autoridad para hacer cumplir la neutralidad de la red y, en términos de la regulación, impedía a los proveedores de servicios de Internet (Isp, por sus siglas en inglés) manipular el flujo en la red a través de cualquiera de las siguientes tres formas: 1) bloquear cualquier contenido o paquete de datos; 2) discriminar el contenido basado en su origen, el dispositivo conectado a la red o el destinatario, y 3) privilegiar en su carretera un servicio sobre los demás, creando líneas más rápidas para unas aplicaciones respecto de otras.

Hay que decir que la decisión de la administración de Obama había llegado luego de más de una década de disputa jurídica y lobby de las compañías que prestan servicios de cable y telefonía, que procuraban mantener a Internet como un servicio de información, lo que permite a los operadores discriminar servicios y contenidos en función de las tarifas.

Una vez instalada la nueva mayoría republicana en la Fcc comenzó un proceso para revertir esta regla, basado en la ya conocida doctrina de que las fuerzas del mercado una vez liberadas –sin regulación alguna– ofrecerán mejores condiciones de acceso a Internet. Luego de un proceso de consulta pública –en el que centenares de académicos, expertos, organizaciones y empresas se pronunciaron en contra–, la nueva mayoría en el organismo (tres a dos) derogó la regulación que aplicaba a los Isp.

De acuerdo con la nueva decisión, Internet ya no es un servicio público, sino uno de información, como cualquier otro. Los Isp deben informar qué tipo de manejo hacen de la red –únicamente tendrán obligaciones de transparencia– y quedan sometidos a las leyes antimonopolio de tipo comercial que regula otra agencia (la Comisión de Comercio). El cambio también incluyó la peculiaridad de que un organismo pierde por propia iniciativa su autoridad sobre un tema tan trascendente como la regulación de Internet.

Para el movimiento de derecha que llevó a Trump al poder la derogación de la net neutrality fue presentada como una victoria del individuo y el mercado contra la intromisión del Estado. Aunque en el discurso los republicanos no son partidarios de bloquear contenidos, afirman que el Estado no debe tener la facultad de controlar e interferir en los negocios que hacen actores privados en Internet, y que la férrea regulación existente estaba impidiendo mayores inversiones en infraestructura para expandir el acceso a Internet.

Sin embargo, en Estados Unidos y también a nivel global un amplio movimiento se sigue oponiendo a este cambio. Por ejemplo, un grupo de 20 científicos e ingenieros considerados los padres fundadores de Internet escribieron una carta al Congreso de Estados Unidos advirtiendo que quienes pergeñaron este cambio no conocen cómo funciona la red. Alertaron que el impacto más duro será para la gente de a pie que con un poco de capital, innovación y contratando a alguien que supiera escribir un código fuente podía servirse de Internet para crear desde un periódico digital hasta una página para protestar en línea, redes sociales, servicios de entrega de pizza o servicios para compartir lo que sea, sin pagar un peaje ni pedirle permiso a nadie.

Claro que no se trata de una decisión basada meramente en la lucha ideológica, las corporaciones de las telecomunicaciones y los gigantes de la alta tecnología en Internet ya se encontraban en pie de guerra antes de esta decisión de la Fcc. En buena medida pujaban por la apropiación de la renta que genera la nueva economía, y muchos sostienen que este cambio tiene que ver con inclinar la balanza a favor de las empresas de telecomunicaciones.

Las ahora llamadas “telcos” se quejaban de que tenían a su cargo las grandes inversiones para incrementar el acceso a Internet (comprar espectro, colocar antenas, tender fibra óptica directa al hogar, etcétera), pero luego no podían hacer otra cosa que vender banda ancha plana. Y desde hace años apuntaron a la norma que garantizaba la neutralidad de la red, dado que –a su juicio– impedía el surgimiento de un modelo de negocios más segmentado, basado en ofrecer acceso rápido a determinados servicios o aplicaciones según las necesidades de los usuarios, porque eso suponía discriminar un contenido con respecto a otro, algo prohibido por esa regulación. Según este discurso, las empresas tecnológicas gozaban, en cambio, de toda la libertad para utilizar sus redes en el nivel Over The Top (Ott) y aumentar sus dividendos, llevando tráfico hacia sus aplicaciones sin pagarles lo suficiente.

Desde Silicon Valley se defendían diciendo que el problema nunca fue el principio de neutralidad de la red, sino la falta de comprensión de la nueva economía por parte de las “telcos”: después de todo –argumentan–, el mensaje de texto en telefonía móvil surgió mucho antes que los servicios de mensajería en Internet y las telefónicas no supieron ver lo que tenían delante de sus ojos, como sí lo hicieron más tarde ellos con las aplicaciones. Las corporaciones tecnológicas argumentan que las empresas de telecomunicaciones no tenían impedimentos para desarrollar el video on demand, ni las compras en línea o las aplicaciones para el transporte de pasajeros (por citar algunos ejemplos de innovación basados en Internet), pero no lo hicieron porque la innovación no está en su Adn y se resisten a entender que están ante una red descentralizada que no controla el dueño de la carretera.

Alteraciones en el ecosistema. Argumentos aparte, desde el punto de vista de los derechos humanos el cambio trae consigo graves preocupaciones. El principio de neutralidad de la red no es un invento de los reguladores, ni (únicamente) una bandera política. Internet como medio se ha desarrollado a partir de determinados principios de diseño, cuya aplicación sostenida en el tiempo ha permitido un ambiente descentralizado, abierto y neutral. Internet es básicamente “una red boba”, que no es capaz de discriminar ni vigilar los paquetes de datos que transporta, ni de decidir colocar unos datos sobre otros: su inteligencia está en las puntas cuando los paquetes se vuelven a reunir, en la gente que con un dispositivo es capaz de conectarse, compartir información, ideas, aplicaciones y conocimiento.

Existe un amplio consenso respecto de que estas características básicas del entorno original de Internet fueron, precisamente, el motor para la expansión de la libertad de expresión e información y la no discriminación de contenidos por ningún motivo, lo que finalmente tuvo un efecto democratizador y de promoción del pluralismo. De hecho, esta característica de Internet fue elevada a principio fundamental de los derechos humanos tanto en el sistema interamericano de derechos humanos como en el universal de las Naciones Unidas.

Si la libertad de prensa o la libertad de imprimir sin censura surgió hace más de 300 años como un principio derivado de la libertad de expresión y del funcionamiento de la imprenta; el derecho a una Internet libre y abierta surge del derecho de cada persona a buscar, recibir y difundir información y opiniones sin distinción de fronteras y sin censura o bloqueos previos.

Así las cosas, la pregunta del momento es cuál será el futuro de la red luego de esta movida crucial en Estados Unidos. Primero hay que precisar que la batalla jurídica por mantener el principio de neutralidad de la red recién comienza: una vez pasado el primer sacudón, ya se encuentra en marcha una serie de acciones judiciales promovidas incluso por fiscales generales de estados como el de Nueva York, en un país donde hay independencia judicial y la libertad de expresión es un asunto serio para las instituciones. Del otro lado, el Congreso tiene un plazo para eventualmente anular la orden ejecutiva de la Fcc, y aunque es difícil que la mayoría republicana cambie una decisión del Ejecutivo, las encuestas indican que la idea de una Internet libre y abierta es compartida por el 70 por ciento de la población, más allá de lo partidario. Las ciudades y estados de mayor población están en manos de administraciones demócratas y también podrían establecer leyes estatales para la aplicación del principio de neutralidad en sus jurisdicciones.

Por otro lado, es obvio que las empresas de telecomunicaciones que operan en Estados Unidos lograron lo que buscaban: tener la libertad de proponer paquetes a sus consumidores, algo que puede derivar en una Internet similar a la televisión por suscripción más sofisticada. Para verlo con un ejemplo: es posible que las empresas ofrezcan acceso más rápido a tal sitio de películas y de deportes; o que obsequien el acceso a tal red social sin gastar datos; y también que el servicio de correo electrónico o la mensajería de la telefónica vaya de regalo. Como en otros escenarios desregulados, veremos procesos de concentración y fusiones entre empresas de telecomunicaciones y empresas tecnológicas. Esto podría relegar a pequeños emprendimientos a una Internet de baja calidad, y al final para el usuario común la autopista podría convertirse en un espacio fragmentado con unas pocas aplicaciones dominantes.

Dicho de modo más conceptual, de una red descentralizada pasaríamos a un espacio con actores que tendrían el poder de centralizar y distribuir el acceso a las aplicaciones. Se podrá decir que algunas redes sociales o gigantes como Google estaban concentrándose desde hacía tiempo. Es cierto, pero bajo la neutralidad de la red había miles de opciones de sitios pequeños que accedían a la vida digital, se servían (y servían) a las redes más grandes, en un ecosistema que permite mayor diversidad.

Otra visión tecnológicamente más optimista sugiere que la red no cambiará su naturaleza y no habrá un despliegue de censura en lo inmediato por parte de los Isp, pese a este retroceso en los principios. Si bien a una porción de la población le puede resultar cómodo permanecer cautiva de una empresa de telecomunicaciones y de unas pocas aplicaciones, para buena parte de los consumidores –incluyendo a la generación de los millennials y las siguientes– esto sería inaceptable: van a seguir reclamando acceder a una Internet completa, abierta y neutral. Según esta visión, Internet tiene la fuerza del agua de un río caudaloso, se le puede poner un dique pero el agua buscará un cauce para seguir corriendo.

Queda también por verse cómo se moverán las gigantes de la tecnología en el nuevo escenario. Google, por ejemplo, ya estaba experimentando con satélites, globos aerostáticos, asociándose con telefónicas y cableando ciudades para ofrecer Internet sin tener que pagar peaje a las empresas de telecomunicaciones. ¿Profundizará este tipo de estrategia? ¿Van a buscar adquirir algunas “telcos”? ¿Qué harán los partidarios del software abierto o los hackers para eludir la Internet de las corporaciones? ¿Vamos hacia un modelo de dos Internet: una para inquietos y entendidos; otra del hombre común, cautivo de las corporaciones?

Y finalmente, pero no menos importante: ¿qué impacto tendrá la desregulación y el modelo de Estados Unidos en el resto del mundo? En América Latina los activistas por la libertad de expresión impulsaron establecer la neutralidad de la red por ley: Brasil, México y Chile ya avanzaron en ese sentido. Uruguay no tiene una ley de neutralidad, pero hasta ahora ninguna telefónica había discriminado o bloqueado contenidos, salvo para ofrecer algunos planes de datos y mantener la seguridad de la red. ¿Tendremos un efecto contagio? ¿Qué harán las empresas de telecomunicaciones que operan en la región? ¿Qué modelo seguirán Europa y los países nórdicos que elevaron el acceso universal a una Internet libre y abierta a la categoría de derecho constitucional? Y los gobiernos autoritarios alrededor del mundo: ¿utilizarán el fin de la neutralidad de la red para justificar una política aun más agresiva de bloqueo y filtrado de medios de comunicación, páginas web y aplicaciones que consideran un peligro para el régimen?
*Relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Fuente: Revista Brecha

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Se adelantaría el fallo de la Cámara sobre el petróleo, los decks se quedan, Coria a OSSE y los ahorristas de Jonestur

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Todos los entretelones de lo que es noticia en Mar del Plata.

Se comienza a transitar una semana clave en relación con el futuro de la exploración offshore a 320 kilómetros de la costa marplatense. Tras conocerse la decisión de la empresa Equinor de dar de baja el contrato que tenía con el buque BMP Prospector para realizar las tareas de prospección sísmica, y ante la demora en la resolución judicial tras casi un año de la vigencia de una cautelar y la presión de distintas entidades, gremios y organizaciones de la ciudad, se adelantaría el esperado fallo de la Cámara Federal de Apelaciones, luego de haber recibido la causa del juez federal Santiago Martín.

 

Según pudo saber LA CAPITAL, se estimaba que se daría a conocer el fallo de los jueces Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez, los dos integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, entre el 12 y el 16 de diciembre. Pese a la ausencia de personal en dicha Cámara -el 40 por ciento de los cargos estarían sin cubrir-, y a la luz de los recientes hechos, se decidió adelantar la medida. Así, no se descarta que este mismo fin de semana se reúnan ambos camaristas en busca de un acuerdo, para finalmente, el martes próximo, dar a conocer el fallo definitivo que habilitaría o no las tareas de prospección sísmica, luego de que el juez federal Santiago Martín, criticado por su fallo por la CGT Regional Mar del Plata, devolviera la causa a la Cámara reclamando nuevos estudios y presentaciones y, en definitiva, manteniendo la cautelar.

Concretamente, el citado magistrado, en una resolución emitida en octubre pasado, consideró que el Gobierno nacional y la empresa Equinor no habían cumplido con algunos de los requisitos ambientales que había impuesto la Cámara en su anterior resolución de junio en la que dispuso el dictado de una nueva declaración de Impacto Ambiental. El fiscal federal había avalado tales presentaciones al igual que el intendente municipal Guillermo Montenegro, quien expresaba su conformidad con los nuevos estudios tras haberse planteado en un primer momento como querellante.

 

La decisión de Equinor de dar de baja el contrato con el buque encargado de la prospección sísmica -hay muy pocos en el mundo- encendió todas las luces de alerta también en el Gobierno nacional. “Si Equinor abandona el proyecto, generará un antecedente tremendo contra la Argentina en materia de inversión y concretamente de exploración petrolera”, reconocieron desde el Gobierno nacional. Y de hecho, en las últimas horas, varios medios hicieron referencia a las negociaciones “urgentes” que el Gobierno nacional, a través de la secretaria de Energía, Flavia Royón, abrió para que la petrolera noruega Equinor no abandone el proyecto de exploración offshore en el Mar Argentino. “La demora de la justicia nos está haciendo perder millones de dólares”, afirmó una fuente de Energía. Desde la justicia federal, en tanto, se reconoce que se trata de una situación anómala. “No se puede mantener una cautelar por casi un año”, afirman.


En el sector petrolero, incluso en el gremial que nuclea a los trabajadores del área, se mantienen expectantes ante lo que pueda llegar a suceder el martes. No solo esperan un fallo que avale los trabajos de prospección sísmica, que deberían iniciarse rápidamente para no perder la “ventana biológica” establecida en el estudio de Impacto Ambiental, sino que también aguardan que el fallo sea concreto y claro para no permitir nuevas dilaciones y más impugnaciones y medidas que volverían a demorar este proyecto. “Nosotros somos respetuosos de la ley y de las decisiones del Poder Judicial. Pero no entendemos cómo la opinión de un solo funcionario del Poder Judicial puede paralizar y destruir la esperanza de trabajo, de crecimiento económico y social de miles de marplatenses y de 46 millones de argentinos”, refería un documento de la CGT Regional Mar del Plata. Allí también se puntualizaba que el juez Martín “está planteando un completo absurdo, de exigirle a una actividad estudios de base, que en años no han realizado otras actividades productivas como la pesca, ni las instituciones científicas abocadas a esta investigaciones”.

 

No será un acto más el que se realizará esta tarde en Mar del Plata cuando a las 20 se inauguren las obras de remodelación del hotel 13 de diciembre de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles, la entidad que más fuerte jugó a favor de la exploración petrolera. Sus máximas autoridades -no se descarta la presencia de representantes de las petroleras involucradas en la exploración del área CAN 100- estarán presentes en esta ceremonia donde volverán a insistir, como lo expresaron en un documento difundido en las últimas horas, en que es fundamental “una rápida resolución por parte de la Cámara con respecto a la cautelar para poder avanzar con las decisiones estratégicas y las diferentes contrataciones que requerirá la perforación del pozo Argerich I”. Y advirtieron que en la medida en que se mantenga la incertidumbre “se pone en riesgo la creación de miles de puestos de trabajo para Mar del Plata en un contexto económico y social difícil que atraviesa el país”.

 

La Federación también reconoció que se han perdido más de cinco millones de dólares a la espera de una definición, sostuvo que una pronta decisión favorable de la Cámara con respecto a la sísmica “creará un precedente para que eventuales amparos contra el pozo sean resueltos con mayor celeridad” y consignó que la previsibilidad es una condición central en la industria del petróleo y del gas. Especialmente, destacó a la actividad costa afuera (offshore), ya que “permite la planificación estratégica adecuada para realizar operaciones seguras”.

 

Ante el silencio y la pasividad de las fuerzas políticas locales que en torno a esta cuestión fundamental para el futuro de la ciudad ni siquiera se pronunciaron -ni a favor ni en contra, salvo contadas excepciones-, el puerto de Mar del Plata, a través de diferentes actores de la actividad como sectores gremiales, empresarios e industriales mostraron su preocupación en las últimas horas por la demora que tiene en la justicia el proyecto de exploración de hidrocarburos frente a costas de la provincia de Buenos Aires. “Con esta dilación en la resolución de medidas cautelares, tramitadas en tribunales federales, Mar del Plata y la región se pueden perder ‘una oportunidad histórica’ en términos de posibilidades desarrollo y crecimiento que llegarían con el impacto económico derivado de esta millonaria inversión en la denominada Cuenca Argentina Norte (CAN 100), a unos 300 kilómetros al este de estas playas”, señala el comunicado.


Vale recordar que el proyecto, impulsado desde el Gobierno nacional y asignado para su ejecución a una sociedad compuesta por YPF y empresas privadas, genera según el puerto “enormes expectativas en la ciudad y zona no solo por los recursos derivados de manera directa por el posible hallazgo de petróleo y/o gas en este sector de la plataforma submarina del Mar Argentino, sino por la demanda de mano de obra y servicios que tendrá para Mar del Plata, que sería principal base logística del operativo”. El puerto de Mar del Plata tiene especiales “expectativas sobre esta exploración de gas y petróleo costa afuera a partir de los muy buenos antecedentes en otros puntos del continente y países del mundo, donde estos despliegues generaron una transformación radical de la dinámica productiva, con multiplicación de empleo en las más variadas áreas y rubros en función de su impacto en distintos sectores de prestaciones de servicios y provisión de insumos”.

 

Además, se asegura que tiene un potencial adicional puesto que “aquí se concentran industrias que quedarían involucradas de manera directa en este proyecto como los astilleros y talleres navales, fundamentales para la atención y mantenimiento de embarcaciones afectadas al operativo de exploración en alta mar, y la de equipamiento para la búsqueda y extracción de hidrocarburos. Las empresas son protagonistas en el mercado internacional y tienen asiento en el Parque Industrial General Savio de nuestra ciudad”. Durante la audiencia pública desarrollada hace seis meses, convocada por el Concejo Deliberante de Mar del Plata, se escucharon opiniones de casi 700 representantes de organismos de gobierno, organizaciones no gubernamentales, cámaras empresarias, instituciones académicas y expertos en energía, con mayoría de voces favorables para este proyecto en función de mínimos riesgos y gran potencial de beneficios.

 


La ex concejal radical Cristina Coria se convertirá en la vicepresidenta de Obras Sanitarias Sociedad de Estado, según pudo saber este medio. Días atrás, el Ejecutivo local envió en un sobre cerrado al Concejo Deliberante, con su candidato para ocupar la vicepresidente de ese organismo. El cargo se encontraba vacante desde el momento en que dejó el mismo Fernando Navarra, en mayo del año pasado como consecuencia de la ruptura entre el intendente Guillermo Montenegro y el ex senador bonaerense Lucas Fiorini y el concejal Alejandro Carrancio. Coria, concejal radical durante tres períodos, aprobada su designación por el Concejo Deliberante, acompañará en OSSE a Carlos Katz (presidente), Daniel Díaz (director titular) y Mario Ricciuto (síndico titular).

 

Pese a la oposición de los concejales de Acción Marplatense y la abstención de los ediles del Frente de Todos, el oficialismo de Juntos por el Cambio, más el aporte de los concejales Nicolás Lauría y Alejandro Carrancio, logró aprobar la polémica regulación de los decks. Los mismos deberán adaptarse antes del 30 de abril, mientras mayoritariamente, los marplatenses, al menos en las redes sociales y en los comentarios de los portales informativos, parecen rechazar la “habilitación de sucursales de los bares y restaurantes en las mismas veredas”. Contrariamente a lo sucedido en La Plata, donde el intendente Julio Garro convencido de que los decks fueron utiles en la pandemia ya habiendo cumplido su ciclo, y ante los accidentes que allí se registraron, decidió que en marzo próximo sean levantados definitivamente, en Mar del Plata no sólo continuarán sino que hasta podrán techarse, incluso, claro está, aquellos que se instalaron incluso terminada la pandemia.


El miembro informante del oficialismo, Fernando Muro (Vamos Juntos), reconoció que “se han cometido excesos”. “Eso lo hemos visto todos, y este proyecto viene a ordenar esta situación. Queremos seguir defendiendo el trabajo, pero hay que hacerlo en forma ordenada, así que se han incorporado muchísimas cuestiones en el proyecto que tienen que ver con el diseño, la disminución de la polución visual, la seguridad, la incorporación de verde, la seguridad vial, los tamaños y dónde pueden estar ubicados y no”, enumeró. “Es un proyecto con mucha perspectiva que ya ha sido apropiado por los marplatenses y por quienes nos visitan”, resumió. Horacio Taccone (Acción Marplatense) se mostró en desacuerdo. La calificó como “una decisión equivocada” porque “no es sostenible en el tiempo” y “no es para toda la ciudad”. “El programa Comemos Afuera fue para la pandemia y nosotros lo apoyamos vehementemente. Nos sirvió a todos”, dijo, pero enseguida apuntó: “No se trata de oficializar la emergencia para siempre arrebatando espacios públicos de todos para algunos. Se trata de que Mar del Plata crezca mejor para que la gastronomía, la industria textil y las mil y una actividades que se desarrollan en la ciudad crezcan, pero todas”.

 

En tanto, Marina Santoro (Frente de Todos), también remarcó que la oposición impulsó los decks y los corredores gastronómicos (uno de ellos fue su ex compañero de bloque Marcos Gutiérrez) en la pandemia. Dijo que en ese momento eran “una solución” y que las estructuras generan empleo, pero aclaró que luego el Ejecutivo incurrió en “graves problemas de implementación”. “Esto evidencia cómo algo que puede estar bien pensado y surge con todo el espíritu de que sea una solución para los marplatenses y los batanenses termina siendo un problema para la comunidad”, indicó. Mencionó estructuras montadas que no cumplían con lo establecido, inconvenientes en el tránsito, reducción de lugares de estacionamiento y falta de higiene urbana.


Pese a haber votado en la misma sintonía, hubo chispazos entre el concejal Agustín Neme (presidente del bloque) y su par Alejandro Carrancio, (ex presidente del bloque) hoy libertario. Carrancio realizó una cuestión previa denunciando el incremento de la planta municipal durante la gestión del intendente Montenegro. El concejal profundizó la información y sostuvo que en septiembre de este año el personal alcanzó la cifra récord. Contando los funcionarios hay 7.955 empleados municipales, sin ellos 7.865. Así enfatizó que la gestión de Montenegro ingresó 1086 agentes municipales en tres años. Con ahínco remarcó: “Hoy transcurrimos el día 1085 de la gestión Montenegro… tenemos a razón de un ingreso por día…” A la vez denunció que conforme la escala salarial básica del mes de septiembre los ingresos tienen el costo mensual de $100.042.798. Si ese costo mensual lo multiplicamos por 13 meses que se abonan anualmente con el aguinaldo, esto arroja: la suma de $1.300.556.371,92.

En tanto, el concejal de Juntos por el Cambio, Agustín Neme, respondió señalando que con los datos a los que todos los ediles tienen acceso, al día de hoy “hay 60 agentes municipales menos trabajando que en diciembre de 2019[, precisando que esto “tiene que ver con la austeridad que el intendente Guillermo Montenegro marca como política local”. Añadió que no hay ningún incremento de la planta municipal y filoso disparó que “acá no crecieron un 140% los cargos políticos como sucede en la provincia de Buenos Aires, acá no se incorporaron 45 mil empleados públicos ni se crearon 20 organismos como en la Provincia. Algunos intentan hablar en nombre de otros que no pueden hablar”, concluyó Neme, Unidos por los decks, separados por los números.


La seguidilla de salideras ocurrida en la ciudad, con epicentro en el banco Provincia de Peatonal y Córdoba, causa doble preocupación en las autoridades, primero porque esos hechos ocurrieron y, segundo, porque tomaron estado público. Muy probablemente el último de los asaltos -si es que no ocurrieron otros- pudo haberse evitado. Nos referimos al del médico Enrique José Naudeau, quien resultó gravemente herido en un ojo al convertirse en víctima de la cuarta salidera. Pero como los anteriores hechos fueron ocultados por las autoridades, se privó a la comunidad de contar con información que le permitiera prevenirse. Curioso manejo informativo que deberá ser tenido en cuenta cuando se difundan esas auspiciosas estadísticas donde el delito se encuentra en eterno descenso…

¿Ultima posibilidad de los ahorristas para recuperar sus inversiones en Andorra por la causa Jonestur?. La cuestión ventilada tiempo atrás en torno a la situación de ahorristas que poseían sus fondos en cuentas internas de la firma Jonestur en Mar del Plata y que imprevistamente y sin consulta previa fueron giradas a la Banca Privada de Andorra (BPA) de ese país; se encuentra en una crucial etapa. En abril del corriente año los directivos de Jonestur Sres. Oscar Rígano, Marisa Ramaglio, Fernanda García Navarro y demás imputados en la causa penal que tramita ante el Juzgado Penal nro. 2 de Andorra por lavado de dinero y defraudación; prestaron declaración ratificando que el dinero existente detectados en cuentas bancarias a nombre de sociedades extranjeras abiertas por la firma Jonestur, es de propiedad de aproximadamente 2.000 ahorristas y no de la firma Jonestur cambiando así el alegato que desde el 2015 expusieran a las autoridades bancarias y judiciales de Andorra. Ese reconocimiento tuvo un vuelco importante en el pensamiento de la jueza y fiscal actuante en cuanto a que sería quizás procedente devolver el dinero retenido en esas cuentas sólo y exclusivamente a los titulares que se presenten a alegar y acreditar que le pertenece.
El abogado local Julián Vespa es quien en forma conjunta con colegas que actúan profesionalmente en el Principado de Andorra, Gema Martinez y Anna Sole, han llevado adelante las presentaciones de los damnificados. En consulta recientemente efectuada al citado profesional el mismo ha confirmado que efectivamente hay una esperanza que el dinero pueda ser devuelto a los damnificados. Pero sólo a quienes hasta la fecha se hayan presentado con un letrado a justificar su tenencia dentro de la causa penal que tramita en Andorra. Porque es allí en donde están los fondos embargados. A consulta efectuada de cual sería el riesgo para aquellos damnificados por Jonestur que no se presenten a efectuar su reclamo, el profesional fue contundente al afirmar que “el Estado de Andorra ha comunicado que a fines de 2022 se opera el cierre-liquidación del BPA. Las colegas con las que trabajo este tema en Andorra me han informado que quienes no se presenten personalmente en la causa a hacer valer sus derechos sobre el dinero que les corresponde, no podrán a futuro hacerlo por el estado de liquidación en el que entrara la entidad bancaria. O les será casi imposible…”.

 

También y ante trascendidos que sería nuevamente Jonestur quien recuperaría todos esos fondos en nombre de los ahorristas fue contundente al considerar que “los únicos legitimados a recuperar el dinero son los titulares del dinero. Y ello por cuanto son quienes se presentan en la causa penal en Andorra a reclamar por sus fondos y complementado esto por que los propios imputados Rígano, Ramaglio y García Navarro han ratificado en declaración realizada en la causa penal que el dinero no les pertenece. Que es de los ahorristas. La ley y la lógica se impone en cuanto a que el dinero debe volver sólo a quien es su dueño y no a terceros. Y el plazo para ejercer esta devolución estaría venciendo a fines de 2022”, concluyó.

 

FUENTE : FIARIO LA CAPITAL

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Intensa actividad en el Consejo Deliberante: Aprueban decks y aumento de taxis con plus nocturno

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El Concejo Deliberante aprobó este martes el nuevo proyecto para regular los decks gastronómicos en la calle.

La iniciativa fue sancionada con los votos del interbloque oficialista y de los concejales Nicolás Lauría y Alejandro Carrancio. El Frente de Todos se abstuvo y Acción Marplatense votó en contra.

Los decks podrán ser techados, con cerramientos laterales y tener publicidad. Además, los gastronómicos podrán poner sillas y mesas en las veredas.

Tras aprobarse la iniciativa, los decks deberán adecuarse a la nueva normativa a partir de abril de 2023.

Los decks surgieron como alternativa todavía en tiempos de pandemia, cuando se mantenían restricciones para las reuniones en espacios cerrados y para garantizar el funcionamiento de una actividad tan vital como la gastronomía se permitió habilitar espacios de consumo no solo en veredas sino también sobre las calles.

A pesar de ser muy utilizado por los marplatenses a la hora de comer afuera, el proyecto recibió duras críticas. Quienes más alzaron la voz en contra de los decks fueron los comerciantes del paseo comercial de Güemes y la Cámara Textil de Mar del Plata, quienes argumentan que no favorecen el ingreso a sus locales.

En cambio, desde la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica (AEHG) y Uthgra defendieron el proyecto. Más trabajo y más posibilidades para recuperar un sector que fue altamente golpeado por la pandemia son los principales argumentos que esgrimen.

 

AUMENTAN LOS TAXIS

La tarifa de taxis y remises tendrán un aumento inminente del 40%, tras la aprobación por unanimidad del Concejo Deliberante de General Pueyrredon, que oficializó como novedad en la actualización una tarifa diferencial nocturna

En consecuencia, la ficha para viajar en taxi pasará de 14 pesos a 20. En tanto, el valor de la bajada de bandera será de 300 pesos.

Lo sobresaliente tiene que ver con la aprobación del cobro de un plus nocturno desde las 22 hasta las 6 de la mañana. En ese caso, la ficha tendrá un costo de 24 pesos y la bajada de bandera 360 durante la noche.

Los nuevos valores entrarán en vigencia cuando el intendente Guillermo Montenegro promulgue la ordenanza aprobada este mediodía.

 

DiezAhora

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Fue anulada la designación de la diputada Roxana Reyes en el Consejo de la Magistratura

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El magistrado en lo Contencioso Administrativo Federal anuló resolución que consideró a la UCR “segunda minoría” en Diputados para el Consejo. Las equivalencias con la designación de del peronista Martín Doñate.

El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Diego Martín Cormick declaró hoy nula la medida que autorizó a la diputada radical Roxana Reyes para ser miembro del Consejo de la Magistratura, al cuestionar el concepto de «segunda minoría» utilizado para efectuar esa designación.

La medida judicial es análoga a la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que recientemente cuestionó la designación del peronista Martín Doñate como representante de la Cámara Alta ante el cuerpo judicial y se pronunció en favor de Luis Juez, del PRO. Así consideró que la Presidencia de la Cámara debe dictar una nueva resolución, «no pudiendo otorgar la representación del tercer espacio a la Unión Cívica Radical».

El magistrado, quien antes había rechazado dictar una medida cautelar en tal sentido, tomó la decisión ante la acción de amparo promovida por el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, quien sostuvo que la Resolución 689/22 de la presidencia de la Cámara viola el principio de «equilibrio» que establece el artículo 114 de la Constitución Nacional.

La resolución cuestionada, del 20 de abril de 2022, cuando Sergio Massa era presidente de la Cámara baja, dispuso «designar a la señora diputada de la Nación Roxana Reyes como miembro titular de la segunda minoría» para integrar el cuerpo que sanciona y participa en la selección de jueces nacionales.

Martínez sostuvo que Reyes pertenece a la Unión Cívica Radical (UCR), que integra Juntos por el Cambio, que ya designó a un legislador de la Cámara para que lo represente en el Consejo.

El caso es similar al de Doñate: la Corte se pronunció en contra de su nombramiento al filo del fin de su mandato y el Frente de Todos insistió con su postulación para el período 2022-2026, lo cual está siendo analizado nuevamente por el máximo tribunal.

Con Reyes ocurre ahora que el juez hace lugar a la objeción de Martínez sobre su designación de abril, pero es propuesta nuevamente.

La lista de los cuatro representantes de la Cámara baja quedó conformada entonces con dos representantes del Frente de Todos (Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade), uno del PRO (Alvaro González) y Reyes, por la UCR, a quienes la Corte Suprema de la Nación decidió tomarles juramento para que desempeñen sus cargos para el período 2022-2026.

El juez consideró que, de acuerdo con lo expuesto por Martínez, «es evidente que el espíritu de la ley es otorgar un lugar a tres espacios políticos diferentes» correspondiendo, según su criterio a «dos integrantes al partido político que cuenta con mayor cantidad de votos, y un integrante a cada uno de los siguientes».

Agregó que la actual «asignación de representantes se efectúa con legisladores elegidos en las elecciones efectuadas en 2019 y 2021» y que «en ambos procesos electorales el Frente de Todos (Partido Justicialista y otros), constituyó una alternativa para votar; y el Frente Juntos por el Cambio (PRO, UCR, Coalición Cívica), otra».

Para el juez, «de otorgarle un integrante al bloque constituido por el PRO y otro integrante al bloque UCR, se estaría vedando de participar a la real segunda minoría de la cámara».

Así consideró que la Presidencia de la Cámara debe dictar una nueva resolución, «no pudiendo otorgar la representación del tercer espacio a la Unión Cívica Radical».

FUENTE TIEMPO ARGENTINO

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