Connect with us

Politica

Noticiasxfn.com no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros

Published

on

El expresidente queda libre del cargo de incitación a la insurrección tras el asalto al Capitolio. Los demócratas, con 57 votos a favor de la condena y 43 en contra, no logran la mayoría de dos tercios

El Senado de Estados Unidos absolvió este sábado a Donald Trump del cargo de incitación a la insurrección por el asalto al Capitolio que se cobró cinco vidas y que una horda de sus seguidores llevó a cabo el 6 de enero con el fin de boicotear la confirmación de la victoria electoral de Joe Biden. 57 de los 100 miembros de la Cámara alta (los 50 demócratas y 7 republicanos) votaron el veredicto de culpabilidad, pero no alcanzaron la mayoría de dos tercios (67) necesaria para la condena. 43 republicanos votaron en contra. Nunca un juicio por impeachment había suscitado tanto respaldo entre los miembros del partido del acusado. Este proceso deja la figura de Trump sentenciada para la historia y exhibe la fractura que ha creado en el Partido Republicano.

Algunos de sus miembros decidieron la absolución arguyendo el sentido constitucional del impeachment, concebido para la destitución de presidentes en el cargo, pero responsabilizan a Trump del ataque. El ejemplo más claro de esta dualidad lo ofreció Mitch McConnell, líder de los conservadores en la Cámara alta. Tras votar “no culpable”, tomó la palabra para denunciar el “vergonzoso incumplimiento de su deber” por parte de Trump aquel aciago día y aseguró: “No hay duda de que el presidente es práctica y moralmente responsable de los acontecimientos”. Biden emitió un comunicado por la noche citando esas palabras: “Aunque no ha habido condena, el cargo no está discusión. Incluso esos que se han opuesto, como Mitch McConnell, creen que Donald Trump es culpable de un ‘vergonzoso incumplimiento de su deber’ y ‘práctica y moralmente responsable de provocar’ la violencia en el Capitolio”.

Estados Unidos concluyó el impeachment más insólito de los cuatro vividos hasta ahora, uno en el que los senadores ejercían tanto de miembros del jurado como de testigos y, en buena medida, víctimas. Esa misma sala donde se juzgó el caso fue, a su vez, objeto del asedio aquel día, escenario del crimen. El juicio se ha desarrollado con el país aún conmocionado por el asalto vivido hace poco más de un mes y que dejó al mundo boquiabierto y el orgullo estadounidense, herido. Trump se ha convertido en el primer presidente en pasar dos veces por un procedimiento como este y el primero en hacerlo ya fuera de la Casa Blanca.

“Trump debe ser condenado por la seguridad de nuestro pueblo y de nuestra democracia”, enfatizó el demócrata Jamie Raskin, líder de los llamados gestores del impeachment, el grupo de congresistas de la Cámara de Representantes designados para ejercer de fiscales en el juicio que se desarrolla en el Senado. Los republicanos argumentaban que el impeachment no tiene sentido con Trump fuera de la Casa Blanca, más allá de su responsabilidad en el asalto. La acusación recalcaba, sin embargo, que era necesario inhabilitarlo para evitar que acceda a cualquier cargo en el futuro, y alerta de que dejar su comportamiento impune sienta un precedente peligroso para cualquier Gobierno.

Este proceso tenía algo de catarsis nacional, también de mensaje al exterior, pero la purga no ha desembocado en una condena y, por tanto, en una verdadera declaración de país. Los republicanos volvieron a salvar a Trump, aunque con grandes fisuras y diferencias respecto al juicio por el escándalo de Ucrania, hace un año. Entonces, un solo senador, Mitt Romney, se desmarcó del grupo y votó para condenarlo. Esta vez, han sido siete (entre ellos, Romney), algo sin precedentes. El primer presidente juzgado en un impeachment, el demócrata Andrew Johnson, en 1868, quedó absuelto por un solo voto porque 12 republicanos rompieron filas y se unieron a los demócratas para exonerarlo. En el caso del expresidente demócrata Bill Clinton, en 1999, fueron cinco los republicanos que votaron no culpable de todos los cargos.

Este juicio duró solo cinco días, cuando lo habitual es que se prolongue semanas, y no incluyó una investigación previa ni la citación de testigos. Mediante un arsenal de vídeos, muchos de ellos inéditos, los demócratas abordaron de forma minuciosa el ataque violento del 6 de enero y las palabras con las que Trump incitó ese mismo día a los que asistieron a su mitin en Washington. Algunos senadores vieron por primera vez lo cerca que estuvieron de la turba, como Mitt Romney, blanco habitual de los ultras por sus críticas a Trump. Los estadounidenses pudieron contemplar también cómo el vicepresidente, Mike Pence, fue evacuado a toda prisa junto a su familia. “Hay que colgar a Mike Pence”, gritaban algunos asaltantes, coléricos porque el republicano se negaban a boicotear la confirmación de Biden.

Este impeachment no solo ha juzgado al ya expresidente por su papel en esas horas, lo ha hecho también por haber torpedeado la transición pacífica del poder y haber tratado de vulnerar la voluntad que los estadounidenses expresaron en las urnas en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Durante meses, el republicano agitó el bulo del fraude, desestimado por la justicia, presionó a los legisladores para que no reconocieran a Biden y animó la movilización civil. El día que el Congreso debía certificar la victoria del demócrata, tras un discurso en el que les animó a “luchar como el demonio”, estalló la violencia.

Los demócratas han puesto el acento en su comportamiento mientras se producía el asedio, su “falta de remordimiento”, para tratar de demostrar que Trump era consciente de lo que sus arengas habían provocado. Es decir, que no era válido el principal argumento de la defensa, que consistía en que las palabras del republicano no suponían un llamamiento literal a la violencia o a la comisión de delitos, sino que forman parte de una “retórica política habitual” protegida por la primera enmienda de la Constitución, que consagra la libertad de expresión.

“Esta ha sido otra fase de la mayor caza de brujas de nuestro país”, dijo Trump en un comunicado, tras terminar la votación. Sus abogados habían hecho un alegato final en la misma línea, acusando a los demócratas de venganza partidista.

A favor de condenarle votaron los republicanos Mitt Romney, Susan Collins, Lisa Murkowski, Richard Burr, Bill Cassidy, Ben Sasse y Pat Toomey. Desde el principio, fue evidente que el magnate conservaba apoyos suficientes para quedar absuelto, pero el proceso ha evidenciado la erosión de su figura.

El juicio llegó a su recta final con giros imprevistos de guion. La declaración pública de una congresista republicana la noche del viernes, perjudicial para el expresidente, cambió el paso de la acusación demócrata, que pidió llamarla a declarar, lo que iba a retrasar el desenlace. Finalmente, aceptaron incluir su comunicado como prueba y evitar la citación. Esa nueva información tenía que ver con el momento en el que Trump supo del ataque y cómo reaccionó, ya que, para la acusación, constituyen pruebas contundentes de la posible connivencia del entonces presidente de Estados Unidos con los atacantes del Congreso.

El viernes, Jaime Herrera Beutler, que es una de las republicanas que votaron a favor de proceder al impeachment en la Cámara de Representantes (fase previa del procedimiento), confirmó a los medios por escrito que el líder republicano de esa Cámara, Kevin McCarthy, le había contado una conversación entre este y Trump en medio del asalto, aquel 6 de enero, en la que el mandatario se había puesto del lado de los vándalos. Según la congresista, McCarthy le dijo que había llamado a Trump para pedirle que animara a sus seguidores a detener la insurrección y que este le replicó: “Bueno, parece que están más molestos con la elección que tú”. El hoy expresidente estaba por aquel entonces furioso con los compañeros de partido que no le apoyaban en sus bulos sobre un fraude electoral y pretendían seguir adelante con la certificación de Biden como presidente.

Tanto republicanos como demócratas querían un juicio breve. Los segundos no quieren poner cortapisas a la agenda política de la nueva Administración de Biden y lo primeros necesitan pasar página cuanto antes para empezar a mirar hacia 2024. Este juicio en el Senado supuso el último adiós a la era Trump.

Washington
FUENTE : DIARIO EL PAIS ESPAÑA

Noticiasxfn.com no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros

Noticias

LA EX SECRETARIA DE AMBIENTE ROMINA PICOLOTTI CONDENADA A DEVOLVER 7 MILLONES DE PESOS Y 3 AÑOS DE PRISION

Published

on

Luego de catorce años de proceso, y poco más de seis meses de juicio oral, la ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Néstor y Cristina Kirchner, Romina Picolotti, fue condenada a tres años de prisión por usar dinero del presupuesto para contratar a familiares y amigos, alquilar jets privados y pagar gastos personales.

El Tribunal Oral Federal 6, integrado por los jueces Sabrina Namer, Rodrigo Giménez Uriburu y Guillermo Costabel, consideró que la ex funcionaria -que ocupó la secretaría entre 2006 y 2008- es culpable del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública.

El tribunal confirmó así la investigación que Clarín publicó en 2007, en la que se explicó cómo Picolotti remitía gran parte del presupuesto de la secretaría de Ambiente a la fundación paraestatal ArgenINTA, que funcionaba como una financiera privada y sólo tenía como tarea guardar ese dinero -sustrayéndolo a los controles habituales de la administración pública regular- para pagar con él las facturas de cualquier gasto que le fueran enviadas desde Ambiente, sin hesitar ni controlar si esos gastos tenían o no que ver con las tareas correspondientes a esa secretaría. Por ese servicio, ArgenINTA a su vez cobraba una comisión del 3% de los montos depositados en sus cuentas.

La maniobra -años después replicada por el ministerio de Planificación Federal de Julio De Vido a través de algunas universidades públicas, por ejemplo- ya venía siendo utilizada por algunas dependencias estatales para “agilizar” la ejecución presupuestaria. Pero libre de supervisiones y con fondos que se habían multiplicado con el pase de Ambiente a la órbita de la Jefatura de Gabinete, Picolotti llevó ese recurso a otra dimensión.

Hace dos semanas, en su alegato final, Luciani había acusado a Picolotti de haber realizado “gastos irracionales, escandalosos y burdos” que no tenían nada que ver con su desempeño oficial. “Hubo un manejo absolutamente irregular de parte de Picolotti de los fondos públicos. Fue un verdadero fraude en el ejercicio de la función pública. Se pagaron comidas o almuerzos casi diariamente sin justificación, se pagaron pasajes de avión para familiares y amigos que no tenían relación con la secretaria y costosos vuelos charters”, sostuvo el fiscal, que había pedido una pena de tres años y nueve meses de prisió n para la ex funcionaria, y la “devolución” al Estado de 6.941.170,50 pesos por sus gastos injustificados.

“La conducta de Picolotti distó muchísimo de los valores de integridad y ética que deben mantenerse en la administración pública, pero además constituyen un delito. Hubo un abuso discrecional del poder de administración, cuando la funcionaria tenía el deber de cuidar el patrimonio público”, consideró Luciani, quien destacó además el trabajo de su colega Guillermo Marijuan durante la instrucción del caso, y el de la jueza de instrucción María Servini.

La cobertura mediática del caso encontró especialmente ofensivas las facturas de comidas diarias de la secretaria y sus amigos -decenas de los cuales había contratado-, regalos de cumpleaños para los amigos de sus hijos y otras excentricidades extremas, pero no son esos los gastos más altos ni ofensivos para el erario público. En cambio, fueron más perniciosos el alquiler de edificios que no se usaban, la reiterada compra de pasajes de avión para su familia y el círculo de allegados con destino a Córdoba -para asistir al casamiento de uno de ellos, en una ocasión- y la contratación de aviones privados para trasladar al Picolotti a distintos lugares del país en los que tenía actividades públicas, luego de las cuales se hacía llevar hasta su Córdoba natal. Esos pagos fueron escrupulosamente enumerados en el requerimiento de elevación a juicio oral con que el fiscal Guillermo Marijuan cerró la instrucción de la causa.

La audiencia de este lunes fue dividida en dos partes: la primera comenzó pocos minutos después de las 8, con la respuesta del fiscal Luciani a los pedidos de nulidad y otras objeciones que había presentado el defensor de Picolotti, Felipe Trucco. En su alegato final, el abogado también reclamó la absolución de la ex funcionaria por la “duración irrazonable del proceso”: un clásico de los acusados por corrupción, que primero generan las demoras durante la instrucción de la causa y luego buscan ampararse en ellas para evitar una condena. También pidió la anulación de la declaración indagatoria realizada por Picolotti en 2011, y el requerimiento de la elevación a juicio de Marijuan, entre otra media docena de pedidos puntuales con objeciones procesales.

Luciani recordó que Picolotti ya había pedido detener el juicio por el plazo razonable dos veces desde que la causa está en manos del TOF 6, que ambos fueron rechazados y ese rechazo fue confirmado por la Cámara Federal de Casación Penal. También respondió las otras objeciones de Trucco.

Antes de cerrar la primera parte de la audiemcia, Picolotti pronunció sus últimas palabras: “Es evidente que yo no he cometido delito alguno. Pretender lo contrario es faltar a la verdad. Aquí no hay pruebas. No hubo ni una pericia caligráfica ni una contable. Han transcurrido 14 años: estos son los hechos, no los dichos en los diarios ni en los medios. Lo único que solicito a este tribunal es que se aplique el derecho de manera imparcial, porque sé que eso conduce a mi absolución”, afirmó.

El TOF 6 reabrió el zoom a las 16, para formular su sentencia. Luego de que se conozcan sus fundamentos, la ex funcionaria podrá apelarla ante la Cámara Federal de Casación Penal.

Continue Reading

Politica

EL GOBIERNO PRESENTÓ “REGISTRADAS”, EL PLAN PARA REDUCIR LA INFORMALIDAD DEL PERSONAL DOMÉSTICO

Published

on

Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Género y Diversidad, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, acompañadas por el ministro Claudio Moroni y el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, anunciaron el Programa “Registradas” (Recuperación Económica, Generación de Empleo e Inclusión Social), que promueve la reducción de la informalidad en el sector de las trabajadoras de casas particulares y garantiza su acceso y permanencia a un empleo registrado.

Por la implementación de este programa, el Estado nacional paga una parte del sueldo de la trabajadora durante 6 meses, mientras la parte empleadora debe registrarla y pagar sus aportes, contribuciones, ART y el porcentaje del sueldo restante.

Además, se abre una cuenta sueldo gratuita a nombre de la trabajadora en el Banco Nación y allí se transfiere el sueldo, detallaron.

La primera en explicar los alcances del programa, fue Gómez Alcorta: “La bancarización no solo va a permitir una mejor fiscalización sino también que puedan acceder las trabajadoras a más beneficios y a una mejor participación económica que la que tienen actualmente”.

Agregó: “Esta medida es importante porque apuntala a un sector de la población que hasta ahora no tenía incentivos para la formalización y para la contratación, por eso entendemos que es una medida progresiva. También estamos contribuyendo al alivio del bolsillo de muchísimas familias en el contexto de la pandemia”.

Acto seguido, la titular de la AFIP explicó que esta inciativa está dispuesta en el marco de la batería de medidas del Gobierno para morigerar los efectos de la pandemia en las economías familiares: “Esta es una medida de política de ingresos que se articula con todo un conjunto de decisiones que ha venido asumiendo el gobierno nacional, como el aumento del salario mínimo, la suba a 175.000 pesos del umbral por el cual no se paga impuesto a las ganancias, la exitosa colocación del crédito a tasa 0 para monotributistas. Por eso es una política de formalización y de bancarización”.

Del Pont explicó que “una vez que se tenga un mes de recibo de sueldo, el Banco Nación le va a dar a la empleada o empleado una tarjeta de crédito que va a tener un límite de crédito que se va a asimilar a lo que es un salario mínimo, vital y móvil, por eso va a tener un límite de hasta 32.000 pesos”.

Y concluyó: “Esto es parte de un conjunto de medidas que está tomando todos los días el gobierno nacional, desde el principio de la gestión para generar una mejor distribución del ingreso y mayor equidad”.

FUENTE PAGINA 12

FOTO TAPA RADIO SUQUIA

Noticiasxfn.com no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros

Continue Reading

Noticias

UN EX MINISTRO DE NESTOR KIRCHNER EN LA CORTE. QUIEN ES HORACIO ROSATTI…

Published

on

Antes de llegar a la Corte, Rosatti fue dirigente del peronismo en Santa Fe, su provincia. Fue el segundo ministro de Justicia de Néstor Kirchner. Asumió ese cargo el 26 de julio de 2004, en reemplazo de Gustavo Beliz, y renunció cuando estaba apunto de cumplir un año al frente del ministerio. No aceptó ser candidato a diputado por Santa Fe y se fue peleado con el entonces presidente. Además, denunció irregularidades en la construcción de cárceles. “No cerraban los precios”, dijo. En aquellos tiempos, el jefe de gabinete de Kirchner era Alberto Fernández. Rosatti también fue procurador del Tesoro, convencional constituyente e intendente de Santa Fe.

En 2017, en tanto, Rosatti adhirió al fallo en el que se decidió que los nuevos jueces ingresantes al Poder Judicial tengan que pagar el Impuesto a las Ganancias, como el resto de la ciudadanía. En 2019, fue parte de la mayoría que prohibió la re-reelección de los gobernadores Sergio Casas y Alberto Weretilneck, de La Rioja y Río Negro.

Ya durante el gobierno de Alberto Fernández, quien fue su jefe de gabinete en su etapa como ministro de Justicia de Kirchner, Rosatti firmó fallos en contra del ex vicepresidente Amado Boudou, al confirmar la condena en el caso Ciccone, y otro contra la dirigente social Milagro Sala, que se encuentra con prisión domiciliaria desde 2016. Este año, en tanto, adhirió a la sentencia en la que se autorizó a la Ciudad de Buenos Aires a decidir sobre la presencialidad en el dictado de clases.

Especialmente en el caso de Sala, el Presidente consideró el fallo como un desafío a su autoridad, mientras la propia dirigente Tupac Amaru declaraba que “pareciera que gobierna la Corte Suprema” y que el gobierno de Fernández se ha mostrado “un poco blandengue”.

Cristina, en tanto, sigue sin perdonarle su salida del gobierno de Kirchner y ha sido crítica de su designación, como la de Rosenkrantz, durante el gobierno de Macri. El enojo de la vicepresidenta con la Corte no es nuevo y se ha repetido especialmente en una dura carta que difundió a finales del año pasado, en la que acusó al máximo tribunal de “encabezar y dirigir el proceso de Lawfare” en su contra.

“Esa articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores, se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación y, lo que es peor: aún continúa”, fue, textual, el cuestionamiento de CFK hacia los jueces.

Fuera de la actividad política o jurídica, Rosatti también cuenta con un extenso CV académico. Se desempeñó como docente de grado y de posgrado en varias casas de estudios en la Argentina, entre las que se destacan la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Austral, la Universidad Nacional de Rosario y Universidad Católica de Santa Fe.

Asimismo, ejerció como decano de la Facultad de Derecho en la sede santafesina de la UCA entre 1999 y 2002. Es doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales y Magíster en Evaluación de Impacto y Gestión Ambiental y, además,  autor de decenas de libros sobre derecho. También recibió el Premio Konex de Platino en Derecho Constitucional.  La Nacion.

 

canalxfn.com no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros.

Noticiasxfn.com no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros.

Caprica.org.ar no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros.

Continue Reading

Más Vistas