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El expresidente queda libre del cargo de incitación a la insurrección tras el asalto al Capitolio. Los demócratas, con 57 votos a favor de la condena y 43 en contra, no logran la mayoría de dos tercios

El Senado de Estados Unidos absolvió este sábado a Donald Trump del cargo de incitación a la insurrección por el asalto al Capitolio que se cobró cinco vidas y que una horda de sus seguidores llevó a cabo el 6 de enero con el fin de boicotear la confirmación de la victoria electoral de Joe Biden. 57 de los 100 miembros de la Cámara alta (los 50 demócratas y 7 republicanos) votaron el veredicto de culpabilidad, pero no alcanzaron la mayoría de dos tercios (67) necesaria para la condena. 43 republicanos votaron en contra. Nunca un juicio por impeachment había suscitado tanto respaldo entre los miembros del partido del acusado. Este proceso deja la figura de Trump sentenciada para la historia y exhibe la fractura que ha creado en el Partido Republicano.

Algunos de sus miembros decidieron la absolución arguyendo el sentido constitucional del impeachment, concebido para la destitución de presidentes en el cargo, pero responsabilizan a Trump del ataque. El ejemplo más claro de esta dualidad lo ofreció Mitch McConnell, líder de los conservadores en la Cámara alta. Tras votar “no culpable”, tomó la palabra para denunciar el “vergonzoso incumplimiento de su deber” por parte de Trump aquel aciago día y aseguró: “No hay duda de que el presidente es práctica y moralmente responsable de los acontecimientos”. Biden emitió un comunicado por la noche citando esas palabras: “Aunque no ha habido condena, el cargo no está discusión. Incluso esos que se han opuesto, como Mitch McConnell, creen que Donald Trump es culpable de un ‘vergonzoso incumplimiento de su deber’ y ‘práctica y moralmente responsable de provocar’ la violencia en el Capitolio”.

Estados Unidos concluyó el impeachment más insólito de los cuatro vividos hasta ahora, uno en el que los senadores ejercían tanto de miembros del jurado como de testigos y, en buena medida, víctimas. Esa misma sala donde se juzgó el caso fue, a su vez, objeto del asedio aquel día, escenario del crimen. El juicio se ha desarrollado con el país aún conmocionado por el asalto vivido hace poco más de un mes y que dejó al mundo boquiabierto y el orgullo estadounidense, herido. Trump se ha convertido en el primer presidente en pasar dos veces por un procedimiento como este y el primero en hacerlo ya fuera de la Casa Blanca.

“Trump debe ser condenado por la seguridad de nuestro pueblo y de nuestra democracia”, enfatizó el demócrata Jamie Raskin, líder de los llamados gestores del impeachment, el grupo de congresistas de la Cámara de Representantes designados para ejercer de fiscales en el juicio que se desarrolla en el Senado. Los republicanos argumentaban que el impeachment no tiene sentido con Trump fuera de la Casa Blanca, más allá de su responsabilidad en el asalto. La acusación recalcaba, sin embargo, que era necesario inhabilitarlo para evitar que acceda a cualquier cargo en el futuro, y alerta de que dejar su comportamiento impune sienta un precedente peligroso para cualquier Gobierno.

Este proceso tenía algo de catarsis nacional, también de mensaje al exterior, pero la purga no ha desembocado en una condena y, por tanto, en una verdadera declaración de país. Los republicanos volvieron a salvar a Trump, aunque con grandes fisuras y diferencias respecto al juicio por el escándalo de Ucrania, hace un año. Entonces, un solo senador, Mitt Romney, se desmarcó del grupo y votó para condenarlo. Esta vez, han sido siete (entre ellos, Romney), algo sin precedentes. El primer presidente juzgado en un impeachment, el demócrata Andrew Johnson, en 1868, quedó absuelto por un solo voto porque 12 republicanos rompieron filas y se unieron a los demócratas para exonerarlo. En el caso del expresidente demócrata Bill Clinton, en 1999, fueron cinco los republicanos que votaron no culpable de todos los cargos.

Este juicio duró solo cinco días, cuando lo habitual es que se prolongue semanas, y no incluyó una investigación previa ni la citación de testigos. Mediante un arsenal de vídeos, muchos de ellos inéditos, los demócratas abordaron de forma minuciosa el ataque violento del 6 de enero y las palabras con las que Trump incitó ese mismo día a los que asistieron a su mitin en Washington. Algunos senadores vieron por primera vez lo cerca que estuvieron de la turba, como Mitt Romney, blanco habitual de los ultras por sus críticas a Trump. Los estadounidenses pudieron contemplar también cómo el vicepresidente, Mike Pence, fue evacuado a toda prisa junto a su familia. “Hay que colgar a Mike Pence”, gritaban algunos asaltantes, coléricos porque el republicano se negaban a boicotear la confirmación de Biden.

Este impeachment no solo ha juzgado al ya expresidente por su papel en esas horas, lo ha hecho también por haber torpedeado la transición pacífica del poder y haber tratado de vulnerar la voluntad que los estadounidenses expresaron en las urnas en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Durante meses, el republicano agitó el bulo del fraude, desestimado por la justicia, presionó a los legisladores para que no reconocieran a Biden y animó la movilización civil. El día que el Congreso debía certificar la victoria del demócrata, tras un discurso en el que les animó a “luchar como el demonio”, estalló la violencia.

Los demócratas han puesto el acento en su comportamiento mientras se producía el asedio, su “falta de remordimiento”, para tratar de demostrar que Trump era consciente de lo que sus arengas habían provocado. Es decir, que no era válido el principal argumento de la defensa, que consistía en que las palabras del republicano no suponían un llamamiento literal a la violencia o a la comisión de delitos, sino que forman parte de una “retórica política habitual” protegida por la primera enmienda de la Constitución, que consagra la libertad de expresión.

“Esta ha sido otra fase de la mayor caza de brujas de nuestro país”, dijo Trump en un comunicado, tras terminar la votación. Sus abogados habían hecho un alegato final en la misma línea, acusando a los demócratas de venganza partidista.

A favor de condenarle votaron los republicanos Mitt Romney, Susan Collins, Lisa Murkowski, Richard Burr, Bill Cassidy, Ben Sasse y Pat Toomey. Desde el principio, fue evidente que el magnate conservaba apoyos suficientes para quedar absuelto, pero el proceso ha evidenciado la erosión de su figura.

El juicio llegó a su recta final con giros imprevistos de guion. La declaración pública de una congresista republicana la noche del viernes, perjudicial para el expresidente, cambió el paso de la acusación demócrata, que pidió llamarla a declarar, lo que iba a retrasar el desenlace. Finalmente, aceptaron incluir su comunicado como prueba y evitar la citación. Esa nueva información tenía que ver con el momento en el que Trump supo del ataque y cómo reaccionó, ya que, para la acusación, constituyen pruebas contundentes de la posible connivencia del entonces presidente de Estados Unidos con los atacantes del Congreso.

El viernes, Jaime Herrera Beutler, que es una de las republicanas que votaron a favor de proceder al impeachment en la Cámara de Representantes (fase previa del procedimiento), confirmó a los medios por escrito que el líder republicano de esa Cámara, Kevin McCarthy, le había contado una conversación entre este y Trump en medio del asalto, aquel 6 de enero, en la que el mandatario se había puesto del lado de los vándalos. Según la congresista, McCarthy le dijo que había llamado a Trump para pedirle que animara a sus seguidores a detener la insurrección y que este le replicó: “Bueno, parece que están más molestos con la elección que tú”. El hoy expresidente estaba por aquel entonces furioso con los compañeros de partido que no le apoyaban en sus bulos sobre un fraude electoral y pretendían seguir adelante con la certificación de Biden como presidente.

Tanto republicanos como demócratas querían un juicio breve. Los segundos no quieren poner cortapisas a la agenda política de la nueva Administración de Biden y lo primeros necesitan pasar página cuanto antes para empezar a mirar hacia 2024. Este juicio en el Senado supuso el último adiós a la era Trump.

Washington
FUENTE : DIARIO EL PAIS ESPAÑA

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Rechazo rotundo de ex combatientes a las declaraciones de Diana Mondino sobre Malvinas: “Quieren entregar la Argentina”

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El Secretario de Derechos Humanos del Centro de Ex Combatientes CECIM La Plata, Ernesto Alonso, manifestó su rechazo ante las declaraciones de Diana Mondino, dirigente de La Libertad Avanza, respecto de las Islas Malvinas y consideró que quieren “entregar la Argentina”

“Deberían leer la Constitución Nacional y la historia. Parece que no entienden que en Malvinas hay un enclave neocolonial militar y la población actual fue insertada en la usurpación de 1833”, sostuvo Alonso. Y sumó: “repiten el libreto del Foreign Office, quieren entregar la Argentina”. 

En la misma línea, el abogado del CECIM, Jerónimo Guerrero Iraola, dijo que “los asesores de Milei andan diciendo a medios británicos que renunciarían a algo que, constitucionalmente, es irrenunciable: la reivindicación de la soberanía sobre las Malvinas, Antártida e islas del Atlántico Sur”.

En ese sentido, el letrado consideró que “al fascismo se añade la entrega de nuestro territorio”.

A las voces de los veteranos se sumaron además las declaraciones del jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente Agustín Rossi, quien opinó que “los dichos de Mondino le pegan una bofetada a los ex combatientes” para luego agregar que hablar de “la entrega de las Islas Malvinas” al Reino Unido.

Por su parte, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería, Guillermo Carmona, consideró que la postura de La Libertad Avanza “amenaza la soberanía nacional” e implica una “total ignorancia del régimen constitucional argentino”.

“Rechazamos categóricamente esa posición”, subrayó el funcionario, quien expresó que se trata de “un alineamiento ideológico con el agresor imperialista”.

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Sergio Massa reunió al equipo económico para definir las medidas que anunciaría la semana próxima

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Viernes a las 16.30. Un importante funcionario sale del Ministerio de Economía. “Yo creo que lo peor ya pasó, pero es la Argentina…”, comenta, visiblemente cansado. Hoy, a las 8, Sergio Massa volvió a convocar a ese y otros miembros de su equipo al Palacio de Hacienda. Vestidos de jogging, cerca del ministro quisieron transmitir que ya está en marcha el paquete paliativo por la devaluación. El candidato presidencial de Unión por la Patria hizo en televisión una “preventa” de las medidas: suma fija para los trabajadores registrados y mejoras en las jubilaciones y en las asignaciones familiares. La letra chica, sin embargo, aún no está elaborada.

El Gobierno termina así una semana fatídica, con un revés en las PASO al que sobrevino la devaluación, la disparada del dólar blue y el anuncio de nuevos aumentos en las tarifas: la crónica anunciada de una disparada en la inflación.

Massa optó por apurar la devaluación tras los comicios y luego se dedicó a cerrar acuerdos de precios. Anunció que el martes próximo viajará a Washington para cerrar con el FMI el desembolso de US$7500 y anticipó que, a partir del jueves, anunciaría un paquete de medidas de “compensación por la devaluación”  dirigidas a los bolsillos.

“La idea es dar todas las malas noticias juntas hasta el miércoles y a partir de ahí empezar con las buenas”, dijo a LA NACION un colaborador de Massa que estuvo en contacto con el ministro.

Massa reunió hoy en el ministerio a la titular de la AnsesFernanda Ravertaa la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos; al vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos y a la titular del Banco NaciónSilvina Batakis. “Se empezaron a conversar las medidas que se anunciarán a partir del jueves para todos los sectores sociales. Es una compensación por la devaluación que se debió hacer de forma obligada por el FMI”, dijeron cerca de Massa.

Muy cerca del ministro se negaban a dar detalles de las medidas. Sin embargo, en TN el miércoles Massa dijo: “Está el tema de la suma fija para discutir en el marco de las paritarias… lo estoy charlando con Kelly, con la CGT… Va a haber suma fija, va a haber un esfuerzo adicional con el tema de las asignaciones familiares, vamos a reforzar AUH, vamos a mirar el impacto en la canasta de jubilados”.

La medida que más controversia genera dentro del Gobierno es la de la suma fija. Se trata de un viejo reclamo del kirchnerismo -el primero en pedirlo fue Máximo Kirchner- que nunca tuvo la aceptación de Alberto Fernández, por su costo fiscal y porque incide en las negociaciones paritarias. Más de una vez el Presidente y los ministros que ocuparon la cartera de Trabajo (Claudio Moroni primero, Olmos después) se mostraron contrarios a la idea.

Sin embargo, ahora Massa retomó esa bandera del kirchnerismo. Se descuenta que la cumbre de la cúpula de Unión por la Patria que tuvo lugar el miércoles en el despacho de Cristina Kirchner en el Senado, a la que asistieron, además del ministro, el gobernador Axel Kicillof y el ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro, versó fundamentalmente sobre la cuestión de los ingresos. “Fue más económica que electoral”, aventuró el estrecho colaborador de uno de los presentes. Y agregó: “Le tenemos que poner plata en el bolsillo a la gente”.

Los detalles de la implementación de la suma fija, el monto y el alcance aún no están definidos. Ni la CGT ni cámaras empresarias como la UIA habían sido convocadas hasta este sábado. En ambas terminales la medida genera resistencia. “Todo el mundo está discutiendo paritarias permanentemente, es algo que tiene una dinámica muy grande y la suma fija altera las paritarias porque es un esquema de recomposición diferente. No es un porcentaje, sino un monto”, dijo a un hombre fuerte de la central obrera.

En la CGT, según pudo saber este medio, sí estarían de acuerdo con “un umbral de ingresos” básicos. Podemos fijar que nadie pueda ganar menos de determinado monto”, apuntaron. Distinta es la opinión que tienen en Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), alineada al kirchnerismo. Su titular, Hugo Yasky reclamó “una suma fija urgente de $75.000″.

Daniel Funes de Riojapresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), dijo a la nacion: “Para el sector privado que negocia paritarias, ese es el camino. La suma fija distorsiona las escalas”.

El otro escollo que encuentra la medida está en el sector público. En el Gobierno algunos aseguran que muchos intendentes no están en situación de caja para afrontar el pago de una suma fija, con sueldos de municipales que suelen ser muy bajos. “Que ponga la plata Nación, a ver si creen que los municipios son un barril sin fondo”, se quejó un jefe comunal peronista de la tercera sección electoral.

Cerca de Massa advirtieron que la medida “se está conversando” y subrayaron: “Va a haber un paquete de medidas con eje en lo productivo, lo social, lo laboral, con el objetivo de recuperar el ingreso por el impacto del devaluación que obligó a hacer el FMI”.

Con los anuncios, en tanto, Massa termina de aplacar el ruido en torno a su continuidad. El ministro aseguró que no dejará el cargo para dedicarse a la campaña. Fue el diputado Eduardo Valdés el que puso el tema en agenda (“Tiene que dejar el ministerio en manos de otro”, dijo). Es cierto que semanas antes de las PASO se había barajado la posibilidad de que Massa se tomara una licencia una vez cerrado el acuerdo con el Fondo. Pero la coyuntura económica terminó de hacer inviable cualquier cambio. Así, deberá seguir adelante con el corset de su puesto.

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Carrió renunció a su candidatura al Parlasur

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Elisa “Lilita” Carrió anunció que renuncia a su candidatura al Parlasur. La líder de la Coalición Cívica, que había quedado en segundo lugar detrás de Luis Brandoni luego de perder las internas en las PASO, comunicó formalmente que no integrará la lista que competirá el 22 de octubre bajo el lema de Juntos por el Cambio.

Mediante un comunicado en el que hace referencia a su estado de salud, Carrió hizo pública la decisión y aclaró que “acompaña y apoya” la candidatura presidencial de Patricia Bullrich por Juntos por el Cambio (JxC).

Desde su entorno explicaron que la renuncia también incluye la no participación en la campaña “por las mismas razones que renuncia – salud-” pero que de todas formas “apoya a Bullrich”.

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Las cuestiones de salud que aquejan a la dirigente ya la habían alejado del último tramo de la campaña en la previa a las PASO pero, más allá de eso, Carrió no se sentía cómoda con el discurso que enarbola el sector que se impuso en las internas de Juntos por el Cambio -ella iba en la lista de Horacio Rodríguez Larreta– y esto se profundizó desde que se conocieron los resultados y el acercamiento aún mayor de Mauricio Macri con el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei.

Carrió ya había advertido que no estaba de acuerdo con el modelo que se planteaba desde las filas de Bullrich, hasta llegó a señalar que el ajuste tal como lo estaban planteando iba a terminar con la gente en la calle y con sangre como consecuencia de la represión. Así fue que las cuestiones de salud, las palabras de apoyo de Macri a los libertarios y el acercamiento continuo, empujaron la decisión de la ex diputada.

La renuncia de Carrió llega en un momento en el que las relaciones entre Bullrich y Rodríguez Larreta buscan encaminarse. El sector que acompaña al actual Jefe de Gobierno de la Ciudad se muestra todavía golpeado por el resultado de las elecciones y las heridas de la campaña aún no cierran, por lo que la salidad de la líder de la CC-Ari no hace más que poner sal a algo que no cicatriza.

Es conocido que la ex diputada criticó públicamente a Macri por su relación con Milei. Advirtiendo sobre una posible alianza entre el ex presidente con el libertario para llevar adelante un ajuste económico “brutal” para el que sería necesario una fuerte represión en las calles que podría llevar a “matar si es necesario por lo cual el gobierno terminaría “con un juzgamiento por delitos de lesa humanidad”.

Aunque desde las filas de la Coalición Cívica insisten que el motivo de la renuncia a participar de la contienda electoral es la salud, la decisión de Carrió de no ocupar el segundo lugar en la lista de parlamentarios del Mercado Común del Sur por Juntos por el Cambio, sucede en ese escenario.

Ese acercamiento que tan poco le gusta a Carrió se va profundizando desde el domingo pasado. Por un lado Macri elogia los planes de Milei pero marca la diferencia señalando que JxC tiene la capacidad de poder llevarlos adelante. En paralelo, Milei señala en una entrevista radial que, de ganar la presidencia, le ofrecerá a Macri que sea un representante de la Argentina en el mundo, una especie de canciller económico del gobierno libertario. Un ex funcionario y estrecho colaborador de Macri, Fernando Andreis, aseguró que éste no aceptará ningún cargo en el gobierno del libertario, pero sus gestos de simpatía hacia el economista dan cierta verosimilitud a esa posibilidad.

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En el PRO, en donde las críticas de Carrió a Macri no caen bien, señalan que la líder de la CC-Ari “no para de tirar piedras, parece que buscara romper Juntos por el Cambio a pesar de que repite que apuesta a la unidad; dice que va a apoyar a Patricia pero no va a participar de la campaña y repite que el plan económico es un ajuste brutal”.

Carrió reaparecerá públicamente esta semana cuando brinde una charla en el instituto de Formación Política y Culural Hannah Arendt sobre “La Argentina que viene”.

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