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Nuevo DNI: qué cambia, quiénes tienen que sacarlo y qué pasa con las versiones anteriores

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El nuevo DNI incluye la versión bicontinental del mapa de la Argentina. La versión digital del DNI es opcional y no reemplaza al DNI físico.

El nuevo DNI incluye por iniciativa del Ministerio de Interior una actualización del mapa de la República Argentina, que se encuentra impreso en el frente y dorso del Documento Nacional de Identidad, con la versión bicontinental actualizada para cumplir con lo establecido en la Ley 26.651.

Según reveló la cartera de Eduardo “Wado” de Petro, al momento de la presentación, ya se cuenta con insumos para imprimir los primeros DNI físicos con el nuevo diseño, que saldrán durante la última semana de noviembre de la fábrica del Renaper, donde se confeccionan.

El nuevo DNI costará $300, que corresponde al valor del DNI tarjeta, mientras que la versión digital que se puede llevar en el celular no tiene valor adicional.

La versión digital del DNI es un documento digitalizado, que cumple con las mismas funciones que el DNI tarjeta, excepto para votar y viajar fuera del país.

Para tener el DNI digital en el celular es necesario ser ciudadano argentino o extranjero, con residencia vigente, mayor de 14 años, y que tramite un nuevo ejemplar de DNI.

El Ministerio de Interior explicó que la versión digital es opcional y no reemplaza al DNI físico, sino que complementa, al DNI tarjeta vigente.

¿Qué pasa con las versiones anteriores del DNI?

La Disposición 1154/2020 de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas aclaró que los DNI de nacionales y extranjeros se “seguirán expidiendo con las hojas personalizadas de datos aprobadas oportunamente, hasta agotar la existencia de materiales, momento a partir del cual se utilizará el diseño que se aprueba en la presente medida, manteniéndose vigentes todos los que fueran oportunamente emitidos, hasta tanto se efectivice su canje”.

El ministro “Wado” de Pedro y el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería, Daniel Filmus, celebraron el lanzamiento del nuevo DNI, en el marco de la Ley 26.651, que establece la obligatoriedad de la exhibición pública en actos de Gobierno del mapa bicontinental de la Argentina.

El ministro de Interior, Eduardo

El ministro de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro y el secretario de Malvinas, Daniel Filmus, presentaron el nuevo DNI con el mapa bicontinental.

“Estamos saldando una deuda con nuestra propia historia y nuestra propia identidad”, dijo De Pedro, y agregó: “El reconocimiento de la soberanía que se extiende sobre una porción de la Antártida y sobre las Islas Malvinas y del Atlántico Sur, también es parte de lo que nos define como argentinos y argentinas”.

Filmus señaló que “la decisión de que el mapa bicontinental esté en los documentos nacionales de identidad tiene que ver con la importancia que cada argentina y argentino tome conciencia acerca de la soberanía sobre la Antártida, Malvinas y el Atlántico Sur y valore la enorme dimensión de nuestro país, que se extiende desde La Quiaca hasta el Polo Sur”.

fuente : ambito

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LA EX SECRETARIA DE AMBIENTE ROMINA PICOLOTTI CONDENADA A DEVOLVER 7 MILLONES DE PESOS Y 3 AÑOS DE PRISION

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Luego de catorce años de proceso, y poco más de seis meses de juicio oral, la ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Néstor y Cristina Kirchner, Romina Picolotti, fue condenada a tres años de prisión por usar dinero del presupuesto para contratar a familiares y amigos, alquilar jets privados y pagar gastos personales.

El Tribunal Oral Federal 6, integrado por los jueces Sabrina Namer, Rodrigo Giménez Uriburu y Guillermo Costabel, consideró que la ex funcionaria -que ocupó la secretaría entre 2006 y 2008- es culpable del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública.

El tribunal confirmó así la investigación que Clarín publicó en 2007, en la que se explicó cómo Picolotti remitía gran parte del presupuesto de la secretaría de Ambiente a la fundación paraestatal ArgenINTA, que funcionaba como una financiera privada y sólo tenía como tarea guardar ese dinero -sustrayéndolo a los controles habituales de la administración pública regular- para pagar con él las facturas de cualquier gasto que le fueran enviadas desde Ambiente, sin hesitar ni controlar si esos gastos tenían o no que ver con las tareas correspondientes a esa secretaría. Por ese servicio, ArgenINTA a su vez cobraba una comisión del 3% de los montos depositados en sus cuentas.

La maniobra -años después replicada por el ministerio de Planificación Federal de Julio De Vido a través de algunas universidades públicas, por ejemplo- ya venía siendo utilizada por algunas dependencias estatales para “agilizar” la ejecución presupuestaria. Pero libre de supervisiones y con fondos que se habían multiplicado con el pase de Ambiente a la órbita de la Jefatura de Gabinete, Picolotti llevó ese recurso a otra dimensión.

Hace dos semanas, en su alegato final, Luciani había acusado a Picolotti de haber realizado “gastos irracionales, escandalosos y burdos” que no tenían nada que ver con su desempeño oficial. “Hubo un manejo absolutamente irregular de parte de Picolotti de los fondos públicos. Fue un verdadero fraude en el ejercicio de la función pública. Se pagaron comidas o almuerzos casi diariamente sin justificación, se pagaron pasajes de avión para familiares y amigos que no tenían relación con la secretaria y costosos vuelos charters”, sostuvo el fiscal, que había pedido una pena de tres años y nueve meses de prisió n para la ex funcionaria, y la “devolución” al Estado de 6.941.170,50 pesos por sus gastos injustificados.

“La conducta de Picolotti distó muchísimo de los valores de integridad y ética que deben mantenerse en la administración pública, pero además constituyen un delito. Hubo un abuso discrecional del poder de administración, cuando la funcionaria tenía el deber de cuidar el patrimonio público”, consideró Luciani, quien destacó además el trabajo de su colega Guillermo Marijuan durante la instrucción del caso, y el de la jueza de instrucción María Servini.

La cobertura mediática del caso encontró especialmente ofensivas las facturas de comidas diarias de la secretaria y sus amigos -decenas de los cuales había contratado-, regalos de cumpleaños para los amigos de sus hijos y otras excentricidades extremas, pero no son esos los gastos más altos ni ofensivos para el erario público. En cambio, fueron más perniciosos el alquiler de edificios que no se usaban, la reiterada compra de pasajes de avión para su familia y el círculo de allegados con destino a Córdoba -para asistir al casamiento de uno de ellos, en una ocasión- y la contratación de aviones privados para trasladar al Picolotti a distintos lugares del país en los que tenía actividades públicas, luego de las cuales se hacía llevar hasta su Córdoba natal. Esos pagos fueron escrupulosamente enumerados en el requerimiento de elevación a juicio oral con que el fiscal Guillermo Marijuan cerró la instrucción de la causa.

La audiencia de este lunes fue dividida en dos partes: la primera comenzó pocos minutos después de las 8, con la respuesta del fiscal Luciani a los pedidos de nulidad y otras objeciones que había presentado el defensor de Picolotti, Felipe Trucco. En su alegato final, el abogado también reclamó la absolución de la ex funcionaria por la “duración irrazonable del proceso”: un clásico de los acusados por corrupción, que primero generan las demoras durante la instrucción de la causa y luego buscan ampararse en ellas para evitar una condena. También pidió la anulación de la declaración indagatoria realizada por Picolotti en 2011, y el requerimiento de la elevación a juicio de Marijuan, entre otra media docena de pedidos puntuales con objeciones procesales.

Luciani recordó que Picolotti ya había pedido detener el juicio por el plazo razonable dos veces desde que la causa está en manos del TOF 6, que ambos fueron rechazados y ese rechazo fue confirmado por la Cámara Federal de Casación Penal. También respondió las otras objeciones de Trucco.

Antes de cerrar la primera parte de la audiemcia, Picolotti pronunció sus últimas palabras: “Es evidente que yo no he cometido delito alguno. Pretender lo contrario es faltar a la verdad. Aquí no hay pruebas. No hubo ni una pericia caligráfica ni una contable. Han transcurrido 14 años: estos son los hechos, no los dichos en los diarios ni en los medios. Lo único que solicito a este tribunal es que se aplique el derecho de manera imparcial, porque sé que eso conduce a mi absolución”, afirmó.

El TOF 6 reabrió el zoom a las 16, para formular su sentencia. Luego de que se conozcan sus fundamentos, la ex funcionaria podrá apelarla ante la Cámara Federal de Casación Penal.

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UNA A UNA LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO PARA INTENTAR RECUPERARSE DE CARA A NOVIEMBRE

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El gobierno nacional puso en marcha la última semana una serie de medidas destinadas a consolidar la reactivación económica, con la profundización de políticas de incentivo a la producción, el consumo y la creación de nuevos puestos de trabajo, entre las que se destacaron el aumento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias; una suba en el salario mínimo, vital y móvil y la eliminación a partir de enero de las retenciones a la exportación de servicios.

Las iniciativas fueron anunciadas de manera paulatina luego que el presidente Alberto Fernández pusiera en funciones el lunes pasado al jefe de Gabinete, Juan Manzur; y a Santiago Cafiero en la cartera de Relaciones Exteriores y Culto; Aníbal Fernández, en Seguridad; Julián Domínguez, en Agricultura, Ganadería y Pesca; Jaime Perczyk, en Educación; y Daniel Filmus, en Ciencia y Tecnología.

Los cambios en el Gabinete, así como las medidas puestas en marcha, buscan poner nuevamente en agenda los temas considerados prioritarios por el gobierno, tras el resultado registrado en las PASO, y de cara a mejorar la performance de los candidatos oficialistas en las elecciones de medio término que se realizarán el 14 de noviembre, que determinarán la nueva conformación del Congreso Nacional y de las legislaturas provinciales.

A las medidas ya anunciadas se sumarán en los próximos días la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para implementar una jubilación anticipada, que beneficiará a personas que se encuentren desempleadas, reúnan 30 años de aportes y les falten 5 años o menos para cumplir la edad jubilatoria, de entre 55 y 60 años en las mujeres y de entre 60 y 65 en los varones.

Además se encuentran bajo análisis un programa para ampliar el empleo y reconvertir planes sociales en trabajo, créditos no bancarios para proyectos productivos de la economía popular, la ampliación de la obra pública y el eventual regreso del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) bajo un esquema focalizado, debido a que en la actualidad las restricciones por la pandemia de coronavirus son mínimas.

Las proyecciones que manejan en gobierno y en el área económica estiman que el paquete de medidas equivaldría a algo más de medio punto del Producto Bruto Interno (PBI).

Las medidas

Salario mínimo, vital y móvil

El primer anuncio –que se concretó el martes pasado y estuvo a cargo de Juan Manzur y del ministro de Trabajo, Claudio Moroni- fue la decisión de elevar el actual salario mínimo, vital y móvil de 29.160 a 33.000 pesos en tres tramos, por lo que la mejora total de ese ingreso en un año será del 52,8%.

Este mes el incremento será del 9%, 4% en octubre y 3% en febrero próximo, con lo que el ingreso mínimo será de 31.104 pesos en septiembre, 32.000 pesos el próximo mes y de 33.000 pesos en febrero.

El incremento salarial alcanza a casi 1.100.000 trabajadores y beneficiarios de programas sociales como Potenciar Trabajo y Acompañar, del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, la Asignación Universal por Hijo y otras prestaciones.

Ganancias

El miércoles el nuevo anuncio tuvo como foco el incremento del piso a partir del cual los asalariados pagan el Impuesto a las Ganancias, en $175.000, a partir del este mes, junto con la exención del Sueldo Anual Complementario (SAC) de diciembre para el pago de este tributo para los trabajadores comprendidos dentro del tope.

Con la actualización, 1.267.000 trabajadores que dejaron de pagar el Impuesto a las Ganancias cuando se aprobó la ley en abril, seguirán sin abonar el impuesto.

Desde el gobierno subrayaron que la medida apunta a fortalecer el poder adquisitivo de los contribuyentes del impuesto y de sus familias y, con ello, la consolidación de la demanda y del mercado interno, entre otras cuestiones.

También anticiparon que el mínimo no imponible del impuesto, así como las deducciones y las escalas, volverán a actualizarse a partir del 1 de enero del 2022, en función de la evolución de los salarios.

Al incremento del piso, también se decidió ampliar las exenciones del impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales para beneficiar el ahorro en pesos, a través de un decreto firmado por el Presidente y el ministro de Economía, Martín Guzmán, que reglamentó la Ley 27.638 que brinda desgravaciones a aquellos que utilicen instrumentos de ahorro en pesos.

La medida busca dar mayor liquidez al sistema y financiamiento para el sector privado, además de contribuir a contar con un sistema tributario más progresivo.

Los beneficios impositivos contenidos en la norma contemplan exenciones en Ganancias para depósitos con cláusulas de ajuste y para instrumentos financieros destinados a fomentar la inversión productiva, entre otras cuestiones.

Eliminación de retenciones a la exportación de servicios

El viernes, Guzmán y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, anunciaron la decisión de eliminar completamente a partir de enero próximo las retenciones a la exportación de servicios producidos en el país y consumidos en el exterior, con el objetivo de fomentar la creación de empleo de calidad, generar divisas y corregir la medida aplicada a partir de 2018, que perjudicaba al sector.

Ese rubro es el segundo complejo exportador del país, solo superado por el segmento oleaginoso cerealero. En 2018, por primera vez en la historia de la Argentina, el sector de servicios comenzó a pagar retenciones a la exportación. En 2020 se bajó la alícuota a 5% y a partir de 2022 se reducirá a 0%.


Jubilación anticipada

Por el lado previsional, el viernes la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, anticipó que el gobierno nacional trabaja en un DNU para implementar una jubilación anticipada.

Se trata de una política dirigida a personas que se encuentren desempleadas, reúnan 30 años de aportes y les falten 5 años o menos para cumplir la edad jubilatoria -entre 55 y 60 años las mujeres y entre 60 y 65 los varones-.


Previaje PAMI

Con foco también en los jubilados, Manzur el viernes presentó en Pilar junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, y la titular del PAMI, Luana Volnovich, el plan Previaje PAMI que contempla el reintegro del 70% de los gastos en turismo para los afiliados, para recorrer todos los destinos de Argentina.

De cara a la próxima semana, uno de las cuestiones más importantes será la reunión que el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, mantendrá con las entidades que conforman la Mesa de Enlace agropecuaria, en la que se podrían concretar anuncios para el sector. Telam

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MARPLATENSES MARCHARON CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO

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Marplatenses participaron este viernes de una marcha por la crisis climática que también se realizó en otras ciudades del mundo. La manifestación se realizó por las calles del centro de Mar del Plata, para pedir medidas que mitiguen el cambio climático.

La concentración se realizó frente a la Municipalidad para sumarse al pedido al Congreso de la Nación una agenda ambiental “realista, justa, honesta, constante y transparente”.

Misión Soberanía y Transición Energética Argentina fue una de las entidades que realizó la convocatoria. “Hubo una importante participación que mostró a una juventud comprometida con su presente y su futuro, que asume una responsabilidad histórica con la construcción de un mundo más sostenible”, expresó Manuel Golomb, integrante de la organización, a Ahora Mar del Plata.

“La agenda reivindicativa es clara: queremos acciones inmediatas para empezar a abordar la crisis climática que pone en jaque la vida en nuestro planeta y en nuestras sociedades”, sostuvo y mencionó la importancia de la ley de humedales y el inicio de una “transición energética justa, que ponga el eje en un proceso de descarbonización de la economía, pero que a su vez también garantice el acceso a la energía para todos, porque hay un derecho vulnerado en gran parte de nuestra población”.

Golomb consideró: “Es una problemática que nos afecta a todos por igual, pero no todos tienen la misma capacidad de respuesta. Los sectores más vulnerables tienen menos alternativas para poder hacerle frente a los cambios climáticos que se están suscitando, como fenómenos meteorológicos o sequias. Es necesario reforzar la construcción y la presencia del Estado, y la discusión en las agendas públicas en torno a cómo abordamos una transición socioecológica que ponga la mirada en aquellos sectores más vulnerables.

Golomb también forma parte de la organización de la Cumbre Latinoamericana de Sustentabilidad Energética 2021 que se lanzará próximamente, con la participación de 10 mil jóvenes latinoamericanos. “Es una plataforma de educación energética 4.0 para sensibilizar a los jóvenes en la temática de transición energética y que sea un proceso de participación colectiva”, describió.

“En el país estamos construyendo una comunidad para La Transición Energética Argentina (TEArg), con las organizaciones socioambientales más importantes,, donde queremos construir una agenda pública que delinee cuáles son las principales formas de acción para impulsar la transición energética con justicia social”, agregó.

El 2 de octubre se realizará el primer encuentro nacional para la transición energética justa y ya está abierta la inscripción en @te.arg. “Tenemos que seguir manifestándonos, participando, formándonos y empezando a liderar estos procesos porque la responsabilidad de construir un mundo más sostenible es de todos”, subrayó.

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