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OFICALISMO INMORAL E ILEGAL

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El oficialismo aprobó en el Senado la remoción de tres jueces que investigan a Cristina Kirchner en causas de corrupción

Se trata de Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Ahora falta la firma final de Alberto Fernández para completar la maniobra y desplazar a los magistrados. Juntos por el Cambio no convalidó el trámite y se retiró del debate

Cristina Kirchner comenzó presidiendo la sesión pero se ausentó en el debate y votación del desplazamiento de jueces (COMUNICACIÓN SENADO)

Después de que se desconectara el bloque de Juntos por el Cambio, que acusó a Cristina Kirchner de imponer una agenda para impedir el avance de causas judiciales en su contra, el Frente de Todos definió el desplazamiento de tres jueces: los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que instruyeron la llamada causa de los Cuadernos en la que se investigó una trama de corrupción política y empresarial en la obra pública y del juez Germán Castelli que integra el tribunal a cargo del juicio oral para esa causa.

Durante todo el debate y en el momento de la votación no estuvo presente la Vicepresidenta y la reemplazó Claudia Ledesma Abdala. El secretario Parlamentario Marcelo Fuentes leyó la lista de votos, como se hace en cada sesión para chequear el método remoto y nombró a cada senador ausente y la intención del voto de los presentes que arrojó un resultado de 41 votos afirmativos. “Debería decir por unanimidad”, bromeó el peronista José Mayans que como jefe del bloque del Frente de Todos insistió en la precisión. Los únicos opositores que acompañaron la decisión oficialista fueron Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Maurice Closs Magdalena Solari Quintana (Frente Renovador de la Concordia de Misiones).

El avance del tratamiento de los tres pliegos se apuró tras la ausencia de los tres magistrados a la audiencia del viernes 4. Anabel Fernández Sagasti, presidenta de la comisión de Acuerdos y vice del bloque del Frente de Todos, abrió la lista de oradores como miembro informante. Recordó que se analizan diez pliegos de jueces trasladados, pero que siete jueces “se sometieron a preguntas de los senadores y senadores, describieron los motivos de su traslados y su labor y muchos fueron muy ilustrativos, incluso en un caso explicaron que pidieron su traslado por presiones recibidas en el anterior lugar que ejercía su cargo”, planteó en referencia a Eduardo Farah.

Martín Lousteau y Laura Rodríguez Machado cuando se retiraron del recinto Martín Lousteau y Laura Rodríguez Machado cuando se retiraron del recinto

“Nuestra Constitución reconoce que ningún poder del Estado se puede imponer sobre otro poder y es así que todo tramite, como es la designación de jueces, cuando no es cumplido acabadamente debe ser corregido y eso es lo que estamos haciendo”, afirmó sobre la revisión remitida por el Poder Ejecutivo para la consideración de la Cámara alta que la oposición cuestionó. También apuntó que los traslados se realizaron para “perseguir” opositores y en línea con lo dicho días atrás por Cristina Fernández, “para buscar impunidad” a ex funcionarios macristas.

Sobre Bruglia, Bertuzzi y Castelli, resaltó que “no acudieron a la audiencia, no se presentaron, desoyeron una convocatoria del Senado de la Nación, se negaron a someterse a una audiencia por el solo hecho de considerar que no correspondía a su traslado el acuerdo de su traslado” y agregó que “desde la oposición convalidaron los dichos de estos señores jueces”.

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Y se preguntó: “¿Qué podemos esperar de estos jueces que se niegan a cumplir con el mandato constitucional para el cargo que aspiran estos tres jueces que se han negado a participar de una audiencia para poder cumplimentar el procedimiento especial, constitucional de acuerdo del Senado?”. Y alertó que “han demostrado tener un desaire no a una fuerza política, no al oficialismo sino lisa y llanamente le han faltado el respeto al Senado de la Nación y a la Constitución Nacional que deberían defender”.

“Cuando se hace un traslado de un juez se lo toma como un nuevo nombramiento por eso el Senado tiene que intervenir”, añadió sobre la designación por decreto presidencial del juez Leopoldo Oscar Bruglia en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal desde la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº4 de la Capital Federal; el pase de Pablo Daniel Bertuzzi de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal y finalmente el traslado del juez Germán Andrés Castelli de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº3 de San Martín al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº7 de la Capital Federal.

En esa línea argumental adelantó que tanto Bruglia como Bertuzzi cumplen “una función diversa a la que fueron designados”, y que en el caso de Bertuzzi cambió de jurisdicción, de La Plata a Comodoro Py mientras que Castelli pasó de una jurisdicción distinta, de San Martín a la Capital Federal. Pidió además agregar una precisión a los textos de los dictámenes que pasaron por la comisión de Acuerdos.

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En el caso de Bruglia, especificó que el traslado se realizó “con distinta competencia en razón del grado y de la materia, y con una función diversa a aquélla para la cual fuera designado”. En el caso de Bertuzzi también pidió “dejar plasmado lo obvio” que el traslado, consideró, se concretó “con distinta competencia en razón del grado, de la materia y del territorio, y con una función diversa a aquélla para la cual fuera designado”. Por último en el dictamen de rechazo a Castelli se agregó que su traslado se realizó a un juzgado “perteneciente a una jurisdicción territorial distinta a aquélla para la cual fuera designado”.

“Aceptar estos traslados es aceptar que existen dos sistemas de selección de jueces: uno es el artículo 99 inciso 4 de la CN y otro es el que usó el gobierno anterior que es una selección de jueces a la carta, elegidos según conveniencia”, sostuvo la mendocina en un fuerte discurso que esta vez no tuvo correlato con la oposición que se retiró molesta por la falta de diálogo, la falta de consenso para renovar el protocolo de funcionamiento remoto y la agenda parlamentaria, incluida la Reforma Judicial y la remoción de los tres magistrados en el día de hoy.

“No estamos sacando jueces que nos molestan. Este tema se origina en el Consejo de la Magistratura cuando nos encontramos con los traslados de un juez de Mendoza y uno de La Plata”, defendió la postura María Inés Pilatti Vergara quien indicó que el proceso se inició con una auditoría para analizar todos los casos de traslados de los últimos cuatro años.

Adolfo Rodríguez Saá, sendor por San LuisAdolfo Rodríguez Saá, sendor por San Luis

Desde Tierra del Fuego el senador de La Cámpora Matías Rodríguez coincidió con Fernández Sagasti y remarcó que “el Consejo de la Magistratura indica que ante cambio de jurisdicción o de materia es un nuevo nombramiento que se aparta del mandato constitucional”.

Mario Pais, de Chubut, remarcó que los tres jueces “entraron por la ventana al cargo que tienen, porque incluso Bruglia estaba desde el 93 y no pasó por el Consejo de la Magistratura”, en referencia al argumento a favor de quienes sostienen que para el cargo de origen ya habían recibido Acuerdo. Pais citó las acordadas 4 y 7 de la Corte

“Me sorprende que senadores de la oposición planteen una alianza con quienes desoyen al Senado”, criticó el catamarqueño Dalmacio Mera.

Luego habló Adolfo Rodríguez Saá que se preguntó “qué relación tiene esto que estamos tratando con la ausencia de los senadores de la oposición, qué relación pueden tener las palabras del ex presidente Eduardo Duhalde que habló de golpe de estado y de que no habrá elecciones el año próximo, qué relación tienen los titulares de los diarios que en este momento sostienen que la oposición se fue para no convalidar la remoción de jueces” y consideró “correcto y constitucional” el procedimiento, incluso afirmó que la sesión arrancó con quórum y con la participación de todos los bloques. “Intencionalidad hay en las ausencias, intencionalidad hay en los titulares de los diarios en este momento”, consideró luego de leer Infobae.

Alberto Wertilneck, ex gobernador y senador de Juntos Somos Río NegroAlberto Wertilneck, ex gobernador y senador de Juntos Somos Río Negro

“Soy oposición y sin embargo estamos acá”, se despegó de Juntos por el Cambio el rionegrino Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) que mencionó el artículo 99 de la Constitución que pone límites a las facultades presidenciales respecto a la designación de jueces de la Corte, jueces y funcionarios judiciales, embajadores, jefe de Gabinete, ascensos militares y Estado de Sitio. El ex gobernador citó jurisprudencia desde el 2000 al 2018 que determina que “no se puede saltar de jurisdicción ni de función”. Fue el mejor defensor del oficialismo al enumerar los traslados de jueces: “En el gobierno de Carlos Menem, 2; en el de Fernando De la Rúa, 2; en el de Eduardo Duhalde, 2; Néstor Kirchner, 5; en los ocho años de Cristina Fernández, 13, y en los cuatro años de Mauricio Macri, 21. Es decir que en los últimos tres años se dan prácticamente la mitad de los traslados desde la creación del Consejo de la Magistratura”. Cuestionó fundamentalmente la ausencia de los jueces en la audiencia porque “eligieron para permanecer en sus cargos otra vía, la judicial” y reclamó que “este Senado no puede tener tolerancia con jueces que no respetan la Constitución”.

Citó la defensa de Bruglia, Bertuzzi y Castelli en base a la acordada 7 de la Corte Suprema. “Los traslados que se hubieran dispuesto fuera de las condiciones señaladas precedentemente deberán cesar cuando concluya el procedimiento constitucional previsto para la cobertura de los cargos respectivos”, advirtió sobre el texto firmado por Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda. “Pero en estos casos nunca fueron llamados los concursos, nunca hubo la intención. Los traslados se dieron después de las acordadas 4 y 7 con las advertencias de la Corte”, enfatizó y hasta alertó: “Si validamos que un juez puede ser trasladado sin acuerdo del Senado también podríamos estar en el absurdo de que un presidente designe un reemplazo de la Corte Suprema”.

 

FUENTE : INFOBAE

aargento@infobae.com

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PORQUE NO AVANZA LA NUEVA LEY DE ALQUILERES

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“Silencio de radio”. Así explican los diputados de distintos bloques la posibilidad de debatir en los próximos días la nueva Ley de Alquileres. Juntos por el Cambio había dejado trascender la posibilidad de una sesión este jueves. Sin embargo, aún no tienen el número confirmado para llevarlo al recinto .

El conflicto llegó con la decisión de poner aumentos trimestrales a los contratos de alquiler. “Con eso sumamos los apoyos de Espert y los liberales”, comentó a PERFIL uno de los operadores de Juntos por el Cambio que hace casi dos meses trabaja para llegar a un acuerdo con el resto de los bloques de la oposición.

Lo cierto, es que este punto puso en riesgo el apoyo de los cuatro diputados del Interbloque Provincias Unidas, que integran dos rionegrinos y dos misioneros. Ambos bloques responden a sus gobernadores. “Es un tema que todavía seguimos conversando”, comentó un diputado de ese bloque que, el miércoles cuando se firmó el dictamen unificado de la oposición, estaba a favor.

 

Esto aleja aún más a los dos diputados del bloque Socialista, que igualmente no iban a acompañar el dictamen opositor. Este sector comparte el interbloque Federal con otros dos bloques que sí van a acompañar, el de Graciela Camaño y el de Córdoba Federal, alineado con el gobernador Juan “Gringo” Schiaretti.

Camaño habló en varias ocasiones con los dos socialistas, Mónica Fein y Enrique Estévez. Se vieron sorprendidos de que la “Negra” aceptara el proyecto de Juntos por el Cambio que elimina el límite a los aumentos de los contratos que ella había acordado con el rionegrino Domingo. Ella les contestó que si no lo hacía “el remedio va a ser peor que la enfermedad”.

“La oposición cree que solo es un problema del mercado. Vamos a seguir insistiendo con nuestras propuestas. Este tema no debe ser un botín para la grieta”, dijo Fein esta mañana en Diputados TV.

Sobre la decisión de ceder en el límite a los aumentos, el despacho de la oposición admite que sea totalmente libre el acuerdo para que se aumente el precio de los alquileres, señalaron: “Iba a ser muy difícil de regular y a los fines prácticos va a terminar sucediendo. Es raro que los aumentos sean por encima de la inflación”.

Esta explicación no contentó a varios diputados. A esto también se suma el rechazo de los cuatro diputados del Frente de Izquierda y la incertidumbre de qué hará Milei. “Es bastante difícil ponerse de acuerdo con él. No se corre de lo que está convencido y no define nada”, comentó indignado un diputado de Juntos por el Cambio que lo llamó para ver qué iba a hacer con este tema.

Juntos por el Cambio intenta quitarle dramatismo a la demora en el tratamiento de este tema. Ellos mismos habían anunciado, sin confirmarlo formalmente, que iban a tratar este tema el jueves 30. “Cuando estemos todos, vamos a sesionar. En estos días hay muchos viajes”, explicó uno de los jefes del espacio en Diputados. Lo cierto es que en la Cámara se sabe que cuando hay voluntad política, hay presencia.

En tanto, el Frente de Todos mantiene el silencio. Sergio Massa llegó recién este martes de Alemania. Estuvo con el Presidente en la Cumbre del G7. “Todavía no nos dijo nada de qué quiere hacer”, comentó un diputado que tiene diálogo frecuente con el tigrense. Hasta la semana pasada, se esperaba que convocara una sesión con los tres temas que tienen despacho de comisión y un acuerdo entre los distintos bloques, estos son el de Compre Argentino, el de nano y biotecnología y cuidados paliativos.

“Ahora que resuelvan ellos toda la expectativa que generaron”, dijo a PERFIL una de las espadas políticas del Frente de Todos. “Nosotros no vamos a mover nada, ellos festejaron una mayoría, que vean ahora cómo lo resuelven”, agregó.

Así, se espera que en las próximas semanas el interbloque opositor siga buscando esa mayoría que le permita sancionar una nueva ley. Por ahora, están lejos de que eso suceda.

 

 

Antonio Riccobene para Perfil

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CÓMO ES LA DISPUTA INTERNA EN EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL POR EL DESTINO DE 128.000 PLANES SOCIALES

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Las tensiones surgen en torno a los beneficiarios que solicitaron cambiar el lugar donde cumplen sus tareas. La guerra silenciosa entre el ministro Juan Zabaleta y el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, del Movimiento Evita.

La disputa por los programas sociales, como el Potenciar Trabajo, destinados a los sectores más vulnerables, abrió una disputa pública dentro del gobierno del Frente de Todos; pero también una más silenciosa, pero no menos tensa, dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Así como la primera generó tensión entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández; la segunda se desarrolla entre el ministro Juan Zabaleta y su secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, uno de los máximos referentes del Movimiento Evita. Hacia él fueron dirigidas las críticas de la Vicepresidente cuando habló sobre la “tercerización” de la política social.

La discrepancia entre el dirigente social y el intendente en uso de licencia de Hurlingham es por el destino que se les dará a los beneficiarios del Potenciar Trabajo que solicitaron cambiar de Unidad de Gestión (UG), es decir el lugar dónde deben desarrollar sus tareas.

Zabaleta decidió que el lugar de traslado será a las intendencias, sobre todo del conurbano, por el lugar de residencia de la mayoría de los beneficiarios, y las gobernaciones. Pérsico, en cambio, no está de acuerdo, sostiene que es darle “mano de obra barata a los intendente” y aspira, que como viene ocurriendo, sean reubicados en las UG que pertenecen al Evita, o a otra organización vinculada con el albertismo, como podría ser Somos Barrios de Pie, que lidera Daniel Menéndez el subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo local.

Desde el 29 de diciembre a junio más de 188 mil beneficiarios del programa Potenciar Trabajo solicitaron cambiar de lugar dónde cumplen sus tareasDesde el 29 de diciembre a junio más de 188 mil beneficiarios del programa Potenciar Trabajo solicitaron cambiar de lugar dónde cumplen sus tareas

Hay una lectura política detrás de la postura de Pérsico. Los movimientos sociales albertistas ya anunciaron la decisión de crear un espacio político propio para, dentro del Frente de Todos, competir en las elecciones de 2023. El principal objetivo es dirimir en las PASO las candidaturas a intendentes y concejales de los principales distritos del conurbano.

Un solo ejemplo, en La Matanza quien ya esta “caminando” el distrito para una eventual interna es la diputada provincial Patricia Cubría, la compañera de Emilio Pérsico y madre de su hijo Néstor.

Los intendentes, pesos pesados en esta jugada, presionan desde hace tiempo para que se le quite poder a las organizaciones populares y “les manden a la gente del Potenciar” (sic). Hay alcaldes de mucho poder territorial que le han dicho a Infobae que “los movimientos sociales están muy extorsivos”.

La posición política de los intendentes es compartida por los gobernadores del PJ y por La Cámpora, la agrupación que lidera el diputado nacional Máximo Kirchner. También por Cristina Fernández quien lo hizo público y desato polvareda.

La diputada provincial Patricia Cubría, compañera y madre de Néstor, hijo de Emilio Pérsico quiere disputarle la intendencia de La Matanza a Fernando EspinozaLa diputada provincial Patricia Cubría, compañera y madre de Néstor, hijo de Emilio Pérsico quiere disputarle la intendencia de La Matanza a Fernando Espinoza

La Cámpora y el Movimiento Evita compiten en el mismo territorio. De hecho, el hijo de la Vicepresidenta, desde el PJ bonaerense, presionó con fuerza para que en las PASO de 2019 se “bajaran” las boletas cortas que había armado en varias intendencias Pérsico, Menéndez y el diputado nacional Juan Carlos Alderete, el líder de la Corriente Clasista y Combativa.

¿Las marchas, movilizaciones y piquetes se nutren solo de beneficiarios del Potenciar Trabajo, que en total suman más de 1.200.000? No, pero son muchos, y quienes los contiene aumenta su caudal político.

Limitar a la economía popular al Potenciar Trabajo es no entender un fenómeno mundial: trabajadores informales que, ante la falta de empleo, “inventaron” su propio sustento y que va desde la venta ambulante, a las huertas comunitarias, pasando por el reciclado de cartón hasta una carpintería o un emprendimiento gastronómico o textil.

En el país los primeros que lo comprendieron fueron Pérsico y Juan Grabois, el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). De hecho, en 2015, ambos publicaron un libro titulado “Trabajo y organización en la economía popular”. El primer párrafo de la introducción ya describe la situación que en siete años se profundizó: “El trabajo asalariado ha dejado de ser la relación social predominante del sistema capitalista. La globalización excluyente ha llevado la injusticia social a tal extremo que ser explotado en las condiciones legales vigentes parece ser un verdadero privilegio. Las conquistas del movimiento obrero son casi piezas de museo, patrimonio de una porción cada vez más pequeña de la clase trabajadora (…) No viven de ‘la magra asistencia’. Nuestros compañeros se inventaron su propio trabajo”.

Es por esta nueva fuerza laboral, por este nuevo actor social, que hoy en día se dirime la pelea política dentro del oficialismo. Es esa la discusión que planteó Cristina Fernández desde el auditorio que le brindó la CTA de Hugo Yasky en Avellaneda.

Cristina Fernández habló sobre la "tercerización" de las políticas sociales y desató controversia (Franco Fafasuli)Cristina Fernández habló sobre la “tercerización” de las políticas sociales y desató controversia (Franco Fafasuli)

El poder de la Unidades de Gestión

La mayoría de las UG pertenecen a organizaciones de la economía popular, piqueteras, cooperativas, pequeñas y medianas empresas; también hay UG en intendencias, gobernaciones, iglesias, sindicatos y, organizaciones sin fines de lucro, como clubes de barrios .

Para ser beneficiario del Potenciar Trabajo, se debe realizar una contraprestación de 20 horas semanales a través de una Unidad de Gestión. El haber es el 50% del salario mínimo vital y móvil (SMVM).

Son las UG las que anotan en una planilla a los candidatos que después serán dados de alta por el Ministerio de Desarrollo Social, si estos cumplen con todos los requisitos.

Este punto es clave porque aquí radica la dependencia del beneficiario de la organización social. La UG es quien reporta si el trabajador cumple con sus tareas. Y en caso de tener varios informes negativos, como la supuesta no asistencia al lugar de tareas, el Ministerio le puede dar de baja.

Las marchas a favor y en contra del Gobierno organizadas por piqueteros o movimientos sociales están colmadas por beneficiarios del Potenciar Trabajo. Así como los intendentes o sindicatos les dan “permiso” o “asueto” a sus empleados para asistir a un acto político, las organizaciones sociales hacen lo mismo. El presente no se da en la Unidad de Gestión sino en la marcha. Por esa razón, se retrató varias veces a los dirigentes “tomando lista” desde una planilla.

Vaciar de beneficiarios de Potenciar Trabajo a piqueteros y movimientos sociales es debilitar también su poder de fuego en las calles y por lo tanto trasladarlo a otro actor político.

El movimiento Evita ya planea una nueva marcha en favor de Alberto Fernández. Será el 7 de agosto, día de San Cayetano (Franco Fafasuli)El movimiento Evita ya planea una nueva marcha en favor de Alberto Fernández. Será el 7 de agosto, día de San Cayetano (Franco Fafasuli)

“Extorsión y exigencia para ir a las marchas”

El 29 de diciembre de 2021, Juan Zabaleta firmó una resolución que permitía a los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo pasarse de una UG a otra. Antes eso no se podía hacer. Pero el cambio de lugar no es arbitrario, Desarrollo Social es quien digita hacía qué UG será redireccionado el beneficiario. Zabaleta tomó la decisión de sacárselos a los movimientos sociales y piqueteros y enviárselos a alcaldes y gobernadores.

Desde la implementación de la nueva modalidad hasta este mes de junio, 188.222 personas pidieron cambiar de UG invocando distintos motivos: mudarse del lugar de residencia; sufrir “abusos”, “amenazas”, “extorsiones”; o el “cobro compulsivo” de un porcentaje de los honorarios que reciben del Estado, por parte de las organizaciones a las que pertenecen.

Este movimiento fue paulatino, no ocurrió de un día para el otro, ni siquiera coincidió con las críticas que Cristina Kirchner realizó sobre los programas sociales y sus cuestionamientos al Movimiento Evita.

De hecho, de ese total hasta ahora se efectivizó el 30%, esto es alrededor de 60.000; el resto se irá “reasignando” a medida que se evalúen las necesidades de cada beneficiario.

Allegados a Zabaleta, sostienen que la mayoría de esas personas ya fueron derivadas a las Unidades de Gestión de intendencias del conurbano. Pérsico, afirma que no es así. Más allá de esa discrepancia, en términos objetivos hay 128.222 personas que, según la decisión de Zabaleta, y contrario a la opinión del líder del Evita, sí dejaran de estar bajo la órbita de organizaciones sociales y piqueteras.

En diálogo con este medio, funcionarios allegados al intendente en uso le licencia de Hurlingham recuerdan que el Ministerio ya firmó convenio para que beneficiarios del Potenciar Trabajo cumplan sus tareas en el programa Mejor Barrio, un proyecto que apunta a la construcción de 400 playones deportivos y circuitos aeróbicos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida comunitaria en ciudades de toda la Argentina, y que también esta bajo la órbita de las intendencias.

También con la UOCRA y las cámaras del sector de la construcción para la implementación del Programa “Construir Trabajo e Igualdad” y entre otros, con la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), para la implementación de acciones “Potenciar Empleo”, que apunta a generar los incentivos para acelerar la incorporación de titulares del programa al empleo asalariado registrado en el sector privado.

Mientras esto ocurre, el Movimiento Evita, la CCC y Somos Barrios de Pie, ya están organizando una masiva movilización en apoyo a Alberto Fernández. Será durante la marcha de San Cayetano, el próximo 7 de agosto.

Ayer, desde el Puente Pueyrredón, en Avellaneda, en el marco de la conmemoración por los 20 años del asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, el dirigente del Movimiento Evita y secretario gremial de la Unión Trabajadores de la Economía Popular, Gildo Onorato dijo: “Hoy los movimientos populares afrontamos la desigualdad en todos los planos” y después de enumerar todas las actividades de las que se hacen cargo, trabajo, salud, infraestructura, afirma: “Por eso, los movimientos populares somos importantes, porque esta democracia moribunda no reconoce a los trabajos y los esfuerzos del pueblo humilde. Una definición que parece estar dirigida hacia la crítica de Cristina de Kirchner, pero también hacia la interna del Frente de Todos y los espacios de poder que desde los sectores populares se están disputando.

 

 

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POTENCIAR TRABAJO: LA CAUSA QUE INVESTIGA MANIOBRAS IRREGULARES EN EL POLO OBRERO PODRÍA SALPICAR A OTRAS ORGANIZACIONES

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El caso por el presunto cobro del 2% de sus haberes por parte de dirigentes que integran la Unidad Piquetera recayó en la fiscalía federal de Federico Delgado, quien ya solicitó medidas de prueba.

La justicia federal avanza en su investigación contra el Polo Obrero por los posibles hechos de extorsión y amenazas que algunos de sus dirigentes podrían haber realizado contra los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo para quedarse con el 2% de los haberes que reciben por parte del ministerio de Desarrollo Social. Esto era, hasta el mes pasado, $19.000, unos $273.600.000 anuales si la quita se realiza a las 60.000 personas que trabajan en la Unidades de Gestión que dependen del Polo Obrero.

La denuncia por esos dos presuntos delitos que realizó el fiscal federal Guillermo Marijuan será investigada por Federico Delgado, quien ya solicitó medidas de pruebas. Entre ellas, cuantas Unidades de Gestión -estas son, por ejemplo, cooperativas de trabajo- hay anotadas en el Ministerio de Desarrollo Social a través de las cuales brindan sus servicios los militantes del PO beneficiados con el Potenciar Trabajo.

En su escrito, Marijuan ya había sugerido algunos requerimientos que Delgado puede tomar como propios o no: “Que se libre oficio al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y al Ministerio de Desarrollo Social, para que informe qué cantidad de planes de inserción laboral, denominado ‘Potenciar Trabajo’, fueron otorgados a personas vinculadas al Partido Obrero, desde su creación en el año 2020″.

Federico Delgado investiga la denuncia por el presunto delito de "extorsión" que habrían realizado dirigentes sociales al quedarse con el 2% de los haberes cobrados a través del Potenciar TrabajoFederico Delgado investiga la denuncia por el presunto delito de “extorsión” que habrían realizado dirigentes sociales al quedarse con el 2% de los haberes cobrados a través del Potenciar Trabajo

También pidió que se haga saber “si en tales organismos estatales se registran denuncias por pedidos de dinero a los beneficiarios de este plan a cambio de su otorgamiento, y en su caso, si se labraron expedientes administrativos o si se efectuaron las correspondientes denuncias en sede judicial”.

Por último, le reclamó a los “gobernadores de todas las provincias del país, como así también a los intendentes de cada municipio de la provincia de Buenos Aires, que informen si han recibido denuncias, a través de sus órganos de gobierno, en orden a los hechos ilícitos aquí develados”.

En el escrito, el fiscal federal denuncio al legislador porteño Gabriel Solano y a Eduardo Belliboni, el líder del Polo Obrero (PO), por los presuntos delitos de amenaza y extorsión porque “obligaban a las personas que reciben el subsidio ‘Potenciar Trabajo’ a hacer un aporte mensual” del 2% de los haberes que reciben por parte del ministerio de Desarrollo Social.

El Polo Obrero realizó marchas y acampes en la 9 de JulioEl Polo Obrero realizó marchas y acampes en la 9 de Julio

En los fundamentos reproduce las declaraciones periodísticas de Solano, quien aseguró: “En el Polo Obrero hay un aporte del 2% de los ingresos de cada persona que cobra un plan. Ese 2% sirve para financiar lo que el Estado no financia. Por ejemplo, el alquiler de los comedores y merenderos, y el gasto logístico y de transporte de la mercadería”.

En su relato, Marijuan razona que el diputado porteño “admitió que un porcentaje de la asistencia se destinaría a la organización”.

Horas después de ese reconocimiento, y ante una consulta de Infobae, la Mesa Directiva del Polo Obrero, a través de Belliboni, confirmó el hecho. Según su versión, se trata de “un aporte voluntario votado en las asambleas” y que en esas mismas reuniones “se rinde cuentas sistemáticamente sobre los ingresos y gastos y se aprueba colectivamente el destino de los recursos que son de todas y todos los compañeros”.

Ante una consulta de este medio, Belliboni aseguró que las imputaciones que realizó el fiscal federal son “absolutamente falsas ya que ningún dirigente del Partido Obrero ni del Polo Obrero obliga a nadie a aportar a las organizaciones que integran como afirma el fiscal”.

El gobierno tiene decidido no ampliar los programas sociales como exigen los movimientos piqueterosEl gobierno tiene decidido no ampliar los programas sociales como exigen los movimientos piqueteros

El desafío del fiscal Delgado será desmontar estos dichos y probar, a través de testimonios y pruebas documentales, que la quita reconocida por Solano y la Mesa Directiva del Polo Obrero no era voluntaria, que cada uno de los inscriptos en el Potenciar Trabajo prestaban efectivamente sus cuatro horas de tareas en la Unidades de Gestión que declararon ante la secretaría de Desarrollo Social, el área que esta a cargo de Emilio Pérsico (líder además del Movimiento Evita), que está a cargo del Programa Potenciar Trabajo.

La fiscalía de Delgado tendrá una ardua tarea para corroborar este tipo de irregularidades u otras que los dirigentes del Polo Obrero -y quizás de otros movimientos sociales- podrían haber cometido.

Tal como publicó Infobae, desde el 29 de diciembre de 2021, fecha en que el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, aprobó una resolución que habilitaba a los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo a pasar de Unidad de Gestión a otra – es el lugar donde desarrollan sus tareas- 188.222 personas (hasta junio pasado) pidieron hacerlo invocando distintos motivos: mudarse del lugar de residencia; sufrir “abusos”, “amenazas”, “extorsiones”; o el “cobro compulsivo” de un porcentaje de los honorarios que reciben del Estado, por parte de las organizaciones a las que pertenecen.

Antes de esa resolución, los beneficiarios del programa social estaban “cautivos” del movimiento social para el cual desarrollaban las cuatro horas de trabajo como contraprestación por el haber que reciben.

Casi la totalidad de reasignaciones, realizadas por Desarrollo Social, fueron derivadas a las Unidades de Gestión que dependen de las intendencias, la mayoría del conurbano bonaerense y gobernaciones. Es decir, dejaron de depender de las organizaciones populares para pasar a depender de las intendencia o los ejecutivos provinciales.

Desde el 29 de diciembre de 2021, el ministerio de Desarrollo Social permite a los beneficiarios del Potenciar Trabajo cambiar de Unidad de Gestión. Más de 188 mil ya decidieron pasarse de las organizaciones piqueteras a intendencias y gobernaciones Desde el 29 de diciembre de 2021, el ministerio de Desarrollo Social permite a los beneficiarios del Potenciar Trabajo cambiar de Unidad de Gestión. Más de 188 mil ya decidieron pasarse de las organizaciones piqueteras a intendencias y gobernaciones

De las 188.222 personas que pidieron abandonar la Unidad de Gestión piquetera, o de otros espacios sociales, 7.700 manifestaron “situaciones de maltrato, irregularidades con las tareas a realizar, exigencia de cobro de una cuota o aporte, amenazas de baja y obligación de ir a marchas o movilizaciones”.

De 7.700, cerca de 900 aseguraron haber recibido algún tipo de amenaza, más de 3.000 expresaron que los piqueteros que manejan las Unidades de Gestión les exigían “un bono o cuota en función de aporte a la organización”; otras 1.400 personas señalaron “presión para asistir a marchas o movilizaciones” y alrededor de 1.700 titulares describieron “maltratos por parte del referente (piquetero o social) o de la organización al solicitar el cambio de Unidad de Gestión”, es decir al querer renunciar al lugar de trabajo que dependía del movimiento popular.

El fiscal Federico Delgado y su equipo de investigadores deberá acreditar si alguna de estas denuncias tiene estado judicial y, de no ser así, si podrán tirar de esos indicios para acreditar si se cometieron delitos.

En los tribunales federales de Comodoro Py entienden que esta causa puede ser una “Caja de Pandora”. Se comienza investigando uno o varios supuestos delitos, se tiene bajo sospecha a determinados dirigentes, pero nadie puede asegurar que a lo largo del proceso alguna víctima revele que otros movimientos sociales, como por ejemplo los que forman parte del Frente de Todos, también realizaron alguna de las supuestas maniobras irregulares. O que los funcionarios que debían controlar, no lo hacían.

La causa judicial que vuelve a poner en el tapete las presuntas maniobras abusivas contra los sectores más vulnerables que suelen ser tomados como rehenes de sus propias necesidades, y las denominadas “cajas políticas, recién comienza, pero ya agita viejos y nuevos fantasmas.

 

 

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