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OFICALISMO INMORAL E ILEGAL

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El oficialismo aprobó en el Senado la remoción de tres jueces que investigan a Cristina Kirchner en causas de corrupción

Se trata de Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Ahora falta la firma final de Alberto Fernández para completar la maniobra y desplazar a los magistrados. Juntos por el Cambio no convalidó el trámite y se retiró del debate

Cristina Kirchner comenzó presidiendo la sesión pero se ausentó en el debate y votación del desplazamiento de jueces (COMUNICACIÓN SENADO)

Después de que se desconectara el bloque de Juntos por el Cambio, que acusó a Cristina Kirchner de imponer una agenda para impedir el avance de causas judiciales en su contra, el Frente de Todos definió el desplazamiento de tres jueces: los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que instruyeron la llamada causa de los Cuadernos en la que se investigó una trama de corrupción política y empresarial en la obra pública y del juez Germán Castelli que integra el tribunal a cargo del juicio oral para esa causa.

Durante todo el debate y en el momento de la votación no estuvo presente la Vicepresidenta y la reemplazó Claudia Ledesma Abdala. El secretario Parlamentario Marcelo Fuentes leyó la lista de votos, como se hace en cada sesión para chequear el método remoto y nombró a cada senador ausente y la intención del voto de los presentes que arrojó un resultado de 41 votos afirmativos. “Debería decir por unanimidad”, bromeó el peronista José Mayans que como jefe del bloque del Frente de Todos insistió en la precisión. Los únicos opositores que acompañaron la decisión oficialista fueron Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Maurice Closs Magdalena Solari Quintana (Frente Renovador de la Concordia de Misiones).

El avance del tratamiento de los tres pliegos se apuró tras la ausencia de los tres magistrados a la audiencia del viernes 4. Anabel Fernández Sagasti, presidenta de la comisión de Acuerdos y vice del bloque del Frente de Todos, abrió la lista de oradores como miembro informante. Recordó que se analizan diez pliegos de jueces trasladados, pero que siete jueces “se sometieron a preguntas de los senadores y senadores, describieron los motivos de su traslados y su labor y muchos fueron muy ilustrativos, incluso en un caso explicaron que pidieron su traslado por presiones recibidas en el anterior lugar que ejercía su cargo”, planteó en referencia a Eduardo Farah.

Martín Lousteau y Laura Rodríguez Machado cuando se retiraron del recinto Martín Lousteau y Laura Rodríguez Machado cuando se retiraron del recinto

“Nuestra Constitución reconoce que ningún poder del Estado se puede imponer sobre otro poder y es así que todo tramite, como es la designación de jueces, cuando no es cumplido acabadamente debe ser corregido y eso es lo que estamos haciendo”, afirmó sobre la revisión remitida por el Poder Ejecutivo para la consideración de la Cámara alta que la oposición cuestionó. También apuntó que los traslados se realizaron para “perseguir” opositores y en línea con lo dicho días atrás por Cristina Fernández, “para buscar impunidad” a ex funcionarios macristas.

Sobre Bruglia, Bertuzzi y Castelli, resaltó que “no acudieron a la audiencia, no se presentaron, desoyeron una convocatoria del Senado de la Nación, se negaron a someterse a una audiencia por el solo hecho de considerar que no correspondía a su traslado el acuerdo de su traslado” y agregó que “desde la oposición convalidaron los dichos de estos señores jueces”.

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Y se preguntó: “¿Qué podemos esperar de estos jueces que se niegan a cumplir con el mandato constitucional para el cargo que aspiran estos tres jueces que se han negado a participar de una audiencia para poder cumplimentar el procedimiento especial, constitucional de acuerdo del Senado?”. Y alertó que “han demostrado tener un desaire no a una fuerza política, no al oficialismo sino lisa y llanamente le han faltado el respeto al Senado de la Nación y a la Constitución Nacional que deberían defender”.

“Cuando se hace un traslado de un juez se lo toma como un nuevo nombramiento por eso el Senado tiene que intervenir”, añadió sobre la designación por decreto presidencial del juez Leopoldo Oscar Bruglia en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal desde la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº4 de la Capital Federal; el pase de Pablo Daniel Bertuzzi de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal y finalmente el traslado del juez Germán Andrés Castelli de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº3 de San Martín al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº7 de la Capital Federal.

En esa línea argumental adelantó que tanto Bruglia como Bertuzzi cumplen “una función diversa a la que fueron designados”, y que en el caso de Bertuzzi cambió de jurisdicción, de La Plata a Comodoro Py mientras que Castelli pasó de una jurisdicción distinta, de San Martín a la Capital Federal. Pidió además agregar una precisión a los textos de los dictámenes que pasaron por la comisión de Acuerdos.

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En el caso de Bruglia, especificó que el traslado se realizó “con distinta competencia en razón del grado y de la materia, y con una función diversa a aquélla para la cual fuera designado”. En el caso de Bertuzzi también pidió “dejar plasmado lo obvio” que el traslado, consideró, se concretó “con distinta competencia en razón del grado, de la materia y del territorio, y con una función diversa a aquélla para la cual fuera designado”. Por último en el dictamen de rechazo a Castelli se agregó que su traslado se realizó a un juzgado “perteneciente a una jurisdicción territorial distinta a aquélla para la cual fuera designado”.

“Aceptar estos traslados es aceptar que existen dos sistemas de selección de jueces: uno es el artículo 99 inciso 4 de la CN y otro es el que usó el gobierno anterior que es una selección de jueces a la carta, elegidos según conveniencia”, sostuvo la mendocina en un fuerte discurso que esta vez no tuvo correlato con la oposición que se retiró molesta por la falta de diálogo, la falta de consenso para renovar el protocolo de funcionamiento remoto y la agenda parlamentaria, incluida la Reforma Judicial y la remoción de los tres magistrados en el día de hoy.

“No estamos sacando jueces que nos molestan. Este tema se origina en el Consejo de la Magistratura cuando nos encontramos con los traslados de un juez de Mendoza y uno de La Plata”, defendió la postura María Inés Pilatti Vergara quien indicó que el proceso se inició con una auditoría para analizar todos los casos de traslados de los últimos cuatro años.

Adolfo Rodríguez Saá, sendor por San LuisAdolfo Rodríguez Saá, sendor por San Luis

Desde Tierra del Fuego el senador de La Cámpora Matías Rodríguez coincidió con Fernández Sagasti y remarcó que “el Consejo de la Magistratura indica que ante cambio de jurisdicción o de materia es un nuevo nombramiento que se aparta del mandato constitucional”.

Mario Pais, de Chubut, remarcó que los tres jueces “entraron por la ventana al cargo que tienen, porque incluso Bruglia estaba desde el 93 y no pasó por el Consejo de la Magistratura”, en referencia al argumento a favor de quienes sostienen que para el cargo de origen ya habían recibido Acuerdo. Pais citó las acordadas 4 y 7 de la Corte

“Me sorprende que senadores de la oposición planteen una alianza con quienes desoyen al Senado”, criticó el catamarqueño Dalmacio Mera.

Luego habló Adolfo Rodríguez Saá que se preguntó “qué relación tiene esto que estamos tratando con la ausencia de los senadores de la oposición, qué relación pueden tener las palabras del ex presidente Eduardo Duhalde que habló de golpe de estado y de que no habrá elecciones el año próximo, qué relación tienen los titulares de los diarios que en este momento sostienen que la oposición se fue para no convalidar la remoción de jueces” y consideró “correcto y constitucional” el procedimiento, incluso afirmó que la sesión arrancó con quórum y con la participación de todos los bloques. “Intencionalidad hay en las ausencias, intencionalidad hay en los titulares de los diarios en este momento”, consideró luego de leer Infobae.

Alberto Wertilneck, ex gobernador y senador de Juntos Somos Río NegroAlberto Wertilneck, ex gobernador y senador de Juntos Somos Río Negro

“Soy oposición y sin embargo estamos acá”, se despegó de Juntos por el Cambio el rionegrino Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) que mencionó el artículo 99 de la Constitución que pone límites a las facultades presidenciales respecto a la designación de jueces de la Corte, jueces y funcionarios judiciales, embajadores, jefe de Gabinete, ascensos militares y Estado de Sitio. El ex gobernador citó jurisprudencia desde el 2000 al 2018 que determina que “no se puede saltar de jurisdicción ni de función”. Fue el mejor defensor del oficialismo al enumerar los traslados de jueces: “En el gobierno de Carlos Menem, 2; en el de Fernando De la Rúa, 2; en el de Eduardo Duhalde, 2; Néstor Kirchner, 5; en los ocho años de Cristina Fernández, 13, y en los cuatro años de Mauricio Macri, 21. Es decir que en los últimos tres años se dan prácticamente la mitad de los traslados desde la creación del Consejo de la Magistratura”. Cuestionó fundamentalmente la ausencia de los jueces en la audiencia porque “eligieron para permanecer en sus cargos otra vía, la judicial” y reclamó que “este Senado no puede tener tolerancia con jueces que no respetan la Constitución”.

Citó la defensa de Bruglia, Bertuzzi y Castelli en base a la acordada 7 de la Corte Suprema. “Los traslados que se hubieran dispuesto fuera de las condiciones señaladas precedentemente deberán cesar cuando concluya el procedimiento constitucional previsto para la cobertura de los cargos respectivos”, advirtió sobre el texto firmado por Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda. “Pero en estos casos nunca fueron llamados los concursos, nunca hubo la intención. Los traslados se dieron después de las acordadas 4 y 7 con las advertencias de la Corte”, enfatizó y hasta alertó: “Si validamos que un juez puede ser trasladado sin acuerdo del Senado también podríamos estar en el absurdo de que un presidente designe un reemplazo de la Corte Suprema”.

 

FUENTE : INFOBAE

aargento@infobae.com

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La Justicia rechazó el pedido para reabrir la investigación por enriquecimiento ilícito contra Cristina Kirchner

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Lo resolvió la jueza federal María Eugenia Capuchetti. De esta manera, el caso por el aumento del patrimonio del matrimonio presidencial quedó archivado

La jueza federal María Eugenia Capuchetti decidió no reabrir la causa por enriquecimiento ilícito contra Cristina Fernández de Kirchner, que había sido cerrada por sobreseimiento en 2009 por el ex juez Norberto Oyarbide.

De este modo rechazó el pedido hecho durante el gobierno de Mauricio Macri por la Unidad de Información Financiera (UIF) para que se reabriera la causa por enriquecimiento ilícito contra la actual vicepresidente, que archivó en tiempo récord el entonces juez Oyarbide. Pero la UIF con las nuevas autoridades que asumieron en 2019 desistió del pedido de repertura de la causa por “cosa juzgada írrita” que había hecho la misma oficina durante el gobierno anterior.

En la resolución a la que Infobae tuvo acceso, la jueza dijo que “teniendo en consideración la trascendencia que ha adquirido el pedido de nulidad del sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner resuelto en el año 2009 por el entonces juez a cargo de este juzgado, corresponde adelantar que lo tendré por desistido en atención a las recientes presentaciones realizadas por la UIF y el Ministerio Público Fiscal (MPF) en las que afirman que no existen elementos que permitan conmover las sólidas bases sobre las cuales se asienta la cosa juzgada de aquella resolución. De esta forma, no existe impulso que permita el resurgimiento de la acción penal tal como originalmente se había requerido. Además, se ha podido establecer que se encuentra siendo juzgada en otros procesos en los que se la acusa -entre otras cuestiones- de supuestos lucros indebidos desde el 8 de mayo de 2003 hasta el 14 de diciembre de 2015, es decir un período temporal que claramente abarca lo aquí denunciado”.

En la resolución por la que se cerró el caso, Capuchetti -la única juez federal designada durante el gobierno de Macri- resumió la posición del fiscal Eduardo Taiano quien también postuló el rechazo a la reapertura de la causa. Con respecto a Taiano, la juez explicó que “en tal sentido, afirmó que la utilización de la cosa juzgada fraudulenta debe apreciarse con un criterio sumamente restrictivo y que, sin perjuicio de ello, tampoco se advertía que el mal desempeño del entonces magistrado a cargo de esta causa encuentre sustento fáctico en los elementos aunados a la presente pues entiende que, por el contrario, cada una de las medidas probatorias ordenadas dieron cuenta de que no existen motivos sustantivos para afirmar esa circunstancia. En resumen, concluyó el MPF que “hacer lugar a la nulidad impetrada y reanudar la investigación, avasallaría la garantía constitucional de la cosa juzgada y los superiores intereses que ampara, en tanto no constan elementos para afirmar que el pronunciamiento cuestionado haya sido dictado mediante fraude por parte de la judicatura o cualquier otra circunstancia indicativa de que la resolución no fuera el corolario de un debido proceso.”

El organismo antilavado durante el gobierno de Macri había solicitado que se reabra la investigación luego de que el histórico contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, declarara – en el Caso Cuadernos- que Oyarbide le encomendó que realizara una pericia irregular para justificar el crecimiento patrimonial del matrimonio investigado y poder de esa manera archivar la causa. A lo dicho por Manzanares se sumó declarado que el juez Oyarbide había sido presionado por operadores judiciales del kirchnerismo con estrechas vinculaciones con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para que sobreseer a Néstor y Cristina Kirchner. El ex juez fue sobreseído por ese hecho por el juez Marcelo Martínez De Giorgi.

En aquella presentación, hecha en febrero del año pasado, la UIF invocó la figura de la cosa juzgada írrita para fundar el planteo. “No hay dudas respecto a la relevancia que pueden tener las manifestaciones del contador Manzanares en orden a los hechos investigados”, señaló en su escrito la dependencia encargada de la prevención y combate del lavado de activos.

“Considera esta Unidad que se encuentran dadas las condiciones para resolver el planteo de nulidad basado en la existencia de cosa juzgada írrita. Es que cuando la investigación judicial no se condujo por su cauce natural, consecuente con la búsqueda de la verdad, sino que se dirigió a sobreseer ficticiamente a quien fue objeto de dicha pesquisa, la inmutabilidad de la cosa juzgada pierde su razón de ser para el caso particular, por cuanto la convalidación de tal situación jurídica colisiona con los principios más elementales del Estado de Derecho y la seguridad jurídica”, había dicho la UIF en la presentación hecha el año pasado y que fue desistida por las nuevas autoridades.

“Cuando la investigación judicial no se condujo por su cauce natural, consecuente con la búsqueda de la verdad, sino que se dirigió a sobreseer ficticiamente a quien fue objeto de dicha pesquisa, la inmutabilidad de la cosa juzgada pierde su razón de ser para el caso particular”, sostuvo la Unidad de Información Financiera en aquella oportunidad.

La cosa juzgada írrita es el as en la manga que tiene la Justicia para reabrir los procesos en los que se llegó a una sentencia absolutoria en forma irregular y evitar, de esta manera, que queden impunes casos de corrupción. La posibilidad de aplicar la nulidad por cosa juzgada írrita se da especialmente en los casos de investigaciones superficiales que terminan de manera rápida sin una condena para los responsables, es decir, cuando se trata de un proceso fraudulento.

La jueza María Eugenia Capuchetti (foto Adrián Escandar)La jueza María Eugenia Capuchetti (foto Adrián Escandar)

La investigación sobre el aumento de los bienes del matrimonio Kirchner se inició en julio de 2009 por una denuncia de Enrique Piragini de la ONG “A.R.I.E.L. somos todos” a raíz de notas periodísticas que daban cuenta del importante incremento patrimonial de la ex pareja presidencial correspondiente al años 2008. Tras un peritaje contable que fue cuestionadoa, en sólo cinco meses, el entonces juez Oyarbide sobreseyó a Néstor y Cristina Kirchner sin producir una sola prueba adicional. El estudio realizado por los peritos se hizo en tiempo récord y se basó en un sólo punto de pericia. Los profesionales contables sólo tuvieron la posibilidad de examinar algunas fotocopias y una carpeta con un estudio hecho por Manzanares, el histórico contador de los Kirchner. Manzanares está acusado en la causa Los Sauces de ser el organizador de una asociación ilícita que integraba junto con Cristina Kirchner.

Poco después de esa pericia, el contador y ex perito de la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Propitkin elaboró un informe en el que señaló una serie de irregularidades en el trabajo que sirvió de base a Oyarbide para dictar el sobreseimiento de los Kirchner. Propitkin constató que los peritos no contaron con documentos originales básicos como escrituras de compra y venta de inmuebles, facturas de adquisición de automóviles, certificados de depósitos a plazo fijo, contratos y recibos de alquiler y acciones, entre otros. No pudieron revisar los movimientos las compras y gastos efectuados por la Vicepresidente ni por su familia y tampoco pudieron justificar el incremento patrimonial al verse impedidos de seguir el procedimiento adecuado para estos casos. El resultado de aquel peritaje fue cuestionado también por Eduardo Blanco quien era contador en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) que era parte en el caso. Unos meses antes de aquel sobreseimiento Manuel Garrido había renunciado a la FIA y y su reemplazante, Guillermo Noailles, a pesar del informe crítico de Blanco, decidió no apelar la resolución de Oyarbide.

El ex juez Norberto OyarbideEl ex juez Norberto Oyarbide

La jueza señaló que la vicepresidenta está imputada en varios juicios orales y públicos donde se la acusa de “de sustraer y apoderarse del dinero de las arcas públicas”. La jueza se refirió a la condición de imputada de la vicepresidenta en el los casos judiciales conocidos como “Cuadernos de las coimas”, “Hotesur”, “Los Sauces” y “Obra Pública”.

Por eso explicó que en la causa que se pretendió reabrir por “cosa juzgada írrita” se estaba investigando algo similar a lo que ya está elevado a juicio oral y público: “Se observa entonces, sin perjuicio del eventual resultado al que arriben esas investigaciones y/o juicios orales, que algunas de las partes acusadoras de esos procesos se presentaron en este expediente con la finalidad solicitar que simultáneamente se reabra esta investigación con fin de determinar si Cristina Fernández de Kirchner se había enriquecido de manera ilícita durante ese mismo período. Es decir que mientras en aquellos juicios intentan probar que fue la jefa de una organización ilícita que administró fraudulentamente el erario, adjudicó de manera irregular obra pública, planificó el retorno del dinero para enriquecerse y realizó actividades de blanqueo de dinero, aquí intentaban acreditar -acción de nulidad por cosa juzgada fraudulenta mediante- que la misma persona y en idéntico período tuvo un incremento patrimonial injustificado”, dijo Capuchetti.

Luego de las posiciones de las nuevas autoridades de la UIF y de Taiano la jueza que asumió en el juzgado que dejó vacante Oyarbide en 2018 señaló que “Como se advierte de la reseña realizada, tanto de las recientes manifestaciones efectuadas por la UIF en las que desiste del remedio solicitado como así también de la opinión fundada del MPF de rechazar la pretensión original, me hacen concluir la necesidad de dar por concluido este incidente”. Y archivó la causa. El sobreseimiento sigue firme.

 

fferrer@infobae.com
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El gobierno bonaerense otorgará subsidios de 300 mil pesos por persona para desactivar Guernica y evitar nuevas tomas de tierras

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En las últimas horas, varios funcionarios del gobierno bonaerense se refirieron a la situación de la ocupación de un predio de 100 hectáreas en Guernica, partido de Presidente Perón

 

La ocupación de GuernicaLa ocupación de Guernica

. Se trata de la toma de tierra más conflictiva en la provincia de Buenos Aires, y que involucra a más de 1500 familias. Tanto el ministro de Seguridad, Sergio Berni, como la ministra de Gobierno, Teresa García, destacaron el trabajo conjunto para alcanzar un desalojo pacífico, previsto en un principio para el lunes 2 de noviembre.

En el marco de la negociación para desarticular esta ocupación, y evitar otras nuevas, sobre todo en el conurbano bonaerense, el gobernador Axel Kicillof oficializó la entrega de subsidios de 300 mil pesos por persona, por año, destinado a quienes que, por verse privadas de una vivienda digna, se encuentran en un contexto de extrema vulnerabilidad.

El programa de “Asistencia Crítica y Habitacional” será coordinado por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, que dispondrá de 54 millones de pesos que podrán ser destinados para gastos de alojamientos, materiales de construcción y alimentos.

Andrés "Cuervo" Larroque, en el predio de 100 hectáreas en el partido de Presidente PerónAndrés “Cuervo” Larroque, en el predio de 100 hectáreas en el partido de Presidente Perón

“Con el objetivo de acompañar, cuidar y asistir a esos sectores más necesitados de la sociedad, y a fin de mejorar las condiciones de habitabilidad de grupos en riesgo social, es necesario optimizar los recursos destinados a las políticas públicas existentes, resultando de vital importancia la creación de un Programa de asistencia habitacional, con el objeto de atender a la población vulnerable de la provincia de Buenos Aires, que necesite asistencia para acceder a una vida digna, tanto en materia alimentaria como habitacional”, dispone el decreto 938/2020, publicado ayer en el Boletín Oficial.

Los subsidios podrán ser otorgados por un periodo máximo de tres meses y, si la situación de vulnerabilidad social del beneficiario así lo amerita, podrá ser prorrogado por única vez durante tres meses más.

“En el marco del escenario crítico que atraviesa la Provincia por la emergencia provocada por el Coronavirus (COVID-19) y la demanda creciente de diversos actores en concordancia con la competencia del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y los objetivos del Gobierno Provincial, se impulsa el presente Programa de Asistencia Crítica Habitacional, que tiene por objeto otorgar subsidios de hasta la suma de pesos cincuenta mil ($50.000) mensuales por el termino de tres (3) meses, prorrogables por tres (3) meses más”, se detalla de manera oficial.

Ayer, con relación a la situación de Guernica, Berni aseguró que “Larroque trabaja todo el día para lograr un desalojo pacífico en Guernica, pero nosotros vamos a cumplir lo que diga el juez. Vamos a garantizar el derecho a la propiedad en Buenos Aires”. “Si no se llega a un acuerdo, calculo que el lunes 2 de noviembre se hará el desalojo en Guernica, salvo que el juez vuelva a cambiar la fecha. Pero por lo que hablé con el fiscal no habría otra propuesta para aplazar la fecha”, agregó.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof (Maximiliano Luna)El gobernador bonaerense, Axel Kicillof (Maximiliano Luna)

Según el funcionario provincial, durante el mes de octubre se desarticularon más de 100 tomas y, en declaraciones radiales, apuntó contra la CTEP, la organización cuyo referente es Juan Grabois: “Hay gente de esa organización que tiene participación en tomas de la provincia de Buenos Aires”.

En el caso de la toma de Guernica, además del subsidio de 50 mil pesos, el gobierno bonaerense propuso la reubicación de las familias y el traslado de manera definitiva a lotes que estarán disponibles en un plazo de entre cuatro y seis meses. Según se informó, se trata de lotes “escriturables, con una superficie aproximada de 200 metros cuadrados, contarán con dos servicios (luz y agua) y serán adjudicados prioritariamente a las mujeres de los grupos familiares”.

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, por su lado, destacó que “se trabaja en el diálogo y el consenso con medidas para las familias establecidas en el predio” ocupado desde julio pasado. En una conferencia de prensa ayer en la Gobernación bonaerense, el funcionario aseguró que el Gobierno trabaja en “soluciones parciales”, aunque reconoció que “hay un núcleo duro minoritario con el que se sigue trabajando y, cuando la justicia lo determine, se avanzará con el desalojo”, aseguró.

Los terrenos reclamados por sus propietarios, unas 100 hectáreas, fueron ocupados en julio pasado por familias que vivían en Guernica y otras que residían en los distritos de Almirante Brown, Lomas de Zamora, San Vicente, Florencio Varela, Ezeiza y Esteban Echeverría.

Tras la denuncia ante la Justicia por parte de los dueños y la firma Bellaco S.A., el juez de Garantías de La Plata Martín Rizzo ordenó el desalojo del predio, decisión que fue postergada en dos oportunidades a pedido del Gobierno provincial, y que tiene nueva fecha límite de concreción el próximo viernes.

No es una linea de subsidios generalizada, sino que tenemos que disponer de instrumentos que nos permitan responder a situaciones de extrema vulnerabilidad; no es una política generalizada, no se ofrece”, informó Larroque en diálogo con TN.

La decisión del gobierno bonaerense generó el rechazo de dirigentes de la oposición. “50.000 pesos a cada usurpador de Guernica. 0 pesos para subsidiar jardines maternales e infantes. 0 pesos para los pequeños comercios que apenas subsisten. Kicillof, ¿para cuándo una para el lado del laburante?”, afirmó el intendente de Vicente López, Jorge Macri, a través de las redes sociales.

Y agregó: “El que labura cierra y el que usurpa hace negocio. La provincia no es inviable, pero así la hacen invivible!”.

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LA FALTA DE AUTOCRÍTICA QUE ESCONDE EL VERDADERO PLAN

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Estalló la economía, todos los cálculos que el gobierno hizo sobre los alcances de la pandemia fueron equivocados y sin embargo, parados en el incendio monetario y de salud, el presidente y su equipo nos miran con cara de «yo no fui».

Si Mauricio Macri hizo todo mal y dejó un país quebrado poco tiene que ver con la disparada del dólar, el estallido de un plan que nunca existió y la contundente muestra de pérdida de confianza que la sociedad dedica a un gobierno que ya al estallar la pandemia venía demostrando no tener muy en claro que era lo que había que hacer con la economía.

Aquel «no creo en los planes económicos» del presidente no fue otra cosa que la puesta en claro de que la improvisación le había ganado a la planificación y que todos estábamos a expensas de lo que el destino resolviese que tenía que pasar.

Y el destino resolvió...vaya si resolvió.

Y lo hizo con la circunstancia tan trágica como novedosa de un virus y con la ya tradicional y reiterada de los argentinos corriendo a refugiarse en el dólar como cada vez que perciben que todo lo que se comunica desde el gobierno es mentira y que ella está más vinculada a la impotencia y la incapacidad que al deseo perverso (y estúpido) de que las cosas vayan mal.

Mientras esta explosión se gestaba, el presidente y su extravagante «gobierno de científicos» no paraba de equivocarse en el diagnóstico y tratamiento de la crisis sanitaria. Todo mal encarado, peor diagnosticado y con consecuencias funestas para el país: primero mundialmente en la relación de contagios por millón de habitantes y ahora también en el de muertes por la infección.

Todo bajo el paraguas de un oficialismo dividido y disparatado en el que una agenda sólo útil a los intereses de alguno de sus miembros ganaba el centro de la escena mientras quedaba al costado del camino lo que ciertamente importaba a la sociedad. Al mismo tiempo que a todos nos ganaba una duda que servía además para alimentar la crisis y la desconfianza: ¿es realmente Alberto quién gobierna?.

Más allá de las ñoñas desmentidas, supuestos sarcasmos y caritas despreciativas de los dirigentes del oficialismo, todos en Balcarce 50 saben que la duda está clavada en el corazón de la sociedad y que con ella no se puede seguir mucho tiempo más. No sé puede, sin correr el riesgo de que la doble crisis se convierta en triple y lo que entre en un tirabuzón imparable sea la misma institucionalidad.

Y el primer paso para evitar la catástrofe -de la que ya se puede hablar sin que pueda colgarse a quien lo hace el sayo de alarmista o desestabilizante- sería una autocrítica del presidente y su gobierno acerca de los errores cometidos.

Porque algo falló del «no plan» económico y también salió mal en la mirada que se posó sobre la pandemia, su tratamiento, el tiempo de aislamiento y la comparación con otros países de la tierra a los que llegamos a poner como el ejemplo a no seguir y hoy han dejado atrás la crisis, con menos muertos y  con menos daño económico. Pero Alberto Fernández parece elegir el silencio, pasar por alto la necesidad ciudadana de una explicación y seguir adelante como si todos los errores fuesen imputables a una mano invisible a la que, a lo sumo, gusta definir como «la oposición».

La vieja costumbre de simplificar todo en un culpable y un pretexto parece no alcanzar ya para zafar de los propios errores. Máxime cuando en el propio espacio ya asoman quienes trabajan en la sucesión y se disponen a ser impiadosos  con aquel al que en su momento fueron a buscar para esconder tras su figura el rechazo de la sociedad a algunas posturas que ahora vuelven a aparecer explícitas y sin disimulo.

Y mientras Alberto calla, evade la realidad y espera que por arte de magia el virus y la inestabilidad abandonen el escenario, las usurpaciones, las tomas, los manotazos a la justicia, el intento de controlar a los medios, la persecución al mérito como motor del avance social y la protección de la marginalidad como un tesoro a cuidar, sostener y multiplicar ocupan el centro de la escena generando un enfrentamiento que, hoy conceptual y acerca del país que queremos, se acerca peligrosamente a un choque violento entre los que tienen y los que , apoyados desde el gobierno, quieren quedarse con todo ello.

Algo que seguramente un «me equivoqué» no va a resolver pero sería señal suficiente de que la vocación es hacer las cosas bien y no buscar la explosión para avanzar luego en la apropiación.

Un pequeño gesto para una gran causa.

 

FUENTE : LIBRE EXPRESION

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