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ORDENAN LIBERAR LA CARGA DEL AVION VENEZOLANO-IRANI

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El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena ordenó a la Aduana liberar toda la carga y la mercadería que traía el avión venezolano-iraní de la firma Emtrasur que está retenido en Ezeiza desde los primeros días de junio.

En cambio, sigue sin decidir sobre su tripulación, integrada por catorce ciudadanos venezolanos y cinco iraníes, que tienen prohibida la salida del país y con sus pasaportes retenidos.

Tampoco se decidió qué hacer con el Boeing 747 presuntamente propiedad de Venezuela luego de una supuesta transferencia por parte del firma iraní Mahan Air en febrero pasado, no acreditada en los papeles. La aeronave podría ser embargada, decomisada o entregada a sus dueños.

Ahora, por orden de la Justicia, la Dirección General de Aduanas, que está a cargo de Guillermo Michel, deberá liberar inmediatamente la carga del avión que aún no había sido retirada.

En su momento se informó que el avión de Emtrasur trajo al país 47.822 kilos de autopartes para la empresa SAS Automotriz Argentina, y que una parte de esa carga consistía en autopartes para una planta de la empresa alemana Volkswagen. Pero otros 7.860 kilos permanecen en un hangar a la espera de la decisión judicial que se tomó este lunes.

Habría otro cargamento que deberá ser liberado también por orden de Villena, y es de la empresa Skylease, que había sido contratada por el mismo importador que el de Emtrasur, según informaron fuentes judiciales. Serían otros 8.000 kilos. 

El escándalo por el avión de Emtrasur estalló por la denuncia del diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Millman. La nave había aterrizado en Córdoba el 6 de junio pues Buenos Aires estaba bajo niebla, aunque horas después pudo llegar a Ezeiza. Ese desvío inesperado hizo que no le alcanzara el combustible, que ninguna petrolera local quise reponerle y tampoco pudo hacerlo en Uruguay, adonde ni siquiera pudo aterrizar porque el avión había pertenecido a Mahan Air, sancionada por Estados Unidos.

Con una querella presentada por la DAIA, la justicia busca aún determinar si alguno de los tripulantes tenían por objetivo realizar en nuestro país actividades diferentes a las formalmente declaradas. Incluso actividades terroristas, tal como se investiga, por ejemplo en Paraguay, adonde el mismo avión estuvo estacionado durante tres días, entre el 13 y el 16 de mayo, en Ciudad del Este.

El 17 de junio los investigadores recibieron un informe del FBI en el que se vincula al piloto de la aeronave, Golamrezha Ghasemi, con la línea aérea de carga Qeshm Fars Air -dueña del avión antes de Mahan Air- y se relaciona a esa empresa con la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica Iraní y con Hezbollah. Ambas son consideradas organizaciones terroristas en los Estados Unidos. Todas esas aerolíneas están sancionadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

“Fars Air Qeshm fue señalada por el Tesoro de los Estados Unidos en 2019, debido a su participación directa en la actividad terrorista y la asistencia que proporciona a la Fuerza Quds y a la aerolínea iraní Mahan Air, que han sido señaladas como entidades terroristas”, se sostiene en ese informe.

La aerolínea le solicitó entonces a Villena que libere el avión Boeing 747 con matrícula venezolana YV3531. El escrito fue acompañado por documentos como el boleto de compraventa de la aeronave y sus habilitaciones de vuelo.

La presentación fue radicada por el abogado Hernán Carluccio, y tan pronto como la recibió el tribunal le fue requerida la opinión a la fiscal Cecilia Incardona.

Sin embargo, el tiempo empieza a jugar en contra de la Justicia argentina, que no logra reunir pruebas para procesar a ninguno de los tripulantes.

A través de un comunicado emitido la semana pasada, la cancillería iraní protestó en duros términos a la de Argentina y pidió la “inmediata liberación” de sus ciudadanos.

Una funcionaria de la embajada argentina en Teherán fue convocada para expresarle la molestia del gobierno teocrático de esa nación, al tiempo que el canciller Hossein Amir Abdollahian expresó al representante diplomático argentino “la profunda preocupación del gobierno iraní y de las familias de la tripulación por la retención de sus documentos de viaje y la restricción de abandonar el país, lo que constituye una violación de los derechos humanos“, afirmó en un comunicado que este miércoles al mediodía publicó la agencia AFP.

“Irán pide al gobierno de Argentina que cumpla con sus deberes y responsabilidades poniendo fin a las restricciones y facilitando la salida inmediata de los cinco miembros de la tripulación iraní”,apunta el texto.

Y añade: “El estatus del avión venezolano y de los miembros de la tripulación iraníes es completamente legal en el marco del derecho internacional y de las convenciones aéreas, por lo que no hay lugar a investigar a los ciudadanos iraníes”.

Natasha Niebieskikwiat para Clarin

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EL FISCAL LUCIANI APUNTÓ CONTRA LA PERITA DE CRISTINA KIRCHNER: “PARA ELLA BÁEZ PERDIÓ PLATA”

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En el quinto día de alegato, la parte acusadora analizó el capítulo de los sobreprecios y cuestionó severamente el dictamen que hizo la experta de la defensa de la Vicepresidenta.

Para la perita de Cristina Kirchner,Lázaro Báez perdió plata; no sé para qué se presentó a estas licitaciones… Casi que le tendríamos que devolver plata”, dijo el fiscal Diego Luciani, al comenzar a analizar el capítulo de los sobreprecios en las obras que llevó adelante el empresario santacruceño que está acusado, junto a la ex presidenta y funcionarios de su gobierno, de haber integrado una asociación ilícita que defraudó al Estado. Y, tras cuestionar severamente su trabajo, la fiscalía denunció que la profesional “se alejó por completo de su función” y tuvo “un afán” para “forzar los números” y llegar a un resultado favorable a las defensas. Para la fiscalía, hubo sobreprecios en más de 200 millones de dólares en 5 de las 51 obras analizadas.

La mira estuvo puesta en las conclusiones de la ingeniera Adriana Alperovich, que en nombre de la defensa sostuvo que no habían existido sobreprecios. Para el Ministerio Público, la ingeniera dio “vidriosas explicaciones” ante el tribunal y hasta admitió que ni siquiera consideró los costos de transportes en sus cálculos. Sostuvo que la ingeniera no tenía “expertise” en el análisis de obras viales, según ella misma reconoció, y señaló que llama la atención que para su trabajo consultó bibliografía de tesis de alumnos de universidades de Perú, Colombia o Perú, cuya rigurisidad se desconoce. “Tampoco sabemos si fueron aprobados”, resaltó.

Pero además denunció que la profesional faltó a 16 de las 30 reuniones que se hicieron en el colegio de peritos para analizar este caso y desoyó “las claras advertencias que le hicieron sus colegas sobre las fuentes de información homogénea” a utilizar, en donde ella decidió “acotar su análisis a una serie de ítems definidos por ella misma arbitrariamente”. “Estaba analizando información, me fui de vacaciones, no fui porque tenía medico”, fueron algunas de las justificaciones que dio la testigo cuando fue interrogada, recordó Luciani. Y también destacó que después de sí asistir a una de las reuniones con sus colegas en donde el perito de la Corte compartió parte de sus conclusiones adversas a los acusados, la defensa de Cristina Kirchner pidió su recusación.

Cristina Kirchner durante un juicio oral (Reuters)Cristina Kirchner durante un juicio oral (Reuters)

En la segunda parte del quinto día de alegato, el foco estuvo puesto en las pericias de los sobreprecios en las obras de Lázaro Báez. Solo se analizaron cinco de las 51 obras, algo que fue cuestionado por la defensa de Cristina Kirchner e incluso llegó con ese planteo a la Corte Suprema. También cuestionó al perito oficial de la Corte Suprema porque había tuiteado contra su gestión.

Los peritos que declararon en la causa fueron los ingenieros Pablo Eloy Bona, de la Corte Suprema; Roberto Panizza, de la Fiscalía; y Adriana Alperovich, de la defensa de la ex presidenta. Bona detectó sobreprecios en más de 198 millones de dólares respecto del presupuesto determinado originalmente. Panizza habló de sobreprecio estimado en 202 millones de dólares. La perita propuesta por Cristina Kirchner estimó que las cinco ofertas del Grupo Báez no tuvieron sobreprecio alguno. Es más, conforme a la selección de ciertos ítems que ella eligió, concluyó que las empresa del grupo Báez estuvieron 71 millones de dólares por debajo de los precios de plaza, detalló el alegato fiscal.

“¿A qué se debe semejantes diferencias? –se preguntó Luciani- Basándonos exclusivamente en los números finales de la perita de parte, advertimos una cuestión singular. Para ella, cuatro de las cinco obras salían más caras que lo que el Grupo Báez plasmó en sus ofertas”.

La fiscalía repasó las diferentes metodologías y advirtió que el Ministerio Público iba a quedarse con el análisis de su perito. Dijo que su trabajo había sido “noble” porque había comparado los precios con los publicados en la revista histórica El Constructor. Y cuando no figuraban allí, tomó por válidos los presupuestados. También subrayó que Panizza no sólo hizo análisis sobre el precio final sino también sobre el “sobrecómputo”. Según explicó, “un sobreprecio no solo se puede generar a partir de la exageración de los ítem sino también por la exageración de las cantidades. Por eso esta fiscalía sin desmerecer el trabajo del perito de la Corte de Justicia va a seguir el dictamen del ingeniero Panizza”. Precisamente, el fiscal recordó que en su declaración como testigo se le preguntó a la ingeniera Alperovich sobre el tema. “Fue tal grado de desorientación tal que no pudo evacuar una consulta elemental para la fiscalía: si un sobrecómputo podía derivar en un sobreprecio. Nos dijo desconozco”.

Austral Construcciones, la empresa insgina de Lázaro Báez (Walter Díaz)Austral Construcciones, la empresa insgina de Lázaro Báez (Walter Díaz)

La ruta de Báez que debió haber sido construida a casi dos metros de altura

Uno de los ejemplos que se marcó en los costos fue en el cálculo de los terraplenes. Y subrayó el caso de la ruta nacional 288. “Si hubiera construido el terraplén que usaron esa compactación, era para cubrir a una persona de 1,80 metros”, dijo mostrando un render de esa ruta si se hubiera hecho un trabajo según el análisis de los peritos. Sin embargo, detalló, cuando se fue al lugar, la calzada apenas se levantaba al ras del suelo. “Donde está levantada la ruta en un 1.80 metros? Ahí no supera la suela de zapato del inspector”, dijo Luciani.

“Son cuestiones evidentes, incontrastables -resaltó-. En los terraplenes es donde suelen concentrarse los mayores abusos en los gastos injustificados y más incidió en el valor final de la obra”. A criterio de la fiscalía, “semejantes hallazgos muestran que los presupuestos oficiales y los del Grupo Báez no fueron elaborados con parámetros técnicos sin con el fin de acaparar recursos públicos que fuera posible. A tal punto es así que tan solo 5 de las 51 obras quebraron la triste barrera de 200 millones de dólares de sobreprecio.”

El fiscal subrayó que la perito de Cristian Kirchner, a diferencia de sus colegas, no analizo la totalidad de los ítems que figuraban en el presupuesto oficial sino que eligió ciertos ítems. “Estos desajustes no fueron inocuos y repercutieron en el valor final de su trabajo”, dijo. Habló de un resultado “algo dibujado” en donde se buscó “matizar la amplísima dispersión” de precios. “No sé si en ese tiempo había inflación, pero los números son muy caros”, ironizó el fiscal. “Evidentemente algo no cuadra en los cálculos de la ingeniera Alperovich”.

Para terminar sobre este punto, la fiscalía volvió a apuntar al rol de la Unidad de Información Financiera, querellante en la causa y que pidió la absolución de la mayoría de los implicados. “En mis más de diez años es la primera vez que me veo obligado a realizar un planteo a una parte acusadora”, dijo.

Luciani sostuvo que en su alegado el abogado Leandro Ventura dijo que había tenido que consultar “profesionales idóneos para que le pudieran explicarle” puntos sobre estos peritaje. “Nos lleva a preguntarnos qué profesionales asesoraron al doctor Ventura”, disparo el fiscal y agregó : “si tantas dudas tenía sobre el peritaje, por qué motivo el doctor (Alejandro) Irachet, durante las siete audiencias (de declaraciones de peritos) no hizo ni una sola pregunta a los peritos actuantes. Me resulta increíble a la luz de lo que viene a plantear la UIF”, añadió tras insistir en la “temeraria actitud” de esa querella.

Además, denunció que el gobierno kirchnerista creó “un canal de pagos” especial para entregarle dinero a Lázaro Báez a través de los adelantos de certificados de obras. Sostuvo que se hizo a través de una resolución del Ministerio de Planificación de 2010 “de la que nadie se enteró: no se publicó en el Boletín Oficial, ni en la pagina web ni se avisó a la Cámara de la Construcción para que otros empresarios pudieran acceder a ese beneficio”.

Según explicó, el dueño de Austral Construcción fue el principal favorecido porque “Lázaro Báez era Néstor Kirchner; Lázaro Báez era Cristina Fernández. No hay duda. Es algo obvio. Y esto va a quedar aún más claro cuando analicemos las operaciones comerciales llevadas a cabo entre estas personas mientras se le otorgaba a Lázaro Báez y el beneficio que recibían los ex presidentes de las empresas de Báez”.

FUENTE : INFOBAE

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CRISTINA KIRCHNER RECUSÓ AL FISCAL DIEGO LUCIANI Y AL JUEZ RODRIGO GIMÉNEZ URIBURU

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La presentación fue realizada momentos antes que el fiscal reanude sus alegatos por el abogado Carlos Beraldi y es a raíz de una tapa del diario Página/12 que da cuenta que, tanto el fiscal como el juez, jugaron partidos de fútbol con funcionarios vinculados al macrismo.

a vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recusó al fiscal Diego Luciani y al juez Rodrigo Giménez Uriburu, uno de los integrantes del Tribunal Oral Federal 2 que la someten a juicio por irregularidades en la obra pública.

La presentación fue realizada  por el abogado Carlos Beraldi momentos antes que el fiscal reanude sus alegatos, a raíz de una tapa del diario Página/12 que da cuenta de que, tanto el fiscal como el juez, jugaron partidos de fútbol con funcionarios vinculados al macrismo.

El planteo seguido por la defensa de la Vicepresidenta va en línea con lo que ella misma viene sosteniendo sobre la existencia del “lawfare“, una suerte de complot entre el Poder Judicial y la oposición para armarle causas.

“Impulsar una causa como Fiscal para que la resuelva un Juez amigo no es un comportamiento inocuo desde el punto de vista legal, máxime cuando se trata de un representante del Ministerio Público que tanto hincapié hace sobre la necesidad de resguardar la transparencia en el ejercicio de la cosa pública”, comenzó Beraldi en su planteo.

Beraldi mencionó que el partido de fútbol del equipo llamado “Liverpool” se dio en La Quinta Los Abrojos la cual es “de propiedad del ex presidente Mauricio Macri”.

“¿Les parece razonable que el Fiscal que acusa y el Juez que debe Juzgar a Cristina Fernández de Kirchner jueguen partidos de fútbol nada menos que en la quinta de Mauricio Macri, cuyo Gobierno promovió esta misma causa y se constituyó como querellante y actor civil a través de la Oficina Anticorrupción, la Unidad de Información Financiera y la Dirección Nacional de Vialidad?”, cuestionó el abogado.

Este lunes Luciani y el fiscal Sergio Mola continúan con la cuarta jornada de alegatos en la causa que denuncia redireccionamiento de licitaciones de la obra pública hacia la empresa Austral Construcciones, propiedad del empresario Lázaro Báez, amigo del ex presidente Néstor Kirchner y vinculado a su familia.

“En pocas palabras y para que todos lo entiendan: impulsar una causa como Fiscal para que la resuelva un Juez amigo no es un comportamiento inocuo desde el punto de vista legal, máxime cuando se trata de un representante del Ministerio Público que tanto hincapié hace sobre la necesidad de resguardar la transparencia en el ejercicio de la cosa pública

Diego Luciani fiscal 20220801
El fiscal Diego Luciani en los alegatos contra Cristina Kirchner.

El tweet de Cristina Kirchner que adelantó la recusación

Este domingo en horas de la noche la titular del Senado se hizo eco de la investigación del periodista Raúl Kollmann y adelantó que su representante legal presentaría una recusación contra Luciani y Giménez Uriburu.

“Y si no te alcanza… 2do testimonio fotográfico: en el “mismo equipo” juega Roby Martínez, cuñado del candidato presidencial de Cambiemos para el 2023, Horacio Rodríguez Larreta. Pensar que me armaron una causa porque decían que un día lo habían visto al Juez Cassanello en Olivos”, apuntó la Vicepresidenta, que además reveló en otra foto la presencia del intendente de San Miguel, Jaime Méndez.

“He instruido a mi abogado para que mañana a primera hora recuse a los jugadores de fútbol. El Poder Judicial argentino apesta”, cuestionó Cristina Kirchner.

Luego de que se conocieran las fotos, algunas voces del oficialismo salieron a respaldar a la ex mandataria nacional. “Es un grado de promiscuidad entre funcionarios políticos y judiciales que no se ha visto. Se debería llamar Club deportivo social comodoro Pro”, dijo el ministro de Justicia, Martín Soria. También agregó que “la foto es verdaderamente vergonzosa. Más que dar un alegato daría explicaciones”.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, reposteó el tweet de Cristina Kirchner al igual que sus funcionarios Andrés Larroque y Nicolás Kreplak, de los ministerios de la Comunidad y Salud.

La oposición también se expresó por los dichos de Cristina Kirchner

El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, fue uno de los exponentes de la oposición que se refirió a lo dicho por la Vicepresidenta. “Ahora resulta que en un picadito los fiscales y jueces armaron un plan para perjudicar a Cristina Kirchner. ¡El guión del kirchnerismo es cada vez más delirante y sólo revela desesperación!”, escribió.

Mario Negri y Cristina Fernández 20220413
Mario Negri, crítico con Cristina Kirchner.

Su colega en el Congreso, Waldo Wolff, habló de “impunidad”. “Todo hace juego con todo”. Cristina Kirchner utiliza el mismo título y método que utilizó en 2015 para inventarnos una causa por tema memorándum por la que fui imputado y finalmente por ridícula cayó sola. 7 años después, la misma lucha x la impunidad y el mismo método”, se expresó en redes sociales.

Desde el espacio Avanza Libertad que comanda el diputado José Luis Espert publicaron un mensaje conciso pero lapidario: “Cristina Kirchner huele a chorra”, escribieron.

GI/fl

FUENTE . PERFIL

 

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CAUSA DE OBRA PUBLICA EN SANTA CRUZ: PARA LOS FISCALES ESTARIA PROBADA LA PARTICIPACION DE MAXIMO KIRCHNER

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Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola continuaron con su alegato en la tercera jornada del juicio por la Obra Pública que tiene como principal apuntada a la vicepresidenta Cristina Kirchner acusación por presunta corrupción en la obra pública otorgada a Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Tras una nueva extensa jornada de más de ocho horas, finalmente se decidió ir a cuarto intermedio hasta el lunes, donde los fiscales seguirán con la acusación.

La gran novedad que tuvo este viernes fue cuando, ya sobre el final del día, Luciani apuntó contra el actual diputado nacional por el Frente de Todos Máximo Kirchner. “Está comprobada la participación de Máximo Kirchner” en las maniobras, señaló el fiscal.

El fiscal Luciani siguió con sus alegatos contra la familia Kirchner y puntualizó en el líder de La Cámpora, hijo mayor, Máximo Kirchner, de quién aseguró que “está probada su participación. “Digitaban cada paso de la licitación pública en Santa Cruz”, afirmó y se reparó en los mensajes del ex funcionario kirchnerista José López como prueba.

“Máximo Kirchner no había ejercido cargos públicos, pero estaba al frente de la administración de distintos negocios de su madre”, sostuvo. Pero mostró mensajes de Whatsapp extraídos del teléfono del ex secretario de Obras Públicas José López que consignaban un interés de Máximo Kirchner en una obra de construcción de 100 calles.

Los diálogos eran entre López y el ex diputado santacruceño Marías Bezi, amigo personal de Máximo Kirchner, y también con el entonces funcionario del Ministerio de Planificación Abel Fatala, otro de los imputados en la Causa Obra Pública.

En uno de esos diálogos, López le hace saber a Bezi sobre el avance de distintas obras en Santa Cruz y Fatala afirmó que Máximo Kirchner “recorría las obras y pedía información sobre ellas”.

No aparecen en la documentación exhibida intervenciones de Máximo Kirchner, no obstante lo cual para el fiscal “es más que claro que tenía conocimiento de lo que pasaba en Santa Cruz”.

“Máximo Kirchner recorría las obras junto con una persona de su estrecha confianza, Matías Bezi. Cuando los imputados esgrimen que no sabían lo que pasaba en Santa Cruz no es cierto, ellos manejaban todas las licitaciones”, embistió el fiscal.

La afirmación pareció anticipar que Luciani pedirá que se investigue al diputado Kirchner por una supuesta “coordinación” con el resto de los imputados.

Tras repasar varias licitaciones, el fiscal Mola hizo un apartado en el que citó una declaración ante la Justicia del ex secretario de Obras Públicas, José López. “En el 2010 con la muerte de Kirchner se suspende todo. En enero de 2011 me llama al presidenta y me dice ‘podes ser parte del problema o de la solución'”.

“Cristina Fernández y (Julio) De Vido no sólo estaban al tanto de lo que ocurría sino que eran quienes daban las órdenes, decidían a quién pagaban y a quien no”, dijo Mola tras citar la declaración.

Sin iniciar las obras se pagaban adelantos suculentos. Los expedientes hablan, gritan y todo lo demás. Hay que analizarlos”.

Tras casi cuatro horas de exposición de Luciani, la audiencia entró en un cuarto intermedio para que Sergio Mola retome el alegato. Al hacerlo, siguió con el análisis de las obras públicas y desarrolló “la nueva modalidad de convenios” que se puso en marcha con la llegada de Cristina Kirchner a la presidencia.

En esa línea, explicó que Vialidad Provincial publicaba una oferta de obra con un presupuesto estimativo y si la oferta no superaba ese monto, sólo se debía comunicar a Vialidad Nacional. Previamente, el proceso era más complejo y requería de mayores instancias de control.

“Todo lo que vemos acá es opaco, burdo, confuso”, opinó Mola. También señaló como irregularidad que en uno de los casos se designó a la comisión de análisis de ofertas una vez que ya se sabía quiénes eran los oferentes para realizar la obra pública.

Al abordar la licitación N°38, Luciani contó que para ese entonces habían pasado las elecciones presidenciales de 2007 y ya era presidenta Cristina Kirchner. “Había una fiebre por contratar rápidamente pero se empezó a dilatar”, advirtió. 

En esa línea, contó que mientras todo estaba listo para adjudicarle la obra en cuestión a Gotti, empresa de Lázaro Báez, “a mediados de 2007 sucedió algo inesperado para el plan que tenían: (Jaime) Mecicovsky (entonces subdirector de Operaciones Impositivas del Interior de AFIP) informa que se había presentado el informe final de investigación por facturación apócrifa contra Gotti“.

En ese momento del relato apareció el nombre de Claudio Moroni, actual ministro de Trabajo del presidente Alberto Fernández, que para esa época era titular de la AFIP. “Con el informe se paralizó el trámite y no por casualidad la época en la que se destrabó el conflicto coincide con la época en la que (Claudio) Moroni le había dicho (a Horacio Castagnola, entonces a cargo de la DGI) que había que desplazar a Mecicovsky“.

Por más de una hora, el fiscal avanzó sobre el análisis de las licitaciones. Además de centrarse en “celeridad inadmisible, la falta de certificación del certificado para construcción y la extensión de plazos”, insistió con el mecanismo mediante el cual Báez “competía” contra si mismo para quedarse con las obras.

Tras describir la presunta maniobra ilegal, Luciani anticipó a los jueces que desarrollaría cuatro licitaciones más hasta la número 40, para hacer luego un cuarto intermedio. Después lanzó sus propias conclusiones: “Nos asombramos cuando vemos estas cosas pero no podemos dejar de decir la verdad de lo que pasó acá. (…) Hubo un direccionamiento al amigo del presidente de la Nación (Néstor Kirchner)”.

Inmediatamente volvió a preguntarse cómo fue que los funcionarios que debían controlar no advirtieron las maniobras cuestionadas. Y se respondió: “Nadie iba a denunciar nada, todos están denunciados, ¿Quién iba a denunciar?“.

Era un verdadero descontrol de las arcas del Estado. Se presentaban en las ofertas los mismos de siempre”, lanzó.

El núcleo central del juicio es la acusación por el supuesto favoritismo estatal sobre las empresas de Báez. Para Luciani y Mola, Néstor Kirchner y luego Cristina eran quienes daban las órdenes a los funcionarios jerárquicos más cercanos, es decir, el entonces ministro de Planificación Federal Julio De Vido y/o el entonces secretario de Obra Pública, José López.

Para los representantes del Ministerio Público ellos eran los encargados de que la presunta maniobra no falle en la etapa de la apertura de licitación y posterior adjudicación. Bajo investigación hay 51 obras públicas como tramos de rutas o remediación de canteras.

La supuesta orden se materializaba a través de los llamados a licitación. Según la versión de los fiscales, ocurría que en todos los llamados se presentaban al menos dos empresas de Báez y una tercera perteneciente a otra firma que planteaba una oferta superior al límite por lo cual quedaba descalificada para competir, de modo tal que Austral, por ejemplo, quedaba con el camino libre.

En otro tramo de las exposiciones, los fiscales buscaron dejar en claro que en varios casos se obtuvieron “insólitas e injustificadas” ampliaciones del plazo. Es decir, obras que debían terminarse en determinado tiempo tardaban mucho más en concluir. 

Frente a eso, hasta el momento la defensa de varios de los acusados ha sostenido que las empresas de Báez solían tener ventajas competitivas principalmente porque estaban radicadas en la provincia. Ese sólo hecho abarataba los costos de logística frente a otras firmas que debían sumar los costos de traslado de maquinarias, por ejemplo.

 

Fuente: Perfil

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