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OTRA VEZ SOPA

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El sindicato de Camioneros de Moyano bloquea depósitos de Mercado Libre y peligra la entrega de productos
La empresa de mayor valor bursátil del país denunció que el gremio, “de manera ilegal”, interrumpió la actividad de varios de sus centros de distribución. La medida paralizó la distribución correspondiente al comercio electrónico, cuya cadena de valor incluye a los propios transportistas afiliados a Camioneros
El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín, y el líder del gremio de Camioneros, Hugo Moyano.El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín, y el líder del gremio de Camioneros, Hugo Moyano.

El sindicato de Camioneros liderado por Hugo Moyano dispuso hoy un bloqueo en al menos 5 centros de distribución de Mercado Libre, la empresa de mayor valor bursátil de la Argentina, lo que provocó la paralización de la entrega de productos de comercio electrónico, de intensa actividad ante la parálisis de muchas ramas comerciales a raíz de la cuarentena.

Según informó la empresa, “varios Centros de Distribución que operan para Mercado Libre fueron bloqueados de manera ilegal por el Sindicato de Camioneros. En consecuencia, la distribución de productos desde esos Centros se encuentra totalmente interrumpida, afectando el trabajo de miles de pymes que tienen como principal fuente de ingresos la venta de productos online en esta pandemia.”

“A su vez, hay un impacto directo en los millones de compradores que dependen de Mercado Libre para recibir productos esenciales en este contexto. Paradójicamente, este accionar perjudica en forma directa a la cadena de valor del comercio electrónico, que incluye a cientos de empresas y personas que viven del transporte, en su mayoría afiliadas al Sindicato de Camioneros”, señaló Mercado Libre en un comunicado.

Mercado Libre repudia este tipo de acciones extorsivas, especialmente en un momento crítico del país donde la prioridad tiene que ser el cuidado del empleo, señaló la empresa en un comunicado

Ante la paralización de la distribución, la empresa agregó que “garantiza que todos los productos se encuentran protegidos, y cada usuario puede darle seguimiento al estado de sus pedidos a través de la plataforma. Estamos trabajando para darle una pronta respuesta a todos los usuarios, tanto vendedores como compradores, afectados por este bloqueo.”

“Mercado Libre repudia este tipo de acciones extorsivas, especialmente en un momento crítico del país donde la prioridad tiene que ser el cuidado del empleo”, concluyó el comunicado.

El conflicto entre la empresa y el sindicato explotó pocos días después de que otra presión gremial, en este caso del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) frente a las compañías pesqueras de Chubut, derivó en que debieran tirarse a la basura 500.000 kilos de langostinos que tenían como destino la exportación. La emergencia de la cuarentena no moderó el accionar sindical.

Manifestantes del gremio de Camioneros bloquearon el acceso de cuatro depósitos de la compañía que funcionan en Lanús, Munro, Villa Alsina, Parque Patricios y Sarandí. Esos establecimientos no pertenecen a Mercado Libre sino a terceros, pero prestan servicios de almacenamiento de mercaderías con exclusividad para la empresa.

Amenazas de bloqueo en la noche del miércoles en las inmediaciones del Mercado Central.Amenazas de bloqueo en la noche del miércoles en las inmediaciones del Mercado Central.

El nudo del conflicto, que viene arrastrándose desde hace por lo menos dos años, es el interés de Camioneros en afiliar para su sindicato a los trabajadores de Mercado Libre, muchos de ellos afiliados a la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga. Tal como ocurrió en el caso de los supermercados, Moyano pelea el encuadramiento legal de actividades afines a la suya, aunque no se trate de conductores de camiones.

En los 4 centros de distribución bloqueados, los trabajadores ya pertenecen a Camioneros. Pero el plato fuerte son los 1.200 empleados de Mercado Libre que, divididos en 3 turnos de 400 trabajadores, operan un depósito de 75.000 metros cuadrados en el Mercado Central de Buenos Aires, en La Matanza.

Los trabajadores de ese enorme establecimiento de distribución que funciona las 24 horas pertenecen al gremio de Carga y Descarga, donde aseguran que ganan salarios brutos promedio cercanos a los $70.000, que en su mayoría son menores de 23 años. Un 48% del personal son mujeres.

El plato fuerte del conflicto son los 1.200 trabajadores de Mercado Libre que Camioneros quiere afiliar y que pertencen al gremio de Carga y Descarga.

Según pudo saber Infobae de fuentes de ese sindicato, ese depósito está funcionado con normalidad porque hay delegados de Carga y Descarga instalados en el Mercado Central desde anoche para permitir el ingreso y egreso de los trabajadores en condiciones normales. Anoche, aseguraron las fuentes, se registró la presencia de numerosos manifestantes de Camioneros a 300 metros del acceso al lugar con intenciones de iniciar un bloqueo similar al registrado en los centros más pequeños.

“Vamos a cuidar a los trabajadores, que en su mayoría son pibes, se los dijimos anoche en una asamblea porque muchos de ellos estaban atemorizados. Camioneros ya nos quiso impugnar dos veces y en los dos casos, las autoridades nos dieron la razón a nosotros. Lo que nos sorprende es que no midan la situación en la que se encuentra todo a causa de la pandemia”, señaló Daniel Vila, secretario general del gremio de Carga y Descarga que tiene a su cargo a los 1.200 trabajadores de Mercado Libre en el Mercado Central.

La presión de Camioneros para incorporar a esos trabajadores quedó clara en una reunión que le pidieron a representantes de Mercado Libre a través de Nahuel Levaggi, presidente del Mercado Central de Buenos Aires. En ese encuentro, celebrado el jueves de la semana pasada entre el funcionario, Camioneros y directivos del área de Recursos Humanos de la empresa, se iniciaron conversaciones relativas al encuadramiento gremial que no conformaron al moyanismo y derivaron en los bloqueos conocidos hoy.

El secretario general de Camioneros, Pablo Moyano, señaló: “Mercado Libre es una empresa que factura millones de dólares a costillas de los trabajadores. Hicimos relevamientos y constatamos que hay trabajadores ganando sueldos miserables, $25.000 o $30.000. Esa es la flexibilización laboral a la que nos quería llevar Macri. Los trabajadores de Mercado Libre en el Mercado Central tienen que estar afiliados a Camioneros porque su actividad es la logística.”

Desde el gremio de Carga y Descarga exhibieron a Infobae recibos de repositores de envíos con salarios netos de $56.000 y aseguraron que los afiliados, como compensación por haber trabajado durante la cuarentena, cobraron un plus del 15% de su salario.

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El nuevo mapa de la pobreza argentina: en qué regiones tuvo mayor impacto la pandemia

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El índice marcó en el primer semestre del corriente año un incremento de 5,5 puntos porcentuales de forma interanual. NOA y Gran Buenos Aires, los aglomerados urbanos más afectados del país

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Personas en situación de calle en Buenos Aires (Franco Fafasuil)

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dio a conocer este miércoles el índice de pobreza, que se ubicó en 40,9% al cierre del primer semestre, con un incremento de 5,5 puntos porcentuales respecto al 35,4% de igual período de 2019.

En ese contexto, si se toma la estadística para el universo de los 31 aglomerados urbanos, Gran Buenos Aires es el que tiene mayor cantidad de personas pobres del país mientras que la Patagonia registra la cantidad más baja. Sin embargo, en términos porcentuales –con respecto a los habitantes de cada aglomerado que son pobres– se destacaron Concordia (52,2%), Resistencia (48,7%) y Salta (45,5%).

“Los resultados de la pobreza serían infinitamente más negativos si el Estado no hubiera auxiliado”, dijo esta noche el presidente Alberto Fernández. “La pandemia demostró que esa lógica del individualismo no nos hace funcionar bien como sociedad. Esa idea de que nadie se salva solo nunca quedó tan expuesta, la certeza de esa afirmación, como con la pandemia. Los más postergados han padecido mucho más la pandemia”, agregó.

Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social, definió a los datos como “realmente críticos” y aseguró que el primer objetivo hacia adelante es recuperar a esas personas que cayeron en la pobreza en el medio de la pandemia porque se quedaron sin trabajo o perdieron sus ingresos. “Por eso, queremos impulsar cinco sectores productivos clave: construcción, textil, producción de alimentos, economía del cuidado, y recolección y reciclado de residuos urbanos”, dijo.

Además, se mostró optimista respecto de las cifras del tercer trimestre, ya que hubo más actividad económica, con lo cual “deberían mejorar los datos de pobreza de acá a fin de año”. “Desde el Ministerio –manifestó Arroyo– apuntamos a recuperar y potenciar el trabajo, y a urbanizar los barrios populares y construir infraestructura básica. Por eso, estamos llevando adelante el plan Potenciar Trabajo, para que la gente tenga un ingreso de base que la lleve a trabajar y capacitarse en oficios”.

“Las mayores incidencias de la pobreza en personas se observaron en las regiones Noreste (NEA) y Gran Buenos Aires (GBA); y las menores, en las regiones Cuyo y Patagonia”, destacó el informe del Indec.

“En el GBA –región con mayor cantidad de población– se verificó el mismo sentido en ambas evoluciones: la incidencia de la pobreza en las personas aumentó en 3,8 p.p. en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que en los partidos del Gran Buenos Aires se observó un aumento de 7,0 p.p. con respecto al segundo semestre de 2019. Tanto la región en su conjunto como los dos aglomerados que la componen alcanzaron sus valores máximos en la serie”, detallaron.

La región Gran Buenos Aires cuenta en total con 1.577.240 de hogares bajo la línea de pobreza y 6.397.509 de personas pobres. Si se considera sólo la indigencia, alcanza a un universo de 1.797.107 personas y a 460.874 hogares. En esta región, el 41,6% de las personas son pobres.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay 140.925 hogares en total bajo la línea de la pobreza y 519.851 personas. En tanto, 38.306 hogares son indigentes y abarca a 110.828 personas. El 17,3% de los porteños son pobres y el 3,7 indigentes, según el Indec.

Asimismo, considerando los Partidos del GBA, 1.436.315 son los hogares debajo de la línea de pobreza y 5.877.658 las personas. En este caso, sólo GBA, la pobreza llega al 47,5% de las persona. Es el segundo conglomerado con cifras más altas luego de Concordia, en Entre Ríos, donde la pobreza alcanzó al 52,2% de los habitantes y el 40,6% de los hogares.

La pobreza rozó el 43% en las provincias del Noreste (Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa). El NEA, en tanto (Gran Catamarca, Gran Tucumán-Tafí Viejo, Jujuy-Palpalá, Salta y Santiago del Estero-La Banda), tiene un porcentaje de 40,7 por ciento.

El mayor salto de pobreza en los aglomerados urbanos, en la comparación con el primer semestre del año pasado, se dio en la Patagonia, con una diferencia de 8,5 puntos porcentuales entre períodos: del 28,5% en la primera mitad del 2019, al 37% de pobres de este 2020. Lo siguieron en diferencias porcentuales GBA (6,6 puntos interanuales) y Cuyo, con 4,5 puntos.

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Alta presión fiscal: en qué gasta el Estado los impuestos que pagan los argentinos

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Según un estudio del Iaraf, el gasto público subió del 27,7 al 40% del PBI en los últimos diez años, pero menos de una décima parte de los recursos que manejan Nación, Provincias y Municipios se destina a Obras Públicas

El gasto público, el peso que los tres niveles del Estado -Nación, Provincias y Municipios- representan sobre el PBI de la Argentina, aumentó de un 27,7% del PBI en el período 1998-2008 al 40% en el decenio transcurrido entre 2009 y 2019.

“Ha sido una suba muy fuerte”, dice Nadin Argañaraz, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). Ese aumento está detrás de los recurrentes problemas de financiamiento y déficit, que a su vez llevan al círculo vicioso de deuda, defaults y renegociaciones, explica Argañaraz, que en un reciente informe precisa a qué se destinó en los últimos diez años esa mayor masa de gasto público.

Casi un tercio, un 31% en promedio en el período 2009-2019, se destinó al gasto en personal, es decir al pago de salarios y remuneraciones de las personas empleadas en los tres niveles y todos los estamentos del Estado: empleados, funcionarios, jueces, legisladores, administrativos, maestros, policías, médicos, ediles, militares y todas las personas empleadas directamente en todos los niveles y áreas del Estado.

Un cuarto, exactamente el 25%, se destinó al sistema previsional; esto es, al pago de jubilaciones y pensiones, a pesar de que la población argentina es todavía relativamente joven respecto de sociedades como, por ejemplo, las europeas, y disfruta de un “bonus demográfico” que es neutralizado por el alto grado de informalidad de la economía.

El sistema previsional canaliza un cuarto del gasto total. Si se le suma el gasto en personal del Estado, se llega al 56%.El sistema previsional canaliza un cuarto del gasto total. Si se le suma el gasto en personal del Estado, se llega al 56%.

Otro 16 % se destinó a distintos tipos de transferencias y subsidios, sea a través de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (durante la pandemia de coronavirus, cuya incidencia no entra en el cálculo del período 2009-2019, se agregaron los dos principales programas de sostén del gobierno: el Ingreso Familiar de Emergencia, IFE, y los fondos de Asistencia al Trabajo y la Producción, ATP, en sueldos al personal de empresas afectadas por la pandemia y préstamos a empresas). Otra parte son las transferencias del Estado a las empresas prestadoras de servicios públicos, para mantener relativamente bajas y subsidiadas las tarifas de los servicios de electricidad, transporte, gas y agua, y a empresas deficitarias del Estado, como Aerolíneas Argentinas.

A su vez, 8 % del gasto estatal se destinó al pago de bienes y servicios para el funcionamiento del sector público: combustibles, bienes de uso y de consumo y contratos de diferentes tipos de servicios.

Un 7% en promedio, a lo largo del decenio concluido en 2019, se destinó al pago de intereses de la deuda pública, y un 4% a otros gastos.

Quedó así un puchito, un magro 9% destinado a inversiones. Esto es, menos de uno de cada diez pesos de gasto estatal se destinó a la construcción o reparación de escuelas, hospitales, rutas, puentes, formaciones ferroviarias, gasoductos, redes de electricidad, de gas, de cloacas y agua potable, vías ferroviarias, equipos para las fuerzas de seguridad y policiales, equipamiento científico, etcétera.

infobae-image

En relación al PBI

Esas proporciones, sin embargo, no expresan el real impacto de un gasto público alto y, además, desequilibrado.

Medido en relación al PBI -esto es al valor del conjunto de las actividades económicas desarrolladas en el país a lo largo de un año- el gasto en personal fue del 12%, y el gasto en jubilaciones y pensiones dio un promedio del 10% del PBI, siempre para el período 2009-2019.

Las transferencias al sector privado, en tanto, representaron en promedio el 6%, las compras de bienes y servicios el 3,2% del PBI y el pago de los intereses de la deuda de los tres niveles del Estado fue del 2,6%.

En definitiva, los fondos destinados a inversión pública terminaron representando algo menos del 4% del PBI anual, dice el estudio.

Según Argañaraz, el Estado debería destinar al menos el 20% de su gasto a inversiones, lo que redundaría (de mantenerse la participación del gasto público en 40% del PBI) en una inversión pública equivalente en cerca del 8% del PBI. Diversos economistas estiman que para crecer de modo sostenido, la inversión total (pública y privada) sobre el PBI debería ser igual o mayor al 20% del PBI.

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2021 y más allá

En el presupuesto recientemente presentado al Congreso el ministerio de Economía proyectó un aumento de la Inversión pública en “Infraestructura” del 1,1% al 2,2% del PBI, en tanto el gasto en “Innovación y Desarrollo” pasaría del 0,2 al 0,5%, en “Salud Pública” del 0,3 al 0,5% y en “Educación y Conectividad” de 1,1 a 1,3% del PBI. Sumando algunas fracciones de los últimos ítems, el gasto en Infraestructura, lo más asimilable a inversión u obra pública arañaría el 2,5% del PBI aunque -aclara Argañaraz- esos datos se limitan a la Administración Pública Nacional.

“Cuando la presencia del Estado es elevada, debiera quedar claro que para sostenerla es necesario un financiamiento también elevado, que se originará de los propios ciudadanos a través de las distintas alternativas de fondeo público: impuestos, emisión monetaria (impuesto inflacionario) o endeudamiento público (mayor carga tributaria futura)”, dice el informe.

En 2020, por el coronavirus, el gobierno terminará destinando cerca del 3,8% del PBI a programas asociados a la pandemia, que financiará principalmente con emisión monetaria “lo que nos deja en una situación débil para salir”, dice Argañaraz. E insiste en la pregunta: “¿los argentinos somos conscientes de en qué gastamos el 40% del PBI?”. Sería deseable que fuera en más inversión. Eso, concluye, dependerá fundamentalmente de cómo cambie el resto del gasto.

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FUENTE : INFOBAE
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Combustibles. YPF aumentó 3,5% los precios promedio país desde la madrugada

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Desde la madrugada, rige el aumento promedio de 3,5% a nivel país que realizó YPF “con el objetivo de sostener la actividad de producción de la compañía teniendo en consideración las particularidades del contexto macroeconómico del país”, informaron en la petrolera con control estatal. En el área metropolitana (AMBA), la suba fue de casi el 5%.

El incremento es el segundo que aplica la empresa en un mes, luego del alza de 4,5% promedio país que realizó a mediados de agosto, y que significó una actualización de 6% en el AMBA. En las próximas horas se espera que el resto de las marcas de estaciones de servicio -Shell, Axion y Puma Energy- acompañen la medida.

De esta forma, los nuevos valores para YPF en la Ciudad de Buenos Aires quedaron aproximadamente así: nafta súper, $59,51; nafta premium (Infinia), $68,66; diésel D500, $55,59, e Infinia diésel, $65,05.

El mercado de combustibles no está regulado por el Estado -como sí sucede con las tarifas de gas y electricidad-, pero los gobiernos inciden sobre el precio a través de YPF, que tiene aproximadamente el 55% de participación en el despacho de nafta y gasoil.

Para YPF, a su vez, la venta de combustibles es su principal fuente de ingresos junto con la provisión de gas, cuyo precio no se actualiza desde abril de 2019 por el congelamiento tarifario. Es por eso que la petrolera necesitaba aplicar un ajuste en un contexto en el cual la devaluación diaria genera un atraso constante en los valores de la nafta y el gasoil, que están dolarizados.

Según un informe de la consultora Montamat & Asociados, luego del incremento de precios de agosto, la nafta súper estaba 10% por debajo de la paridad de importación, mientras que la de variedad premium, 3% por debajo. El gasoil, por su parte, había quedado prácticamente alineado con las paridades.

Además, producto del aislamiento y la menor movilidad, el consumo de combustibles todavía es un 30% menor a la demanda previa a la pandemia. Solo el consumo de combustible para aviación está en un 90% por debajo de los niveles prepandemia.

La actualización de precios sucede en un contexto en el cual el secretario de Energía, Darío Martínez, analiza volver a aplicar el barril criollo, para establecer un precio mínimo en el cual le asegure un nivel de regalías a las provincias petroleras.

“Este aumento se encuentra en línea con la decisión de recomponer asimetrías históricas a nivel federal, recortando brechas entre la Capital Federal y el interior del país. A modo de ejemplo, una vez calculados los costos logísticos, Jujuy está hoy en un 4,5% con respecto a la capital del país”, dijeron en la petrolera.

Asimismo, YPF sostiene el descuento al personal de salud del 15% que alcanza a unas 100.000 personas que se encuentran adheridas al programa de YPF.

FUENTE LA NACION

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