Internacional
PANDORA PAPERS: EL DETRÁS DE ESCENA DE LA MAYOR COLABORACIÓN PERIODÍSTICA EN LA HISTORIA
Una investigación global, de la que participó Infobae, involucró el análisis de casi 12 millones de documentos filtrados de más de una docena de proveedores offshore
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Los números de Pandora PapersLo hicimos otra vez. Después de Panamá Papers, de Paradise Papers, de Implant Files y de Fincen Files, Infobae volvió a ser convocado para Pandora Papers, una nueva iniciativa del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), una organización sin fines de lucro con sede en Washington, que reúne como miembros a periodistas de todo el mundo.
La caja de Pandora era, en la mitología griega, el baúl que contenía todos los males del mundo. Miles de años después, ICIJ ofreció una nueva caja de Pandora que puso a disposición de más de 600 periodistas de 150 medios de 117 países. Se conformó así la mayor alianza periodística mundial liderada por ICIJ, para volver a hurgar en el secreto mundo de las operaciones offshore y los secretos financieros a nivel global.
El nuevo desafío consistió en analizar casi 12 millones de documentos internos, la mayoría muy extensos, alojados en un baúl virtual al que pudimos acceder a través de una plataforma digital especialmente diseñada para la investigación. Los archivos forman parte de la filtración periodística más voluminosa en la historia y provenían de 14 proveedores de servicios offshore de todo el mundo. Entre ellos, el poderoso estudio de Panamá, Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), elegido por la mayoría de los beneficiarios finales argentinos; y Trident Trust Company, especialmente elegida por los argentinos para armar fideicomisos vinculados a las Islas Vírgenes Británicas.
Estaban en inglés y en español, en su gran mayoría. Fueron obtenidos en distintas entregas por ICIJ de parte de una fuente anónima. Exponían información confidencial y secreta de los estudios que asesoran a los más poderosos sobre cómo estructurar u ocultar sus patrimonios, reducir el pago de impuestos y proteger al máximo la información sobre sus bienes.
Sobre la base de listas de personajes públicas que elaboramos como guía para las búsquedas, empezamos a rastrear documentos relacionados con esos nombres y a compaginar piezas para detectar posibles delitos. Desde tributarios o financieros, hasta estrategias de elusión impositiva i fondeo de negocios en el exterior, pasando por la adquisición de patrimonio o manejo de herencias fuera de los ojos del fisco argentino.
Noviembre de 2020. La Unidad de Datos de Infobae comenzaba a planificar los próximos temas a encarar cuando la primera ola de la pandemia empezaba a ceder. Fue poco después de que publicamos una serie de 16 notas de FinCEN Files. El día 17 de ese mes, Emilia Díaz Struck, coordinadora de ICIJ para América Latina, envió un primer mail para convocar a una reunión al equipo argentino del Consorcio para hablar de “una nueva aventura”. La experiencia de varias filtraciones anteriores nos permitía imaginar un nuevo proyecto de esa naturaleza, aunque nunca nos imaginamos que se trataría, en plena pandemia, de la más grande colaboración periodística en la historia.
Con ansiedad, nos conectamos una tarde en la que empezaba a asomar el verano a la primera reunión virtual del proyecto Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli, Iván Ruiz, Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky, Emilia Delfino y Ricardo Brom.
Era un tema con el que ya estábamos familiarizados pero, no por eso, nos resultaba menos apasionante: sociedades offshore en paraísos fiscales. Aún así, escuchamos con algo de sorpresa que Argentina era uno de los países protagonistas de una filtración con un tamaño inimaginable para que un ser humano pudiera analizar: casi 12 millones de documentos.
Los archivos estaban subidos a una plataforma especialmente diseñada por ICIJ y con extremas medidas de seguridad para acceder a ella, que requerían no haber cambiado el celular, o no haberlo perdido, por los códigos de acceso habilitados.
Los documentos incluían desde largos PDF, hasta hojas de cálculo con miles de celdas, casi imposibles de descargar en nuestras computadoras. En esos Excels gigantescos, debíamos tratar de detectar un nombre o una dirección que nos resultaran conocidos y que nos dieron una pista para comenzar una búsqueda más fina. Había correos electrónicos, formularios, poderes, cartas, y hasta copias de los pasaportes de argentinos, de anónimos y de varios poderosos.
ICIJ ya había avanzado rápidamente con la estructuración de los primeros datos. A semanas de ese primer encuentro, desde Washington compartieron el primer archivo: “Argentina: names to start”, una planilla de Excel que contenía los primeros 150 nombres de beneficiarios finales (o UBOs, como los llamábamos con naturalidad entre nosotros por Ultimate Beneficial Owner) con nacionalidad argentina. Era el punto de partida para un largo camino que incluiría la llegada de más hojas de cálculo que hasta multiplicaban por diez aquel número inicial de apellidos.
Fueron horas mirando documentos para detectar un nombre o domicilio que nos encendieran alertas. Y aparecieron los primeros apellidos reconocidos. Y sentimos el vértigo por la tarea que nos esperaba. La gran mayoría, sin embargo, no tenían relevancia pública, lo que nos generó un desafío porque había que evaluarlos uno por uno para evaluar si había detrás una historia de interés público. Tuvimos – y seguimos teniendo – debate sobre la relevancia de publicar o no determinados nombres.
Las referencias a Argentina se multiplicaban por todo el leak. Comenzamos con las primeras búsquedas en febrero pasado, mientras a la par nos organizamos para armar listas de nombres de todo tipo de personajes y sus familiares, direcciones y hasta algunas palabras clave para el día a día de los argentinos. También empezaron las reuniones, cada vez más frecuentes, y algunos problemas de agenda, porque Argentina nunca se detiene.
Pasó el verano y llegó la segunda ola de coronavirus. La Unidad de Datos de Infobae, entonces, se dividió entre dos mundos distantes. Por un lado, estuvimos abocados a los números sobre contagios, muertes y nuevas cepas de Covid-19. Al mismo tiempo, a veces en momentos libres, nos sumergimos por horas dentro de los sistemas de búsqueda que había facilitado ICIJ.
¿Con qué nos encontrábamos? Con todo tipo de documentos de 14 diferentes estudios proveedores de servicios offshore, que se dedican a abrir cuentas secretas en paraísos fiscales, con la ayuda de estudios contables y operadores financieros. Son documentos que van desde 1970 a 2018, considerando fecha de creación de empresas, pero la mayoría de los archivos relacionados cubren el rango temporal hasta 2020. Muestran distintas operaciones como el establecimiento de empresas fantasma hasta movimientos de cuentas bancarias en más de 30 jurisdicciones y al menos 10 paraísos fiscales.
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Los tipos de documentos, por cantidad, incluidos en Pandora Papers (ICIJ)Trabajamos con reglas muy estrictas de seguridad informática: los correos están encriptados y las consultas a los documentos sólo se pueden hacer a través de una plataforma que es accesible sólo para los miembros de ICIJ que participan de la investigación.
También, debido a la pandemia, la reunión global con los otros socios del proyecto que, en anteriores proyectos fue presencial, esta vez fue vía Zoom. Y fue una de tantas. Luego vinieron varias con el equipo de ICIJ y decenas con el equipo argentino: al principio una vez por mes y, en el último tramo, varias veces a la semana.
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Una de las tantos reuniones por Zoom entre los periodistas que participaron del proyecto, entre ellos, tres de InfobaeEn otras filtraciones, como en Panamá Papers, los documentos se encontraban alojados en carpetas, estaban ordenadas por el número identificatorio de cada empresa offshore creada por Mossack Fonseca. En Pandora Papers, como si se abriera la caja de un rompecabezas, el trabajo consistió en unir las piezas dentro de ese mismo repositorio, para encontrar la historia.
Este caso fue muy diferente. No había carpetas sino miles de documentos en los que aparecía la palabra “Argentina”: se encontraron exactamente 57.307 registros en diferentes formatos con la mención a nuestro país, desde archivos de texto, hojas de cálculo, PDFs hasta fotografías y mails, entre muchos otros. Y algunos de esos archivos contenían más de 1.000 páginas.
El volumen total de la filtración asciende a 11.903.676 documentos, de los cuales hay 6,4 millones de PFDs, 2,9 millones de archivos en formato de imagen, 1,2 millones de emails, casi medio millón de hojas de cálculo, más de 3 .000 audios y más de 1.400 videos, entre otros.
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Comparada con otras filtraciones, esta es la más voluminosa. Panamá Papers reunió 11,5 millones de documentos cuyo tamaño total fue de 2,6 Terabytes. Al año siguiente, en 2017, Paradise Papers recopiló 13,4 millones de documentos con un tamaño de 1,4 Terabytes. En Pandora Papers, este año, hay 11,9 millones de documentos pero con un tamaño que es casi del doble del anterior: 2,94 Terabytes.
En nuestros tiempos, “abrir una caja de Pandora” significa iniciar una acción o una búsqueda que puede revelar hallazgos insospechados y tener consecuencias de alto impacto. Esto es lo que ocurrió con Pandora Papers.
Entre los medios que participaron junto a Infobae, por Argentina, se encuentran La Nación y elDiarioAR. A nivel global participan BBC y The Guardian del Reino Unido, Le Monde de Francia, The Washington Post y Miami Herald de Estados Unidos; El País y La Sexta de España; ABC de Paraguay, Convoca e IDL de Perú, El Espectador y Conectas de Colombia, El País, Quinto Elemento, Proceso y Univisión de México; Búsqueda de Uruguay; ArmandoInfo de Venezuela, Süddeutsche Zeitung de Alemania; Ciper de Chile y L’Espresso de Italia, entre otros.
Infografía: Marcelo Regalado
Visualización interactiva: Daniela Czibener
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La prospección del desarrollo de la guerra en Ucrania enfrenta considerables dificultades no solo por lo poco fiables que son los datos que están disponibles, sino también por el hecho de que las personas que toman decisiones ocultan a la opinión pública las acciones con las que tratan de sorprender día tras día a su oponente. Nuevamente se produce un giro copernicano del combate: a pocos días del envío de carros de combate al ejército ucraniano por parte de países de Occidente, el gobierno de Rusia anuncia que suspende su participación en el tratado sobre el control de armas nucleares. No obstante, pese a la suma probabilidad de hechos imprevisibles, se ven algunas tendencias al cumplirse el primer año del conflicto bélico.
La primera es que se avanza hacia un empeoramiento del conflicto tanto respecto del campo de batalla como en cuanto al enfrentamiento geoestratégico. Otro rasgo creciente en los últimos meses consiste en la fatiga tras un año de confrontación, desde el agotamiento de materiales bélicos hasta el cansancio que comienza a verse en la opinión pública. Tomando en cuenta estas tendencias y siempre en términos de probabilidades, porque en un conflicto abierto, cualquier cosa es posible, puede observarse que la guerra se mantiene en una alternancia entre el estancamiento y la escalada, entendiendo esta última como una agudización pronunciada del enfrentamiento propiamente bélico. Regularmente, ambas situaciones presentan una relación secuencial: tras una escalada, suele haber un estancamiento, sobre todo en una guerra prolongada.
La prolongación de la guerra ha sido el principal tema de los discursos en torno al primer aniversario de los presidentes Vladimir Putin y Joe Biden. Ambos han afirmado que están preparados para continuar la guerra hasta una hipotética victoria militar. Putin lo ha hecho de una forma directa, y Biden, en términos del “mantenimiento de su apoyo a Kiev dure lo que dure la guerra”. Estas afirmaciones excluyen, al menos por el momento, la eventualidad de una negociación del alto el fuego y, menos aún, para establecer una paz duradera.
De hecho, líderes menos alineados han empezado a sugerir propuestas para detener la guerra. Tal es el caso de los presidentes de México, Brasil o la India, o de algunos sectores socialdemócratas europeos. También ha despertado expectativas en el sur global la propuesta de China de detener la guerra.
Ahora bien, cuando se prevé la prolongación del conflicto como idea para derrotar al oponente, se deben calcular los costos humanos y materiales. Aunque ninguna de las partes ha ofrecido datos precisos sobre las muertes directas que ha habido durante este primer año de la guerra, las Naciones Unidas estima en 30 mil las de civiles, y alrededor de 7 millones de refugiados ucranianos y otros tantos desplazados en el interior del país. Además, hay que tener presentes los 1.500 millones de personas afectadas por la inflación y el impacto económico por la guerra en todo el mundo (entre estos, también se cuenta la población latinoamericana, informó las Naciones Unidas).
En cuanto a las muertes de combatientes, hay grandes diferencias según las fuentes. Los ministerios de Defensa de Ucrania y de Rusia han aceptado que han tenido pérdidas de alrededor de 25 mil ucranianos y 40 mil rusos. Sin embargo, medios como la BBC, DW o FP señalan que en las fases de recrudecimiento bélico ha habido cerca de 8 mil muertos al mes en el caso de Ucrania, y unos 12 mil en el caso de Rusia, lo que eleva el promedio anual en torno a 90 mil fallecimientos de ucranianos y 130 mil de combatientes rusos. Estas cifras se aproximan a las que ofrece la compilación que este año hizo el Estado Mayor de la Defensa de Noruega. En pocas palabras, se trata de una pavorosa masacre, incluso si se aceptan las cifras más conservadoras.
Por otro lado, los daños materiales son cuantiosos y se pueden ver en la afectación de viviendas, carreteras, aeropuertos y líneas de ferrocarril, instalaciones de salud y educativas. La Escuela de Economía de Kiev ha estimado en más de 2 billones de dólares de pérdidas en infraestructuras durante este primer año de guerra.
Es decir, que cuando se contempla la continuación de la guerra, tal como se desprende de los discursos emitidos en este primer aniversario por los mandatarios de Rusia y de Estados Unidos, es necesario tener en cuenta lo que verdaderamente significa: un cúmulo con rasgos apocalípticos de muerte y destrucción. Y este es un buen punto de referencia para avizorar las consecuencias de la ofensiva rusa, la cual está prevista para el inicio de la primavera, que enfrentará la dotación de armas pesadas (tanques, artillería móvil, etc.) que el ejército ucraniano recibirá de sus aliados occidentales.
En sus respectivos discursos para este aniversario, los mandatarios Biden y Putin se han acusado mutuamente de haber iniciado la guerra. Biden se basa en una evidencia: la agresión militar fue una iniciativa de Rusia, pero en su discurso, el mandatario ruso ha sostenido que las potencias occidentales son las que la han provocado y ha puesto como prueba de su voluntad de paz el envío del memorándum de negociación enviado a Washington y a Bruselas en diciembre de 2021 y el rotundo rechazo recibido como respuesta. Resulta indudable que este ninguneo persistente no justifica la agresión militar de Moscú, contraria al derecho internacional. Sin embargo, la historia se encargará de dimensionar la responsabilidad de las potencias occidentales en su incapacidad de evitar la guerra.
En todo caso, el argumento acerca de la responsabilidad del comienzo de la guerra no puede dispensar de la responsabilidad actual sobre su prolongación. La evidencia de los efectos aterradores que causa día tras día tiene suficiente peso moral como para abandonar la tentativa de lograr una derrota del oponente, cueste el tiempo que cueste. Cada día que se prolonga esta guerra aumenta la responsabilidad moral sobre el conjunto de la comunidad internacional.
Enrique Gomáriz Moraga
*Investigador y consultor (www.latinoamerica21.com).
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