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Periodismo: Historias de terror

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Esta semana se confirmó la noticia del cierre de la Agencia Diarios y Noticias (DyN), fundada hace 35 años. Más de 100 trabajadores de prensa quedaron en la calle porque así lo decidieron sus principales accionistas: Clarín, La Nación, Río Negro y La Gaceta de Tucumán.

Por falta de recursos no puede ser, si el Grupo Clarín es el más favorecido con la publicidad oficial del macrismo (337,2 millones de pesos sólo durante el primer semestre de 2017), además de que en estos casi dos años la empresa se reempoderó, incrementó sus ganancias y fortaleció sus múltiples negocios.

Cosas raras de la vida, entre más se enriquece el mayor grupo comunicacional de Argentina, más gente despide. En 2016, según Fopea, echó a 180 trabajadores, más que ningún otro medio. 2017 lo comenzó con el cierre de la planta gráfica AGEA: 380 personas más sin laburo. Y en el transcurso del año presionó a sus trabajadores para que aceptaran “retiros voluntarios”.

Mientras se cerraba DyN, la hecatombe asomó en el Grupo Indalo. La empresa pagó salarios en dos cuotas y los trabajadores se declararon en asamblea permanente. La angustia de no poder cobrar y no saber si tendrás trabajo el próximo mes es infame. La situación se agrava porque los argentinos tienen encima la amenaza de una reforma laboral que buscará “bajar costos”. Y los costos, ya lo sabemos, siempre somos los trabajadores.

Indalo incluye C5N y radios como la 10, Pop, Mega y Vale, en donde hubo cese temporal de actividades para reclamar el pago de los sueldos. Aunque ya les empezaron a pagar, la incertidumbre es total. Si lo sabrán los trabajadores de Radio del Plata o Ámbito Financiero. O los del Diario de Paraná, propiedad de la familia Etchevehere, que hace años cobran en cuotas. Capaz que ahora que Luis Miguel fue nombrado ministro de Agroindustria ya le alcanza para pagar completos los salarios.

También están los 30 trabajadores de Radio Continental Tucumán que la semana pasada quedaron en la calle de un día para el otro porque la empresa levantó por completo y sin previo aviso la programación local. Y ni hablar de Radio Emisora Cultural, propietaria de la legendaria Radio Rivadavia y de Radio Uno. La empresa quebró y sus trabajadores están en vilo. En Telefe, mientras tanto, esta semana hicieron un paro sorpresivo ante el temor de más despidos.

¿Y cómo olvidar el cierre del Buenos Aires Herald? ¿Y los despidos en Crónica y el cierre de las revistas de Editorial Atlántida y el periódico El Argentino? ¿Y los contratos precarios y el trabajo en negro?

Un solo dato para ilustrar un panorama desolador: la revista Anfibia anunció que necesitaba un editor y recibió más de 2000 solicitudes. Son más de 2000 periodistas que están buscando trabajo. Y casi no encuentran.

A los despidos masivos o por goteo y la desaparición de medios hay que sumar episodios preocupantes como la supuesta intención del gobierno, revelada en varias columnas y nunca negada por las autoridades, de empujar el cierre de PáginaI12 como represalia por las revelaciones de Horacio Verbitsky sobre el multimillonario y secreto blanqueo de familiares y amigos del presidente y de varios funcionarios. Decenas de periodistas de todo tipo de medios (Nelson Castro, Luciana Geuna, Jorge Fontevecchia, Miriam Lewin, Víctor Hugo Morales y Cynthia García, entre muchos otros), firmaron la solicitada “La información no puede ser silenciada” para alertar sobre el daño irreparable que provocaría esta medida.

Más allá de beneficiar con pauta oficial a medios amigos (como lo hicieron el kirchnerismo y los gobiernos anteriores) y desfilar incesantemente en programas de periodistas oficialistas, el gobierno calla ante episodios alarmantes:

  • Periodistas de diversos medios fueron agredidos por violentos infiltrados en las marchas por la desaparición de Santiago Maldonado. Hay fotos y videos, pero seguimos sin saber quiénes son y por qué no los han detenido.
  • El diputado electo por Cambiemos Fernando Iglesias agredió en las redes sociales (con su habitual estilo pendenciero nunca cuestionado por sus aliados políticos) a los periodistas María O’Donnell y Ernesto Tenembaum.
  • Seis trabajadores de Perfil fueron procesados por ejercer sus derechos sindicales y luego absueltos gracias a la lucha de sus compañeros.
  • La periodista Fabiana Bringas fue patoteada al aire por su jefe, el director de Radio Nacional Córdoba, Orestes Lucero.
  • Los periodistas Germán de los Santos y Hernán Lascano tuvieron que cancelar la presentación de su libro “Los Monos” en Rosario por amenazas de familiares de narcos.
  • El empresario estafador Mariano Martínez Rojas reapareció en horario central como supuesto testigo “arrepentido”. Es el mismo que el año pasado destrozó junto con una patota las instalaciones de Tiempo Argentino y Radio América, caso que sigue impune.

La lista de ataques a la libertad de prensa es larga, tanto como el silencio del gobierno. Las denuncias se empañan por la leyenda urbana que hace creer que, si sólo cierran medios kirchneristas o son atacados periodistas kirchneristas, todo está bien: “se lo merecen”. Alegrarse porque alguien, sin importar quién sea, pierda el trabajo, en principio es miserable. Pero resulta que ni siquiera tienen razón. La crisis abarca todo tipo de empresas, aun las más ricas, aun las más antikirchneristas.

FoPeA reportó casi 1500 despidos de trabajadores de prensa en 2016. Según SiPreBA, fueron más de 2000. En lo que ya coinciden ambas organizaciones es en que, hoy, la cifra se acerca a los tres mil. Son 3000 voces menos. ¿Nos damos cuenta de la gravedad? Sin pluralidad de voces no hay democracia, ni libertad de prensa, ni derecho a la información.

Por eso, defender a los periodistas como trabajadores y al periodismo como oficio no es una cuestión corporativa. Son valores esenciales en cualquier sociedad. En muchos países de América Latina ya hemos padecido el daño que provoca la alianza entre millonarios y poderosos medios concentrados y los gobiernos de turno. Es un escenario en el que, siempre, ganan pocos.

Por: Cecilia González
Fuente: Tiempo Argentino

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Intensa actividad en el Consejo Deliberante: Aprueban decks y aumento de taxis con plus nocturno

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El Concejo Deliberante aprobó este martes el nuevo proyecto para regular los decks gastronómicos en la calle.

La iniciativa fue sancionada con los votos del interbloque oficialista y de los concejales Nicolás Lauría y Alejandro Carrancio. El Frente de Todos se abstuvo y Acción Marplatense votó en contra.

Los decks podrán ser techados, con cerramientos laterales y tener publicidad. Además, los gastronómicos podrán poner sillas y mesas en las veredas.

Tras aprobarse la iniciativa, los decks deberán adecuarse a la nueva normativa a partir de abril de 2023.

Los decks surgieron como alternativa todavía en tiempos de pandemia, cuando se mantenían restricciones para las reuniones en espacios cerrados y para garantizar el funcionamiento de una actividad tan vital como la gastronomía se permitió habilitar espacios de consumo no solo en veredas sino también sobre las calles.

A pesar de ser muy utilizado por los marplatenses a la hora de comer afuera, el proyecto recibió duras críticas. Quienes más alzaron la voz en contra de los decks fueron los comerciantes del paseo comercial de Güemes y la Cámara Textil de Mar del Plata, quienes argumentan que no favorecen el ingreso a sus locales.

En cambio, desde la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica (AEHG) y Uthgra defendieron el proyecto. Más trabajo y más posibilidades para recuperar un sector que fue altamente golpeado por la pandemia son los principales argumentos que esgrimen.

 

AUMENTAN LOS TAXIS

La tarifa de taxis y remises tendrán un aumento inminente del 40%, tras la aprobación por unanimidad del Concejo Deliberante de General Pueyrredon, que oficializó como novedad en la actualización una tarifa diferencial nocturna

En consecuencia, la ficha para viajar en taxi pasará de 14 pesos a 20. En tanto, el valor de la bajada de bandera será de 300 pesos.

Lo sobresaliente tiene que ver con la aprobación del cobro de un plus nocturno desde las 22 hasta las 6 de la mañana. En ese caso, la ficha tendrá un costo de 24 pesos y la bajada de bandera 360 durante la noche.

Los nuevos valores entrarán en vigencia cuando el intendente Guillermo Montenegro promulgue la ordenanza aprobada este mediodía.

 

DiezAhora

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Fue anulada la designación de la diputada Roxana Reyes en el Consejo de la Magistratura

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El magistrado en lo Contencioso Administrativo Federal anuló resolución que consideró a la UCR “segunda minoría” en Diputados para el Consejo. Las equivalencias con la designación de del peronista Martín Doñate.

El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Diego Martín Cormick declaró hoy nula la medida que autorizó a la diputada radical Roxana Reyes para ser miembro del Consejo de la Magistratura, al cuestionar el concepto de «segunda minoría» utilizado para efectuar esa designación.

La medida judicial es análoga a la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que recientemente cuestionó la designación del peronista Martín Doñate como representante de la Cámara Alta ante el cuerpo judicial y se pronunció en favor de Luis Juez, del PRO. Así consideró que la Presidencia de la Cámara debe dictar una nueva resolución, «no pudiendo otorgar la representación del tercer espacio a la Unión Cívica Radical».

El magistrado, quien antes había rechazado dictar una medida cautelar en tal sentido, tomó la decisión ante la acción de amparo promovida por el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, quien sostuvo que la Resolución 689/22 de la presidencia de la Cámara viola el principio de «equilibrio» que establece el artículo 114 de la Constitución Nacional.

La resolución cuestionada, del 20 de abril de 2022, cuando Sergio Massa era presidente de la Cámara baja, dispuso «designar a la señora diputada de la Nación Roxana Reyes como miembro titular de la segunda minoría» para integrar el cuerpo que sanciona y participa en la selección de jueces nacionales.

Martínez sostuvo que Reyes pertenece a la Unión Cívica Radical (UCR), que integra Juntos por el Cambio, que ya designó a un legislador de la Cámara para que lo represente en el Consejo.

El caso es similar al de Doñate: la Corte se pronunció en contra de su nombramiento al filo del fin de su mandato y el Frente de Todos insistió con su postulación para el período 2022-2026, lo cual está siendo analizado nuevamente por el máximo tribunal.

Con Reyes ocurre ahora que el juez hace lugar a la objeción de Martínez sobre su designación de abril, pero es propuesta nuevamente.

La lista de los cuatro representantes de la Cámara baja quedó conformada entonces con dos representantes del Frente de Todos (Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade), uno del PRO (Alvaro González) y Reyes, por la UCR, a quienes la Corte Suprema de la Nación decidió tomarles juramento para que desempeñen sus cargos para el período 2022-2026.

El juez consideró que, de acuerdo con lo expuesto por Martínez, «es evidente que el espíritu de la ley es otorgar un lugar a tres espacios políticos diferentes» correspondiendo, según su criterio a «dos integrantes al partido político que cuenta con mayor cantidad de votos, y un integrante a cada uno de los siguientes».

Agregó que la actual «asignación de representantes se efectúa con legisladores elegidos en las elecciones efectuadas en 2019 y 2021» y que «en ambos procesos electorales el Frente de Todos (Partido Justicialista y otros), constituyó una alternativa para votar; y el Frente Juntos por el Cambio (PRO, UCR, Coalición Cívica), otra».

Para el juez, «de otorgarle un integrante al bloque constituido por el PRO y otro integrante al bloque UCR, se estaría vedando de participar a la real segunda minoría de la cámara».

Así consideró que la Presidencia de la Cámara debe dictar una nueva resolución, «no pudiendo otorgar la representación del tercer espacio a la Unión Cívica Radical».

FUENTE TIEMPO ARGENTINO

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La Corte Suprema falló contra Abuelas de Plaza de Mayo en un reclamo por el Banco de Datos Genéticos

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Los miembros del máximo tribunal le desconocieron a las abuelas y a los organismos de derechos humanos la capacidad de reclamar la inconstitucionalidad de dos artículos de una ley que delimitó las facultades del BNDG.

La Corte Suprema falló en contra de un planteo de un grupo de Abuelas de Plaza de Mayo y organismos de derechos humanos en un antiguo reclamo sobre los alcances de la tarea del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Como en muchas otras oportunidades, los jueces de la Corte resolvieron sin resolver: le desconocieron a las abuelas y a los organismos la capacidad de reclamar la inconstitucionalidad de dos artículos de una ley que delimitó las facultades del BNDG y admitieron que esa decisión –que es poco menos que formal- “no implica, claro está, adelantar juicio alguno sobre la constitucionalidad de las normas impugnadas, ni menoscabar el derecho de cada habitante de la Nación para acudir al amparo jurisdiccional cuando se vean lesionados o restringidos ilegalmente sus derechos constitucionales de modo que exijan reparación”.

El reclamo de las Abuelas de Plaza de Mayo

El reclamo se remonta a casi una década. En 2013, un grupo de víctimas de la dictadura –entre ellos varias Abuelas- (María Isabel Chorobik de Mariani, Elsa Beatriz Pavón, Mirta Acuña de Baravalle, Rosaria Isabella Valenzi, Elsa Oshiro, Marcela Alejandra Gudiño, María Teresa Fernández, Margarita Pinto, Victoria Prigione Greco, María Isabel Prigione Greco y Gustavo Giménez), junto con la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos y la Asociación Civil Librepueblo plantearon una “acción declarativa de inconstitucionalidad contra el Estado Nacional” contra los artículos segundo y quinto de la ley 26.548, “en cuanto limitan la actuación del BNDG al esclarecimiento de delitos de lesa humanidad cuya ejecución se hubiera iniciado en el ámbito del Estado Nacional hasta el 10 de diciembre de 1983”.

“De convalidar la limitación en la competencia del BNDG, quedarían excluidos de su competencia causas judiciales vinculadas con la desaparición forzada de personas posteriores al 10 de diciembre de 1983, supresión de estado civil en los casos no relacionados a la última dictadura; los datos genéticos de personas que han asistido al Banco por causas judiciales civiles o criminales; juicios de filiación común o particular o quienes han recurrido al Banco con la sola intención de dejar su muestra de ADN en resguardo de su patrón genético”,  explicaron los amparistas.

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Esa limitación –argumentaron- “vulnera los derechos a la verdad, a la identidad y a la justicia, al quedar excluidas de su competencia las causas judiciales, vinculadas con la desaparición forzada de personas, iniciadas después de esa fecha, desconociendo, asimismo, el principio de progresividad y la prohibición de regresividad en materia de derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional”. El límite temporal, añadieron, no había sido establecido en la ley de creación del banco de datos genéticos, durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

A lo largo de todo el expediente, que tramitó en el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal en sus instancias anteriores, las víctimas de la dictadura y los organismos aportaron una intensa argumentación en favor de su postura. “Que el BNDG incluya como materia de su objeto aquellos casos de apropiaciones no relacionadas con terrorismo de estado no nos perjudica a los familiares de desaparecidos”. Hicieron hincapié en “la falta de pruebas aportadas por la demandada tendientes a acreditar la existencia de laboratorios públicos o privados para asistir a aquellos cuya situación no encuadre dentro de las previsiones de la ley 26.548”, que le pone un cepo a la actuación del BNDG.

Explicaron que hasta antes de la modificación legislativa “cualquier persona podía acudir al BNDG para esclarecer su identidad biológica, aun cuando no hubiera nacido en cautiverio”. Y que la limitación de la competencia significaba “una violación a la garantía de no repetición y el principio de no regresividad en materia de derechos humanos”.

Pero en octubre de 2020, la procuradora adjunta Laura Monti dictaminó que no había un “caso”, porque los amparistas no se veían perjudicados por el contenido, los alcances y la aplicación de la ley. “La circunstancia de que el Congreso de la Nación hubiera decidido sólo contemplar la situación de quienes fueron objeto de delitos cometidos con anterioridad al 10 de diciembre de 1983 no podía ser interpretado en manera alguna como una violación a la garantía de no repetición y el principio de no regresividad en materia de derechos humanos en tanto, justamente, la nueva legislación ampara a quienes fueron víctimas de delitos de lesa humanidad”, rescató la procuradora.

Entonces no hubo pronunciamiento de fondo. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti coincidieron con la procuradora y rechazaron el amparo sin decidir quién tenía la razón.

“Lo aquí expuesto no implica, claro está, adelantar juicio alguno sobre la constitucionalidad de las normas impugnadas, ni menoscabar el derecho de cada habitante de la Nación para acudir al amparo jurisdiccional cuando se vean lesionados o restringidos ilegalmente sus derechos constitucionales de modo que exijan reparación. (Si quien está legitimado demostrase algún derecho subjetivo afectado concretamente por las normas aquí criticadas) tal y como, desde antiguo, ese Tribunal lo ha sostenido, cuando el ejercicio de los poderes políticos afectó esas garantías y sin que esa protección haya implicado ejercer, por sí mismo, las facultades de otro poder”, resumió la procuradora y suscribieron los cortesanos.

Foto: Télam
FUENTE : TIEMPO AREGENTINO

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