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Petrolera rusa detrás del fondo de inversión que compró el grupo de Cristóbal López

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 El fondo OP Investments asegura que Lukoil aportará US$ 120 millones, en un plan de rescate por US$ 300 millones. Pagarían $10.000 millones de deudas a la AFIP y no se desprenderían por ahora de los medios. Falta la aprobación de la Justicia
Por: Alejandro Alfie
Se develó el secreto. Detrás del fondo de inversión OP Investments está la petrolera rusa Lukoil, que se comprometió a invertir 120 millones de dólares en el ex Grupo Indalo, en un plan de inyección de 300 millones de dólares, si se aprueba la venta de las empresas de Cristóbal López al fondo de inversión que lidera Ignacio Rosner. Allí también se propone la venta de activos no estratégicos por 100 millones de dólares, entre los que se destacan la Petrolera Cerro Negro y la planta de Paraná Metal, pero no incluye la venta de los medios de comunicación. Y una propuesta de pago de 10.075 millones de pesos de deudas a la AFIP, en un plan de 90 cuotas de 112 millones de pesos mensuales, con un prepago inicial de 972 millones.

Los abogados del fondo OP Investments presentaron ayer el Plan Estratégico ante el juez en lo comercial Héctor Hugo Vitale, quien citó a los representantes de Oil Combustibles para que mañana expliquen en una audiencia el alcance de la venta de acciones y de cómo planean sacar al Grupo Indalo del concurso de acreedores.

Si la Justicia aprueba la propuesta de OP Investments -aún si lo hiciera el juez Vitale restaría el OK del juez federal Julián Ercolini-, la petrolera Lukoil Pan Americas LLC ingresará al grupo controlante del ex Grupo Indalo y aportará 120 millones de dólares en préstamos, que luego se podrán convertir en acciones de Oil Combustibles (OCSA); y otros 80 millones de dólares en “financiamiento de inventarios”, para la compra de petróleo crudo y derivados.

El Plan Estratégico, al que accedió Clarín, destaca la importancia del ingreso de “un nuevo inversor extranjero estratégico de la envergadura y trayectoria de Lukoil, que acompañe a OCSA en esta nueva etapa”. Sería el desembarco de una de las empresas petroleras más grandes del mundo, que cotiza en Bolsa y tiene una capitalización bursátil de US$ 36.000 millones. Eso permitiría sacar del concurso de acreedores a las empresas que eran de Cristóbal López, así como salir de los embargos e inhibición de bienes que les impuso la Justicia.

La Ratificación del Grupo Lukoil figura como uno de los anexos que presentó OP Investments ante la Justicia y está firmada por Betty Leon, gerente de originación de Negocios para Latinoamérica y el Caribe de Lukoil Pan Americas LLC.

“La posibilidad de que Lukoil sea nuestro socio estratégico es el resultado del cambio de dirección en Oil Combustibles y del país, signado por el clima favorable a la inversión y al desarrollo productivo”, dijo en un comunicado Ignacio Rosner, accionista y CEO de OP Investments y presidente de Oil Combustibles. Y agregó: “Venimos a hacer un aporte importante al desarrollo del país, a dejar atrás el pasado y cumplir con nuestras obligaciones como corresponde”.

Si la Justicia aprueba este plan, “se podrían preservar los 4.000 puestos de trabajo directos y los 11.000 indirectos que tienen las empresas del ex Grupo Indalo”, dijo una fuente del fondo de inversión a Clarín. Y agregó: “Cristóbal López ya no pertenece al Grupo Indalo. Se hizo la venta ‘en forma irrevocable’, el cambio de accionistas y de los directorios de las empresas. Por ejemplo, hoy asume Ignacio Rosner como presidente del directorio de Oil Combustibles. Pero necesitamos que la Justicia apruebe este Plan Estratégico, para reestructurar las empresas, potenciarlas y que no vayan a la quiebra”, dijo esta mañana una fuente de OP Investments.

En un comunicado, señalaron que el Estado nacional tiene “deudas impagas” con empresas del grupo por aproximadamente $1.200 millones. “Dichos atrasos han debilitado fuertemente el capital de trabajo del Grupo Empresario, cuyas sociedades además no tienen acceso al sistema financiero, poniendo en riesgo el pago de los salarios, pago de contribuciones previsionales y planes de regularización y cancelación de deudas impositivas, profundizando innecesariamente la crisis de las empresas”.

El ex Grupo Indalo, “cuya nueva denominación se informará en los próximos días”, cambió el domicilio en la Inspección General de Justicia, fijándolo nuevamente en la ciudad de Buenos Aires, ya que Cristóbal López pretendió mudar el domicilio de la casa central a Comodoro Rivadavia, para intentar zafar de la Justicia.

De hecho, el frente judicial está muy complicado para Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa. La Corte Suprema va a fallar pronto sobre si sigue adelante o se anula el concurso de acreedores del Grupo Indalo, ya que la AFIP sostiene que fue un concurso fraudulento. En simultáneo, el juez federal Julián Ercolini tiene la causa por más de $ 8.000 millones del impuesto a la transferencia de combustibles, que se apropiaron Cristóbal y De Sousa; aunque Ercolini todavía espera que la Cámara de Casación defina si la causa pasa a un juez federal económico o sigue en sus manos.

La salida de los empresarios Kirchneristas no sería sencilla ni estaría garantizada, ya que “no pueden vender nada sin autorización de la Justicia”, dijo una fuente oficial. Y agregó que esa propuesta debería estar avalada por la AFIP, que le inició 13 juicios por evasión a los dueños de Grupo Indalo, por más de $ 10.000 millones. El titular del organismo recaudador, Alberto Abad, no sólo pretende que paguen sus deudas, sino que además intenta llevar a la cárcel a López y De Sousa por asociación ilícita. La AFIP recordó, hace unos días, que no se puede hacer ninguna venta del Grupo Indalo sin la habilitación del juez o del organismo oficial, algo que todavía no ocurrió.

El fondo OP Investments presentó ayer el Plan Estratégico a la Justicia junto con varios anexos, como la Transferencia de Acciones, los Antecedentes de los Nuevos Administradores, la Ratificación del Grupo Lukoil, el Plan de Negocios de OCSA, la Nueva Estructura Societaria y el Flujo de Fondos Proyectado. Se trata de una información preliminar, para dar “explicaciones escritas”, que serán ampliadas en la audiencia de mañana ante el juez Vitale.

Habrá que ver no sólo qué decide el juez Vitale, a cargo del concurso de acreedores, sino también el juez Ercolini, que hasta ahora bloqueó la modificación accionaria de las compañías y tiene embargadas las cuentas e inhibidos los bienes por la deuda de más de $10.000 millones que reclama la AFIP. De hecho, el juez Vitale debería determinar de cuánto es efectivamente la deuda que deberán pagar al organismo recaudador.

El fondo de inversión de Rosner mostró al fin sus cartas. Ahora la decisión está en manos de la Justicia.

Presentación ante la Justicia
Cuáles son las empresas de Cristóbal López que propone vender el fondo de inversión de Ignacio Rosner
Si la Justicia lo autoriza, OP Investments planea la venta inmediata de “activos no estratégicos”, como Petrolera Cerro Negro y Paraná Metal, para recaudar US$ 100 millones. Pero no los medios.

El Plan Estratégico que los abogados de OP Investments presentaron ayer a la Justicia incluye la venta de “activos no estratégicos”, con los que pretenden recaudar US$ 100 millones. Esa operación forma parte de un plan de inyección de US$ 300 millones, con la activa participación de la petrolera rusa Lukoil, si es que la Justicia aprueba la transferencia de las empresas de Cristóbal López al fondo de inversión de Ignacio Rosner.

OP Investments propone vender, en un plazo de hasta 90 días, Petrolera Cerro Negro, cuya valuación es de US$ 21 millones; la planta de Paraná Metal, en Villa Constitución, Santa Fe, en US$ 8 millones; un centro comercial en Comodoro Rivadavia, de Urbanizadora GEA, valuado en US$ 30 millones; el terreno Solares del Buen Ayre, en US$ 20 millones; terrenos bonaerenses en Canning y Tigre, por US$ 12 millones; una turbina de Alcalis de la Patagonia, en US$ 6 millones, entre otras.

En el escrito que presentó ante la Justicia, el fondo de inversión de Rosner sostuvo que “la venta de activos no estratégicos no afectará los flujos de los seis negocios centrales del grupo”, que son: los medios de comunicación, entre los que se destacan C5N, Radio 10, FM Pop y el diario Ámbito Financiero; Oil Combustibles, para refinación de petróleo crudo y comercialización de derivados; CPC, en el sector de construcción e infraestructura; Oil M&S, para servicios petroleros; Alcalis de la Patagonia, en la producción de carbonato de sodio; y “una sexta división que agrupa las demás unidades de negocios”, como el banco Finansur, el hotel Los Notros y la productora de dulce de leche La Salamandra, según figura en la presentación judicial de OP Investments.

De todos modos, fuentes cercanas al fondo de inversión de Rosner explicaron a Clarín que, de aprobar la justicia el Plan Estratégico, buscarían socios para que gestionen los medios de comunicación, en un acuerdo similar al que ya cerraron para Oil Combustibles con la petrolera rusa Lukoil. Un dato que llamó la atención es que los medios de comunicación figuran con el 94,34% en manos de empresas que eran del ex Grupo Indalo; mientras que el 5,66% está en poder de empresas que eran de Sergio Szpolski, a través de las sociedades LPDM y Uluru Corp.

Por la venta de esas empresas, titulares del canal CN23 y el disuelto diario gratuito El Argentino, hay una deuda con Szpolski de US$ 1,7 millón y $ 959.750. En los papeles presentados ante la Justicia, también figura una deuda con Marcelo Tinelli, de $135.375.000, por el contrato de exclusividad y conducción del programa Showmatch; junto con otra deuda con Tinelli por US$ 12,9 millones, por la compra del 19% de la productora Ideas del Sur.

Un especialista, que revisó los papeles presentados por OP Investments en la Justicia, se sorprendió por los activos que decidieron no vender Cristóbal López y Fabián de Sousa. De lo que era el Grupo Indalo, se excluyeron de la venta las empresas Inverco del Cono Sur, en Comodoro Rivadavia; Parador 10, en Rada Tilly, Chubut; Promet, que produce aceite de oliva en la provincia de Catamarca; tres departamentos en el Edificio Madero Center y dos casas en Bariloche, que son de la constructora CPC; así como dos aviones King Air C 90 y un avión Barón 58. Además, se excluyeron de la venta los vehículos “actualmente utilizados por los accionistas”, que son dos autos BMW, tres camionetas Toyota Hilux, una Toyota Prado, un Jeep Cherokee y un Jeep Wrangler.

Foto: EFE
Fuente: Diario Clarín

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Internacional

Fin de una era: por qué estalló Colombia

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Tras plantear un ajuste a la clase media, Iván Duque ahora es señalado por la comunidad internacional por violaciones a los DD.HH.

Las manifestaciones multitudinarias contra el gobierno de Iván Duque en Colombia, comenzaron hace 10 días como un rechazo a una reforma tributaria, y se han transformado en movimiento de múltiples demandas de la sociedad. Dichas manifestaciones han sido reprimidas brutalmente por las fuerzas de seguridad, aumentando día a día el número de heridos, desaparecidos y muertos.

El actual conflicto se muestra como la peor cara de la desigualdad estructural en Colombia,  que se ha profundizado con la pandemia de COVID19. Como la priorización de la acción represiva, demuestra la falta de capacidad política del gobierno de Duque ante un conjunto de demandas ciudadanas que se suman día a día buscando algún tipo de respuesta.

Desnuda desigualdad

Colombia ha sido atravesada en los últimos 50 años por el conflicto armado entre la guerrilla, el narcotráfico, los paramilitares y el ejército. Esta larga, sangrienta y sinuosa historia ha dejado el saldo de más de 900.000 muertos, el desplazamiento de más de 8 millones de personas, y el asesinato de cientos de líderes sociales.

El gobierno de juan Manuel Santos logro en 2016 realizar un histórico acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dando un paso definitivo para comenzar un largo proceso de sanación del país. Incorporó a miembros de esta organización a la vida política y negoció acuerdos similares con otras guerrillas menores. Pero el comienzo de una solución a ese conflicto puso en relieve los otros profundos problemas estructurales socio económicos que ocultaba Colombia desde hace décadas.

Colombia es un país conocido en el mundo por tener una larga estabilidad política, independientemente del conflicto de la guerrilla, ya que desde los años 50 se han intercalado democráticamente en el poder conservadores y liberales, mientras los números macroeconómicos no paran de crecer, con un crecimiento del 3,26 del PBI en 2019. Pero al mirar la distribución del ingreso Colombia, es el séptimo país más desigualdad del mundo, y el segundo de la región después de Brasil.

Colombia no ha generado cambios en la distribución del ingreso desde 1992. En 2019 el 10% de la población más favorecida poseía 4 veces más que el 40% de la población más pobre. A su vez hay más de 500.000 niños en situación de desnutrición crónica. Mientras en lo que respecta a la educación, en Colombia hay 2 millones de analfabetos, y solo el 44 % de los estudiantes llega a terminar el bachillerato, y de este número solo la mitad logra entrar a la universidad. Sobre este escenario la pandemia llevó el desempleo actual al 14%, y la pobreza en 2020 al 42,5% de la población.

LA PANDEMIA LLEVÓ EL DESEMPLEO ACTUAL AL 14%, Y LA POBREZA EN 2020 AL 42,5%.

Impuestos y falta de ideas

En 2019 Iván Duque que ya poseía un 65 % de desaprobación, con un modelo económico que mostraba desgaste, en cuanto a lo que inclusión social se refiere. Entonces envió proyectos de reforma laboral y de pensiones que generaron más malestar en la población.

Este malestar económico termino de confluir en un gran paro nacional en noviembre del 2019. Donde a pesar de lo pacifico de las manifestaciones, estas fueron reprimidas duramente por la policía ocasionando la muerte de varios manifestantes. La llegada de la pandemia de COVID19 pareció dar una pausa a las protestas sociales, pero cuando en abril de este año el gobierno propuso una nueva reforma tributaria, esta se transformó en la chispa que volvió a encender el conflicto.

La reforma planteaba obtener 25,4 billones de pesos colombianos, unos 6800 millones de dólares, para paliar la crisis económica del país. Pero la reforma planteaba obtener el dinero mediante el gravamen de impuestos a una empobrecida clase media.

Y a su vez subir hasta un 19% el IVA a productos alimenticios, e incluso ampliar este aumento del IVA a la gasolina, electricidad y el gas, golpeando también a los sectores bajos. Esto origino un nuevo paro nacional iniciado el 28 de abril, con enormes y constantes movilizaciones en todo el país, generando que Duque retirara el proyecto, y renunciara el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

SUBIR HASTA UN 19% EL IVA A PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Sin embargo, a pesar del retiro de la reforma tributaria, el paro continua. Es que solo había sido el catalizador de múltiples reclamos de un movimiento tan grande como heterogéneo. A tal punto que el comité conformado por los sectores que llevan a adelante el paro nacional, buscaban presentar a Duque diversos reclamos que iban desde: la renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual, defensa de la producción (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina).

Hasta  la matricula cero para la educación, y detener las erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas con glifosato. El gobierno que tuvo la falta de criterio político y social para buscar un impuesto sobre los sectores medios y bajos, ahora debe dar, aunque sea en forma transitoria, respuesta a numerosos reclamos.

Violencia y represión institucional

La violencia ha llegado a tal punto, que un organismo reconocido como Human Rights Watch público un video donde se ve a policías disparar desde una tanqueta proyectiles hacia manifestantes. Y la ONU pidió a Colombia respetar los DD.HH. y garantizar el derecho a las protestas.

Esa misma violencia policial ha pasado a transformarse en uno de los reclamos del paro nacional: la represión a las protestas ha dejado al cierre de esta nota el saldo de 24 muertos, casi 100 desparecidos y cientos de heridos. Estos hechos han revelado la incapacidad de las fuerzas de seguridad colombianas para contener la protesta social.

Debido a que por más de 50 años la policía ha sido entrenada y estructurada en contexto de conflicto armado contra un enemigo en común: las guerrillas. Generando que al tratar con los manifestantes,  muchas veces en vez de abórdalos como ciudadanos que reclaman democráticamente, estos son tratados como subersivos.

 AL CIERRE DE ESTA NOTA EL SALDO ERA DE 24 MUERTOS, CASI 100 DESPARECIDOS

Mientras la corriente más reaccionaria del uribismo, del cual Duque proviene, reduce la complejidad del análisis de los reclamos sociales a un conjunto de conspiraciones orquestadas por Venezuela. la ciudadanía continua en las calles planteando múltiples demandas que por ahora parecen sobrepasar la capacidad de respuesta del actual gobierno.

Mientras la segunda ola de COVID19 avanza, en Colombia se empiezan a reclamar soluciones a problemas que han pasado desapercibidos por mucho tiempo en el centro de la opinión pública. Siendo que el futuro de la democracia colombiana dependerá de lo rápido y efectivo que esas demandas sean encauzadas y respondidas.

FUENTE : REVISTA NOTICIAS

FOTO TAPA : PERFIL

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Estados Unidos ya vacunó con dos dosis a 100 millones de personas

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Estados Unidos tiene ya cien millones de personas completamente vacunadas contra el coronavirus, lo cual morigerará los devastadores efectos de la enfermedad, lo que supone un 35% de su población.

Estados Unidos tiene ya cien millones de personas completamente vacunadas contra el coronavirus, lo cual morigerará los devastadores efectos de la enfermedad, informó hoy el coordinador de respuesta a la pandemia de la Casa Blanca, Jeff Zients.

«Son 100 millones de estadounidenses con una sensación de alivio y tranquilidad al saber que después de un año largo y duro están protegidos del virus, sabiendo que su decisión de vacunarse no solo los protege a ellos sino que también protege a sus familias, sus amigos y sus comunidades», expresó Zients en rueda de prensa.

El país, que sigue siendo el más afectado del mundo, ha distribuido 237 millones de dosis y el 55% de los adultos recibió al menos una dosis.

Se considera que una persona está completamente vacunada dos semanas después de la aplicación del inmunizante o de la segunda dosis para los que se administran en dos tomas.

La campaña de vacunación en Estados Unidos arrancó con altibajos en diciembre, pero el ritmo aumentó rápidamente durante la primavera boreal hasta llegar a un pico de la tasa de inyecciones a principios de abril.

Sin embargo, ahora experimenta una cierta disminución del ritmo de inoculación, consignó la agencia de noticias AFP.

Paulatinamente, todas las personas que estaban convencidas de querer vacunarse lo han hecho, por lo que ahora la campaña está orientada a llegar a las indecisas o de difícil acceso, como las que residen en zonas rurales.

En el país están autorizadas tres vacunas, las de Pfizer/BioNtech, Moderna y Johnson & Johnson, esta última la única que no precisa de más de una dosis.

Estados Unidos registra 32,3 millones de casos y 575.000 muertes, según el último reporte sanitario.

Entretanto, se informó oficialmente que los mayores de 16 años pueden vacunarse en Florida desde hoy sin prueba de residencia, lo que abre la vía a la inmunización de las personas indocumentadas.

FUENTE : LIBRE EXPRESION

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La dictadura de Nicolás Maduro arrecia la censura en Venezuela: ahora va por el control de las redes sociales

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Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, y Luis Díaz, periodista y activista venezolano, dialogaron con Infobae sobre los nuevos pasos que pretende dar el régimen chavista para seguir atentando contra la libertad de expresión
El dictador Nicolás Maduro busca regular y controlar las redes sociales en Venezuela

La dictadura de Nicolás Maduro viene dando señales de nuevos controles que comenzarán a regir en Venezuela para limitar aún más la ya endeble libertad de expresión. No basta con las legislaciones ya existentes. El régimen pretende dar una nueva estocada e incrementar el seguimiento de las redes sociales, que en los últimos años se han convertido en el principal canal al que acuden los venezolanos para informarse, expresarse, e incluso denunciar la dramática situación que atraviesa el país.

Periodistas, activistas, abogados y miembros de la oposición venezolana denuncian que la dictadura lo que busca es, a través de la írrita Asamblea Nacional chavista, darle un marco legal a lo que ya se viene haciendo: detenciones a quienes difunden críticas en redes sociales, acusaciones infundadas y sin pruebas, y amenazas.

El pasado 3 de marzo, el Parlamento aprobó una agenda legislativa que incluía 35 propuestas de ley. Entre ellas se encuentra un proyecto para la reforma parcial de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Resorte), y la creación de la denominada Ley de Ciberespacio.

Semanas después, el 31 de marzo, Freddy Ñáñez, ministro de Comunicación del régimen, avisó que el chavismo podría regular aún más las redes sociales luego de que Facebook suspendiera la cuenta de Maduro por difundir información falsa sobre el coronavirus. “En Venezuela hay instituciones y leyes que no pueden ser violadas por los contratos que haga una empresa. Por eso vamos a elevar a la Asamblea Nacional un proyecto de ley por la actualización que se hará sobre la Ley Resorte”.

La suspensión de la cuenta de Maduro fue sólo una excusa, un motivo más para las ambiciones del régimen. La orden fue dada hace tiempo. De hecho, el pasado 6 de noviembre el dictador hizo pública su intención: “La radio tiene leyes y la gente tiene que cumplirlas. La televisión tiene leyes; inclusive la televisión por cable. La prensa tiene sus leyes. Tiene sus libertades y sus límites. ¿Pero qué límites cumplen esas redes que ya conocemos? Ninguno. Es un tema para la próxima Asamblea Nacional”.

“Ellos ya sin ley cometen aberraciones”, comentó a Infobae el periodista y ciberactivista venezolano Luis Carlos Díaz, quien sufrió en primera persona la persecución y censura del régimen, cuando en 2019 fue detenido por las fuerzas de seguridad luego de informar en sus redes sociales todo lo relacionado al gran apagón que afectó a toda Venezuela en marzo de ese año. Como ha ocurrido a miles de venezolanos, fue acusado por las autoridades de “instigación a delinquir”. La justicia chavista, no obstante, no ha presentado una prueba en su contra.

Estas normas se suman a la controvertida Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, conocida como “Ley contra el Odio”, aprobada en noviembre de 2017 por la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente (ANC). La misma establece duras penas de 20 años de cárcel, cierre de medios de comunicación, y elevadas multas económicas a medios y empresas, entre otras sanciones.

Luis Carlos Diaz, periodista y ciberactivista venezolano, fue detenido en 2019 por explicar en sus redes sociales cómo actuar ante los apagones que afectaron al país en marzo de ese añoLuis Carlos Diaz, periodista y ciberactivista venezolano, fue detenido en 2019 por explicar en sus redes sociales cómo actuar ante los apagones que afectaron al país en marzo de ese año

“La Ley de odio es una ley ilegítima promulgada por la Asamblea Constituyente, que carece de reconocimiento internacional, es una muy mala copia de leyes de odio de otros países que se han usado para perseguir a disidencias”, explicó Díaz. Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, recordó en diálogo con este medio que la Constitución venezolana “establece que una Asamblea Nacional Constituyente no tiene entre sus mandatos hacer leyes”.

Ambos coincidieron en que esa norma se “aplica de forma discrecional”: “A la gente se la llevan para hacerle preguntas y las acusan de generar odio”, contó Díaz. Además, sostuvo que la persecución no se lleva a cabo a través de una “herramienta o aparato sofisticado”. Se trata de gente que “vende a otros al gobierno”; gente que revisa historias de Facebook, Instagram o WhatsApp, para delatar a otros: “Es gente que quiere escalar en la estructura de poder, de represión”.

La mayoría de los casos nunca llegan a juicio. Los acusados llegan a pasar periodos indefinidos en prisión preventiva, tiempo en el que reciben muy poca -o nula- información sobre la causa. Las liberaciones se dan de forma arbitraria y por mera decisión de las autoridades. “La apertura de un proceso ya es un castigo, aunque no hayas sido condenado. El proceso judicial no avanza, la fiscalía no presenta nada, casi todos dicen que no puedes hablar de tu caso, te inhiben, te establecen un régimen de presentación… Es muy kafkiano el proceso. Es un castigo anticipado por casos que no constituyen delito”, apuntó Correa.

La ley prohíbe toda conducta que promueva “el odio nacional”. Sin embargo, en sus seis páginas y 25 artículos, no especifica qué acciones, declaraciones u otros comportamientos constituyen odio. “Es una justificación para hacer lo que ellos quieran”, consideró tiempo atrás la ex fiscal general del país, Luisa Ortega Díaz, en alusión a los jueces y fiscales afines al chavismo.

La Ley Resorte, por su parte, también forma parte del amplio paquete de legislaciones que limitan la libertad de expresión en Venezuela. Aprobada en diciembre de 2004, su objetivo es establecer la responsabilidad social de los prestadores de los servicios de radio y televisión. En 2010 fue reformada para incluir a los medios electrónicos, lo que Díaz calificó como una “aberración jurídica”.

Correa explicó que la norma “nació pretendidamente para proteger a los niños y adolescentes, pero se terminó utilizando para castigar a medios críticos e independientes, y hasta el día de hoy se sigue usando”: “Se sigue usando la amenaza de su aplicación”. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) juega un papel muy importante en este sentido: “Es un órgano de naturaleza más bien técnica, que ahora se dedica a administrar contenido. Entonces mandan exhortos a las emisoras, y a veces las emisoras sacan el programa en cuestión u otras veces se inhiben de tratar ciertos temas… (…) Por ejemplo, Infobae está bloqueado en Venezuela, pero eso no tiene ningún procedimiento. Es sencillamente una instrucción de Conatel a los proveedores de internet, y ellos eliminan esa dirección IP. Pero ahí no hay ningún procedimiento administrativo, ningún proceso judicial, nadie ha podido apelar. Simplemente se bloquea y ya… eso ocurre con muchos portales”, detalló el abogado y activista venezolano.

A este amplio abanico de leyes se puede llegar a incluir la Ley del Ciberespacio que, según adelantó el presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, podría ser aprobada en el curso de este año. Al respecto, Ñáñez dijo que las normas actuales quedaron desactualizadas, por ejemplo, en “la soberanía del espacio aéreo”, pues las redes funcionan “por el ciberespacio” y, por tanto, “usan el espectro público para posicionar las reglas de su corporación”.

“Ya es una metástasis”, opinó Díaz sobre esta acumulación de normas, cuyo único fin es silenciar a los venezolanos. Sobre la Ley de Ciberespacio, explicó que hasta el momento “no hay nada”, ni siquiera “un borrador”.

“No tengo muy claro el objetivo de estas normas porque ya se están aplicando muchos instrumentos de manera restrictiva. Incluso ellos utilizan intensamente las redes sociales. Tienen ejércitos de trolls, gente que se dedica a posicionar etiquetas en Twitter. ¿Entonces van a bloquear Twitter? Lo mismo WhatsApp, que ellos lo usan intensamente para coordinar sus distintos proyectos, programas… Tienen ahí un problema que no es de fácil solución. Porque si bloquean Twitter, por ejemplo, se bloquean a ellos también”, añadió Correa.

Jorge Rodriguez, presidente de la Asamblea Nacional chavista, anunció que la Ley de Ciberespacio podría ser aprobada este año por el Parlamento (REUTERS/Manaure Quintero)Jorge Rodriguez, presidente de la Asamblea Nacional chavista, anunció que la Ley de Ciberespacio podría ser aprobada este año por el Parlamento (REUTERS/Manaure Quintero)

Según el director de Espacio Público, la intención de la dictadura es “generar más miedo, tratar de tener más herramientas para controlar y exigir cosas”: “En algunas ocasiones se sienten desprovistos con algunas de las herramientas en relación a las plataformas. Pero dependen de las plataformas. En alguna ocasión pensaron en crear plataformas propias, pero nada de eso ocurrió”.

Esta semana la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció que el uso de la Ley Resorte en Venezuela “regula el espectro radioeléctrico de manera discrecional y punitiva”, lo que la convierte en “un instrumento para silenciar la radio”: “Las estaciones de radio que todavía existen están autocensuradas por el terror que genera esta ley Resorte”. Según datos del organismo, al menos ocho estaciones han sido sacadas del aire en los últimos meses.

La SIP indicó que en el país caribeño hay “una dictadura implacable” que considera al periodismo independiente como un enemigo permanente: “La situación de la libertad de expresión sigue en el mismo nivel crítico de los últimos años”.

En su último informe, el organismo internacional sostuvo que “la mayoría de los medios que difunden informaciones críticas han migrado a internet”. Esto, pese a los bloqueos de páginas web que realiza el régimen “a través de las compañías telefónicas”.

Además, denunció que a “muchos periodistas se les han iniciado investigaciones penales ordenadas por jerarcas del Gobierno con la finalidad de silenciarlos e intimidarlos”. “En la calle, la intimidación a los periodistas es una constante permanente. Son incontables los casos de amenazas, robo de equipos, mini secuestros, agresiones físicas por parte de los distintos órganos represivos del Estado, así como de parte de colectivos, grupos paramilitares armados, protegidos y empleados por el Gobierno”.

Mientras la dictadura acusa a simples ciudadanos de generar “odio”, para la SIP son “los personeros del Gobierno” los que utilizan los medios audiovisuales “para generar odio contra los periodistas”.

Para la SIP, la dictadura venezolana ve a los medios independientes como un "enemigo permanente"Para la SIP, la dictadura venezolana ve a los medios independientes como un “enemigo permanente”

Persecución y censura

Son innumerables los casos de censura, intimidación y restricciones que han sufrido los venezolanos en los últimos tiempos. Persecución que se acentuó desde el inicio de la pandemia. “Al principio de la pandemia hubo un incremento de los detenidos vinculado al uso de las redes sociales y mecanismos de mensajería, como WhatsApp. Hubo un aumento de la persecución criminal por el ejercicio de la libertad de expresión, primero con temas vinculados al covid, y después fueron temas más vinculados a casos de corrupción con la gasolina, denuncias sobre situación de hospitales, por eso hay varios médicos perseguidos”, comentó Correa.

Díaz recordó la persecución y posterior detención que sufrió el año pasado el periodista Darvinson Rojas por publicar en sus redes sociales cifras del coronavirus correspondientes al estado Miranda. “Unos días después llegó las FAES, le dijeron que habían reportado un caso de coronavirus en ese domicilio. La familia no abrió la puerta, entonces la rompieron, los golpearon y se los llevaron presos. Después de unas horas a los padres los liberaron, y a Darvinson lo dejaron dos semanas preso. Lo acusaban de promover el odio”.

Casos como esos, se cuentan de a cientos.

La dictadura de Maduro ya no sólo persigue y detiene arbitrariamente a periodistas independientes, sino también lo hace con ciudadanos que critican al régimen en redes socialesLa dictadura de Maduro ya no sólo persigue y detiene arbitrariamente a periodistas independientes, sino también lo hace con ciudadanos que critican al régimen en redes sociales

De acuerdo a datos de la ONG Espacio Público, sólo en el pasado mes de febrero se produjeron en el país 38 violaciones a la libertad de expresión en 19 casos distintos.

Entre ellos se destaca el ocurrido el 10 de ese mes, cuando el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, instó al Ministerio Público (MP) a abrir una investigación contra el portal de noticias Efecto Cocuyo. El poderoso funcionario chavista, sancionado por narcotráfico, amenazó a ese medio por informar sobre un artículo publicado por la revista colombiana Semana sobre la presencia de líderes de un grupo disidente de las FARC en territorio venezolano.

La SIP alertó que también continúa ” la persecución contra corresponsales extranjeros” en Venezuela.

En las últimas semanas, dos casos han sido denunciados por Espacio Público. Un usuario de Tiktok fue arrestado por criticar a un cantante afín al chavismo, mientras que la escritora Milagros Mata Gil fue detenida junto a su marido, el poeta Juan Manuel Muñoz, por, supuestamente, difundir un artículo crítico contra el fiscal general de la dictadura, Tarek William Saab, precisamente unos de los arquitectos de la Ley del Odio.

Estos casos muestran cómo estas leyes -ilegales, controvertidas y poco entendidas- se están utilizando cada vez más para encarcelar, amenazar o intimidar a quienes se atreven a criticar a la dictadura.

FUENTE : INFOBAE

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