Desde hace 10 meses todos los miércoles por la mañana una comisión especial conformada por funcionarios del gobierno, reconocidos juristas y jueces federales se reúne puntualmente en el Ministerio de Justicia para elaborar lo que Mauricio Macri sueña con dejar como máximo legado jurídico de su mandato: el nuevo Código Penal de la Argentina.
Sigilosamente esta comisión ya lleva elaborado más de un 70% del anteproyecto de ley del nuevo Código Penal que contiene artículos tan innovadores como polémicos y de profunda trascendencia para el futuro en lo que a la jurisprudencia del país se refiere. El Presidente confía en que después de las elecciones el Gobierno le dará un fuerte impulso a este proyecto que espera potenciar fuertemente en el Congreso con el amplio respaldo de Cambiemos en las urnas.
“Se tratará de un cambio sustancial e histórico para la Justicia Penal argentina ya que desde que fue creado en 1921 el Código Penal recibió más de cien reformas pero no hubo modificaciones de fondo como las que vamos a proponer”, expresó a Infobae el director nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal, Carlos Mauricio González Guerra, uno de los funcionarios designados para llevar adelante esta vertiginosa tarea. Bajo la supervisión del ministro de Justicia Germán Garavano y de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, la comisión encargada de redactar el proyecto del nuevo Código Penal ya desplegó un amplio listado de temas por legislar a futuro que van desde nuevas normas para delitos al medio ambiente, hasta regulación de temas genéticos, la violencia en el deporte, nuevas figuras en delitos de lesa humanidad, cibernética, delitos de tránsito y ciencia, entre otros rubros.
El presidente de la Comisión, el camarista Mariano Borinsky, expresó la semana pasada tras una reunión de comisión que “se busca una visión integrada e integral del Código Penal, que al darle actualidad y coherencia sea un espejo de los intereses vitales de toda la sociedad”.
La intención del gobierno es tener listo el proyecto antes de fin de año para darle impulso en el Congreso de inmediato. La comisión redactora no está aislada. Mantiene un permanente intercambio con diferentes actores sociales por medio de la aplicación del programa “Justicia 2020” del Ministerio a cargo de Garavano donde recibe consejos y críticas de diferentes sectores sociales. El listado de temas hasta ahora consensuados es ambicioso, innovador y polémico. Figuran los siguientes temas:
Normas para el deporte: Se trabajó con las leyes del deporte, de espectáculos deportivos, del Prode, de dopaje analizando la legislación comparada de Francia, Italia y España. Así, por ejemplo se contempla para el nuevo Código Penal la figura de asociación ilícita para sancionar a los barras bravas y a directivos de clubes; está previsto el control y sanción del dopaje en función a lineamientos internacionales; el aumento de penas para la portación de armas en el ingreso a los estadios y agravantes específicos para delitos como el homicidio, homicidio culposo, el hurto, el robo, las lesiones, las lesiones en riña, la intimidación, el uso de armas de fuego y blancas, de artefactos explosivos y químicos (como el gas pimienta) en el marco o cercanía de un espectáculo deportivo. Para unificar la ley argentina con el Código Mundial Antidopaje, se contempla incluir la lista de sustancias y métodos prohibidos como facilitación e iniciación en el dopaje. El presidente de San Lorenzo Matías Lammens visitó la semana pasada la comisión en el Ministerio de Justicia para interiorizarse en el tema y destacó que “hay que acercar la mirada desde lo dirigencial en cuestiones como la violencia, la convivencia con barrasbravas: verdaderas fuerzas de choque con intereses económicos, manejo de poder y que llegan, en algunos casos a la venta de drogas”. La comisión escuchó los planteos de Lammens y añadió en el trabajo temas como el derecho de admisión y la participación de la Policía Federal en el control de los ingresos.
Delitos cibernéticos. El proyectado nuevo Código Penal también incursiona en delitos novedosos como el phishing, delitos de abuso sexual en redes sociales, el hackeo y otros delitos que no están tipificados actualmente en la jurisprudencia argentina o que vagamente se fueron añadiendo en las reformas al Código Penal vigente.
El medio ambiente: En el anteproyecto que se está elaborando también figura la novedosa tipificación de delitos relacionados con ataques al medio ambiente y la fauna. Los juristas recibieron asesoramiento de algunas ONG relacionadas con la temática como Greenpeace. Se contemplarán los delitos como la deforestación de campos o el maltrato a los animales en el nuevo Código Penal. También está previsto la creación de tipos penales contra la contaminación y el mal manejo de los residuos peligrosos, entre otros. La comisión además tuvo especial preocupación en remarcar la responsabilidad de los funcionarios públicos en los temas ambientales.
Lesa humanidad. Este es uno de los capítulos quizás más sensibles del anteproyecto del gobierno ya que se incorporan las figuras de “genocidio” o de “desaparición forzada” en el Código Penal, que están relacionadas con delitos de lesa humanidad pero que hasta ahora no se ponían en práctica más que por interpretación de los jueces. “La idea es ajustar la normativa argentina al orden internacional en esta materia”, explicó González Guerra en relación a este capítulo.
Lavado y narcotráfico. Hay un especial interés de la comisión especial del nuevo Código Penal de seguir los estándares internacionales de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) para alcanzar una mejor tipificación legal del delito de lavado de dinero. En relación con los delitos económicos, se estudió la ubicación más adecuada para los delitos cambiarios incluyéndolos en el Código Penal.
Corrupción. Bajo el título de delitos de corrupción de funcionarios públicos, alcanzará a todos los poderes del Estado. Así, está previsto el incremento de las escalas penales de estos delitos y en particular el cohecho, soborno transnacional y enriquecimiento ilícito. La Comisión tiene amplias facultades para convocar o consultar a expertos cuyos aportes considere relevantes. En ese marco, ya participaron de los encuentros autoridades del Centro Argentino en lo Penal Tributario (CAPT) que expusieron sobre la legislación vigente.
Ciencia. En este punto se está trabajando sobre la aplicación de los delitos contra la especie humana, que incluyen tipos como la manipulación genética y la clonación. Se hizo un estudio exhaustivo de la más moderna legislación comparada relacionada con manipulación genética y se prevén penas que hasta ahora no estaban contempladas.
Derechos de autor. En el capítulo relacionado con las infracciones a las leyes de Propiedad Intelectual e Industrial, de Marcas, de Patentes y de Modelos de utilidad se repasaron los regímenes de protección de los derechos de los autores de Modelos y diseños industriales, como así también la ley de fomento del Libro y de la lectura.
Delitos de tránsito. Se decidió incorporar la figura de “conductor temerario” para las personas que manejen a altas velocidades ya que, según evalúan los juristas de la comisión, las multas de por sí no son atenuantes para evitar las 12 a 20 muertes de tránsito por día que suceden en la Argentina. En este sentido, se fijará un polémico artículo que prevé la prisión para aquellas personas que incurran en delitos de tránsito. Este es un modelo tomado de España.
Hidrocarburos y armas químicas. Se incluirá como un capítulo dentro del Título de Protección del Orden económico y financiero una figura legal que incluye tipos como el de perforar o extraer ilegalmente petróleo de la plataforma argentina. A la vez, la comisión analizó conductas como la de la manipulación de armas químicas, la gestión de los residuos industriales, los delitos en el ámbito de las comunicaciones móviles; o los desarmaderos y la venta de autopartes.
Bienes culturales. Hay un capítulo innovador y polémico que contempla la confidencialidad de datos médicos, que se considerará violación de secretos; de Museos, cinemateca y archivo de imagen nacional que irá al nuevo Titulo de los Bienes Culturales; contra el alcoholismo; los ejercicios ilegales de las distintas profesiones, el curanderismo; la falsificación de los juegos de azar, de lotería o de documentos para suprimir la identidad. Por otra parte se decidió crear una agravante específica con los actos discriminatorios, en la parte general.
La Comisión de reforma del Código Penal está integrada además de por González Guerra y Borinsky, por el fiscal Pablo Nicolás Turano; el camarista, Carlos Alberto Mahiques; la jueza Patricia Marcela Llerena; el titular de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), Víctor María Vélez; el procurador general de Salta, Pablo López Viñals; el juez de tribunal oral Guillermo Jorge Yacobucci; el abogado Fernando Jorge Córdoba y la jueza Patricia Susana Ziffer. También participan los representantes del Ministerio de Desarrollo Social, Yael Bendel, y del Ministerio de Seguridad, Guillermo Soares Gache, entre otros. El presidente Macri sueña con poder dejar el legado de un Código Penal novedoso y vanguardista para la Argentina. Después de las elecciones el gobierno se abocará de lleno a darle impulso a esta ambiciosa propuesta.
Exministra de Economía bonaerense en el gabinete de Daniel Scioli, al que arribó de la mano de Alejandro Arlía, que entonces lideraba el grupo de trabajo y militancia “Peronistas sin fronteras”. Actual secretaria de Provincias del Ministerio del Interior que conduce el camporista Eduardo “Wado” de Pedro. Siempre hincha de Boca. Silvina Batakis es la nueva ministra de Economía de la Nación, donde reemplazará a Martín Guzmán.
Como ministra de Scioli, le tocó pelear y perder la batalla para que Cristina Kirchner habilitara más fondos a la provincia. Tras la derrota, tuvo que anunciar el desdoblamiento de los aguinaldos mediante un decreto, una medida que, según dijo, la dejó “angustiada”, y que desencadenó una huelga de estatales y docentes que profundizó un conflicto que no parece tener solución a la vista. Como funcionaria de Alberto Fernández y De Pedro, encabezó la batalla para que la ciudad de Buenos Aires no recupere en la Corte Suprema los fondos de la coparticipación que le retrajo la Casa Rosada en 2020.
La mujer que entonces le llevaba los números a Scioli no era política, sino una funcionara técnica que transpiraba la interna feroz entre el exgobernador y la expresidenta. Así y todo, dentro de las tribus del sciolismo siempre fue identificada en el plano más cercano al pensamiento kirchnerista. Su incorporación a la tropa de “Wado” de Pedro, años después, confirmaría esa proximidad.
Siempre prefirió el bajo perfil, salvo para profesar su amor por la camiseta azul y amarilla. “Es ferviente seguidora de Boca. Va a la cancha sola o con su hijo. A su marido no le gusta el fútbol, pero ella se vuelve loca”, dijo un compañero del gabinete sciolista, que en ese entonces la describió como “simpática, optimista y divertida”.
Egresada de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, Batakis se diplomó con un máster en Finanzas públicas provinciales y uno en Economía ambiental de la Universidad de York, Inglaterra. Obtuvo diversas becas en el exterior. Se capacitó en Francia, Inglaterra y Chile. Su referente en Economía era entonces Patricio Narodowski, un economista heterodoxo. Hoy se presenta como doctoranda de la Universidad Austral.
Batakis ascendió en el gabinete sciolista de la mano de Arlía, quien murió en julio de 2016. Cuando Arlía fue titular de Economía en el gabinete de Scioli, ella fue jefa de asesores y subsecretaria de Hacienda. Y en 2011, al dejar la cartera económica para ir a Infraestructura, Arlía la propuso como su sucesora. Entonces, Batakis tuvo la oportunidad para la que se había preparado a lo largo de toda su vida académica: si Scioli llegaba a la Presidencia, iba a convertirse en su ministra de Economía. Lo logró seis años después, con el motonauta como ministro de la Producción.
María José Lucesole para La Nacion
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Entre ellos, el presidente destacaba que en 30 meses al frente, Guzmán renegoció la deuda con bonistas y el Fondo Monetario Internacional.
El renunciante ministro de Economía Martín Guzmán consiguió en sus más de 30 meses al frente de la cartera renegociar la deuda pública en moneda extranjera con los bonistas y el Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras que entre los problemas pendientes quedó un proceso inflacionario que se complejizó y la implementación de la segmentación de tarifas de gas y electricidad, entre otras cuestiones.
En agosto de 2020, Guzmán anunció un acuerdo de reestructuración de la deuda emitida bajo legislación internacional “inclusivo y sostenible”, que implicó para la Argentina una carga menor de deuda por US$ 42.500 millones durante los primeros cinco años.
Un mes después, se informó la reestructuración de alrededor de 99% de la deuda pública bajo la ley argentina por un monto de US$ 41.715 millones y, a la vez, pudo pesificar unos US$ 687 millones, como resultado del período temprano de aceptación de la oferta de canje.
Y, en marzo pasado, se alcanzó un acuerdo con el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI), aprobado por el Congreso de la Nación, para refinanciar la deuda récord de aproximadamente USD 45.000 millones.
En ese período, en una gestión signada por la pandemia, para minimizar sus consecuencias entre los más desfavorecidos, se implementaron el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
Alberto sostenía a Martín Guzmán en Economía porque según el propio ministro “el PIB creció 10,4% en 2021, la industria nacional se recuperó, se crearon más de 1,1 millón de puestos de trabajo (y redujo la tasa de desempleo de 13,1% a mediados de 2020 a 7% en el primer trimestre de 2022), la inversión subió 32,9%, la tasa de pobreza se redujo casi 5 puntos porcentuales en un año y la desigualdad personal de los ingresos”.
En su carta de renuncia, Guzmán saludó la decisión de “haber destinado los dólares que genera la economía para la reactivación en lugar de destinarlos al pago de deudas públicas externas insostenibles”.
“Es muy importante notar el crecimiento de la generación de divisas del país. ¿Por qué? Porque si el crecimiento económico no viene acompañado de generación de divisas, terminamos teniendo problemas cambiarios, que redundan en contracciones de la actividad, el empleo y en presiones inflacionarias. Y todo ello genera angustias sociales en lugar de tranquilidad. En 2019, las exportaciones de bienes del país eran de 65 mil millones de dólares. Hoy ya superan los 80 mil millones de dólares, y se proyectan cercanas a los 90 mil millones de dólares para finales de año”, completó Guzmán.
Por último, entre los temas pendientes, como incluso admitió el ministro saliente, están “continuar fortaleciendo la consistencia macroeconómica, incluyendo las políticas fiscal, monetaria, de financiamiento, cambiaria y energética”.
También “la coordinación vía políticas de precios e ingresos, para atacar la problemática inflacionaria que daña al funcionamiento de nuestra economía y lograr continuar recuperando el poder adquisitivo de los ingresos”.
En ese sentido, aunque se estableció el régimen de segmentación de tarifas para los usuarios de los servicios públicos de electricidad y de gas natural por red, aún está pendiente la habilitación del registro de acceso a los subsidios.
Tras no renovar el decreto de la doble indemnización, una parte del kirchnerismo criticó al Ejecutivo, Por esto, MDZ Radio entrevistó al exlegislador nacional, Héctor Recalde, quien le advirtió al presidente que “le ha levantado la barrera al despido sin justificación”.
A raíz de que el Gobierno nacional dio por terminada la “emergencia laboral”, al no renovar el decreto que establecía la doble indemnización, las críticas hacia esta medida se hicieron escuchar y provienen especialmente de los sectores kirchneristas, que ven en Cristina Fernández de Kirchner a la conductora del Frente de Todos, y a Alberto Fernández como su “líder institucional”, pero no de la coalición.
En una entrevista con MDZ Radio, el exdiputado nacional kirchnerista y abogado laboralista, Héctor Pedro Recalde, criticó la medida que tomó el Ejecutivo y le anticipó al Gobierno que esta decisión “levanta la barrera para que los privados decidan echar a sus empleados cuanto antes, ya que favorece a los empresarios y no a los trabajadores”.
Héctor Pedro Recalde.
En diciembre de 2019, el jefe de Estadocreó un decreto conocido como “doble indemnización” para evitar que las empresas despidieran a su personal durante la recesión de ese año. Posteriormente, se extendió debido a la pandemia por covid-19, que atentaba contra los empleos formales.
La norma establecía que “si un empleado era echado sin justificación”, su empleador debía pagarle la indemnización correspondiente a la ley de trabajo, además de un monto adicional. Dicha suma rondaba el 75%, pero a finales del año pasado, en su última renovación, el monto se había reducido al 25%. Sin embargo, el “total adicional” que podían gozar “los empleados que eran despedidos sin justificación”, ahora no lo podrán cobrar de acuerdo a la no renovación del decreto.
Entonces, aquellas personas que sean despedidas de sus puestos de trabajo a partir del 1 de julio, no tendrán este derecho al cobro de sus haberes, ya que desde el Gobierno insisten en que “nuestra economía ha mejorado y por ende, la norma es innecesaria por el momento”.
Frente a esto, Héctor Pedro Recalde, que se define por ser un peronista kirchnerista, le advirtió al presidente que “la medida habilitará a los despidos masivos y que es prudente prorrogar este decreto”.
Y sumó: “La decisión del Gobierno venía de origen por las inminentes reducciones al monto adicional que rondaba por el 25%. Desde mi opinión, consideré que era prudente como defensor de los trabajadores que se prorrogue la norma por temor al día después. Sobre todo, porque estamos hablando de despidos sin justificación, ya que no hay razones para sacarle el puesto laboral a un trabajador. Por eso, quien decidía despedir a una persona tenía que pagar ese adicional y, ahora, la medida favorece al empleador a causa de que le bajaron el costo por desemplear”.
Asimismo, el abogado y exlegislador defendió la actual dirigencia política remarcado que “se está creando nuevos empleos”, pero sostuvo que “no es suficiente, ya que los trabajadores no logran cumplir con sus necesidades básicas”.
“Por más que los índices de empleo nos den saldos positivos, en este momento, hay que prestar atención porque tenemos pobreza por ingreso registrado. Hoy un trabajador formal con todos sus derechos cumplidos por la ley no llega a fin de mes por su bajo sueldo”, afirmó.
Por otra parte, Recalde apoyó las críticas de la vicepresidenta hacia “los movimientos populares” que han “tercerizado la función del Estado al administrar ciertos cupos” del programa Potenciar Trabajo y argumentó, citando a Cristina Fernández de Kirchner, que “el Frente de Todos no está en peligro, a pesar de las diferencias existentes en el espacio”.
“En este sector del peronismo, al cual pertenezco, no he escuchado de querer bajar al presidente de su cargo. Reconocemos que Cristina es nuestra conductora del frente, pero reconocemos que nuestro presidente es el líder institucional. Por eso, se respeta la figura presidencial y las primarias del 2023 serán importantes, porque nos permitirán garantizar la unidad del partido, a pesar de nuestras diferencias. Vamos a elegir a nuestros lideres de forma legítima y democrática. Ese día garantizará la unidad de la coalición”, sentenció.
FUENTE : MDZOL.COM
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