Odetti es denunciante y querellante en la causa que tramitan la jueza Arroyo Salgado y el fiscal Domínguez. En el expediente está imputado el fiscal Claudio Scapolan, que estaba a cargo del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro, aunque la acusación por presunto armado de causas junto a policías tiene relación con su trabajo al frente de la ex Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Investigaciones Complejas de ese departamento judicial.
Para avanzar en la causa, según informaron a LA NACION fuentes con acceso al expediente, fueron clave las declaraciones de policías bonaerenses que se presentaron como arrepentidos.
Otro uniformado que trabajó más de 20 años en una dependencia de la policía bonaerense en San Isidro dio detalles de la organización criminal. Relató, según fuentes con acceso al expediente, como capos narcos salían de la cárcel después de hacer un arreglo por dinero y sostuvo, además, que muchas supuestas denuncias anónimas que son el origen de causas por narcotráfico en realidad eran realizadas por los propios policías.
El viernes, por orden de la jueza Arroyo Salgado, detectives de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina (PFA) hicieron 34 allanamientos y detuvieron a 12 de los imputados, entre ellos comisarios, subcomisarios y dos secretarios de Scapolan, los funcionarios judiciales Gustavo Sanvitale y Maximiliano Jarisch. El fiscal no fue detenido porque, por su cargo, tiene fueros.
Entre los imputados con orden de captura hay tres abogados. Entre ellos un letrado que defiende a sindicados líderes narcos. “Uno de esos narcotraficantes fue extorsionado por la banda que ahora es investigada. Le exigían dinero para no meter presa a su familia”, afirmaron las fuentes consultadas.
Uno de los lugares allanados el viernes fue en la Delegación San Isidro de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de la policía bonaerense, ubicada en la avenida Del Libertador 14243 de Martínez. En la terraza fueron secuestrados dos kilos de marihuana que estaban ocultos. Era el lugar que un arrepentido señaló como el sector donde la banda guardaba la droga que después, presuntamente, “plantaba” a sus víctimas.
Además de extorsionar a narcotraficantes, los sospechosos investigados por el fiscal Domínguez se habrían quedado con una carga de 500 kilos de cocaína de una banda narcocriminal. “Es más que una sospecha. Es casi una certeza el robo de la droga”, sostuvo una fuente judicial.
Una de las supuestas causas irregulares de la fiscalía es la que se conoció el 29 de diciembre de 2013 como la operación Leones Blancos, en la que se secuestraron casi 500 kilos de cocaína en una camioneta interceptada en Boulogne y en un allanamiento en una quinta del partido de Moreno.
En el juicio oral, el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de San Martín declaró nula la causa y absolvió a los cuatro imputados, luego de establecer que la llamada anónima a la Delegación Quilmes de Drogas Ilícitas de la policía bonaerense, que supuestamente había dado origen al procedimiento, nunca existió, y en cambio sí se detectaron antes de ese supuesto llamado, cruces telefónicos sospechosos entre el fiscal y el jefe de operaciones de esa dependencia.
“Los 500 kilos de cocaína fueron robados en el operativo denominado Leones Blancos que después el TOF Nº 5 de San Martín dictaminó su nulidad. Se informó el decomiso de media tonelada de droga, pero se robaron otra. La banda investigada, cuando tenía conocimiento de que podía secuestrar droga, hacía falsas denuncias anónimas para tener el pretexto de hacer los operativos, pero su finalidad era robar los estupefacientes, extorsionar a los delincuentes y robar en las propiedades allanadas”; dijo una calificada fuente del caso.
Otra causa donde se puso la lupa es de 2015. Según se explicó, un detenido denunció que el fiscal Scapolan y los policías de Drogas Ilícitas de San Isidro, le “plantaron” un kilo de cocaína en el baúl de su auto, le exigieron 20.000 dólares de coima a su esposa y le “armaron” una causa.
En ese expediente, los abogados involucrados le habrían dicho al detenido que firmara un juicio abreviado, pero ante las irregularidades detectadas, el juez del TOF de San Martín que debía homologarlo, no lo aceptó y la causa fue declarada nula.
“Hay un video de una cámara de seguridad de un estacionamiento que compromete al fiscal Scapolan”, dijo a Télam un abogado que conoce el expediente.
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