Por 5 votos contra 2, el jurado de enjuiciamiento de Entre Ríos decidió destituir a la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche.

Tras el rechazo del amparo que había presentado Goyeneche por parte del Superior Tribunal de Justicia, el Jurado de Enjuiciamiento tuvo el camino liberado. El sábado a la noche se conoció el voto de la presidenta del cuerpo, Verónica Mulone. La representante del Colegio de la Abogacía es, hasta ahora, la única que rechazó la destitución de la fiscal.

Fuentes de la defensa indicaron que aún no habían sido notificados formalmente de la decisión del Jurado de Enjuiciamiento. Y que esperarán tener el texto, posiblemente recién este martes por la mañana, para definir los futuros movimientos.

A Goyeneche le quedan dos balas. La primera es el recurso extraordinario federal que se presentará en los próximos días ante la Corte Suprema de Justicia a fin de que el máximo tribunal analice la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que denegó el amparo con el que la Fiscal pretendía dejar de lado la actuación del fiscal ad hoc Gastón Justet en el jury y reponer como órgano acusador al Ministerio Público Fiscal.

La segunda es la apelación ante la Justicia de la decisión del Jurado que, pese a ser un órgano constitucional, tiene características administrativas y, por tanto, sus decisiones pueden ser revisadas en Tribunales.

Aquí hay dos tramos. El primero será ante el Superior Tribunal de Entre Ríos, un ámbito que le ha venido siendo adverso. En caso de que allí se ratifique la decisión del Jurado, el siguiente escalón es la Corte.

Goyeneche sabía que su suerte estaba echada y solamente aguardaba lo inevitable. “Lo que se viene es la destitución. Nosotros investigamos a los poderosos cuando tenían poder”, aseguró el jueves de la semana pasada.

Había quedado sentada en el banquillo de los acusados después de haber intervenido en varias causas resonantes, que describieron con detalle circuitos de corrupción de la política de Entre Ríos. Quedaron salpicados dirigentes peronistas de primera línea, pero también de la oposición. El caso de los “Contratos de la Legislatura” provincial reveló un entramado para extraer del Estado, vía contratos de locación, ingentes recursos públicos todos los meses durante años. “Se descubrió una organización mafiosa que simuló contratos desde 2008 por 53 millones de dólares”, explicó en su momento.

Pero de acusadora pasó a acusada el 30 de noviembre pasado. El argumento fue el supuesto “mal desempeño” de su cargo. Se le achacó no haberse excusado a tiempo de la investigación debido a la presunta relación con uno de los imputados de la causa, Pedro Opromolla, el contador jefe del estudio donde se habrían procesado los fondos malhabidos. Sin suerte, Goyeneche recurrió tanto ante el Jury como al Superior Tribunal para negar la acusación y exigir un proceso justo que respete sus garantías a la defensa en juicio. Tan grave fue la situación, que la propia Corte Suprema de Justicia, en una decisión urgente, le ordenó a la Justicia de Entre Ríos que escuche a la fiscal.

Así, el miércoles pasado, en medio del feriado por el Censo Nacional, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos resolvió con una conformación especial rechazar el amparo presentado por la procuradora Goyeneche y, por lo tanto, convalidar que la acusación en su contra en el Jury haya sido ejercida por un fiscal ad hoc. Fue un movimiento para cumplir, en lo formal, con la Corte Suprema.

La reacción del gobierno de Bordet

La primera reacción oficial en la Casa de Gobierno de Entre Ríos fue de cautela. Fuentes oficiales dejaron trascender que se esperará la formalización del fallo. Cumplido este requisito formal, la administración del peronista Gustavo Bordet, que siempre se mantuvo al margen del proceso, sentará ante la opinión pública una posición sobre algunas afirmaciones que se hicieron y se propagaron por medios de comunicación durante el trámite del Jury.

En el entorno del mandatario remarcaron que tanto Bordet como su funcionariado sostuvieron un silencio prudente “por respeto a las instituciones” algo que, señalaron, no ocurrió con referentes de la oposición. Asimismo, apuntaron que la administración provincial sostuvo durante los seis años que lleva al frente de la Provincia esa conducta ante procesos judiciales de alto impacto, así se trate de figuras del partido justicialista o de otras fuerzas e incluso del Poder Judicial.

Fuente: INFOBAE

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, presentó hoy la renuncia a su cargo en desacuerdo con la política de control de precios del Gobierno. Su reemplazante será el hasta hoy director del Banco Central, Guillermo Hang.

El propio funcionario saliente confirmó su retirada del Gobierno a través de su cuenta personal de Twitter. “He presentado mi renuncia al cargo de Secretario de Comercio Interior. Agradezco al Presidente @alferdez por la confianza, y a los ministros Matías Kulfas y Martín Guzmán por su trato siempre profesional y respetuoso”, señaló Feletti en la red social.

En su mensaje, Feletti publicó su carta de renuncia, que no fue dirigida al ministro de Economía sino al Presidente de la Nación, Alberto Fernández.

La semana pasada, el gobierno había anunciado una modificación en el organigrama del gabinete. La secretaría de Comercio Interior pasó a depender del ministerio de Economía y dejó de estar bajo la competencia del ministerio de Desarrollo Productivo. Esa decisión fue expresamente mencionada en la renuncia.

“El traspaso de la Secretaría de Comercio desde el Ministerio de Desarrollo Productivo hacia el Ministerio de Economía de la Nación abre una nueva etapa, en la que este último se hará cargo de la política económica de manera integral, incorporando a su órbita la política de precios y demás misiones y funciones atinentes a la Secretaría que encabecé hasta aquí. En ese sentido, considero que la actitud más razonable y profesional de mi parte es facilitar que el Ministerio de Martín Guzmán tenga libertad para seleccionar funcionarios y funcionarias que compartan el rumbo definido y el programa fijado”, expresó Feletti.

“Como balance de estos más de siete meses de gestión, destaco la consolidación del programa + Precios Cuidados, que actualmente cuenta con el doble de productos que tenía cuando asumí; el afianzamiento del programa Cortes Cuidados en todo el país; la incorporación de una oferta de frutas y verduras a las canastas vigentes; la renovación de Ahora 12; la puesta en funcionamiento del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, del Fideicomiso privado para la harina, y los fideos secos en góndola, y la actualización del fideicomiso privado para el aceite de girasol y el aceite de mezcla entre otras medidas”, agregó el funcionario saliente.

Feletti había asumido el cargo en octubre del año pasado, en el marco de los cambios realizados en el gobierno tras el resultado electoral adverso para el Gobierno. Desde entonces, la inflación ha crecido con intensidad, en particular en los últimos meses, con elevadas marcas del 6,7% para marzo y 6% para abril.

El gobierno del presidente de Chile, Gabriel Boric, volvió a militarizar este lunes la región de La Araucania, en el sur del país, ante el incremento de la violencia en las reivindicaciones de tierras de indígenas mapuches.

”Hemos decidido hacer uso de todas las herramientas para brindar seguridad”, señaló la ministra del Interior, Izkia Siches, para anunciar que se volverán a desplegar militares en el sur del territorio. Se trata de una medida impuesta por el expresidente Sebastián Piñera y que Boric había levantado a fines de marzo en cumplimiento de una promesa de campaña.

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El gobierno decretó el “estado de excepción” en dos provincias del sur, una medida que durante meses criticó en forma enfática y que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas para tratar de apaciguar la creciente violencia en la zona del denominado “conflicto mapuche”.

”Hemos decidido hacer uso de todas las herramientas para garantizar seguridad a nuestros ciudadanos decretando estado de emergencia (un tipo de estado de excepción) para el resguardo de las rutas de la provincia de Arauco y Biobío en la región de La Araucanía”, dijo en una rueda de prensa desde la sede de Gobierno.

Los conocedores del lugar aseguran que los hechos de vandalismo y ataques ocurren durante la noche, es por eso que piden circular con precaución cuando empieza a caer el sol. Por tal motivo también es que, aseguran, a medida que avanza la oscuridad empiezan a verse más tanquetas y autos blindados vigilando los principales accesos.

Aunque se respira una tensa calma, nada de eso se ve. En los pocos más de 130 kilómetros que unen Angol con Temuco no fue posible ver a ningún militar. Esta última ciudad es la capital de la Araucanía, la región más afectada por la violencia junto con la de Biobío. La única presencia de uniformados se dio por la mañana a la salida del cuartel general. No en las rutas.

La cifra de efectivos desplegados no fue comunicada. Sí hay estimaciones por lo bajo. Durante el estado de excepción aplicado por el expresidente Sebastián Piñera hubo unos 2000 militares en la calle. Ahora se calcula que la cifra será similar. Lo que si aseguran desde el Gobierno es que el control es “24/7″, ósea, todo el día.

Las averiguaciones para este artículo también arrojaron que todavía no todos los militares están en posición y listos para hacerlo. Resta venir un número importante desde la región de Santiago y del norte del país, como Iquique.

Denuncias por aumento de ataques

En este contexto, las denuncias contra los ataques se acumulan a cada paso. No es difícil encontrar personas que aseguran que “la violencia creció en el último tiempo”, comento el senador Felipe Kast o que todas las semanas hay “nuevas víctimas de ataques rurales y en poblaciones”, tal como lo hizo también Bárbara Orellana, representante de muchas víctimas.

Sucede que los casos han ido en aumento desde que en marzo el presidente Boric quitó el estado de excepción en la Macrozona Sur del país. Según cifras publicadas por el diario La Tercera, del 11 de marzo al 6 de abril hubo 83 ilícitos denunciados. Mientras que del 7 de abril al 16 de mayo se acumularon 162. Estiman que hay muchos más que no fueron públicos.

Estos fueron los hechos que hicieron cambiar la postura presidencial para decidir sacar a los militares a la calle en el sur del país. Uniformados que, en principio, no se dejan ver en tantos puntos de las principales carreteras pero que aseguran se mantienen en alerta y vigilancia constante.