Después de las dos primeras reuniones de la Comisión de Juicio Político en Diputados, cargadas de guiños para abonar el show mediático, el oficialismo enfrentará el próximo jueves el primer trámite parlamentario para dar continuidad al procedimiento contra los integrantes de la Corte Suprema.

Así lo explicó la titular de la comisión, Carolina Gaillard, quien indicó que la semana que viene se intentará sacar “una resolución que permita la apertura a prueba o la sustanciación del sumario; significa que se abre la investigación si se considera que hay sustento suficiente en las denuncias”. Se trata del paso precedente a la firma del dictamen, donde se incluyen las acusaciones propiamente dichas contra los cuatro magistrados. Para aprobar la admisibilidad se necesita mayoría simple, por lo que el Frente de Todos deberá conseguir 16 de las 31 voluntades totales que integran la comisión.

“Una vez que se produce toda la prueba, recién ahí se cita a los magistrados para que puedan hacer un descargo, que puede ser presencial o por escrito. Si deciden no venir, esto no obsta a que continúe el procedimiento”, indicó Gaillard.

En principio, ese número no estaría en discusión dentro del oficialismo y permitiría seguir avanzando con los planes, aunque al mismo tiempo hay preocupación sobre cómo hará el Frente de Todos para esquivar la parálisis en la que se encuentra sumida la cámara por la negativa de Juntos por el Cambio de ir al recinto mientras no se dé marcha atrás con el proceso contra la Corte Suprema.

Según comentaron a PERFIL fuentes parlamentarias, la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, y el jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, son quienes están intentando tender puentes con la dirigencia opositora, ya pensando en el comienzo de las sesiones ordinarias a partir del 1º de marzo, porque ya resulta complicado pensar en sesionar antes del 28 de febrero en extraordinarias, al menos en Diputados.

En el Senado, en cambio, sí se mantienen las expectativas de una sesión antes de fin de mes con el empuje de la mayoría propia del oficialismo.

Una de las estrategias del Frente de Todos fue la de sumar al debate todos los pedidos de juicio político realizados contra integrantes de la Corte, incluidos los realizados oportunamente por Juntos por el Cambio contra Ricardo Lorenzetti.

En ese contexto, Germán Martínez advirtió: “Se decía que nosotros queríamos operar por capricho del oficialismo y una supuesta avanzada contra la Corte”, y argumentó: “Ahora quedó claro, con las palabras de la diputada Oliveto, de que estamos haciendo uso de una herramienta prevista dentro de la Constitución Nacional”. Oliveto, de la Coalición Cívica, intervino en la comisión para referirse al pedido de juicio político contra Lorenzetti que había encabezado Elisa Carrió y recordó que apuntaba a investigar su rol como “el articulador de una matriz de negocios dentro del ámbito de las competencias”. Por eso, diferenció por completo el espíritu del procedimiento que está llevando adelante el oficialismo.

“Vamos a rechazar el juicio político a todos los jueces de la Corte”, expresó la legisladora y vaticinó: “Esto está muerto antes de nacer”, en referencia a la imposibilidad del oficialismo de sumar el respaldo de dos tercios de los diputados para avanzar con la acusación.

“Agarren la pala”

“Agarren la pala. 15 sesiones en el 2022. 36 leyes aprobadas. 256 sueldos de más de medio millón de pesos. Un Congreso lleno de vagos y un país lleno de hambre. Les regalo una pala para que se pongan a laburar”, decía el volante que se repartió en los últimos días en las inmediaciones del Congreso, mientras se ubicaban 256 palas en el frente de la avenida Entre Ríos.

La referencia es para todos los legisladores, a excepción del libertario Javier Milei, quien, según el empresario Mauro Stendel que organizó la movida, ya tiene un trabajo a tiempo completo que es “combatir zurdos” y además dona su sueldo todos los meses.

La puesta en escena tuvo la respuesta de algunos legisladores que sintieron “tocados” por la acusación.

“Son las 9.21 y acá se trabaja en el despacho con el equipo, como todos los días, para los que mandan palas sin saber que no somos todos iguales ni da lo mismo”, retrucó Dina Rezinovsky, del PRO, con una foto de su despacho.

Nota: Daniela Mozetic Redactora de Política de Diario Perfil.

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La invitación es un gesto más que evidente de Francisco a la interna del oficialismo, que revela su malestar con Alberto Fernández. Después de distanciarse con el Presidente por la legalización del aborto, el Papa mantenía un vínculo mediante Beliz y Guzmán pero ambos terminaron afuera por el desembarco de Massa, con quien Bergoglio siempre tuvo una relación más que tirante.

Francisco fue un defensor muy fuerte de la gestión de Guzmán, a quien invitó varias veces al Vaticano en medio de las negociaciones con los bonistas primero y el FMI después para refinanciar la deuda externa. El exministro tuvo un atril privilegiado para sostener su postura.

La invitación es un gesto más que evidente de Francisco a la interna del oficialismo, que revela su malestar con Alberto. Después de distanciarse con el Presidente por la legalización del aborto, el Papa mantenía un vínculo mediante Beliz y Guzmán pero ambos terminaron afuera por el desembarco de Massa, con quien Bergoglio siempre tuvo una relación más que tirante.

Durante la etapa de Guzmán el Papa evitó hablar de cuestiones internas de la Argentina, pero sugestivamente la semana pasada rompió el silencio y afirmó que la inflación es “impresionante”. “En el año 55, cuando terminé mi escuela secundaria, el nivel de pobreza era del 5%, hoy la pobreza está en el 52%. ¿Qué pasó? Mala administración, malas políticas”, dijo en una entrevista.

Martín Guzmán y Gustavo Béliz.

Telam

El mensaje parece terminar de entenderse con la invitación a Guzmán y a Beliz, que además tiene como otro elemento provocador: el sponsoreo por parte de la empresa italiana Enel, la controlante de Edesur que acaba de anunciar que se va de Argentina y encendió una polémica con el equipo de Massa.

Edesur y Edenor dejaron a más de 500 mil usuarios sin energía y el gobierno aplica multas millonarias

A mediados de enero, Enel anunció que pondría a la venta todos sus activos en el país, que incluyen la distribuidora eléctrica Edesur, las centrales térmicas Costanera y Dock Sud, la concesión de la hidroeléctrica El Chocón, líneas de transmisión y de transporte de energía eléctrica.

Aunque el proceso se presentó como parte de un plan internacional, la venta de activos se inició después de que el CEO de la empresa lanzara duras críticas al país. “Tienen la regulación más bizarra del mundo”, afirmó Francesco Starace. “Así no se puede”, fustigó en un seminario en Estados Unidos.

El titular del ENRE, Wartel Martello, le respondió con crudeza: “No pueden pretenderse tarifas del Primer Mundo para servicios cuya calidad es del Tercer Mundo”, dijo.

FUENTE : LA POLITICA ONLINE

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