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El fiscal general de Mar del Plata Fernández Garello será juzgado por crímenes de lesa humanidad

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Tras rechazar presentaciones de la defensa de los imputados, el Juzgado Federal N 2 de San Martín confirmó el cierre de la etapa de instrucción y elevó a juicio la causa por el secuestro y torturas de tres militantes comunistas en 1981. Siete agentes de inteligencia están imputados y deberán enfrentar un juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad; entre ellos, se encuentra el ex agente de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y actual fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello. La gravedad de los delitos y la instancia procesal alcanzada no admite más margen político ni jurídico: Fernández Garello debe ser apartado inmediatamente de su cargo como funcionario público de la democracia y debe avanzarse sin demoras en el juicio político.  

 

La titular del Juzgado Federal en lo criminal y correccional N 2 de San Martín, Alicia Vence, rechazó una serie de nulidades presentada por la defensa, declaró clausurada la instrucción de la causa y elevó a juicio oral y público la causa por crímenes de lesa humanidad que tiene entre sus imputados al actual fiscal general de Mar del Plata Fabián Fernández Garello. La medida había sido solicitada de manera conjunta por el Ministerio Público Fiscal, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y las secretarías de derechos humanos de Nación y Provincia en marzo pasado. Ahora sólo resta que se sortee el tribunal para la realización del juicio.

Los ex agentes de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) Fabián Fernández Garello, Hugo Tresguerras y Daniel Ríos, los miembros de la Brigada de investigaciones de Caseros Guillermo Orstein, Ricardo Coronel y Hugo Cammarota, y el entonces Jefe del destacamento de inteligencia 201 del Ejército Jorge Apa serán juzgados por su participación en el secuestro y torturas de tres militantes comunistas el 23 de julio de 1981.

En su decisión, la jueza Vence destacó el valor de la prueba del expediente y reafirmó que los hechos imputados constituyen delitos de lesa humanidad que se perpetraron en el marco del terrorismo de Estado.

Asimismo, el Juzgado Federal N 2 de San Martín rechazó cada uno de los planteos técnicos realizados por la defensora oficial, que sólo buscaban entorpecer y dilatar los tiempos de la justicia.

Por un lado, la defensa de los siete imputados se había opuesto a la elevación a juicio hasta tanto se resuelva un recurso de queja que tramita en la sala II de la Cámara de Casación. Para rechazar este planteo, la jueza Vence sostuvo que el mismo Código Procesal Penal estipula que “la existencia de recursos pendientes de resolución […] en ningún caso impedirá la elevación a juicio”. Además, existen directivas emanadas por la Corte Suprema de Justicia y la Cámara Federal de Casación Penal en esta misma línea.

El otro gran planteo defensista fue el pedido de sobreseimiento por entender que los delitos imputados no se trataban de crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, la acción penal estaría prescripta. La jueza se limitó a remarcar que la cuestión ya había sido discutida y la calificación confirmada por la Cámara. “este argumento demuestra que el planteo no obedece a otro motivo que el de entorpecer y evitar de cualquier modo que sus defendidos sean sometidos al debate oral y público”.

De acuerdo a las pruebas que existen en el expediente, para la jueza Vence se encuentra acreditada, con el grado de certeza requerido en esta instancia procesal, la responsabilidad de los siete imputados en el secuestro y tortura de los militantes comunistas Jorge Oscar Bulacios, Ernesto Duarte y José Seitor.

Según consta en los documentos del archivo de la DIPPBA presentados por la CPM, y valorados profundamente en la resolución de la jueza, la planificación del procedimiento se originó a partir de una reunión encarada por el jefe del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo, Jorge Apa, donde se conformó una “comisión conjunta” con personal “idóneo” de la DIPPBA San Martín, de la Brigada de Investigaciones III de Caseros y personal militar de Campo de Mayo.

Los grupos de tareas conjunta secuestraron a las víctimas en sus domicilios y las trasladaron luego a la Brigada de Investigaciones de Caseros, que funcionaba como centro clandestino de detención.

“El legajo DIPPBA 18.024 “Detención de Jorge Oscar Bulacios en Villa Lynch San Martín integrante del P.C.A. y secuestro de material bibliográfico”, describe entre otra cosa, los interrogatorios que personal de la DIPPBA realizó a las víctimas de autos a requerimiento de las autoridades militares a los fines de recabar información acerca de integrantes del Partido Comunista”, cita la resolución del Juzgado Federal N 2 de San Martín como prueba incontrastable del accionar represivo.

A la espera del sorteo del Tribunal para la realización del juicio, la gravedad de los delitos y la instancia procesal alcanzada no admite más margen político ni jurídico: Fernández Garello debe ser apartado inmediatamente de su cargo como funcionario público de la democracia.

El actual fiscal general de Mar del Plata fue denunciado en 2016 por la CPM y una decena de organismos de derechos humanos. En ese momento, presentó ante la justicia documentos de inteligencia del archivo de la DIPPBA que demostraban su participación en este hecho que llega a juicio y otras acciones de la represión ilegal. Sólo entre 1978 y 1982 participó en al menos 17 actos de inteligencia en el marco de las acciones persecutorias y represivas que fueron constitutivas del terrorismo de Estado.

Desde el año pasado, un pedido de juicio político está pendiente de resolución; dos audiencias fracasaron por falta de quórum, el jurado de enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires debía volver a reunirse para decidir si abre un jury contra el fiscal pero aún no lo ha hecho. Las maniobras dilatorias fueron tan evidentes que el presidente de la Corte Bonaerense llegó a advertir a los integrantes del jurado que la ausencia reiterada y sin razones que lo justificaran era motivo de sanción.

Cabe recordar que Fernández Garello ya logró sortear en una oportunidad el juicio político: en noviembre de 2017 el jurado de enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires archivo el trámite sin abrir la investigación.

Estos años, el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, también intervino a favor del fiscal de Mar del Plata para garantizarle impunidad: en 2018 decidió archivar el trámite disciplinario contra el funcionario que había sido impulsado por la CPM.

A partir de la elevación a juicio por crímenes de lesa humanidad, la CPM reiteró a la Corte provincial y al Procurador General su pedido de apartamiento del cargo de Fernández Garello y la continuidad de su juicio político.

A esta altura procesal ya no hay más margen para la protección política del fiscal, su permanencia en el cargo es una grave afrenta a la democracia.

www.comisionporlamemoria.org/

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MDP : ACCIDENTE FATAL EL LURO Y JUJUY

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Aproximadamente a las 9:30hs del domingo 26 de junio, un hombre de 23 años manejaba un Ford Fiesta a alta velocidad sobre la avenida Luro de nuestra ciudad.

Por razones que se investigan el conductor del rodado perdio el control sobre la Av. Pedro Luro entre las calles Jujuy y España. El coche choco contra un contenedor plastico , rompió un cantero en la puerta de un supoermercado y una palmera tompió la vifdriera de un comercio dedicado a la maderas y luego detuvo su marcha.

Personal del Same, policias y bomberos constataron el fallecimiento del chofer y no encontraron mas ocupantes en el auto.

Aun no fue comunicado el nombre de la victima que perdio su vida en el día de la fecha en nuestra ciudad.

 

 

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LO QUE ENCONTRARON EN EL CELULAR DEL PILOTO IRANÍ

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En el teléfono de Gholamreza Ghasemi se lo puede ver en su juventud como parte de la Guardia Revolucionaria Al Quds. Las imágenes no son la evidencia de ningún delito y es extraño que alguien que supuestamente realiza actividades de espionaje las guarde en su celular. Igualmente, es muy probable que en la causa judicial las fotos se utilicen en su contra.

Aunque no constituye una evidencia de algún delito, en el celular del piloto del avión venezolano retenido en Ezeiza, el iraní Gholamreza Ghasemi, hay fotos en las que se lo ve mucho más joven como combatiente de la Guardia Revolucionaria Al Quds, también hay imágenes de misiles, tanques y de alguna bandera que dice “muerte a Israel”, según una primera traducción del farsí. 

Como se sabe, los celulares de todos los tripulantes del Boeing fueron secuestrados por orden del juez Federico Villena y a pedido de la fiscal Cecilia Incardona. Parece un poco contradictorio que alguien que supuestamente realiza actividades de espionaje o terroristas guarde fotos de esa naturaleza, pero es muy probable que en la causa judicial se utilicen en su contra, aunque no constituyan delito. Los datos sobre la existencia de las fotos fueron un adelanto exclusivo de Página/12.

Quienes trabajan en el análisis de los celulares se encontraron con esas fotos y ya lo reportaron al juez y la fiscal, aunque todavía no cuentan con una traducción fidedigna, porque no es sencillo conseguir un buen traductor del farsí, el idioma mayoritario en Irán. El peritaje es realizado por la División Delitos Informáticos de la Policía de la Ciudad. Está claro que las fotos son de Ghasemi y para completar el trabajo pericial falta la traducción de los textos. En principio, los tripulantes iraníes no usaban Whatsapp sino uno sistema más rudimentario, pero habrá que esperar la traducción oficial.

Es muy probable que Ghasemi argumente que hizo el servicio militar, que luego fue militar, y que gran parte de los jóvenes de su país integran la Guardia Revolucionaria Al Quds, que son brigadas organizadas y financiadas por el Estado orientadas a lo internacional: la base son consignas antinorteamericanas y antiisraelíes. De hecho, el nombre mismo –Quds– es la denominación en árabe de Jerusalem, es decir que apunta directamente a la confrontación con Israel.

Al Quds, además, mezcla también la cuestión religiosa y va en sintonía total con el régimen de los ayatolas. Los abogados de Ghasemi y del resto de la tripulación es seguro que van a alegar que son fotos viejas y que no implican ningún delito, menos aún cometido en la Argentina. También dirán que si Ghasemi hubiera tenido alguna actividad ilegal hubiera borrado las fotos o, más probablemente, usaría lo que en la inteligencia argentina llaman “un mocho”, es decir un celular paralelo, clandestino.

Un dato llamativo es que el gobierno de Venezuela no haya presentado ninguna protesta, entre otras cosas por el allanamiento ilegal que hizo la Policía de Seguridad Aeroportuaria, sin orden judicial, al regreso del Jumbo desde Uruguay. También Venezuela podría protestar porque no se le cargó combustible al avión cuando no había ninguna denuncia de ningún tipo contra la aeronave de Emtrasur. Sin embargo, por lo que se sabe hasta ahora, Caracas optó por la mesura.

En el gobierno venezolano están agradecidos por el papel que jugó el gobierno argentino, y en especial Alberto Fernández, en la Cumbre de las Américas de Los Angeles, denunciando los bloqueos a Cuba y Venezuela. Debe recordarse que, antes de ese momento, la relación con Caracas era compleja, con idas y vueltas, porque Argentina respaldó lo hecho por Michele Bachelet como Alta Comisionada de las Naciones Unidas en Derechos Humanos, con informes críticos –aunque con avances– respecto de la situación de derechos humanos y el encarcelamiento de opositores en Venezuela.

También se tranquilizó la relación con Caracas a raíz de la designación de un nuevo embajador argentino en Venezuela. El nominado es Oscar Laborde, que tiene el respaldo de todos los sectores del gobierno. Finalmente, tampoco se puede dejar de ver que incluso Estados Unidos, en el marco de la cuestión petrolera y la guerra Rusia-Ucrania, dio un paso significativo enviando una delegación de altísimo nivel a reunirse con Nicolás Maduro. Nada menos que el secretario de Seguridad, Jake Sullivan, estuvo en el Palacio de Miraflores en Caracas. Para redondear el cuadro, tampoco el presidente Joe Biden parece muy entusiasta con elevar la temperatura de los conflictos: baraja rehacer el pacto de limitación nuclear de Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, China con Irán. Todos esos elementos juegan en este momento en el insólito conflicto por un avión que pasó por doce países y un piloto que no tiene ni pedido de captura ni se lo acusó por ningún delito en ningún país.

La imputación al piloto

Como se sabe, el martes la fiscal Incardona igualmente imputó a Ghasemi en base a un informe del FBI que sostiene que el piloto fue ejecutivo y parte del directorio de Oeshm Fars Air que hace unos años –según la agencia norteamericana– realizó vuelos entre Teherán y Beirut llevando armamento. En comunicación con el gobierno argentino, el Mossad israelí aseveró que efectivamente eso es así, pero que desde que el 747 pasó a ser venezolano –la compra-venta se hizo en julio de 2021–, la nave no se estaría utilizando para nada ilegal. Por eso, no hubo objeciones en los movimientos del Jumbo. Lo asombroso es que la Embajada de Israel en Paraguay sacó un comunicado en el que manifiesta su preocupación por la llegada del avión a la Argentina y no dice ni una palabra de que el 747 estuvo en Ciudad del Este –ni siquiera en Asunción– un mes antes, con la misma tripulación y que desde Ciudad del Este se dirigió a Aruba con un cargamento de cigarrillos de la empresa del multi-acusado Horacio Cartés, expresidente de Paraguay y amigo íntimo de Mauricio Macri.

Todo evidencia el contenido geopolítico del caso, que agrupa a la derecha de Estados Unidos, Israel y la Argentina, porque involucra al llamado eje del mal Irán-Venezuela y sirve para congraciarse aún más con Washington. Más allá de semejante escenario, el juez Villena le requerirá ahora más información al FBI –-agencia que se mueve con bastante independencia respecto del gobierno norteamericano– y es muy probable que alguno de los fiscales o jueces alineados con Donald Trump haga algún reclamo desde el país del Norte.

Más cerca, aquí en Lomas de Zamora, por pedido de Incardona, Villena está solicitando más documentos sobre la titularidad del avión —quiere ver si es cierto que es venezolano o sigue siendo iraní— y se harán nuevas verificaciones sobre la carga que trajo a Buenos Aires. En su dictamen, la fiscal afirmó que hay que investigar si la carga no fue una forma de ocultar actividades de espionaje o terrorismo, con el informe del FBI como única prueba. Ahora podrá decir que las fotos del joven Ghasemi son una evidencia adicional.

FUENTE : PAGINA 12

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LA EMBAJADA DE ISRAEL EN PARAGUAY ASEGURÓ QUE LOS TRIPULANTES DEL AVIÓN TRAFICAN ARMAS PARA HEZBOLLAH

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La cancillería israelí señaló que sigue atentamente y con preocupación el caso de los iraníes que se encuentran en territorio argentino.

Israel sigue con preocupación el caso de la llegada a Argentina del avión iraní que pertenece a una empresa fantasma venezolana sancionada por el gobierno de Estados Unidos y denunció que sus tripulantes están involucrados en el tráfico de armas.

En el avión que aterrizó en Argentina, se encontraban iraníes involucrados de forma directa en el tráfico de armas a Siria y a la organización terrorista Hezbollah del Líbano. Incluso, el capitán del avión es un alto ejecutivo de la empresa aérea iraní Qeshm Fars Air”, denuncia este miércoles a través de un comunicado la embajada israelí en Paraguay.

El avión hasta hace poco era utilizado por la empresa iraní Mahan Air, que opera vuelos para Fuerza Quds en la ruta Teherán-Damasco, señala el comunicado.

Israel está especialmente preocupado por la actividad de las empresas aéreas iraníes Mahan Air y Qeshm Air en América Latina, empresas que están involucradas en el tráfico de armas, equipamiento y personas para la Fuerza Quds y que se encuentran bajo sanciones estadounidenses por su vinculación con el terrorismo y en la proliferación de armamento”, agrega el comunicado de la cancillería israelí.

Israel reconoció el buen trabajo conjunto y la coordinación de los países de la región, y destacó en especial la labor de las autoridades paraguayas que identificaron la eventual amenaza que representaba el avión y su tripulación, como también la determinación de Paraguay y Uruguay de cerrar el espacio aéreo.

Israel considera que la postura firme de Paraguay y Uruguay representa un mensaje importante a Teherán para que no intente actuar en Sudamérica”, destaca la embajada israelí en el comunicado.

“Para Israel se trata de otro incidente que demuestra los intento de Irán —a través de la Guardia Revolucionaria, la Fuerza Quds y Hezbollah— de seguir estableciendo su influencia alrededor del mundo en Sudamérica, como base de operaciones para las actividades terroristas en el continente”, finaliza el comunicado.

El lunes, la fiscal argentina Cecilia Incardona pidió investigar la relación del piloto del avión de Emtrasur, Gholamreza Ghasemi, con posibles actos de terrorismo. También imputó al resto de los tripulantes de la aeronave retenida en Buenos Aires, pudo saber Infobae de fuentes judiciales.

Finalmente se conocieron los primeros resultados de las pericias que se realizaron al celular de Ghasemi. Según pudo averiguar Infobae, en el aparato encontraron fotos de tanques, misiles y una imágen en la que se lo ve a él de joven, como combatiente de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC-QF).

Luego de una serie de traducciones del contenido —estaba en farsi—, se pudo desclasificar la información. Entre las fotos encontradas también se encuentra una en la que se ve una bandera con repudio hacia Israel.

El capitán Gholamreza Ghasemi, el piloto del avión varado en EzeizaEl capitán Gholamreza Ghasemi, el piloto del avión varado en Ezeiza

“Con el avance de las tareas investigativas llevadas aquí adelante, surgieron varios rastros que imponen la necesidad de proseguir la investigación respecto de Ghasemi Gholamreza, de toda la tripulación que de él dependía, de la aeronave y de su carga, conforme las obligaciones del Estado Argentino para prevenir y sancionar hechos de terrorismo”, dice el dictamen de la fiscal.

Y agrega: “Tales circunstancias irregulares llevan a indagar si el verdadero objetivo del arribo de la aeronave a nuestro país fue exclusivamente para transportar mercadería de autopartes, o bien si estuvo fundado en razones diferentes a las alegadas y constituya, eventualmente, un acto de preparación para proveer bienes o dinero que pudieran utilizarse para una actividad de terrorismo, su financiamiento u organización”.

Luego de recibir el informe del FBI que confirma la vinculación directa del piloto del avión de Emtrasur, Gholamreza Ghasemi, con las Fuerzas Quds, la división de la Guardia Revolucionaria iraní especializada en operaciones de inteligencia, y con Hezbollah, el juez Federico Villena le corrió vista a la fiscal el fin de semana “para delimitar el objeto procesal”.

La fiscal ya había impulsado la investigación el lunes pasado, pero en ese momento no había pruebas concretas contra la tripulación.

En una semana, el juez Villena ordenó unas 60 medidas de prueba y el expediente suma ocho cuerpos. Muchas de ellas todavía no llegaron al juzgado. El magistrado espera con expectativa un informe definitivo sobre los teléfonos y las tablets secuestradas a los tripulantes. Los informes preliminares hasta ahora no arrojaron pruebas contundentes para el expediente. También está pendiente el análisis de las dos “cajas negras” del avión.

FUENTE : INFOBAE

 

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