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Presentan el anteproyecto de reforma del Código Pena

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Lo hará Macri junto al ministro de Justicia, Germán Garavano. Redactado por una comisión de expertos, endurece las penas por delitos de corrupción y también por accidentes de tránsito e introduce figuras como la del “arrepentido”.

Luego de una cuidadosa redacción por parte de una comisión de expertos, el presidente Mauricio Macri presentará este jueves el anteproyecto de reforma del Código Penal, que endurece las penas por delitos de corrupción, también por accidentes de tránsito, introduce modificaciones en delitos informáticos y figuras como la del “arrepentido” para casos de corrupción o asociación ilícita, decomiso de bienes de delitos, entre otras enmiendas, que será enviado al Congreso para su debate.

El jefe de estado estará acompañado por el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien coordinó al equipo de especialistas convocado por el decreto 103 del año pasado, para el acto que encabezará en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

Una de las novedades es que el proyecto promueve la ampliación de la jurisdicción de la justicia argentina para investigar los delitos de corrupción, en tanto se introduce el principio de nacionalidad activa y pasiva, de conformidad con las recomendaciones realizadas por el OCDE (organismo al que Argentina pretende ingresar).

De esta manera, la justicia argentina podrá intervenir en casos de corrupción ocurrida en otros países, como por ejemplo en Brasil -el escándalo Odebrecht surgió allí, por caso-, cuando algún argentino haya participado de la comisión de esos delitos.

Desde el inicio de la gestión de Cambiemos, una de las banderas que enarboló fue la transparencia. Pese a que el proyecto de extinción de dominio está empantanado en el Senado, con una extraña pasividad del bloque del PRO, la citada reforma plantea el recupero por parte del estado de bienes sustraídos “desde el inicio de la causa penal”.

Con respecto al recupero de los bienes sustraídos del Estado como consecuencia de los actos de corrupción, la Comisión “propone ampliar los supuestos en los que procede el decomiso, abarcando todos los bienes productos del delito, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido experimentar”.

Además, se agrega la posibilidad de decomisar los bienes de manera definitiva -antes de la condena penal- cuando se investigue la comisión de delitos de corrupción, siempre que se den determinados requisitos procesales.

Para los delitos de corrupción, el anteproyecto prevé un incremento en las escalas penales, en particular para las coimas. Se busca fomentar la imposición de penas de cumplimiento efectivo “que reflejen la magnitud real del daño social que genera la corrupción, estableciendo escalas penales con de 4 a 12 años de prisión”.

Por ejemplo, se propone la modificación del delito de enriquecimiento ilícito, a fin de que abarque la totalidad del período relevante en el que puede ocurrir el aumento patrimonial no justificado del funcionario y se amplía a 6 años luego de haber cesado en el cargo (ahora es 2).

En medio de la puja del oficialismo con el sindicalismo, surge otra llamativa enmienda: se amplían los sujetos que pueden cometer este delito, incluyéndose todos los obligados por ley a presentar declaración jurada patrimonial, como por ejemplo los dirigentes de obras sociales.

También se agrava la figura de “lavado de activos” en caso que se vincule a un funcionario público. Además, se contempla la figura del colaborador eficaz o “arrepentido” para los delitos de soborno trasnacional, asociación ilícita, y delitos de corrupción. Así se prevé la reducción de pena para la persona que “brinde información o datos precisos, comprobables y verosímiles”.

Se analiza la posibilidad de limitar los beneficios al régimen de cumplimiento de pena actualmente previstos en el sistema penal para las personas, como la libertad condicional.

Por otra parte, el proyecto aumenta la pena de los siniestros viales; se decide mantener la culpa temeraria, categoría ya prevista por una ley reciente.

En pleno siglo XXI el anteproyecto trata temas como la pornografía infantil, el fraude informático, el daño informático con acceso ilegítimo, la suplantación de identidad, el daño a una infraestructura crítica (los poderes del Estado y los centros de salud), el grooming (acoso virtual) y la porno venganza con la difusión de videos íntimos.

También se estudia la posibilidad de crear un nuevo apartado referido a los delitos perpetrados por los barrabravas del fútbol. “Se prevé la creación de un tipo especial de asociación ilícita en su ámbito con penas de prisión, castigando además su financiamiento. Así también, se piensa en tipos penales que reemplacen a actuales infracciones como el ingreso y guarda de pirotecnia. Y agravantes específicas para delitos como el homicidio, homicidio culposo, el hurto, el robo, las lesiones”, plantea la iniciativa.

– Por Emiliano Russo

Diario Popular

Politica

Desde México, Alberto Fernández defendió a los vacunados VIP y apuntó contra la oposición y la Justicia que investiga el caso

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Al lado de López Obrador, el Presidente cerró filas adentro del Frente de Todos y cuestionó a Juntos por el Cambio y los fiscales federales que llevan el caso

Enviado especial a México). Alberto Fernández no estaba satisfecho con la defensa del oficialismo frente al caso de los vacunados VIP y diseñó una ofensiva política que ejecutaría durante la conferencia de prensa protagonizada por su anfitrión Andrés Manuel López Obrador (AMLO). En un mismo movimiento mediático, el Presidente deseaba separar a los vacunados posibles de defender y con el silencio condenar a los amigos, familiares y conocidos que se aplicaron la Sputnik V por obra y gracia de Ginés González García.

En este contexto binario, donde en ningún momento reconoció el error de no informar qué funcionarios necesarios se habían vacunado legalmente, Alberto Fernández arremetió contra la oposición política y la Justicia federal que investiga este probable caso de corrupción pública.

“Cuando tomé nota de lo que había pasado, reaccioné y perdí a un ministro en cuyo ministerio pasaron estas cosas, bajo su dependencia. He leído que han hecho una denuncia. El hecho ya es lo suficientemente grave como para que un ministro de la talla de Ginés (González García) haya tenido que renunciar. Les pido a los fiscales y a los jueces que terminen con las payasadas”, dijo el Presidente en la conferencia de prensa.

Asimismo, Alberto Fernández apeló a su conocimiento del derecho positivo para afirmar que las denuncias no prosperarían porque no hay un tipo penal vigente que castigue la conducta de una persona que se “adelante en la fila” para obtener la Sputnik V.

Sin embargo, el Código Penal en su artículo 174 (inciso 5) hace referencia al “que cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública”, un norma jurídica que contradice el concepto político de “payasada” y que habilita la posibilidad de investigar la presunta existencia del vacunatorio VIP y el uso que hizo Horacio Verbitsky por recomendación de “su amigo Ginés”.

González García, cuando era ministro de Salud, decidió entregar vacunas a un empresario marplatense y su familia porque lo conoce desde hace décadas. Y para la misma época avaló que un equipo de su ministerio viajara hasta la casa de Eduardo Duhalde para que lo vacunara in situ.

A esta conducta reprochable, y sujeta a la investigación judicial, se debe agregar la actuación en las sombras de Lisandro Bonelli –sobrino de González García– que invitó a sus amigos de Buenos Aires a aplicarse la Sputnik, pese a que no corrían ningún riesgo de muerte ni pertenecían a la categoría de “trabajadores esenciales”.

Alberto Fernández en conferencia de prensa en México

Cuando terminó de cuestionar a la Justicia, el jefe de Estado avanzó contra Juntos por el Cambio. “Hubo una campaña despiadada de la oposición, desatada para hacerles sentir a los argentinos que la Sputnik V era veneno. Ahora los que me denunciaron me piden que les dé veneno a ellos y que consiga más veneno. Quisiera que la Argentina funcione de otro modo”, opinó Alberto Fernández.

Y remató: “Cuando el ARA San Juan se hundió, nadie le pidió la renuncia a nadie. Cuando ocurrió el desfalco de la deuda, nadie le pidió la renuncia a nadie. Una vez pido que tengamos honestidad intelectual. Con mi conducta di cuenta de lo que debíamos hacer”.

Alberto Fernández considera que puede ganar los comicios en 2021 –y soñar con su reelección en 2023–, si el plan de vacunación funciona y la crisis de los vacunados VIP queda encapsulada y con mínimo impacto en la campaña proselitista. Una estrategia electoral que depende de muchísimos factores vinculados a su imagen pública y a la actuación de la Justicia federal.

En este contexto, aplicando un juego de suma cero, el Presidente aprovechó la conferencia de prensa para defender su posición sobre el affaire de las vacunas y cuestionar a la administración de Mauricio Macri. Alberto Fernández puede probar que no sabía de los casos irregulares empujados por González y su sobrino Bonelli, pero el juicio definitivo ocurrirá cuando se sumen los votos en octubre.

Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador durante su encuentro en el Palacio Nacional de MéxicoAlberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador durante su encuentro en el Palacio Nacional de México

Al margen de sus críticas a la Justicia federal, los medios de comunicación y la oposición, Alberto Fernández hizo un gesto político que fue elogiado en el Frente de Todos y adentro del propio gobierno nacional. El Presidente aseguró que Eduardo Valdes y Jorge Taiana, dos legisladores que se aplicaron la Sputnik V, no habían cometido ningún error público.

Esta opinión contradice su decisión de excluirlos de la gira por México. Si no hubo error público, entonces por qué Taiana y Valdes no viajaron en la delegación oficial que regresa mañana a Buenos Aires. Taiana y Valdes, dos expertos políticos que conocen todas las reglas del juego, agradecieron la mención positiva a Alberto Fernández, que ya los perdonó.

Junto a la reivindicación de Valdes y Taiana, el Presidente defendió sin dudar a Martín Guzmán, que se aplicó la vacuna –con su staff más cercano– para poder viajar alrededor del mundo y esquivar un eventual caso de COVID-19.

Guzmán y su equipo negocian con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y la aplicación de la vacuna –ocurrida el 29 de enero– fue una decisión que tomó Carla Vizzotti con el respaldo de Alberto Fernández. Guzmán anoche estaba de pésimo humor y solicitó un respaldo público que hoy consiguió del mismísimo jefe de Estado.

El malhumor del ministro de Economía no sólo estaba vinculado a los cuestionamientos que recibía por aparecer en la lista de vacunados VIP del Hospital Posadas. Sucede que un familiar directo estaba viendo un programa de televisión abierta, y un periodista había desollado a Guzmán porque se había aplicado la Sputnik sin tener la edad o los antecedentes correspondientes.

Hace tres horas, Guzmán apareció en el lobby del hotel Intercontinental para recibir a Carlos Slim, un poderoso empresario mexicano con importantes inversiones en la Argentina. El ministro ya había recuperado la sonrisa, y su mamá también.

 

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El sobrino de Ginés también digitaba la lista del vacunatorio VIP: sumó a familiares y amigos de San Nicolás

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El sobrino de Ginés también digitaba la lista del vacunatorio VIP: sumó a familiares y amigos de San Nicolás

FOTO : Maximiliano Luna

Lisandro Bonelli era el jefe de Gabinete de Ginés González García y manejaba a dedo el listado de vacunados VIP. Infobae accedió a registros oficiales que demuestran que el funcionario se vacunó con las dos dosis de la Sputnik V, pero además logró que varios de sus allegados, todos oriundos de la ciudad de San Nicolás, recibieron la vacuna rusa. En ese grupo selecto figuran Martín Sabignoso, a cargo de la Secretaría de Equidad del Ministerio, Facundo Dinoto y Marcelo Guille. En San Nicolás se los conoce como el “Grupo Regatas” porque frecuentaban el club que lleva ese nombre.

Según los registros a los que accedió este medio del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), Bonelli se vacunó con la primera dosis el 11 de enero y el 2 de febrero recibió la segunda. El sobrino de Ginés ya tendría previsto volver a la Cámara de Diputados provincial, ya que había accedido a una banca por el Frente Renovador y luego pidió licencia.

Martín Horacio Sabignoso (44), a cargo de la Secretaría de Equidad en Salud y también oriundo de San Nicolás, se vacunó el 13 de enero y el 12 de febrero. Al igual que Bonelli, figura como “Personal de Salud”. “Fue Director Nacional del Plan Nacer – Programa Sumar del Ministerio de Salud de la Nación (2008-2015) y lideró el desarrollo de la Red Federal de Cardiopatías Congénitas de la Argentina. Fue director de la Especialización de Comunicación en Salud de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP”, figura entre sus antecedentes. Los datos aparecen en el organigrama del Ministerio de Salud, donde todavía figura Ginés como ministro.

Bonelli le dio me gusta a una foto de Marcelo Guille junto a su padre Bonelli le dio me gusta a una foto de Marcelo Guille junto a su padre

Otros dos allegados a Bonelli que se vacunaron y son empleados del Ministerio de Salud son Facundo Martín Dinoto Marcelo Guille, alias “El Cubano”. El primero recibió las dos dosis: el 7 de enero y el 2 de febrero. En cambio, Guille aparece en los registros solo con la primera dosis (13 de enero).

Marcelo Ariel Guille, de 43 años, es hijo de Félix Guille (71), una de las personas que aparecen en el primer listado de vacunados VIP que reveló el diario Clarín el viernes pasado. Llamativamente, en uno de los primeros comunicados oficiales de la pandemia, figuraba como “experto” en Salud. “El padre de Marcelo se vacunó en Buenos Aires porque estaba haciendo un tratamiento; si no, se hubiera vacunado en San Nicolás”, explicó un allegado.

Dinoto (44) es oriundo de San Nicolás y había recalado en el ministerio de la mano de Bonelli, aunque en los registros comerciales figura como ex empleado de la Legislatura bonaerense.

La lista de allegados de Bonelli no sorprende. En el ministerio admiten que prometía la vacuna incluso a personas que no trabajaban con él. “Les decía que se anoten en el Registro y después les conseguía un lugar privilegiado”, contó alguien que escuchó esa promesa.

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El escándalo del llamado “vacunatorio vip” dejó al descubierto el caso de allegados del Gobierno que recibieron la Sputnik V en la sede del Ministerio de Salud, a pesar de que no les correspondía hacerlo de esa manera según el cronograma establecido por las propias autoridades nacionales. La polémica fue tan grande que derivó en la renuncia de Ginés González García, quien fue reemplazado en el cargo por quien era su número dos en esta cartera, Carla Vizzotti.

La flamante ministra se reunió esta mañana con el jefe de Gabinete Santiago Cafiero en la Casa Rosada y luego anunció que esta tarde se conocerá el listado completo de todos los turnos que se otorgaron en el Hospital Posadas. Además dijo que se abrió un sumario interno en el ministerio, al margen de las denuncias que ya tramitan en la Justicia.

Esta mañana, en tanto, trascendió que el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, también se dio la primera dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus. El dirigente, de 66 años, cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner, se inoculó el pasado 22 de enero y fue anotado como personal de salud.

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El Poder Judicial en alerta por la resolución de Raverta

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La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional expresó su preocupación por la exigencia de la ANSES que fija renuncias previas al régimen jubilatorio. Temor por una escalada.

El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional,  Marcelo Gallo Tagle, si bien aclaró que aún no hay nada decidido, se está analizando la posibilidad de  que “cada juez en nombre propio podría presentar un amparo o la agrupación en modo representativo presentar en el fuero contencioso administrativo una acción declarativa de certeza para entender, legalmente, el alcance de la medida” de la ANSeS, que reclamó de manera formal que más de 200 jueces definan si se jubilan o no.

Hace casi un año, el Gobierno de Alberto Fernández puso en marcha, sorpresivamente, un cambio en el régimen de jubilaciones para el ámbito judicial, aumentando el aporte de los magistrados al régimen jubilatorio y fijando en 65 años la edad de los hombres para jubilarse. La decisión implicó además que las jubilaciones pasara a pagarlas la ANSeS y no se tramitaran vía el Consejo de la Magistratura, como hasta ahora. Eso generó mucho malestar en los tribunales.

Entre los afectados por la medida se encuentran los nombres de magistrados de Comodoro Py que están en la lista negra del kirchnerismo como Martín Irurzun o Leopoldo Bruglia, los fiscales Carlos Stornelli y Raúl Pleé o los camaristas de Casación Eduardo Riggi, Liliana Catucchi o Guillermo Yacobucci. Incluso, el procurador interino Eduardo Casal. Tal vez por ello Gallo Tagle sostiene que lo que llama la atención es la forma “provocativa” en que está redactada la resolución, sumado a que interpretaciones periodísticas lo traducen como una nueva embestida al Poder Judicial.

El titular de la AMFJN planteó además que “esta norma dispone algo inédito que no ocurre en ningún otro régimen jubilatorio del país: que un juez tenga que renunciar para obtener su beneficio jubilatorio”. Todo esto genera incertidumbre entre muchos magistrados que interpretan que existe un avasallamiento a beneficios concedidos y por eso hay un estado de alerta”, advirtió.

En la Justicia, desde diciembre, hay una causa judicial que busca que se dicte la inconstitucionalidad del nuevo régimen de jubilaciones y ahora podría agregarse otra en la que puntualmente se atacara la resolución firmada por la titular de la ANSES Fernanda Raverta.

Por ahora, el Poder Judicial se encuentra en estado deliberativo y dispuesto a abroquelarse frente a lo que considera un avance indisimulado del Ejecutivo para lograr, por fin, dominarlo y ponerlo al servicio del gobierno y de quienes enfrentan causas por hechos de corrupción.

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