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Procesaron al financista Clarens acusado de lavar más de $500 millones derivados de la obra pública durante el kirchnerismo

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Es por dinero que recibió Lázaro Báez por la obra pública en Santa Cruz. Hoy el juez Ercolini lo procesó sin prisión preventiva y lo embargó por una cifra millonaria

El financista Ernesto Clarens, quien declaró como “arrepentido” en la causa de los cuadernos, quedó hoy procesado por lavar más de $500 millones derivados de la obra pública, un caso por el que la ex presidenta Cristina Kirchner, el ex ministro Julio De Vido, el ex secretario José López y el empresario Lázaro Báez enfrentan actualmente un juicio oral, según informaron a Infobae fuentes judiciales.

La decisión la tomó el juez federal Julián Ercolini en una resolución de 330 hojas. A Clarens lo procesaron por el delito de “lavado de activos agravado por resultar miembro de una organización formada para la comisión de hechos de esa naturaleza”. Y se le trabó embargo por mil diez millones de pesos ($1.010.000.000,00).

“A pesar de los dichos volcados por Clarens en sus numerosos descargos y de lo manifestado en sus declaraciones indagatorias, considero que en base a una íntegra visión de la maniobra investigada y los elementos de prueba arrimados, me encuentro en condiciones de tener por acreditada, con la suficiencia que requiere la etapa en la cual nos encontramos, la materialidad de los sucesos y su intervención responsable en ello”, sostuvo la resolución a la que accedió Infobae.

Junto a Clarens, el juez también procesó a otros financistas, contadores y comerciantes por la maniobra que salpica a las firmas Austral Construcciones y Gotti SA, ligadas a Lázaro Báez, y de Invernes SA, del financista Clarens. El procesamiento alcanzó a Carlos Di Gianni, Guido Blondeau, Rafael Mateo Merlini, César Gerardo Andrés, Andrea Cantín, Martín Samuel Jacobs, Emilio Carlos Martín, Sergio Gotti, Armando Ulled, Andrés Kechichian, Héctor Doldi y María Julia Cis.

Todo ocurre en el marco de la investigación por la asociación ilícita que radicó la diputada Elisa Carrió en 2008 contra los Kirchner y su entorno. “Corresponde recordar que en dicho sumario se comprobó, con la convicción propia de toda etapa preparatoria, la instrumentación de un esquema de corrupción estatal, entre los meses de mayo de 2003 y diciembre de 2015, que tuvo como objeto la asignación irregular de la mayor porción de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz a las empresas del conglomerado encabezado por Báez”, recordó el juez.

Cheques originados en el dinero de la obra pública, una cadena de gastos injustificados y una seguidilla de facturas fueron la clave de los investigadores para poder avanzar en el nuevo capítulo de la causa de la obra pública en donde quedó en la mira Clarens, el financista preferido de Néstor Kirchner que habría armado la ingeniería para poder mover el dinero investigado. Siempre se sospechó que la firma de Clarens llamada Invernes significaba “Inversiones Néstor”.

Según la acusación, una vez que la plata llegaba desde el Estado nacional a Santa Cruz, aparecían las empresas contratistas del Grupo Báez que, con sucesivas intermediaciones comerciales y financieras, carentes de propósito comercial real, le permitiese adquirir “apariencia de licitud” al dinero que, inmediatamente, se convirtió en efectivo sin que fuera fácil detectar su origen.

El fiscal Gerardo Pollicita (foto Adrián Escandar)El fiscal Gerardo Pollicita (foto Adrián Escandar)

En su dictamen el fiscal Gerardo Pollicita, que llevó la investigación, sostuvo en diciembre de 2018 que “a lo largo de los años 2003 a 2015 desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional por los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, quienes conjuntamente con funcionarios de distintas reparticiones del Estado y un reducido número de empresarios amigos se habrían dedicado de manera sistemática y constante a llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos, evidenciando de esta manera una matriz de actuación propia, en lo que la comunidad internacional ha definido como hechos de corrupción”.

En ese contexto, Pollicita sostuvo: “Se ha podido corroborar una nueva operatoria criminal por medio de la cual la asociación ilícita ya investigada desplegó un proyecto delictivo, bajo la conducción de Lázaro Antonio Báez y Ernesto Clarens –con la colaboración de una gran cantidad de individuos–, consistente en la realización de un conjunto de maniobras sobre una porción importante de los fondos sustraídos al Estado nacional a través del fraude en la obra pública”.

Ese perjuicio ascendería a “502 millones de pesos, equivalentes a USD 160 millones aproximadamente, a la cotización oficial de entonces”, sostuvo Pollicita. La maniobra consistía en “un mecanismo de reciclaje basado en la ficción de costos inexistentes, con el objetivo de dar a dichos fondos apariencia de licitud, alejándolos de su origen espurio y convirtiéndolos en efectivo, lo que obstruyó para siempre su seguimiento”. En ese contexto, la causa apunta a establecer si, como se sospecha, Lázaro Báez y Ernesto Clarens, conjuntamente con una gran cantidad de actores, cimentaron e implementaron una estructura destinada a reciclar una porción importante de los fondos públicos sustraídos fraudulentamente al Estado nacional a través de la obra pública vial.

Clarens se convirtió en uno de los arrepentidos de la causa de los cuadernos, cuando el juez federal Claudio Bonadio motorizó una serie de detenciones en ese expediente iniciado a raíz de las revelaciones del chofer Oscar Centeno. En el medio del desfile de empresarios y ex funcionarios que aparecieron por el despacho del fiscal Carlos Stornelli también apareció Clarens. Fueron varias las declaraciones que hizo este financista.

De hecho, cuando su acuerdo todavía no estaba homologado para convertirlo en imputado colaborador, Clarens pidió modificar y ampliar su convenio. Mientras que en la primera declaración admitía que cambiaba pesos –provenientes de coimas pagadas por empresarios beneficiados por la obra pública– por dólares, en la segunda declaración aportó más información sobre los movimientos financieros del kirchnerismo.

En aquella declaración, Clarens se desligó de la selección de empresas que “ganaban” las licitaciones que realizaba el Ministerio de Planificación. Y reveló que era la propia Cristina Kirchner quien instruía a qué empresas debía pagarles primero Vialidad. En 2016 Lázaro Báez fue el único contratista que logró cobrar todo lo que le debían antes del 10 de diciembre. Según declaró el financista, “las personas de ‘la Camarita’ me dejaban una suma en pesos con una anotación de qué habían cobrado, monto y concepto. El monto dependía de la recaudación, eran alrededor de 300 mil dólares por cada entregada y con frecuencia semanal”.

Fueron muchos los empresarios críticos de esa exposición y de la forma en que el financista logró convertirse en arrepentido. El abogado Pablo Lanusse, defensor de Juan Chediack, el ex titular de la Cámara de la Construcción, fue uno de los que más dispararon contra Clarens cuando en una audiencia ante la Cámara Federal, que en su momento cubrió Infobae, aseguró: “Clarens vino a cumplir un rol estratégico en la causa: seguir garantizando la impunidad de los jefes de la banda” . Y añadió: “No vino ni a apuntar para arriba, ni a colaborar con el recupero de fondos. El señor Clarens en esta causa viene a hacer lo que hacía durante el ejercicio de esta cleptocracia: apretar a los que eran víctimas y conspirar contra el éxito de la causa”.

FUENTE INFOBAE

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LA HIJA DE HUGO MOYANO CONDENADA EN CAUSA POR LAVADO DE DINERO

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La Cámara Federal de La Plata confirmó este miércoles la decisión que se había tomado durante la instrucción del caso en Lomas de Zamora: a Karina Moyano, hija del líder camionero, le serán retenidos 600 mil pesos y 434 mil dólares, como parte de un expediente por lavado de dinero. Ese dinero fue encontrado en su domicilio tras un allanamiento que se realizó en relación a un caso de narcotráfico. Además, se investiga el origen de los fondos.

Aunque su abogado defensor anticipó que va a apelar la medida, ya hay en sede judicial una resolución firme para que la hija de Hugo Moyano devuelva los fondos cuestionados.

Para el titular de Camioneros, todo se enmarca en una campaña mediática en su contra. “No respetan a los jueces con autoridad como el juez Villena”, sostuvo y cuestionó al diario La Nación, que informó sobre los vericuetos judiciales de su hija. “Estos señores vienen a hablar de autoridad moral”.

En la justicia, el análisis fue otro. En el juzgado federal de Lomas de Zamora comenzó en 2018 el expediente por supuesto narcotráfico, en cuya investigación intervino el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias. En ese marco fueron allanados varios domicilios, uno de los cuales fue el de Karina Moyano.

Por un cambio de composición de los juzgados, la causa siguió en el despacho de Juan Pablo Augé pero delegada en la PROCUNAR. Durante la feria judicial de este último verano, el juez Villena subrogaba el juzgado de su colega Augé y fue entonces cuando dictó el sobreseimiento de la hija del líder sindical, reintegrándole el dinero.

El agravante de la situación, es que la medida se tomó mientras se encontraba la investigación delegada en la PROCUNAR, cuyo titular terminó denunciando ante el Consejo de la Magistratura al juez Villena, requiriendo su juicio político.

En la presentación, el fiscal Iglesia junto a su colega Cecilia Incardona, indicaron que Villena “habilitó la feria sin existir ninguna de las causales normadas” en el Código Procesal y el Reglamento para la Justicia Nacional “y le imprimió el veloz trámite de tres días a dos pedidos que no se fundan en una sola razón de urgencia”, fijándoles un plazo de 24 horas para responder una vista, plazo que luego el mismo juez no respetó, marcan ambos fiscales en escrito.

Por otro lado, denunciaron que se “dictó la resolución de sobreseimiento de una persona -Karina Moyano- sin conocer las constancias del expediente, sin tener a su cargo la investigación y sin ser el juez natural del caso”.

Mientras se realizó aquella presentación, el juez Augé se reintegró a su juzgado, firmó la nulidad de lo resuelto por su colega Federico Villena, y ordenó a Karina Moyano reintegrar el dinero, medida ahora que fue confirmada por la Cámara Federal de La Plata.

En el fallo se sostuvo: “El hecho de que nos encontrábamos ante una causa delegada en cabeza del Ministerio Público Fiscal, implica una transferencia de la responsabilidad en el impulso de la investigación en cabeza del titular de la acción penal, y resulta más grave que Villena era, al momento de tomar dicha decisión, juez de feria”.

Bajo este mismo lineamiento, el camarista César Álvarez rechazó el argumento de la defensa de Karina Moyano, quien señaló que hubo “animosidad” en la medida judicial. La réplica a dicho argumento fue: “Ni es parte de ninguna guerra judicial ni persecución de ningún tipo a la familia Moyano, y menos aún como parte de un ataque general al sindicalismo combativo de nuestro país ni como un capítulo del llamado Lawfare”.

Por otro lado, analizó el magistrado, “lo que me persuade de que estamos ante una decisión acertada, es que una investigación que estuvo en cabeza del Juez Villena durante tanto tiempo -y como dice la propia defensa, casi sin actividad respecto de Karina Moyano, se resuelva intempestivamente en una feria judicial pasando por alto que la causa estaba delegada”.

Por su parte, el camarista Jorge Di Lorenzo dijo que “la circunstancia de que el Juez Villena no haya conocido las actuaciones al momento de resolver, torna nulo” todo el procedimiento, incluyendo la devolución de los fondos bajo investigación.

Al momento de explicar este punto, dijo: “Debo destacar que se advierte en la resolución anulada una serie de irregularidades en torno a la participación y al cercenamiento de las facultades del Ministerio Público Fiscal que afectaron el debido proceso, provocaron un gravamen irreparable a esa parte y, por tanto, provocaron la invalidez de la decisión dictada”.
Lucia Salinas para Clarin

 

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Chantaje con planes: ya es tiempo que la justicia intervenga

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Guillermo Marijuan pidió al Ministerio de Desarrollo Social a fin de que proceda a dejar sin efecto cualquier asistencia financiera y/o de cualquier tipo a las organizaciones denunciadas.

El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció al Polo Obrero y a la «Organización Clasista Revolucionaria” (OCR), por la realización de presuntas maniobras ilícitas de coacción para que la gente asistiera a marchas a cambio de beneficios económicos o planes sociales. Es a raíz de la marcha de ayer de distintos movimientos piqueteros en todo el país con foco importante en la Ciudad de Buenos Aires y el centro porteño.

Marijuan pidió al Ministerio de Desarrollo Social a fin de que proceda a dejar sin efecto cualquier asistencia financiera y/o de cualquier tipo a las organizaciones denunciadas, aunque «sin perjuicio de ello, y con el objeto de no dejar sin planes sociales y/o asistencia a las personas que integran dichos movimientos toda vez que no tienen que cargar con las responsabilidades de sus dirigentes, requiero que ese Ministerio continúe con la ayuda a cada una de ellas pero debiendo hacerlo personalmente, sin intermediación de organizaciones o de terceros».

Asimismo, Marijuan remarcó que informes periodísticos dan cuenta que muchos de los manifestantes reconocieron recibir un beneficio de hasta 12 mil pesos mensuales, pero a cambio estaban obligados a ir a las marchas.

«Entre varios testimonios recogidos por los periodistas que se encontraban en el lugar, cabe señalar ciertos dichos de manifestantes a los que se logró entrevistar. Así, estas personas relataron que percibían $12.000 mensuales y que si faltaban a las marchas o no se quedaban hasta el final de las mismas, se los quitaban, dando de baja las tarjetas a través de las cuales los percibían», denunció Marijuan, cuya causa ahora será sorteada por la Cámara Federal.

También que de las imágenes «se dejó asentada la existencia de personas pertenecientes a las asociaciones convocantes que hacían firmar cuadernos o libretas a los asistentes a efectos de confirmar su presencia». El fiscal pidió tomarles declaraciones testimoniales a algunos manifestantes que previamente sean identificados por la Policía Federal.

FUENTE LIBRE EXPRESION

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Un juez le otorgó la libertad condicional a Amado Boudou

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El magistrado de Ejecución Penal Ricardo Basílico determinó que el ex vicepresidente condenado por corrupción puede gozar del beneficio al haber cumplido dos tercios de su pena.

Amado Boudou puede salir en libertad condicional. El que fuera el primer vicepresidente en ejercicio de la historia en ser procesado -condenado luego- por un caso de corrupción podrá caminar por las calles sin demasiadas restricciones. Hasta hoy estaba en prisión domiciliaria y tenía una tobillera electrónica que controlaba sus movimientos.

El juez de Tribunal Oral, a cargo de la Ejecución Penal de la condena de Boudou, Ricardo Basílico, firmó la resolución por la cual el ex vice pasa a estar en libertad condicional al haber cumplido los dos tercios de la condena a cinco años y diez meses de prisión que le fue impuesta en 2018 por su participación en el caso Ciccone.

Como condición para la libertad condicional Boudou deberá cumplir con varias condiciones: no podrá salir del país sin autorización previa y no podrá mudarse sin comunicación a la autoridad judicial del domicilio que establezca a partir de hoy. En la misma resolución por la que le otorgó la libertad condicional a Boudou el juez Basílico ordenó que se desactive el sistema de monitoreo mediante la tobillera electrónica que tenía el ex vicepresidente de la Nación.

La fiscalía que interviene en el Caso Ciccone había avalado que se le otorgue la libertad condicional a Boudou tal y como lo había solicitado su defensa. Al no haber contradicción entra la fiscalía y la defensa, el juez Basílico firmó la resolución. En ella dejó sentada su posición en contra de la libertad condicional para casos de corrupción como los cometidos por Boudou.

Basílico comparó el caso de Boudou con el de José López, ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, célebre por arrojar bolsos llenos de dinero en un convento y condenado por enriquecimiento ilícito. Basílico en aquel caso también se había manifestado en contra de la libertad condicional. En la resolución el juez Basílico citó un artículo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que dice: ” …Cada Estado Parte tendrá en cuenta la gravedad de los delitos pertinentes al considerar la eventualidad de conceder la libertad anticipada o la libertad condicional a personas que hayan sido declaradas culpables de esos delitos…”. Y luego recordó que la Argentina había tomado compromisos internacionales en la lucha contra los delitos cometidos por funcionarios públicos al citar como ejemplo la Convención Interamericana contra la Corrupción adoptada por la legislación nacional.

Basílico explicó por qué, a pesar de haber cumplido el tiempo estipulado por la ley y de tener informes de conducta favorables a Boudou, se oponía a la libertad condicional: “En ese escenario, conforme lo sostuve en el legajo, considero que los hechos por los cuales Boudou fue condenado resultan de sustancial gravedad y que ello de algún modo obstaculiza la posibilidad de otorgar una libertad anticipada, de acuerdo con los compromisos internacionales que el Estado argentino suscribió para aunar los esfuerzos y poder prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas”.

En agosto de 2018, Boudou había sido condenado por el Caso Ciccone a cinco años y diez meses de prisión, inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos y una multa de $90.000 porque gente de su entorno, mientras ocupaba el Ministerio de Economía, se había quedado con la empresa privada que podía imprimir papel moneda. Fue condenado como autor de los delitos de cohecho pasivo (coimas) y negociaciones incompatibles con la función pública.

La condena por el caso Ciccone fue revisada y confirmada por la Cámara Federal de Casación. La apelación de Boudou y el resto de los imputados llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En diciembre de 2020 la Corte confirmó la condena de todos los involucrados en el caso Ciccone. La pena del ex vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner finalizaba el 1 de junio de 2024.

Boudou había conseguido una reducción de pena de once meses debido a “estímulo educativo”, un incentivo para que los presos estudien en la cárcel. Y por eso hoy quedó en libertad condicional.

FOTO TAPA WIKIPEDIA

FUENTE : INFOBAE

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