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Proponen la obligación de eliminar las escuchas que no contengan pruebas

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El diputado Valdés presentó un proyecto de ley para modificar el Código Procesal Penal, con el fin de eliminar las escuchas de conversaciones privadas realizadas en investigaciones judiciales que no contengan elementos de prueba concretos

El diputado nacional Eduardo Valdés presentó un proyecto de ley para modificar el Código Procesal Penal y obligar la eliminación de escuchas de conversaciones privadas realizadas en investigaciones judiciales que no contengan elementos concretos y explícitos de prueba.

La iniciativa del legislador oficialista dispone además que, en esos casos, no debe quedar respaldo informático ni almacenamiento del material y establece que jueces y fiscales deberán ordenar la inmediata eliminación de las conversaciones interceptadas sin relevancia penal ni vinculación con el delito investigado, sin posibilidad de dejar copias ni registro alguno.

“Queremos impedir que se repitan filtraciones de conversaciones privadas que no prueban ningún delito y luego son difundidas por los medios con el solo fin de extorsionar o dañar la imagen pública de determinados referentes políticos, sindicales y empresariales”, indicó el diputado.

El proyecto “es un golpe directo al corazón de cloaca de la democracia” y busca “resguardar el derecho humano a la privacidad, que tiene jerarquía constitucional y es sistemáticamente violentado por la grabación y difusión de conversaciones sucedidas en la intimidad”, explicó Valdés a través de un comunicado.

“El objetivo es cortar uno de los eslabones principales de la cadena del ‘lawfare’, que es el espionaje y filtración de comunicaciones con fines políticos”, reseñó el legislador, tras señalar que el “alto impacto mediático es una herramienta central para quienes buscan socavar los pilares del sistema republicano y democrático de gobierno”.

En caso de aprobarse el proyecto, los medios “ya no podrán difundir esas escuchas invocando su legalidad bajo el amparo de haber sido ordenadas por un juez, ya que, al no probar delito, debieron ser destruidas y, por ende, una eventual circulación sería indudablemente ilegal”, aclaró.

“El viejo Código Procesal Penal Nacional, aún vigente, y el nuevo Código Procesal Penal Federal, en menor medida, guardan silencio sobre el tratamiento que se le debe dar al contenido derivado de las escuchas pedidas por el Poder Judicial o el Ministerio Público Fiscal”, sostuvo Valdés.

Por último, el diputado del Frente de Todos aseguró que, con la iniciativa, se busca “cerrar uno de los resquicios que posibilitan la vulneración del derecho a la intimidad” y señaló que “la cloaca es transversal y nos hace daño a todos y todas como sociedad democrática”.

En declaraciones radiales, Valdés aseguró “no tener “ninguna duda” de que Mauricio Macri “mandó a espiar gente en 2009 y durante su presidencia”, porque “tiene la enfermedad de los que quieren saber qué hacen los adversarios y los propios”.

“No tengo ninguna duda de que quien mandaba a espiar en 2009 y después como presidente se llama Mauricio Macri. La diferencia es que ahora está la prueba en los celulares. Es la evidencia que encontró el juez Villena le allanó los domicilios a todos estos agentes que ejecutaban las órdenes que le daban de arriba”, señaló Valdés en diálogo con El Destape Radio.

En ese sentido, el diputado nacional sostuvo que Macri “mandó a espiar a Diego Santilli, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Cristina Fernández de Kirchner y el Instituto Paria”,

“Lo hacía porque tiene la enfermedad de querer saber de los adversarios y propios. Cuando a vos te pinchan el teléfono es porque quieren saber qué hablás y con quién hablás, pero cuando te investigan tus cuentas bancarias es que te quieren extorsionar”, remarcó.

Inconstitucional por varios motivos
Consultado por Clarín sobre el proyecto, el constitucionalista Félix Lonigro dijo que si el proyecto se convirtiera en ley “sería inconstitucional por varios motivos. Primero, sería una afectación seria a la libertad de expresión sin censura previa prevista en el Art. 14 de la Ley Fundamental y constituiría claramente “censura previa””.

En este sentido, la Corte “promueve el sistema de responsabilidades ulteriores al ejercicio de la libertad de expresión (Caso Campillay) y en el mismo sentido van los tratados internacionales (por ej el Pacto de San José de Costa Rica”, agregó el constitucionalista. Además, “el derecho a la intimidad no se protege en desmedro del derecho a la libertad de expresarse. En todo caso, ante la tensión de derechos y libertades constitucionales, los jueces deben evaluar en cada caso cuándo hay excesos”, dijo Lonigro.

Las escuchas, “aún sin ser autorizadas por un juez, si prueban delito no pueden ser consideradas ilegales. Y si no lo prueban, y afectan a la intimidad, podrían ser tomadas como una afectación a la intimidad, pero debatiéndolo en sede judicial”, explicó el constitucionalista.

“Si el objetivo de este diputado es proteger a la “democracia” (habla de cloaca de la democracia) justamente siendo ella un régimen caracterizado por el respeto a los derechos y libertades, debería evitar presentar proyectos como éste”, agregó Lonigro.

Y además, “el derecho a la privacidad no es absoluto (como no lo es ningún derecho), siendo menos absoluto aun cuando se trata de aseveraciones efectuadas por los dirigentes políticos sobre cuestiones relacionadas con la cosa pública o con el desempeño de sus cargos”, destacó el catedrático.

Fuentes: Eduardo Valdez, TelAm, Clarín

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UN EX MINISTRO DE NESTOR KIRCHNER EN LA CORTE. QUIEN ES HORACIO ROSATTI…

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Antes de llegar a la Corte, Rosatti fue dirigente del peronismo en Santa Fe, su provincia. Fue el segundo ministro de Justicia de Néstor Kirchner. Asumió ese cargo el 26 de julio de 2004, en reemplazo de Gustavo Beliz, y renunció cuando estaba apunto de cumplir un año al frente del ministerio. No aceptó ser candidato a diputado por Santa Fe y se fue peleado con el entonces presidente. Además, denunció irregularidades en la construcción de cárceles. “No cerraban los precios”, dijo. En aquellos tiempos, el jefe de gabinete de Kirchner era Alberto Fernández. Rosatti también fue procurador del Tesoro, convencional constituyente e intendente de Santa Fe.

En 2017, en tanto, Rosatti adhirió al fallo en el que se decidió que los nuevos jueces ingresantes al Poder Judicial tengan que pagar el Impuesto a las Ganancias, como el resto de la ciudadanía. En 2019, fue parte de la mayoría que prohibió la re-reelección de los gobernadores Sergio Casas y Alberto Weretilneck, de La Rioja y Río Negro.

Ya durante el gobierno de Alberto Fernández, quien fue su jefe de gabinete en su etapa como ministro de Justicia de Kirchner, Rosatti firmó fallos en contra del ex vicepresidente Amado Boudou, al confirmar la condena en el caso Ciccone, y otro contra la dirigente social Milagro Sala, que se encuentra con prisión domiciliaria desde 2016. Este año, en tanto, adhirió a la sentencia en la que se autorizó a la Ciudad de Buenos Aires a decidir sobre la presencialidad en el dictado de clases.

Especialmente en el caso de Sala, el Presidente consideró el fallo como un desafío a su autoridad, mientras la propia dirigente Tupac Amaru declaraba que “pareciera que gobierna la Corte Suprema” y que el gobierno de Fernández se ha mostrado “un poco blandengue”.

Cristina, en tanto, sigue sin perdonarle su salida del gobierno de Kirchner y ha sido crítica de su designación, como la de Rosenkrantz, durante el gobierno de Macri. El enojo de la vicepresidenta con la Corte no es nuevo y se ha repetido especialmente en una dura carta que difundió a finales del año pasado, en la que acusó al máximo tribunal de “encabezar y dirigir el proceso de Lawfare” en su contra.

“Esa articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores, se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación y, lo que es peor: aún continúa”, fue, textual, el cuestionamiento de CFK hacia los jueces.

Fuera de la actividad política o jurídica, Rosatti también cuenta con un extenso CV académico. Se desempeñó como docente de grado y de posgrado en varias casas de estudios en la Argentina, entre las que se destacan la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Austral, la Universidad Nacional de Rosario y Universidad Católica de Santa Fe.

Asimismo, ejerció como decano de la Facultad de Derecho en la sede santafesina de la UCA entre 1999 y 2002. Es doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales y Magíster en Evaluación de Impacto y Gestión Ambiental y, además,  autor de decenas de libros sobre derecho. También recibió el Premio Konex de Platino en Derecho Constitucional.  La Nacion.

 

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PESE A LA RESISTENCIA DE LORENZETTI Y DE HIGTON, HORACIO ROSATTI ES EL NUEVO PRESIDENTE DE LA CORTE

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Horacio Rosatti fue elegido hoy presidente de la Corte Suprema y Carlos Rosenkrantz, vicepresidente, después de horas de tensión, intrigas y discusiones entre los cinco ministros. Desde hace tiempo, la desconfianza y las operaciones cruzadas marcan el clima interno del tribunal.

La designación de Rosatti, un jurista que viene de la política, fue apoyada por su antecesor y por Juan Carlos Maqueda, pero resistida por Ricardo Lorenzetti y por Elena Highton. La presidencia de la Corte es por tres años. El nuevo mandato comienza el viernes próximo.
De acuerdo con el acta de la reunión que difundió el tribunal, no participaron del acuerdo ni Highton ni Lorenzetti. Ellos intentaron hasta último momento que Rosenkrantz aceptara ser reelecto con los votos de ellos dos. Lorenzetti, ya resignado a que no tenía los apoyos para recuperar la presidencia, prefería reeditar la fórmula Rosenkrantz-Highton antes que asistir a la asunción en el poder de Rosatti.

Lorenzetti está en su casa de Rafaela y no se conectó al Zoom; Highton se comunicó con los otros tres jueces por correo electrónico y por teléfono, solo para pedir la postergación de la reunión, que los demás no le concedieron.

Según el acta, Maqueda propuso la fórmula Rosatti-Rosenkrantz, que se impuso con el voto de ellos tres.

Lorenzetti tenía aspiraciones de volver a la presidencia, que ejerció durante casi doce años, y su regreso era alentado por distintos actores de la política. Oficialistas y opositores leyeron como una última jugada para conseguirlo el proyecto de ley del radical Emiliano Yacobitti y el macrista Cristian Ritondo, que propusieron modificar la forma de elegir al titular de la Corte: terminar con la votación interna y establecer un sistema rotativo, por orden de antigüedad. Si el objetivo buscaba volver a darle a Lorenzetti la presidencia, requería que Highton y Maqueda renunciaran a ejercerla ellos, pero Maqueda envió un mensaje que fulminó el plan. Hizo saber si el proyecto se sancionaba, él asumiría al frente del tribunal. Además, la iniciativa fue muy cuestionada por la propia oposición. Finalmente, Ritondo retiró su firma del proyecto. “Si bien resulta necesario arribar a una reglamentación que supere fricciones, pujas y disputas internas en el máximo tribunal (…), considero oportuno realizarlo a fin de año, luego de que se renueven las autoridades de la Corte”, sostuvo Ritondo en la carta que le hizo llegar al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Habrá que ver si todavía está interesado en impulsarlo. Fuente: La Nación


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Politica

OLIVOS SIGUE DE FIESTA Y COMO SIEMPRE LA PAGAMOS TODOS

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El presidente dijo hace unos días que estaba gordo. Y al parecer eso no lo preocupa demasiado ya que ordenó una millonaria compra para convertir la cocina de Olivos en restó de lujo.

«Estoy más hace más gordo porque como nos pasa a muchos de nosotros, la angustia de este tiempo la canalizo comiendo dulces», dijo el presidente Alberto Fernández en ocasión del cierre de campaña del Frente de Todos en Mar del Plata. Lo que omitió contar es que acababa de ordenar una compra de más de dos millones y medio de pesos para convertir la cocina de la residencia de Olivos en un restaurante de lujo y de última generación.

Parece que no solo los dulces y los brindis con Fabiola y sus amigos son su debilidad…

Desde arrocera para sushi a freidoras industriales pasando por el infaltable tostador carlitero, la residencia presidencial adquiere 20 equipos profesionales de gastronomía para readecuar la cocina a las necesidades de un presidente sibarita.

Y aunque ya estamos acostumbrados a que el estado suele pagar tres o cuatro veces más que en el mercado el valor de lo que compra, el punteo de los bienes elegidos supera largamente los dos millones de pesos.

Una multiprocesadora tipo licuadora y otra mixer, una máquina para procesamiento de pastas, un microondas de última generación, una vaporiera arrocera para sushi, una báscula con columna, una lunchonette térmica al estilo restaurante, y un mostrador refrigerado son algunos de los pedidos de nuestro mandatario que, a juzgar por su peso y preferencias, no tiene al hambre como una de sus preocupaciones.

Parece que el hombre que hasta llegar a la presidencia vivía en un departamento prestado, perteneciente a Enrique «Pepe» Albistur, exsecretario de Medios durante la primera gestión K y esposo de Victoria Tolosa Paz que fue ungida, ¿en concepto de alquileres atrasados?, como primera candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires y que recibiera una dura derrota en las PASO, su nueva condición de presidente le disparó un oculto interés por la buena vida, el lujo y los encuentros sociales.

Habrá que ver si cuando deje su inquilinato en Olivos de da el bolsillo para sostener semejante nivel de vida.

Por ahora…buen provecho y a cuidar los triglicéridos.

FUENTE : LIBRE EXPRESION

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