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Quién es la vicedecana de peritos de la Corte, involucrada en el informe sobre el patrimonio de los Kirchner que permitió sobreseerlos

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La mencionó el histórico contador de los Kirchner Manzanares como arrepentido. Qué decía la pericia para justificar el incremento patrimonial del 158% del ex presidente. Las irregularidades en el concurso por el que accedió al Cuerpo de Peritos Oficiales

En su primer declaración ante el fiscal Carlos Stornelli buscando convertirse en arrepentido en la causa de los cuadernos de las coimas, el histórico contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, relató que de la maniobra para manipular la pericia que terminó con el cuestionado sobreseimiento del ex matrimonio presidencial por parte de ex juez Norberto Oyarbide, participó la actual vicedecana del Cuerpo de Peritos Forenses que depende de la Corte Suprema de Justicia, María del Carmen Penedo.

Según Manzanares, fue el entonces decano del Cuerpo de Peritos Contadores, Alfredo Peralta, hoy jubilado, quien le presentó a Penedo -y según el contador-, le dijo que de ahí en adelante debía llevarle la documentación para la pericia.

Manzanares admitió ante el fiscal Stornelli que temía por el resultado del peritaje por la “falta de consistencia” y de documentación respaldatoria de algunas de las operaciones realizadas por Néstor Kirchner. En particular, las de venta en 2008 de más de una docena de propiedades a personajes de su círculo cercano, como Lázaro Báez o Rudy Ulloa. En su declaración -que aún no fue homologada por el juez Claudio Bonadio-, Manzanares reconoció que la pericia contable terminó siendo “laxa”.

Infobae accedió a ese peritaje entregado al juez Oyarbide el 17 de diciembre de 2009, firmado por Peralta, Penedo y, como perito de parte, Manzanares. Cuatro días más tarde, el magistrado dictó el polémico sobreseimiento, y a solo cuatro meses después de iniciada la pericia.

Con un lenguaje ambiguo, los peritos oficiales Peralta y Penedo habían sostenido en sus conclusiones: “En síntesis, el incremento patrimonial operado durante el año 2008 se concilia con el movimiento monetario originado en las transacciones de la que da razón la documentacion respaldatoria que se acompaña“.

Lo cierto es que la pericia hacía un análisis superficial de las declaraciones juradas de Néstor y Cristina Kirchner, sin profundizar ni confrontar los contratos, los préstamos o los alquileres declarados, varios de los cuales no estaban debidamente justificados o documentados.

Conclusiones de la pericia firmada por Penedo, Peralta y Manzanares en 2009.

Según las declaraciones juradas entregadas por el ex presidente Kirchner ante la Oficina Anticorrupcción, su crecimiento patrimonial durante el 2008, había sido del 158%. Ese fue el año que compró el Hotel Alto Calafate, través de Hotesur, por cinco millones de pesos.

Al aparecer involucrado en los cuadernos de las coimas, Oyarbide le dijo a los medios que dictó ese sobreseimiento exprés porque lo “habían sacado del cogote para sacar las causas de los Kirchner“. Posteriormente, identificó como autores las supuestas presiones a Javier Fernández y al ex espía Antonio “Jaime” Stiuso. Por sus dichos se abrió una causa judicial el año pasado, que resultó archivada.

Oyarbide cuando fue citado a declarar en agosto pasado por la causa de los cuadernos(NA)

Oyarbide cuando fue citado a declarar en agosto pasado por la causa de los cuadernos(NA)

Un concurso cuestionado

Penedo fue designada integrante del Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte Suprema el 6 de noviembre de 2007, mediante la acordada 31/2007.

Designación de Carmen Penedo en el Cuerpo de Peritos Contadores en 2007.

Su designación surgió del concurso 222/06 destinado a cubrir 12 vacantes en el Cuerpo de Peritos Contadores, sobre un total de 22 miembros, y sospechado de irregularidades. Iniciado en 2006, se demoró un año por las  impugnaciones que recibió de contadores que se habían postulado. Recién se destrabó después de las elecciones de 2007 en las que se impuso Cristina Kirchner.

Ese concurso fue una puesta en escena. Los que nos presentamos, terminamos por legitimar a los elegidos, que ya estaban acordados de antemano“, le dijo a Infobae una participante de ese proceso, reconocida profesora de la Facultad de Ciencias Económicas, que pide reserva de su nombre.

Penedo se presentó a ese concurso siendo secretaria contable del Cuerpo de Peritos Oficiales, con el padrinazgo de Peralta, que la promovió, según pudo reconstruir este medio de fuentes que participaron del proceso en ese momento.

La actual vicedecana del Cuerpo accedió al cargo luego de un examen teórico, otro práctico y una entrevista personal con el propio Peralta. “Más allá de su cargo como entonces secretaria, Penedo no tenía antecedentes académicos para acceder a ese puesto. Ni siquiera era docente en la materia. Para llegar a ser perito oficial de la Corte tenés que tener un CV que se pese por kilos, y ella no lo tenía“, afirma Alfredo Popritkin, presidente de la ONG Contadores Forenses, y él mismo ex integrante del Cuerpo del Peritos Oficiales.

De la evaluación en ese concurso participaron el mismo Peralta, como decano del Cuerpo de Peritos en ese momento; el Director General Pericial de la Corte, Hugo Edgardo Borgert; y Ricardo López Uriburu, director de la Carrera de Contador Público de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

El concurso tuvo 180 inscriptos. Tras una primera instancia de presentación de antecedentes, hubo una prueba teórica a las que se presentaron alrededor de 120 postulantes, de los cuales un 30% quedó habilitado para rendir la prueba práctica. Entre los dos exámenes, solo 14 aspirantes obtuvieron los 30 puntos mínimos para acceder a la entrevista personal. Penedo quedó 11º en el orden de mérito, según surge de la resolución de su nombramiento. Sin embargo, los puntajes obtenidos por cada postulante nunca fueron públicos y los candidatos eran convocados en forma personal por Peralta -como decano del Cuerpo- para informarlos de la nota obtenida. “Había mucha discrecionalidad y era vox pópuli que varios habían accedido de antemano a los exámenes“, sostiene una de las aspirantes que quedó en el camino, pese a tener probados antecedentes académicos y profesionales.

Auditoría de la Corte

Por las irregularidades que le detectaron a Peralta en el manejo de media docena de expedientes, la Corte dispuso el inicio de una auditoría judicial al Cuerpo de Peritos, que derivó en el desplazamiento de Peralta. El entonces decano se vio obligado a renunciar como perito el 4 de marzo de 2010.

La renuncia del perito Peralta, quien firmó junto a Penedo el peritaje en 2009.

Por el escándalo de la pericia en la causa de presunto enriquecimiento de los Kirchner, la Corte dictó ese año la acordada  1/2010 que dispuso que la distribución de causas se realice a través del sorteo informático para garantizar su transparencia. “A Peralta lo había designado Oyarbide a dedo, y a Penedo la designó Peralta, también a dedo”, recuerda Popritkin.

Penedo mantuvo su cargo como perito oficial y el 17 de octubre pasado fue designada vicedecana del cuerpo por la actual composición de la Corte, a propuesta del actual decano, Alejandro Del Acebo, por tres años. La Resolución 3119/2018 lleva la firma de todos los integrantes de la Corte:  Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti,  Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.

Penedo fue designada vicedecana del Cuerpo de Peritos en octubre de 2018

Infobae trató de comunicarse con Penedo, sin éxito. También intentó ubicarla a través de su marido, Enrique Chomczyk,  quien trabaja en el Ministerio de Cultura de la Nación, como diseñador. Según pudo averiguar este medio, estuvo contratado desde mayo de 2011 a diciembre de 2014. En enero de 2015, fue pasado a personal de planta.

Peritaje cuestionado

Consultado por Infoabe sobre el peritaje firmado por Penedo, Peralta y Manzanares en 2009 – que resultó clave en el sobreseimiento de los Kirchner por Oyarbide- Popritkin sostuvo que “la pericia y las declaraciones juradas refieren a plazos fijos en el Banco Santa Cruz, que los peritos nunca vieron y préstamos del Banco de Santa Cruz a los K, que son truchos, inexistentes, que no constataron debidamente“.

En cuanto a los alquileres cobrados, “los peritos debieron haber llamado la atención sobre los contratos. Era obvio que se trataba de ingresos falsos, provenientes de alquileres truchos, que tenían como único propósito lavar dinero, esto es, inventar ingresos falsos para generar dinero para destinar a compras e inversiones”, sostuvo el presidente de Contadores Forenses.

También advirtió que “en las declaraciones juradas aparecen deudas por $8.329.596, que esconden el acreedor. Pues ese acreedor era Austral Construcciones (la empresa de Lázaro Báez). Los peritos debieron haber señalado esa irregularidad, ya que obviamente había un vínculo llamativo, pues ese pasivo se arrastraba hacía más de un año”.

Cosa juzgada írrita

La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó el año pasado la revisión del sobreseimiento de los Kirchner en base a la doctrina de la cosa juzgada írrita, cuando hay indicios de que el proceso judicial fue fraudulento. El organismo volvió a insistir a partir de la declaración de Manzanares.

A mediados de este mes, el juez federal Ariel Lijo le envió un pedido al fiscal Eduardo Taiano para que evalúe si corresponde reabrir el expediente en el que el ex matrimonio presidencial tiene un sobreseimiento firme.

En el libro Un ensayo sobre la cosa juzgada írrita, el autor Federico Morgenstern afirma que “algo que pudo haber sido juzgado sin que se haya perseguido realmente al sujeto del delito debería considerarse como que no hubo juicio”.

Infobae

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La Oficina Anticorrupción dejará de ser querellante en otras causas de corrupción

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Félix Crous adelantó que el organismo que preside seguirá el mismo camino que tomó en los casos Hotesur y Los Sauces

Felix Crous, titular de la Oficina Anticorrupción
Felix Crous, titular de la Oficina Anticorrupción

La Oficina Anticorrupción (OA) fue noticia la semana pasada al comunicar que dejaba de ser querellante en el juicio por los casos Hotesur y Los Sauces. El anuncio generó enorme revuelo e impulsó un duro comunicado firmado por los referentes Juntos por el Cambio.

Sin embargo, pese a los cuestionamientos, el titular de la OA, Félix Crous, adelantó que el organismo que preside también renunciará a otras querellas en procesos judiciales por hechos de corrupción.

“Seguramente vamos a desistir en otros juicios e iniciaremos algunas querellas, pocas, porque tenemos como 30 y muchas están abandonadas. Es un número que no puede ser seguido por la oficina porque no tiene capacidad y muchos de esos juicios no tienen significación. Esto sucederá, vamos a ver en cuáles y cuándo, pero vamos a reducir sustancialmente ese número de querellas, anticipó el funcionario en diálogo con el programa Código F, que se emite por Radio Rivadavia.

En ese sentido, Crous destacó: “Las querellas que iniciaremos serán en aquellos casos en los cuales haya un interés superlativo en controlar el desempeño de los jueces y los fiscales. Y de inmediato apuntó que “la OA está investigando la compra de alimentos por parte del Ministerio de Desarrollo Social” e interviene también “en un juicio por lavado de activos que tiene como protagonista a Lázaro Baez“.

El Hotel Alto Calafate, propiedad de la empresa Hotesur (Foto de archivo)

El Hotel Alto Calafate, propiedad de la empresa Hotesur (Foto de archivo)

Al ser consultado sobre las razones que propiciaron la decisión de que la OA haya renunciado a los juicios por los casos de lavado de dinero conocidos como Hotesur y Los Sauces, Crous respondió: “Hay otra representación específica que es de la Unidad de Información Financiera (UIF). La regla no puede ser que la oficina sea la quinta rueda del carro”.

El Estado no tiene que querellar, para eso están los fiscales, tenemos faceta administrativa e investigación de denuncias si somos requeridos, no tenemos que ser una fiscalía”, argumentó el titular de la OA, quien apuntó que desistir de una querella es “algo rutinario” y recordó que la gestión anterior (encabezada por Laura Alonso) “tuvo 45 desistimientos de todos los calibres”.

“Nosotros pretendemos tener intervención restrictiva y ser sobrios o poco proactivos en el ejercicio de la querella”, finalizó.

FOTO TAPA . PAGINA 12

FUENTE: INFOBAE

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El Frente de Todos pidió que se investigue la denuncia de Ana María Figueroa

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Senadores y diputados nacionales del Frente de Todos se presentaron a la Justicia Federal para pedir que se investiguen los dichos de la jueza Ana María Figueroa acerca de las presuntas presiones de funcionarios del gobierno de Mauricio Macri para forzar determinadas causas, y pidieron que se la cite a declarar, así como también se investigue a Juan Bautista Mahiques, actual fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, presunto protagonista de dichas maniobras.

El escrito fue presentado por el titular del bloque del Frente de Todos de la Cámara alta, José Mayans, a quien acompañaron Mariano Recalde, Anabel Fernández Sagasti y Jorge Taiana; y nueve diputados, entre ellos, Leopoldo Moreau, Martín Soria y José Luis Gioja. Debido a la “enorme gravedad institucional del caso”, solicitaron que se habilite la feria judicial.

La magistrada, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, dio una entrevista el sábado pasado al programa Toma y Daca, de AM750, en la que se refirió a las “presiones” sufridas durante el gobierno de Cambiemos. “Aún votando de manera conjunta con colegas en algunas cuestiones más álgidas, políticamente, el ex presidente de la Nación públicamente decía que felicitaba a los otros dos jueces a pesar de las presiones que habían tenido por la jueza Figueroa, y habíamos votado los tres igual, por ejemplo”, dijo en la entrevista.

También reveló que apenas asumió Macri “me preguntaron cuánto iba a demorar en sacar un fallo, cosa que no me había pasado nunca en Casación”, y que reclamó no volver a tener esa clase de pedidos.  “No lo hicieron más personalmente, a través del poder político, pero sí lo hacían con títulos de diario”, añadió, y apuntó a un funcionario “por debajo del ministro (Germán) Garavano”, quien la presionaba por el Memorándum con Irán. El funcionario habría sido Mahiques.

En el texto presentado hoy, los diputados y senadores resaltan que a partir de la asunción de Macri en 2015 “fueron desplegadas, desde distintos estamentos oficiales y sectores afines, diferentes maniobras destinadas a interferir sobre el normal funcionamiento del Poder Judicial de la Nación y direccionar el trámite de causas que le resultaban funcionales a sus intereses políticos”, y que esas maniobras fueron “planificadas, dirigidas y ejecutadas desde una denominada Mesa Judicial” integrada  “nada más ni nada menos que por el ex Presidente de la Nación, funcionarios de su gobierno y operadores judiciales”, entre los que mencionan al ex ministro de Justicia Germán Garavano; el ex secretario de Asuntos Penitenciarios, al subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y, a la vez, representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, Dr. Juan Bautista Mahiques; el ex titular de la AFI, Gustavo Arribas; los ex secretarios de Estado José Torello y Pablo Clusellas; el ex Procurador del Tesoro de la Nación Bernardo Saravia Frías y los abogados Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y Daniel Angelici.

“Como puede advertirse, las manifestaciones de la jueza Figueroa revisten una gravedad inusitada”, apuntan lo legisladores. “Lisa y llanamente, una magistrada que integra el máximo tribunal penal federal del país reconoció que, durante los últimos cuatro años, no solo ella, sino también muchos otros colegas, sufrieron presiones por parte de miembros del Poder Ejecutivo de la Nación e integrantes de servicios -aparentemente de inteligencia-, quienes se arrogaron ilícitamente la potestad de ‘direccionar qué sentencias tienen que darse y con qué sentido o con qué dosificación de pena, etcétera'”.

La denuncia también subraya que, si bien la jueza se refirió al caso del Memorándum, “lo cierto es que la nombrada magistrada da cuenta de un modus operandi y ratifica que se desarrolló en forma sistemática sobre un grupo por ahora indeterminado de magistrados que tenían a su cargo causas de interés político”.

El escrito señala que se podría estar frente a una asociación ilícita agravada, amenazas coactivas agravadas, abuso de autoridad y tráfico de influencias. Y pide la declaración testimonial de la jueza Figueroa, así como el registro de las llamadas telefónicas de Juan Bautista Mahiques durante los cuatro años de gobierno de Macri. Además, se solicitan “los registros fílmicos, las imágenes, los libros de ingreso y egreso y cualquier otra constancia” que permita saber si entre diciembre de 2015 y diciembre 2019 jueces y fiscales estuvieron en la Casa Rosada, la AFI, el ministerio de Justicia o la Quinta de Olivos.

FUENTE : PAGINA 12

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Presentaron un proyecto para agilizar los juicios políticos a los jueces que liberaron presos

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La iniciativa es de Juntos por el Cambio en el senado bonaerense con la idea de activar el funcionamiento de los Jurados de Enjuiciamiento a Magistrados a través del sistema de videoconferencias, hoy paralizados por la cuarentena

Un grupo de detenidos en la cárcel de Devoto

Un grupo de detenidos en la cárcel de Devoto

En el marco de las excarcelaciones masivas que se registraron en los diferentes departamentos judiciales de la Provincia, el bloque de Juntos por el Cambio en el Senado bonaerense busca activar el funcionamiento de los Jurados de Enjuiciamiento a Magistrados a través del sistema de videoconferencias, hoy paralizados por el aislamiento social dispuesto por el gobierno nacional y provincial en el marco de la pandemia del Covid-19.

La semana pasada, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, anunciaba que instruiría a la oficina de Atención a las Víctimas, creada por ley en el ámbito del Congreso, para que que le dé impulso a juicio político a los jueces que procedan a la liberación de delincuentes sin darle vista, previamente, a las víctimas.

“Aquellos jueces que no den vista a la parte, a la victima del delito y que procedan a la liberación de delincuentes, van a ser pasibles de inicio de juicio político por parte del cuerpo de abogados de la Oficina de Victima del Congreso”, aseguraba el diputado en declaraciones a Radio La Red.

Los presos de Devoto, durante un motín en el techo que tuvo lugar la semana pasada (Franco Fafasuli)

Los presos de Devoto, durante un motín en el techo que tuvo lugar la semana pasada (Franco Fafasuli)

Hoy, el sistema de enjuiciamiento previsto por la ley está suspendido por la pandemia ya que en su reglamento no se prevén las sesiones virtuales. “El Consejo de la Magistratura, la Cámara de Diputados y Senadores, o la misma Suprema Corte de Justicia, son ámbitos institucionales que están funcionando a través de las nuevas tecnologías. Pretendemos que con el sistema de enjuiciamiento ocurra lo mismo porque la situación que se está viviendo por la liberación de presos es muy delicada”, remarcó Juan Pablo Allan, autor de a iniciativa junto a Nidia Moirano.

Lo que está pasando es que muchos familiares o las propias víctimas realizan denuncias contra los jueces que sacan a presos de manera indiscriminada, pero esas denuncian no llegan a nada porque no está funcionando el sistema de enjuiciamiento. Debemos avanzar en ese sentido”, agregó.

En este marco, un pedido de juicio político contra el juez de Ejecución Penal de Bahía Blanca Claudio Brun, acusado por presunto mal desempeño de sus funciones, fue presentado formalmente en las últimas horas por la abogada María Fernanda Petersen, con el respaldo del Observatorio de la Víctima de Delitos que depende de la Cámara de Diputados.

Se trata del magistrado que había concedido el beneficio de arresto domiciliario un hombre que, en 2015, había sido condenado a siete años de prisión por el abuso sexual a una menor con retraso madurativo, y que, durante el último fin de semana, tras el rechazo que cosechó su resolución, dispuso que volviera al penal en el que se encontraba alojado.

El pedido de juicio político en su contra fue presentado anoche ante el Consejo de la Magistratura bonaerense y se constituyó en la primera que realizará el Observatorio, que funciona en la órbita del Congreso y cuenta con el respaldo de Massa. El planteo se formalizó en representación de G.N.S., una adolescente discapacitada que en 2008 fue abusada sexualmente, con acceso carnal, por un hombre que fue sentenciado a cárcel, informaron fuentes parlamentarias.

Juan Pablo Allan, senador provincial de Juntos por el Cambio

Juan Pablo Allan, senador provincial de Juntos por el Cambio

Voceros parlamentarios señalaron que pedirán la suspensión preventiva del juez mientras se sustancia la investigación sobre su conducta en el Consejo de la Magistratura.

La presentación, a la que accedió Télam, le adjudica al magistrado haber incumplido sus funciones al “omitir notificar y oír a la víctima antes del resolver que un condenado por violación de una menor sea trasladado a su casa con prisión domiciliaria” y que la familia de la chica “se enteró por los medios”.

A través del escrito, la abogada especificó que Brun “violó el artículo 5 de la Ley Nacional de Víctimas que se aplica en todo el país al ser de orden público” y que por tratarse “de un abuso a una joven, también se violó la ley 26.485 de “Protección Integral de las Mujeres”.

Asimismo, afirma que el juez omitió notificar y oír a la víctima antes de resolver que un condenado por violación de una menor sea trasladado a su casa con prisión domiciliaria, no se constituyó en el penal ni tomó contacto real con la situación y sólo dispuso su traslado a su domicilio.

Es preciso destacar que de la propia resolución surge a todas luces que no se encuentra controlado por el sistema de monitoreo electrónico hasta tanto no finalice el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno nacional, lo que pone en un situación de peligro y gravedad a la víctima”, precisa el escrito.

En la presentación, la abogada afirma que “existe una clara violación de los deberes propios a su cargo, puesto que el magistrado no ha realizado una aplicación razonada del derecho vigente a las circunstancias comprobadas en la causa”.

Los impulsores de la denuncia adelantaron que se espera que todas las víctimas, abogados y colectivos de víctimas tengan un modelo simple y bien fundado que les permita seguir el Leading Case (el caso líder o testigo) y hacer las presentaciones en cada caso donde se hayan operado libertades y beneficios irregulares.

FOTO TAPA : PAGINA 12

FUENTE : INFOBAE

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