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Sociedad

Quiénes son la jueza y la fiscal que liberaron a un motochorro colombiano luego de pagar 700 pesos

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El ladrón ingresó al país sin papeles hace tres meses y se le comprobó el delito en el momento, pero quedó en libertad. Estuvo solo 48 horas detenido
La jueza Patricia Susana Guichandut de Cridetti (Gentileza Los Andes)

El martes de la semana pasada, una joven de 18 años fue asaltada por un motochorro que le robó su teléfono celular cuando esperaba para cruzar el semáforo en avenida La Plata al 100, en Almagro. Efectivos de la Comisaría Vecinal 5A de la Policía de la Ciudad, que se encontraban recorriendo el barrio, fueron alertados por la víctima y otros testigos del robo e iniciaron una persecución que duró poco: a las pocas cuadras, el conductor de la moto hizo una mala maniobra y chocó contra un auto; al inspeccionarlo, los policías encontraron el celular robado entre su ropa.

El ladrón fue identificado como Jair Stevens Jurado Mora, de 24 años. Es de nacionalidad colombiana, llegó al país hace tres meses, aún no tramitó su residencia y cuenta con antecedentes penales: fue condenado en 2011 por “hurto calificado agravado”; en 2016 le abrieron una causa por violencia intrafamiliar; y en 2017 lo sentenciaron por tráfico de armas en su país.

Por orden de la Fiscalía Criminal y Correccional Nº 54, a cargo de Dora Olivieri, fue trasladado a la alcaidía de la Comisaría Vecinal 5A e imputado por “tentativa de robo arrebato modalidad motochorro”. Al día siguiente, el Juzgado Nacional en lo Criminal en lo Correccional N° 62, a cargo de Patricia Susana Guichandut, inició la causa contra Jurado Mora por “robo en grado de tentativa” y le concedió una “probation” tras el pago de 700 pesos.

Jurado Mora recuperó su libertad 48 horas después. La Justicia le impuso cumplir como condición “abstenerse de consumir estupefacientes y/o abusar de bebidas alcohólicas“, regularizar su situación en Migraciones y aceptar ese pago de 700 pesos en concepto de “reparación del daño” a la víctima.

El motochorro colombiano al momento de ser detenido

El motochorro colombiano al momento de ser detenido

La jueza Patricia Susana Guichandut fue nominada para ocupar su cargo al frente del juzgado nacional en lo correccional Nº13 de la Capital Federal en 2005, por el entonces presidente Néstor Kirchner y su ministro de Justicia, el actual miembro de la Corte Suprema Horacio Rosatti.

Entre otras causas tuvo a su cargo el desalojo del asentamiento en el circuito KDT, y encabezó el tribunal unipersonal en el juicio contra Luis D’Elía por el delito de “lesiones en riña” contra el ruralista e integrante de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú Alejandro Gahan, en marzo de 2008. El dirigente social fue condenado a cuatro días de prisión, pero en esa oportunidad no fue a la cárcel.

También estuvo al frente de la investigación del crimen de un automovilista en un peaje de la autopista Illia a manos de un cabo de la prefectura.

La fiscal Dora Nancy Olivieri, en tanto, fue designada en abril de 2018 por el entonces procurador Eduardo Casal al frente de la Fiscalía Nacional N°54 en lo Criminal y Correccional. Entre otros casos, llevó la investigación a raíz de la muerte de la periodista y legisladora porteña Débora Pérez Volpin.

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CUESTIONAMIENTOS

Consultado por Infobae, el abogado Alejandro Fargosi afirmó que los delincuentes de otras nacionalidades llegan al país “por la blandura de los jueces”. “Se convierte al tema de la seguridad en una cuestión económica, hay jueces que con la misma ley podrían condenarlos pero eximen al delincuente”, amplió.

Diana Cohen Agrest, filósofa e investigadora -cuyo hijo fue asesinado al intentar defender a un amigo de un robo en Caballito – también se refirió a esta situación en las redes. “Con los resarcimientos dinerarios, se está aplicando el Código Penal no sancionado. Es la prueba del futuro que nos espera: delincuentes con prontuario en la calle por el valor de 2 pizzas”, señaló.

Por otro lado, y también consultado por este medio, el ex juez Eduardo Gerome afirmó: “Si se trata de un extranjero que no tiene arraigo, que no tiene medios de vida, que se sabe que vino a delinquir, porque tenía antecedentes en Colombia, y a los tres meses de llegar está delinquiendo, no puede tener beneficios; los jueces no le pueden dar beneficios porque están actuando en contra de los intereses de la sociedad”.

“No creo que estén dadas las condiciones para otorgarle la probation ni para dejarlo en libertad porque es un individuo peligroso, no hay que hacer una aplicación de la ley automatizada”, amplió.

La jueza Guichandaut fue nombrada en 2005 (Gentileza Luis Amieva / La Capital)
La jueza Guichandaut fue nombrada en 2005 (Gentileza Luis Amieva / La Capital

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Sociedad

Espionaje: Daniel Santoro advierte que su indagatoria lleva a la criminalización del periodismo

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El periodista Daniel Santoro fue llamado a indagatoria en la causa que investiga una mega red de espionaje ilegal. De este modo, deberá comparecer en Dolores el martes 25 de junio a las once de la mañana. El juez Alejo Ramos Padilla consideró que “se ha corroborado ‘prima facie’ no sólo el vínculo de conocimiento y confianza que mantenía con Marcelo D´Alessio, sino su participación y su aporte en las actividades ilegales que llevaba adelante la organización delictiva investigada”. Santoro hizo su descargo

El periodista del diario Clarín Daniel Santoro negó hoy haber participado de “actividades de espionaje ilegal y extorsiones”, y opinó que la citación que le hizo el juez federal de Dolores en la causa que investiga el Caso D’Alessio implica “un paso hacia la criminalización del periodismo”.

“Niego terminantemente haber participado de actividades de espionaje ilegal. Mi llamado a indagatoria supone un paso hacia la criminalización del ejercicio del periodismo por una maniobra de ex funcionarios y empresarios Kirchnerista”, sostuvo Santoro en un escrito que hizo público luego del llamado a indagatoria que le hizo el juez Alejo Ramos Padilla.

El juez citó a indagatoria al periodista de Clarín porque lo acusa de haber participado de una red de extorsiones y espionaje ilegal, por la cual está preso el falso abogado Marcelo D’Alessio; Santoro deberá presentarse en los tribunales de Dolores el próximo 25 de junio a las 11.

“Mi indagatoria había sido solicitada al juzgado de Dolores por el ‘productor agropecuario’ Pedro Etchebest y el empresario Kirchnerista Mario Cifuentes, entre otros, luego de una organizada presentación en cadena de ex funcionarios Kirchnerista, encabezada por el ex secretario de Coordinación del ministerio de Planificación, Roberto Baratta”, detalló el periodista en su descargo.

Para Santoro, el juzgado de Dolores se hizo “eco de una maniobra que busca callar mis investigaciones sobre corrupción”. En el escrito, además, advirtió que habían empezado a investigar su celular, “pese a fallos de la Cámara Federal porteña que habían incluido las comunicaciones del periodista dentro del secreto profesional consagrado por la Constitución Nacional, lo que significa -asegura el periodista- otra violación de mis derechos”.

Santoro puso de relieve que no coercionó a un ex directivo de Pdvsa, ni tampoco al empresario Mario Cifuentes, y que para definir la autoría de su último libro -“El Mecanismo”- bastaba con pedir el contrato a la editorial.

El juez lo acusa de haber escrito ese libro en forma conjunta con D’Alessio quien, según Santoro, solo aparece en un capítulo “entrevistado on the record”. Agrega que “sus dichos fueron confrontados por dos ex funcionarios de Enarsa”.

En el texto de su descargo, Santoro aclaró que D’Alessio, a “quien creía abogado penalista experto en narcotráfico”, es una de las 100 fuentes que tiene -entre jueces, fiscales y abogados- porque desde 1995 cubre temas vinculados a la Justicia, y recalca que solo lo consultó como fuente en “cuatro o cinco de los temas que investigo”.

Por otro lado, Santoro dijo que no mandó un mensaje mafioso ni participó de una “coerción contra el empresario y dueño de la empresa OPS, Mario Cifuentes” y que sus notas sobre el empresario “están basadas en una investigación que realizó, primero, el diario Río Negro, luego el diario La Nación, y yo continúe en el diario Clarín”, detalló.
Fuente: Agencia TelAm

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Sociedad

Derecho a la comunicación para todos y todas

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Los grupos hegemónicos se victimizan, incumplen las leyes, pero logran más poder y hacen que el Estado los subsidie y que todos paguemos sus malos negocios

Por: Miguel Rodriguez Villafañe

La libertad de expresión debe garantizar el derecho a la comunicación para todos, de manera inclusiva, porque es un derecho humano esencial. En función de ello no cabe el condicionamiento tecnológico-comunicativo para acceder a frecuencias de radio y TV y menos reservarlas sólo para los que detentan fines comerciales. Resulta necesario, en consecuencia, que se busque asegurar condiciones estructurales que contribuyan a la expresión de las ideas sin discriminaciones y menos dependiendo sólo de la lógica de los mercados.

También el derecho a la libertad de expresión igualitaria debe garantizarse territorialmente, para que cada persona o pueblo en su ubicación espacial tenga la posibilidad de hacer conocer lo que piensa o hace, en el derecho a desarrollar su presencia, de lo contrario se afecta gravemente la autonomía comunicacional. Las personas y los pueblos se pueden realizar integralmente cuando logran hacer conocer lo que piensan y sienten. Ello involucra al verdadero federalismo.

Todo ello es garantizado, en gran medida, por los medios sin fines de lucro: cooperativos, mutuales, comunitarios, alternativos, populares, universitarios, gremiales y de los pueblos originarios. También los medios comerciales que no pertenecen a los grupos hegemónicos concentrados en Buenos Aires.

Aquella lucha
Esta problemática fue central en la lucha por una nueva ley de comunicación para la democracia. Una norma que también trató de evitar que los medios sean controlados por un reducido número de empresas. La pluralidad de voces es esencial para el funcionamiento de la democracia.

En la pelea por la norma que reflejó los principios antes desarrollados, fue fundamental el papel que cumplió la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ella impulsó la ley y puso en juego su gobierno, su persona y su familia y aún hoy sigue sufriendo de la persecución de los medios hegemónicos y la imposición de un discurso único en contra de ella.

Llama la atención entonces, que el precandidato presidencial Alberto Fernández, compañero de fórmula de Cristina, en una entrevista que le hiciera el periodista Martín Piqué para el diario “Tiempo Argentino” haya sostenido, que “en la sociedad moderna los medios son negocios. Ese fue uno de los errores de la Ley de Medios (SIC). No se puede dejar en manos de una entidad sin fines de lucro un proyecto comercial (…), la realidad es que esa ONG, o esa universidad no tiene capacidad de competir con una sociedad anónima que pone una torta de dinero para traccionar personas y audiencias”.

Lo afirmado por Alberto Fernández responde a un pensamiento que subordina la comunicación a una cuestión de mercado y niega la presencia de otras voces que no sean la de los grandes capitales mediáticos. Aún más, resultan erróneas en un contexto en el que el gobierno de Mauricio Macri mutiló ilegalmente mucho de la esencia de la ley 22.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, privilegió la concentración y distribuyó la pauta publicitaria entre los grandes medios.

Una cautelar

Por su parte, la jueza Rita María Ailan, del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°6, con fecha del 23 de mayo último dispuso, como “medida cautelar interina la suspensión de los efectos de las Resoluciones de la AFIP” por grandes deudas. La medida había sido solicitada por las empresas dueñas de los diarios Clarín y La Nación. De acuerdo a la resolución judicial, ambas firmas sostuvieron, que “la ejecución forzosa de la deuda las colocaría en una situación de iliquidez que podría impedir la edición y distribución de sus productos periodísticos, afectándose así la actividad periodística”.

Mientras tanto, a las radios sin fines de lucro, no obstante es obligación legal, no se les pagan los dineros adeudados del Fondo de Fomento Concursable de Comunicación Audiovisual (FoMeCA) para proyectos aprobados del año 2015. Estos dineros provienen de los gravámenes y multas por incumplimiento de la ley, no salen del presupuesto nacional y para obtenerlos hay que presentar proyectos que se evalúan y deben ser aprobados, los que han quedado sin los aportes que les corresponde. Además, no se les pauta publicidad oficial.

A su vez, el gobierno le ha garantizado al Grupo Clarín no solo el privilegio de tener la palabra única en la información sino también el manejo de la conectividad, al permitir la fusión con la empresa telefónica Telecom. Hay que aclarar que la conectividad, es decir la posibilidad de contar con servicios de ancho de banda y otros propios de la comunicación actual, son fundamentales para las radios y TV, como el papel para los medios gráficos.

Ni derecho a la protesta
La Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N°12 de la Ciudad de Buenos Aires abrió una causa judicial contra los comunicadores populares y dirigentes sociales y políticos que participaron pacíficamente el pasado 17 de diciembre, de una manifestación ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) y luego en Canal 13, para que se incluya a las televisoras comunitarias en la grilla de cable como corresponde. A la protesta legítima de los medios no comerciales se la sanciona.

Los grupos hegemónicos no cumplen las leyes, se victimizan, pero logran más poder monopólico y hacen que el Estado los subsidie y que todos paguemos sus malos negocios. Pero cuando se pide que se potencien los medios públicos y garanticen la democratización de la palabra en medios sin fines de lucro, se lo plantea como deficitario, contrario a la responsabilidad estatal. Inaceptable.
*Exjuez Federal. Abogado constitucionalista
Fuente: Agencia de Noticias Solidarias

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Sociedad

“La Supervalla”: el elemento sorpresa que utilizó Prefectura para evitar que los manifestantes suban al Puente Pueyrredón

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Las fuerzas federales además de formar el tradicional cordón de prevención, en esta oportunidad instalaron una estructura metálica, un vallado hidráulico, que se utilizó en el operativo del G20 en diciembre pasado, para impedir que los manifestantes puedan subir a los carriles de acceso a la Ciudad de Buenos Aires

Con apoyo de la Policía Federal, la guardia de Infantería de Prefectura Naval Argentina evita así que los activistas apostados sobre la Avenida Mitre crucen a la Capital Federal por ese acceso de zona sur. Los automovilistas que circulan por avenida Pavón lo pueden hacer sin inconvenientes.

La Supervalla evita el cara a cara entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes

La Supervalla evita el cara a cara entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes

Este innovador dispositivo antidisturbios se utilizó por segunda vez durante el operativo montado en la zona de la Plaza Congreso para la apertura de las sesiones ordinarias del Parlamento.

El caminó que transporta la Supervalla (fotos. Matias Baglietto)

El caminó que transporta la Supervalla (fotos. Matias Baglietto)

Además, desde el Ministerio de Seguridad dispusieron la instalación de un camión hidrante de manera preventiva.

El piquete sobre el Puente Pueyrredón comenzó antes de lo previsto. Según sus organizadores, el corte se extenderá hasta las 11. Luego tendrán un acto central, a las 12 horas, en el Obelisco.

Sin vuelos, subtes, trenes, colectivos, puertos ni transporte marítimo, se garantizará la efectividad de este quinto paro contra Macri, ya que anunció su adhesión la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte.

Además no habrá atención al público por parte de bancos y oficinas estatales. Tampoco se dictarán clases en los establecimientos públicos, mientras que los privados se verán condicionados por la adhesión de varios docentes que pertenecen a los gremios que se sumaron al paro.

Por su parte en los hospitales solo funcionarán los servicios de guardia y de urgencias.

El camión que transporta la Supervalla se vio por primera vez durante el operativo de seguridad del G20 (foto de archivo. Franco Fafasuli)

El camión que transporta la Supervalla se vio por primera vez durante el operativo de seguridad del G20 (foto de archivo. Franco Fafasuli)

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