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El ex ministro de Planificación Julio De Vido, su mano derecha Roberto Baratta y el empresario Lázaro Báez se entusiasmaron con la decisión de la Comisión de poner en práctica nuevos límites a la aplicación de la prisión preventiva, en el marco de la aplicación progresiva del Código Procesal Penal que ya se encuentra en vigencia en el norte del país. Pero también lo hicieron miles de detenidos por causas por delitos que no están vinculados a la corrupción porque seis de diez detenidos en las cárceles federales están con prisión preventiva, y arrestados en expedientes de lesa humanidad.
Es que la resolución dispone la aplicación de once artículos del nuevo Código, algunos de ellos vinculados a las detenciones de los imputados sin condena firme. Según determinó la Comisión Bicameral de Seguimiento y Aplicación del nuevo Código Procesal Penal, antes de dictar una prisión preventiva los jueces deberán tener en cuenta si el imputado tiene arraigo, si tiene facilidades para abandonar el país o permanecer oculto, la circunstancias y naturaleza del delito que enfrenta, la pena que podría caberle o el comportamiento que tuvo el sujeto durante el proceso. Y también fijar razones fundadas sobre cuál sería el entorpecimiento de la investigación. Solo después de considerar cada una de esas circunstancias y no encontrar otra alternativa menos perjudicial, una persona deberá ser detenida.
En las últimas horas, la decisión de poner en práctica este aspecto del Código Procesal disparó la atención de jueces, fiscales y defensores en los tribunales de Comodoro Py 2002, el lugar desde donde se ordenaron las prisiones preventivas que desataron las críticas del presidente electo Alberto Fernández. Es que algunos se preguntaban qué implicaría esa iniciativa en sus causas de corrupción. “¿Se va a venir una ola de liberaciones? Si ya casi no hay más detenidos”, ironizó una fuente consultada por Infobae.
Las miradas sobre las consecuencias de esta reglamentación están divididas. Algunos vaticinan que se vendrá un escenario con lluvia de planteos de excarcelaciones o morigeraciones de la pena. Sin embargo, no todos están convencidos que esas consecuencias y plantean que siguen vigentes los mismos riesgos procesales que llevaron a detenerlos. En ese sentido, sostienen que la decisión de aplicar el nuevo Código lo único que hace es obligar a una fundamentación mejor a la hora de evaluar cada detención. “Lo que se tendría que hacer siempre, pero algunos no siempre hacen”, disparan.
“Hay que analizar cada caso en particular –subraya un juez- Lo que está claro es que ahora habrá criterios normativos a la hora de dictar una prisión preventiva”. “Hay un nuevo sistema de medidas de coerción. Son muchas, la prisión preventiva es solo una”, resaltaron. En lo que todos coinciden en que esta forma de reglamentar la detenciones derivará en un criterio menos discrecional de como se viene aplicando hasta ahora.
La saga de detenciones a referentes k -como Ricardo Jaime o Lázaro Báez- comenzó a principios de 2016. Se profundizó en la segunda parte de 2017 con el arresto de De Vido, la aprehensión de Amado Boudou en piyama; las órdenes de detención por el caso Memorándum, con Cristina Kirchner recibiendo su primer pedido de desafuero, y las capturas del primo del fallecido ex presidente Carlos Kirchner y los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa por maniobras financieras.
A mediados de 2018 la causa de los cuadernos desplegó decenas de detenciones para ex funcionarios y empresarios, algunos de los cuales lograron salir en libertad pactando convertirse en arrepentidos. Pero la revisión de la Cámara Federal, primero con los empresarios a los que sacaron de la asociación ilícita de cuadernos y luego aceptando arrestos domiciliarios o excarcelaciones, fue depurando las celdas del pabellón para arrestados por corrupción en la causa por las anotaciones de Oscar Centeno.
También se ordenó la excarcelación de Carlos Kirchner por disposición del Tribunal Oral Federal 2, que lleva adelante el juicio oral por la obra pública, pese a que el primo de Néstor Kirchner aún no había cumplido los dos años de detención. Otro de los que logró ser excarcelado fue el ex jefe de Quebracho Fernando Esteche, arrestado por la causa del Memorándum con Irán.
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Tal como publicó Infobae en setiembre, de 79 políticos y empresarios que llegaron a estar presos hoy son apenas 13, en causas vinculadas a la corrupción. Son Julio De Vido, Roberto Baratta, José López, Lázaro Báez junto a su hijo Martín, Jorge Chueco yDaniel Pérez Gadín, Oscar “Caballo” Suárez, Claudio “Mono” Minnicelli, Atanasio Pérez Osuna, Oscar Thomas, el abogado Miguel Angel Plo y su yerno Federico Zupicich. Pero hay diferentes escenarios para esos detenidos:
- algunos nunca fueron a juicio (como el caso de Baratta, Thomas, Plo y Zupicich)
- otros están con prisión preventiva pero con arrestos domiciliarios (Thomas, Plo y Zupicich)
- están los que fueron condenados pero no están arrestados por esa sentencia (Julio De Vido está condenado por la tragedia de Once, pero está preso por el caso de los cuadernos y Río Turbio).
- Hay algunos están siendo juzgados a la espera de veredicto en debates orales en marcha (Lázaro y Martín Báez, Chueco y Pérez Gadín por la ruta del dinero o el “Caballo” Suárez acusado de asociación ilícita)
- Un último grupo está condenado pero como la sentencia en su contra no está firme porque no fue revisada por Casación y por lo tanto se encuentran bajo prisión preventiva (allí están José López, condenado a seis años por enriquecimiento ilícito y arrepentido en la causa de los cuadernos; o el ex intendente de Río Turbio Pérez Osuna, sentenciado a cuatro años por una malversación a raíz de la construcción de una avenida en las afueras de la mina santacruceña)
Hay otros detenidos en las cárceles que ya no tienen prisión preventiva porque sus sentencias fueron revisadas y confirmadas. Ahí se inscriben el caso de Jaime, que fue arrestado en abril pasado por la causa de los trenes chatarra pero estando en prisión comenzó a cumplir la condena por la tragedia de Once.
O el ex vicepresidente Boudou, que tuvo idas y vueltas en la cárcel. Se le aplicó una prisión preventiva en noviembre de 2017 en base a supuestos de un poder residual, pero la Cámara Federal ordenó excarcelarlo en enero de 2018. En agosto, sin embargo, volvió a ser detenido apenas escuchó la sentencia a 5 años y 10 meses de prisión que le dieron por el caso Ciccone. También arrestaron a su amigo José María Núñez Carmona. En diciembre de 2018, el Tribunal que lo condenó -con otra composición- aceptó excarcelarlos porque la condena no estaba firme. Pero en febrero volvieron a arrestarlos. Hace unos días, la defensa consiguió que se contabilicen los primeros dos meses en que estuvo arrestado a cuenta de la ejecución de su pena.
Lo que está claro es que el debate sobre las prisiones preventivas se disparó a raíz de las detenciones de distintos funcionarios y personajes de la política, pero la mayoría de las cárceles están repletas de detenidos en causas comunes también bajo preventivas. En marzo pasado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación declaró la “emergencia en materia penitenciaria” por tres años y creó una “comisión” especial para elaborar políticas que puedan resolver el “déficit habitacional” en las prisiones federales, “mejorar las condiciones de privación de la libertad” e implementar “medidas alternativas” al encarcelamiento.
En ese sentido, los más optimistas apuestan a que la aplicación del nuevo sistema obligará abreviar los tiempos en el proceso judicial y por lo tanto el de las detenciones de imputados sobre los cuales no pesa una condena.
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