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REACTIVAN UNA CAUSA CONTRA CRISTÓBAL LÓPEZ POR OTRO DESVÍO DE FONDOS PARA SUS EMPRESAS

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Lo acusan junto a su socio Fabián De Sousa de realizar una maniobra similar a la del caso Oil, por la que fue condenado Ricardo Echegaray

Sólo días después de que un tribunal oral condenó al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, por causarle un perjuicio al Estado al permitirles un lucro indebido a Cristóbal López y Fabián de Sousa, la Justicia reactivó otra investigación que podría complicar a esos empresarios.

El juez federal Sebastián Casanello ordenó una serie de medidas tendientes a determinar si López y De Sousa cometieron algún delito contra las arcas públicas con el manejo de las autopistas Riccheri y Ezeiza – Cañuelas, con la supuesta complicidad del entonces titular del Órgano Contralor de las Concesiones Viales (Occovi), Gustavo Gentili.

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Casanello adoptó esas medidas a pesar de un dictamen del fiscal Federico Delgado, quien se basó en un peritaje contable para concluir que no se había logrado verificar “mínimamente” la hipótesis delictiva y propuso el cierre de la causa.

Para Casanello, sin embargo, “la investigación luce incompleta, por lo que su cierre sería precipitado e incorrecto”, según explicó en una resolución que firmó poco antes de comenzar la feria judicial de verano, y recordó que el fiscal Delgado no solicitó el sobreseimiento de López y De Sousa. Por eso, concluyó, debía disponer nuevas medidas “para averiguar la verdad”.

Para López y De Sousa, la decisión judicial significó un traspié en sus planes. Confiaban en ser sobreseídos tras el dictamen de Delgado. Pero Casanello le ordenó a Vialidad Nacional –y en particular a su Unidad de Ética y Transparencia- que le envíe “urgente” todas sus actuaciones vinculadas desde 2009 a Aecsa, de Autopistas del Sol –en la que tenían participación accionaria los Macri- y de las firmas Sycic SA, Iecsa y Consular Consultores Argentinos Asociados SA.

Fabián de Sousa durante la conferencia de prensa luego del fallo por la Causa Oil
Fabián de Sousa durante la conferencia de prensa luego del fallo por la Causa Oil
Enrique García Medina

Cada una de esas sociedades y empresas arrastran ya serios problemas en la Justicia, con investigaciones avanzadas por presuntos casos de corrupción o delitos económicos, incluso en el Juzgado a cargo de Casanello.

Así, por ejemplo, Iecsa quedó bajo la lupa en la llamada “causa Vialidad” y en el capítulo argentino del Lava Jato por los sobornos que ejecutivos de Odebrecht le adjudicaron a sus entonces máximos responsables, Ángelo Calcaterra y Javier Sánchez Caballero. También, porque empleó a Laura Andino, esposa de Gentili.

Ambos, Gentili y Andino, se encuentran con procesamientos dispuestos por Casanello y confirmados por la Cámara Federal por las presuntas negociaciones incompatibles con la función pública que desarrollaron durante el kirchnerismo y por lavado del dinero que durante años recaudó la pareja a través de Consular entre las concesionarias que debía controlar.

UN AJUSTE IMPROVISADO FRENTE A LA BOMBA DE TIEMPO

La investigación sobre Aecsa, en particular, comenzó en septiembre de 2017, cuando el entonces titular de Vialidad Nacional durante el macrismo, Javier Iguacel, denunció que la empresa a cargo de la concesión de la autopista Ricchieri – Ezeiza se habría apropiado de los Recursos de Asignación Específica (RAE), por cientos de millones de pesos, para destinarlo hacia otras empresas del Grupo Indalo.

De verificarse esa operatoria, mostraría una notable semejanza con las prácticas empresariales que López y De Sousa desarrollaron en la petrolera Oil Combustibles y que fue centro del debate durante el juicio oral con el Impuesto a los Combustibles Líquidos, y que llevó a Echegaray a recibir su primera condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Desde el Grupo Indalo negaron todo ilícito en la firma Aecsa. Por el contrario, replican que el gobierno de Mauricio Macri los asfixió para apropiarse de la concesión vial, y que el entonces ministro de Transporte y Obras Públicas, Guillermo Dietrich; y el ex titular de Vialidad, Javier Iguacel; participaron de las maniobras para desarmar el holding.

Apoyado en un peritaje contable, el fiscal Delgado dejó clara su posición en relación a la denuncia contra Aecsa, en línea con las defensas. “No habría existido una apropiación indebida de los recursos retenidos para hacerlos formar parte de su patrimonio en forma irreversible, sino la contracción de deuda así asentada en los estados contables”, sostuvo.

El entramado de Gentili
Sin embargo, en vez de cerrar el expediente, Casanello decidió hurgar un poco más. Para eso, le pidió al titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, el fiscal Sergio Rodríguez, que le informe cuánto avanzó en su propia indagación sobre Gentili y el entramado de negocios que urdió mientras estuvo a cargo del Occovi.

Casanello también requirió copias del expediente del fuero Comercial en el que se tramita el concurso preventivo de Aecsa –trámite en el que se homologó un acuerdo de la empresa con sus acreedores-, y le pidió a la AFIP que le entregue toda la información que tenga sobre la facturación entre 2008 y 2016 de Aecsa, Iecsa, Sycic y Consular.

El magistrado también solicitó al Juzgado federal de San Luis que le entregue copias de una causa penal que instruye sobre la constructora Sycic, después que los investigadores judiciales encontraron evidencias que Gentili era uno de sus accionistas desde 2012.

Seis empleadas domésticas, tres niñeras, personal trainers y diamantes para una hija de tres años, en la lista de excentricidades de la familia de Gustavo Gentili
Seis empleadas domésticas, tres niñeras, personal trainers y diamantes para una hija de tres años, en la lista de excentricidades de la familia de Gustavo Gentili
Al procesar a Gentili, el juez Casanello consideró probado que al menos “dos grandes grupos de empresas, asociadas en UTE que se presentaron a las referidas licitaciones, contaban en sus ofertas con el aval técnico de Consular”. Es decir, del propio Gentili, aunque desde las sombras.

Así, abundó el magistrado, el corredor vial 4 quedó para el consorcio “Carreteras Centrales de Argentina”, integrado por tres empresas que luego figuraron en la causa “Cuadernos” -Corsan Corviam, Luis Losi y Lemiro Pietroboni-, y una cuarta, CCI Construcciones, cuya quiebra se declaró en 2018. Y el corredor vial 8 fue para el consorcio “Corredor Central S.A.” –formado por otras tres empresas de los “Cuadernos” –Supercemento Luciano SA, y Petersen, Thiele y Cruz, de la familia Eskenazi-, y Polan SA.

Ahora, Casanello quiere avanzar sobre la operatoria de Aecsa en sí, y sobre sus eventuales relaciones con Gentili. López y De Sousa, en tanto, también afrontan causas penales por no abonar los aportes previsionales de numerosos empleados del holding. Por ese motivo, fueron citados a indagatoria o se encuentran ya procesados en el fuero Penal Económico.

 

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LA NACION

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La Justicia rechazó recursos extraordinarios de ambientalistas y ratificó la exploración petrolera

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La Cámara Federal de Apelaciones declaró inadmisibles las presentaciones en diciembre realizadas por diversas organizaciones.

La exploración petrolera sigue sumando capítulos judiciales.

La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata declaró inadmisibles los recursos extraordinarios presentados por organizaciones ambientalistas contra el fallo que habilitó la exploración petrolera a 300 kilómetros de las costas de Mar del Plata.

La decisión confirma la autorización que los jueces habían otorgado el 5 de diciembre para el comienzo de las actividades. Los recursos, presentados 20 días después, habían frenado el inicio de los trabajos de la empresa Equinor.

El mes pasado, la Cámara consideró que tanto el Gobierno nacional como Equinor cumplieron con los requisitos que le habían sido requeridos, y revocó parcialmente la medida dictada por el juez Santiago Martín. También establecieron una serie de “condiciones esenciales” para la ejecución de la exploración petrolera.

Por caso, dispusieron que deberán incluirse como “observadores permanentes” a miembros del equipo “Pampa Azul”, en el número de integrantes que la autoridad administrativa considere adecuado, quienes “deberán velar por el cuidado del Monumento Natural Ballena Franca, por la tutela del Agujero Azul, así como denunciar a las autoridades administrativas y judiciales actuantes cualquier acontecimiento que afecte sensiblemente al ambiente, para propiciar la inmediata suspensión de las actividades”.

Otra de las condiciones fijadas es que las actividades de prospección sísmica “no deberán llevarse a cabo a una distancia menor a cincuenta 50 kilómetros” del sector que comprende la zona denominada “Agujero Azul”.

En tercer lugar, la exploración “deberá suspenderse inmediatamente ante la verificación de cualquier acontecimiento que dañe sensiblemente al ambiente, tanto por parte de las autoridades administrativas o judiciales como por parte de los responsables de su ejecución”.

Por otro lado, exhortaron a las autoridades administrativas a que “propicien y mantengan permanentemente un máximo nivel de control” sobre las tareas de exploración, a fines de “cumplir con las mandas que el derecho impone en la materia respecto a la tutela del medio ambiente, y para velar por el cumplimiento de cualquiera de las condiciones antes establecidas, debiendo articularse la inmediata suspensión de las actividades del proyecto en caso de incumplimiento”.

En su momento, la organizaciones ambientalistas que presentaron el recurso habían advertido que, si era rechazado, recurrirían a una queja extraordinaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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Tabacaleras: Denuncian por presunta corrupción a jueces de la Cámara Federal de Rosario

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Los jueces Toledo y Facciano fallaron en favor de la tabacalera Bronway aprovechando la ausencia de uno de sus pares. Se trata de un juicio por el pago de impuestos que superaría los 100 mil millones.

En los juzgados federales de Rosario se viene librando una batalla de impacto nacional que pone en juego miles de millones de pesos de recaudación. La tabacalera rosarina Bronway presentó un amparo para no pagar lo que se conoce como “impuesto mínimo”, esto fue un invento del macrismo ideado por Massalin que a cambio de que le bajen cinco puntos los impuestos que pagaba a los cigarrillos, propuso que se fije un monto mínimo -hoy ronda los 200 pesos- para los atados de cigarrilos.

Como las marcas internacionales de Massalin, que es Philips Morris, que es Marlboro, cuestan de 300 para arriba era un negocio estupendo, que además tenía la ventaja de dejar al borde de la quiebra a las tabacaleras nacionales que venden sus marcas en torno a los 200 pesos.

La Justicia citó a declarar a un diputado de Misiones por su cercanía con la tabacalera Massalin

El problema con Bronway es que se metió en el negocio después de la creación de ese impuesto mínimo -antes se dedicaba a hacer CDs, por eso la segunda parte de su nombre es Technology- y su negocio, explican en el mercado, esta basado en la hipótesis de no pagar el impuesto mínimo mediante un amparo. Una distorsión que se suma a un mercado muy distorsionado. En la AFIP calculan que esta tabacalera tiene una deuda acumulada de impuesto impagos que ronda los 100 mil millones.

Bronway enfrentó en el pasado investigaciones  por contrabando y robo y falsificación de estampillas de cigarrillos, causa está última en la que se declararon culpables.

El fallo de los camaristas José Toledo y Osvaldo Pacciano, que le redujo a la tabacalera Bronway la contracautelar de 2.000 millones a 90 millones, será investigado por el fiscal Claudio Kishimoto. En los tribunales federales de Rosario consideran un “escándalo” que se haya habilitado la feria para esa decisión.

Como sea, en su pelea en la justicia rosarina, Bronway logró movilizar a un grupo de tabacaleras pymes nucleadas en la denominada Cámara Nacional de Empresas Tabacaleras (Canet) que realizaron varias manifestaciones frente a los tribunales federales de Rosario, amenazando con despedir a cientos de trabajadores si no les concedían el amparo para no pagar el impuesto mínimo.

La presión de la tabacalera de Darío Ippolito, fue tan intensa que incluso logro que le bajaran la caución para darle el amparo de 2.000 millones a 90 millones. Una nimiedad si se tienen en cuenta los montos en juego.

El fallo express que consiguió Ippolito lleva la firma de los camaristas José Toledo y Osvaldo Facciano y se produjo luego de una maniobra muy visible, para evitar que voten magistrados que estaban en contra del beneficio.

Ahora estos jueces serán investigados por la fiscalía número 2 de Rosario, por los presuntos delitos de cohecho y violación de los deberes de funcionario público. El fiscal Claudio Kishimoto quedó a cargo de la denuncia.

Carlos Castagnetto, titular de la AFIP.

La polémica se remonta al 23 de mayo de 2022 cuando la jueza federal Silvia Arramberri, le deniega el amparo a Bronway, en base a estimaciones de la propia AFIP que debían más de 100 mil millones en impuestos. Ippolito apeló ante la Cámara Federal de Rosario.

El 29 de Diciembre del año que acaba de terminar la Sala “B” de la Cámara Federal de Rosario rechazó la solicitud de Bronway, pero le concedió un plazo de tres meses para que regularice su situación impositica con algún plan de pagos con la AFIP. Los camaristas dispusieron además en ese momento un seguro de cautela (contracautela), cuyo monto y modalidad debían ser fijados por la jueza Aramberry, hasta que se alcanzara la  resolución definitiva del conflicto.

El 4 de enero la jueza Aramberry fijó una contracautela de 2.000 millones de pesos, en base a un informe económico de AFIP que dispuso ese monto equivalente al 30% de la deuda impositiva de Bronway de los últimos cuatro meses.

Pero el 14 de enero, los camaristas Toledo y Facciano, habilitando la feria judicial de una manera que abogados del fuero calificaron de “escandalosa” ya que no habrían justificado debidamente esa excepcionalidad, redujeron la contracautela a 90 millones. Esto es, 1910 millones menos de lo fijado por la jueza de la causa.

Esto derivó en la causa penal contra los magistrados y una denuncia en el Consejo de la Magistratura de Santa Fe. No es un problema menor el que se plantea, ya que abre las puertas a una rebelión fiscal, explicaron a LPO fuentes al tanto de los pormenores del juicio.

No es un problema menor el que se plantea con este fallo, ya que abre las puertas a una rebelión fiscal. Bronway empezó a operar en el sector tabacalero con posterioridad a las leyes que fijan el tributo mínimo, de manera que al meterse en el negocio del tabaco ya conocían la ley y el costo de comercializar.

Este riesgo surge porque Bronway empezó a operar con posterioridad a las leyes que fijan el tributo mínimo, de manera que al meterse en el negocio del tabaco ya conocían la ley y el costo de comercializar. “Cualquier empresa de cualquier rubro que quiera incumplir con los impuestos puede plantear una cautelar. Por ejemplo, una cerealera contrata 200 empleados y va y pide cautelar para evadir impuestos porque sino los costos no le dan y la gente se queda sin empleo. Esto es desigualdad ante la ley, además de competencia desleal garantizada por un Tribunal Federal”, explicó la fuente consultada.

Sin embargo, la movida no cuenta con el respaldo del sector. Es que el no pago de impuestos está dejando sin recursos al Fondo del Tabaco (FET) que subsidia a los productores del norte del país, nucleados en la Federación Argentina de Productores de Tabaco. Estos trabajadores emitieron un comunicado en el que respaldan a la AFIP y le dan su apoyo “por asegurar el cumplimiento de la Ley de Impuesto Mínimo que ordena la recaudación y Distribución del Fondo del Tabaco (FET)”, que dispone que el 7% de la venta de cigarrillos integra ese fondo que luego se distribuye como subsidio a los productores del norte.

Es decir que sobre la supuesta deuda de 100 mil millones de pesos que tiene Bronway con el fisco,  unos 7 mil millones se destinarían a subsidiar a los productores que cultivan tabaco en el norte del país, en condiciones de subsistencia.

“Los miles de productores nos sentimos ahora escuchados, después de demostrar con números el enorme perjuicio que generan las empresas cigarrilleras que se manejan al margen de la ley”, agregaron los productores en su comunicado en apoyo a la AFIP.

En las provincias tabacaleras hay 23 mil empleados directos registrados – de los cuales 15 mil son pequeños productores- y la actividad genera empleo para más de cien mil trabajadores en forma indirecta. La Federación esta representada por trabajadores de Salta, Jujuy, Misiones, Tucumán, Catamarca, Corrientes y Chaco.

FUENTE : LA POLITICA ONLINE

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“A ver si volvés a pegar, negro de mierda”: las pruebas que complican a los tres rugbiers que no hablaron en el juicio

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Enzo Comelli, Ayrton Viollaz y Matías Benicelli no tomaron la palabra ante el Tribunal N°1 de Dolores. Las revelaciones en su contra en el proceso y en el expediente: sangre de Fernando en la camisa y un anillo de seguridad para lograr impunidad

Tres de ocho acusados de matar a Fernando Báez Sosa eligieron callar. Enzo Comelli, Ayrton Viollaz y Matías Benicelli mantuvieron el silencio hasta la última de las audiencias de declaraciones testimoniales, con peritos y testigos directos del crimen que complicaban a ellos y a sus compañeros y con vecinos de Dolores que les gritaban “asesinos” desde la calle, mientras sus compañeros de causa hablaban de manera aparentemente espontánea. Dijeron que habían bebido alcohol esa noche —con solo una botella de vodka para diez personas incautada en la casa que ocupaban—, que se habían visto involucrados en una pelea, maniobras consonantes con una calificación de homicidio en riña, que les garantizaría una pena de apenas seis años de cárcel como máximo.

Sus padres estuvieron presentes durante las jornadas. Sergio Viollaz, padre de Ayrton, fue una presencia casi constante durante las tres semanas del proceso. Benicelli tuvo que oír el sufrimiento que el crimen le provocó a su padre, Héctor, que declaró como testigo, citado por la defensa de Hugo Tomei. “Vivimos acosados. Le han querido pegar a mi hija y a mi señora en la calle. Escucho cómo la insultan mediáticamente a mi señora. Escucho que cuando lastimen a mi hijo en el penal no lo van a defender. No hay un día que no me levante con insultos. El dolor no se cura con más dolor”, sostuvo.

María Alejandra Guillén, madre de Enzo Comelli, aseguró ante los jueces: “Estamos devastados desde ese momento”. Desde la segunda hilera del banquillo de los acusados, su hijo se secaba las lágrimas con un pañuelo de papel. Luego, Guillén tomó aire y siguió. “Nos cambió la vida a todos. Yo desde ese día pienso que… Es una agonía constante. No podés salir a la calle. Mi marido, que trabajaba en una ferretería, casi pierde el puesto. Es tremendo”.

Benicelli, Comelli y Viollaz fueron señalados durante el proceso y en el expediente. Benicelli es el más complicado de todos.

Matías Benicelli, complicado por testigos y la pericia de ADN

Sebastián Saldaño, el quiosquero que presenció la agresión, marcó a Benicelli como arengador del ataque, al tiempo que Thomsen pateaba en la cabeza a Báez Sosa. Tomás D’Alessandro, quien salió con Fernando cuando los patovicas de Le Brique los expulsaron, y que también fue uno de los agredidos, aseguró que durante la golpiza, Benicelli le gritó a su amigo: “A ver si volvés a pegar, negro de mierda”. Por su parte, Tomás Bidonde, testigo presencial de la paliza mortal, lo marcó como uno de los que atacó a los amigos de Báez Sosa “para evitar que lo salven”.

Los testigos señalaron a Benicelli por su peinado. “El de la colita, el del rodetito”, dijeron. Ese peinado fue instrumental para que los policías de tres DDI de la Bonaerense lo reconocieran tras verlo en cámaras de seguridad, cuando lo arrestaron en la casa que los rugbiers ocupaban en Villa Gesell.

También, el perito César Guida reveló que se halló sangre de Fernando en la camisa floreada que Benicelli vistió en la noche del crimen.

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Tumulto: los padres de los acusados al salir de la última audiencia.Tumulto: los padres de los acusados al salir de la última audiencia.

Cinco testigos marcaron a Viollaz como partícipe de la pelea. Durante la segunda jornada del debate, Federico Raulera, amigo de Báez Sosa, lo ubicó en el rol de “arengador”. En la rueda de reconocimiento, según consta en la elevación a juicio, lo había identificado y ya por entonces lo describió como de “pelo negro, como (con) un corte en su flequillo medio para el costado y para abajo, de remera blanca”.

Santiago Corbo y Franco Cervera, otros amigos de la víctima, también hicieron referencia a Viollaz como “uno de los que hacían de barrera” para que ellos no pudieran auxiliarlo. Esto coincide, a su vez, con lo que declaró Bidonde, testigo clave de la pela: aseguró que Benicelli y Viollaz atacaron a uno de los amigos de Báez Sosa para evitar que lo socorrieran.

Comelli, en cambio, se encuentra entre los menos mencionados. Lo identificó Juan Bautista Besuzzo, amigo de la víctima. Dijo que atacó a Fernando por la espalda y que “lo sentó con un golpe”. Comelli, descubrió Policía Científica, tenía un hematoma en el labio inferior cuando lo detuvieron.

Ahora, los tres junto a los otros cinco acusados continuarán detenidos hasta el próximo momento clave del juicio: los alegatos, que ocurrirán el 25 y 26 de este mes y el veredicto, que llegará el martes 31.

FUENTE INFOBAE

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