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Revocan el fallo del juez López que prohibía la IVE pero el debate sigue

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La Cámara Federal de Mar del Plata revocó la cautelar dispuesta por el magistrado y avanzó en consideraciones que tienen más que ver con una posición que con el derecho.

Ya yodo está como era entonces y la medida cautelar dictada por el juez Alfredo López  que suspendía la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) ya es historia.

En el camino quedarán interpretaciones jurídicas encontradas -algo habitual, pero no menos dramático en un país que se jacta de tener un ordenamiento legal de «dos bibliotecas» sin siquiera comprender la gravedad que ello supone para una sociedad que debería contar con reglas claras e inamovibles para saber en todo tiempo y circunstancia lo que puede hacerse y lo que no- y también cuestiones vinculadas a la sobriedad de la administración de justicia que en este caso estuvo ausente desde el momento mismo en el que se conoció el fallo.

Porque más allá de las consideraciones legales de la resolución de López, el magistrado deberá comprender que sus apariciones públicas saludando en la puerta del juzgado a grupos de ciudadanos que se acercaban a felicitarlo por lo que había resuelto, terminaron alejándose y alejándolo de la mesura que es menester en quien tiene la responsabilidad de administrar justicia.

Y lo pusieron además en el riesgo de terminar fotografiándose con representantes de una derecha extrema, dura y agresiva que no solo recoge el generalizado repudio de la ciudadanía sino que en algunos casos ha infringido la ley y ha recibido la condena en estrados judiciales. Y que aunque solo se hubiese tratado de simples manifestaciones de apoyo, no debieron contar con la presencia del magistrado cuyo ámbito natural es su despacho y su forma de expresarse sus fallos.

López ha estado en muchas ocasiones cerca de la sociedad -recordábamos en un artículo anterior su defensa de los ciudadanos atropellados por el «corralito» que se adueñó ilegalmente del ahorro de los argentinos- y ha demostrado buscar en sus decisiones un perfil empático con la gente y sus derechos. Algo muy difícil de conseguir en un tema como la ley de interrupción voluntaria del embarazo que divide a la sociedad, refiere a cuestiones de convicción personal y hasta de fe religiosa y que en todo el mundo ha sido motivo de alzados debates y hasta enfrentamientos violentos entre los ciudadanos.

Con más razón, la prudencia y la moderación debe ser la actitud de quien tiene en sus manos la posibilidad de resolver en uno u otro sentido.

Ahora el camarista Eduardo Jímenez y su par Alejandro Tazza resolvieron que el amparo interpuesto por el abogado Héctor Seri era improcedente en tanto no existía un “caso” o “causa” que pudiera haber generado una controversia merecedora de una intervención. Por eso para ellos López ha incurrido «al despachar esta acción de amparo, en un grueso error judicial, generando con ello una resolución contraria a la ley, a partir de la comisión de una grave equivocación sobre los hechos ventilados en el caso, y la aplicación del derecho”.

Hasta aquí «una parte de la biblioteca» se expresa en una cuestión que es de las más delicadas en el ordenamiento jurídico argentino y muy especialmente en lo que tiene que ver con la posible violación de derechos personalísimos tutelados por la ley: la legitimidad para actuar o los elementos necesarios para aceptar la existencia de una causa en el reclamo.

Y no vamos a extendernos en la cuestión ya que ni es el fin de este artículo ni tendríamos formas de zanjar una discusión que, repetimos, tiene miradas doctrinarias divididas y por mitades.

Pero no queremos dejar pasar que, esta vez en el papel, Tassa y Gimenez cometen el mismo «pecado» que le enrostran a Alfredo López. Porque cuando le piden que “en lo sucesivo, guarde la mesura y adecuado criterio interpretativo al resolver causas judiciales con repercusión social, evitando incurrir en yerros groseros como el advertido en la resolución que hoy se revoca» terminan ingresando por la ventana en el terreno de fallar desde las convicciones personales que critican y descalifican en el juez de primera instancia.

Jiménez va más allá ý señala que “las barreras son aquí de tipo cultural, con lo que resulta relevante fortalecer la perspectiva de género al disponerse los magistrados actuantes a evaluar la procedencia o improcedencia de las causas judiciales. Así es que, como regla general, una vez habilitada su jurisdicción, no deben imponer patrones de virtud o abnegación personal, sino garantizar que las personas (hombres o mujeres) elijan libremente sus proyectos”.

Una forma apenas rebuscada de indicar que López falló de acuerdo a sus convicciones y no ajustado a derecho, aunque planteada de una manera tan terminante en su lenguaje que permite inferir que la alzada también resuelve de acuerdo a lo que en su fuero íntimo, y no plenamente ajustado a derecho, creen o defienden sus integrantes. ¿O no existe entonces una mirada de género para millones de mujeres argentinas que no están de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo?. ¿Es que el género solo vale para quien piensa en un sentido determinado?.

Una controversia jurídica que ahora queda saldada por el fallo de Cámara pero pone en evidencia que mucha agua deberá correr en la vida institucional y social del país hasta que el debate quede zanjado. Aunque ello, posiblemente, nunca llegue a ocurrir.

Sería bueno que mientras tanto los jueces, de todas las instancias, se ajustaran al derecho y se limitaran a expresarse por medio de sus fallos. Que en algún momento en la Argentina deberán tener la voz definitiva de una Corte impresentable, timorata y responsable de este tembladeral en que se ha convertido la administración de justicia en el país, acostumbrada a licuar los temas en el tiempo para fallar invariablemente fuera de tiempo y circunstancia, muchas veces en contra de su propia jurisprudencia.

Y mientras el vértice de la justicia se disponga dejar a la sociedad liberada a sus controversias, no habrá un marco institucional para suponer que vivimos en una verdadera democracia.

Con más razón los jueces deben cuidar sus formas y sus fallos…

Por Adrián Freijo

FUENTE : LIBRE EXPRESION

 

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ESPIONAJE ILEGAL: APARECIÓ MUERTO UNO DE LOS PROCESADOS EN DOLORES

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Uno de los procesados en la causa por supuesto espionaje ilegal y extorsiones que tramita en la ciudad bonaerense de Dolores, Carlos Liñani, fue encontrado muerto en su departamento del barrio porteño de Palermo.

Liñani estaba procesado en la investigación que se lleva adelante en la Justicia Federal de Dolores y además tenía un procesamiento por defraudación en los Tribunales de Retiro.

El despachante de Aduanas y empresario fue hallado en su vivienda y se investiga si se trató de un suicidio por emanación de gas, según información de la Policía de la Ciudad.

El empresario fue hallado por personal de la comisaría vecinal 14B, el martes a las 19.30, cuando concurrió al edificio donde vivía, en Soler al 6000, ante reportes de vecinos sobre un escape de gas desde un departamento del primer piso. Los bomberos cortaron el suministro de gas de todo el edificio, se evacuaron todas las instalaciones y se forzó el ingreso al departamento con autorización de la fiscalía a cargo de Adrián Peres.

Liñani, de 48 años, fue encontrado muerto tendido sobre el piso del living y en el lugar, según el informe policial, se hallaron “varias cartas de despedida”, supuestamente escritas por él.

Además, se informó que las “hendijas de puertas y ventanas estaban selladas con cinta”, no había desorden, ni tampoco evidencia de un ingreso forzado.

Liñani estaba procesado sin prisión preventiva y pesaba sobre él un embargo de 5 millones de pesos en la Justicia Federal de Dolores por intento de extorsión en la causa por la que está detenido el falso abogado Marcelo D’Alessio. Según la acusación, habría cometido este delito contra varias personas con la pretensión de forzar o direccionar sus declaraciones en el marco de la llamada causa cuadernos. Estaba procesado por “asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal y contraria a las previsiones de la Ley Nacional de Inteligencia, extorsión en grado de tentativa y tráfico de influencias”.

Liñani se presentaba como “colaborador” de D’Alessio y además estaba procesado en los Tribunales Federales de Retiro por haber mencionado, de manera falsa, tener vínculos con el fiscal Carlos Rivolo, quien lo denunció. En Comodoro Py tenía procesamiento confirmado por la Cámara Federal porteña por “defraudación”.

FUENTE : PAFINA 12

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LA HIJA DE HUGO MOYANO CONDENADA EN CAUSA POR LAVADO DE DINERO

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La Cámara Federal de La Plata confirmó este miércoles la decisión que se había tomado durante la instrucción del caso en Lomas de Zamora: a Karina Moyano, hija del líder camionero, le serán retenidos 600 mil pesos y 434 mil dólares, como parte de un expediente por lavado de dinero. Ese dinero fue encontrado en su domicilio tras un allanamiento que se realizó en relación a un caso de narcotráfico. Además, se investiga el origen de los fondos.

Aunque su abogado defensor anticipó que va a apelar la medida, ya hay en sede judicial una resolución firme para que la hija de Hugo Moyano devuelva los fondos cuestionados.

Para el titular de Camioneros, todo se enmarca en una campaña mediática en su contra. “No respetan a los jueces con autoridad como el juez Villena”, sostuvo y cuestionó al diario La Nación, que informó sobre los vericuetos judiciales de su hija. “Estos señores vienen a hablar de autoridad moral”.

En la justicia, el análisis fue otro. En el juzgado federal de Lomas de Zamora comenzó en 2018 el expediente por supuesto narcotráfico, en cuya investigación intervino el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias. En ese marco fueron allanados varios domicilios, uno de los cuales fue el de Karina Moyano.

Por un cambio de composición de los juzgados, la causa siguió en el despacho de Juan Pablo Augé pero delegada en la PROCUNAR. Durante la feria judicial de este último verano, el juez Villena subrogaba el juzgado de su colega Augé y fue entonces cuando dictó el sobreseimiento de la hija del líder sindical, reintegrándole el dinero.

El agravante de la situación, es que la medida se tomó mientras se encontraba la investigación delegada en la PROCUNAR, cuyo titular terminó denunciando ante el Consejo de la Magistratura al juez Villena, requiriendo su juicio político.

En la presentación, el fiscal Iglesia junto a su colega Cecilia Incardona, indicaron que Villena “habilitó la feria sin existir ninguna de las causales normadas” en el Código Procesal y el Reglamento para la Justicia Nacional “y le imprimió el veloz trámite de tres días a dos pedidos que no se fundan en una sola razón de urgencia”, fijándoles un plazo de 24 horas para responder una vista, plazo que luego el mismo juez no respetó, marcan ambos fiscales en escrito.

Por otro lado, denunciaron que se “dictó la resolución de sobreseimiento de una persona -Karina Moyano- sin conocer las constancias del expediente, sin tener a su cargo la investigación y sin ser el juez natural del caso”.

Mientras se realizó aquella presentación, el juez Augé se reintegró a su juzgado, firmó la nulidad de lo resuelto por su colega Federico Villena, y ordenó a Karina Moyano reintegrar el dinero, medida ahora que fue confirmada por la Cámara Federal de La Plata.

En el fallo se sostuvo: “El hecho de que nos encontrábamos ante una causa delegada en cabeza del Ministerio Público Fiscal, implica una transferencia de la responsabilidad en el impulso de la investigación en cabeza del titular de la acción penal, y resulta más grave que Villena era, al momento de tomar dicha decisión, juez de feria”.

Bajo este mismo lineamiento, el camarista César Álvarez rechazó el argumento de la defensa de Karina Moyano, quien señaló que hubo “animosidad” en la medida judicial. La réplica a dicho argumento fue: “Ni es parte de ninguna guerra judicial ni persecución de ningún tipo a la familia Moyano, y menos aún como parte de un ataque general al sindicalismo combativo de nuestro país ni como un capítulo del llamado Lawfare”.

Por otro lado, analizó el magistrado, “lo que me persuade de que estamos ante una decisión acertada, es que una investigación que estuvo en cabeza del Juez Villena durante tanto tiempo -y como dice la propia defensa, casi sin actividad respecto de Karina Moyano, se resuelva intempestivamente en una feria judicial pasando por alto que la causa estaba delegada”.

Por su parte, el camarista Jorge Di Lorenzo dijo que “la circunstancia de que el Juez Villena no haya conocido las actuaciones al momento de resolver, torna nulo” todo el procedimiento, incluyendo la devolución de los fondos bajo investigación.

Al momento de explicar este punto, dijo: “Debo destacar que se advierte en la resolución anulada una serie de irregularidades en torno a la participación y al cercenamiento de las facultades del Ministerio Público Fiscal que afectaron el debido proceso, provocaron un gravamen irreparable a esa parte y, por tanto, provocaron la invalidez de la decisión dictada”.
Lucia Salinas para Clarin

 

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Chantaje con planes: ya es tiempo que la justicia intervenga

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Guillermo Marijuan pidió al Ministerio de Desarrollo Social a fin de que proceda a dejar sin efecto cualquier asistencia financiera y/o de cualquier tipo a las organizaciones denunciadas.

El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció al Polo Obrero y a la «Organización Clasista Revolucionaria” (OCR), por la realización de presuntas maniobras ilícitas de coacción para que la gente asistiera a marchas a cambio de beneficios económicos o planes sociales. Es a raíz de la marcha de ayer de distintos movimientos piqueteros en todo el país con foco importante en la Ciudad de Buenos Aires y el centro porteño.

Marijuan pidió al Ministerio de Desarrollo Social a fin de que proceda a dejar sin efecto cualquier asistencia financiera y/o de cualquier tipo a las organizaciones denunciadas, aunque «sin perjuicio de ello, y con el objeto de no dejar sin planes sociales y/o asistencia a las personas que integran dichos movimientos toda vez que no tienen que cargar con las responsabilidades de sus dirigentes, requiero que ese Ministerio continúe con la ayuda a cada una de ellas pero debiendo hacerlo personalmente, sin intermediación de organizaciones o de terceros».

Asimismo, Marijuan remarcó que informes periodísticos dan cuenta que muchos de los manifestantes reconocieron recibir un beneficio de hasta 12 mil pesos mensuales, pero a cambio estaban obligados a ir a las marchas.

«Entre varios testimonios recogidos por los periodistas que se encontraban en el lugar, cabe señalar ciertos dichos de manifestantes a los que se logró entrevistar. Así, estas personas relataron que percibían $12.000 mensuales y que si faltaban a las marchas o no se quedaban hasta el final de las mismas, se los quitaban, dando de baja las tarjetas a través de las cuales los percibían», denunció Marijuan, cuya causa ahora será sorteada por la Cámara Federal.

También que de las imágenes «se dejó asentada la existencia de personas pertenecientes a las asociaciones convocantes que hacían firmar cuadernos o libretas a los asistentes a efectos de confirmar su presencia». El fiscal pidió tomarles declaraciones testimoniales a algunos manifestantes que previamente sean identificados por la Policía Federal.

FUENTE LIBRE EXPRESION

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