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Judiciales

Revocan el procesamiento de Daniel Santoro y confirman parcialmente el de Carlos Stornelli

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El procesamiento de Daniel Santoro fue revocado por la Cámara Federal de Mar del Plata Crédito: Fernando Massobrio

La Cámara Federal de Mar del Plata revocó el procesamiento del periodista Daniel Santoro en la causa en la que era investigado por presunta extorsión y espionaje ilegal. La medida, además, alivió la situación del fiscal Carlos Stornelli, a quien le sacaron el cargo de asociación ilícita. En la misma resolución, los camaristas confirmaron el procesamiento del falso abogado Marcelo D’Alessio, acusado de extorsionar a empresarios a los que engañaba asegurándoles que si no le pagaban iban a ser objeto de una investigación judicial.

Los camaristas Eduardo Jiménez y Alejandro Tazza confirmaron la competencia del juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla para avanzar en el caso, excepto en el hecho en el que se investigan maniobras vinculadas a la importación de Gas Natural Licuado. Con respecto a Santoro, los jueces dispusieron revocar el procesamiento sin prisión preventiva y dictaron la falta de mérito para procesar o sobreseer al periodista.

El fallo se interpreta como un golpe al discurso del kirchnerismo, que vinculaba al periodista del diario Clarín con una operación política. También es un revés parcial para el juez Ramos Padilla, cuyo pliego fue enviado al Senado por Alberto Fernández para que sea designado juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires.

En el caso de Santoro, los jueces dijeron que los magistrados “no han sido investidos en sus cargos para juzgar la calidad o contenido de un trabajo periodístico, ni mucho menos, para apostrofar acerca de la manera en que un periodista se vincula con su fuente, cuestiones estas que en todo podrán quedar sujetas a un juicio ético o de credibilidad de su trabajo, que incumbe a la sociedad que consume su producto periodístico, y no a los jueces, siempre, claro está, que no se esté frente a la comisión de un delito”.

“Además, no cabe aquí dejar de señalar lo sostenido por la jurisprudencia interamericana, en el sentido de que la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada”.

Y los camaristas abundaron en que las acciones que realizó Santoro fueron con motivo del “ejercicio y por medio de su rol de periodista”. Argumentaron: “La garantía consagrada en el artículo 43 de la Constitución nacional, en tanto tiende a preservar el secreto de las fuentes periodísticas, representa un elemento esencial que tiende a proteger no solo a quienes participan de un evento determinado, sino que se exhibe como un punto central y básico del ejercicio republicano que permite a la ciudadanía en general la posibilidad de conocer aquellos aspectos relevantes referidos al sistema democrático, que de no tutelarse de dicha forma, se verían impedidos de estar informados debidamente so pretexto de que alguien quede expuesto por revelación de la fuente privada de información. Ello no significa que el rol de periodista represente de por sí un campo de impunidad que lo coloque por encima de la ley. No significa que alguien pueda cometer alegremente un delito y por su condición periodística ser inalcanzable por el sistema punitivo”.

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Sin embargo, dijeron los camaristas que lo que realmente interesa es consecuentemente indagar si en el caso concreto la conducta de un periodista es constitutiva de un hecho delictivo o si ha participado de algún modo en un suceso criminal, aun cuando no pueda juzgárselo -en principio- por haberse servido de información proporcionada por quien ha cometido previamente un delito.

Con respecto al falso abogado D’Alessio, los camaristas federales dispusieron confirmar el procesamiento con prisión preventiva por espionaje ilegal y extorsión.

FUENTE : LA NACION

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LA HIJA DE HUGO MOYANO CONDENADA EN CAUSA POR LAVADO DE DINERO

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La Cámara Federal de La Plata confirmó este miércoles la decisión que se había tomado durante la instrucción del caso en Lomas de Zamora: a Karina Moyano, hija del líder camionero, le serán retenidos 600 mil pesos y 434 mil dólares, como parte de un expediente por lavado de dinero. Ese dinero fue encontrado en su domicilio tras un allanamiento que se realizó en relación a un caso de narcotráfico. Además, se investiga el origen de los fondos.

Aunque su abogado defensor anticipó que va a apelar la medida, ya hay en sede judicial una resolución firme para que la hija de Hugo Moyano devuelva los fondos cuestionados.

Para el titular de Camioneros, todo se enmarca en una campaña mediática en su contra. “No respetan a los jueces con autoridad como el juez Villena”, sostuvo y cuestionó al diario La Nación, que informó sobre los vericuetos judiciales de su hija. “Estos señores vienen a hablar de autoridad moral”.

En la justicia, el análisis fue otro. En el juzgado federal de Lomas de Zamora comenzó en 2018 el expediente por supuesto narcotráfico, en cuya investigación intervino el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias. En ese marco fueron allanados varios domicilios, uno de los cuales fue el de Karina Moyano.

Por un cambio de composición de los juzgados, la causa siguió en el despacho de Juan Pablo Augé pero delegada en la PROCUNAR. Durante la feria judicial de este último verano, el juez Villena subrogaba el juzgado de su colega Augé y fue entonces cuando dictó el sobreseimiento de la hija del líder sindical, reintegrándole el dinero.

El agravante de la situación, es que la medida se tomó mientras se encontraba la investigación delegada en la PROCUNAR, cuyo titular terminó denunciando ante el Consejo de la Magistratura al juez Villena, requiriendo su juicio político.

En la presentación, el fiscal Iglesia junto a su colega Cecilia Incardona, indicaron que Villena “habilitó la feria sin existir ninguna de las causales normadas” en el Código Procesal y el Reglamento para la Justicia Nacional “y le imprimió el veloz trámite de tres días a dos pedidos que no se fundan en una sola razón de urgencia”, fijándoles un plazo de 24 horas para responder una vista, plazo que luego el mismo juez no respetó, marcan ambos fiscales en escrito.

Por otro lado, denunciaron que se “dictó la resolución de sobreseimiento de una persona -Karina Moyano- sin conocer las constancias del expediente, sin tener a su cargo la investigación y sin ser el juez natural del caso”.

Mientras se realizó aquella presentación, el juez Augé se reintegró a su juzgado, firmó la nulidad de lo resuelto por su colega Federico Villena, y ordenó a Karina Moyano reintegrar el dinero, medida ahora que fue confirmada por la Cámara Federal de La Plata.

En el fallo se sostuvo: “El hecho de que nos encontrábamos ante una causa delegada en cabeza del Ministerio Público Fiscal, implica una transferencia de la responsabilidad en el impulso de la investigación en cabeza del titular de la acción penal, y resulta más grave que Villena era, al momento de tomar dicha decisión, juez de feria”.

Bajo este mismo lineamiento, el camarista César Álvarez rechazó el argumento de la defensa de Karina Moyano, quien señaló que hubo “animosidad” en la medida judicial. La réplica a dicho argumento fue: “Ni es parte de ninguna guerra judicial ni persecución de ningún tipo a la familia Moyano, y menos aún como parte de un ataque general al sindicalismo combativo de nuestro país ni como un capítulo del llamado Lawfare”.

Por otro lado, analizó el magistrado, “lo que me persuade de que estamos ante una decisión acertada, es que una investigación que estuvo en cabeza del Juez Villena durante tanto tiempo -y como dice la propia defensa, casi sin actividad respecto de Karina Moyano, se resuelva intempestivamente en una feria judicial pasando por alto que la causa estaba delegada”.

Por su parte, el camarista Jorge Di Lorenzo dijo que “la circunstancia de que el Juez Villena no haya conocido las actuaciones al momento de resolver, torna nulo” todo el procedimiento, incluyendo la devolución de los fondos bajo investigación.

Al momento de explicar este punto, dijo: “Debo destacar que se advierte en la resolución anulada una serie de irregularidades en torno a la participación y al cercenamiento de las facultades del Ministerio Público Fiscal que afectaron el debido proceso, provocaron un gravamen irreparable a esa parte y, por tanto, provocaron la invalidez de la decisión dictada”.
Lucia Salinas para Clarin

 

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Chantaje con planes: ya es tiempo que la justicia intervenga

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Guillermo Marijuan pidió al Ministerio de Desarrollo Social a fin de que proceda a dejar sin efecto cualquier asistencia financiera y/o de cualquier tipo a las organizaciones denunciadas.

El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció al Polo Obrero y a la «Organización Clasista Revolucionaria” (OCR), por la realización de presuntas maniobras ilícitas de coacción para que la gente asistiera a marchas a cambio de beneficios económicos o planes sociales. Es a raíz de la marcha de ayer de distintos movimientos piqueteros en todo el país con foco importante en la Ciudad de Buenos Aires y el centro porteño.

Marijuan pidió al Ministerio de Desarrollo Social a fin de que proceda a dejar sin efecto cualquier asistencia financiera y/o de cualquier tipo a las organizaciones denunciadas, aunque «sin perjuicio de ello, y con el objeto de no dejar sin planes sociales y/o asistencia a las personas que integran dichos movimientos toda vez que no tienen que cargar con las responsabilidades de sus dirigentes, requiero que ese Ministerio continúe con la ayuda a cada una de ellas pero debiendo hacerlo personalmente, sin intermediación de organizaciones o de terceros».

Asimismo, Marijuan remarcó que informes periodísticos dan cuenta que muchos de los manifestantes reconocieron recibir un beneficio de hasta 12 mil pesos mensuales, pero a cambio estaban obligados a ir a las marchas.

«Entre varios testimonios recogidos por los periodistas que se encontraban en el lugar, cabe señalar ciertos dichos de manifestantes a los que se logró entrevistar. Así, estas personas relataron que percibían $12.000 mensuales y que si faltaban a las marchas o no se quedaban hasta el final de las mismas, se los quitaban, dando de baja las tarjetas a través de las cuales los percibían», denunció Marijuan, cuya causa ahora será sorteada por la Cámara Federal.

También que de las imágenes «se dejó asentada la existencia de personas pertenecientes a las asociaciones convocantes que hacían firmar cuadernos o libretas a los asistentes a efectos de confirmar su presencia». El fiscal pidió tomarles declaraciones testimoniales a algunos manifestantes que previamente sean identificados por la Policía Federal.

FUENTE LIBRE EXPRESION

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Un juez le otorgó la libertad condicional a Amado Boudou

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El magistrado de Ejecución Penal Ricardo Basílico determinó que el ex vicepresidente condenado por corrupción puede gozar del beneficio al haber cumplido dos tercios de su pena.

Amado Boudou puede salir en libertad condicional. El que fuera el primer vicepresidente en ejercicio de la historia en ser procesado -condenado luego- por un caso de corrupción podrá caminar por las calles sin demasiadas restricciones. Hasta hoy estaba en prisión domiciliaria y tenía una tobillera electrónica que controlaba sus movimientos.

El juez de Tribunal Oral, a cargo de la Ejecución Penal de la condena de Boudou, Ricardo Basílico, firmó la resolución por la cual el ex vice pasa a estar en libertad condicional al haber cumplido los dos tercios de la condena a cinco años y diez meses de prisión que le fue impuesta en 2018 por su participación en el caso Ciccone.

Como condición para la libertad condicional Boudou deberá cumplir con varias condiciones: no podrá salir del país sin autorización previa y no podrá mudarse sin comunicación a la autoridad judicial del domicilio que establezca a partir de hoy. En la misma resolución por la que le otorgó la libertad condicional a Boudou el juez Basílico ordenó que se desactive el sistema de monitoreo mediante la tobillera electrónica que tenía el ex vicepresidente de la Nación.

La fiscalía que interviene en el Caso Ciccone había avalado que se le otorgue la libertad condicional a Boudou tal y como lo había solicitado su defensa. Al no haber contradicción entra la fiscalía y la defensa, el juez Basílico firmó la resolución. En ella dejó sentada su posición en contra de la libertad condicional para casos de corrupción como los cometidos por Boudou.

Basílico comparó el caso de Boudou con el de José López, ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, célebre por arrojar bolsos llenos de dinero en un convento y condenado por enriquecimiento ilícito. Basílico en aquel caso también se había manifestado en contra de la libertad condicional. En la resolución el juez Basílico citó un artículo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que dice: ” …Cada Estado Parte tendrá en cuenta la gravedad de los delitos pertinentes al considerar la eventualidad de conceder la libertad anticipada o la libertad condicional a personas que hayan sido declaradas culpables de esos delitos…”. Y luego recordó que la Argentina había tomado compromisos internacionales en la lucha contra los delitos cometidos por funcionarios públicos al citar como ejemplo la Convención Interamericana contra la Corrupción adoptada por la legislación nacional.

Basílico explicó por qué, a pesar de haber cumplido el tiempo estipulado por la ley y de tener informes de conducta favorables a Boudou, se oponía a la libertad condicional: “En ese escenario, conforme lo sostuve en el legajo, considero que los hechos por los cuales Boudou fue condenado resultan de sustancial gravedad y que ello de algún modo obstaculiza la posibilidad de otorgar una libertad anticipada, de acuerdo con los compromisos internacionales que el Estado argentino suscribió para aunar los esfuerzos y poder prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas”.

En agosto de 2018, Boudou había sido condenado por el Caso Ciccone a cinco años y diez meses de prisión, inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos y una multa de $90.000 porque gente de su entorno, mientras ocupaba el Ministerio de Economía, se había quedado con la empresa privada que podía imprimir papel moneda. Fue condenado como autor de los delitos de cohecho pasivo (coimas) y negociaciones incompatibles con la función pública.

La condena por el caso Ciccone fue revisada y confirmada por la Cámara Federal de Casación. La apelación de Boudou y el resto de los imputados llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En diciembre de 2020 la Corte confirmó la condena de todos los involucrados en el caso Ciccone. La pena del ex vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner finalizaba el 1 de junio de 2024.

Boudou había conseguido una reducción de pena de once meses debido a “estímulo educativo”, un incentivo para que los presos estudien en la cárcel. Y por eso hoy quedó en libertad condicional.

FOTO TAPA WIKIPEDIA

FUENTE : INFOBAE

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