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¿Riesgo de híper? Qué inflación prevén FIEL, Agis, Santander y Citibank

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Algunos economistas descartan una suba de precios descontrolada, pero otros consideran que es un escenario posible aunque poco probable después de la pandemia.

Aquel país que sufra más de un 50% de inflación anual puede declararse en hiperinflación. Como le sucede a Venezuela. Como le pasó a la Argentina en el final del gobierno de Raúl Alfonsín en 1989. Como la sufrió Alemania hace 100 años o Zambia, Corea del Norte y Zimbabwe en 2008/2009.

¿La Argentina corre ahora el mismo riesgo? Más allá de algunos economistas escandalosos que lo vaticinan sin dudarlo, los más serios críticos del Gobierno consideran que se trata de un escenario posible pero menos probable. Sostienen que Alberto Fernández y Cristina Kirchner tienen claro el impacto socioeconómico y político que una híper causaría.

En los pronósticos sobre inflación hay dos extremos, entre los que predicen que, tras el 53,8% que dejó Mauricio Macri en 2019, este año habrá una inflación menor al 40% y los que proyectan más del 60%. Aquellos economistas que no descartan una híper, aunque la juzgan menos probable, la ven para 2021, cuando se supone que pase la pandemia.

Juan Luis Bour, economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), es el de los más pesimistas sobre el derrumbe del PBI en 2020 (prevía 12,5% antes del endurecimiento de la cuarentena porteña y del conurbano) y por eso mismo vaticina una inflación del 37,2% y no más. “Mientras mantengas la cuarentena, la demanda de pesos seguirá alta y el exceso se estacionará en depósitos. Cuando se empiece a salir, todo puede cambiar y la demanda de pesos caer. ¿Cuándo ocurre eso? Decir que tenés híper este año requiere que todo vuele por los aires entre octubre y diciembre y que no repriman en forma salvaje”, se refiere Bour a controles de precios y de cambio.

“Podés tener hipercontracción económica que vaya un poco antes de la hiperinflación. Quizá vamos a eso”, advierte Bour, aunque su previsión del índice de precios al consumidor (IPC) en 2021 sea por ahora 60,8% anual, muy alto pero lejos del 50% mensual. “La expansión monetaria actual se da con desplome de transacciones y nada explica el aumento de la demanda de pesos si no es por precaución ante la crisis e imposibilidad de transformar los pesos en otros activos que sean reserva de valor. Todo esto es transitorio. Pero podés evitar la híper secando la plaza de pesos, con tasas altas, o con un programa económico que dé confianza, como lo fueron la convertibilidad y el Plan Austral por un tiempo. ¿Eso vendría después de arreglar la deuda? El plan requiere credibilidad del policy maker (hacedor de política), algo que no parece estar disponible”, castiga Bour a Guzmán. El problema es que en la Argentina tampoco les fue muy bien a ministros de Economía impulsados por el establishment, como Ricardo López Murphy, que fuera economista jefe de FIEL en los 90 antes de su corto paso por el Palacio de Hacienda en el gobierno de Fernando de la Rúa.

Quantum Finanzas, la consultora del ex secretario de Finanzas delarruista Daniel Marx, prevé 37,3% de inflación en 2020 y un descenso al 29,5% en 2021. “Estamos previendo inflación mensual promedio del orden del 2% en el primer semestre y del 3% en el segundo –explica Fernando Baer, economista asociado de Quantum–. Por el momento no estamos previendo escenario de hiperinflación. Si bien la emisión es elevada, hay elementos que nos llevan a descartarla por el momento: las restricciones cambiarias, la fuerte recesión y la caída del ingreso en combinación con los lags (retrasos) en que habitualmente trabaja la política monetaria, en especial en escenarios de incertidumbre como el actual, donde aumenta la demanda por liquidez por precaución”.

Soledad Pérez Duhalde, directora de la consultora abeceb, fundada por el ex ministro de Producción macrista Dante Sica, predice un 38,8% este año y una aceleración en el próximo, “aunque depende mucho de qué haga el Gobierno después de aumentar ahora 78% la circulación monetaria. “Con el consumo reprimido, tarifas y precios congelados, peluquerías y restaurantes sin reactivarse, y precios que no podés medir porque no funcionan actividades o porque los empleados del Indec no pueden salir a relevarlos, prevemos un 1,9% de inflación en junio y 3% mensual a fin de año”, explica Pérez Duhalde.

“Para que haya híper debe darse una crisis de la balanza de pagos (escasez de dólares) porque entraste en default o en una guerra, y te quedás sin oferta porque no podés comprar bienes de afuera”, razona la analista. “Guerra no habrá, pero si hay default, hay riesgo de híper. Si vas a un populismo de IFE (ingreso familiar de emergencia) para todos, ¿quién te lo financia? Tenés riesgo de un fogonazo inflacionario y de llegar al 80% anual, porque tenés un rezago en los precios y tarifas”, continúa Pérez Duhalde, que admite que las personas perciben más inflación que la que marca el IPC porque su canasta de consumo se ha volcado más a los alimentos, que en junio se estabilizaron después de fuertes alzas de marzo a mayo.

El banco español Santander acaba de rebajar su previsión de inflación 2020 del 43% al 41%. Cada vez que se prolonga la cuarentena, el Gobierno deja también en cuarentena la inflación, sostienen en la entidad. En sus pronósticos prevén un poco de aceleración en 2021, pero no una híper, pues consideran que esta se trata de un fenómeno de los 80 asociado a otra productividad, otros precios de commodities y a ciclos de stop and go (parates y reactivaciones de la economía) con crisis de balanza de pagos. También desestiman comparaciones con la Venezuela actual, que carga con desequilibrios macroeconómicos mucho mayores.

LCG, la consultora fundada por el senador Martín Lousteau, pronostica un 39,8% en 2020 y un 54,8% en 2021. “Este año se refleja el efecto del desplome de la actividad, el congelamiento de tarifas y salarios y el ancla cambiaria”, opina la economista jefa de LCG, Melisa Sala, más allá de la paulatina depreciación del peso oficial. “Todo eso no es más que inflación reprimida. No descartamos escenario de híper, pero no lo vemos como el más probable”, añade.

En cambio, el ex viceministro de Economía kirchnerista Emmanuel Álvarez Agis se muestra más optimista: si hay acuerdo por la deuda, la economía caería este año 7,4% y la inflación sería del 24,4%, mientras que en 2021 el PBI se recuperaría 4,2% y el IPC subiría al 30,8%. En caso de consolidarse el default del 22 de mayo pasado con el inicio de juicios en EE. UU., el PBI bajaría en 2020 un 10,3% y la inflación ascendería al 37%, al tiempo que en el año electoral la economía se recuperaría solo el 1,7% con los precios subiendo el 34%. Nada de híper para Álvarez Agis: “Por más o menos diez factores: deuda externa, reservas, inflación mensual, déficit fiscal, depósitos, tipo de cambio real. Deberían estudiar más…”.

Están quienes prevén un 65% de inflación en 2020 pero también descartan la híper, como el norteamericano Citigroup. En ese banco prevén más inflación en el segundo semestre porque opinan que al Central le resultará muy difícil absorber el “océano” de pesos una vez que baje la demanda de dinero por motivo de prudencia, los salarios se descongelen y el consumo se mueva tras la recesión. De todos modos, desestiman una híper porque cuando la economía rebote habrá mucha capacidad ociosa de la industria, alto desempleo y salarios deprimidos.

 

Alejandro Rebossio

ALEJANDRO REBOSSIO

Editor de Economía y columnista económico de Radio Perfil.

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IIMPUESTO A LAS GANANCIAS: POR DECRETO, EL GOBIERNO NACIONAL SUBIÓ EL PISO A $175 MIL

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El mínimo no imponible volverá a actualizarse el 1 de enero en función de la evolución de los salarios.

Tras el incremento anticipado del salario mínimo, vital y móvil, el gobierno nacional anunció la firma de un decreto para elevar el piso del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, que pasará a ser de 175 mil pesos. Volverá a actualizarse en enero.

Tras la derrota electoral del Frente de Todos en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) el gobierno nacional empezó a anunciar una serie de medidas ante el difícil contexto económico y así, en primer lugar,  este martes centrales sindicales, empresarios y el gobierno acordaron elevar el salario mínimo a 33 mil pesos hacia febrero.

Y como segunda medida este miércoles se  anunció oficialmente que mediante un decreto a publicar este jueves en el Boletín Oficial el gobierno decidió elevar el piso a partir del cual los asalariados deben abonar el impuesto a las Ganancias: desde septiembre, quienes perciban una remuneración bruta mensual de hasta $175 mil quedarán exentos. Hasta ahora, ese valor era de $150 mil.

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Tras la reunión del Consejo del Salario, el gobierno nacional, empresarios y centrales sindicales acordaron llevar el mínimo, vital y móvil a 33 mil pesos en febrero.

De la misma manera, el umbral de los 173 mil pesos pasará a ser de 203 mil pesos. A su vez, informaron que los trabajadores gozarán de la exención del Sueldo Anual Complementario de diciembre.

Así, destacaron que las 1.267.000 personas que dejaron de pagar el impuesto tras la última reforma del régimen aprobada en abril seguirán sin abonarlo a pesar del incremento de los sueldos y lo acordado en las paritarias: sostienen que solo alcanza al 10% de los trabajadores bajo relación de dependencia.

impuesto a las ganancias

En este marco, el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, todas las deducciones y las escalas del impuesto volverán a actualizarse a partir del 1 de enero del 2022, en función de la evolución de los salarios.

FUEENTE : QUE DIGITAL

FOTO TAPA : BONANO

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PRESIÓN TRIBUTARIA: SI UN EMPLEADO TRABAJA DE 9 A 18, TODO LO QUE GANA HASTA LAS 14:25 SE DESTINA A PAGAR IMPUESTOS

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Un trabajador en relación de dependencia tiene que destinar el 60% de sus horas laborales a afrontar la carga impositiva, entre descuentos al salario e impuestos al consumo

 

Un empleado privado en relación de dependencia puede destinar hasta un 60% de su semana laboral solo para hacer frente a los impuestos nacionales y locales que se cobran sobre su salario y sobre los productos que compra con ese dinero. Para graficar: para un trabajador que desempeña sus tareas de lunes a viernes de 9 a 18, hasta el miércoles a las 15 solo trabaja para cumplir con sus obligaciones tributarias.

Ese fue el resultado de una estimación realizada por el economista Manuel Adorni, que publicó en su cuenta de Twitter y que se viralizó de inmediato. “Si tu horario laboral es de 9 a 18 horas, recordá que hasta las 14:25 vas a trabajar para pagar impuestos. Si trabajás de lunes a viernes, hasta el miércoles a las 15 horas vas a trabajar para el Estado. Que disfrutes de tu jornada”, ironizó.

En diálogo con Infobae, Adorni comentó que para realizar esa cuenta se basó en una carga tributaria del 60 por ciento. “Estamos hablando de promedios y de porcentaje estándares; después dependerá de cada caso, si se retiene o no impuesto a las Ganancias o si trabaja media jornada, en ambos casos lo que se termina pagando terminaría siendo más”, aseguró.

Para llegar a esa conclusión, el economista tomó en consideración, en primer lugar, los descuentos sobre el salario bruto, entre los aportes patronales y las cargas jubilatorias que hace el propio empleado, y luego para un caso de un trabajador en relación de dependencia, el cobro de ART y el descuento sindical. En esa primera instancia Adorni consideró que, como ejemplo, un empleado con un sueldo bruto de $30.000 termina recibiendo 20.000 pesos.

Fuente: TwitterFuente: Twitter

Y sobre esa base estimó cuánto es lo que ese empleado pagará de impuestos una vez que quisiera, por ejemplo, comprar alimentos en un supermercado. Esa cuenta da un 40% de presión tributaria sobre esos productos, entre impuestos nacionales, provinciales y municipales.

“Aunque depende del producto, están calculados todos los impuestos de la cadena. Hay otros, por supuesto, que tienen más o menos IVA. En definitiva, desde que empezaste a trabajar hasta que llevaste la comida a la mesa de tu casa, trabajaste por $30.000 y pudiste disfrutar -por así decirlo- por $12.000, la diferencia te da un 60% aproximadamente″, concluyó Adorni.

El economista tomó en consideración, en primer lugar, los descuentos sobre el salario bruto entre los aportes y cargas jubilatorias, el cobro de ART y el descuento sindical. Y luego, los impuestos a consumo de alimentos en un supermercado

Hace dos años el economista había hecho una cuenta similar, también en Twitter y que también se viralizó. “Sueldo de Comercio: $34.293,57. Imp. al trabajo: $ 5.829,90. Sindicato: $957,35. => Cobrás $ 27.506,32. Con eso salís a consumir productos con 50% de impuestos en promedio. Trabajaste por $34.293,57 y compraste por $13.753,16. Impuestos = $20.540,41. Que tengan todos un buen día”, había mencionado en ese entonces.

Independencia Tributaria

En los últimos 10 años hasta 2020, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), elaboró un indicador que dio a conocer como el Día de la Independencia Tributaria, es decir, en qué momento del año una persona deja de trabajar para pagar impuestos y comienza a “gozar” de su salario propiamente dicho.

El año pasado esa fecha llegó el 28 de junio para el caso de un trabajador que ganaba en ese entonces en promedio 50 mil pesos de bolsillo mensuales. Según el informe de la consultora que dirige el economista Nadin Argañaraz, desde el 1° de enero los ciudadanos y ciudadanas comienza a trabajar “para el Estado”, entendido como destinar su ingreso a cumplir con el pago de impuestos que tienen alguna incidencia en su salario.

El año pasado el Día de la Independencia Tributaria llegó el 28 de junio

Una vez cumplido ese plazo determinado, comienza a percibir ingresos “para sí mismo”. Según los resultados obtenidos en el último relevamiento realizado por ese centro de estudios, un trabajador asalariado formal en Argentina debió trabajar en 2020 entre 181 y 214 días para cumplir con las obligaciones tributarias de los tres niveles de gobierno, dependiendo de sus ingresos.

Iaraf toma en consideración cuatro tipos testigo de asalariados para hacer su estimación. El Caso 1, el nivel más bajo de ingresos ejemplificado, se trata de un empleado que no queda alcanzado ni por el impuesto a las Ganancias ni por el impuesto a los Bienes Personales (ni el impuesto PAIS en 2020). Para este ejemplo, su “Día de la independencia tributaria” permaneció relativamente estable a lo largo de la última década.

Por su parte, los Casos 2 al 4, con sueldos más altos, demoraron una mayor cantidad de días en 2020 para alcanzar su independencia tributaria en comparación con 2019. Por otra parte, si bien se mantienen aún alejados del pico de 2015, en todos estos casos necesitaron más días para cumplir con sus obligaciones tributarias que al inicio de la serie, en 2011. Ante esto, Iaraf aclaró que “los cuatro casos considerados terminarían el 2020 con un aumento de la carga tributaria formal, acercándose nuevamente a los valores de 2017”.

FUENTE : INFOBAE

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EL ENACOM RECHAZARA LOS AUMENTOS DE MOVILES INTERNET Y TELEVISION PAGA

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El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) rechazará los aumentos en los servicios de telefonía fija y móvil, internet y televisión paga para agosto y septiembre que las empresas informaron a los usuarios, aseguró a Télam el vicepresidente de la dependencia oficial, Gustavo López.

“Nosotros vamos a rechazar los aumentos”, dijo López, quien advirtió que “lo que pretenden las empresas es un proyectado del 65 al 70% de aumento en un año”, incremento al que calificó de “disparate”.

“Con aumentos de ese tipo, amparados por la justicia, mucha gente se va quedar sin servicio”, enfatizó el funcionario.

En enero de este año se descongelaron los precios de los servicios de comunicaciones, En esa oportunidad, el Enacom autorizó hasta el 1 de julio aumentos del 20%, mientras que las empresas aumentaron alrededor de 32%, amparadas en medidas cautelares que frenaron la aplicación del DNU 690 y sus reglamentaciones que categorizaron a la tv paga, internet y telefonía como servicios públicos esenciales y en competencia.

“Nuestro objetivo era que no hubiera aumentos hasta diciembre, pero las empresas ya anunciaron incrementos para agosto y septiembre. Esta semana nosotros lo vamos a rechazar”, indicó López en diálogo con Télam.

El vicepresidente del Enacom recordó que existen medidas cautelares iniciadas por las empresas que impiden la aplicación del DNU 690 que declara a internet, telefonía fija y móvil y tv paga como servicio público esencial y en competencia, así como la posibilidad de regular los precios.

“En este punto no hay dialogo porque cada uno tiene una postura diametralmente opuesta, no hay posibilidad de zanjarlo: O es servicio público o no es servicio público” insistió López.

El vicepresidente del Enacom dijo que a pesar de las objeciones realizadas al DNU 690, “las empresas están invirtiendo más que en el 2019”, cuando los precios estaban liberados.

López concluyó que tras analizar los montos invertidos en los últimos seis años, “la inversión no depende de la regulación sino de la macroeconomía”.

Consultado por la posición de quienes promueven que el Estado subsidie la demanda y deje los precios liberados a la competencia indicó que: “subsidiar la demanda sería: cobren lo que quieran que total el Estado lo paga. Nosotros decimos: cobren lo justo, lo razonable, que nosotros también ayudamos”.

Subrayó además, que el Fondo de Servicio Universal tiene por objeto financiar la expansión de redes y que los ingresos que existen por ese concepto no alcanzarían para subsidiar la demanda.

Ante la posición del sector privado que asegura verse condicionado por la declaración de servicio público, y especialmente por la regulación de precios, López señaló que “nosotros no nos metemos en sus ganancias, pero estamos cuidando al consumidor”.

Agregó que la decisión de declarar a internet como servicio público se tomó un año atrás cuando en plena pandemia, con el aislamiento social vigente y un congelamiento en las tarifas de gas, luz y agua, las empresas del sector “quisieron volver a aumentar de un modo brutal” los precios de los servicios.

La semana pasada el presidente Alberto Fernández reavivó el debate público al sostener que las comunicaciones son un servicio público “le pese a quien le pese”.

Desde el ámbito legislativo, el senador oficialista Alfredo Luenzo presentó un proyecto de ley que toma el mismo principio del DNU 690 y el presidente de la comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, Pablo Carro, sostuvo que “en la Argentina que viene no podemos depender en servicios esenciales como la conectividad, solo con el criterio de cómo quieran cobrarlos las grandes empresas”.

Para el vicepresidente del Enacom queda claro que “vale la pena el debate público sobre si internet o las telecomunicaciones tienen que tener un acceso universal o tienen que estar restringido por la ley de oferta y demanda”.

López rechazó que la declaración de servicio público sea una medida que vaya en contra de un grupo empresario determinado, dado que Telecom fue la primera empresa en imponer aumentos superiores a los aprobados por el Enacom.

“Nunca lo pensamos así. Las circunstancias nos llevan a determinadas declaraciones porque quien encabezo la lucha en contra fue un grupo especifico”, indicó.

Recordó que “todo esto vino a partir de la pandemia” y que “el diálogo por la suba de precios se rompió cuando quisieron aumentar mucho más allá de lo que la lógica indicaba”.

Señaló que la declaración de internet como servicio esencial es una recomendación de las Nacionales Unidas y puso como ejemplo de esto que en “Chile ya tiene media sanción el servicio publico de internet y Colombia lo aprobó la semana pasada”.

A lo que se suma que tienen la misma calificación para internet en México, Canadá y “algunos países de Europa”, agregó el funcionario.

“Nosotros lo hicimos, lo creemos y lo sostenemos porque nos parece que como la luz, el gas y el agua, es un servicio esencial para la vida cotidiana. La declaración de servicio publico nos permite pensar y discutir hacia adelante normas que garanticen el acceso. Todo lo demás estamos dispuestos a conversarlo siempre”, finalizó López.

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