Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno

La decisión judicial de suspender la actividad de Rappi, PedidosYa y Glovo, ordenada el pasado viernes por el juez Roberto Gallardo, generó polémica y provocó la reacción de Horacio Rodríguez Larreta, quien criticó con dureza al magistrado y defendió el servicio que prestan las empresas de delivery.

“Lo de Gallardo, cualquier cosa… sus fallos son más políticos. El tema es que después todas (las decisiones) se las apelamos y se las ganamos…”, disparó el jefe de Gobierno, quien aclaró que las compañías “están legalmente constituidas, pagan sus impuestos, son utilizadas por mucha gente y dan mucho trabajo, generan puestos laborales“.

“Una cosa es que trabajemos para ver cómo se regulan estas nuevas opciones que aparecen con la tecnología, pero otra es prohibirlo y dejar en la calle un tendal de gente, justo con la necesidad de trabajo que hay…”, cuestionó en declaraciones a Radio Mitre.

El funcionario macrista agregó que su administración decidió apelar esta decisión judicial, con la aclaración de que se trabaja en la regulación de las aplicaciones, siempre con la premisa de “respetar los puestos de trabajo“.

Para dar por cerrado el tema, Rodríguez Larreta volvió a apuntar contra la figura del juez GallardoEs un fallo más de los tantos que nos tiene acostumbrados“.

Operativo contra un repartidor de Rappi (Foto: Franco Fafasuli)

Operativo contra un repartidor de Rappi (Foto: Franco Fafasuli)

En abril de este año, Rappi, PedidosYa y Glovo sufrieron un revés judicial: la Justicia le ordenó al gobierno porteño que prohíba su actividad en todo el distrito hasta que cumplan con los requisitos mínimos estipulados en el Código de Tránsito y Transporte.

Sobre el epílogo de la semana pasada, el juez Gallardo avanzó y dispuso la inmediata suspensión y bloqueo de las apps que no hayan cumplido con lo prescripto en la Ley 5.526 y su reglamentación.

En ese marco, se le ordenó al jefe de la Policía de la Ciudad que realice operativos en la vía pública para identificar a los conductores de ciclorrodados y motovehículos afectados al transporte de mercadería y verificar las condiciones de seguridad de su tarea diaria.

La compañía Rappi -una de las afectadas- emitió un comunicado en rechazo a la resolución judicial, por considerar que “perjudica tanto a repartidores como comercios locales y consumidores“.

Lamentamos profundamente dicha decisión judicial que será apelada. Seguiremos velando por los intereses de todas las partes con el mismo compromiso de siempre”, concluyeron.

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