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Opinión

ROXANA KREIMER: “EN EL CASO DE LUCIO DUPUY, SE ADOPTÓ UN PREJUICIO SEXISTA EN FAVOR DE LAS MADRES”

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1 año ago

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“En la Justicia no debería haber una sola perspectiva de género”, dice la autora de “El Patriarcado no existe más”. “Acá se perjudicó a los varones, al padre y al tío del niño asesinado”, sostuvo en esta entrevista con Infobae

“La Ley ampara a la madre, la Policía decía ‘mientras esté con la madre va a estar bien’”, dijo Maximiliano Dupuy, tío del pequeño Lucio, de 5 años, que murió como consecuencia del maltrato y los golpes que recibió de su madre y de la novia de ésta. El hombre tuvo durante un tiempo la tutela de su sobrino pero apenas la mamá lo reclamó la justicia se lo restituyó. El caso despertó polémica y no faltaron las lecturas “con perspectiva de género”, pero encontradas. Unos culpan al patriarcado, otros al feminismo.

Por eso es interesante la perspectiva de Roxana Kreimer que, desde lo que llama feminismo científico, cuestiona muchos de los dogmas feministas muy difundidos en los últimos tiempos. Ella lo hace con el respaldo de su formación filosófica pero también a partir de los datos concretos. Los casos, las estadísticas. Desde hace un par de años, se ha volcado al estudio del Derecho y en base a esa experiencia sostiene que, en base a esos dogmas del feminismo hegemónico, “se está formando a toda una generación de abogados en el quebrantamiento de garantías constitucionales como la igualdad ante la ley o el derecho a una legítima defensa”.

Kreimer es una de las pocas intelectuales argentinas que se atreve a remar contra la corriente dominante en el feminismo, aunque ella asegura que cada vez son más las que advierten acerca del riesgo de un prejuicio sexista contra los varones en la justicia y en general. En esta entrevista, habla del caso de Lucio Dupuy y de la tendencia a “dar vuelta las tragedias en las que la victimaria es una mujer en la pretensión de que las únicas víctimas sean las mujeres”. También se refiere a las falsas denuncias -amparadas o promovidas por el “yo te creo, hermana”– y a la responsabilidad de los abogados y psicólogos que asisten a estas denunciantes, al sesgo en las estadísticas sobre homicidios en el ámbito privado y, finalmente, sostiene la necesidad de reformar la Ley Micaela (de capacitación obligatoria en género y violencia de género para los agentes de la administración pública).

— El feminismo sostiene que la justicia es patriarcal, pero el caso de Lucio Dupuy no parece encajar en ese enfoque. ¿Cuál es su opinión?

— Perspectiva de género no debería haber solo una, por la sencilla razón de que géneros hay dos, cada uno de los cuales suele tener sus problemáticas particulares. En este caso existe una justicia sesgada, que adopta un prejuicio sexista a favor de las madres, en lugar de evaluar las necesidades de cada niño y las características de cada progenitor. Acá se perjudicó y discriminó a los varones: al padre y al tío del niño asesinado por su madre, que pidieron la tenencia y no les fue otorgada, ni siquiera cuando la vecina llamó a la policía para decir que al niño lo estaban golpeando. No hubo investigación de oficio y el tío sostuvo que la madre amenazó con hacerle una falsa denuncia si no le devolvía al niño.

Lucio DupuyLucio Dupuy

— ¿Coincide entonces con algunas personas que dicen que existe un sexismo contra el varón en los tribunales de familia?

— Sí, asociaciones como Infancia Compartida denuncian cómo rara vez un hombre obtiene la tenencia en caso de conflicto y cómo proliferan denuncias falsas de mujeres, entre otras problemáticas. El feminismo hegemónico sostiene que el número de denuncias falsas resulta insignificante, pero es porque solo tiene en cuenta los pocos casos en los que se investiga si se trató de una denuncia falsa. En general lo que ocurre es que muchos casos se archivan por falta de mérito, sin que un fiscal investigue de oficio si se trató de una falsa denuncia, y sin que la propia víctima de esa denuncia quiera seguir lidiando con abogados, por lo que no suele iniciar una nueva acción legal para evidenciar que la denuncia era falsa.

— Sí, digamos que el varón denunciado cuando logra ser absuelto queda tan hastiado de la justicia que no demanda a la falsa denunciante…

— Sí, por otra parte, asociaciones como Infancia Compartida también muestran cómo los hombres en este tipo de situaciones sufren la obstrucción del vínculo con sus hijos, padeciendo la negligencia de los juzgados, que a menudo demoran más de la cuenta en autorizar su reconexión con el menor. En su libro Hienas, la abogada Patricia Anzoátegui describe cómo hay abogados y psicólogos cómplices de las falsas denuncias, cómo en el tratamiento psicológico del niño es fácil interpretar dibujos como indicios de abuso cuando se tiene ese único objetivo. Es un ejemplo de sesgo confirmatorio, una distorsión en la que se busca confirmar hipótesis previas, desestimando lo que las refuta. Muchas veces este informe privado no coincide con los estudios del cuerpo médico forense, que no encuentra indicadores. Esto debería cambiar, los abogados y psicólogos de la persona mentirosa que denuncia deberían ser denunciados por faltar al código ético. No es verosímil que todos los abogados y psicólogos contratados por quien hizo una falsa denuncia ignoren la verdad. Deberían responder solidariamente por el daño a los hijos y al progenitor inocente.

— Ahora bien, muchas feministas sostienen que esta priorización de la madre en la tenencia de los hijos es también un rasgo del patriarcado. ¿Está de acuerdo?

— En El segundo sexismo, el filósofo sudafricano David Benatar llamó “inversión” al hábito del feminismo hegemónico de dar vuelta las tragedias en las que la victimaria es una mujer en la pretensión de que las únicas víctimas sean las mujeres. Si un hombre y una mujer se disputan la tenencia de su hijo, y los jueces casi nunca fallan en favor del hombre, esa discriminación no la sufre la mujer, por tanto, no es patriarcal, en particular si definimos al patriarcado en su sentido moderno, tal como lo entendieron las feministas radicales de los sesenta, como una suerte de confabulación de los hombres destinada a perjudicar a las mujeres.

— ¿Cómo cree que operaron esos enfoques o perspectivas en el caso de la muerte de Lucio?

— Muchas notas y tweets como el de la diputada Ofelia Fernández sostienen que este crimen será utilizado por los medios y el público para canalizar el “lesboodio” y el antifeminismo. Pero el hecho de que las victimarias sean feministas y publicitaran en las redes mensajes en contra de la violencia de los hombres, o el hecho de que sean lesbianas, es irrelevante para el delito. En cambio, los sesgos de la “perspectiva de (un) género” en el funcionamiento de la policía y del derecho de familia sí lo son: el sesgo automático a favor de la madre y de la mujer denunciante, la falta de investigaciones de oficio para evaluar la posibilidad de denuncias falsas o de maltrato infantil. En este caso ocurrió en dos momentos: en el conflicto entre la madre y el tío por la tenencia, y en la llamada de la vecina que informó a la policía el maltrato que padecía el niño.

— ¿Qué opina del eslogan “yo te creo, hermana”?

— Ese eslogan se origina en un profundo desconocimiento de la psicología científica. Si las mujeres no mintieran, no serían seres humanos.

— En su último libro, El Patriarcado no existe más, usted afirma que las mujeres también son violentas. Que el hombre mata más porque tiene más fuerza. ¿Existen cifras comparadas?

— Según las Estadísticas criminales del Ministerio de Seguridad del 2018, en la Argentina fueron asesinados 2010 hombres y 248 mujeres si sumamos los ámbitos público y privado. Si hablamos de homicidios que tienen lugar en el ámbito privado, ahí es mucho más difícil obtener cifras comparativas, porque suelen contar solo a las víctimas mujeres. Utilizando estadísticas de 10 países europeos, un estudio de Consuelo Corradi y Heidi Stöckl de 2014 subraya la influencia que tuvieron los movimientos feministas para lograr que la recopilación de datos de organismos públicos se centrara más en los homicidios de mujeres que en los de hombres. Ahora según datos del 2017-2018 del Servicio Penitenciario Bonaerense, en ese periodo hubo 159 mujeres y 43 hombres asesinados en el ámbito doméstico, una proporción de cuatro a uno. Hay muchos estudios que muestran que el hombre pega más, y muchos que muestran que la mujer pega más. Entre estos últimos, cabe destacar “Violencia física en el noviazgo”, de la investigadora del Conicet Karin Arbach, publicado en 2015. Un trabajo de Galban del 2014 muestra evidencias de que las motivaciones para asesinar no difieren en hombres y mujeres: celos, interés económico, problemas vinculados a la educación de los hijos y, en términos generales, falta de herramientas para la resolución de conflictos son los más frecuentes.

— Esto confirma algunas de las cosas que se dicen sobre las estadísticas, como que es la primera de las ciencias inexactas…

— Bueno, la unificación de categorías tan diversas en una sola palabra, “violencia”, en ocasiones podría confundir más que echar luz a un tema tan complejo, en particular cuando las encuestas dan a conocer sus resultados a la prensa, sin que los titulares de las noticias aclaren de qué tipo de conducta se trata. Según el último relevamiento global de las Naciones Unidas del 2013, el porcentaje de homicidios que tienen como víctima a un varón y que suman los que tienen lugar en ámbitos públicos y privados asciende al 83,6% en Argentina, y en países con menos desigualdad es un poco inferior: en Australia es de 67,3 %, en Bélgica de 56,6. Si hablamos de homicidios que tienen lugar en el ámbito privado, ahí es mucho más difícil obtener cifras comparativas.

— Otra cifra tabú es la de los filicidios. En su libro afirma que son más las mujeres que matan a los hijos que los hombres. ¿En qué proporción es así?

— En mi libro consigné estudios como el de Putkonen y colegas del 2010 que mostraban que había más perpetradoras mujeres. Estudios posteriores como el de Brown, Bricknell y otros del 2019 consignan que hay más o menos la misma cantidad de filicidios perpetrados por hombres y por mujeres. Estas víctimas, los niños, así como los ancianos y los hombres, no figuran de manera destacada en la agenda pública, si comparamos el espacio que ocupan en relación a la mujer.

— Usted viene de la filosofía. Recientemente cursó materias de Derecho y decía que eso le ayudó a tener otra perspectiva sobre los casos. ¿Podrías precisar un poco más eso?

— Me refería al derecho en general, a los magros conocimientos que sobre él tiene la ciudadanía, que a menudo opina sobre los casos por el relato que hacen los medios, que no suelen basarse en la lectura de las sentencias judiciales. Por ejemplo, nuestro código penal describe a la legítima defensa como una conducta muy acotada que debe darse en condiciones muy puntuales como la inmediatez de una agresión o la respuesta proporcional. Sin embargo, muchos entienden que si una persona es atacada, el que se defiende tiene derecho a hacer cualquier cosa porque no fue él quien inició la agresión. Diversas materias que cursé en la carrera de derecho de la UBA incluyen textos muy sesgados en relación al género. Algunos incluso califican como legítima defensa que una mujer asesine a un marido violento cuando él duerme y la vida de la mujer no peligra en absoluto, y diversas abogadas feministas buscan que se legisle para que cuando la mujer -y no el hombre- padece este tipo de agresiones, la legítima defensa incluya casos como el que describí en el ejemplo. Se está formando a toda una generación de abogados en el quebrantamiento de garantías constitucionales como la igualdad ante la ley o el derecho a una legítima defensa.

— Justamente usted decía en una charla anterior que el feminismo se lleva puestos muchos principios elementales del derecho…

— Sí, el mayor riesgo es la implementación del derecho penal de autor, en el que no se focaliza la atención en la conducta sino en el tipo de persona que la perpetra (hombre, mujer, judío, musulmán, etc.). Los pilares de la democracia se ven afectados cuando el “yo te creo hermana” invierte la carga de la prueba y el hombre es considerado culpable por el mero hecho de serlo, afectando la presunción de inocencia, el derecho al honor mediante los escraches y el de una legítima defensa.

— Usted sugería que en vez de Ley Micaela, de capacitación en perspectiva de género, debía haber una capacitación en protocolos de actuación ante violencia doméstica. ¿Ve una concientización en la sociedad o en los políticos como para que podamos llegar a eso?

— El camino para enfrentar la violencia es indirecto. Los países con menos homicidios de hombres y mujeres son aquellos que tienen menores niveles de desigualdad económica y social, donde hay altos índices de escolaridad y de matriculaciones universitarias. La mayor parte de las personas que habitan nuestras cárceles no terminaron el colegio secundario. Esto podría estar vinculado con el hecho de que los delitos de guante blanco protagonizados por los ricos no son castigados del mismo modo que los que afectan a los pobres. Pero también es muy probable que refleje que. si bien la educación formal no es garantía de nada, vuelve más probable la posibilidad de gestionar el conflicto con palabras, sin apelar a la violencia física. También puede haber fallas en los mecanismos preventivos: en el caso Lucio hubo un aviso a la policía pero la información no generó investigación. Hay instituciones o teléfonos a las cuales puede recurrir una mujer maltratada, pero no existen análogos para los niños, ancianos y los hombres maltratados.

— ¿Qué pasó con la Ley Alejo?

— En relación a la Ley Alejo, por ahora veo que está en una etapa de concientización de la ciudadanía, con el diputado Eduardo Cáceres como uno de sus promotores más activos. La Ley Alejo busca modificar la Ley Micaela al considerar que esa capacitación obligatoria sobre desigualdades de género en la función pública está dada solo desde “la perspectiva de las mujeres”. Por eso focaliza en tres problemáticas que aquejan principalmente a los varones: una es la dificultad para denunciar en organismos competentes, por un lado porque tienen vergüenza de hacerlo, y por el otro porque a menudo en la comisaría se ríen de ellos o los tratan de “poco hombres”. La segunda motivación es la de poner un freno a las denuncias falsas que mayoritariamente padecen los hombres y a lo que ya me referí. Y la tercera razón que mueve al proyecto de ley es la obstrucción del vínculo con los hijos, en particular cuando se separa el matrimonio, algo que padecen los hombres en mayor medida. La Ley Alejo instauraría líneas telefónicas de ayuda gratuita, comisarías especializadas y un observatorio para estudiar los problemas particulares de los hombres.

— ¿Qué repercusiones tuvo su libro sobre el Patriarcado? Sobre su no existencia, mejor dicho…

— Por suerte muy buena, en parte gracias al apoyo de periodistas que no le dan la espalda a los temas políticamente incorrectos y que no subestiman tanto a la mujer como para considerarla una eterna víctima. Por parte del feminismo hegemónico no he tenido ningún tipo de respuesta. Muchas de sus líderes son más proclives a “cancelar” disidentes o a ignorarlas antes que a iniciar un diálogo racional respaldado por cifras y argumentos. Por suerte la literatura crítica del feminismo hegemónico ya es voluminosa en todo el mundo, y en nuestro país se enriquece con los aportes de Patricia Anzoátegui y Nancy Giampaolo, que también publicó un libro titulado “Feminismos: liberación o dependencia”, en el que refiere a la cultura de la cancelación, el escrache y el punitivismo.

— ¿Qué balance hace de estos dos años de un gobierno que empoderó al feminismo no científico -por llamarlo de algún modo- o feminismo mainstream -no por mayoritario, sino por su influencia-, en cuanto a logros para la mujer y, por ende, para toda la sociedad?

— Celebro que se haya sancionado el aborto legal y gratuito en la Argentina, que representa la vanguardia latinoamericana en este dominio. También la ley de cupo trans, un colectivo que históricamente ha tenido grandes problemas para encontrar trabajo. Por lo demás, veo un despilfarro de dinero público en ministerios nacionales y regionales de la mujer que considero innecesarios. Basta ver lo que publican en las redes: se la pasan de reunión en reunión sin mostrar logros que justifiquen semejante dispendio en un país con 40% de pobreza. Tienen un marco científico constructivista que resulta inadecuado para hacer buenos diagnósticos sobre los problemas de la mujer, y a partir de diagnósticos incorrectos se derivan políticas inadecuadas como los cupos laborales para músicas mujeres o para camioneras. Si hay menos mujeres u hombres en determinadas profesiones, la mayoría de las veces esto no es resultado de la discriminación. Hay que tener en cuenta otras hipótesis, en las que se combinan factores biológicos y culturales. Tal como busqué mostrar con base empírica en mi último libro, El patriarcado no existe más, no hay una discriminación sistemática contra la mujer, lo que no niega que puedan perdurar conductas sexistas. También señalé, en consonancia con la investigación publicada por Stoet y Geary en 2019, que hay q dejar de considerar sinónimos “discriminación de género” y “sexismo contra la mujer”. La discriminación contra el hombre existe, y en la mayoría de los países occidentales supera a la de la mujer, tal como muestra este estudio hecho en 134 países.

 

Claudia Peiró

Por

Claudia Peiró
4 de Diciembre de 2021
cpeiro@infobae.com
FUENTE : INFOBAE

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Opinión

La jueza que condenó a Videla por el robo de bebés: “Justicia es poner paz donde hubo dolor”

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4 días ago

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24 marzo, 2023

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La exjueza María del Carmen Roqueta aseguró que “justicia es poner paz donde hubo dolor” al recordar la condena a Jorge Rafael Videla por el plan sistemático de apropiación de bebés, en cuya causa intervino como presidenta del Tribunal Oral Federal (TOF) 6 que emitió el veredicto, y sobre aquel fallo histórico subrayó: “Creo que cumplí con mi trabajo”.

En una entrevista con Télam, Roqueta revivió la jornada del 5 de julio de 2012, cuando “en un día muy frío” el Tribunal que presidía leyó la última sentencia contra Videla, a quien condenó -junto a Jorge “el Tigre” Acosta, Reynaldo Bignone, el exmédico policial Jorge Luis Magnacco y otros- por “la práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad”.

Ante un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, la exmagistrada reveló que al momento de leer el veredicto ella y los otros integrantes del TOF 6 “se sentían muy seguros” luego de haber estado “un año y medio trabajando”, pero confió que ese día al retornar a su casa tras el “tenso momento de la exposición” se encontró con su familia y entonces sí pudo, por fin, “bajar y llorar un poco”.

Roqueta se jubiló del poder judicial en 2017 y dos años después fue distinguida por la Legislatura porteña como personalidad destacada de los Derechos Humanos: se le reconoció su compromiso en la restitución de la identidad de menores apropiados durante la dictadura, a partir de su rol en el juicio por el plan sistemático de robo de bebés, una labor que para la exjueza implicó simplemente “cumplir con el trabajo” aunque al mismo tiempo, asumió, “quedó para la historia”.

Periodista: ¿Cómo vivió el día de la lectura de la sentencia, aquel 5 de julio de 2012?

María Roqueta: Internamente trabajé muchísimo, porque como jueza tenía que responder a la sociedad con un fallo que fuera objetivo. Habíamos logrado organizar bien el trabajo en el tribunal: los empleados y funcionarios del tribunal habían trabajado mucho. Después de las últimas palabras de los imputados, volví a mi despacho y me acuerdo que me saqué los zapatos y dije: “Bueno, ya está”. Pero faltaba ese otro momento, la lectura de la sentencia, en el cual uno, obviamente, como juez o jueza que está en el Tribunal Oral, pone mucho el cuerpo y se expone. Me acuerdo que me calmé. Bajé los niveles. Era difícil. Y leí, con la autoridad que correspondía leer semejante fallo. En definitiva, es lo que siempre digo: la justicia, en un estado de derecho, de alguna manera es poner paz donde hubo dolor.

P.: Fue un momento histórico.

M.R.: Creo que cumplí con mi trabajo. Sé que hay una mirada (de valoración) por haber hecho el juicio (sobre robo de bebés), como ocurre con todos lo que hemos trabajado con las causas de esa humanidad. Que sí, es cierto, quedan en la historia. Pero yo lo quiero tomar como algo cotidiano porque si no sería muy pesado.

P: ¿Cómo llegó a intervenir en la causa del ‘Plan sistemático de robo de bebés’?

M.R.: La causa por robo de bebés venía ya desde el año 1997. Una causa en la que no solo estaba imputado Videla sino varios que militares más. Eran 34 casos en los cuales íbamos desde el caso (Francisco) Madariaga (fallecido en 2020), que había sido apropiado y había aparecido, hasta el caso de (Victoria) Donda, que había sido apropiada. El máximo referente de todo ese plan era Videla y en el medio estaban (Jorge ‘el Tigre’) Acosta, (Jorge Luis) Magnacco, (Antonio) Vañek y mucho más. Teníamos testimonios de chicas embarazadas que habían parido en lugares donde había maternidades clandestinas: Campo de Mayo, el Pozo de Banfield. Había una práctica sistematizada. Pero para poder decir que hubo una sistematización había que analizar varios centros clandestinos: todo el circuito La Plata, el circuito de Campo de Mayo, ESMA. Y así tuve que armar el juicio, primero por cada centro clandestino y en cada centro, cada caso puntual y las testimoniales de la gente que había sobrevivido y contado lo que había visto. Después, con la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, comienza una nueva etapa. Y también con los fallos que saca la Corte Suprema en su momento, después de la anulación (de las leyes) que hace el presidente (Néstor) Kirchner y el Congreso acompaña. La Corte después dicta tres fallos fundamentales, uno a partir del espía chileno (Enrique) Arancibia Clavel, para decir que esas causas no habían prescripto, porque eran delitos de lesa humanidad y, como tales, no prescriben. El delito es tan terrible para la sociedad que eso no puede prescribir. Mi trabajo era trazar toda la línea de responsabilidad penal, como se llama en derecho penal, para llegar a los máximos, a los que dieron las órdenes.

P.: En esa oportunidad la Justicia estuvo a la altura. Así lo vivieron los organismos de DDHH y las propias víctimas. ¿Cómo ve usted ahora los debates sobre la justicia?

M.R.: El poder judicial debe volver a ser confiable. Tiene que haber una justicia ordenada, transparente, creíble y que tenga una mirada amplia de la sociedad, conociendo qué es lo que pasa y dónde se necesita ser efectivo, ágil, llegar a tiempo. Se han vivido y se viven momentos complejos, que no son de la mejor calidad de justicia que se pueda ofrecer, con diez jueces que hacen una instrucción y un juicio que está comprado o lo que sea. Se puede hacer persecución política, como se ha estado haciendo, pero eso no quita que hay un montón de gente que trabaja seriamente y pone todo para hacer las cosas bien.

P.: ¿Cómo decidió ser abogada y cómo entró en el Poder Judicial?

M.R.: Siempre tuve presente durante mi carrera, y en el ejercicio de mi profesión, la búsqueda de ejercer derechos y lograr, un poco, que se haga justicia. Esa fue siempre mi motivación principal en el marco del país que viví -los ’60 y los ’70- en el que, bueno, las injusticias existían. Un país que tenía proscripciones políticas. Yo me críe en un barrio muy sencillo, Valentín Alsina, y mis viejos eran personas de laburo. Por eso sentía la injusticia, pero mis viejos me enseñaron que la educación era una herramienta importante para avanzar en el camino que uno quería armar. Hace poco conversaba con una amiga que siente nostalgia de los ’70, pero los ’70 fueron terribles. Yo viví la etapa más terrible de la facultad de Derecho, con patotas caminando por los pasillos y compañeros y compañeras a los que se llevaban, que habían sido torturados en el decanato, cosas horribles. Uno no entendía muy bien qué era lo que estaba pasando porque creía que se los llevaban detenidos y en algún momento aparecían pero la realidad fue terrible, porque no aparecían nunca más.

P.: ¿Y cómo fue su ingreso al Poder Judicial?

M.R.: Yo me incorporé antes de la reforma del año ’94; uno acercaba su currículum y veía qué podía pasar. Yo venía de la calle, no pertenecía al Poder Judicial. De hecho, las veces anteriores en que había intentado entrar, una vez me discriminaron por ser mujer y otra vez, en la época de los radicales, por peronista; pero sobre todo por ser mujer, porque me interesaba mucho el tema penal. Porque aunque en la facultad de Derecho la mayoría eran mujeres, en determinados cargos es como muy, muy difícil, poder llegar a ser jueza, o ser fiscal, o defensora oficial. En una entrevista, por ejemplo, cuando yo tenía 27 años, el secretario me mira y me dice: “Vos sos joven, y sos mujer, y si tenés que verte con un detenido…” Yo le dije: “Yo soy una profesional preparada y uno elige también qué cosas hacer dentro de la profesión”.

P.: En este año se cumplen 40 años del regreso de la democracia. ¿Cómo vivió aquel momento?

M.R.: Quienes tenemos algunos años y recordamos ese 1983, en el que todo parecía posible con la vuelta a la democracia y había mucha ilusión, después fuimos viendo que no era tan fácil.

P.: ¿Qué opina del fuero federal?

M.R.: La justicia federal necesita, sobre todo, que sea modernizada. Hay que tener recursos y la mejor calidad de personas, pero calidad en el compromiso con la justicia para que no se haga algo contra el estado de derecho. Y hay que poner la mirada en el tema de género, porque el Poder Judicial está un poquito atrasado. No puede haber una Corte con cuatro señores (por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti). No voy a abrir juicio de valor porque son personas intelectualmente importantes, pero no puede ser una Corte en la cual no haya cuatro mujeres más, o cinco más. Pienso que en algún momento tiene que caerles la ficha y dejar de jorobar.

 

Andrea Holgado para Ambito

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Judiciales

No fue lawfare: mentiras y trampas en el juicio de Vialidad que condenó a Cristina

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2 semanas ago

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12 marzo, 2023

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Abogados que ocultaron tramos de documentos oficiales en que basaron las defensas porque lo omitido hundía a sus clientes. O que le enrostraron a la Fiscalía haber lanzado afirmaciones que en realidad nunca lanzó para confundir al tribunal o a la opinión pública. O que denunciaron la violación del derecho de defensa por no haber sido notificados sobre la incorporación de una prueba al expediente cuando sí fueron notificados. O varios peritos de parte y testigos que orillaron el falso testimonio con afirmaciones sesgadas. O empleados de Vialidad que… la lista continúa.

El Tribunal Oral Federal que condenó a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la “causa Vialidad” reflejó en el fallo que difundió este jueves múltiples episodios en los que las defensas intentaron jugadas, como mínimo, polémicas. Tanto, que el tribunal le notificó lo ocurrido al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal para que “fiscalice las temerarias intervenciones profesionales” y, acaso, aplique sanciones disciplinarias.

Esas “temerarias intervenciones” de los abogados reflejaron un contraste notorio entre las acusaciones de lawfare y lo que salió a la luz, con evidencias concretas, durante las audiencias del juicio oral, según surge de la sentencia de 1616 páginas que rubricaron los magistrados Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

De hecho, el tribunal remarcó a lo largo del fallo que algunas defensas incurrieron repetidas veces en una “actitud estratégica de elegir los presupuestos de la acusación para luego poder defenderse de dichos extremos inexistentes”, lo que calificó como “una verdadera y despiadada lucha contra los molinos de viento”. ¿Por qué? Porque para algunas defensas, según el estimó el tribunal, lo más importante no se dirimía en las audiencias del juicio, sino en “la instalación de una narrativa en el plano extraprocesal”. Es decir, la difusión de un relato ante la opinión pública a través de los medios de comunicación y propaganda afines.

La lectura del fallo aporta numerosos ejemplos. Entre ellos, cuando los defensores de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, remarcaron que no había mensajes directos entre la entonces Presidenta y su secretario de Obras Públicas, José López, y esgrimieron esa ausencia como una prueba irrefutable de la inocencia de su defendida. “¿Esperaban que la Presidenta de la Nación chateara personalmente con López?”, se preguntó el tribunal. “¿Quién más que la entonces Presidenta, a través de su asistente personal, podría ordenarle a un Secretario de Estado que se hiciese presente en la quinta de Olivos o en Casa de Gobierno a una hora determinada?”, plantearon Gorini, Giménez Uriburu y Basso, para luego indicar que esa jugada defensiva era “realmente llamativa” y “manifiestamente endeble”.

El letrado de Lázaro Báez, Juan Martín Villanueva, fue, sin embargo, el que protagonizó más episodios cuestionablesc como cuando sostuvo que su cliente había sido un empleado bancario que ascendió en el escalafón hasta convertirse en el máximo ejecutivo del Banco de Santa Cruz, y le enrostró al fiscal Diego Luciani haber dicho que era mero “cajero” bancario.

Pero eso era falso. Luciani jamás lo dijo, aclaró el tribunal. “Si alguien utilizó ese término fue la propia defensa de Báez, la que puso ese concepto en boca de los Fiscales para luego poder cuestionarlo y probar un pretenso yerro tanto en el plano procesal como en el mediático”. Y más allá de eso, el tribunal le recordó que lo esencial del debate pasó por otro lado: ¿tenía Báez experiencia en la obra pública? Y allí tropezó su defensa: “El intento de la defensa técnica de Báez de presentarlo como un avezado directivo de una empresa constructora es directamente una farsa”, concluyeron los magistrados. Una y otra vez, empero, Báez y sus letrados incurrieron en “falsedades” o “falacias”, según el tribunal. Por ejemplo, cuando quisieron sostener que Austral Construcciones se constituyó en abril de 2003 y acusaron a los fiscales de “falsear” el acta constitutiva porque “no les servía la verdad”, lo que también levantó y difundió la maquinaria de difusión cercana al kirchnerismo. Pero en realidad, según verificó el tribunal, la Fiscalía tenía la razón, apoyado en un documento que así lo demostró y que conocían todas las partes. “Nos enfrentamos, una vez más, frente a un artilugio defensista cimentado en una nueva falsedad”, estimó el tribunal.

La diferencia entre el relato y las evidencias también quedó expuesta cuando se analizó cómo fue el proceso de recálculo en las obras otorgadas a Báez. La defensa invocó un informe que aportó la Dirección Nacional de Vialidad que calificó como “una prueba central” que demostraba “dos mentiras” de la Fiscalía y cuya solidez era “incontrovertible”. Pero, ¿qué pasó? Según el tribunal, la defensa incurrió en un “berenjenal comparativo” que lo llevó a esbozar conclusiones erróneas o, peor, “opuestas” a las reales.

“La treta”

Lo mismo, aclaró el tribunal, ocurrió cuando se analizaron la ampliación del plazo o las redeterminaciones de precios en las obras, entre otros ejes. “Una vez más, las defensas escogieron ellas mismas los ejes sobre los que ejercer su defensa, y en ese afán realizaron estruendosas y simbióticas alegaciones sobre la licitud del procedimiento, el acierto en los cálculos y el sacrificio económico que resultaba su aplicación para las empresas”, destacaron los magistrados, cuando en realidad lo nuclear pasaba por otro lado. “El yerro en el que caen las defensas […] se encuentra íntimamente vinculado al escandaloso sistema de aprobación de las ampliaciones de plazos y modificaciones de obras (por su automaticidad, inmotivación, falta de acreditación, justificación, control y fundamento, etc.) que lo antecedió, pues ahí residía la treta”.

Lejos de amilanarse, sin embargo, las defensas redoblaron la apuesta. También buscaron relativizar la importancia de que Báez tuviera tanta preponderancia en el reparto de la obra pública en Santa Cruz. Para eso plantearon que en cada provincia suele haber una constructora con mayor peso porque, por ejemplo, está localizada allí, con sus maquinarias y personal, lo que buscó probar el letrado de Báez con un documento que, según alertó el tribunal, “no cuenta con la totalidad del universo de obras financiadas y/o ejecutadas por la Dirección Nacional de Vialidad en el período en cuestión”.

El tribunal requirió entonces más información oficial y lo que obtuvo, lejos de beneficiar a los acusados, los complicó aún más. “La comparación completa y fundamentada en datos es apabullante”, destacaron Gorini, Giménez Uriburu y Basso, que se apoyaron en datos “objetivos y verificables” para evaluar la distribución de sus negocios, y deploraron lo que calificaron como “pseudos conocimientos especiales” que invocaron los letrados y que fueron levantados por los medios de comunicación más afines al Frente de Todos.

Testigos y peritos de parte

En otros tramos de la sentencia, el tribunal también criticó la actuación de varios testigos y peritos propuestos por las defensas. Entre ellas, una ingeniera designada como perito por la defensa de la actual vicepresidenta, Adriana Alperovich, quien para apoyar a quien la había contratado llegó a utilizar “bibliografía estudiantil guatemalteca, peruana y colombiana, sin precisar sus antecedentes, calificación y rigurosidad técnica”. Eran tesis de grado.

Eso no fue todo. “Sobrepasando los límites de la tarea pericial que le fuera encomendada”, Alperovich “omitió deliberadamente su abordaje completo y recurrió a normas, dictámenes y antecedentes que no resultan ni remotamente aplicables al caso”, indicó el tribunal, hasta ofrecer “una versión exculpatoria que no resiste el menor análisis técnico”. Pero su relevancia en los tribunales fue lo de menos. Su testimonio fue ensalzado por la defensa y levantado por los medios de comunicación afines como “la única que hizo un estudio serio” y “quien de manera fundada descartó la acusación de sobreprecio. En la misma línea, varios testigos quedaron bajo la lupa, como Daniel Semino o Laura Hindie, que durante el juicio intentó relativizar lo que ella misma, como jefa de Legales del Distrito 23° de Vialidad, había sostenido apenas nueve meses después de ocurridos los hechos. ¿Qué pasó en el medio? Que asumió como diputada por el Frente de Todos. Para el tribunal, su giro resultó una “calculada y casi frívola mutación” que la llevó a modificar “su percepción de los hechos de manera infantil y con un sentido de la oportunidad asombroso”. Pero en las usinas de propaganda fue presentada como “una testigo fundamental”.

Como el de Hindie, los defensores y medios afines al kirchnerismo también propalaron el testimonio de Justo Pastor Romero, un auditor de Vialidad Nacional que al declarar durante el juicio oral “escondió en su fundamentación un error de base” conceptual, según el tribunal, y lanzó “temerarias interpretaciones” sobre un informe, “totalmente opuestas a las aclaraciones que realizaron sus hacedores en relación a sus alcances”. Y otra vez se repitió la dinámica: los magistrados desconfiaron de su credibilidad, al punto de indicar que les pareció que estaba “constantemente repitiendo un libreto”. ¿Y los medios de propaganda oficialistas? Lo definieron como “otro testigo demoledor”.

Columnas y notificaciones

Sin embargo, el tribunal estimó que no sólo ciertos testigos parecieron seguir un libreto propio. También la defensa de Báez editó el contenido de los “reporte por certificación de obra” que expuso durante el juicio. “Para empezar, [el material] se trata de una muestra parcializada del informe en cuestión”, alertaron los magistrados, que lo compararon con el informe completo. “Como puede verse de una simple comparación, 6 columnas han sido suprimidas del documento en ciernes”.

Pero si el uso de información parcial o manipulada durante un juicio resulta cuestionable, casi todas las defensas incurrieron en otro error, decisivo en el resultado final del proceso. Ocurrió cuando se incorporó a la “causa Vialidad” evidencias de otra investigación, la 12.441/2008. Es decir, el contenido de los teléfonos de José López; en particular, los mensajes que el exsecretario de Obras Públicas cruzó con los secretarios privados de Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Báez y su alfil en Austral Construcciones, Julio Mendoza.

La tormenta se desató cuando el fiscal Luciani usó esos mensajes en su alegato de manera intensiva. Las defensas clamaron que se violaba el principio de defensa en juicio de sus clientes y que jamás habían sido notificados sobre el eventual uso de ese material, lo que amplificaron sus canales habituales de difusión y propaganda, donde se afirmó que era “una prueba introducida silenciosamente en el juicio”, sin que las partes pudieran objetar su inclusión.

La realidad fue, otra vez, distinta. Así lo expuso el tribunal en su sentencia: “Las alegaciones introducidas por algunas defensas en torno a la supuesta sorpresa que habría significado para esas partes el hecho de conocer el contenido de esa prueba recién durante el alegato de clausura fiscal resultan completamente inadmisible”. ¿Por qué? Porque la Fiscalía pidió incorporar ese material al expediente mucho antes del inicio del juicio, todas las partes fueron notificadas de su interés e invitadas a compulsar ese material, que quedó a disposición de todos desde noviembre de 2017, tanto en la sede del tribunal como en forma digital.

Dicho de otro modo: las defensas sí fueron notificadas sobre el eventual uso de los teléfonos de López como prueba, pero no reaccionaron. Para el tribunal, la conclusión es tan clara como tajante: “Independientemente de si se trató de una decisión deliberada o una negligencia en el ejercicio del ministerio de la defensa, lo que de ninguna manera puede permitirse es atribuir ni vincular esa supuesta sorpresa con el comportamiento procesal que ha tenido este tribunal”.

 

 

Hugo Alconada Mon para La Nacion

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Opinión

Langostino: mediar entre la sobreabundancia, la especulación y la impaciencia

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2 semanas ago

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12 marzo, 2023

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En Chubut la zafra de langostino en aguas provinciales sumaba 95 mil toneladas por estos días y va camino a superar las 100 mil toneladas cuando termine.

La flota amarilla de Rawson, costeros y artesanales, resisten las presiones del resto de las cámaras, lease CAPECA y CAPIP, para mantener abierta una pesquería que sigue mostrando una abundancia extraordinaria. El miércoles hubo barcos que completaron 1100 cajones en el día.

La 2023 es la zafra de la cola. A partir del contexto complejo, con un mercado internacional que no demanda langostino entero y las cámaras frigoríficas con mucho stock de las capturas de la flota tangonera congeladora en aguas nacionales 2022, todo marisco que se descargó en Rawson terminó hecho cola.

La super abundancia provocó que empresas como Iberconsa se salieran de todo cálculo. Supongamos, si pensaban producir no más de 5 mil toneladas para toda la zafra, al primer día de febrero ya habían superado las 5200 toneladas.

A partir de entonces Iberconsa ya no hace más cola sino langostino entero que siguió coleccionado en cámara. Mientras tanto en Mar del Plata sus 100 trabajadores hace casi un mes que no son convocados a trabajar por la demanda de los peladores por la caída en la producción de cola pelada y desvenada a partir de la incapacidad de la empresa para sostener el volumen del congelado. La única oferta por ahora es retiros voluntarios para todos.

Lo que le pasó a Iberconsa le ha pasado a muchas otras empresas. Eso generó que algunas partidas de langostino entero lleguen a Mar del Plata, algo que está expresamente prohibido en la legislación chubutense pero el romance multisectorial que genera el empacho con el oro naranja todo lo permite.

“Seguimos una semanita más y cortamos”, prometen los pescadores amarillos cuando desde los frigoríficos les marcan la imposibilidad de seguir recibiendo matera prima. Ya no solo por falta de espacio en cámara sino de personal. Se va cumpliendo el tiempo de la temporalidad en la contratación y no queda más que bajar la persiana.

Estos días respiran aliviados en Playa Unión porque Gabriel Aguilar se fue al exterior y hasta que no regrese no firmará el cierre de la temporada como vienen pidiendo, por distintas vías e interlocutores, los demás sectores.

El contexto de lo que se vive en Rawson sirve para graficar la pelea que se vive por estos días en la pesca atada al langostino.

La apertura de un área para pescar el marisco sobre el 41ªS, al norte de la zona de veda de merluza para la flota tangonera congeladora y fresquera de altura, divide las aguas.

La flota congeladora patagónica no quiere saber nada con esa posibilidad. Sostienen que un mayor volumen empujará los precios hacia abajo. Tanto del entero como de la cola, que a partir de la abundancia de Rawson, tuvo una mayor presencia en los mercados internacionales.

Igual la estadística que difunde CAPECA no refleja la pérdida de valor de la cola. En enero se exportaron 6228 toneladas a un valor promedio de 7592 dólares la tonelada. Los números representaron 22% más en volumen y la caída del 3,6% en el precio promedio en la comparación interanual.

En Mar del Plata la postura es inversa. CEPA y CaIPA han pedido abrir el área para poder pescar, acompañado de algunos gremios como SIMAPE, SUPA y la Asociación de Capitanes. Siempre se habilitó en abril pero pidieron la apertura anticipada la primera semana de marzo. Aseguran que más allá del contexto crítico que hoy tiene el mercado, si hay langostino en el agua quieren pescarlo.

Y este sector no pesca desde octubre del año pasado cuando terminó la zafra de aguas nacionales y se prohibió el despacho a la pesca para preservar el ciclo reproductivo de la especie. A diferencia de sectores que se oponen a la apertura del Norte, pero tuvieron/tienen participación en la zafra de Chubut, ya sea como pescadores y/o reprocesadores.

“No nos oponemos, solo queremos que haya consenso para habilitar el 15 de abril”, asegura un industrial con barcos tangoneros congeladores.

¿Cuánto langostino se declara capturar al norte, entre enero y mayo, como para que baje mucho más el precio, haga tambalear la sustentabilidad del negocio y ponga en riesgo la estructura de las propias empresas?

De acuerdo a las cifras de los últimos años, en 2019 se registraron las mayores capturas con 19300 toneladas. Al año siguiente fueron 10.100 y en 2022 sumaron 16.500. El volumen incluye la pesca específica como el by catch del 20% de principios de año cuando los fresqueros pescan merluza.

Son cifras que no parecieran generar las graves consecuencias que advierten quienes desean que el área se mantenga cerrada, no al menos mayores al impacto que representa el desembarque de 100 mil toneladas en cuatro meses de zafra provincial.

Mar del Plata registra uno de los peores inicios de año en lo que a desembarques pesqueros se refiere. Los datos oficiales marcan una caída general del 16% hasta el pasado 7 de marzo. Con reducción del 12% en los desembarques de merluza hubbsi del efectivo sur y 37% de calamar.

Más allá de los intentos y presiones para que se deje de pescar en Chubut y no se abra al norte de manera prematura, en Pesca llevaron tranquilidad a los referentes sindicales de Mar del Plata que fueron a ver al Subsecretario preocupados por la falta de actividad en el puerto.

“No hay razones reales como para temer un escenario de no apertura”, les dijo Liberman, según refleja el portal Pescare. “Todos estos años hemos habilitado la pesca del langostino en el norte en abril”, reveló el funcionario.

Esta semana el CFP rechazó el pedido anticipado de apertura formulado por las cámaras marplatenses al considerarlo “prematuro” y convocó a la Comisión de Seguimiento de Langostino para los próximos días. La duda por estas playas es si el 15 de abril abre para todos o recién arranca la prospección.

Más tarde que temprano como piden en Mar del Plata se habilitará el sector norte de aguas nacionales. Veremos cuántas son las empresas de CAPECA y CAPIP que deciden mantener los tangoneros congeladores amarrados a muelle.

Mientras tanto varios de sus socios siguen alimentando stock con el langostino de provincia, Esa materia prima no parece implicar ninguna amenaza al futuro del negocio. Sobre todo porque es la de ellos.

 

Roberto Garrone para Punto Noticias

Imagen @ramiro32_

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