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RUTA DEL DINERO K: CASANELLO LE DIO INTERVENCIÓN A LA AFIP Y A LA UIF ANTES DE DEFINIR LA SITUACIÓN DE CRISTINA KIRCHNER

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También le pidió opinión al fiscal. Hace un mes, la Cámara Federal le ordenó al juez que defina “las situaciones procesales pendientes y concluir definitivamente la instrucción”

En una breve resolución, el juez Sebastián Casanello le dio intervención a la Unidad de Información Financiera (UIF) y a la AFIP para que opinen sobre la falta de mérito de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa denominada “ruta del dinero K”, donde ya fueron condenados Lázaro Báez y sus hijos. También deberá opinar el fiscal Guillermo Marijuán.

“Estimo pertinente recabar la opinión de los acusadores -públicos y privados- en relación con lo ordenad por los magistrados de Cámara”, sostuvo Casanello esta mañana en una breve resolución a la que tuvo acceso Infobae. Ocurre que hace un mes, la Sala II de la Cámara le ordenó al juez una definición sobre la situación procesal de Cristina.

“Corresponde hacerle saber al a quo (Casanello) que deberá cumplir con los términos establecidos en el art. 207 del C.P.P.N. a fin de resolver las situaciones procesales pendientes y concluir definitivamente la instrucción de la presente causa”, dijeron los camaristas Eduardo Farah y Mariano Llorens. Aunque no está dicho en la resolución, el próximo paso sería el sobreseimiento de Cristina Kirchner.

La causa de la “ruta del dinero k” es la única en la que la vicepresidenta fue llamada a declarar y no terminó procesada. En 2018, a instancias de la Cámara, Casanello le tomó declaración indagatoria.

Al año siguiente, el tribunal le ordenó al juez profundizar la investigación para esclarecer si Cristina Kirchner participó de la operatoria de lavado de dinero.

La nueva resolución de Casanello menciona a Cristina Kirchner pero también a Juan Pedro Damiani Sobrero, el ex presidente de Peñarol de Uruguay, y Antonio Demarco, un intermediario en la compra del campo El Entrevero. Son las tres personas que todavía tienen falta de mérito.

Ahora será el turno de las querellas (la Oficina Anticorrupción ya renunció con el cambio de gobierno). La AFIP y la UIF deberían contestar el pedido de Casanello en un plazo de tres días, dijo a este medio una fuente judicial. En la UIF ya se especula que no habrá una respuesta por el conflicto interno que sacude al área de Litigios Penales, donde renunciaron varios abogados y otros fueron echados.

Hay un dato no menor: las dos querellas apelaron en su momento la falta de mérito de Cristina Kirchner durante el gobierno de Mauricio Macri.

Lázaro Baéz fue condenado a finales de febrero a 12 años de prisión por lavado de activos agravado (EFE/Carlota Ciudad/Archivo) Lázaro Baéz fue condenado a finales de febrero a 12 años de prisión por lavado de activos agravado (EFE/Carlota Ciudad/Archivo)

La causa conocida como la “ruta del dinero K” comenzó en abril de 2013, a partir de un informe del programa Periodismo para Todos (PPT) y apuntó a la red de cuentas bancarias abiertas en el exterior y la maniobra, mediante la compra de bonos, para reingresar el dinero a la Argentina, justo cuando Lázaro Báez necesitaba capitalizar su empresa para poder quedarse con la construcción de dos represas en Santa Cruz.

Durante el juicio también se debatió el traslado de dinero en los aviones privados de Báez desde el Sur hasta Buenos Aires, y la compra del campo “El Carrizalejo” en la provincia de Mendoza.

Lázaro Baéz fue condenado a fines febrero a 12 años de prisión. También recibieron condenas sus cuatro hijos, su ex contador Daniel Pérez Gadín, el abogado Jorge Chueco, Fabián Rossi, entre otros.

Luego de las apelaciones, la definición ahora quedó en manos de la Sala IV de la Cámara de Casación.

La causa por la “ruta del dinero K” es una de las cinco causas que tiene abierta la vicepresidenta: actualmente está siendo juzgada en la causa de Vialidad y tiene otros juicios pendientes por Hotesur/Los Sauces y por los cuadernos de la corrupción. También está procesada en la causa por los vuelos al Sur, aunque la Cámara acaba de abrir un recurso para revisar su situación procesal.

Sin embargo, la vicepresidenta viene de una “victoria” en Comodoro Py: la semana pasada fue sobreseída por el Tribunal Oral Federal 8 en la causa del Memorándum con Irán.

En abril de este año, también fue sobreseída en la causa del dólar futuro en abril. Esa decisión fue adoptada por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, a cargo de los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa.

FUENTE INFOBAE
FOTO TAPA : EL INTRANSIGENTE

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PAPEL PRENSA: GUILLERMO MORENO FUE CONDENADO A DOS AÑOS EN SUSPENSO E INHABILITACIÓN POR AMENAZAS

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La decisión la tomó el Tribunal Oral Federal 8, que ya lo absolvió por un hecho similar hace un año y medio.

l exsecretario de Comercio Guillermo Moreno fue condenado a dos años de prisión en suspenso y 6 meses de inhabilitación para ocupar cargos públicos. Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal 8. Se trata del caso que lo investigó por haber irrumpido con guantes de box en una asamblea de Papel Prensa y haber amenazado a los miembros del directorio de la empresa.

El hecho ocurrió en 2010. Quedó registrado en una filmación el momento en el que el exfuncionario dijo: “¿Casco o guantes? Tengo casco y tengo guantes. ¿Qué quieren? Casco o guantes hay para elegir porque el juez dijo que nos tenemos que portar bien. La última vez dijo que no nos portamos bien, vino un gil tiró una trompada y se rompió el dedo. Entonces ahora para que no se rompan el dedo ¿casco o guantes? Tienen para elegir”.

El juicio por esta causa comenzó en abril. El fiscal Marcelo Colombo había pedido que Moreno fuera condenado a dos años y cuatro meses de cárcel, y la querella pidió cuatro años. La defensa de Moreno, representada por el abogado Alejandro Rúa, matizó el hecho y dijo que como esa frase no tuvo consecuencias a futuro no debería ser considerada una amenaza.

Guillermo Moreno, a los gritos, durante una asamblea de Papel Prensa
Guillermo Moreno, a los gritos, durante una asamblea de Papel PrensaTelam

Moreno ya fue absuelto por un hecho similar a este en diciembre de 2020. En esa causa se lo investigó por haber proferido amenazas contra accionistas del Grupo Clarín en una asamblea del multimedio en 2013. El delito investigado era turbación.

Sí fue condenado, en cambio, en otro caso denunciado por el Grupo Clarín, por la producción de cotillón con fondos del Estado en contra la empresa, con el eslogan “Clarín miente”. Por esa causa, el TOF 5 lo condenó por el delito de peculado a dos años y medio de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta perpetua para desempeñar cargos públicos.

El fallo fue dictado por los jueces Sabrina Namer y Guillermo Toselli, con la disidencia de la juez Gabriela López Iñiguez.

 

FUENTE : LA NACION

 

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LA JUSTICIA ARGENTINA IMPUTÓ POR TERRORISMO AL PILOTO IRANÍ DE UN AVIÓN VENEZOLANO VARADO EN BUENOS AIRES

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La fiscal argentina Cecilia Incardona pidió investigar la relación del piloto del avión de Emtrasur, Gholamreza Ghasemi, con posibles actos de terrorismo. También imputó al resto de los tripulantes de la aeronave retenida en Buenos Aires.

FOTO TAPA : Gholamreza Ghasemi

La fiscal argentina Cecilia Incardona pidió investigar la relación del piloto del avión de Emtrasur, Gholamreza Ghasemi, con posibles actos de terrorismo. También imputó al resto de los tripulantes de la aeronave retenida en Buenos Aires, pudo saber Infobae de fuentes judiciales.

“Con el avance de las tareas investigativas llevadas aquí adelante, surgieron varios rastros que imponen la necesidad de proseguir la investigación respecto de Ghasemi Gholamreza, de toda la tripulación que de él dependía, de la aeronave y de su carga, conforme las obligaciones del Estado Argentino para prevenir y sancionar hechos de terrorismo”, dice el dictamen de la fiscal.

Y agrega: “Tales circunstancias irregulares llevan a indagar si el verdadero objetivo del arribo de la aeronave a nuestro país fue exclusivamente para transportar mercadería de autopartes, o bien si estuvo fundado en razones diferentes a las alegadas y constituya, eventualmente, un acto de preparación para proveer bienes o dinero que pudieran utilizarse para una actividad de terrorismo, su financiamiento u organización”.

Luego de recibir el informe del FBI que confirma la vinculación directa del piloto del avión de Emtrasur, Gholamreza Ghasemi, con las Fuerzas Quds, la división de la Guardia Revolucionaria iraní especializada en operaciones de inteligencia, y con Hezbollah, el juez Federico Villena le corrió vista a la fiscal el fin de semana “para delimitar el objeto procesal”.

La fiscal ya había impulsado la investigación el lunes pasado, pero en ese momento no había pruebas concretas contra la tripulación.

En una semana, el juez Villena ordenó unas 60 medidas de prueba y el expediente suma ocho cuerpos. Muchas de ellas todavía no llegaron al juzgado. El magistrado espera con expectativa un informe definitivo sobre los teléfonos y las tablets secuestradas a los tripulantes. Los informes preliminares hasta ahora no arrojaron pruebas contundentes para el expediente. También está pendiente el análisis de las dos “cajas negras” del avión.

FUENTE : INFOBAE

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LA CORTE SUPREMA RECHAZARÍA LOS PLANTEOS DE CRISTINA KIRCHNER EN EL CASO DE LA OBRA PÚBLICA ENTREGADA A LÁZARO BÁEZ

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Será a pocos días de los alegatos en el juicio por los contratos concedidos al empresario en Santa Cruz durante el gobierno kirchnerista. Los delitos investigados son asociación ilícita y defraudación a la administración pública.

Si bien no parecerá una sorpresa para quienes siguen los movimientos judiciales, la noticia tendrá impacto político apenas quede firmada. Es que la Corte Suprema de Justicia se prepara en las próximas horas para responder los planteos que hizo la defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner y otros acusados en la causa por por la obra pública concedida al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015. Todos los indicios señalan que el máximo tribunal rechazaría los planteos, confirmaron a Infobae fuentes judiciales.

La decisión estará en manos de los integrantes del máximo tribunal Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, que apenas unos días antes de que aquel juicio se iniciara, en mayo de 2019, cuando nada hacía prever que Cristina Kirchner anunciara su regreso a la fórmula presidencial y pusiera el nombre de Alberto Fernandez para el titular del Ejecutivo, solicitaron al Tribunal Oral Federal 2 que le remitieran el expediente para analizar las impugnaciones de los acusados. En aquel momento, se especuló con que el juicio no se iniciara y la noticia provocó revuelo. Rápidamente, la Corte devolvió el expediente y los jueces dieron inicio al debate, con Cristina Kirchner, y sentada en el banquillo de los acusados. “El pedido de autos solicitados por esta Corte no suspende el juicio oral en trámite”, dijo en aquel momento el tribunal.

Son varias las impugnaciones (ocho al menos) que la defensa de la vicepresidenta planteó contra su acusación. Entre ellos aparece un recurso de queja contra un rechazo a diversas medidas de prueba tras un informe de la Oficina Nacional de Presupuesto, el antecedente de un sobreseimiento en Santa Cruz y otro porque se le impidió un peritaje más amplio sobre las obras que tomó como base la acusación. Es que sólo se analizaron cinco de las 51 obras bajo la lupa.

La versión de que la Corte Suprema rechace los recursos de la vicepresidenta no resultará una sorpresa para su entorno. No solo porque la ex jefa de Estado está convencida que existe “lawfare” en su contra. Es que hay otros fallos sobre los que se pronunció el máximo tribunal que podían servirle de vaticinio: el 16 de diciembre de 2021, el mismo día en que declaró la inconstitucionalidad del hoy ya viejo Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema rechazó por unanimidad el recurso de queja presentado por Sergio Urribarri, en la causa que investigaba el presunto desvío de fondos del ex gobernador de Entre Ríos en la campaña presidencial en 2015. El rechazo fue formal, por no estar dirigido contra una sentencia definitiva. En esa causa tampoco se vio un gravamen irreparable que pudiera habilitar la revisión del máximo tribunal.

Los jueces de la Corte Suprema: Maqueda, Rosatti, Lorenzetti y RosenkrantzLos jueces de la Corte Suprema: Maqueda, Rosatti, Lorenzetti y Rosenkrantz

La Corte Suprema tenía decidido resolver los planteos en el juicio de la obra pública antes de que el debate llegara a su final. Precisamente, ese debate entró en etapa de definiciones: los alegatos comenzarán el 11 de julio próximo. La Oficina Anticorrupción ya no será parte del debate porque la semana pasada anunció que se retiraba del proceso y por lo tanto de la eventual acusación. Al inicio de la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el organismo que dirige Felix Crous ya había decidido renunciar a todas las querellas de la causas en trámite contra la Vicepresidenta y sus hijos

Este el único juicio oral que hasta el momento enfrentó la ex jefa de Estado. El debate comenzó en mayo de 2019, apenas días después de que Cristina Kirchner anunciara la formula presidencial con Alberto Fernández. Junto con la vicepresidenta están acusados otras 12 personas. Entre ellas Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti, ex funcionarios de Vialidad Nacional y de Santa Cruz. La imputación es que desde los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner las empresas de Báez recibieron 51 obras públicas para Santa Cruz de manera irregular porque se otorgaron con sobreprecios, sin que las compañías tengan la capacidad para hacer las obras o porque cobraron la totalidad antes sin terminarlas. Se juzgan los delitos de asociación ilícita y defraudación a la administración pública.

Después de tres años de juicio oral, el TOF a cargo de Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso terminó con la ronda de testigos y fijó para el 11 de julio el inicio de los alegatos. El orden de acusaciones empezaba con la Unidad de Información Financiera y luego con la Oficina Anticorrupción -que ya se retiró- y después le tocará al fiscal Diego Luciani, que guarda bajo siete llaves los detalles de la lectura de pruebas que hará el Ministerio Público sobre el trámite de la causa. Será el momento en que se defina si la fiscalía acusa a la vicepresidenta. Los delitos en juego hacen pensar que podría pedirse una pena de entre los 5 y 16 años de prisión. Luego hablarán las defensas para rechazar las imputaciones. Se estima que el veredicto podría llegar antes de fin de año.

Quizás el momento más recordado del debate hasta ahora haya sido el día que le tocó declarar a Cristina Kirchner como imputada. Fue en diciembre de 2019, una semana antes de regresar al poder. “Este es un tribunal del lawfare que seguramente tiene la condena escrita. A mí me absolvió la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia”, dijo parándose y dando por terminada su declaración ante la mirada incrédula de los miembros del tribunal. Luciani insistió en saber si la imputada iba a responder preguntas. La ex presidenta volvió sobre sus pasos, se acercó al micrófono y respondió: ” ¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo”.

 

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