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Internacional

Sangriento motín en Brasil: una guerra entre bandas dejó 57 presos muertos, 16 de ellos decapitados

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Grupo rivales, el Comando Vermelho y Comando Clase A, se enfrentaron en el penal de Altamira, en el estado de Pará. Los asesinados son todos reclusos. Dos guardiacárceles fueron tomados como rehenes pero luego fueron liberados 
Una nueva masacre se produjo este lunes en una prisión del norte de Brasil, donde al menos 57 reclusos murieron en enfrentamientos entre bandas rivales que disputan las rutas de la cocaína de esa estratégica región.

Al menos 16 de las personas asesinadas en la cárcel de Altamira fueron decapitadas, precisaron las autoridades del estado amazónico de Pará.

La rebelión empezó hacia las 07H00 locales (10H00 GMT) y concluyó antes del mediodía.

(El lugar del motín)

“Fue un enfrentamiento entre bandas rivales. Dos guardiacárceles fueron tomados como rehenes, pero ya fueron liberados”, dijo a la AFP un portavoz de la Superintendencia de Prisiones de Pará.

Los enfrentamientos se iniciaron cuando dos personas detenidas en un ala reservada a los miembros de una de las facciones irrumpieron en la zona del grupo rival y desencadenaron un incendio, precisó el portavoz.

“Es probable que muchos detenidos hayan muerto asfixiados”, agregó.

El estado debería implementar medidas diferentes, como buscar “penas alternativas a la prisión para los presos primarios no violentos” o “reducir las tasas astronómicas de reincidencia”, sostuvo.

El penal de Altamira, en llamas por el motín

El penal de Altamira, en llamas por el motín

Un vídeo que circula en las redes sociales, reproducido igualmente por medios locales, muestra seis cabezas amontonadas junto a un muro; un prisionero se aproxima y hace rodar una con el pie, como si fuera una pelota de fútbol.

Otro vídeo muestra cuerpos calcinados sobre un techo del que emana una espesa humareda oscura, mientras reclusos armados con machetes recorren el lugar.

Un video defundido por la cadena Record TV Belem, muestra a los presos fotografiándose con las cabezas decapitadas de sus compañeros

Un video defundido por la cadena Record TV Belem, muestra a los presos fotografiándose con las cabezas decapitadas de sus compañeros

El gobernador de Pará, Helder Barbalho, lamentó el “episodio horroroso” y determinó la transferencia de 46 presos involucrados en el enfrentamiento, incluyendo el envío de diez “líderes” hacia prisiones federales de máxima seguridad.

Según las autoridades penitenciarias, la cárcel de Altamira tiene una capacidad de acogida de 200 presos, pero albergaba más de 300.

En septiembre pasado, siete presos fueron asesinados en otro motín, atribuido a una tentativa de fuga de ese mismo establecimiento.

Otras de las brutales imágenes muestra a un recluso pateando la cabeza de otro

Otras de las brutales imágenes muestra a un recluso pateando la cabeza de otro

Las autoridades confirmaron 16 decapitados

Las autoridades confirmaron 16 decapitados

Superpoblación carcelaria

Brasil, con 727.000 detenidos, tiene la tercera mayor población carcelaria del mundo, aunque apenas cuenta con 368.000 plazas en sus prisiones.

Cerca del 33% son presos provisorios, es decir, que aún no han pasado por un juicio.

A fines de mayo, 55 presos perdieron la vida en ajustes de cuentas durante dos días de enfrentamientos en varias cárceles del estado de Amazonas, vecino de Pará.

Una ola de motines en estados del norte y del nordeste, con más de 100 asesinados, muchos de ellos en condiciones atroces, sacudió este país de 210 millones de habitantes a inicios de 2017, atribuidos a rivalidades entre bandas por el control de las rutas del tráfico de cocaína.

Las autoridades y atribuyen esas masacres a la lucha por el control de las rutas de la cocaína procedente de Bolivia, Perú y Colombia, los tres mayores productores de la droga.

Altamira, a más de 800 km de Belem (la capital de Pará), está situada en una región que enfrenta graves problemas de deforestación y de conflictos por la tierra entre tribus autóctonas con madereros y grupos que invaden sus territorios para practicar actividades agropecuarias.

La ciudad, de 110.000 habitantes, tuvo un fuerte crecimiento demográfico tras el lanzamiento en 2010 de la construcción de la central hidroeléctrica de Belo Monte, que debe concluir a fin de año.

Pero expertos defienden que las masacres frecuentes son producto de las condiciones inhumanas de las prisiones del país, superpobladas de brasileños pobres y negros.

“Las autoridades brasileñas usualmente responden a esta crisis construyendo nuevas prisiones, endureciendo las penas y separando a los líderes del resto del grupo”, afirmó Robert Muggah director del instituto de investigación Igarape, de Rio de Janeiro.

(Con información de AFP

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Expertos en protección de datos piden modificar la ley: “Corremos el riesgo de ser manipulados por empresas o gobiernos”

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Desde la ONG Access Now describieron cómo actores del sector público y privado pueden vulnerar los derechos de los usuarios, las iniciativas legales que se han implementado para mitigarlas y el proyecto sobre la materia que duerme en el Congreso

“La commodity más valiosa es la información”, dijo el infame corredor de bolsa Gordon Gekko, interpretado por el actor Michael Douglas en la película de 1987 Wall Street. Ya entrado el siglo XXI, la frase no deja de tener vigencia, aunque el objeto de referencia es completamente distinto. Ya no -sólo- refiere a información sobre movimientos en las altas esferas del poder político y económico, sino a los datos personales de las 7.700 millones de personas que habitan el planeta. Y especialmente los de las que tienen acceso a internet.

La recopilación de vastas cantidades de información de los usuarios digitales se ha convertido en una práctica habitual, y con ella predeciblemente surgieron problemas respecto de su regulación legal. A lo largo de los últimos años, se ha comprobado que entidades de los sectores público y privado han usado la información con propósitos distintos a aquellos por los que les fue confiada originalmente.

Por esta razón, y ante distintos escándalos de alto perfil, distintos Estados están realizando esfuerzos para reducir el impacto de estas prácticas. A la vanguardia se encuentra la Unión Europea, que en 2018 implementó una ley conocida como RGPD: se trata de un riguroso marco legal que establece lineamientos en términos de protección de datos para empresas y gobiernos, así como elevadas multas para quienes no cumplan con ellos. Estas pueden llegar hasta los 20 millones de euros o el 4% de las ganancias anuales de la compañía a nivel global, y han alcanzado a gigantes como Google, Facebook o British Airways.

Argentina tiene su propio proyecto de ley sobre la materia. La iniciativa sigue la mayoría de los lineamientos de la RGPD y, de hecho, uno de sus objetivos centrales es implementar una cantidad suficiente de regulaciones para ser considerado “país adecuado” por la UE.

No obstante, y a pesar de encontrarse el país en medio de un proceso electoral -momento en el cual la manipulación de datos puede causar mayores estragos a través de campañas para influenciar el voto del electorado- el proyecto duerme en el Congreso. Y los legisladores no han dado pasos concretos para aprobarlo y actualizar las regulaciones existentes, que datan del año 2000.

Infobae dialogó al respecto de estos temas con Estelle Massé, analista de políticas globales de Access Now, una ONG dedicada a defender la protección de los derechos digitales de los usuarios alrededor del mundo. Massé analizó los riesgos que entraña continuar con la ley vigente -tanto en materia política como comercial-; los aspectos del proyecto actual a mejorar y su comparación con la nueva legislación europea; y la factibilidad de que un gobierno, partido político o empresa intente influenciar un proceso electoral en el futuro.

“No proteger los datos de manera adecuada implica un riesgo muy grande para el proceso electoral. Hacerlo no solamente es necesario porque es un derecho fundamental, sino también para proteger las instituciones democráticas y los períodos electorales, y asegurarse que el voto no haya sido manipulado”, explicó.

La especialista explicó que la finalidad que se le quiera dar a los datos tienen una importancia fundamental, por lo que es determinante especificarla de antemano. Para fundamentar su explicación, se refirió al caso de Cambridge Analytica y la influencia que la compañía de análisis de datos tuvo en la campaña a favor del Brexit y de distintos candidatos republicanos -entre ellos Donald Trump- en las elecciones estadounidenses de 2016.

“Usaron datos de Facebook que se supone que son para fines comerciales para luego rastrear y hacer targeting para intentar influenciar el voto. Ahora, no se demostró de manera clara que pudieron hacerlo, pero sí que al no proteger nuestros datos dejamos abierto al riesgo de ser manipulados por empresas o por sectores públicos a que intenten hacer eso”, explicó.

Otro desafío de esta naturaleza concierne de manera exclusiva a los gobiernos, que, en control de la mayor parte del Estado, podrían acceder a información y bases de datos usadas con propósitos de gestión.

Desde el capítulo argentino de Access Now advirtieron que el proyecto permite el tratamiento de datos para el cumplimiento de las funciones y competencias del Estado o para los casos de “protección de la defensa de la Nación, del orden y la seguridad públicos, o de la protección de los derechos e intereses de terceros”. Esto, explicaron, implica que sería el propio Estado quien determinaría cuándo se cumplen los requisitos para usar los datos con un propósito distinto al original.

Para reducir las chances de potenciales abusos, Massé resaltó la necesidad de contar con autoridades de control verdaderamente independientes.

“Implica que el Estado no venga a involucrarse cuando empieza una investigación. Que la oficina tenga poderes para investigar y los recursos para hacerlo”, indicó.

El marco regulatorio actual en Argentina y un proyecto para actualizarlo que recibió cuestionamientos

En Argentina, no obstante, el control de los datos personales por parte del Estado es ejercido por un funcionario que depende del Poder Ejecutivo y tiene un limitado margen de autonomía. La ley del año 2000 preveía la creación de un organismo descentralizado e independiente, pero el decreto reglamentario firmado inmediatamente después lo vetó por falta de previsión presupuestaria.

A lo largo de los años se sucedieron distintas figuras que funcionaron como organismo de control -desde 2016 es la Agencia de Acceso a la Información Pública- pero todas continuaron bajo la esfera del Ejecutivo. Y el proyecto tampoco prevé cambiarlo. “En el estado actual del proyecto, es nombrada directamente por el Presidente”, aportó Lucas Pisano, miembro del capítulo argentino de Access Now.

No obstante, Eduardo Bertoni, director de la Agencia de Acceso a la Información (AAI) defendió el carácter independiente del organismo y aseguró que efectivamente es un ente autárquico. Para fundamentarlo, indicó que el Poder Ejecutivo no puede remover al director de la agencia de manera discrecional, sino que se requiere la aprobación de legisladores del Congreso mediante un dictamen vinculante emitido por una comisión bicameral con la potestad de hacerlo.

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Además, Pisano explicó que el proyecto autoriza el tratamiento de datos para el cumplimiento de competencias del Estado o para los casos de “protección de la defensa de la Nación, del orden y la seguridad públicos, o de la protección de los derechos e intereses de terceros”. Esto, aseguró, implica que sea el propio Estado quien determine cuándo puede acceder a los datos personales de los ciudadanos.

Ante este cuestionamiento, Bertoni expresó que, “como ocurre siempre en la interpretación de normas jurídicas, esta debe hacerse en armonía con los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, y por los principios y garantías que trae el propio proyecto”. “Por ende, cualquier posibilidad de abuso se minimiza“, agregó.

Eduardo Bertoni

Eduardo Bertoni

Respecto del apartado referido a la posibilidad de acceder a datos en casos de defensa nacional o seguridad pública, aseguró que la descripción del artículo deja en claro su restrictividad y es “compatible con estándares iberoamericanos de protección de datos personales y con la regulación europea“.

Sobre el proyecto en general, tanto Massé como Pisano destacaron que representa un paso adelante, al dar a los usuarios mayor control sobre sus datos. No obstante, pusieron el foco en la necesidad de endurecer las sanciones previstas en el proyecto. Su colega del capítulo argentino elaboró sobre este tema y aseguró que, en contraste con la ley europea, el proyecto “establece multas bajas sin carácter disuasorio, lo que puede implicar la falta de cumplimiento de la ley por parte de grandes empresas”.

Consultado sobre este ítem, Bertoni concedió que “desde que se elaboró el ante proyecto en 2017 hasta ahora, las multas medidas en dólares han quedado desfasadas”.”Estoy de acuerdo que es un tema que debería revisarse en el Congreso. De todos modos, me parece importante destacar que el proyecto propone una forma de actualización permanente de las multas, cuestión que no ocurre en la ley actual“, expresó.

Desde Access Now mencionaron otras dos falencias, respondidas posteriormente por Bertoni a Infobae:

Access Now: “Que solo es necesario comunicar a los usuarios las filtraciones de datos o incidentes de seguridad ‘cuando sea probable que entrañe altos riesgos a sus derechos’, lo que implica excesivo margen de actuación a las empresas ya que son estas mismas las que evaluarán ese riesgo”.

AAI: “El proyecto no habla de “filtraciones” sino de “incidentes de seguridad”. Un incidente de seguridad que termine en una “filtración” de datos personales siempre debe ser comunicado de acuerdo con el proyecto, porque una filtración constituirá siempre un riesgo a los derechos del titular. Si la empresa no informa una filtración puede ser sancionada de acuerdo con lo que establece el proyecto.

Access Now: “La posibilidad de obtener el consentimiento de forma tácita o de directamente no requerirlo en ciertos casos mencionados por la ley”. Estos son nombre y apellido, documento nacional de identidad, identificación tributaria o previsional, ocupación, fecha de nacimiento, domicilio y correo electrónico, ni para el tratamiento de la información crediticia.

AAI: “Esta forma de consentimiento es solo aplicable en algunos casos y con ciertas restricciones. En particular, en torno al consentimiento tácito, será admitido cuando surja de manera manifiesta del contexto del tratamiento de datos y la conducta del titular de los datos sea suficiente para demostrar la existencia de su autorización. En ningún caso procederá para el tratamiento de datos sensibles. En todos los casos, el responsable del tratamiento tendrá la carga de demostrar que el titular de los datos consintió el uso de sus datos personales”.

Protección aún en casos donde se prestó consentimiento

La ley europea también incluye regulaciones que protegen datos sensibles -bajo protección constitucional a nivel europeo- y prohíben su entrega, aún en los casos donde los usuarios dieran su consentimiento. En otras palabras, los protege de sí mismos.

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“No puedes negar tu derecho constitucional y la ley te protege de eso. Muchas empresas tienen términos y condiciones muy largos, que ya sabemos nadie lee. Por ejemplo una aplicación es para una cosa pero dice ‘te voy a pedir todos estos por si acaso’. Eso se considera ilícito. Y es exactamente por esto que se sancionó a Google (se le impuso una multa de 50 millones de Euros en Francia en enero), porque estaba pidiendo datos de una manera en que el usuario no tenía posibilidades de decir que no”.

Para concluir, Massé indicó que si bien la implementación de la ley europea no se está dando todo lo rápido que querrían, sí observan efectos positivos en la práctica. “En el último año hubo un aumento del 60 al 70% en el número de quejas mandadas por ciudadanos. Están usando sus derechos y están entendiendo mejor qué derechos tienen. Estas quejas van a hacer también que se vayan cambiando las prácticas, porque la ley está haciendo efecto”, finalizó.

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Internacional

Trump confirmó la muerte de Hamza bin Laden

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El mandatario ratificó con un comunicado la operación del ejército estadounidense conocida a fines de julio. El hijo de Osama bin Laden había heredado el control de Al Qaeda. Hamza Bin Laden es el hijo de una de las tres esposas sobrevivientes de Osama bin Laden, Jairia Sabar, que vivía con su marido en un complejo en Abbottabad, cerca de una gran base militar paquistaní.

FOTO: AP NOTICIAS RELACIONADAS Un bombero fallecido en los atentados del 11-S fue identificado 18 años después del ataque Los Bin Laden murieron, pero “Al Qaeda” permanece tan fuerte como siempre

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este sábado la muerte de Hamza bin Laden, el hijo de Osama bin Laden considerado como su heredero al frente de la organización yihadista Al Qaeda, de cuyo fallecimiento se había informado a finales de julio.  El gobierno estadounidense no había cerrado el tema con la confirmación presidencial, que llegó este sábado 14

de septiembre. “Hamza bin Laden, el alto responsable de Al Qaida e hijo de Osama bin Laden, fue abatido en una operación de contraterrorismo llevada a cabo por Estados Unidos en la región de Afganistán/Pakistán”, declaró Trump en un comunicado.

“La pérdida de Hamza bin Laden no sólo priva a Al Qaida de su autoridad y su conexión simbólica con su padre, sino que debilita también importantes actividades operativas del grupo”, añadió.

“Hamza bin Laden planeó y trabajó con diversos grupos terroristas”, declaró también el mandatario estadounidense.  A finales de agosto, el secretario de Defensa Mark Esper fue el primer responsable estadounidense en expresarse públicamente sobre la muerte de Hamza bin Laden.

Cuando le preguntaron en una entrevista si había fallecido el líder yihadista, respondió: “Eso tengo entendido”. Pero se negó a dar detalles sobre lo ocurrido.  Considerado como el sucesor designado por Osama bin Laden, el fundador de la organización que perpetró los atentados del 11 de septiembre de 2001, el treintañero Hamza estaba en la lista negra estadounidense de personas acusadas de “terrorismo”.

Washington había ofrecido en febrero una recompensa de hasta un millón de dólares por cualquier información sobre su paradero.  Riad le había retirado la nacionalidad saudita en marzo a Hamza, el decimoquinto hijo de los 20 que tuvo Osama bin Laden.   AFP/H.B. (Fuente www.perfil.com).

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Internacional

Los nuevos medios rusos se refugian en Internet

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El Kremlin domina las televisiones y maniobra para silenciar los canales de difusión que escapan a su control en la Red

Para la televisión estatal rusa las protestas que están calentando el fresco verano moscovita apenas existen. Y si lo hacen, canales como Rossiya 24, controlados por el Kremlin, le dedican unos minutos residuales. Y siempre para minimizar las movilizaciones que exigen elecciones abiertas —a las que definen como “disturbios”—. O para tildar de “violentos” a quienes participan en ellas. No hay violencia machista en el menú diario de los medios afines o controlados por la Administración de Vladímir Putin. Tampoco se comentan habitualmente las tragedias o los problemas de inflación. Quienes quieren nutrirse de voces críticas, seguir las protestas sociales o están interesados en el feminismo o el cambio climático consumen una carta cada vez más amplia de medios independientes que está floreciendo en Internet; sobre todo en YouTube y canales de Telegram.

El Kremlin ha consolidado su control sobre un buen número de diarios y estaciones de radio. Y sobre todos los canales públicos y sus formatos, incide Andrei Zhvirblis, vicepresidente de Transparencia Internacional Russia. Y para muchos millones de rusos (el 70% de la población, según una encuesta de este mes del centro Levada), la televisión estatal es su única fuente de información. Ese numerosísimo grupo conoció solo al día siguiente la magnitud de la tragedia de un centro comercial de Kemérovo, en marzo del año pasado, en la que murieron más de 60 personas, entre ellas decenas de niños. Las principales televisiones públicas dedicaron apenas unos minutos a la noticia. Y en algunos casos ni siquiera llegaron a revelar de primeras el número de fallecidos en el incendio, desencadenado y amplificado por una decena de negligencias. Tras las críticas, algunos directivos comentaron que fue para “no alarmar”.

“La televisión sigue siendo el instrumento más importante de propaganda del Kremlin. Dicta la opinión popular”, apunta encogiéndose de hombros Alexandra Perepelova, directora de Dozhd. En la moderna sede del canal de televisión, instalada en una vibrante zona hipster de Moscú, Perelova resalta que la información ‘incómoda’ para la Administración se vuelve invisible para los medios estatales o afines. Mientras, Dozhd (Lluvia, en ruso), que se difunde principalmente por Internet bajo suscripción, le dedica programas especiales. Como a las protestas que exigen que se permita concurrir a las elecciones locales de septiembre a candidatos opositores excluidos de las listas por supuestas irregularidades, durante las que Dozhd ha llegado a emitir en abierto.

Protesta en Moscú el 10 de agosto para exigir que se permita participar en las elecciones locales a candidatos independientes.ampliar foto
Protesta en Moscú el 10 de agosto para exigir que se permita participar en las elecciones locales a candidatos independientes. MIKHAIL SVETLOV GETTY

En una de esas movilizaciones, las autoridades irrumpieron en la sede del canal —que en el pasado ya fue tachado de antipatriota y que perdió la difusión en todos los operadores de cable— y citaron a sus responsables. Ahora, han iniciado una auditoria fiscal, que muchos ven como un intento más de presión a la que se enfrentan los medios que el Kremlin no pueden controlar. Al menos no todavía.

El año pasado, por ejemplo, impusieron una cuantiosa multa (el equivalente en rublos a unos 305.000 euros) a la veterana y liberal The New Timesargumentando que había presentado tarde sus cuentas. La revista, dirigida por Yevgenia Albats y conocida por cubrir su tapujos los escándalos de la Administración, recaudó el dinero gracias a un crowfunding y evitó el cierre. “Los preocupantes intentos por silenciar la libertad de prensa, y más en un momento en el que la situación económica de Rusia es mala, van más allá. Como el caso del periodista Ivan Golunov”, remarca Zhvirblis, también miembro del sindicato independiente de periodistas.

Hace un par de meses, Golunov, reportero de investigación del medio digital Mezuza que había destapado numerosos escándalos de corrupción de la élite política y económica de Moscú, fue arrestado y acusado de posesión de narcóticos que aseguró que la policía le había “plantado” para acallar sus publicaciones. Su historia desató numerosas protestas en Moscú y otras grandes ciudades rusas, que se transformaron en una movilización simbólica por la libertad de prensa en un país considerado un país muy poco seguro para ejercer el periodismo, según el índice de Reporteros Sin Fronteras (ocupa el puesto 149 de 180). En un movimiento poco común, los medios públicos comenzaron a cubrir la noticia. Y a apoyar a Golunov. Que finalmente haya sido exculpado, opina la directora de Dozhd, también tuvo mucho que ver con eso.

Pero pese a su gran visibilidad en las redes sociales, la audiencia de lo que se consideran “medios independientes” representa un 35%, indica Levada; sobre todo congregada en las grandes ciudades. Dozhd tiene muy buena reputación, pero solo un 1% de audiencia. También los periodistas y presentadores de los canales estatales, como Rusia 1, Canal 1, NTV o Rusia 24 siguen siendo los más “fiables” para la audiencia rusa. Aunque la confianza en la televisión ha caído en Rusia hasta el 55% del 80% de hace diez años, y la retienen sobre todo las personas mayores de 35. Como en todo el mundo, son los jóvenes quienes empujan hacia arriba los nuevos medios. Un tercio de la ciudadanía rusa consume información a través de plataformas como YouTube como mínimo una vez a la semana; un 7% lo hace todos los días.

Algunos de esos canales de YouTube son emisiones algo amateur, con medios precarios. Otros tienen una audiencia millonaria y la capacidad de poner sobre la mesa grandes temas de debate. Como los que toca en sus programas de entrevistas Yuri Dudd, antiguo periodista deportivo hoy convertido en influyente videobloguero, con más de 5,6 millones de suscriptores a su canal, en el que difunde ácidas, irónicas y activas entrevistas a personajes de todo tipo. Y su documental de más de dos horas sobre los horrores de la represión durante el estalinismo, en el que habla con supervivientes y visita antiguos gulag, acumula casi 16 millones de visionados. ‘Kolima, el lugar de nuestro miedo’ despertó —y lo sigue haciendo— muchas preguntas entre los jóvenes rusos, en un momento histórico en el que los nostálgicos hacia la URSS han aumentado y más de la mitad de los menores de 24 años no ha escuchado nunca hablar de Stalin, según una reciente encuesta.

La periodista Irina Shíjman lidera el canal de YouTube 'Y hablar'.ampliar foto
La periodista Irina Shíjman lidera el canal de YouTube ‘Y hablar’.

Youtube se ha demostrado como un elemento difusión del discurso de odioy de noticias falsas en todo el mundo. Pero también es un medio donde se encuentra libertad de expresión en Rusia. “En mi canal puedo hablar del poder, de la oposición, de todo. Cuando trabajaba en la televisión, estaban vetados algunos temas, como la masacre de la escuela de Beslán(2004). O se editan y ‘limpian’ tanto que ya no tienen sentido”, asegura la periodista Irina Shíjman. Su canal, ’Y hablar’, centrado en entrevistas de actualidad y con más de medio millón de suscriptores aborda asuntos como los incendios que devoran Siberia, la censura en el mundo de la cultura o los efectos de la despenalización de la violencia doméstica.

Shíjman, que empezó su etapa televisiva en un programa estatal en el que era “la pelirroja” en un talk show con otras dos periodistas —una rubia y otra morena, por supuesto—, se decantó por Youtube hace un par de años. Su proyecto es algo particular, porque forma parte de la Moscú Televisión, de financiación estatal. Aunque asegura que la cadena solo participa económicamente y no interfiere en el contenido. Puede que sea un método para entrar de lleno en Internet y capturar un nicho de audiencia interesante. Shíjman prepara ahora un documental sobre el feminismo. Y acaba de estrenar un gran reportaje sobre la situación en las cárceles rusas en el que han participado el hermano del opositor Alexéi Navalni o algunas integrantes del grupo Pussy Riot, invisibles para los medios controlados por el Gobierno.

“Los canales estatales o cercanos a la Administración están orientados a los intereses del Kremlin, a sus prioridades y su agenda”, comenta la politóloga Tatyana Stanovaya, fundadora de R.Politik. “Sus noticias, programas de tertulia o análisis político se centran en temas como Ucrania, el patriotismo, el enemigo exterior. Y cada vez más personas en Rusia quieren saber sobre la inflación, el nivel de vida, etc”, apunta Stanovaya.

El periodista Ivan Golunov al salir de prisión, el pasado 11 de junio en Moscú.ampliar foto
El periodista Ivan Golunov al salir de prisión, el pasado 11 de junio en Moscú. ARTYOM GEODAKYAN TASS

Por eso, considera la politóloga, ese pujante y diverso ecosistema mediático puede marcar una gran diferencia. “Nuevos medios como los canales de YouTube van a jugar un gran papel el futuro político de Rusia. Y el Kremlin no está preparado para lidiar con ello. Supone un desafío para ellos”, añade Stanovaya. De ahí, los intentos para controlarlos, que no se detendrán, insiste.

Hace dos semanas, las autoridades rusas exigieron a Google que deje de “promocionar” y “destacar” en su plataforma de vídeos, YouTube, contenidos sobre las protestas multitudinarias por unas elecciones abiertas. El regulador de medios ruso, Roskomnadzor, advirtió al gigante digital estadounidense que no “interfiera” en los asuntos internos de Rusia.

Pero ese ‘toque’ es solo otro más. En los últimos meses, el Gobierno ha maniobrado activamente para tratar de controlar la Red, con leyes que disponen multas o permiten bloquear a los medios digitales que difundan “noticias falsas”; o el que castiga a quienes difundan comentarios considerados ofensivos para las autoridades. Y más allá: con su intento de crear un Internet soberano; una especie de telón de acero digital. “Son trabas lamentables al trabajo de los periodistas independientes y a los ciudadanos para informarse”, reitera Alexandra Perepelova.

Hace dos años intentó colocar su paraguas también sobre Telegram, la aplicación móvil de mensajería creada por el ruso Pavel Durov, que se destaca por su privacidad. Pero no solo no tuvo éxito, sino que la medida desató grandes protestas. Y los usuarios de Telegram en el país euroasiático aumentaron. En Rusia, la herramienta ha alumbrado un buen número de canales de información y opinión independientes. Casi todos los medios ‘oficialistas’ y alternativos tienen uno. Y existen incluso medios nativos, como Mash. “Se nos ocurrió publicar las noticias en esa plataforma antes de que salieran en la tele o en la web e inventamos un formato: las notas deben parecerse a un mensaje que enviarías a un amigo, con bromas e incluso a veces con palabrotas suaves” explica su director, Maxim Iksánov.

Maxim Iksánov, director de Mash, en su redacción de Moscú.
Maxim Iksánov, director de Mash, en su redacción de Moscú. M. R. SAHUQUILLO

 Y así surgió Mash —parte del conglomerado News Media—, que aunque se guía por los mismos patrones, no tiene licencia de medio de comunicación. Telegram está al margen. Y eso, reconoce Iksánov, tiene sus ventajas y sus desventajas: “No hay ningún tipo de auditoría o filtro, con lo que se pueden difundir, y se difunden, noticias falsas; y propagarse con gran rapidez”. Ahora, acaba de lanzar su web, que de hecho tiene la misma imagen de su canal de Telegram. Cada una de sus noticias en las redes recibe unas 250.000 visitas, de media, asegura Iksánov en la redacción del canal, que con su mesa de ping pong y sus sillones para reuniones se parece a una start up de Silicon Valley.

Stalin Gulag, es otro de los canales más seguidos de Rusia. Sumamente crítico, irónico e incluso faltón, tiene más de 380.000 de seguidores en la aplicación móvil y más de un millón en Twitter. Detrás de Stalin Gulag está Alexánder Gorbunov, un intermediario financiero especializado en criptomonedas, que durante casi tres años se mantuvo oculto tras ese pseudónimo, publicando historias como la de una familia siberiana cuyo hijo con VIH había sido expulsado del colegio o la de un anciano que se suicidó en un hospital de Irkutsk, tras horas de espera para que le atendiesen.

Alexander Gorbunov está detrás del canal de Telegram y cuenta de Twitter StalinGulag.ampliar foto
Alexander Gorbunov está detrás del canal de Telegram y cuenta de Twitter StalinGulag. AFP

Considerado por muchos como un ‘troll anti-Kremlin’, hizo pública su identidad el pasado abril, cuando las autoridades se presentaron en casa de sus padres, alegando que su teléfono se había usado para hacer una amenaza de bomba. Lo hizo, cuenta en Moscú, “para evitar las represalias hacia su familia”. “Telegram era la única opción para mí, porque publico cosas muy críticas con el Gobierno. Otras redes sociales, como VKontakte han colaborado a veces con las autoridades revelando quienes están detrás de los perfiles y no quería arriesgarme a ello”, comenta Gorbunov, que padece atrofia muscular espinal y que alimenta el canal en su tiempo libre.

El listado de opciones para un periodismo independiente y crítico es diverso. A medios más veteranos, como Novaya Gazeta, la emisora Eco de Moscú, la revista The New Times o el diario liberal Vedomosti, se ha sumado toda una oferta de plataformas digitales. Meduza, con sede en Letonia y que tiene una edición en inglés; The Insider, que asociado con el británico Bellingcat ha destapado detalles sobre la implicación de Rusia en el derribo del vuelo MH17.Y proyectos como The Bell, fundado por Elizaveta Osetínskaya, que envía una newsletter dos veces al día. Mediazona, un portal de noticias independiente dedicado a cubrir casos judiciales y noticias de última hora. O Varlamov, creado por Ilya Varlámov, estrella de LiveJournal ruso, que se enfoca especialmente en la arquitectura y el urbanismo.

En la redacción de Dozhd, Perepelova echa de cuando en cuando un vistazo a las notificaciones de su móvil, a punto de entrar en una reunión de temas. “El poder de Rusia no es homogéneo”, señala. Y añade: “Algunos nos consideran —y a otros como nosotros—, como un medio incómodo. Otros, que el canal debe existir, porque cuando es necesario nos usan para gritar que somos traidores a la patria. Mientras tanto, informamos”.

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