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SE REACTIVA LA CAUSA CUADERNOS: CITARON A INDAGATORIA A ROBERTO BARATTA Y A EMPRESARIOS

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La causa ya fue elevada a juicio, con Cristina Kirchner como principal acusada. Pero el juez Ercolini avanza con una causa “residual” que aún continúa en instrucción.

 

Roberto Baratta, la ex mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación, volvió a ser convocado para declarar en indagatoria en la causa Cuadernos junto a otros ex funcionarios y empresarios, revelaron a Infobae fuente judiciales. Es que la investigación decidió reactivarse sobre las pistas que aportó como arrepentido el financista Ernesto Clarens.

Se trata de una parte “residual”, porque la gran parte del expediente ya fue elevado a juicio oral, en donde la vicepresidenta Cristina Kirchner es la principal acusada como jefa de una asociación ilícita que recaudaba dinero entre empresarios que hacían negocios con el Estado. Precisamente, Baratta era, según la investigación judicial, el “cobrador” y su chofer, Oscar Centeno, el que decidió escribir en distintas libretas aquellas travesías.

Cuando el escándalo estalló en la Justicia, Centeno se convirtió en “arrepentido” y activó una causa que sacudió a tribunales a mediados de 2018 con detenciones de ex funcionarios y empresarios de primera línea buscando ser “imputados-colaboradores” para evitar la cárcel.

Hace un año, la Cámara Federal de Casación Penal validó la declaración de los arrepentidos en el caso de los Cuadernos, que habían cuestionado un grupo de defensores. Se trata de una de las causas que sigue en pie contra Cristina Kirchner, que durante este año ya logró fallos favorables para cerrar el caso de dólar futuro (por resolución de Casación), Memorándum con Irán (por parte del Tribunal Oral Federal 8) y la causa Los Sauces-Hotesur (en una reciente decisión del Tribunal Oral Federal 5).

Roberto Baratta, el día de su detención en la causa cuadernos. Hoy está libre (Gustavo Gavotti)Roberto Baratta, el día de su detención en la causa cuadernos. Hoy está libre (Gustavo Gavotti)

El juez federal Ercolini, a cargo interinamente del juzgado que comandó Claudio Bonadio, ordenó ahora la indagatoria de Baratta, de su asistente Nelson Lazarte, y del ex funcionario de Planificación Hernán Gómez. Todos ellos ya fueron enviados a juicio oral. Pero además el juez dispuso la citación como sospechosos a un grupo de empresarios que ya aparecían vinculados a la investigación. La noticia sorprendió a las defensas que entienden que con la causa elevada juicio no podían volver a ser citados por estos hechos.

Fuentes judiciales señalaron a Infobae que el juez dispuso convocar a las indagatorias en el marco de prueba que fue llegando a la causa durante este tiempo, alguna incluso pedida por su antecesor Marcelo Martínez De Giorgi. Esas citaciones, señalaron, no tienen vinculación con la otra prueba que llegó a la causa: los diálogos que aparecieron en los celulares de Baratta y cuyo contenido se filtró en las ultimas semanas.

Se trata, agregaron las fuentes, de pruebas que aluden a la declaración como arrepentido que prestó el financista Clarens quien -en otra causa- está procesado por lavado de dinero vinculadas a la obra pública. Como arrepentido, después de idas y vueltas al juzgado de Bonadio para que lo aceptaran como tal, Clarens aportó listas con los montos que pagaron los empresarios de obra pública en coimas y que luego le entregaba a emisarios del kirchnerismo. Dio los nombres de todos y cada uno de los “valijeros” que en representación de las empresas llevaban las coimas hasta su financiera.

Sobre ese escenario, Ercolini resolvió citar en indagatoria al empresario Hugo Alberto Dragonetti, dueño de la firma Panedile y reconocido en la provincia de San Juan, sobre todo por su participación en las obras de los diques Los Caracoles-Punta Negra y en los arreglos de la ruta 40 Sur; y de su hijo, Hugo Dragonetti.

Hugo Alberto Dragonetti y el empresario Gustavo Dalla Tea fueron citados a indagatoria por los dichos de Clarens en la causa por la cartelización de la obra pública (o “la camarita” como le dicen muchos defensores) en donde el juez Bonadio avanzó en una asociación ilícita que habían conformado los empresarios que hacían negocios con el Estado.

Hugo Dragonetti, empresario (@estacionminera)Hugo Dragonetti, empresario (@estacionminera)

En su resolución, a la que accedió Infobae, Ercolini imputa a Hugo Dragonetti de haber “participado en pagos que habría ordenado su padre, Hugo Alberto Dragonetti, coordinándolos telefónicamente y/o aportando dinero”. Se trata de varios pagos en dolares durante 2010 entregados a Baratta (el primero un bolso con 800 mil dólares, después 450 mil y otro de 750 mil pesos). “Dragonetti se desempeñaba como presidente de la firma ‘Panedile’, la cual resultaba adjudicataria de licitaciones llevadas a cabo en el ámbito del ex Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios de la Nación”. Cuando le tocó declarar, su padre aseguró que su hijo no estaba involucrado en las decisiones.

A la lista de declaraciones -que serán por zoom entre el 20 y el 27 de diciembre– se le suma el empresario Alberto Taselli, hermano de Sergio Taselli y quien estuvo a cargo de la concesión de la línea San Martín del ferrocarril y controló la mina de Río Turbio, en Santa Cruz. A Taselli se le adjudica haber entregado dinero en 2013 a Baratta y Lazarte en el Yacht Club Argentino, sito en la calle Cecilia Grierson 500 de esta ciudad. “Taselli se desempeñaba como presidente de la firma “Faraday”, la cual contaba con contrataciones en el ámbito del ex Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios de la Nación”, señala el juez.

Ercolini citó además a indagatoria a Jorge Juan Mauricio Balán, titular de la firma santafesina Industrias Secco. Le imputa haber hecho pagos en 2013 a Baratta y Lazarte, en una oportunidad dentro de un auto blanco en el que viajaba el empresario por Arroyo y Esmeralda; y a los 15 días hubo otra entrega de 500 mil dólares en una habitación del Feir´s Park Hotel.

Al empresario Claudio Glazman, uno de los primeros detenidos en la causa; se le imputa haber ordenado a Claudio Alberto De Lassaletta que le entregara en 2009 unos 270.000 dólares al funcionario de Planificación Hernán Gómez. El dinero, se señala, fue entregado a Baratta y luego éste se lo dio a Daniel Muñoz, secretario privado de Néstor Kirchner. Hubo otra entrega que alcanzó la suma de casi dos millones de dólares (USD 1.900.000); y una tercer episodio en las inmediaciones del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires “Malba”. “Las entregas de dinero en cuestión se habrían realizado como consecuencia que durante el año 2009, Claudio Javier Glazman le solicitó a Roberto Baratta que arbitrara los medios para que el entonces Ministro De Vido dispusiera la venta por remate de tres terrenos ubicados en esta ciudad. Baratta accedió a considerar la solicitud, requiriéndole un aporte de un millón de dólares (USD 1.000.000), presentándole a Hernán Gómez a tal fin”, se señala. El juez los espera en indagatoria.

Ernesto ClarensErnesto Clarens

El juez citó también a Mauro Guatti, socio en Esuco del arrepentido Carlos Wagner. “Respecto de Mauro GuattiI se le imputará haber participado de los pagos que habrían sido ordenados por Carlos Guillermo Enrique Wagner por la firma “ESUCO S.A”, los cuales se concretaron en el domicilio de la calle San José 151 de esta ciudad, donde tenía sede la empresa, los días: 7 de agosto de 2013 y 6 de septiembre de 2013, oportunidad en que Roberto Baratta y Nelson Lazarte habrían retirado dinero del lugar que trasladaron en un bolso y el día 27 de julio de 2015, oportunidad en la cual habría retirado el dinero Lazarte que luego se lo dio a Baratta”, se afirmó. GUATTI se desempeñaba como director y accionista de la firma, la cual resultaba adjudicataria de licitaciones llevadas a cabo en el ámbito del ex Ministerio de Planificación.

En tanto, el juez también interrogará a Fernando Alexis Sananez se le imputará haber participado en pagos que se habrían efectuado a Nelson Lazarte en el Hotel Panamericano, “sito en la calle Carlos Pellegrini 551 de esta ciudad (de propiedad del “Grupo Relats”, por entonces a cargo de Silvana Relats)”. Fueron varios pagos en 2015 y sumaron más de 3 millones de dólares. Sananez se desempeñaba como director titular de la firma “J.C.R. S.A.”, la cual resultaba adjudicataria de licitaciones.

Patricia Blanco
FUENTE : INFOBAE
FOTO TAPA : DIARIO CLARIN

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Caso Maldonado: la Justicia sobreseyó a los gendarmes investigados por la muerte del artesano

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El juez federal de de Rawson, Guillermo Gustavo Lleral, sobreseyó a los cuatro gendarmes involucrados en la investigación por la desaparición durante 78 días y la posterior muerte del joven Santiago Maldonado, ocurrida el 1 de agosto de 2017 en Cushamen, Chubut, durante el desalojo de un corte de la ruta 40 por la comunidad mapuche de la zona.

En un fallo emitido este viernes, Lleral firmó el sobreseimiento total y definitivo de Emmanuel Echazú, oficial de la Gendarmería Nacional, en relación con el delito de desaparición forzada de persona. Y en un giro adicional, también liberó de culpa y cargo a los agentes Juan Pablo María Escola, Víctor Vaquila Ocampo y Marcelo Iván Ferreyra, todos de Gendarmería, en relación a varios delitos, incluyendo daño, abuso de autoridad y omisión de los deberes de funcionario público.

Tras el análisis de las pruebas el magistrado concluyó que no existen elementos que califiquen las acciones de los integrantes de la Gendarmería como delitos tipificados por la ley penal del país. Según su análisis, las acciones de la Gendarmería, incluyendo a los imputados Echazú, Escola, Ocampo y Ferreyra, estuvieron siempre ajustadas a la ley y que en aquel episodio actuaron por órdenes de la justicia, específicamente por el juez federal de Esquel, Guido Otranto, que luego fue corrido de la causa. Según Lleral ninguno de los agentes involucrados incumplió, inobservó ni abusó de sus deberes.

“La verdad se mostró sencilla, sin fascinaciones. Santiago estaba en el lugar donde lo vieron por última vez. Allí, él, sólo, sin que nadie lo notara, se hundió, en ese pozo en el que minutos antes Lucas Ariel Naiman Pilquiman había evitado caer cuando se propuso cruzar el río luego de animar a Santiago a realizarlo. En ese lugar, murió ahogado, sin que nadie pudiera advertirlo, sin que nadie pudiera socorrerlo. Ni los gendarmes que los perseguían en medio del operativo, ni los miembros de la comunidad a la que Santiago fue a apoyar en sus reclamos”, escribió el juez en su fallo, publicado a horas de unas nuevas elecciones nacionales. Lo mismo había hecho en 2017 con el informe preliminar de la autopsia: el cuerpo de Maldonado apareció el 17 de octubre de ese año, las elecciones eran el 23 y el informe forense se reportó 48 horas antes.

Santiago Maldonado tenía 27 años, desapareció el 1 de agosto de 2017 y su cuerpo fue hallado el 17 de octubre en el río ChubutSantiago Maldonado tenía 27 años, desapareció el 1 de agosto de 2017 y su cuerpo fue hallado el 17 de octubre en el río Chubut

Basándose en las pruebas “colectadas y analizadas meticulosamente”, el Tribunal determinó que no se pudo identificar ninguna conducta humana típica ni antijurídica atribuible a cualquier miembro de la Gendarmería Nacional. Además, se descartó la posibilidad de que los mencionados gendarmes o cualquier otro efectivo que participó en el procedimiento policial pudiera ser acusado de abandono de persona en relación con Maldonado: no se encontraron pruebas que respaldaran tal acusación.

En un fallo de 344 páginas, Lleral concluyó que no existen conductas humanas que puedan ser consideradas como ilícitos penales en los eventos ocurridos el 31 de julio y 1 de agosto de 2017. Como resultado, se determinó que los hechos investigados no constituyen delito y, por lo tanto, se ordenó el sobreseimiento total y definitivo de los imputados.

En ese sentido, el magistrado describió las circunstancias en las que, según su investigación, murió Maldonado: “La desesperación, la adrenalina y la excitación naturalmente provocadas por la huída; la profundidad del pozo, el espeso ramaje y raíces cruzadas en el fondo; el agua fría, helada, humedeció su ropa y su calzado hasta llegar a su cuerpo. Esa sumatoria de incidencias contribuyó a que se hundiera y a que le fuera imposible flotar, a que ni siquiera pudiera emerger para tomar alguna bocanada de oxígeno. Por la confluencia de esas simples y naturales realidades, inevitables en ese preciso y fatídico instante de soledad, sus funciones vitales esenciales se paralizaron”.

Lleral explicó que allí, sumergido en las aguas heladas del Chubut, quedó durante 78 días el cuerpo sin vida de Santiago. “Allí quedó su cuerpo atrapado, enganchado en el ramaje subacuático denso, que lo mantuvo inerte y oculto durante el tiempo necesario para que, luego de su descomposición natural interna, superara la presión y la fría temperatura del agua, hasta que se produjeran los cambios de clima”, escribió en el fallo.

Así empezó el operativo de Gendarmería del 1º de agosto de 2017 sobre la ruta 40 en la zona de CushamenAsí empezó el operativo de Gendarmería del 1º de agosto de 2017 sobre la ruta 40 en la zona de Cushamen

Según el juez, Maldonado se hundió solo en un remanso del río y también emergió de la misma forma. “En ese sitio, una rama de los mismos sauces donde quedó atrapado, ofició de sostén, lo contuvo hasta que se lo avistara y finalmente, se lo retirara”, describió.

Lleral consideró que en torno a la muerte del joven artesano hubo una “especulación espuria”. Con pretensiones filosóficas, el juez subrogante del Tribunal 2 de Rawson escribió: “El ser humano no puede detener su mente y su fantasía cuando la sencillez lo alcanza. Negarse a ver la realidad es materializar lo absurdo y vivir en la mentira. En el mejor de los casos, es abrazar una quimera”.

Por eso para el magistrado “nadie forzó la desaparición de Santiago Andrés Maldonado”. En su sentencia indicó que “nadie resultó señalado, por la prueba que se colectó, como autor de aquella hipótesis delictiva. Nadie fue penalmente responsable de su muerte. Que los acontecimientos en el presente expediente se han sucedido tal como se acaba de reseñar. Así se ha podido dar con la verdad, el objetivo con el que se asumió el desafío de esta causa y que, pese a todo, nunca se perdió de vista, por más dolorosa y difícil de descubrir que ella fuera”.

Para el juez Lleral, ningún gendarme fue responsable de la muerte de MaldonadoPara el juez Lleral, ningún gendarme fue responsable de la muerte de Maldonado

En síntesis, para Lleral no existió delito: ni desaparición forzada, ni homicidio ni abandono de persona. Y en ese sentido, dispuso el cierre del expediente: “Al no advertirse la existencia de ninguna acción humana penalmente relevante que guarde estricta relación con esos sucesos, y con motivo de los Sobreseimientos Totales y Definitivos (SIC) que se ordenan, debo disponer el cierre concluyente y el consecuente archivo”.

Tras conocer la noticia, Sergio Maldonado —hermano de Santiago— publicó un breve hilo en Twitter. “¡Hoy queda demostrado que no hay justicia en Argentina! Desde un principio se garantizó la impunidad al verdadero poder”, indicó el hombre. “Se acaba de confirmar el pacto de impunidad para Patricia Bullrich y la Gendarmería nacional”, enfatizó en otro posteo y completó “Santiago siempre presente”.

Santiago Maldonado vivía en El Bolsón, donde hacía tatuajes y vendía artesanías. Con el afán de apoyar la causa de los mapuches en la zona de Cushamen y pedir la liberación del lonko Facundo Jones Huala, y a través de una mujer mapuche que él conocía, se acercó para apoyar el corte de ruta que comenzó el 31 de julio.

El juez Lleral ordenó el cierre de la causa tras no encontrar pruebas de ningún delito alrededor de la muerte de MaldonadoEl juez Lleral ordenó el cierre de la causa tras no encontrar pruebas de ningún delito alrededor de la muerte de Maldonado

Durante la madrugada del día siguiente, varios escuadrones de Gendarmería iniciaron un desalojo contra los ocho hombres (siete de la comunidad mapuche más Maldonado) que cortaban la ruta. Los manifestantes abandonaron el camino apenas empezó a avanzar la tropa de Gendarmería. Saltaron la tranquera y se metieron en lo que ellos denominan su “territorio sagrado”.

Aunque la ruta ya estaba desalojada, Gendarmería entró a las tierras y comenzó una persecución a estos hombres, quienes corrieron hasta cruzar a nado el río Chubut. Todos sobrevivieron menos el joven tatuador.

Santiago estuvo desaparecido 78 días hasta que fue hallado el 17 de octubre después de que hubieran rastrillado en todo ese tiempo tres veces la zona, algo que para la familia Maldonado y su abogada Verónica Heredia, siempre fue un motivo de sospecha.

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Atentado a Cristina Kirchner: la jueza descartó vínculos políticos y envió a juicio a los tres acusados

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La jueza federal María Eugenia Capuchetti dispuso este lunes la elevación a juicio parcial de la causa por el intento de asesinato de Cristina Kirchner ocurrido el 1 de septiembre pasado, por el que están detenidos Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, señalados como coautores de la tentativa de homicidio, y Nicolás Carrizo, supuesto jefe de ambos en la venta de copos de azúcar, acusado como partícipe secundario.

La jueza lo resolvió horas después de que el abogado Gastón Marano, defensor de Carrizo, avalara la elevación a juicio y antes de que Carlos Telledín, flamante abogado de Uliarte, pudiera hacer cualquier presentación en el expediente que pudiera demorar su elevación a debate oral.

Telleldín, que estuvo preso y luego fue absuelto por el caso AMIA, se hizo cargo de la defensa de Uliarte el viernes último después de que su anterior abogado, el defensor oficial Gustavo Kollman, avalara la elevación del caso a juicio oral y público.

“En función de todo lo analizado, y toda vez que las defensas de Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo no se opusieron a la elevación a juicio ni dedujeron excepciones, declárese clausurada parcialmente la instrucción de la presente causa con relación a los nombrados y elévese al Tribunal Oral Federal que por sorteo resulte desinsaculado”, sostuvo la jueza Capuchetti en la resolución a la que accedió la agencia Télam.

atentado cfk

Esta mañana, la defensa del detenido Gabriel Carrizo, procesado como partícipe secundario del intento de asesinato de la vicepresidenta, aceptó que la causa sea enviada a juicio ante la “privación de libertad” del acusado.

“Constreñido por la condición de privación de libertad de mi asistido que me impone procurar que no se demore el trámite de la causa con planteos dilatorios, solicito de V.S. se sirva disponer la clausura de esta etapa procesal y elevar el presente sumario a juicio oral a la máxima brevedad posible”, sostuvo el defensor Gastón Marano.

El abogado respondió así a la jueza del caso, María Eugenia Capuchetti, quien pidió opinión a las defensas de los tres detenidos por el intento de asesinato del 1 de septiembre pasado, Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Carrizo.

Las defensas oficiales de los dos primeros ya habían respondido de manera afirmativa la semana pasada. Después de ello, Uliarte cambió de abogado y designó a un defensor particular, Carlos Telleldín.

 

Atentado a CFK: cómo sigue la causa

Con la respuesta de la defensa de Carrizo, el tercer detenido en la causa, la jueza concluyó la ronda de consultas y quedó en condiciones de resolver si da por cerrada esta parte de la investigación vinculada a los autores materiales del hecho y la envía a sorteo de un tribunal oral.

La fiscalía a cargo de Carlos Rívolo pidió la elevación parcial del caso a juicio al considerar que los tres están detenidos y que siga la investigación en pos de dilucidar si hubo autores intelectuales.

La querella de la Vicepresidenta, por su parte, reclamó más medidas de prueba antes de que el caso sea juzgado en relación a la posible participación del diputado del PRO Gerardo Milman o integrantes de la agrupación Revolución Federal. Sin embargo, aclaró de manera subsidiaria que si se envía a juicio un tramo de la causa, participará como parte acusadora.

Al responder a Capuchetti, la defensa de Carrizo advirtió que acepta el envío a juicio sin que ello “implique conformidad con la forma en que se ha requerido” y “en particular en lo tocante a la manera en que lo ha instrumentado la querella”.

También aclaró que el pedido de envío a juicio no implica “tampoco renuncia a interponer las excepciones y nulidades que en derecho correspondan, ni tampoco la renuncia a la producción de las pruebas útiles y solicitadas por esta parte pero no producidas en esta etapa”.

Carrizo es el líder del grupo de supuestos vendedores de copos de nieve para el que trabajaban los coautores del intento de magnicidio, el autor material del disparo Sabag Montiel y su novia Uliarte.

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Se viene el IV Congreso de la Magistratura y la Función Judicial

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Mar del Plata será sede del IV Congreso de la Magistratura y la Función Judicial que se llevará a cabo los días 15 y 16 de junio.

A 40 años de la recuperación de la democracia, el plenario se llevará a cabo en el Hotel Presidente Perón, de Tucumán 2662, bajo la denominación “Justicia y sociedad, luces y sombras de un poder del primer Estado Argentino”.

Comprometieron su presencia los ministros de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, la Vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Buenos Aires, el procurador General de la Corte, Autoridades de la Federación de la Magistratura y Función Judicial, el intendente Montenegro, autoridades de los Colegios de Magistrados y Funcionarios de todos los Departamentos judiciales bonaerenses y más de 500 jueces y funcionarios de la Provincia.

Este Congreso es organizado por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires (CMFBSAS)

 

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