Judiciales
SE REACTIVA LA CAUSA CUADERNOS: CITARON A INDAGATORIA A ROBERTO BARATTA Y A EMPRESARIOS
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1 año agoon
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Ruben Muñoz
La causa ya fue elevada a juicio, con Cristina Kirchner como principal acusada. Pero el juez Ercolini avanza con una causa “residual” que aún continúa en instrucción.
Roberto Baratta, la ex mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación, volvió a ser convocado para declarar en indagatoria en la causa Cuadernos junto a otros ex funcionarios y empresarios, revelaron a Infobae fuente judiciales. Es que la investigación decidió reactivarse sobre las pistas que aportó como arrepentido el financista Ernesto Clarens.
Se trata de una parte “residual”, porque la gran parte del expediente ya fue elevado a juicio oral, en donde la vicepresidenta Cristina Kirchner es la principal acusada como jefa de una asociación ilícita que recaudaba dinero entre empresarios que hacían negocios con el Estado. Precisamente, Baratta era, según la investigación judicial, el “cobrador” y su chofer, Oscar Centeno, el que decidió escribir en distintas libretas aquellas travesías.
Cuando el escándalo estalló en la Justicia, Centeno se convirtió en “arrepentido” y activó una causa que sacudió a tribunales a mediados de 2018 con detenciones de ex funcionarios y empresarios de primera línea buscando ser “imputados-colaboradores” para evitar la cárcel.
Hace un año, la Cámara Federal de Casación Penal validó la declaración de los arrepentidos en el caso de los Cuadernos, que habían cuestionado un grupo de defensores. Se trata de una de las causas que sigue en pie contra Cristina Kirchner, que durante este año ya logró fallos favorables para cerrar el caso de dólar futuro (por resolución de Casación), Memorándum con Irán (por parte del Tribunal Oral Federal 8) y la causa Los Sauces-Hotesur (en una reciente decisión del Tribunal Oral Federal 5).
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El juez federal Ercolini, a cargo interinamente del juzgado que comandó Claudio Bonadio, ordenó ahora la indagatoria de Baratta, de su asistente Nelson Lazarte, y del ex funcionario de Planificación Hernán Gómez. Todos ellos ya fueron enviados a juicio oral. Pero además el juez dispuso la citación como sospechosos a un grupo de empresarios que ya aparecían vinculados a la investigación. La noticia sorprendió a las defensas que entienden que con la causa elevada juicio no podían volver a ser citados por estos hechos.
Fuentes judiciales señalaron a Infobae que el juez dispuso convocar a las indagatorias en el marco de prueba que fue llegando a la causa durante este tiempo, alguna incluso pedida por su antecesor Marcelo Martínez De Giorgi. Esas citaciones, señalaron, no tienen vinculación con la otra prueba que llegó a la causa: los diálogos que aparecieron en los celulares de Baratta y cuyo contenido se filtró en las ultimas semanas.
Se trata, agregaron las fuentes, de pruebas que aluden a la declaración como arrepentido que prestó el financista Clarens quien -en otra causa- está procesado por lavado de dinero vinculadas a la obra pública. Como arrepentido, después de idas y vueltas al juzgado de Bonadio para que lo aceptaran como tal, Clarens aportó listas con los montos que pagaron los empresarios de obra pública en coimas y que luego le entregaba a emisarios del kirchnerismo. Dio los nombres de todos y cada uno de los “valijeros” que en representación de las empresas llevaban las coimas hasta su financiera.
Sobre ese escenario, Ercolini resolvió citar en indagatoria al empresario Hugo Alberto Dragonetti, dueño de la firma Panedile y reconocido en la provincia de San Juan, sobre todo por su participación en las obras de los diques Los Caracoles-Punta Negra y en los arreglos de la ruta 40 Sur; y de su hijo, Hugo Dragonetti.
Hugo Alberto Dragonetti y el empresario Gustavo Dalla Tea fueron citados a indagatoria por los dichos de Clarens en la causa por la cartelización de la obra pública (o “la camarita” como le dicen muchos defensores) en donde el juez Bonadio avanzó en una asociación ilícita que habían conformado los empresarios que hacían negocios con el Estado.
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En su resolución, a la que accedió Infobae, Ercolini imputa a Hugo Dragonetti de haber “participado en pagos que habría ordenado su padre, Hugo Alberto Dragonetti, coordinándolos telefónicamente y/o aportando dinero”. Se trata de varios pagos en dolares durante 2010 entregados a Baratta (el primero un bolso con 800 mil dólares, después 450 mil y otro de 750 mil pesos). “Dragonetti se desempeñaba como presidente de la firma ‘Panedile’, la cual resultaba adjudicataria de licitaciones llevadas a cabo en el ámbito del ex Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios de la Nación”. Cuando le tocó declarar, su padre aseguró que su hijo no estaba involucrado en las decisiones.
A la lista de declaraciones -que serán por zoom entre el 20 y el 27 de diciembre– se le suma el empresario Alberto Taselli, hermano de Sergio Taselli y quien estuvo a cargo de la concesión de la línea San Martín del ferrocarril y controló la mina de Río Turbio, en Santa Cruz. A Taselli se le adjudica haber entregado dinero en 2013 a Baratta y Lazarte en el Yacht Club Argentino, sito en la calle Cecilia Grierson 500 de esta ciudad. “Taselli se desempeñaba como presidente de la firma “Faraday”, la cual contaba con contrataciones en el ámbito del ex Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios de la Nación”, señala el juez.
Ercolini citó además a indagatoria a Jorge Juan Mauricio Balán, titular de la firma santafesina Industrias Secco. Le imputa haber hecho pagos en 2013 a Baratta y Lazarte, en una oportunidad dentro de un auto blanco en el que viajaba el empresario por Arroyo y Esmeralda; y a los 15 días hubo otra entrega de 500 mil dólares en una habitación del Feir´s Park Hotel.
Al empresario Claudio Glazman, uno de los primeros detenidos en la causa; se le imputa haber ordenado a Claudio Alberto De Lassaletta que le entregara en 2009 unos 270.000 dólares al funcionario de Planificación Hernán Gómez. El dinero, se señala, fue entregado a Baratta y luego éste se lo dio a Daniel Muñoz, secretario privado de Néstor Kirchner. Hubo otra entrega que alcanzó la suma de casi dos millones de dólares (USD 1.900.000); y una tercer episodio en las inmediaciones del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires “Malba”. “Las entregas de dinero en cuestión se habrían realizado como consecuencia que durante el año 2009, Claudio Javier Glazman le solicitó a Roberto Baratta que arbitrara los medios para que el entonces Ministro De Vido dispusiera la venta por remate de tres terrenos ubicados en esta ciudad. Baratta accedió a considerar la solicitud, requiriéndole un aporte de un millón de dólares (USD 1.000.000), presentándole a Hernán Gómez a tal fin”, se señala. El juez los espera en indagatoria.
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El juez citó también a Mauro Guatti, socio en Esuco del arrepentido Carlos Wagner. “Respecto de Mauro GuattiI se le imputará haber participado de los pagos que habrían sido ordenados por Carlos Guillermo Enrique Wagner por la firma “ESUCO S.A”, los cuales se concretaron en el domicilio de la calle San José 151 de esta ciudad, donde tenía sede la empresa, los días: 7 de agosto de 2013 y 6 de septiembre de 2013, oportunidad en que Roberto Baratta y Nelson Lazarte habrían retirado dinero del lugar que trasladaron en un bolso y el día 27 de julio de 2015, oportunidad en la cual habría retirado el dinero Lazarte que luego se lo dio a Baratta”, se afirmó. GUATTI se desempeñaba como director y accionista de la firma, la cual resultaba adjudicataria de licitaciones llevadas a cabo en el ámbito del ex Ministerio de Planificación.
En tanto, el juez también interrogará a Fernando Alexis Sananez se le imputará haber participado en pagos que se habrían efectuado a Nelson Lazarte en el Hotel Panamericano, “sito en la calle Carlos Pellegrini 551 de esta ciudad (de propiedad del “Grupo Relats”, por entonces a cargo de Silvana Relats)”. Fueron varios pagos en 2015 y sumaron más de 3 millones de dólares. Sananez se desempeñaba como director titular de la firma “J.C.R. S.A.”, la cual resultaba adjudicataria de licitaciones.

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Judiciales
El MTE se retiró del campo en El Marquesado de forma “pacífica”
Published
2 días agoon
25 marzo, 2023By
Maru Valle
Después de varias horas de tensión y momentos de violencia, los integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) se retiraron del campo ubicado en el barrio El Marquesado de Mar del Plata.
Más allá de los reclamos de los vecinos, de la postura del gobierno local y de las expresiones de políticos en redes sociales, desde el Movimiento hicieron hincapié en la legitimidad para explotar los terrenos de Playa Escondida, al sur de Mar del Plata.
“En esas tierras, cedidas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe) a la ONG Tercer Tiempo, se llevará adelante un Proyecto de Producción Agroecológica donde trabajarán productores rurales del cordón frutihortícola de la ciudad, proyecto que permitirá el abastecimiento local con alimentos de calidad. Se trata de la concreción de una propuesta histórica para dichas tierras, pensado con la construcción del Complejo Turístico Chapadmalal”, habían declarado mediante un comunicado en la tarde del sábado.
“Están trabajando profesionales de la Universidad Nacional de Mar del Plata y del Conicet con todos los estudios de suelo correspondientes y necesarios. Es el equipo que evaluará la viabilidad de cada sector del predio según las funciones que permitan las tierras”, extendieron.
El proyecto se suma a otras iniciativas en Argentina, que buscan afianzar la agricultura familiar, resolviendo las dificultades del acceso a la tierra para muchas personas que actualmente trabajan en condiciones de arrendamientos costosos y precarios”, afirmaron.
“Se promueven nuevas formas de producir en armonía con el medio ambiente; cuidando la salud de quienes producen y consumen, para que la población acceda a alimentos sanos y a precios justos”, comentaron luego.
“Actualmente hicimos posesión del predio y su custodia, como lo marca el convenio firmado el 16 de febrero del corriente año y por el cual nos apersonamos. No se instalará ningún asentamiento, sino que allí vivirán quienes trabajen la tierra”, aseguraron.
Frente al conflicto que ocurren en El Marquesado donde los vecinos amanecieron con la presencia de 40 personas con “pecheras del MTE” liderado por Grabois en el marco del proyecto para ceder 140 hectáreas a más de 100 familias, explotar las tierras y realizar viviendas sociales el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, se expresó mediante redes sociales.
En la misma línea, los residentes del lugar cortaron la ruta 11 para pedir visibilizar y reclamar lo sucedido: “Entraron con 40 personas del MTE y están queriendo desalojar al hombre que vive en el campo”. Asimismo, afirmó uno de los vecinos :”No tenemos cloacas, ni gas. Si hacen pozos ciegos se pueden contaminar las napas. Tenemos claro como terminan los proyectos sociales lo vimos a lo largo del país. Ninguno de los vecinos estamos a favor, nosotros compramos nuestros terrenos con años de trabajo”.
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Judiciales
Como afecta la caida de los sistemas informativos del poder judicial a los ciudadanos, explicado por la Dra Paula Braciale
Published
1 semana agoon
19 marzo, 2023By
Maru Valle
El dia viernes en la edición habitual de Rumbo 23 ( radio XFN.com y canal 41 TDA television abierta libre y gratuita) la Dra Paula Braciale estuvo en comunicación con la Dra Mariela Valle y el martillero Bernardo Giles.
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Judiciales
No fue lawfare: mentiras y trampas en el juicio de Vialidad que condenó a Cristina
Published
2 semanas agoon
12 marzo, 2023By
Maru Valle
Abogados que ocultaron tramos de documentos oficiales en que basaron las defensas porque lo omitido hundía a sus clientes. O que le enrostraron a la Fiscalía haber lanzado afirmaciones que en realidad nunca lanzó para confundir al tribunal o a la opinión pública. O que denunciaron la violación del derecho de defensa por no haber sido notificados sobre la incorporación de una prueba al expediente cuando sí fueron notificados. O varios peritos de parte y testigos que orillaron el falso testimonio con afirmaciones sesgadas. O empleados de Vialidad que… la lista continúa.
El Tribunal Oral Federal que condenó a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la “causa Vialidad” reflejó en el fallo que difundió este jueves múltiples episodios en los que las defensas intentaron jugadas, como mínimo, polémicas. Tanto, que el tribunal le notificó lo ocurrido al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal para que “fiscalice las temerarias intervenciones profesionales” y, acaso, aplique sanciones disciplinarias.
Esas “temerarias intervenciones” de los abogados reflejaron un contraste notorio entre las acusaciones de lawfare y lo que salió a la luz, con evidencias concretas, durante las audiencias del juicio oral, según surge de la sentencia de 1616 páginas que rubricaron los magistrados Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
De hecho, el tribunal remarcó a lo largo del fallo que algunas defensas incurrieron repetidas veces en una “actitud estratégica de elegir los presupuestos de la acusación para luego poder defenderse de dichos extremos inexistentes”, lo que calificó como “una verdadera y despiadada lucha contra los molinos de viento”. ¿Por qué? Porque para algunas defensas, según el estimó el tribunal, lo más importante no se dirimía en las audiencias del juicio, sino en “la instalación de una narrativa en el plano extraprocesal”. Es decir, la difusión de un relato ante la opinión pública a través de los medios de comunicación y propaganda afines.
La lectura del fallo aporta numerosos ejemplos. Entre ellos, cuando los defensores de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, remarcaron que no había mensajes directos entre la entonces Presidenta y su secretario de Obras Públicas, José López, y esgrimieron esa ausencia como una prueba irrefutable de la inocencia de su defendida. “¿Esperaban que la Presidenta de la Nación chateara personalmente con López?”, se preguntó el tribunal. “¿Quién más que la entonces Presidenta, a través de su asistente personal, podría ordenarle a un Secretario de Estado que se hiciese presente en la quinta de Olivos o en Casa de Gobierno a una hora determinada?”, plantearon Gorini, Giménez Uriburu y Basso, para luego indicar que esa jugada defensiva era “realmente llamativa” y “manifiestamente endeble”.
El letrado de Lázaro Báez, Juan Martín Villanueva, fue, sin embargo, el que protagonizó más episodios cuestionablesc como cuando sostuvo que su cliente había sido un empleado bancario que ascendió en el escalafón hasta convertirse en el máximo ejecutivo del Banco de Santa Cruz, y le enrostró al fiscal Diego Luciani haber dicho que era mero “cajero” bancario.
Pero eso era falso. Luciani jamás lo dijo, aclaró el tribunal. “Si alguien utilizó ese término fue la propia defensa de Báez, la que puso ese concepto en boca de los Fiscales para luego poder cuestionarlo y probar un pretenso yerro tanto en el plano procesal como en el mediático”. Y más allá de eso, el tribunal le recordó que lo esencial del debate pasó por otro lado: ¿tenía Báez experiencia en la obra pública? Y allí tropezó su defensa: “El intento de la defensa técnica de Báez de presentarlo como un avezado directivo de una empresa constructora es directamente una farsa”, concluyeron los magistrados. Una y otra vez, empero, Báez y sus letrados incurrieron en “falsedades” o “falacias”, según el tribunal. Por ejemplo, cuando quisieron sostener que Austral Construcciones se constituyó en abril de 2003 y acusaron a los fiscales de “falsear” el acta constitutiva porque “no les servía la verdad”, lo que también levantó y difundió la maquinaria de difusión cercana al kirchnerismo. Pero en realidad, según verificó el tribunal, la Fiscalía tenía la razón, apoyado en un documento que así lo demostró y que conocían todas las partes. “Nos enfrentamos, una vez más, frente a un artilugio defensista cimentado en una nueva falsedad”, estimó el tribunal.
La diferencia entre el relato y las evidencias también quedó expuesta cuando se analizó cómo fue el proceso de recálculo en las obras otorgadas a Báez. La defensa invocó un informe que aportó la Dirección Nacional de Vialidad que calificó como “una prueba central” que demostraba “dos mentiras” de la Fiscalía y cuya solidez era “incontrovertible”. Pero, ¿qué pasó? Según el tribunal, la defensa incurrió en un “berenjenal comparativo” que lo llevó a esbozar conclusiones erróneas o, peor, “opuestas” a las reales.
“La treta”
Lo mismo, aclaró el tribunal, ocurrió cuando se analizaron la ampliación del plazo o las redeterminaciones de precios en las obras, entre otros ejes. “Una vez más, las defensas escogieron ellas mismas los ejes sobre los que ejercer su defensa, y en ese afán realizaron estruendosas y simbióticas alegaciones sobre la licitud del procedimiento, el acierto en los cálculos y el sacrificio económico que resultaba su aplicación para las empresas”, destacaron los magistrados, cuando en realidad lo nuclear pasaba por otro lado. “El yerro en el que caen las defensas […] se encuentra íntimamente vinculado al escandaloso sistema de aprobación de las ampliaciones de plazos y modificaciones de obras (por su automaticidad, inmotivación, falta de acreditación, justificación, control y fundamento, etc.) que lo antecedió, pues ahí residía la treta”.
Lejos de amilanarse, sin embargo, las defensas redoblaron la apuesta. También buscaron relativizar la importancia de que Báez tuviera tanta preponderancia en el reparto de la obra pública en Santa Cruz. Para eso plantearon que en cada provincia suele haber una constructora con mayor peso porque, por ejemplo, está localizada allí, con sus maquinarias y personal, lo que buscó probar el letrado de Báez con un documento que, según alertó el tribunal, “no cuenta con la totalidad del universo de obras financiadas y/o ejecutadas por la Dirección Nacional de Vialidad en el período en cuestión”.
El tribunal requirió entonces más información oficial y lo que obtuvo, lejos de beneficiar a los acusados, los complicó aún más. “La comparación completa y fundamentada en datos es apabullante”, destacaron Gorini, Giménez Uriburu y Basso, que se apoyaron en datos “objetivos y verificables” para evaluar la distribución de sus negocios, y deploraron lo que calificaron como “pseudos conocimientos especiales” que invocaron los letrados y que fueron levantados por los medios de comunicación más afines al Frente de Todos.
Testigos y peritos de parte
En otros tramos de la sentencia, el tribunal también criticó la actuación de varios testigos y peritos propuestos por las defensas. Entre ellas, una ingeniera designada como perito por la defensa de la actual vicepresidenta, Adriana Alperovich, quien para apoyar a quien la había contratado llegó a utilizar “bibliografía estudiantil guatemalteca, peruana y colombiana, sin precisar sus antecedentes, calificación y rigurosidad técnica”. Eran tesis de grado.
Eso no fue todo. “Sobrepasando los límites de la tarea pericial que le fuera encomendada”, Alperovich “omitió deliberadamente su abordaje completo y recurrió a normas, dictámenes y antecedentes que no resultan ni remotamente aplicables al caso”, indicó el tribunal, hasta ofrecer “una versión exculpatoria que no resiste el menor análisis técnico”. Pero su relevancia en los tribunales fue lo de menos. Su testimonio fue ensalzado por la defensa y levantado por los medios de comunicación afines como “la única que hizo un estudio serio” y “quien de manera fundada descartó la acusación de sobreprecio. En la misma línea, varios testigos quedaron bajo la lupa, como Daniel Semino o Laura Hindie, que durante el juicio intentó relativizar lo que ella misma, como jefa de Legales del Distrito 23° de Vialidad, había sostenido apenas nueve meses después de ocurridos los hechos. ¿Qué pasó en el medio? Que asumió como diputada por el Frente de Todos. Para el tribunal, su giro resultó una “calculada y casi frívola mutación” que la llevó a modificar “su percepción de los hechos de manera infantil y con un sentido de la oportunidad asombroso”. Pero en las usinas de propaganda fue presentada como “una testigo fundamental”.
Como el de Hindie, los defensores y medios afines al kirchnerismo también propalaron el testimonio de Justo Pastor Romero, un auditor de Vialidad Nacional que al declarar durante el juicio oral “escondió en su fundamentación un error de base” conceptual, según el tribunal, y lanzó “temerarias interpretaciones” sobre un informe, “totalmente opuestas a las aclaraciones que realizaron sus hacedores en relación a sus alcances”. Y otra vez se repitió la dinámica: los magistrados desconfiaron de su credibilidad, al punto de indicar que les pareció que estaba “constantemente repitiendo un libreto”. ¿Y los medios de propaganda oficialistas? Lo definieron como “otro testigo demoledor”.
Columnas y notificaciones
Sin embargo, el tribunal estimó que no sólo ciertos testigos parecieron seguir un libreto propio. También la defensa de Báez editó el contenido de los “reporte por certificación de obra” que expuso durante el juicio. “Para empezar, [el material] se trata de una muestra parcializada del informe en cuestión”, alertaron los magistrados, que lo compararon con el informe completo. “Como puede verse de una simple comparación, 6 columnas han sido suprimidas del documento en ciernes”.
Pero si el uso de información parcial o manipulada durante un juicio resulta cuestionable, casi todas las defensas incurrieron en otro error, decisivo en el resultado final del proceso. Ocurrió cuando se incorporó a la “causa Vialidad” evidencias de otra investigación, la 12.441/2008. Es decir, el contenido de los teléfonos de José López; en particular, los mensajes que el exsecretario de Obras Públicas cruzó con los secretarios privados de Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Báez y su alfil en Austral Construcciones, Julio Mendoza.
La tormenta se desató cuando el fiscal Luciani usó esos mensajes en su alegato de manera intensiva. Las defensas clamaron que se violaba el principio de defensa en juicio de sus clientes y que jamás habían sido notificados sobre el eventual uso de ese material, lo que amplificaron sus canales habituales de difusión y propaganda, donde se afirmó que era “una prueba introducida silenciosamente en el juicio”, sin que las partes pudieran objetar su inclusión.
La realidad fue, otra vez, distinta. Así lo expuso el tribunal en su sentencia: “Las alegaciones introducidas por algunas defensas en torno a la supuesta sorpresa que habría significado para esas partes el hecho de conocer el contenido de esa prueba recién durante el alegato de clausura fiscal resultan completamente inadmisible”. ¿Por qué? Porque la Fiscalía pidió incorporar ese material al expediente mucho antes del inicio del juicio, todas las partes fueron notificadas de su interés e invitadas a compulsar ese material, que quedó a disposición de todos desde noviembre de 2017, tanto en la sede del tribunal como en forma digital.
Dicho de otro modo: las defensas sí fueron notificadas sobre el eventual uso de los teléfonos de López como prueba, pero no reaccionaron. Para el tribunal, la conclusión es tan clara como tajante: “Independientemente de si se trató de una decisión deliberada o una negligencia en el ejercicio del ministerio de la defensa, lo que de ninguna manera puede permitirse es atribuir ni vincular esa supuesta sorpresa con el comportamiento procesal que ha tenido este tribunal”.
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