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Se reavivó la interna en el oficialismo entre Elisa Carrió y Rogelio Frigerio después del debut de la Mesa de Acción Política

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La diputada volvió a asociar al ministro con el PJ. “Quienes critican a Rogelio critican al Presidente”, le respondió el viceministro del Interior 
La Mesa de Acción Política fundada el lunes de urgencia por Mauricio Macri, y creada para “coordinar las tareas de los próximos meses”, tardó menos de una semana en crujir.

Los dardos de ayer por la noche de Elisa Carrió contra Rogelio Frigerio en los estudios de TN amenazaban este viernes con alterar la frágil tranquilidad interna que sobrevoló en estos días la Casa Rosada tras la dura derrota de Mauricio Macri en las PASO y la oxigenación temporal del gabinete con la salida de Nicolás Dujovne del Ministerio de Hacienda.

La diputada, que a principios de semana fue sentada por Macri a su lado en la  nueva mesa política que, en teoría, tiene cita los lunes, volvió a vincular al ministro del Interior con el PJ, en teoría, en contra de los intereses del Gobierno.

Resaltó que el funcionario “avalaba” que había que “dejar ganar al PJ” en las elecciones provinciales, y que por eso la Casa Rosada no debía acompañar “a los candidatos a gobernadores de Cambiemos”. Aseguró además que el ministro había hecho concesiones a los gobernadores en la discusión por el presupuesto. “Tenemos provincias con dinero sobrante y gente muerta de hambre”, subrayó. Y hasta puso en duda el manejo de la obra pública por parte del Ministerio del Interior.

“¡Nos trató de chorros!”, enloquecían esta tarde cerca del ministro, que ya había sido apuntado por la líder de la Coalición Cívica en reiteradas oportunidades en los últimos meses, en especial tras la derrota de su amigo Mario Negri en Córdoba. Después de esa elección, la diputada cruzó en durísimos términos a Nicolás Massot en uno de los pasillos de la Cámara baja. Sin anestesia, lo tildó de “hijo de puta” frente a decenas de asesores parlamentarios.

Mauricio Macri, en Yacyretá, junto a Rogelio Frigerio y otros funcionarios (Presidencia)

Mauricio Macri, en Yacyretá, junto a Rogelio Frigerio y otros funcionarios (Presidencia)

Massot, que dejó el país para estudiar en los Estados Unidos, es parte del círculo de poder de Emilio Monzó y de Frigerio, que viajó a Misiones con Macri.

Otro funcionario de ese entorno es Sebastián García de Luca, viceministro del Interior, un dirigente de origen peronista que trabó un delicado vínculo de equilibrio entre la planta baja y el primer piso de la Casa Rosada, y que fue elegido ahora para contestarle a Carrió.

“Nunca fuimos autónomos de las decisiones de gestión, todo ha sido por decisión del Presidente. Quienes lo critican a Rogelio lo hacen también hacia el Presidente. No se puede decir cualquier cosa, ni insultar a integrantes de un equipo de gobierno que ha trabajado denodadamente para garantizar la gobernabilidad”, remarcó el funcionario ante Infobae y los periodistas acreditados del Gobierno.

Y dejó en llamas a la previa del encuentro del lunes de la flamante Mesa de Acción Política.

El ámbito había sido oficializado hace 96 horas en Olivos por Macri como un espasmo ante la crisis de gobernabilidad en la que quedó sumergido tras la derrota frente a Alberto Fernández en las primarias de hace dos domingos.

El Presidente sentó, además de Carrió y Frigerio, a Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Marcos Peña, Miguel Ángel Pichetto, Mario Negri, Luis Naidenoff, Patricia Bullrich y Mario Quintana, el ex vicejefe de ministros que tuvo que dejar el gabinete envuelto en críticas hace poco menos de un año, en la crisis cambiaria de septiembre pasado.

Quintana se sentó a la mesa, de nuevo, de la mano de Carrió.

Elisa Carrió durante su discurso en el Centro Cultural Kirchner, la semana pasada

Elisa Carrió durante su discurso en el Centro Cultural Kirchner, la semana pasada

La sobre exposición de la diputada de estos días, erigida como activa vocera de campaña, no alteró solo a Frigerio y la llamada “ala política” a la que la dirigente suele desdeñar. A Peña, cuyo liderazgo quedó en el ojo de la tormenta tras la derrota, el rol de la líder de la CC no le termina de cerrar. Pero la necesita. Y se utilizan mutuamente.

Hay quienes creen, puertas adentro, que pone en riesgo la estrategia electoral con la que el Presidente buscará descontar en octubre con el Frente de Todos.

Los dichos de “Lilita” se dan en medio del debate por la gobernabilidad, la “transición”, de la que se habla por lo bajo, y la campaña.

Jaime Durán Barba, hasta hace tres semanas el consultor estrella de Macri que volvió al país este viernes y que, según fuentes de la Jefatura de Gabinete, tiene previsto encontrarse con el equipo de comunicación “entre lunes y martes”, tampoco es proclive al liderazgo de la diputada. Es recíproco: ella se jactó de haberlo “echado” de los reservados de Costa Salguero, el domingo de las primarias.

En el almuerzo que Peña compartió este mediodía con un reducido grupo de ministros -“reflexivo”, según algunos de los comensales- no estuvo el asesor ecuatoriano. Tampoco pasó a la reunión que el jefe de Gabinete lideró un rato después con el equipo digital de campaña.

Es que todavía no está definido el trazo fino de la estrategia de cara a octubre. Carrió tiene su propia sintonía.

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Stanley aseguró que los acampes y los cortes de calle son un hecho “político y extorsivo”

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Los grupos piqueteros vuelven a manifestarse el próximo martes y amenazan con un acampe de 72 horas. La ministra dijo que intenta “canalizar diferencias” para evitar más protestas.

Los movimientos sociales anunciaron que el próximo martes 24 de septiembre llevarán adelante nuevos cortes en todo el país y también amenazan con un acampe de 72 horas en la Avenida 9 de Julio.

Para evitar más protestas, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, aseguró que tratará de “canalizar las diferencias”, pero definió a estas manifestaciones como un hecho “político y extorsivo”.

“Tenemos que terminar como Argentina con los cortes. Hoy es un mecanismo político. Más allá de la situación social de fondo, después el corte se transforma en un hecho político. Porque cuando hay un canal de diálogo, el corte no sólo es extorsivo sino que además complica la vida de muchísimos argentinos que están igual que ellos, complicados, atravesando una situación de incertidumbre, en muchos casos muy angustiados”, comentó la funcionaria nacional en diálogo con CNN Radio.

Pese a la emergencia alimentaria, anuncian piquetes en todo el país Es que los grupos piqueteros, comandados por el Polo Obrero, que cortaron la 9 de Julio anunciaron que realizarán una jornada de protesta el próximo martes 24 de septiembre, con movilización a Plaza de Mayo y cortes en los accesos a Capital Federal y en varias rutas del país, al tiempo que avisaron que si no reciben respuestas del Gobierno, volverán a acampar en la principal avenida de la Ciudad pero por 72 horas -el anterior acampe había sido de 48 horas-.

Para evitar estas protestas, la titular de la cartera de Desarrollo Social aseguró que “a través del diálogo” tratarán de zanjar las diferencias con los movimientos sociales. En esa línea, aseguró que se tratará de “canalizar las diferencias” para evitar el acampe piquetero previsto para la semana próxima. Asimismo, comentó que “hay una situación que atendimos y estamos atendiendo; existe una ley social vigente”, más allá de la norma aprobada esta semana por el Congreso para prorrogar la emergencia alimentaria.

Desarrollo Social convocó a los movimientos sociales para evitar un nuevo acampe “Se ha trabajado en fortalecer los ingresos de las familias y en contener los precios con la quita el IVA a productos de la canasta básica.

Y además reforzamos las partidas para los comedores escolares”, dijo Stanley. En ese sentido, señaló que “es lo que venimos hablando con los movimientos sociales para que no vuelvan a la calle”, y sostuvo que sus funcionarios “están en permanente comunicación con las organizaciones.

Y también me reúno con obispos, curas párrocos, curas villeros y referentes sociales”. ED CP

 

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Realismo K: Justicia Legítima suma presión a los jueces federales y habla menos de la Constitución

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En declaraciones formuladas esta semana, Cristina Caamaño, titular de la entidad, colocó en segundo plano una modificación del texto constitucional. En cambio, expresó que el objetivo inmediato es Comodoro PY. Allí están radicadas las principales causas por corrupción

Cristina Kirchner

Cristina Kirchner

No abundar en el tema de una reforma de la Constitución –mostrarlo y dejarlo en el freezer- y concentrarse en la ofensiva sobre los jueces federales que manejan causas por corrupción, varios de ellos muy pragmáticos y de olfato político desarrollado. Podría decirse que es un acto de realismo, táctico, en boca del kirchnerismo duro. Y en esa dirección apuntan las definiciones –maduradas, lejos de cualquier improvisación- que esta semana dejó la presidente de Justicia Legítima, Cristina Caamaño.

La fiscal y titular de esa agrupación judicial circuló con cintura por el margen que parece haber dejado la posición repetida por Alberto Fernández. También, entre las insinuaciones de Cristina Fernández de Kirchner y los silencios de otros promotores de una modificación del texto constitucional. Hay bastante de lectura práctica en este juego: la reforma de la Constitución demanda mayorías especiales en el Congreso, no garantizadas aún en caso de triunfo abrumador, y “consensos” que hoy al menos no asoman. En cambio, los jueces, en especial Comodoro Py, están más a tiro del poder y de la política en general, entre otras razones porque exponen daños en su imagen, muchos autoinfligidos.

Alberto Fernández, naturalmente, no es responsable directo de cada hecho o movida atribuible a su potente triunfo electoral en las PASO y a lo que dicen ahora las encuestas. Pero aun tomando sus declaraciones, está claro que hay elementos que no le gustan y otros a los que le da aire. En el primer rubro, ha repetido su rechazo a una reforma de la Constitución. Lo fastidia que gire cada tanto el tema y la última vez que se pronunció, raíz de declaraciones de CFK sobre nuevo orden y contrato social, dijo que nada podría hacerlo cambiar de opinión.

La presidente de Justicia Legítima, Cristina Caamaño

La presidente de Justicia Legítima, Cristina Caamaño

En cambio, antes y después de quedar parado sobre una montaña de votos, fue especialmente duro en su carga contra jueces federales que tienen en sus manos causas por corrupción y han sumado procesamientos a la ex presidente. En la misma línea, presentó a CFK como víctima de una persecución político-judicial, una categoría que otros extienden a ex funcionarios kirchneristas. Fernández no expresa especial simpatía por muchos de ellos, aunque sí cuestiona las prisiones preventivas. Es una crítica razonable en muchos casos, que no debería exculpar las cuestiones de fondo.

Caamaño buscó despegar –a ella misma y a la entidad que preside- de cualquier relación directa con el Instituto Patria y con los integrantes de la fórmula del Frente de Todos. Por supuesto, hay puentes, múltiples relaciones y contactos compartidos. La integración de Justicia Legítima va desde simpatizantes hasta disciplinados exponentes del kirchnerismo duro.

La invocación de Caamaño a una imprecisa pero inquietante “democratización” de la Justicia y el eco de la carga contra los medios fueron ingredientes nada desdeñables, pero tal vez lo más significativo fueron los disparos sobre jueces federales como objetivo inmediato, antes que una batalla de fondo. “Las cosas se van a empezar a reformar sin reformar la Constitución, más allá de que yo esté de acuerdo con que habría que reformarla”, resumió en declaraciones radiales.

El foco judicial, se ha dicho, estuvo puesto en Comodoro Py: Caamaño dijo que habría que ampliar significativamente el número de jueces y fiscales –cuadruplicarlo, exageró- para “diluir su poder”. ¿Coparlo? Algo parecido se escuchó ya sobre la Corte Suprema. Pero además, el punto sería básicamente de conveniencia, ni ético ni de doctrina.

El juez Alejo Ramos Padilla

El juez Alejo Ramos Padilla

Nadie que conozca el entramado de jueces federales y sus efectos dudaría sobre la necesidad de encarar una estrategia para desarmar lo que la política fue armando, en especial desde el menemismo, con más oscuridades en la etapa kirchnerista y sospechas renovadas en esta gestión. El tema sería para qué y cómo. ¿Cambiar en función del ciclo político o desarmar un tablero realmente corrosivo para el sistema democrático y la credibilidad social?
Caamaño da pistas bastante claras. Expresa que los jueces “no comen vidrio” y destaca que hay evidencia de que algunos “se están acomodando” en función del posible cambio de gobierno. No hay ningún signo de malestar por ese giro. Sentido utilitario y selectivo: las señales de sintonía con la política –o el juego político propio- serían condenables en la etapa macrista y bien recibidas cuando se ajusta a los resultados de las PASO y el posible desenlace electoral de octubre.

La mirada selectiva no se agota allí. El problema estaría restringido a Comodoro Py y su zona de influencia. Nada que decir sobre otros jueces que operan abiertamente o no tanto en función de sus afinidades o compromisos políticos, en cada provincia o a escala nacional. Hubo en las declaraciones referidas un aval al juez Alejo Ramos Padilla -casi como contracara de los federales cuestionados-, que en el caso D’Alessio expone medidas que avanzan peligrosamente sobre cuestiones básicas y a la vez sustanciales del trabajo periodístico, resguardadas constitucionalmente.
Caamaño expresó un mensaje que tal vez incomode en plena campaña. La línea argumental reconoce sonidos del pasado y proyección renovada a futuro.

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Alberto Fernández y el caso Daniel Santoro: Una cosa es hacer periodismo y otra es mandar mensajes extorsivos

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El candidato a presidente del Frente de Todos aseguró que el juez Ramos Padilla investiga al periodista de Clarín por supuesta extorsión, y no por sus trabajos periodísticos. Además, afirmó que no está de acuerdo con que el Estado haga ningún control periodístico

Por: Julián Cañás y Federico Giammaría
La semana que pasó, el juez federal Alejo Ramos Padilla rechazó anular una orden que le había dado a la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) para que investigue si las notas del periodista Daniel Santoro, de Clarín, constituyeron operaciones de “acción psicológica”.

En su fallo, Ramos Padilla considera que la Comisión “es un organismo extrapoder autónomo”, pero que no forma parte del Poder ejecutivo de la Provincia.

En tal sentido, y según el magistrado, que un organismo estatal audite notas periodísticas “no constituye una violación a la libertad de expresión”.

En su paso por La Voz, Alberto Fernández, candidato del Frente de Todos, fue consultado sobre la decisión de Ramos Padilla. Y dijo que hay que diferenciar entre hacer periodismo y mandar “mensajes extorsivos”.

El juez Ramos Padilla ha puesto bajo investigaciones notas periodísticas. ¿Cuál es su opinión?
Yo no tengo esa noticia.

Bueno, le ha pedido a la Comisión Provincial de la Memoria que analice el material que escribió Santoro.
Yo, lo que leí es que Santoro, que es lo que dice el acta de procesamiento, está involucrado en hechos de extorsión a un par de empresarios. Y que parte de la extorsión se realizaba a través de apariciones públicas de él. Eso no tiene nada que ver con notas periodísticas. Si su pregunta es si yo creo que debe haber un control periodístico del Estado, la respuesta es “no”. Pero una cosa es hacer periodismo, y otra es fingir que uno hace periodismo cuando en verdad lo que está haciendo es mandando mensajes extorsivos. Son cosas distintas. Sólo conozco los fallos que son públicos y, como soy abogado, me gusta leerlos. El juez lo está imputando de hechos de extorsión.

Y además está investigando las notas periodísticas…
Porque las notas eran el mecanismo de extorsión. Había metamensajes para los extorsionados.

Eso es lo que le pide a la Comisión Provincial de la Memoria que analice.
Exactamente. Si había metamensajes…

Pero usted dice que no está de acuerdo en que el Estado se meta en ese tema.
No, de ningún modo. Eso es un delirio, ni debe ocurrir. Ustedes tiene derecho a escribir, a preservar sus fuentes. Eso no cabe duda que es así.

Periodismo
Cuando se conoció la medida, en agosto pasado, tanto la SIP, FoPeA y AdEPA habían coincidido que la orden constituía “una clara amenaza a la tarea informativa” y además implicaba “el intento de consagrar una suerte de auditoría estatal sobre el trabajo periodístico, algo que vulnera la libertad de prensa” consagrada por la Constitución.

“Este tipo de acciones, además de chocar contra la jurisprudencia que reserva sólo al Poder Judicial el análisis de eventuales daños causados por la prensa, busca el amedrentamiento y la autocensura de la labor periodística, debilitando su rol institucional en democracia”, había dicho Adepa.

Mauricio De Nuñez y Guido Schiarreta, abogados de Santoro, habían pedido la nulidad de la medida porque “atenta contra la libertad de opinión y la libertad de prensa, derechos fundamentales en nuestro digesto constitucional y, en definitiva, de la vida en democracia”.

Procesamiento
A comienzos de agosto pasado, Ramos Padilla procesó al periodista Santoro, de Clarín, y le trabó un embargo por tres millones de pesos en la causa en la que se investiga una supuesta red de espionaje y extorsión, pero consideró que no hay elementos para afirmar o descartar que el acusado formaba parte de una asociación ilícita.

El magistrado dictó la falta de mérito para procesar o sobreseer al periodista en lo que refiere a la acusación por presunta “asociación ilícita” con Marcelo D’Alessio, el falso abogado detenido el 15 de febrero pasado.

En una resolución de 474 páginas, Ramos Padilla dijo que “se encuentra probado que para el desarrollo de los planes criminales, la asociación ilícita de la que participaba (el falso abogado y ya detenido) Marcelo D’Alessio se valió de la actividad y la figura del periodista Daniel Santoro”.

El magistrado también explicó que, en lo que hace a Santoro y al igual que con cualquier otro imputado, debe tenerse presente que el estándar de prueba que se requiere para arribar a una resolución de mérito durante la instrucción es distinto y menos riguroso que el que se exige para una sentencia.

Asimismo, dijo Ramos Padilla que la vinculación a un proceso no implica per se que se afirme su culpabilidad.
Fuente: La Voz del Interior

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