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Según el comunicado del Ministerio, Gendarmería fue atacada a tiros y respondió con “disparos intimidatorios”

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El Ministerio de Seguridad lanzó un comunicado explicando que la patrulla abrió fuego “hacia los árboles y no en dirección hacia los atacantes”

El Ministerio de Seguridad aseguró hoy que los efectivos de Prefectura que realizaron ayer un operativo en el lago Mascardi, en el que murió un joven mapuche, fueron atacados con “armas de grueso calibre” por un grupo con “preparación militarizada”.

En un extenso comunicado, la cartera que conduce Patricia Bullrich dio esta tarde su detallada versión de lo ocurrido en el operativo realizado ayer por Prefectura en la zona del lago Mascardi, durante el cual resultó muerto un joven de la etnia mapuche identificado como Rafael Nahuel Colhuan, de 27 años.

Esa cartera expresó que “lamenta lo sucedido pero considera que, en esta oportunidad, no se trató de un grupo de protesta o de reivindicación sino de una metodología de violencia armada, inadmisible con la democracia y el Estado de Derecho”.

Tras aclarar que intervinieron en el operativo “cuatro efectivos de la agrupación Albatros de la Prefectura Naval Argentina, cumpliendo con la orden judicial del juez federal Gustavo Villanueva” precisó que se trataba de tareas de “rastrillajes en la zona de Villa Mascardi con el objeto de recabar información e identificar a las personas prófugas luego del desalojo realizado el día jueves sobre los terrenos tomados por el RAM”.

El grupo detectó “más de 10 barricadas de madera y tierra, que el día anterior no estaban” en una de las cuales había “entre 15 y 20 personas”, precisó.

Dos de los efectivos, agregó, bajaron a pedir ayuda y los otros dos se escondieron en el lugar, quienes escucharon lo que “aparentaban ser gritos de guerra” de esas personas que estaban “encapuchadas, con máscaras antigases de tipo militar y banderas con lanzas que en sus puntas tenían atados cuchillos”. Pero cuando dos de los efectivos “se encontraron de frente con este grupo de 15 a 20 personas encapuchadas y armadas. Los dos Albatros dieron la voz de ‘alto Prefectura’, que no fue acatada”, afirmó.

“El grupo comenzó una agresión contra los Albatros con piedras, boleadoras y lanzas” mientras la patrulla “repelió el ataque con un arma no letal con munición de pintura”.

Cuando los efectivos se reagruparon “se escucharon gritos por parte del grupo de encapuchados que decían ‘los vamos a matar, son pocos, son cuatro’”.

De inmediato, continuó la versión oficial, “los efectivos escucharon fuertes estampidos en dirección a su posición y observaron a dos o más personas portando armas de fuego que, por el sonido y el efecto de las efracciones, daban cuenta de ser de grueso calibre”. “Además, se dieron cuenta del calibre de las balas porque arrancaron ramas gruesas de cuajo”, explicó la cartera de Seguridad.

“A continuación, el grupo de personas comenzó a avanzar utilizando movimientos tácticos militares y adoptando una formación de emboscada envolvente sobre los cuatro efectivos, lo que demostraba la preparación militarizada del grupo, que sumada a las máscaras de gas, daban la impresión de un grupo preparado para un evento violento”, aseguró.

Según el Ministerio, los efectivos solicitaron “apoyo y autorización para hacer uso de sus armas de fuego”.

Como no lograron comunicarse con su base, usaron primera “una granada de aturdimiento” y luego “comenzaron a replegarse hacia abajo, cubriéndose con disparos de fuego intimidatorios siempre en dirección hacia los árboles y no en dirección hacia los atacantes, ya que no se podía visualizar más a aquellos hombres que se encontraban disparando con armas de fuego”.

Finalmente, la patrulla se reunió con otros efectivos en la ruta 40 y poco después supieron “sobre la existencia de personas heridas, una de ellas de gravedad”. “A las 18.00 horas aproximadamente, desde la ladera de la montaña y en la zona próxima al puesto de la Prefectura Naval, descendieron dos personas con una tercera que estaba herida”, destacó.

Allí quedaron detenidos “Fausto Jones Huala y Alejandro González, constatándose luego que la persona herida había fallecido”. “Según fuentes de la comunidad en la montaña se encontraban heridas otras dos personas, quienes se resistían a ser atendidos en el hospital. Una de ellas sería una mujer perteneciente al Ejército Argentino y capacitada en alta montaña, información que hoy confirmó el Ejército Argentino”, agregó Seguridad.

El armamento usado por los efectivos de Prefectura “fue secuestrado por orden de las autoridades judiciales”, concluyó.

DyN

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EL POLICIA QUE DISPARO A CHANO: IMPUTADO POR LESIONES GRAVISIMAS

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El policía Facundo Amendolara fue imputado hoy por lesiones gravísimas por haberle disparado en supuesta legítima defensa al músico Santiago “Chano” Moreno Charpentier el pasado lunes. El fiscal de Zarate Martín Zocca le hizo saber esa acusación, que está agravada por su condición de efectivo de la Policía Bonaerense y el uso de arma de fuego.

La imputación es transitoria y formal, pues hasta el momento no se ha citado a declarar como acusado al efectivo. Amendolara designó formalmente como abogado defensor a Fernando Soto, el mismo que tiene Luis Chocobar, el policía que este año fue condenado por exceso en legítima defensa al matar a un delincuente en el barrio de La Boca.
El abogado Fernando Soto, que patrocina al oficial de la Policía Bonaerense que baleó al cantante Santiago “Chano” Moreno Charpentier, aseguró hoy que su cliente “no tuvo más remedio que obrar de este modo” cuando le disparó al músico y remarcó que el joven uniformado “no quería lastimar a nadie”.

Según contó el letrado, aún no pudo acceder al expediente de la investigación del episodio en el que Chano terminó baleado en su casa del barrio Parque Verdad de Exaltación de la Cruz tras un aparente brote psicótico. Además, el abogado confirmó que la intención del efectivo Facundo Amendolara, de 27 años, es declarar y dar su versión de los hechos. “Va a declarar, pero por ahora no tuvimos acceso al expediente. Sólo vi las declaraciones del expediente que circulan en los medios”, indicó Soto.

En declaraciones al canal de noticias TN, el letrado sostuvo que su defendido “disparó cuando no tuvo más remedio” y que el único testimonio hasta el momento es el de la oficial Flores, que vio cuando Chano amenazaba a Amendolara. “La oficial de Policía Flores vio como Chano, totalmente fuera de sí, salió de la cocina con las manos en los bolsillos de la campera y de golpe saca un cuchillo y la madre le dijo `quédate tranquilo que vas a ir al Otamendi y vas a estar bien atendido´. Ahí es cuando Chano les dice `los voy a matar a todos´ y primero quiso atacar al primer policía que le hablaba y empezó a correr a Amendolara, mientras este retrocedía”, relató.
El abogado del policía, que está imputado en la causa, comentó luego de que la Justicia de Zárate-Campana lo notificara sobre la pericia balística que se realizará al arma reglamentaria utilizada, que Amendolara estaba por ascender, “que hace seis años está en la fuerza y que no tiene sanciones ni apercibimientos”. “Es todo un perjuicio porque tiene una causa penal ahora y él no quería lastimar a nadie. Es un chico joven de 27 años, que tiene una beba. Está preocupado por Chano, por su futuro. Esto le cambió su vida por cumplir con su deber y por obrar como tenía que obrar”, finalizó.

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DOS DEBATES QUE EL CASO DE CHANO CHARPENTIER TRAJO A LA LUZ NUEVAMENTE: LA LEY DE SALUD MENTAL Y EL USO DE LAS TASER.

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“Hagan algo con la Ley de Salud Mental”. Ese fue uno de los pedidos desesperados que realizó Marina Charpentier, la mamá del cantante Santiago “Chano” Moreno Charpentier, quien se encuentra internado en grave estado luego de recibir un disparo por parte de la Policía en medio de un supuesto brote psicótico. 

El requerimiento que lanzó la mujer desde la puerta del Sanatorio Otamendi reabrió la polémica sobre la vigencia de la Ley 26.657 de Salud Mental que fue aprobada el 25 de noviembre de 2010, durante la gestión presidencial de Cristina Kirchner.

La normativa apunta al mayor respeto sobre los derechos humanos de quienes padecen algún problema ligado a la salud mental, lo que a la vez complica la respuesta ante los pedidos de asistencia que pueden realizar, por ejemplo, familiares y allegados ante algún cuadro agudo.

La ley contempla el derecho de las personas con padecimiento mental o con adicciones a “recibir tratamiento y a ser tratado con la alternativa terapéutica más conveniente, que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria”, a la vez que pone el foco en el “derecho a que en el caso de internación involuntaria o voluntaria prolongada, las condiciones de la misma sean supervisadas periódicamente por el órgano de revisión”.

Además, puntualiza que “en ningún caso puede hacerse diagnóstico en el campo de la salud mental sobre la base exclusiva de demandas familiares, laborales, falta de conformidad o adecuación con valores morales, sociales, culturales, políticos o creencias religiosas prevalecientes en la comunidad donde vive la persona” o de la “elección o identidad sexual”, entre otros puntos.

Desde la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) reconocieron que “se vuelve urgente seguir trabajando en la inclusión y los derechos para todas las personas”.
Directivos de la Facultad de Psicología que depende de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) pidieron que se profundice el trabajo para lograr que se implemente de manera “plena” la Ley de Salud Mental que está vigente en el país después del caso que protagonizó el lunes a la madrugada “Chano” Moreno Charpentier, el músico que tuvo que ser internado al sufrir un balazo de un policía en el marco de una crisis psiquiátrica.

A través de un comunicado, desde la unidad académica entendieron que el episodio del exlíder de Tan Biónica “refleja una situación que se repite diariamente y que no es algo que desde la Salud Mental se desconoce, las escenas que describen la fuerzas de seguridad frente a casos de padecimientos mentales y/o adicciones, que podrían ocupar todos los días varias páginas en cualquier medio de comunicación”.

En relacion al uso de las pistolas taser, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, aseguraron que una reducida cantidad de pistolas Taser que habían sido incorporadas a modo de prueba por la gestión anterior solo serán utilizadas por las unidades de operaciones especiales de las fuerzas federales. Y agregaron que esas armas “pueden causar severas lesiones, incluso la muerte”.

El debate político alrededor de esas armas continúa. Y los casos se repiten. En dos años se registraron en CABA cuatro impactantes episodios en los que podría haberse utilizado una pistola de descarga eléctrica para neutralizar el agresor. En tres ocasiones, los policías apelaron a sus armas de fuego y dos de los atacantes y un agente murieron en esas circunstancias, mientras que en la restante situación un uniformado empleó una patada para desarmar al hombre que portaba un cuchillo. Esa técnica de artes marciales también provocó la muerte de esa persona, que golpeó su cabeza contra el pavimento.

El caso más conocido ocurrió el 28 de septiembre del año pasado frente al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) donde el inspector de la Policía Federal Juan Pablo Roldán intentó junto a otros agentes disuadir a Mauricio Rozas, un hombre con trastornos psiquiátricos que amenazaba con un cuchillo a los peatones. El agresor atacó al policía y este lo abatió a balazos mientras recibía un mortal puntazo.

Por entonces también se generó una polémica sobre la necesidad de dotar a las fuerzas policiales de herramientas que permitiesen el control de una situación similar sin exponer la vida de los agentes y del agresor.

En ese caso también se renovó el debate sobre las pistolas Taser. Una polémica que reaparece cada vez que un disparo de 9mm interpela a la sociedad sobre la forma de enfrentar estas situaciones.

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Los cubanos detenidos por las protestas contra la dictadura castrista se encuentran en estado de indefensión

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Los tribunales del régimen estarán cerrados durante una semana. Durante ese tiempo será imposible interponer recursos en favor de las víctimas de la represión

Un hombre permanece en suelo antes de ser arrestado durante las protestas contra la dictadura comunista de Cuba

La ONG Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), afincada en España, denunció este jueves la indefensión de los detenidos en Cuba durante las protestas de los últimos días, ya que los tribunales de ese país estarán cerrados durante una semana.

Por tanto, durante ese tiempo será imposible interponer recursos en favor de “las víctimas de la represión en Cuba”.

“No hay ley, Cuba se encuentra en un estado de sitio o excepción no declarado, mientras las fuerzas represivas continúan con la represión, organizando redadas, allanando viviendas para detener a manifestantes con total discrecionalidad y violencia”, denuncia esta organización, que cuenta con una red de observadores en la isla.

Miles de cubanos tomaron las calles el pasado domingo para protestar contra el régimen comunista al grito de “¡libertad!” en una jornada inédita en décadas y que se saldó con cientos de detenidos y enfrentamientos, después de que el dictador Miguel Díaz-Canel conminara a sus partidarios a salir a enfrentar a los manifestantes.

Y desde entonces, las autoridades ejercen un fuerte control para impedir nuevas protestas.

Los informes recibidos por el OCDH señalan que “las estaciones de policía no reciben a los abogados contratados por los familiares para representar a los detenidos, las prisiones permanecen también cerradas y muchos detenidos han ingresado en prisión como medida cautelar y permanecen incomunicados”, indicó el organismo en un comunicado.

Un vehículo de las fuerzas especiales pasa junto a un coche de época en el centro de La Habana, CubaUn vehículo de las fuerzas especiales pasa junto a un coche de época en el centro de La Habana, Cuba

Los informes de su red de observadores, que hacen un seguimiento permanente, pese a los cortes de internet y a las limitaciones de movimiento, señalan que hay personas que se han refugiado en el monte, huyendo de la persecución.

Denuncian también la detención de personas identificadas en los vídeos de las protestas publicados en redes sociales, mientras madres y familiares deambulan por los centros de detención recabando información sobre ellos.

Las protestas, las más importantes desde 1994, se producen con el país sumido en una grave crisis económica y sanitaria, con la pandemia de coronavirus fuera de control y una fuerte escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos, además de largos cortes de electricidad.

 

La mayoría de las redes sociales y plataformas de mensajería permanecen bloqueadas en el servicio de internet móvil en Cuba, cuatro días después de que masivas protestas contra la dictadura comunista que sacudieran el país.

El observatorio de internet Netblocks reportó que, en una actualización en Twitter de su informe sobre Cuba a raíz de las manifestaciones del domingo pasado, que a las limitaciones en el uso de Facebook, WhatsApp y Twitter se han sumado restricciones en YouTube.

“Las restricciones específicas podrían limitar el flujo de información desde Cuba tras las amplias protestas del domingo en las que miles de personas se manifestaron contra las políticas dictatoriales y la inflación. Las restricciones se mantienen este jueves por la mañana”, indica el informe.

El acceso a internet sí es posible en los parques wifi públicos y también, aunque con reportes de inestabilidad, en los servicios Nauta y ADSL en los domicilios, aunque pocos cubanos pueden permitirse una conexión en sus hogares debido a su elevado costo. Las telecomunicaciones en Cuba dependen por completo del monopolio estatal ETECSA, que hace dos años y medio comenzó a ofrecer el servicio de datos en los teléfonos celulares.

(Con información de EFE)

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