En un debate con visiones enfrentadas en torno a si los acuerdos firmados por la Nación y las provincias significan un ajuste, el oficialismo le dio media sanción esta medianoche a la reforma de la movilidad jubilatoria. Fue con 43 votos afirmativos, 23 negativos y tres abstenciones.
Contó con apoyo de senadores que responden a los gobernadores peronistas que avalaron el pacto fiscal, que también fue aprobado, al igual que la ley de responsabilidad fiscal.
En sesión maratónica, última del período ordinario, con senadores que se despedían ante el cambio de composición desde el 10 de diciembre, el debate se centró en la reforma previsional impulsada por el Gobierno -y que forma parte del llamado “consenso fiscal” firmado con 22 provincias y la Ciudad-, cuyo punto central es el modo de calcular los incrementos jubilatorios.
Según indica el diario Clarín, la nueva fórmula combina la inflación en un 70%, pero también la variación salarial (índice RIPTE), en otro 30%, como propuso para acompañar el proyecto el sector del PJ-FpV que lidera Miguel Pichetto. Así, se dejó de lado el plus por crecimiento que propuso el Ejecutivo.
“No son acuerdos para el ajuste”, sostuvo el macrista Federico Pinedo en un discurso que buscó ser “una defensa política de los acuerdos alcanzados entre el Presidente y los gobernadores”.
Sobre la responsabilidad fiscal argumentó que “se va a mantener en términos reales el gasto público de la Nación y las provincias”, destacó la baja de la presión impositiva, y que ante un “déficit casi inviable que podría derivar en una nueva explosión”, el consenso fiscal “es eliminar en 5 años el déficit en la Argentina”.
Los opositores a la reforma previsional alzaron sus voces para cuestionar que implicará una pérdida para los jubilados. El sindicalista Guillermo Pereyra, del Movimiento Popular Neuquino, dijo que en 2017 por la actual ley de movilidad jubilatoria el aumento es del 28%, contra un 23% que hubiera implicado con la nueva fórmula.