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Cómo será el operativo para liberar la Ruta 40 tras el derrumbe

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Empresa española estará a cargo de los trabajos tras el derrumbe de una roca.

El 23 de julio, una dos mil toneladas de piedras cayeron sobre la Ruta 40 a la altura del Brazo Huemul, lo que dejó inhabilitado ese tramo del camino que une Villa La Angostura con el empalme que va a San Carlos de Bariloche. Por el rápido accionar de un operario, que es un habitúe de la zona, no hubo que lamentar heridos.

Ocho días después, y luego de varias jornadas de análisis, estudios de especialistas y evaluaciones comenzó el operativo para remover los escombros, contener las laderas que quedaron fisuradas y liberar la calzada.

La empresa española Paramassi Ibérica, especializada en sistemas de protección de taludes y desprendimiento rocosos y que tiene una fuerte actividad en el país, Perú, Colombia y Chile, llegó a la zona este miércoles para comenzar con el operativo, que demandará 12 jornadas.

Nelson Damiani, jefe del Distrito N° 12 de Vialidad Nacional, explicó que los trabajos comenzarán en las próximas horas. “Harán un reconocimiento visual y verán dónde colgar a los escaladores, siempre en función de las condiciones climáticas”, dijo sobre los primeros movimientos.

Una parte del operativo constará de una remoción mecánica de las rocas que están quebrada puestas en la pared del cerro. “Cuelgan escaladores por detrás de la grietas, montan crickets hidráulicos y van partiendo las rocas que caigan sobre las que ya están, la más chicas las barretean y las sacan”, detalló Damiani.

Luego se insertarán en las paredes firmes brocas de seis metros de profundidad y desde allí tiran una malla en un tramo de 150 metros por más de 30 de altura. Marcelo Greco dijo a El Cordillerano Radio: “Lo que se hace es colocar redes metálicas, en otros casos se colocan unas protecciones como barreras que impiden el paso de bloques en el desprendimiento. Hay diferentes tipos de actividades y deben aplicarse a la problemática de cada talud”.

“Las cosen, las atornillan a esas brocas y ponen una mallas dinámicas, tipo arcos de fútbol, con postes flexibles que cuando caen piedras las asimilan”, agregó el responsable de Vialidad Nacional. Greco, por su parte, señaló que el material inestable “no llegó a caer en su totalidad” y “esto se convierte en un factor de inseguridad para los trabajadores”.

Finalmente se realizará la remoción de las piedras que quedaron sobre el asfalto en la Ruta 40. Esa tarea es responsabilidad de otra empresa, que es la que tiene a cargo el mantenimiento.

Estas rocas serán quitadas de manera manual y trasladadas a una distancia no menor de 1,5 kilómetros del lugar, ya que si se lo tira al lago puede generar la eclosión de la ruta.

Los trabajos demandarán un total de 12 jornadas de trabajo, que dependerán del tiempo en la zona para poder llevar a cabo cada una de las etapas de manera segura. Los encargados del procedimiento “son especialistas en trabajo de altura y tienen que crear una vía de acceso a la zona más alta del talud para establecer una protección, sujetarse y trabajar de manera segura. Esta es la única manera de acceder a estos lugares donde no puede llegar la maquinaria”, explicó Greco.

Según contó, “los bloques se pueden dejar caer o limpiar de forma manual, para ir peinando la zona afectada con herramientas manuales”. Sin embargo, “es un macizo rocoso importante y con fuerza manual no será posible retirarlo”.

La firma que preside se instaló en la provincia de San Juan en 2014 para despejar la Ruta Nacional 150 y desde entonces realiza trabajos de gran envergadura. Comentó que la obra que realizaron en San Juan es muy similar a la que van a iniciar hoy en Villa La Angostura. “Son trabajos muy específicos, que se tienen que hacer con personal especializado, con escaladores”, aseguró.

Llega Dietrich

Hoy se espera el arribo a la localidad del ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, quien supervisará el comienzo de las tareas junto al gobernador Omar Gutiérrez.

La localidad se va normalizando

El ministro de Producción e Industria, Facundo López Raggi, resaltó que la Ruta de los Siete Lagos está habilitada, las clases recomenzaron y los trabajos del EPEN están en la etapa final para normalizar el servicio. También detalló que se continúa con el bypass lacustre que permite la circulación desde y hacia la villa turística.

“La villa está retomando la normalidad de su actividad tanto urbana y de los vecinos”, sintetizó López Raggi, al tiempo que expuso que “las clases han recomenzado. En el tema turístico, el cerro Bayo sigue abierto como todos estos días con buena nieve”.

https://www.lmneuquen.com

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El fiscal general de Mar del Plata Fernández Garello será juzgado por crímenes de lesa humanidad

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Tras rechazar presentaciones de la defensa de los imputados, el Juzgado Federal N 2 de San Martín confirmó el cierre de la etapa de instrucción y elevó a juicio la causa por el secuestro y torturas de tres militantes comunistas en 1981. Siete agentes de inteligencia están imputados y deberán enfrentar un juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad; entre ellos, se encuentra el ex agente de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y actual fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello. La gravedad de los delitos y la instancia procesal alcanzada no admite más margen político ni jurídico: Fernández Garello debe ser apartado inmediatamente de su cargo como funcionario público de la democracia y debe avanzarse sin demoras en el juicio político.  

 

La titular del Juzgado Federal en lo criminal y correccional N 2 de San Martín, Alicia Vence, rechazó una serie de nulidades presentada por la defensa, declaró clausurada la instrucción de la causa y elevó a juicio oral y público la causa por crímenes de lesa humanidad que tiene entre sus imputados al actual fiscal general de Mar del Plata Fabián Fernández Garello. La medida había sido solicitada de manera conjunta por el Ministerio Público Fiscal, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y las secretarías de derechos humanos de Nación y Provincia en marzo pasado. Ahora sólo resta que se sortee el tribunal para la realización del juicio.

Los ex agentes de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) Fabián Fernández Garello, Hugo Tresguerras y Daniel Ríos, los miembros de la Brigada de investigaciones de Caseros Guillermo Orstein, Ricardo Coronel y Hugo Cammarota, y el entonces Jefe del destacamento de inteligencia 201 del Ejército Jorge Apa serán juzgados por su participación en el secuestro y torturas de tres militantes comunistas el 23 de julio de 1981.

En su decisión, la jueza Vence destacó el valor de la prueba del expediente y reafirmó que los hechos imputados constituyen delitos de lesa humanidad que se perpetraron en el marco del terrorismo de Estado.

Asimismo, el Juzgado Federal N 2 de San Martín rechazó cada uno de los planteos técnicos realizados por la defensora oficial, que sólo buscaban entorpecer y dilatar los tiempos de la justicia.

Por un lado, la defensa de los siete imputados se había opuesto a la elevación a juicio hasta tanto se resuelva un recurso de queja que tramita en la sala II de la Cámara de Casación. Para rechazar este planteo, la jueza Vence sostuvo que el mismo Código Procesal Penal estipula que “la existencia de recursos pendientes de resolución […] en ningún caso impedirá la elevación a juicio”. Además, existen directivas emanadas por la Corte Suprema de Justicia y la Cámara Federal de Casación Penal en esta misma línea.

El otro gran planteo defensista fue el pedido de sobreseimiento por entender que los delitos imputados no se trataban de crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, la acción penal estaría prescripta. La jueza se limitó a remarcar que la cuestión ya había sido discutida y la calificación confirmada por la Cámara. “este argumento demuestra que el planteo no obedece a otro motivo que el de entorpecer y evitar de cualquier modo que sus defendidos sean sometidos al debate oral y público”.

De acuerdo a las pruebas que existen en el expediente, para la jueza Vence se encuentra acreditada, con el grado de certeza requerido en esta instancia procesal, la responsabilidad de los siete imputados en el secuestro y tortura de los militantes comunistas Jorge Oscar Bulacios, Ernesto Duarte y José Seitor.

Según consta en los documentos del archivo de la DIPPBA presentados por la CPM, y valorados profundamente en la resolución de la jueza, la planificación del procedimiento se originó a partir de una reunión encarada por el jefe del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo, Jorge Apa, donde se conformó una “comisión conjunta” con personal “idóneo” de la DIPPBA San Martín, de la Brigada de Investigaciones III de Caseros y personal militar de Campo de Mayo.

Los grupos de tareas conjunta secuestraron a las víctimas en sus domicilios y las trasladaron luego a la Brigada de Investigaciones de Caseros, que funcionaba como centro clandestino de detención.

“El legajo DIPPBA 18.024 “Detención de Jorge Oscar Bulacios en Villa Lynch San Martín integrante del P.C.A. y secuestro de material bibliográfico”, describe entre otra cosa, los interrogatorios que personal de la DIPPBA realizó a las víctimas de autos a requerimiento de las autoridades militares a los fines de recabar información acerca de integrantes del Partido Comunista”, cita la resolución del Juzgado Federal N 2 de San Martín como prueba incontrastable del accionar represivo.

A la espera del sorteo del Tribunal para la realización del juicio, la gravedad de los delitos y la instancia procesal alcanzada no admite más margen político ni jurídico: Fernández Garello debe ser apartado inmediatamente de su cargo como funcionario público de la democracia.

El actual fiscal general de Mar del Plata fue denunciado en 2016 por la CPM y una decena de organismos de derechos humanos. En ese momento, presentó ante la justicia documentos de inteligencia del archivo de la DIPPBA que demostraban su participación en este hecho que llega a juicio y otras acciones de la represión ilegal. Sólo entre 1978 y 1982 participó en al menos 17 actos de inteligencia en el marco de las acciones persecutorias y represivas que fueron constitutivas del terrorismo de Estado.

Desde el año pasado, un pedido de juicio político está pendiente de resolución; dos audiencias fracasaron por falta de quórum, el jurado de enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires debía volver a reunirse para decidir si abre un jury contra el fiscal pero aún no lo ha hecho. Las maniobras dilatorias fueron tan evidentes que el presidente de la Corte Bonaerense llegó a advertir a los integrantes del jurado que la ausencia reiterada y sin razones que lo justificaran era motivo de sanción.

Cabe recordar que Fernández Garello ya logró sortear en una oportunidad el juicio político: en noviembre de 2017 el jurado de enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires archivo el trámite sin abrir la investigación.

Estos años, el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, también intervino a favor del fiscal de Mar del Plata para garantizarle impunidad: en 2018 decidió archivar el trámite disciplinario contra el funcionario que había sido impulsado por la CPM.

A partir de la elevación a juicio por crímenes de lesa humanidad, la CPM reiteró a la Corte provincial y al Procurador General su pedido de apartamiento del cargo de Fernández Garello y la continuidad de su juicio político.

A esta altura procesal ya no hay más margen para la protección política del fiscal, su permanencia en el cargo es una grave afrenta a la democracia.

www.comisionporlamemoria.org/

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Los taxistas reclaman la presencia de las fuerzas federales

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Tras la decisión de retirar  a más de 500 efectivos, SUPETAX detecta un crecimiento alarmante en los casos de inseguridad y la imposibilidad de la policía provincial para cubrir el territorio.

Donato Salvador Cirone Secretario General del Sindicato Único de Peones de Taxis de Mar del Plata reclamó más presencia de Fuerzas Federales. Sostuvo que «en lo que va del año el Ministerio de Seguridad Nacional le quito a nuestra Ciudad 500 efectivos, 300 Gendarmes y 200 Efectivos de otras fuerzas federales que se encontraban desarrollando un gran trabajo en cuanto a prevención del delito» dijo el dirigente. «Necesitamos que se revea esa situación con urgencia».

Los taxistas desde hace meses están sufriendo reiterados hechos de robo y asaltos violentos «y notamos que una de las razones era que se había retirado alrededor de medio millar de efectivos que prestaban servicio en General Pueyrredon» continuó.

«Destacamos la buena predisposición de la policía provincial que, al quedar al descubierto ciertas zonas que antes eran cubiertas por las fuerzas federales, y no tener esos recurso en nuestro distrito, se incrementa la inseguridad para el sector y la ciudadanía en general. Y no tiene los medios ni el personal suficiente para suplantar lo que se ha perdido» concluyó.

Cabe recordar que el propio intendente municipal Guillermo Montenegro, así como diferentes bloques políticos del Concejo Deliberante y representantes empresarios, dirigentes gremiales y varios foros de seguridad y sociedades de fomento se unieron en el pedido común de que retornen a Mar del Plata los efectivos retirados. Algo que hasta el momento no ha tenido la debida respuesta de las autoridades nacionales y provinciales.

FUENTE : LIBRE EXPRESION

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Confirman condena contra el periodista Tomás Méndez

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El TSJ confirmó la condena al periodista Tomás Méndez Rechazó la casación al fallo de la Cámara Civil de 2ª Nominación por la demanda del empresario Horacio Fritzler

El periodista había sido condenado por daño moral en 2018. Ahora el TSJ rechazó la casación y confirmó aquel fallo

La Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) confirmó la condena impuesta por la Cámara Civil y Comercial de 2ª Nominación en diciembre de 2018 contra el periodista Tomás Méndez, quien conduce en la actualidad un programa en C5N.

El fallo del máximo tribunal cordobés es del 21 de julio y se refiere a la demanda que le entabló al periodista el empresario entrerriano Horacio Fritzler por las menciones que hizo en el programa televisivo ADN que produjo, condujo y salía al aire por Canal 10 de Córdoba, de los SRT.

En una de las emisiones se refirió a títulos inmobiliarios de tierras ‘truchos’ que habría adquirido el empresario en La Rinconada, departamento Río Seco. Para sostener sus dichos realizó entrevistas de pobladores y presuntos damnificados que no quisieron mostrarse en cámara para evitar ser reconocidos. La demanda también señalaba que Méndez generó sospechas sobre actividades de narcotráfico al mencionar la existencia de una pista de aterrizaje en un campo propiedad de Fritzler. “No creo que llegue soja en avioneta”, indicó en su programa.

La Cámara Civil analizó estos elementos y le impuso una condena que consiste en el resarcimiento de $50.000 más intereses desde 2011 y la retractación en algún espacio comunicacional que posea en la actualidad, atento a que ADN no se emite más por la señal local.

La defensa de Méndez cuestionó los fundamentos del tribunal y recurrió ante el TSJ que ahora rechazó la casación y, de ese modo, confirmó lo resuelto por la Cámara.

El TSJ rechazó los argumentos presentados advirtiendo que los jueces inferiores habían analizado la situación de las usurpaciones a las que se refirió el programa y que consideró como un conflicto entre privados la diferencia entre información y opinión.

El TSJ subrayó que la Cámara también examinó las entrevistas realizadas por el periodista rechazando el reproche de no haberlas analizado.

Doctrina Campillay. “Igual suerte adversa corresponde asignar a las objeciones que critican la improcedencia de la estrategia defensiva enancada en la doctrina ‘Campillay’”, sostuvo el TSJ al analizar la doctrina de la real malicia que aplicó la Corte Suprema.

Y continuó: “Repárese que (la Cámara Civil) fue tratando uno a uno tales presupuestos y concluyó que ninguno aparecía cumplido; lo cual implica que, de haberse verificado al menos uno de ellos, la solución habría sido diferente”. “Tampoco pueden prosperar las críticas que denuncian que el Tribunal de Grado habría confundido los conceptos ‘opinión’ e ‘información’ (…) la construcción de esas frases tiene carácter asertivo, y que contienen lisa y llanamente la afirmación de hechos delictivos, atribuidos a Fritzler, que no encuentran soporte en las entrevistas sino que provienen directamente del periodista”.

El abogado de Méndez, Gustavo Liebau, analizan si presentarán un recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema analice el caso.
Fuente: Diario Perfil

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