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Sindicatos, organismos públicos, pilotos de TC y municipios “compraron” facturas truchas para estafar a la AFIP por $ 5.000 millones

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Detalles exclusivos de una causa escandalosa
Algunas de las patentes secuestradas durante los allanamientos
Algunas de las patentes secuestradas durante los allanamientos

Doce sindicatos, cinco municipalidades, escuderías de TC, pilotos de competición, tres organismos públicos, entre ellos un ministerio, son solo algunos de los de los 3.500 usuarios que se beneficiaron “comprado” facturas apócrifas para evadir al fisco a través de unas 100 “usinas” comandadas por la organización delictiva encabezada por Heber Ariel Russo y Claudio Gómez. A través de esa metodología estafaron a la AFIP por $ 5.000 millones –mil millones más de lo que se creía originalmente- al evadir impuestos como el IVA, ganancias y salidas no documentadas.

Infobae reveló la semana pasada la maniobra perfectamente organizada por la asociación ilícita integrada por 16 personas, entre ellas funcionarios de la AFIP y un policía federal en actividad.

Gómez era el encargado de conseguir los clientes que provenían de todo el país. Tanto es así que el juez federal de Quilmes, Luis Antonio Armella, a cargo de la causa, le ordenó a la Prefectura Naval Argentina, al mando del prefecto general Eduardo Scarcello, más de 50 allanamientos en localidades como Santa Rosa, Pinamar, La Plata, Avellaneda, Sarandí, Quílmes, Lanús, Lomas de Zamora, Bolívar, Tandil, Ezeiza, Exaltación de la Cruz, Ciudad de Buenos Aires, Puerto Iguazú, Córdoba, Rosario, Lomas de Zamora, Santa Cruz, entre otros lugares.

Los que “compraron” facturas truchas

La AFIP aclaró cómo valuar los inmuebles y autos.

La AFIP aclaró cómo valuar los inmuebles y autos.

En la causa ya fueron identificados la mayoría de los 3.500 beneficiarios de esas facturas electrónicas apócrifas y las 100 “usinas” generadoras de ellas. Todas las “usinas” tenían como titulares a personas indigentes y de bajos recursos acercados a la banda por el policía en actividad –ya fue separado de la fuerza- Darío Benavides, pariente de Gómez, quien además era el custodio y “culata” del grupo.

El uniformado no solo era el encargado de aproximarse y convencer a los indigentes de aceptar firmar la documentación y hasta realizar los trámites ante la AFIP como presuntos responsables inscriptos sin límite de facturación. También era el que les pagaba entre $ 5.000 y $ 10.000 a las denominadas “usinas” por prestar sus nombres.

El resto corría por cuenta de Russo. Él se encargaba de poner a nombre de las personas “sin capacidad económica” las sociedades o reales a través de las cuales se facturarían los trabajos nunca realizados para descargar los impuestos.

La organización también contaba con dos empresas perfectamente establecidas y también utilizadas como “pantalla” para realizar las estafas: Argentina Publicidad Contemporánea y Suárez Constructora. Al frente de ellas estaban las parejas de Gómez y del policía Benavides.

Entre los municipios que utilizaron buena parte de las facturas truchas generadas por estas “usinas” figuran la Municipalidad de Pilar, a cargo de Nicolás Ducoté (PRO) quien asumió el cargo en diciembre de 2015; y la Municipalidad de José C Paz., cuyo intendente es un histórico del peronismo del Conurbano Bonaerense Mario Alberto Ishii (reasumió funciones en diciembre de 2015. Pero antes había sido el alcalde del distrito entre el 10 de diciembre de 1999 y la misma fecha pero de 2011).

En otras intendencias, la AFIP detectó cientos de miles de pesos facturados con boletas apócrifas por la venta de arena, cemento, cal, pintura y otro tipo de presuntas prestaciones, como publicidad y encuestas.

También están involucradas la Municipalidad de La Calera, Córdoba. Está a cargo del reelecto intendente justicialista Rodrigo Rufeil, también ex ministro de Desarrollo Social del gobernador Juan Schiaretti. Es el mismo Rufeil denunciado por la diputada de Cambiemos Elisa Carrió por presunto enriquecimiento ilícito, imputación negada por el aludido funcionario.

Por otro lado, la Municipalidad de Puerto Iguazú, a cargo de Claudio Raúl Filippa, también figura entre los involucrados. El alcalde ya fue procesado en dos causas iniciadas por su ex esposa por los presuntos delitos de “lesiones leves” y “lesiones leves y amenazas”. Uno de los procesamientos quedó firme y ya fue elevado a juicio.

Después de allanar esas municipalidades y secuestrar buena parte de la facturación apócrifa, el juez Armella imputó a todos los intendentes en funciones. Es decir sin tener en cuenta si la estafa a la AFIP la había realizado la administración anterior –en el caso que los jefes comunales no hayan sido reelectos-.

De ser así, se le dictará la falta de mérito al actual funcionario, y se imputará al anterior. Pero para que eso suceda la AFIP deberá realizar la “determinación de deuda” de cada uno de los organismos involucrados en la maniobra delictiva, algo que aún no terminaron de hacer los contadores del organismo recaudador.

Un buen ejemplo de esto es el ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Tanto el actual ministro, Andrés Scarsi, como su antecesora en el cargo –también de Cambiemos- Zulma Ortiz, se presentaron ante el juzgado federal de Quílmes manifestando que la facturación trucha utilizada por esa cartera era anterior al 10 de diciembre de 2015 –fecha en que asumió la gobernadora María Eugenia Vidal-. Es decir que correspondía al entonces ministro sciolista, Alejandro Collia.

Otro de los organismos que utilizó facturas truchas es el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), a cargo de Rodrigo Aybar.

En diálogo con uno de los altos funcionarios de ese organismo, se aseguró que cuando el juez Armella los cite a declarar demostraran que la facturación apócrifa –que existe- correspondía a la administración del peronista Daniel Scioli.

Sostienen que los funcionarios anteriores –José Molina y Hugo Bilbao- le alquilaban un supuesto local “a estos tipos”, por Russo y Gómez.

Como se razona, la tarea de Armella y la secretaría que trabaja a destajo en este expediente, tendrán una dura tarea para llegar a la verdad y castigar a los culpables.

La banda criminal de Russo, considerado como uno de los mayores estafadores del país, también le “vendió” en el año 2016, es decir durante la actual gestión, facturas apócrifas a BAPRO Medios de Pago S.A.

Los sindicatos

Carlos Acuña

Carlos Acuña

Uno de los mayores beneficiarios de estas “usinas” de facturas truchas fueron los sindicatos.

A la cabeza de ellos se encuentra el Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicios, Garajes, Playas de Estacionamiento y Lavaderos (SOESGyPE). Su titular es Carlos Acuña, uno de los integrantes del triunvirato de la CGT.

Apenas se conoció la noticia del allanamiento a la sede de su sindicato, los abogados del gremio primero reconocieron la existencia de esas facturas truchas. Pero minimizaron su importancia. Aseguraron que había tan solo un puñado de ellas y que se habían utilizado para el pago del alquiler de micros y un hotel.

Sin embargo Infobae está en condiciones de contradecir esa afirmación realizada al diario La Nación. Los peritos de Prefectura descubrieron durante el allanamiento a la sede sindical facturas por USD  9.000.000.

Por eso, los investigadores sostuvieron al ser consultados por este medio que el gremio de Acuña fue el que más facturas apócrifas le “compró” a la banda de Russo y Gómez.

Hugo Moyano en el discurso de esta tarde

Hugo Moyano en el discurso de esta tarde

El sindicato de choferes de camiones, cuyo titular es Hugo Moyano, uno de los gremialistas que primero apoyó al gobierno de Mauricio Macri, y ahora está fuertemente enfrentado, es otro de los que usó facturación proveniente de las cien “usinas” ilegales.

A diferencia del resto de los sindicatos, sobre Camioneros la AFIP ya terminó de realizar los peritajes sobre la defraudación al fisco.

Como la suma es inferior al millón y medio de pesos, Moyano, después de reconocer la utilización de esas facturas “homologadas por la AFIP” –cosa que es verdad ya que el CUIT de las empresas fantasmas era reales– ingresó a un “plan de pago” para abonarle al fisco –con los intereses que corresponden- la suma defraudada.

La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), a cargo del histórico referente sindical, Luis Barrionuevo, también figura en la lista negra de organizaciones obreras que se beneficiaron con las facturas falsas. Por esa razón Barrionuevo también está imputado en la causa.

El líder sindical gastronómico Luis Barrionuevo

El líder sindical gastronómico Luis Barrionuevo

Como en todos los casos, el juez Armella deberá determinar un punto clave: si la utilización de las facturas apócrifas fue “dolosa o culposa”. Es decir si intendentes, ministros o sindicalistas sabían que estaban utilizando ese tipo de documentación, o lo hacían empleados o funcionarios infieles a sus espaldas para sacar un provecho económico.

El magistrado también deberá establecer si además del delito de “evasión” se realizaron otro tipo de maniobras, como por ejemplo, “lavado de dinero”. En ese caso la situación judicial de los imputados se agravaría.

Otro de los gremios que en principio son investigados por haberse beneficiado con las “usinas” de facturas truchas para evadir impuestos y posiblemente lavar dinero negro son los sindicatos de Trabajadores de Juegos de Azar, la Federación Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos, Capataces y Encargados de la Industria del Cuero; el Sindicato de la Carne y Afines; el Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines; Sindicato de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral; y el Sindicato de Empleados del Caucho y Afines.

A todos se los investiga por el presunto delito de evasión agravada por el uso de facturas apócrifas.

Las carreras del vale todo

La organización criminal consiguió sus primeros “clientes” entre algunos pilotos y escuderías de Turismo Carretera (TC), en sus distintas categorías, entre ellas las del Top Race. En la causa se estableció que Gómez era el encargado de conseguir los “clientes” y que por esa actividad, Russo le “pagaba” 150.000 pesos por mes, más el 4% de la facturación conseguida en cada factura.

Para lograr su cometido el “socio” de Russo –ambos detenidos- montaba un show en las inmediaciones de arena. Cada fin de semana llegaba temprano a la pista en que se corría –no importaba si era en La Rioja o en Paraná- con sus camionetas relucientes y una docena de provocativas promotoras con sombrillas en la mano, y los “clientes” llegaban como abejas a la miel.

Entre los pilotos más comprometidos se encuentran, Daniel Vázquez, integrante del equipo Quilmes Plas Racing y que en la temporada 2017 terminó en el puesto 35; Fabio “Kelo” Torres, un bolivariense corredor de Turismo Pista en las clases 2 que solía competir con un Chevrolet; y Mariano Tripichio. Los tres –conocidos en el ambiente fierrero aunque no tanto para el gran público- fueron detenidos y después excarcelados por el magistrado.

Infobae pudo saber que estos no son los únicos pilotos bajo la lupa de la justicia. Tanto es así que ya fue allanada la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) y en estos momentos se están cruzando los datos de facturaciones, publicidad y contratación de servicios con la base de datos de la AFIP.

Durante la instrucción de la causa, los investigadores escucharon frases como “no hay automovilismo sin facturas truchas”. Sucede que los pilotos deben acceder a una pequeña fortuna cercana a los $ 600.000 para participar solo en una carrera.

Al parecer, y siempre según la investigación, en el Turismo Carretera el sistema de las facturas truchas está más que bien aceitado. Y la lógica delictiva es la siguiente: las empresas quieren evadir impuestos y los pilotos necesitan auspicios, sin importar que el monto que reciben es significativamente menor al que se declara en las facturas apócrifas.

El principio del fin

Diego Avila, Leandro Cuccioli (titular de AFIP) y Jimena de la Torre

Diego Avila, Leandro Cuccioli (titular de AFIP) y Jimena de la Torre

La AFIP descubrió esta fabulosa maniobra delictiva casi por casualidad. O no. Un funcionario de línea le llamó la atención los millones de pesos que en poco tiempo había facturado una ignota empresa que estaba a nombre de María Fernández.

Más dudas surgieron cuando descubrieron que la mujer comenzó a facturar sumas desmesuradas a los pocos días que se inscribió en la AFIP, pero que hasta antes de eso, no tenía ni siquiera un empleo formal.

Y la configuración del delito terminó de establecerse cuando los especialistas de la Administración de Ingresos Públicos, y de Prefectura, descubrieron que las facturas electrónicas de la presunta empresaria María Fernández, eran impresas desde una computadora cuyo IP -toda computadora conectada a internet o a cualquier red posee una identificación única, llamada dirección IP (en inglés, Internet Protocol), compuesta por cuatro combinaciones de números- era utilizada por otras empresas también creadas de un día para el otro y cuyos titulares hasta ese momento o no tenían trabajo o eran beneficiarios de planes sociales.

El resto fue paciencia y seguir los rastros que la banda de Russo y Gómez habían dejado, como si se tratara de las piedras del cuento alemán protagonizado por dos niños, Hansel y Gretel.

Claro que los chicos de la historia infantil dejaron los pequeños trozos de canto rodado exprofeso para no perderse en el bosque. En cambio, la asociación ilícita lo hizo por descuido y esos rastros los llevó a prisión.

Atrás de ellos, quedaron los 120 vehículos secuestrados por Prefectura -buena parte de alta gama-, 77 propiedades,8 embarcaciones, campos, lujos y millones y millones de pesos “lavados”.

Inflobae

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El traficante de cocaína más grande del país financió un dibujo animado con voces de famosos y fondos del Estado

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Hubo otros más ruidosos y sanguinarios, más adictos a los sicarios y a las muertes armadas, con un rastro de cadáveres mucho más largo detrás suyo, pero leyenda por leyenda, kilo por kilo, dólar por dólar, auto de lujo por auto de lujo, el abogado Carlos Alberto Salvatore, cerebro del caso Carbón Blanco, fue el más grande, el narco más grande de la historia argentina.

Salvadore murió condenado en mayo de 2018 en una cama del hospital Argerich, un paciente cardíaco en estado grave. El Tribunal Oral Federal de Chaco le había dado 21 años de cárcel en septiembre de 2015 por exportar 1200 kilos de cocaína entre 2011 y 2012 desde la localidad de Quitilipí hacia España en, precisamente, bolsas de carbón. Salvatore no fue condenado en vivo y en directo por este delito. Vio la audiencia final desde una teleconferencia en el penal de Ezeiza, con su polar azul, una camisa, su clásico gesto adusto.

Fue un juicio tenso, de un alto nivel de temor, en una causa minada por amenazas: Salvatore mismo había sido escuchado en una intervención telefónica hablando de matar a la jueza original del caso, Zunilda Niremperger. El abogado hablaba de irle “a la yugular” a la magistrada. Durante el proceso, los fiscales Carlos Amad y Federico Carniel, que investigaron a Salvatore, recibieron cartas con intimidaciones en sus autos y despachos. “Te mandaron lejos pero igual la vas a pasar mal”, recibió Amad en su nuevo despacho en los tribunales de Salta.

El lote: parte del envío de la causa en 2011.

El lote: parte del envío de la causa en 2011.

Los 1200 kilos de Carbón Blanco no fueron los únicos que se le imputan a Salvatore y a su organización: hubo otros 1200 más que habrían viajado desde Campana a Valencia, ocultos también en carbón, por los que fue procesado por el Juzgado Federal Nº2 de Lomas de Zamora con un embargo de 100 millones de pesos. Otros 235, también desde Campana en 2008, esta vez en latas de durazno y membrillo. Julio de 2010, Salvatore fue imputado por enviar 762 kilos, esta vez a Bilbao, en un container que pertenecía a la firma Agroforestal del Litoral SRL. La droga, de nuevo, estaba en bolsas de carbón.

La lista sigue: diciembre de 2011, 500 kilos, otra vez desde Quitilipí hacia Torres Vedras, Portugal. También fue procesado por este caso, a cargo del Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña. 2012, el cargamento final, 1200 kilos nuevamente desde el puerto de Zárate en tambores de pulpa de pera, causa del Juzgado Federal de Campana.

La cuenta: 5097 kilos en total, más de cinco toneladas, a un precio valor callejero actual en el negocio mayorista dealer de la provincia de Buenos Aires de más de 50 millones de dólares, a unos diez mil dólares por kilo.

Es decir, mucha cocaína, que no tiene un valor ficticio. Generó dinero, según la Justicia federal, y ese dinero fue a algún lado.

Hoy, la larga sombra de Carlos Salvatore está otra vez en el Tribunal Oral Federal de Chaco. Su legado es lo que se juzga ahora, en un proceso que comenzó a fines de octubre de 2018. Silvia Susana Vallés, la esposa de Salvatore, Santiago Vallés Ferrer, su suegro, su hija, Carla Yanina Salvatore y Ricardo Gassan Saba, un histórico nombre en su trama, enfrentan uno de los mayores juicios por lavado de dinero en tiempos recientes con un documento de pedido de elevación a juicio de más de 200 carillas firmado en 2017 por el fiscal Carlos Sansserri y y Laura Roteta y Gabriel Pérez Barberá, en ese entonces cabezas de la PROCELAC, maniobras comerciales que datan al menos desde 2005.

Salvatore en Campana, rumbo a una indagatoria (Adrián Escandar)

Salvatore en Campana, rumbo a una indagatoria (Adrián Escandar)

Hay campos en la provincia de Buenos Aires, algunos de más de 150 hectáreas, autos de lujo con marcas como Porsche y Mercedes-Benz, propiedades en Capital Federal y Mar del Plata, depósitos en cuentas bancarias en diversos bancos, entramados de firmas en Argentina y Uruguay, informes de la AFIP que hablan de posibilidades ilógicas de semejantes operaciones, incluso un escribano parte de la trama denunció una operación sospechosa  a la UIF por la compra de una propiedad en Lomas de Zamora en 2006 por 350 mil dólares cuando tenía un valor de mercado cuatro veces superior.

Hay hasta un informe del Departamento de Homeland Security de los Estados Unidos que cita la elevación a juicio que asevera que Salvatore “es propietario de varios inmuebles y de al menos una cuenta bancaria en el estado de Florida” y que “Homeland Security ha recibido periódicamente información sobre las actividades del señor  Salvatore, comenzando en 2006, cuando recibimos información de que Salvatore solía llevar consigo importantes sumas de dinero en efectivo“, sospecha el organismo estadounidense, “para el lavado de activos del narcotráfico”.

Los investigadores recibieron desde Estados Unidos un reporte de cinco empresas como Casilugi Corporation y Genesis Vocational Institute, varias integradas por Salvatore y su mujer. Homeland Security “no pudo determinar ni la naturaleza ni su rubro”, con bienes vinculados como dos departamentos en Collins Avenue, un restaurant, mails detectados que hablan de transferencias en el Bank of America.

No hay un cálculo total de dinero. Los investigadores no lo pueden decir. La UIF, encabezada por Mariano Federici, es querellante en el juicio por lavado con los abogados Martín Olari Ugrotte y Facundo Orazi. Olari Ugrotte, en su alegato de la semana pasadaante el Tribunal, habló de un estimado de cerca de 20 millones de dólares en plata inmobiliaria, con más de 60 propiedades que ya fueron embargadas.

Y después está la película de los pájaros.

Plumíferos: Aventuras Voladoras, la historia de  Juan, un gorrión que sueña con un ser un pájaro exótico y Feifi, una canario enjaulada, estrenada en febrero de 2010, con las voces de Mariano Martínez y Luisana Lopilato, y animada con un software open source, no fue una película memorable, hubo críticas que la destruyeron en su momento. Tampoco fue un boom de taquilla precisamente, poco más de 52 mil espectadores en su primer año en cines, 88 mil hasta mediados de 2016, un número muy pobre, con una distribución a cargo de Sony Pictures.

La película tuvo sin embargo una sobrevida interesante:  fue vendida en una decena de  países y Netflix la anunció entre sus novedades para su plataforma latina en 2017. Se convirtió para el mercado americano en Birds of Paradise, un intento de 2014 por competir con los guacamayos de Rio 2, con las voces de Ken Jeong, Mister Chow en las películas de The Hangover, y comediantes como Jane Lynch o Jon Lovitz, que hacía de Jay Sherman en The Critic.

Plumíferos, increíblemente, logró una serie de candidaturas a los premios Goya según el propio sitio de los mayores galardones del cine en habla hispana. Hay varios rubros, entre ellos, producción. Allí, en la lista, se menciona a la principal productora: CS Entertainment, Carlos Salvatore, con un capital estimado por la Justicia federal de 700 mil dólares.

Los pájaros de Plumíferos, el film financiado por Salvatore.

Los pájaros de Plumíferos, el film financiado por Salvatore.

La larga imputación que el Ministerio Público Fiscal y la UIF le hacen al clan Salvatore para enviarlo a juicio por lavado tiene una especial mención para  Plumíferos. Salvatore, por lo visto, no tenía una trituradora de papeles: el allanamiento a sus oficinas en un piso 7 de la calle La Pampa al 1500 trajo de vuelta un contrato de coproducción entre CS Entertainment junto a Manos Digitales Entertainment, la segunda firma en el film, con fecha del 2 de junio de 2006.

Aportarían 350 mil dólares cada una de acuerdo al pacto en nueve cuotas, Manos Digitales “tendría a su cargo la dirección y la producción ejecutiva del largometraje”, así como “contratar técnicos, actores y equipamiento”, dice la elevación a juicio de 2017.

Manos Digitales, curiosamente, se había constituido como firma apenas un mes antes que CS Entertainment en diciembre de 2005, algo que llamó la atención de los investigadores. Salvatore, sin embargo, no integraba el directorio de Manos Digitales. Los fiscales usan un término sugestivo: “hombre de atrás en la maniobra”. Un correo enviado por alguien que sería cónyuge de una de las cabezas de Manos Digitales con fecha de marzo de 2010 apunta a que Salvatore “adquirió la sociedad por medio de contrato de cesiones individuales”.

“¿52 mil espectadores el primer año? Recuperaron con guita del INCAA”, dice un histórico jugador del negocio del cine argentino. No se equivoca. Los investigadores pidieron información al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. El INCAA ratificó que Plumíferos, efectivamente, recibió un subsidio otorgado a Manos Digitales: un millón de pesos otorgados entre septiembre y octubre de 2010, seis meses después del estreno. El guionista de la película recibió 120 mil pesos más.

Birds of Paradise, la versión americana de Plumíferos.

Birds of Paradise, la versión americana de Plumíferos.

Mientras tanto, CS Entertainment era una cáscara de acuerdo a datos de la AFIP, no registró trabajadores entre 2005 y 2010, al menos trabajadores en blanco, ni inmuebles ni equipos de filmación. Sí registró acreditaciones bancarias: tres millones de pesos en 2014, 220 mil en 2015. De acuerdo al Banco Central, Salvatore y su mujer hoy juzgada en el Chaco eran los apoderados de una cuenta corriente en el Banco Francés.

Hubo, por otra parte, un tercer nombre en la producción: Telefe.

A través de “un proyecto de nuevo convenio”, dice el pedido de elevación a juicio del MPF, “se habría establecido que la película tendría un costo de  producción adicional de 750 mil dólares. Sumado a ello, el nuevo integrante, Telefe, asumiría el rol de coproductor financiero“.

Ocho años después, un jugador principal en el film rompe el silencio. Asegura que Telefe “solo puso 70 mil dólares”, que para el canal de aire era una oportunidad interesante para probar la producción de  un largometraje animado, un rubro que después explotarían con el fenómeno de Metegol. Nadie sospechaba nada. Carbón Blanco ni estaba en el horizonte. “Te venía un director reconocido y te traía este proyecto, era interesante. A Salvatore lo googleabas y te salía que era un abogado dedicado al negocio inmobiliario. No había causas penales, nada. ¿Qué se se sabía de narcotráfico?”

El convenio con Telefe, por otra parte, fue encontrado en el allanamiento en la oficina de la calle La Pampa, dentro de la caja número 22, en una carpeta azul.

Salvatore ni siquiera estaba demasiado en las reuniones de producción. Se dejó ver apenas dos veces. Todos tenían la misma impresión: un abogado serio. Al final, dice la fuente, “Telefe perdió plata, la película se vendió fuera pero por dos mangos, los actores cobraron el bolo mínimo de Argentores  por estar en una cabina y dar un par de notas”.

Ningún actor o co-productor fue imputado en el juicio por lavado. La UIF pidió penas de siete años para Carla Salvatore y diez para Silvia Vallés, además de fuertes multas.

El veredicto del Tribunal Federal chaqueño se espera para fines de este mes.

iNFBAE

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Asesinaron al periodista y locutor Jesús Ramos en Tabasco

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Los sujetos descendieron de un vehículo y se dirigieron hacia el locutor para dispararle en ocho ocasionesJesús Eugenio Ramos Rodríguez, locutor y periodista, fue asesinado esta mañana (Foto: Tomada de Facebook)

Jesús Eugenio Ramos Rodríguez, locutor y periodista, fue asesinado esta mañana mientras desayunaba en un hotel ubicado en el municipio Emiliano Zapata, en Tabasco.

“Chuchín” Ramos, como era conocido, estaba con un grupo de amigos en el Hotel Ramos, ubicado en la avenida Chiapas, alrededor de las 07:00 horas de hoy cuando fue atacado por tres hombres.

De acuerdo con los primeros reportes, los sujetos descendieron de un vehículo y se dirigieron hacia el locutor para dispararle en ocho ocasiones.

Tras el ataque, los acompañantes de Jesús Ramos lo trasladaron al área de urgencias del hospital municipal, donde el personal médico informó a familiares y amigos sobre la muerte del periodista.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco inició una carpeta de investigación por el asesinato del locutor (Foto: tomada de Facebook)

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco inició una carpeta de investigación por el asesinato del locutor, por lo que los peritos del Ministerio Público están en el restaurante del hotel para recabar evidencias del crimen.

El lugar permanece resguardado por elementos de la Policía de Tránsito municipal.

Jesús Eugenio Ramos Rodríguez era el conductor del noticiero Nuestra Región, transmitido diariamente por el 99.9 del FM. Gozaba de una gran popularidad desde hace varias décadas en la región de Los Ríos, en el estado tabasqueño.

De acuerdo con el medio Excélsior, mañana sería el cumpleaños del comunicador.

Los seguidores de “Chuchín” Ramos externaron su pesar en el último comentario que publicó en Facebook, el cual fue hace ocho horas.

El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, condenó el crimen y ordenó al vicefiscal de Alto Impacto de la Fiscalía estatal trasladarse hacia el municipio Emiliano Zapata para coordinar las investigaciones.

El periodista desayunaba en un hotel ubicado en el municipio Emiliano Zapata, en Tabasco. (Foto: google maps)

El periodista desayunaba en un hotel ubicado en el municipio Emiliano Zapata, en Tabasco. (Foto: google maps)

Afirmó, según el diario El Universal, que se apoyará a las autoridades municipales para lograr la captura del asesino.

Marco Rosendo Medina Filigrana, secretario de Gobierno, también lamentó los hechos y aseguró que van a encontrar a los responsables.

Hay respeto pleno al ejercicio periodístico en Tabasco“, declaró para el diario Excélsior.

El informe anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF) contabilizó durante el año pasado el asesinato de 63 profesionales del periodismo en todo el mundo.

En nuestro país se registró el asesinato de nueve comunicadores durante 2018. (Foto. @alexmelon)

En nuestro país se registró el asesinato de nueve comunicadores durante 2018. (Foto. @alexmelon)

En nuestro país se registró la muerte de nueve comunicadores, muchos de ellos fueron atacados después de recibir múltiples amenazas.

Los depredadores de la libertad de prensa son numerosos en México, sobre todo contra periodistas que cubren asuntos relacionados con la corrupción política y el crimen organizado, blanco de intimidaciones y agresiones, cuando no asesinatos”, señaló la organización.

Infobae

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Entraderas en Bahía: aseguran que “son dos o tres bandas y la mayoría con antecedentes”

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El jefe de la Policía Departamental, Claudio Petrizán, se refirió al tema y afirmó que hay una serie de investigaciones en conjunto con todas las comisarías.

Fotos: archivo La Nueva. y Policía

   El jefe de la Policía Departamental, Claudio Petrizán, se refirió esta mañana a las reiteradas entraderas que se registraron en Bahía y aseguró que “podría haber dos o tres bandas vinculadas”, luego de detener a 3 hombres a los que acusan de participar de varios asaltos.

Podría haber dos o tres bandas vinculadas, por cómo ingresan a las viviendas y actúan. Estamos investigando el tema, la mayoría son todas personas con antecedentes”, admitió el comisario en diálogo con LU2.

En los últimos días, vecinos del barrio Patagonia se reunieron con el secretario de Seguridad, Emiliano Álvarez Porte, para analizar medidas después de 2 entraderas en 9 días. Pero no fue suficiente, ya que anoche dos delincuentes armados asaltaron y golpearon a los dueños de una veterinaria a metros de la quinta del club El Nacional.

Petrizán también se refirió al hombre que fue filmado en Villa Rosas cuando robaba en una casa y adelantó que se pudo constatar que cuenta con salidas transitorias: “Tienen un beneficio y fijan un domicilio, pero realmente no sabemos quién es el órgano de control [que se encarga] de saber si la persona está en ese domicilio.


Los elementos secuestrados por la Policía. Entre otras cosas, un handy con la frecuencia policial.

En las últimas horas la Policía detuvo 3 hombres a los que acusa de participar de algunas de las entraderas que se dieron en Bahía. Según el parte oficial, personal de la comisaría Primera arrestó a los acusados en Las Heras al 300, donde además de secuestrar un auto encontraron un handy con la frecuencia policial, guantes, cuellos polares, herramientas de mano, precintos, teléfonos, ropa, linternas, una barreta y cinta de embalar.

“Nosotros tenemos un inconveniente que es que la frecuencia no está encriptada y nos escucha todo el mundo”, lamentó el comisario.

Motochorros

El comisario aseguró que “se está trabajando” en la identificación de motos y en el último tiempo recuperaron varias con pedido de secuestro: “Lamentablemente siempre hacen uso de motovehículos de procedencia ilícita para cometer estos delitos”, manifestó.

Aumento del delito

Petrizán confestó que últimamente se registraron más delitos de entradera y están trabajando en conjunto con todas las dependencias para combatir el problema.

“Lo que se ve más constante son los delitos de entradera, que es lo que a nosotros nos preocupa, y se está trabajando con todas las comisarías. Incluso a los mismos comisarios se los ha abocado a la calle para hacer una tarea preventiva. Se trabaja con la DDI y otros organismos descentralizados como Narcotráfico para la tarea investigadora”, concluyó.

La Nueva

 

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