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Sindicatos, organismos públicos, pilotos de TC y municipios “compraron” facturas truchas para estafar a la AFIP por $ 5.000 millones

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Detalles exclusivos de una causa escandalosa
Algunas de las patentes secuestradas durante los allanamientos
Algunas de las patentes secuestradas durante los allanamientos

Doce sindicatos, cinco municipalidades, escuderías de TC, pilotos de competición, tres organismos públicos, entre ellos un ministerio, son solo algunos de los de los 3.500 usuarios que se beneficiaron “comprado” facturas apócrifas para evadir al fisco a través de unas 100 “usinas” comandadas por la organización delictiva encabezada por Heber Ariel Russo y Claudio Gómez. A través de esa metodología estafaron a la AFIP por $ 5.000 millones –mil millones más de lo que se creía originalmente- al evadir impuestos como el IVA, ganancias y salidas no documentadas.

Infobae reveló la semana pasada la maniobra perfectamente organizada por la asociación ilícita integrada por 16 personas, entre ellas funcionarios de la AFIP y un policía federal en actividad.

Gómez era el encargado de conseguir los clientes que provenían de todo el país. Tanto es así que el juez federal de Quilmes, Luis Antonio Armella, a cargo de la causa, le ordenó a la Prefectura Naval Argentina, al mando del prefecto general Eduardo Scarcello, más de 50 allanamientos en localidades como Santa Rosa, Pinamar, La Plata, Avellaneda, Sarandí, Quílmes, Lanús, Lomas de Zamora, Bolívar, Tandil, Ezeiza, Exaltación de la Cruz, Ciudad de Buenos Aires, Puerto Iguazú, Córdoba, Rosario, Lomas de Zamora, Santa Cruz, entre otros lugares.

Los que “compraron” facturas truchas

La AFIP aclaró cómo valuar los inmuebles y autos.

La AFIP aclaró cómo valuar los inmuebles y autos.

En la causa ya fueron identificados la mayoría de los 3.500 beneficiarios de esas facturas electrónicas apócrifas y las 100 “usinas” generadoras de ellas. Todas las “usinas” tenían como titulares a personas indigentes y de bajos recursos acercados a la banda por el policía en actividad –ya fue separado de la fuerza- Darío Benavides, pariente de Gómez, quien además era el custodio y “culata” del grupo.

El uniformado no solo era el encargado de aproximarse y convencer a los indigentes de aceptar firmar la documentación y hasta realizar los trámites ante la AFIP como presuntos responsables inscriptos sin límite de facturación. También era el que les pagaba entre $ 5.000 y $ 10.000 a las denominadas “usinas” por prestar sus nombres.

El resto corría por cuenta de Russo. Él se encargaba de poner a nombre de las personas “sin capacidad económica” las sociedades o reales a través de las cuales se facturarían los trabajos nunca realizados para descargar los impuestos.

La organización también contaba con dos empresas perfectamente establecidas y también utilizadas como “pantalla” para realizar las estafas: Argentina Publicidad Contemporánea y Suárez Constructora. Al frente de ellas estaban las parejas de Gómez y del policía Benavides.

Entre los municipios que utilizaron buena parte de las facturas truchas generadas por estas “usinas” figuran la Municipalidad de Pilar, a cargo de Nicolás Ducoté (PRO) quien asumió el cargo en diciembre de 2015; y la Municipalidad de José C Paz., cuyo intendente es un histórico del peronismo del Conurbano Bonaerense Mario Alberto Ishii (reasumió funciones en diciembre de 2015. Pero antes había sido el alcalde del distrito entre el 10 de diciembre de 1999 y la misma fecha pero de 2011).

En otras intendencias, la AFIP detectó cientos de miles de pesos facturados con boletas apócrifas por la venta de arena, cemento, cal, pintura y otro tipo de presuntas prestaciones, como publicidad y encuestas.

También están involucradas la Municipalidad de La Calera, Córdoba. Está a cargo del reelecto intendente justicialista Rodrigo Rufeil, también ex ministro de Desarrollo Social del gobernador Juan Schiaretti. Es el mismo Rufeil denunciado por la diputada de Cambiemos Elisa Carrió por presunto enriquecimiento ilícito, imputación negada por el aludido funcionario.

Por otro lado, la Municipalidad de Puerto Iguazú, a cargo de Claudio Raúl Filippa, también figura entre los involucrados. El alcalde ya fue procesado en dos causas iniciadas por su ex esposa por los presuntos delitos de “lesiones leves” y “lesiones leves y amenazas”. Uno de los procesamientos quedó firme y ya fue elevado a juicio.

Después de allanar esas municipalidades y secuestrar buena parte de la facturación apócrifa, el juez Armella imputó a todos los intendentes en funciones. Es decir sin tener en cuenta si la estafa a la AFIP la había realizado la administración anterior –en el caso que los jefes comunales no hayan sido reelectos-.

De ser así, se le dictará la falta de mérito al actual funcionario, y se imputará al anterior. Pero para que eso suceda la AFIP deberá realizar la “determinación de deuda” de cada uno de los organismos involucrados en la maniobra delictiva, algo que aún no terminaron de hacer los contadores del organismo recaudador.

Un buen ejemplo de esto es el ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Tanto el actual ministro, Andrés Scarsi, como su antecesora en el cargo –también de Cambiemos- Zulma Ortiz, se presentaron ante el juzgado federal de Quílmes manifestando que la facturación trucha utilizada por esa cartera era anterior al 10 de diciembre de 2015 –fecha en que asumió la gobernadora María Eugenia Vidal-. Es decir que correspondía al entonces ministro sciolista, Alejandro Collia.

Otro de los organismos que utilizó facturas truchas es el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), a cargo de Rodrigo Aybar.

En diálogo con uno de los altos funcionarios de ese organismo, se aseguró que cuando el juez Armella los cite a declarar demostraran que la facturación apócrifa –que existe- correspondía a la administración del peronista Daniel Scioli.

Sostienen que los funcionarios anteriores –José Molina y Hugo Bilbao- le alquilaban un supuesto local “a estos tipos”, por Russo y Gómez.

Como se razona, la tarea de Armella y la secretaría que trabaja a destajo en este expediente, tendrán una dura tarea para llegar a la verdad y castigar a los culpables.

La banda criminal de Russo, considerado como uno de los mayores estafadores del país, también le “vendió” en el año 2016, es decir durante la actual gestión, facturas apócrifas a BAPRO Medios de Pago S.A.

Los sindicatos

Carlos Acuña

Carlos Acuña

Uno de los mayores beneficiarios de estas “usinas” de facturas truchas fueron los sindicatos.

A la cabeza de ellos se encuentra el Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicios, Garajes, Playas de Estacionamiento y Lavaderos (SOESGyPE). Su titular es Carlos Acuña, uno de los integrantes del triunvirato de la CGT.

Apenas se conoció la noticia del allanamiento a la sede de su sindicato, los abogados del gremio primero reconocieron la existencia de esas facturas truchas. Pero minimizaron su importancia. Aseguraron que había tan solo un puñado de ellas y que se habían utilizado para el pago del alquiler de micros y un hotel.

Sin embargo Infobae está en condiciones de contradecir esa afirmación realizada al diario La Nación. Los peritos de Prefectura descubrieron durante el allanamiento a la sede sindical facturas por USD  9.000.000.

Por eso, los investigadores sostuvieron al ser consultados por este medio que el gremio de Acuña fue el que más facturas apócrifas le “compró” a la banda de Russo y Gómez.

Hugo Moyano en el discurso de esta tarde

Hugo Moyano en el discurso de esta tarde

El sindicato de choferes de camiones, cuyo titular es Hugo Moyano, uno de los gremialistas que primero apoyó al gobierno de Mauricio Macri, y ahora está fuertemente enfrentado, es otro de los que usó facturación proveniente de las cien “usinas” ilegales.

A diferencia del resto de los sindicatos, sobre Camioneros la AFIP ya terminó de realizar los peritajes sobre la defraudación al fisco.

Como la suma es inferior al millón y medio de pesos, Moyano, después de reconocer la utilización de esas facturas “homologadas por la AFIP” –cosa que es verdad ya que el CUIT de las empresas fantasmas era reales– ingresó a un “plan de pago” para abonarle al fisco –con los intereses que corresponden- la suma defraudada.

La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), a cargo del histórico referente sindical, Luis Barrionuevo, también figura en la lista negra de organizaciones obreras que se beneficiaron con las facturas falsas. Por esa razón Barrionuevo también está imputado en la causa.

El líder sindical gastronómico Luis Barrionuevo

El líder sindical gastronómico Luis Barrionuevo

Como en todos los casos, el juez Armella deberá determinar un punto clave: si la utilización de las facturas apócrifas fue “dolosa o culposa”. Es decir si intendentes, ministros o sindicalistas sabían que estaban utilizando ese tipo de documentación, o lo hacían empleados o funcionarios infieles a sus espaldas para sacar un provecho económico.

El magistrado también deberá establecer si además del delito de “evasión” se realizaron otro tipo de maniobras, como por ejemplo, “lavado de dinero”. En ese caso la situación judicial de los imputados se agravaría.

Otro de los gremios que en principio son investigados por haberse beneficiado con las “usinas” de facturas truchas para evadir impuestos y posiblemente lavar dinero negro son los sindicatos de Trabajadores de Juegos de Azar, la Federación Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos, Capataces y Encargados de la Industria del Cuero; el Sindicato de la Carne y Afines; el Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines; Sindicato de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral; y el Sindicato de Empleados del Caucho y Afines.

A todos se los investiga por el presunto delito de evasión agravada por el uso de facturas apócrifas.

Las carreras del vale todo

La organización criminal consiguió sus primeros “clientes” entre algunos pilotos y escuderías de Turismo Carretera (TC), en sus distintas categorías, entre ellas las del Top Race. En la causa se estableció que Gómez era el encargado de conseguir los “clientes” y que por esa actividad, Russo le “pagaba” 150.000 pesos por mes, más el 4% de la facturación conseguida en cada factura.

Para lograr su cometido el “socio” de Russo –ambos detenidos- montaba un show en las inmediaciones de arena. Cada fin de semana llegaba temprano a la pista en que se corría –no importaba si era en La Rioja o en Paraná- con sus camionetas relucientes y una docena de provocativas promotoras con sombrillas en la mano, y los “clientes” llegaban como abejas a la miel.

Entre los pilotos más comprometidos se encuentran, Daniel Vázquez, integrante del equipo Quilmes Plas Racing y que en la temporada 2017 terminó en el puesto 35; Fabio “Kelo” Torres, un bolivariense corredor de Turismo Pista en las clases 2 que solía competir con un Chevrolet; y Mariano Tripichio. Los tres –conocidos en el ambiente fierrero aunque no tanto para el gran público- fueron detenidos y después excarcelados por el magistrado.

Infobae pudo saber que estos no son los únicos pilotos bajo la lupa de la justicia. Tanto es así que ya fue allanada la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) y en estos momentos se están cruzando los datos de facturaciones, publicidad y contratación de servicios con la base de datos de la AFIP.

Durante la instrucción de la causa, los investigadores escucharon frases como “no hay automovilismo sin facturas truchas”. Sucede que los pilotos deben acceder a una pequeña fortuna cercana a los $ 600.000 para participar solo en una carrera.

Al parecer, y siempre según la investigación, en el Turismo Carretera el sistema de las facturas truchas está más que bien aceitado. Y la lógica delictiva es la siguiente: las empresas quieren evadir impuestos y los pilotos necesitan auspicios, sin importar que el monto que reciben es significativamente menor al que se declara en las facturas apócrifas.

El principio del fin

Diego Avila, Leandro Cuccioli (titular de AFIP) y Jimena de la Torre

Diego Avila, Leandro Cuccioli (titular de AFIP) y Jimena de la Torre

La AFIP descubrió esta fabulosa maniobra delictiva casi por casualidad. O no. Un funcionario de línea le llamó la atención los millones de pesos que en poco tiempo había facturado una ignota empresa que estaba a nombre de María Fernández.

Más dudas surgieron cuando descubrieron que la mujer comenzó a facturar sumas desmesuradas a los pocos días que se inscribió en la AFIP, pero que hasta antes de eso, no tenía ni siquiera un empleo formal.

Y la configuración del delito terminó de establecerse cuando los especialistas de la Administración de Ingresos Públicos, y de Prefectura, descubrieron que las facturas electrónicas de la presunta empresaria María Fernández, eran impresas desde una computadora cuyo IP -toda computadora conectada a internet o a cualquier red posee una identificación única, llamada dirección IP (en inglés, Internet Protocol), compuesta por cuatro combinaciones de números- era utilizada por otras empresas también creadas de un día para el otro y cuyos titulares hasta ese momento o no tenían trabajo o eran beneficiarios de planes sociales.

El resto fue paciencia y seguir los rastros que la banda de Russo y Gómez habían dejado, como si se tratara de las piedras del cuento alemán protagonizado por dos niños, Hansel y Gretel.

Claro que los chicos de la historia infantil dejaron los pequeños trozos de canto rodado exprofeso para no perderse en el bosque. En cambio, la asociación ilícita lo hizo por descuido y esos rastros los llevó a prisión.

Atrás de ellos, quedaron los 120 vehículos secuestrados por Prefectura -buena parte de alta gama-, 77 propiedades,8 embarcaciones, campos, lujos y millones y millones de pesos “lavados”.

Inflobae

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El fiscal Stornelli pidió la detención de un abogado, su hija y su yerno por la plata de Daniel Muñoz

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El fiscal federal Carlos Stornelli pidió la detención de Miguel Ángel Plo, el ex abogado de Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, el secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner que habría sacado del país más de 70 millones de dólares vinculados a la causa de los cuadernos. El fiscal también pidió arrestar a la hija de Plo, la abogada María Jesús Plo, y a su marido, Federico Zupicich, indicaron a Infobae fuentes judiciales.

El fiscal planteó que tanto Plo como su hija y su yerno habrían sido parte de los intentos de la viuda de Muñoz para deshacerse de las 16 propiedades que, a través de distintos testaferros, adquirió en Miami y Nueva York.

La existencia de esos departamentos quedó al descubierto cuando el caso Panamá Papers reveló las inversiones que había hecho el ex secretario de Néstor Kirchner con sociedades off shore a través de la empresa panameña Mossack Fonseca.

Incluso, se detectaron viajes de Plo, su hija y/o su yerno a Estados Unidos en los momentos claves en donde se habría activado la venta de esas propiedades a través de distintas empresas, con el presunto fin de complicar la ruta del dinero.

Carolina Pochetti (Adrián Escandar)

Carolina Pochetti (Adrián Escandar)

Según pudo saber Infobae, el pedido de detención fue formulado por el fiscal ante el juez Claudio Bonadio, quien, por el momento, dispuso la citación a indagatoria de los involucrados. El magistrado espera interrogar hoy a María Jesús Plo y a su marido para saber qué explicaciones dan ante las sospechas que plasmó el Ministerio Público.

El lunes, Plo desfiló en una indagatoria en el juzgado de Bonadio. En su presentación, aseguró que los viajes que hizo a Estados Unidos habían tenido razones turísticas y rechazó las sospechas sobre los vínculos con el dinero de Daniel Muñoz y su entorno.

Hace unas semanas, el abogado había denunciado penalmente a Bonadio y Stornelli por violación de secreto.

Plo es un abogado respetado, con un fuerte lazo en el peronismo bonaerense, que fue funcionario de la provincia de Buenos Aires en el área penitenciaria en el año 2000 y hasta representó a Claudia Rucci, hija del sindicalista peronista José Ignacio Rucci -secretario general de la CGT asesinado a balazos en 1973- para reclamar la indagatoria de cuatro ex jerarcas de Montoneros.

Néstor Kirchner junto a su secretario Daniel Muñoz

Néstor Kirchner junto a su secretario Daniel Muñoz

En una causa que nació en el juzgado de Luis Rodríguez y terminó anexándose al expediente de los cuadernos de la corrupción, Stornelli avanza sobre una presunta “estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero” que funcionó en torno a Daniel Muñoz , “con el fin de canalizar, convertir, transferir, administrar, vender, disimular y o poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita, presumiblemente originados (en la causa de los cuadernos) y convertirlos integrarlos al circuito económico formal bajo apariencia de licitud”.

Tras el aporte de dos imputados-colaboradores (un ex matrimonio que confesó haber sido testaferro de Muñoz), Stornelli cree que Plo habría sido parte de las maniobras que se activaron para que su clienta buscara desprenderse de las propiedades que se detectaron en Miami y Nueva York.

Según la acusación, los hoy detenidos Juan Manuel Campillo -ex ministro de Hacienda de Kirchner en Santa Cruz y ex titular del ONCAA- y su sobrino Gastón Campillo participaron junto al abogado Plo de “la disolución de la estructura sociedad ya armada en los Estados Unidos en la venta de los inmuebles registrados” a nombre de presuntos testaferros de Muñoz, que también están detenidos en la causa o lo estuvieron y lograron ser excarcelados tras declarar como arrepentidos.

a investigación que apunta a recuperar el dinero que pasó por las manos del fallecido ex secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner
 Infobae

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Un arrepentido contó cómo le pagaba coimas a un secretario del juez Soto Dávila: montos y entregas como en las películas

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Es un abogado que era intermediario entre los acusados y el juzgado. Hacía los “arreglos” con un secretario judicial que está detenido y que repetía: “Tengo que juntar para el viejo”

Como en las películas, pero pasó en la realidad, puntualmente en Corrientes. Cada uno llegó en su auto a un lugar poco transitado y sin cámaras de seguridad. Uno se bajó de su vehículo y se subió al otro y le entregó el dinero de la coima. Después cada uno se fue por su lado.

La escena fue relatada por uno de los arrepentidos del caso del juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávilacon orden de detención por cobrarles sobornos a acusados de narcotráfico para dejarlos en libertad o dictarles resoluciones beneficiosas. El arrepentido es uno de los cinco abogados detenidos en el caso que actuaban de intermediarios en el pago de los sobornos y que declaró ante el juez federal Sergio Torres y el fiscal Carlos Stornelli, a cargo de la investigación junto con el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias.

El arrepentido –cuya identidad se mantiene en reserva– relató cómo se pagaban las coimas e involucró directamente a Soto Dávila y a uno de sus secretarios, Pablo Molina, quien está preso. Contó seis hechos, pero aclaró: “Fueron muchos los hechos de ‘arreglos’con Molina por liberados y él me decía ´mirá que yo tengo que juntar para el viejo´”, en referencia a Soto Dávila. Infobae accedió a su declaración.

El juez Soto Dávila

El juez Soto Dávila

El primer caso que relató fue el de Ricardo González, conocido como “caballo” e integrante de la banda narco de Itatí, en Corrientes, liderada por Federico “Morenita” Marín. Era septiembre de 2015 y González tenía una orden de detención y el abogado presentó una exención de prisión para que estuviera en libertad mientras era investigado.

El caso era del juzgado de Soto Dávila y del secretario Federico Grau –también detenido– que se tomó licencia. “Molina me avisó que él sería el encargado de suplirlo en esta causa, y eso abrió la posibilidad de ‘arreglar’. Esta no era la primera vez que eso sucedía. Nosotros ya habíamos hecho un ‘arreglo’ con anterioridad. En esta ocasión, Molina me dijo: ‘Quedate tranquilo que si se paga, González sale'”, contó el arrepentido.

Fueron $30 mil de coimas que pagó Lourdes Alegre, esposa de “Morenita” Marín, quien estaba preso, y que le entregó el dinero en su casa. “Una vez en su vivienda, Lourdes se comunicó telefónicamente con Marín. Luego me pasó el teléfono para que yo hable con su marido. ‘Está todo el mundo trabajando para que salga Caballo, nosotros cumplimos, tenés que cumplir vos”. Cuando le dije “nosotros” me refería a Molina, al juez y a mí”, contó el arrepentido.

También relató que había urgencias: “Molina me había dicho que parte del dinero tenía que ser entregado al juez Soto Dávila. Todas estas cosas me generaron presión, y la necesidad de conseguir la plata. De hecho, Molina me dijo: ‘Mirá que a las 10 de la mañana ya está firmada la eximición y yo puedo aguantar sin notificarle al imputado, como máximo, hasta las 12 del mediodía’, porque algo pasaba con el Juez que se iba”.

Luego relató cómo fue el pago: “Al día siguiente le entregué el 50% de los $30.000 a Molina, en la calle. Nos encontramos en la esquina de Bolívar y Don Bosco, de Corrientes capital, tal como lo hacíamos siempre. Era un lugar donde no había mucho tránsito, hay un depósito, no hay mucho movimiento de gente. Cada uno venía en su auto. Cuando Molina llegaba, yo me subía al vehículo de él, que era un Vento blanco que tenía como depositario judicial, ya que se lo había entregado Soto Dávila. Ahí, adentro de su auto, le entregué la plata y él se fue. Así terminó este arreglo. Sé que después Molina le entregaba una parte a Soto Dávila, no sé cuánto, eso lo arreglaban entre ellos”.

El abogado arrepentido contó otros “arreglos” y aclaró que cuando decía arreglos se refería a “la entrega de dinero a Molina y Soto Dávila, para lograr beneficios en las causas para mis clientes”.

El primero fue por la detención de dos argentinos y un paraguayo en un camión con marihuana en la ruta nacional 14. La causa le tocó a la secretaria de Molina y el abogado fue a verlo. “Le conté sobre la posibilidad de sacarles ‘una buena moneda’ a los detenidos, especialmente al paraguayo, que tenía mucho dinero debido a que era bancado por una organización paraguaya. Molina me dijo: ‘Sí, vamos a hacerlo’. Molina se encargaba de hacer la excarcelación y yo de recaudar la plata”, contó. El paraguayo pagó 150 mil pesos y cada argentino 15 mil. “Eso nos lo repartimos 50% cada uno con Molina y los imputados fueron excarcelados”, sostuvo.

El juez federal Sergio Torres

El juez federal Sergio Torres

Otro caso fue el de dos misioneros detenidos con 327 kilos de marihuana y cigarrillos. Pagaron 170 mil pesos para quedar en libertad. “Luego, me fui al Juzgado y le dije a Molina: ‘ya me entregaron el 50%, yo lo guardo. Cuando salgan y me paguen el resto, te doy la plata’.

El resto se lo dio al abogado la mujer de uno de los detenidos. El arrepentido volvió a relatar la escena de los autos: “La mujer me llevó en su vehículo hasta la esquina donde siempre me encontraba con Molina, la misma esquina que mencioné antes. Eran aproximadamente las 13:20 horas. En ese instante llegó Molina, me subí a su auto, el mismo Vento blanco, y le di el dinero. Fue ahí cuando él me dijo: ‘de esto va a cobrar también el viejo su parte’, en referencia a Soto Dávila. La esposa del imputado vio todo desde su auto. Me observó mientras iba con la bolsa con el dinero y también cuando volví con las manos vacías. Cuando subí al auto de la mujer le dije a ésta: ‘viste, acá está’, porque yo le había mencionado que esa plata era para el Juzgado. Inicialmente, ella y su marido se habían quejado del monto: ‘es mucho, es mucho’, y yo les respondía: ‘Así te asegurás'”.

El abogado contó otro “arreglo” en el que perdió plata para satisfacer la demanda de Molina. Fue la detención de un hombre que era buscado por la justicia federal de Rosario y que manejaba un auto propiedad de un contador que no estaba involucrado con el hecho. El contador, de apellido Gómez, quería recuperar el vehículo y el abogado lo representó. “En esa época se cobraba aproximadamente $10.000 como honorarios para lograr la restitución de un auto secuestrado. Entonces, conociendo estos precios, le propuse a Molina repartir $5000 para cada uno. Pero Molina quería $10.000. Yo no podía cobrarle tanto dinero a Gómez, por lo que decidí cobrarle $11.000 a este último, y yo me quedé sólo con $1000, el resto se lo entregué a Molina”, recordó el arrepentido y dijo que el dinero lo entregó en la habitual esquina de los arreglos.

En 2016 dos brasileños fueron detenidos con dos camiones con 30 kilos de marihuana que llevaban a Chile. El abogado les explicó cómo podían quedar libres: 50 por ciento ahora y el resto en libertad. La coima fue de cinco mil dólares cada uno. “Siempre supe que era una parte para Soto y una para Molina. En esa época ya coordinábamos por whatsapp, que era más seguro. Pero Molina siempre usó el mismo teléfono. Fueron muchos los hechos de ‘arreglos’ con Molina por libertados”, explicó.

El último caso que relató fue el de siete detenidos, uno de ellos un ex policía de Corrientes de apellido Ferrari, con 300 kilos de marihuana. “Por los siete detenidos, $400.000”, contó el arrepentido que le dijo Molina.

El arrepentido describió a Molina como “una persona que se desesperaba por la plata”. “‘¿Dónde está la plata? ¿Ya pagó?’, era tremendo, a veces era tan insistente que me daban ganas de hacer todo por derecha. A veces me insistía tanto que prefería darle su parte y quedarme sin ganancia”, contó y recordó que “al principio, yo tuve que convencer a Molina, porque él quería cobrar 100 o 150 mil pesos por las excarcelaciones, y yo le decía que teníamos que cobrarles menos, que el valor del mercado era menor. Si bien yo tenía el ‘as de espadas’ que era el contacto con Molina, tenía que cobrar una cantidad similar a la que se pagaba en el mercado. No me podía exceder tanto, porque los narcos se iban con otro abogado”.

También dijo que el secretario de Soto Dávila viajaba seguido a Europa, Nueva York y a Paraguay para comprar electrónica. Y que el propio juez iba todos los veranos a Punta del Este, en Uruguay.

El arrepentido contó que en un momento los arreglos “se cortaron”. Fue cuando Molina y el abogado Duylio Barboza Galeano -detenido en la causa- fueron denunciados por irregularidades en una causa. “Luego de esto le dije a Molina: ‘vamos a cortar y levantar el pedal’, a lo que él me respondió: ‘sí, vamos a cortarlo, pero más adelante vamos a seguir’. Yo no estaba de acuerdo con seguir más adelante, Molina era un Kamikaze. Esto lo charlamos en la esquina donde siempre nos juntábamos, lo hacíamos así porque ahí no hay cámaras, ni tránsito”, recordó. Todo se terminó después del inicio del “Operativo Sapucay”, en el que en marzo del año pasado fueron detenidos el intendente de Itatí, Natividad Terán, y el vice, Fabián Aquino, por formar parte de una banda narco. A esa organización, según la acusación, Soto Dávila les daba protección. Luego fue detenido otro ex intendente de Corrientes en los años 90: Juan Manuel Faraone, de Empedrado. En la causa también están detenidos oficiales de la Policía Federal y de Gendarmería Nacional.

Natividad Terán, el intendente de Itatí preso

Natividad Terán, el intendente de Itatí preso

“Molina estaba preocupado. Después de esto, por motivos de autopreservación, no me comuniqué nunca más con él. Sólo me habré cruzado y le dije ‘hola, qué tal'”, concluyó el arrepentido sobre su relación con el secretario.

“El concepto en Corrientes de Soto Dávila es pésimo, desde hace años. Esto no es nuevo, por todas las denuncias que tiene, vive teniendo denuncias. Me cuentan los abogados que en una época Fresneda se quedaba con las cauciones. Esto viene de hace mucho en este Juzgado”, concluyó su declaración ante el fiscal Stornelli -el mismo de la causa de los cuadernos de la corrupción que tiene una veintena de arrepentidos- y que fue homologada por el juez Torres. Fresneda es otro secretario del juzgado de Soto Dávila.

El abogado es uno de los seis arrepentidos que ya tiene la causa. Los otros cinco son narcotraficantes. Además de estas declaraciones, la causa tiene escuchas judiciales sobre los pagos y el análisis de las resoluciones de Soto Dávila que los investigadores consideran contradictorias en los términos jurídicos en las que fueron hechas.

Soto Dávila lleva más de 20 años como juez federal en Corrientes. Tiene a su cargo la investigación del crimen organizado pero además es un hombre clave para la política local porque tiene la competencia electoral y es el encargado de la organización, control y la toma de decisiones de los comicios en la provincia.

Si bien tiene un pedido de detención, no se puede concretar porque como juez tiene fueros. El Consejo de la Magistratura de la Nación -el órgano encargado de analizar la conducta de los jueces- ya decidió citarlo para que dé explicaciones de las acusaciones. Cuando lo haga –se prevé que recién será en febrero próximo– podrá suspenderlo en el cargo y enviarlo a juicio político. Recién ahí perderá sus fueros y podrá ser detenido.

Soto Dávila se presentó ayer a indagatoria en los tribunales de Comodoro Py para declarar. Fue acusado de ser el jefe de una asociación ilícita. El juez dijo que es inocente.

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Procesaron al dueño de OCA por quedarse con la plata de impuestos y aportes patronales de varias empresas

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Se trata de Patricio Farcuh, un empresario vinculado a Hugo Moyano

El juez Javier López Biscayart procesó por los delitos de apropiación indebida de los recursos de la seguridad social y apropiación indebida de tributos al empresario Patricio Farcuh, presidente de OCA y un empresario vinculado a Hugo Moyano

El titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 9 investiga si varias empresas retuvieron y percibieron dinero de la seguridad social e impuestos a las ganancias y al valor agregado, entre enero de 2013 y diciembre de 2017, pero que nunca lo aportaron.

“El cuadro probatorio existente hasta el momento es suficiente para afirmar que las conductas desarrolladas por [las empresas] Pertenecer, GPS Servicios, Slam Servicios, Guía Laboral, Iron Security, Agrupación Grupo Rhuo y Universal Facility coinciden con los delitos de apropiación indebida de los recursos de la seguridad social y de tributos, por lo que habrá de ordenarse su procesamiento”, indicó el juez.

Además, valoró que “ha podido acreditarse que Farcuh integraba cada una de las firmas como presidente, socio gerente o administrador, siendo además quien detentaba la mayoría del capital social”.

“Dicha condición -agregó- permite inferir que el nombrado [Farcuh] habría intervenido en los hechos (…). Farcuh ejerció la efectiva administración de las firmas y, de haberlo así querido, tuvo la posibilidad de cumplir con sus obligaciones fiscales que fueron omitidas (…). Fue el nombrado quien con su obrar propio se apropió de recursos destinados al Sistema Único de la Seguridad Social y de los tributos retenidos”.

“En definitiva fue el encausado quien determinó, con su obrar propio, consciente y voluntario, dentro del marco de las estructuras societarias que lideró, que la omisión de ingresar los aportes al Sistema Único de la Seguridad Social y los tributos retenidos fuera llevada a cabo”, concluyó el juez.

Asimismo, advirtió que Farcuh “recurrió en forma sistemática y permanente a planes de pagos para refinanciar gran cantidad de las obligaciones tributarias y de la seguridad social por cientos de millones de pesos” y que esas maniobras no derivaron de la existencia de problemas financieros puntuales, sino de la decisión del empresario de “financiarse con dinero de retenciones y percepciones recaudadas” o aplicar “las sumas recaudadas para la expansión empresarial del denominado ‘Grupo Rhuo'”.

Farcuh, Oca y Moyano

OCA (Organización Coordinadora Argentina SRL) fue vinculada en más de una oportunidad a la familia del líder camionero Hugo Moyano. Y los lazos entre Moyano y Farcuh aún siguen bajo sospecha. Incluso después de que el presidente de OCA declarara ante la Justicia que el sindicalista le había “tomado” la compañía para vaciarla y firmar contratos con firmas vinculadas al camionero. Más de 6 mil de los 7 mil empleados del correo están afiliados formalmente al Sindicato de Camioneros.

En ese contexto, en septiembre, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) amplió una denuncia contra Farcuh por insolvencia fiscal fraudulenta. En esta ocasión, lo acusó por millonarios desvíos y malversación de fondos de su empresa entre 2016 y 2018.

Entre las múltiples irregularidades, se detectó que el acusado contrató diversos proveedores apócrifos y no vinculados a la actividad comercial de OCA. Por ejemplo, la adquisición millonaria de bienes y servicios suntuarios para el propio titular de la firma, como motos de alta gama, relojes costosos, servicios de vuelos aéreos para personas del ambiente artístico y político, además de servicios y bienes del exterior.

También se verificaron contrataciones de empresas vinculadas al propio Farcuh y a su hermano, por montos superiores a los valores del mercado.

Infobae

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