Connect with us

Politica

Temen un efecto dominó por el fallo de la Corte

Published

on

Para el Gobierno, la anulación del tribunal que iba a juzgar a Cristina Kirchner puede impactar en decenas de causas

a decisión de la Corte Suprema de no habilitar al tribunal que iba a juzgar a Cristina Kirchner enfrentó al máximo tribunal con el Gobierno, que no está dispuesto a dar por cerrado el tema. Entre los múltiples efectos desencadenados de esa acordada, ahora la Casa Rosada acusa a la Corte de haber abierto la puerta para que se planteen nulidades en decenas de causas de corrupción, trata y crímenes de la última dictadura.

El ministro de Justicia, Germán Garavano , convenció a Mauricio Macri con un ejemplo concreto: el caso de la estafa detrás de la privatización de Tandanor, un juicio donde intervienen los jueces Ángel Nardiello y Sergio Paduzak. En esa causa, las defensas ya plantearon una nulidad cuestionando la integración del tribunal, con fundamento en el criterio sostenido por la mayoría de la Corte en la acordada 4/2018. El argumento es que como ambos son jueces de un tribunal oral criminal, no podían actuar en uno federal, conforme el nuevo criterio.

“Nos preocupa la posible afectación del servicio de Justicia. Estamos evaluando hacer una presentación a la Corte”, dijo Garavano a LA NACION. Esta semana, Garavano y el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti , mantuvieron una reunión informal en el Palacio de Justicia. Fue un encuentro para limar asperezas, confirmaron fuentes del tribunal. El ministro se quejó de la acordada, que firmaron Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda ; ahora prepara una nota formal pidiendo que los jueces aclaren el alcance de su decisión.

En el Gobierno circula una lista con al menos 20 jueces más que están en la misma situación que los de Tandanor -jueces no federales actuando como federales-. Los casos en los que intervinieron incluyen juicios en los que se condenó a los represores Miguel Etchecolatz, Santiago Riveros y Reynaldo Bignone, y la causa que terminó con una pena de tres años contra la exministra Felisa Miceli.

La Corte podría sostener que son situaciones diferentes, porque a los jueces del TOF 9 (los que iban a juzgar a Cristina Kirchner) se los pretendía trasladar de forma definitiva y los otros casos son “subrogancias”, reemplazos transitorios. Esto volvería a dividir a la Corte. Los ministros Elena Highton y Carlos Rosenkrantz, que votaron en disidencia en la acordada 4/2018, advirtieron que el argumento de la transitoriedad no es válido para aquella persona que fue juzgada con un tribunal integrado con jueces nombrados para otro. Para cada “justiciable”, la conformación de su tribunal tiene efectos de “definitiva”, dijeron.

Más allá de la preocupación por eventuales nulidades, la acordada de la Corte disgustó al Gobierno porque fue un golpe duro a sus planes de reforma judicial, que incluían una apuesta a contar con más jueces federales, lo que le permitiría diluir el poder de Comodoro Py, donde están concentradas las causas más sensibles para el poder político. Detrás del TOF 9, venían otros cuatro tribunales que iba a federalizar el Consejo a instancias del macrismo en los próximos días. La ley sancionada por el Congreso -que en la práctica la Corte invalidó- habilitaba al Consejo a disponer traslados con el mero voto de la “mayoría simple” de sus miembros; mayoría que el macrismo consigue sin problemas. Pero la Corte sostuvo que ese traslado equivale a una nueva designación y requiere una terna del Consejo, la elección del Presidente y el acuerdo del Senado, lo que obliga al Gobierno a nuevas negociaciones con el peronismo.

Otra consecuencia es que si está prohibido convertir jueces nacionales en federales sin una nueva designación, se complica la situación del camarista Carlos Mahiques, exministro de María Eugenia Vidal que fue nombrado juez en la Casación ordinaria y trasladado a la Casación Federal, el máximo tribunal en materia penal, revisor de las causas de corrupción. Mahiques es, además, el padre del representante del Poder Ejecutivo en el Consejo.

En su caso, el traslado fue dispuesto sin que hubiera siquiera una ley del Congreso. Horas después de la acordada, Graciana Peñafort, abogada de Martín Sabbatella, pidió el “inmediato apartamiento” de Mahiques en una causa contra su defendido, con fundamento en la decisión de la Corte. La Casación, con las firmas de Liliana Catucci y Eduardo Righi, sostuvo a Mahiques con el argumento de que su nombramiento había cumplido “con el estándar constitucional” y que, cuando llegó la acordada, la situación del camarista ya estaba “consolidada”. Peñafort adelantó a LA NACION que va a llevar el caso a la Corte. Sostiene que se violó el sistema constitucional de designación de jueces y que los fundamentos de Casación para mantener a Mahiques son falsos porque ni siquiera cumplía los requisitos del régimen anterior, que exigía cuatro años en el cargo previo al traslado. Entre los casos en los que interviene Mahiques como juez de casación federal está la tragedia de Once.

La Nacion

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Local

En General Pueyrredón habrá lista de unidad

Published

on

Muchas veces los caprichos «de arriba» y las ambiciones personales generan confrontaciones políticas en las que muchos distritos tienen más cosas que perder que chances de ganar. Y General Pueyrredón era, hasta esta mañana, uno de esos casos, cuando de la coalición Juntos hablamos.

La pretensión de imponer hacia abajo el enfrentamiento del PRO y los radicales en CABA y provincia de Buenos Aires representaba romper en nuestro distrito una unidad y una mecánica de trabajo que en los dos primeros años de gestión oficialista había representado un trabajo monolítico que solo fue interrumpido por la sorpresiva posición de Alejandro Carrancio al momento de confundir especulación política con interés general.

Y hasta aquella claudicación de CREAR fue rápidamente subsanada: sin dudar el intendente ordenó separarlo del bloque, le pidió la renuncia a todos los funcionarios pertenecientes a ese sector y cristalizó en lo formal una realidad política que ya desde hacía mucho tiempo venía dándose en forma de acompañamiento a la gobernabilidad: el ingreso al bloque de Juntos de la concejal Mercedes Morro, representante del peronismo no «K» que se negaba a bombardear al gobierno comunal como única estrategia para acceder al poder.

Ahora la habilidad de Montenegro y Abad para contener las presiones externas permitió llegar a buen puerto con la idea de ambos líderes en el sentido de sostener la unidad por sobre toda otra alternativa. Y hace apenas unas horas alumbró la lista que concurrirá a los comicios generales sin competir, en el tramo local, en las PASO de octubre.

Los riesgos de romper un equilibrio que en Mar del Plata se había conseguido, y que no presentaba fisuras, ya los habíamos expuesto cuando todo parecía volver inevitable que aquí también se presentaran dos listas (Ver: El suicidio político que representaría una interna oficialista en la ciudad) pero ahora esos fantasmas parecen haberse disipado y, pese a que siempre quedan en el camino heridos a los que la coalición deberá tratar de contener, el panorama parece hoy más claro para la oferta oficialista.

Y crecen las figuras de Montenegro como líder del sector y de Abad como una figura de peso nacional capaz de imponer condiciones aún frente a los líderes de un partido que en la búsqueda de un mayor peso en el armado de todo el país debieron aceptar que lo que aquí andaba bien no se tocase. Estas dos consecuencias son seguramente las más importantes en todo lo ocurrido en estas horas.

La lista que competirá en las generales de diciembre lleva en sus puestos principales a los siguientes candidatos:

1- Fernando Muro (PRO)

2- María Angélica González (Coalición Cívica)

3- Ariel Martínez Bordaisco (UCR)

4-Verónica Hourquebié (UCR)

5- Guillermo Volponi (PRO)

6- Mercedes Morro (Peronismo Republicano)

 

Fuente: www.libreexpresion.net

Continue Reading

Politica

Ramos Padilla bajó la edad de las autoridades de mesa en pandemia

Published

on

Para evitar el contagio de los grupos de riesgo, el magistrado solicitó al Correo Argentino acortar los plazos de entrega de telegramas a las mismas.

Alejo Ramos Padilla fue designado titular del juzgado federal 1 de La Plata, con competencia electoral.

El juez federal de La Plata con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, dispuso que las autoridades de mesa para estas elecciones 2021 dentro del territorio bonaerense “tengan entre 22 a 58 años”.

La medida, según explicó el magistrado, busca “disminuir la cantidad de personas en edad de riesgo por contagio de COVID-19”, para que las personas de 60 años en adelante no estén expuestas en la tarea de ser autoridad de mesa.

En ese sentido, las autoridades de mesa y los delegados podrán realizar todo tipo de consultas a la Secretaría Electoral a través de una línea telefónica rotativa y gratuita: 0800-666-3532. También podrán hacerlo a través de una aplicación digital: eleccionespba.padron.gov.ar.

Ramos Padilla además solicitó al Correo Argentino “acortar los plazos de llegada a destino de los telegramas de las autoridades de mesa”, que “no podrán extenderse más allá de las 48 horas desde la entrega de las piezas postales por la Secretaría Electoral hasta su llegada a destino final, es decir el domicilio de la persona designada” debido al elevado ausentismo de las autoridades de mesa.

En ese sentido, el juez citó el ejemplo de lo ocurrido en las elecciones nacionales de 2019 donde “se designaron 72.782 y se habilitaron 36.392 mesas”. “En virtud de la cantidad de devoluciones de telegramas y excusaciones, se libraron 41.874 telegramas de reemplazo, es decir que se reemplazó al 57,53% de las autoridades designadas”, indicó.

Por todo ello, es que el juez decidió adoptar medidas específicas para mitigar el alto porcentaje de ausentismo.

El padrón definitivo de la Provincia de Buenos Aires para las elecciones de este año, tanto primarias como generales, es de 12.704.518 electores distribuidos en 36.917 mesas de votación, por lo que 73.834 ciudadanos deberán cumplir la función de autoridad de mesa.

FUENTE : DIARIO LA CAPITAL DE MDP

FOTO TAPA : LETRA P

Noticiasxfn.com no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros

Continue Reading

Politica

Tres millones y medio de vacunas de Moderna continúan guardadas en un depósito, a una semana de su arribo a la Argentina

Published

on

Fueron donadas por el gobierno de los Estados Unidos. En el Gobierno dicen que esperan una autorización para su uso pediátrico

El lote de 3,5 millones de dosis de la vacuna de ARN mensajero desarrollada por la empresa Moderna, que arribó al país hace más de una semana como parte de una donación de Estados Unidos, aún no es utilizado por el Gobierno para acoplarse al plan de inmunización general contra el coronavirus. Estos inoculantes son la apuesta de la Casa Rosada para inmunizar a los menores de edad con comorbilidades, pero todavía no recibieron el aval oficial.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, aseguró a principios de esta semana que “se encuentra próxima” la autorización para usar las vacunas de Moderna en menores de 18 años, y las provincias confían en un proceso rápido por el acuerdo de reciprocidad entre la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y la Administración de Medicamentos y Alimentos norteamericana (FDA, por sus siglas en inglés), el organismo que debe comunicar que esas vacunas son aptas para inocular a niños y adolescentes que tengan entre 12 y 17 años.

Es decir, hasta ahora el Gobierno no aplicará esos sueros hasta que llegue esa autorización desde Estados Unidos. Otra alternativa para este grupo etario es que la ANMAT termine de analizar los informes que desde China envió el fabricante de Sinopharm para que esa marca de vacunas también sea de uso pediátrico. Se calcula que entre 100 mil y 200 mil niños y adolescentes que padecen comorbilidades entrarán en una primera etapa de esa vacunación.

Al tratarse de una donación con carácter excepcional, no se hizo una disposición de registro o una autorización por resolución del Ministerio de Salud de la Nación como ocurrió con las otras vacunas contra el COVID-19 en Argentina (REUTERS/Shamil Zhumatov)Al tratarse de una donación con carácter excepcional, no se hizo una disposición de registro o una autorización por resolución del Ministerio de Salud de la Nación como ocurrió con las otras vacunas contra el COVID-19 en Argentina (REUTERS/Shamil Zhumatov)

A diferencia de lo que pasó con otras vacunas contra el COVID-19 que ya son utilizadas en el país, al tratarse de una donación no se requiere registro de la vacuna de Moderna ante ANMAT, pero sí es necesario la autorización para su aplicación en el país.

La donación de las vacunas de Moderna fue la más grande que Estados Unidos realizó en Latinoamérica. Se hizo luego de que el Gobierno nacional aceptara adecuar la Ley de Vacunas 27.573 que también posibilitó que la Argentina firme el primer contrato de compra para vacunas de ARN mensajero a partir del primer trimestre del año 2022.

Los ensayos en Fase III de la vacuna de Moderna mostraron una eficacia del 94%. Hace que el sistema inmunológico humano produzca anticuerpos potentes que perduran varios meses.

Envuelta en una cápsula protectora de lípido, debe almacenarse a muy baja temperatura porque el ARN es frágil. La vacuna de Moderna se almacena a -20 °C, como un congelador doméstico, lo que requiere el mantenimiento de la cadena de frío desde la fábrica hasta los centros vacunatorios. Una vez fuera de las heladeras, resiste hasta 30 días, lo que la hace mucho más manejable a nivel logístico, sobre todo para países en vías de desarrollo.

Desde el inicio del plan de vacunación en diciembre pasado en la Argentina, se han aplicado en la población argentina las vacunas Sputnik V, desarrollada por el Instituto Gamaleya en Rusia; la vacuna de Sinopharm, de China; la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, Inglaterra; y la Covishield, que es la misma de AstraZeneca, pero producida en el Instituto Serum de la India.

Se han usado diferentes mecanismos de autorización o de registro de las vacunas. Un mecanismo fue con empresas que ya estaban en el país. En esos casos, se hace una solicitud de registro de una vacuna. La empresa debe presentar información del desarrollo, producción y control de calidad, así como también los estudios clínicos que avalen la calidad, seguridad y eficacia requerida para su uso en humanos.

El 22 de diciembre pasado, la ANMAT había informado que autorizó la inscripción en el registro de especialidades medicinales de la vacuna de ARN mensajero de Pfizer. Se autorizó por el plazo de un año contado a partir de la fecha de la presente disposición, bajo la condición de venta bajo receta. La compra de esas vacunas aún están en negociación entre el Ministerio de Salud y el laboratorio.

En tanto, el 30 de diciembre, la ANMAT también sacó otra disposición para autorizar la inscripción de la vacuna de AstraZeneca/Oxford. “Presenta un aceptable balance beneficio-riesgo, permitiendo sustentar el otorgamiento de la inscripción y autorización condicional del producto para la indicación solicitada. La misma se otorgó por el plazo de un año contado a partir de la fecha de la presente disposición, bajo la condición de venta bajo receta”, señaló el organismo público en un comunicado.

En el caso de las vacunas de Rusia y China que se aplican en la Argentina, hubo resoluciones del Ministerio para uso de emergencia ya que los laboratorios que las producen no tenían sede en Argentina (EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo) En el caso de las vacunas de Rusia y China que se aplican en la Argentina, hubo resoluciones del Ministerio para uso de emergencia ya que los laboratorios que las producen no tenían sede en Argentina (EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo)

En cambio, con las vacunas de Rusia y China, se siguieron otros pasos. En el caso de la Sputnik V, primero hubo una resolución del 24 de diciembre del Ministerio de Salud de la Nación y luego ANMAT hizo un análisis para la aprobación de su uso. Con respecto a la vacuna de Sinopharm, se autorizó también a partir de una resolución del Ministerio el 22 de febrero pasado.

En ambos casos, la autorización de uso de emergencia de las vacunas se encuadraron en el marco de la Ley 27.573 y es el Ministerio de Salud de la Nación el que dicta la resolución correspondiente que establece su uso, luego de la intervención de los organismos competentes. En los artículos 8 y 9 se establece qué organismos deben participar del proceso y la manera en que debe realizarse.

FUENTE : INFOBAE

Noticiasxfn.com no se hace responsable del contenido de los artículos generados por terceros

Continue Reading

Más Vistas