Tras generar un default en la deuda local en dólares, el Ministerio de Economía se prepara para lanzar la semana próxima la oferta para el pago a los bonistas que tienen títulos bajo ley extranjera.

Calificadas fuentes oficiales indicaron a Infobae que, después de las conversaciones que mantendrá entre hoy y el miércoles y luego del feriado largo de Semana Santa, el equipo que conduce el ministro Martín Guzmán dará a conocer la propuesta oficial para evitar un default con los bonos emitidos bajo ley de Nueva York.

“Va a haber negociación esta semana y oferta luego de Semana Santa”, indicó la fuente.

“Estamos sólo a cinco puntos de diferencia de valor presente neto entre lo que se propone como oferta y lo que pretenden ellos”, agregó, sin brindar mayores detalles.

La semana pasada, el ministro dijo en una conferencia de prensa que negociaría hasta Semana Santa con los fondos de inversión extranjeros en base a una serie de parámetros que le devuelvan sustentabilidad al pago de la deuda. En este sentido, el documento incluía un período de gracia, la reducción de los cupones, aplicar eventualmente una quita de capital y, en compensación, la posibilidad de agregar un cupón ligado al PBI u otro instrumento similar.

“Los bonistas saben que tendrán que aceptar y quieren bajarle el precio al ministro en su rol de negociador; por eso proponen el Standstill, para ganar tiempo”, indicó la fuente.

El standstill es el alargamiento de plazos por seis meses del plazo de pago que un grupo de acreedores propuso la semana pasada para evitar que el Gobierno lance una oferta demasiado agresiva, que generará poca aceptación, hasta que disminuya la volatilidad financiera global generada por la pandemia del coronavirus.

Muy asertivo, la fuente dijo que “a los acreedores no les va a quedar otra que aceptar la oferta porque el valor presente neto es inexplicable frente a sus auditores”.

Sin embargo, aún los inversores más dialoguistas con el Gobierno creen que los lineamientos preliminares de la oferta llevan a pensar en una quita que no podrá ser aceptada.

En este sentido, fue mala la recepción ante el decreto que genera un default en una serie importante de bonos en dólares bajo legislación local, aunque algunos analistas lo interpretaran como un gesto hacia ellos, ya que, al no pagar una parte de la deuda, habría más recursos para hacer una oferta mejor en Wall Street.

“No están haciendo las cosas fáciles ni trabajando en forma constructiva”, expresó el ejecutivo de uno de los fondos que dialoga en estos días con Guzmán.

Uno de los problemas de la postergación del pago de los bonos en dólares bajo ley local hasta 2021, o al menos hasta que termine la negociación con los fondos extranjeros, como indica el decreto de necesidad y urgencia, es que varios de estos grupos tienen títulos emitidos en ambas jurisdicciones. Los ejemplos más claros en este sentido son Pimco y Fidelity.

Por lo tanto, el lanzamiento del DNU ayer por la noche supone, para quienes siguen de cerca la negociación, dos escenarios contrapuestos: o el reperfilamiento de los bonos bajo ley local se acordó con los fondos extranjeros (dispuestos a perder por un lado para no sufrir tanto con la oferta bajo ley Nueva York) tal como dio a entender Guzmán esta manaña, o el Gobierno está improvisando sobre la marcha.

Parte de la confusión está basada en los dichos del propio Guzmán, quien, la semana pasada, sostuvo que el Gobierno le daría un tratamiento igualitario a los bonos de ambas jurisdicciones. Es decir, afirmó que no habría discriminación entre unos y otros, pese a que los inversores saben que tienen más protección en los tribunales extranjeros que en los locales para cobrar, dada la doctrina asumida por la justicia argentina en esta materia al menos desde 2002.

Como tercera vía, los economistas Miguel Kiguel de Econviews y Eduardo Levy Yeyati de Elypsis, propusieron una postergación de los pagos hasta 2022.

En un artículo publicado en la Brookings Institution y en el blog Foco Económico, los expertos indicaron que “una alternativa viable para evitar un incumplimiento sería negociar un acuerdo de «standstill«: más precisamente, un reperfilamiento del servicio de la deuda con vistas a una nueva renegociación –por ejemplo, en 2022– en un mundo y una economía más estables y con una mejor idea de lo que país puede permitirse ofrecer”.

“Bajo esta propuesta, la Argentina solicitaría posponer cualquier pago de capital que venza en los próximos dos años y negociaría una combinación de recortes y capitalización de cupones como una solución provisional para transitar la emergencia sin caer en default”, afirmaron.

Dicha estrategia, aclararon, “podría combinarse con la reanudación del acuerdo suspendido de Stand By con el FMI, bajo objetivos fiscales mucho más indulgentes –en línea con los problemas de sostenibilidad que el mismo Fondo acaba de reconocer en sus últimos informes, y que empeorarán drásticamente con la crisis– lo que daría el acceso a los 13 mil millones de dólares restantes del programa –parte de los cuales podría usarse para un pago inicial que hiciera más atractiva la oferta de standstill”.

En el texto, el ex secretario de Finanzas y el ex economista jefe del BCRA indicaron que “el Gobierno prepara una oferta para los bonistas con el doble objetivo de que ser sostenible en el largo plazo, y evitar un default desordenado y un proceso judicial costoso. En este contexto, es una dupla improbable. Si un acuerdo definitivo sobre la deuda era improbable el año pasado –en parte debido a que los problemas de Argentina es menos el cociente de deuda neta que el crecimiento negativo y el déficit fiscal crónico–, en el contexto incierto de la crisis del coronavirus luce casi imposible”.

“Desde el principio, la nueva administración favoreció evitar un default de la deuda externa (aproximadamente USD 66 mil millones, o 15% del PIB), en el entendimiento de que las negociaciones con los bonistas podrían ser largas y desagradables, sobre todo si un default abre la puerta a los fondos buitres y desencadena la aceleración de los bonos –en algunos casos, como el bono Century, con consecuencias fiscales ruinosas. Mientras tanto, el sector privado podría perder el acceso al crédito externo y abortar un repunte de la inversión que es condición necesaria para restablecer el crecimiento después de una década de caída”, indicaron.

Sin embargo, advirtieron, “en los últimos meses, el Gobierno adoptó una postura más dura hacia los acreedores y desarrolló modelos de sostenibilidad de deuda que asumieron implícitamente un problema de solvencia –por oposición al problema de liquidez con el que la mayoría de los observadores privados y oficiales acordaban en 2019– con la necesidad de un haircut profundo”.

Y, luego, “el FMI entró en juego con proyecciones macroeconómicas de sesgo pesimista, en un informe –preparado a pedido del gobierno– en el que defendían un recorte significativo de la deuda nominal de entre 55 y 85 mil millones de dólares en la próxima década”, acotaron. Tanto el análisis de sustentabilidad de la deuda del FMI como el del Gobierno implican que la Argentina no puede pagar porque tiene un porcentaje de deuda-PBI del 90 por ciento; sin embargo, la mayoría de los analistas aclaran que la deuda que resulta más compleja es aquella denominada en pesos y que está en manos de los acreedores privados, que llega a un 50 por ciento del PBI, un nivel bastante más manejable.

En este mismo sentido, el economista jefe de FIEL, Daniel Artana, también propuso una extensión de los plazos. Al respecto, expresó que “a partir de un informe del FMI del 19 de marzo y de las presentaciones del Ministerio de Economía, se puede inferir que la propuesta oficial incluirá quitas de cupones y de capital y postergación de pagos. Es difícil que una propuesta así prospere. En el informe del FMI se puede inferir que los recursos que pueda acceder el gobierno por encima del resultado fiscal primario (señoreaje y nueva emisión de deuda) se destinarán a acumular reservas en el BCRA o a cancelar la deuda con los organismos multilaterales. Ello lleva naturalmente a una mayor quita a los acreedores privados. El Ministerio de Economía parece sugerir que buscará postergar los pagos al FMI pero ello requiere convertir el stand by actual en un EFF. Es fácil hacer eso si el gobierno está dispuesto a hacer reformas estructurales, pero no parece que ese sea el caso”.

En el corto plazo, aclaró Artana, “los costos de un default quedarían tapados por los de la pandemia. Pero el ritmo de recuperación se vería afectado negativamente en caso de no llegar a un acuerdo. Por eso parece mejor convocar a los acreedores para que apoyen una postergación de los pagos de intereses y capital en la deuda en moneda extranjera por 12 ó 18 meses, ofreciendo a cambio pagar una fracción de los intereses devengados en ese período y acumulando el resto. El gobierno obtiene un alivio importante en la caja y los acreedores pueden reclamar judicialmente sus montos intactos, si así lo desean, en 2021”.

Cabe recordar que este fin de semana el presidente Alberto Fernández expresó en un reportaje en el blog El Cohete a la Luna que, con la explosión de la pandemia del coronavirus, la negociación de la deuda quedó en un “segundo o tercer plano”, aunque su equipo económico asegura que sigue negociando para llegar a un final feliz.