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Tras seis años, la Justicia sigue sin explicarse por qué Puerto Madero estaba repleto de espías el día de la muerte de Nisman

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El fiscal de la causa recibió un informe parcial sobre 500 teléfonos en lugares claves. Llamarán a declarar a más de 80 agentes para que expliquen qué hacían ahí. Buscan desentrañar quién sería el efectivo de inteliencia que estuvo cerca de Lagomarsino ese domingo

Al misterio que rodea la muerte de Alberto Nisman, ocurrida hace seis años, se le suma un segundo interrogante que, pese al tiempo transcurrido, sigue sin respuestas: por qué el domingo 18 de enero de 2015, antes de que se descubriera en el baño de su departamento el cadáver del fiscal de la UFI AMIA con un tiro en la cabeza, la zona de Puerto Madero estaba “repleta” de espías. La pista de los investigadores para intentar develar ese enigma reside en el entrecruzamiento de unos 500 teléfonos que ya fue elevado a la fiscalía de Eduardo Taiano.

La fiscalía planea en febrero, apenas se reanude la actividad judicial, avanzar con la citación de más de 80 espías o ex espías, cuyos teléfonos impactaron en antenas de la zona de Puerto Madero y la Casa Rosada, y reportaron a sus jefes. Esos jefes hablaron por esas horas con distintos funcionarios del Ejecutivo de entonces. Quieren interrogarlos como testigos para saber qué hacían ahí. Y también quieren saber la identidad de un, hasta ahora, misterioso y supuesto agente que estuvo en cercanías de la casa de Diego Lagomarsino aquel domingo 18.

Como se trata de espías, sus nombres son secretos, insisten los investigadores. Pero en la nómina podría estar el ex agente de la SIDE Fernando Pocino, un radical que se había enfrentado al sector interno de Antonio “Jaime” Stiuso y había quedado posicionado cerca del kirchnerismo para el momento de la muerte de Nisman. Por ese entonces era director general de Reunión de Información. Hasta ahora, nunca declaró en la causa. Su nombre aparece ligado a otra explosión de llamados que hubo ese fin de semana entre figuras políticas y jerarcas de la AFI que había sido detectado por la División Fraudes Bancarios a fines de 2015.

En la lista de esas llamadas se mencionan también al hoy senador Oscar Parrilli, titular entonces de la AFI; al hoy viceministro de Justicia Juan Martín Mena -número 2 en la central de espías; al ex jefe del Ejército César Milani y a quien era el titular de la Policía Bonaerense, Hugo Matzkin, entre otras personas. Por entonces, en declaraciones públicas los ex funcionarios justificaron la intensidad de esos llamados en el robo de un misil en las afueras de La Plata ocurrido el jueves 15 de enero y en la seguridad del superclásico entre River y Boca que debía jugarse en Mar del Plata. Ese sábado 17 por la tarde también se incendió un sector de la Casa Rosada, que provocó que se perdiera información sobre cámaras de seguridad e ingresos y egresos de la Casa de Gobierno, según se detectó en la causa del memorándum

Hay otros dos indicios que siguen en la fiscalía y que podrían aportar nuevas pistas a la investigación del caso. El primero: el hallazgo de unos 20 equipos telefónicos, encontrados por la actual conducción de la AFI que fueron entregados a la fiscalía para que analice si pueden estar relacionados con la causa. Si puede servir o no al expediente, está por verse.

El segundo, y más prometedor para los investigadores, reside en una serie de escuchas registradas en el marco de una vieja causa conocida como “Dark Star”, que expuso una interna de espionaje e intervenciones a decenas de teléfonos de políticos, empresarios y agentes. Según pudo saber Infobae, la fiscalía pidió los audios originales de esas escuchas al juez Luis Rodríguez. Uno de los puntos que llamó la atención es que los audios del 17 de enero de 2015 no aparecían. Ahora, aparecieron, revelaron a Infobae las fuentes consultadas.

El entrecruzamiento de llamadas, sin embargo, no terminará ahí. Se espera una segunda tanda de análisis sobre las comunicaciones que tuvieron esas líneas con otros teléfonos a rastrear.

Cristina Kirchner (Aglaplata)Cristina Kirchner (Aglaplata)

Una suerte de mamushkas en donde pueda vislumbrarse un dato clave que permita relevar qué hacía el mundo del espionaje ese día y las comunicaciones que mantuvieron con funcionarios del Ejecutivo en una semana caliente: la denuncia de Alberto Nisman contra la entonces presidenta Cristina Kirchner por el encubrimiento al atentado de la AMIA, a través del Pacto con Irán, radicada el 14 de enero, había sacudido a la política local e internacional y deparaba horas de tensión el lunes 19 de enero cuando el Congreso esperaba al fiscal para interrogarlo por las pruebas de su acusación.

“Si tiramos del hilo correcto, por ahí aparece lo que buscamos”, dijeron a Infobae los investigadores frente a la complejidad del escenario y la posibilidad de que pueda no llegarse a nada concreto. “Uno habla del mundo de inteligencia y se imagina que atrás está James Bond. Y acá hay de todo: a veces están los SuperMarioBross y a veces hay gente profesional que si no quiere que existan huellas, sabe cómo hacer para no dejarlas”.

Teléfonos sin respuestas

La tarea del entrecruzamiento, insisten, es compleja. A eso se suma la burocracia: cada compañía telefónica tiene formas distintas de registrar las comunicaciones y el expediente al que accedió Infobae está repleto de órdenes de presentación y reclamos a las distintas compañías en busca de cómo acceder a esa prueba.

La regla es que el teléfono toma la antena más cercana. Pero la más cercana también puede ser un enigma: depende del clima, de las edificaciones, de si hay más antenas cercanas, de si en ese momento están colapsadas. Los investigadores piensan ese “más cercano” como un radio de unas diez cuadras.

Una vez que tuvieron los teléfonos a detectar, las computadoras, con el programa Y2 que se usó, se caían. “No agarraba por la cantidad de teléfonos que estuvimos entrecruzando. Se tata de llamados de línea o mensajes de texto que, a 2015, todavía era común usar”, explican. Quedan afuera, sin embargo, cualquier clase de comunicación por Whatsapp, que por esos días ya se usaba. Es más, el propio Nisman usó esa vía para mandarle a Waldo Woff la foto con el texto de su denuncia y los marcadores amarillos, preparando la presentación que haría en el Congreso el lunes 19.

Torre Le Parc, en Puerto Madero (Getty)Torre Le Parc, en Puerto Madero (Getty)

Lo que sí está claro es que no se trata de saber el contenido de lo que hablaban esos espías desde esos 500 teléfonos investigados. No hay posibilidades de tener esos datos porque los teléfonos no estaban intervenidos (salvo los del caso Dark Star), pero lo que sí tienen son los movimientos de los celulares en áreas que la fiscalía entiende sensibles.

“Llama la atención que hay mucha gente ese domingo en la zona de Puerto Madero hablando en forma directa con el Ejecutivo y en los alrededores de la casa de Diego Lagomarsino. ¿Por qué estaban ahí? Eso es lo que queremos saber –dicen las fuentes a Infobae. Se analizó un año entero de comunicaciones para saber si esos llamados eran habituales. La cantidad de gente que habló ese día no era normal”.

Tampoco -dicen- se explica el llamativo silencio de otros protagonistas justamente el día anterior. Precisamente, el sábado 17 de enero, el día en que Nisman estaba encerrado en su departamento. “El domingo hubo muchos agentes en la zona. El sábado, en cambio, es como si hubieran desaparecido”, señalan los investigadores.

La figura del espía Antonio “Jaime” Stiuso siempre fue incluida dentro de ese silencio. Es que, según está corroborado en la investigación, Nisman intentó comunicarse varias veces con Stiuso después de haber hecho su denuncia, pero no consiguió que el otro agente más poderoso del país respondiera sus llamadas. Stiuso había sido desplazado de la entonces SIDE en diciembre de 2014, mientras el gobierno de Cristina Kirchner lo denunciaba penalmente.

Stiuso, en su entrevista para el documental de NetflixStiuso, en su entrevista para el documental de Netflix

“No le contesté porque estaba el teléfono en vibrador. Y si hubiera escuchado no iba a hablar con él. Porque prendías la televisión y veías que era Stiuso y el títere Nisman. Lo iba a terminar de hundir si lo atendía, lo iba a llamar después que se presentara en el Congreso”, dijo Stiuso en el documental que hizo Netflix el año pasado. Allí, Stiuso ratificó su convicción de que a Nisman lo mataron. Y afirmó que a él CFK lo querría muerto.

En la causa, Stiuso declaró tres veces: la primera ante la primera fiscal Viviana Fein; la segunda ante la jueza Fabiana Palmaghini; la tercera vez fue revelada por Infobae hace un año. Después de la segunda declaración de Stiuso, Palmaghini entendió que el caso debía pasar a la justicia federal. En los tribunales de Comodoro Py se estableció que la muerte de Nisman fue un homicidio cometido en el marco de su trabajo. El asesino y las razones específicas de ese crimen, sin embargo, son por ahora un misterio.

El foco en Lagomarsino

Diego Lagomarsino (Télam)Diego Lagomarsino (Télam)

Lagomarsino está procesado como partícipe necesario del homicidio. Es por haber entregado la pistola Bersa calibre 22 desde la que se disparó el tiro fatal en la sien de Nisman. El perito informático insistió ante la Justicia y ante los medios que el fiscal le pidió que lo ayudara y le prestara esa arma para defenderse por si aparecía “algún loquito” que quisiera agredirlo tras su denuncia contra Cristina Kirchner.

El perito informático que no apeló su procesamiento. Su defensa asegura que quiere que se lo mande a juicio ya mismo, junto a los cuatro custodios que ese fin de semana debían garantizar la seguridad del titular de la UFI AMIA y que están procesados por encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Para la fiscalía, sin embargo, la investigación sobre Lagomarsino no está cerrada. Y tampoco para los custodios hasta que no puedan analizar los equipos electrónicos que se secuestraron en la casa de esos policías y del perito informático (unas 200 computadoras, chips, discos externos y hasta una play station) . La defensa de Lagomarsino se opone a que ese material sea revisado por el fiscal Taiano en vez de por el juez Julian Ercolini. El tema está en discusión en la Corte Suprema.

Pero las sospechas sobre Lagomarsino siguen en la fiscalía. Y uno de los focos del entrecruzamiento de llamados sobre el que la fiscalía puso la mira es en la presencia de un teléfono de la AFI en las inmediaciones de la casa de Lagomarsino el domingo 18 de enero de 2015. Hasta el día de hoy, la Justicia dice no saber quién era el usuario de ese teléfono y por qué estaba allí. Lo que saben es quién tenía en la AFI asignado ese teléfono y que se activó en la antena de la casa de Lagomarsino. Entre la lista de esos espías o ex espías que convocarán en breve está el hombre que tenía a su cargo la flota para que revele a quién le entregó ese teléfono.

De la reconstrucción que hicieron sobre ese número en particular, los investigadores sostienen que lo que saben es que ese domingo 18 de enero de 2015 ese teléfono estuvo en cercanías de la casa de Lagomarsino durante casi todo el día. Solo se fue un rato a la tarde y después reapareció. Si eso implica que pudo haber estado dentro de la casa de Lagomarsino, si pudo haberlo estado vigilando o “si tenía una tía que justo fue a visitar ese domingo”, en la Justicia nadie puede decirlo.

Lagomarsino, sin embargo, asegura que hay una novela montada detrás de ese teléfono. Afirma que insisten ligarlo con eso a los servicios de inteligencia, cuando puede ser un agente que vive en la zona de su casa.

La defensa de Lagomarsino, en tanto, apostaba a que se citara a declarar a todos los expertos que participaron de los peritajes médicos y criminalísticos durante la causa. Eso iba desde los que hicieron la autopsia, a los que participaron de la junta interdisciplinaria y los que hicieron el estudio de Gendarmería que habló del homicidio. La fiscalía ya rechazó esa posibilidad. “Nuestra base es lo que dijo la Junta Interdisciplinaria. Para nosotros la cuestión está zanjada”, afirman los investigadores. Sin embargo, la defensa de Lagomarsino apeló esa negativa.

El agente del Mossad

La investigación, en tanto, también se bifurca hacia el plano internacional y se aguarda con expectativa saber si se podrá interrogar a Uzi Shaya, un espía del Mossad que aseguró en la televisión israelí a mitad de 2020 que se había reunido con Nisman antes de que el fiscal radicara su denuncia contra CFK y dijo haberle entregado pruebas sobre supuestos pagos del régimen de Teherán a funcionarios argentinos.

Por lo pronto, el juez Ercolini prepara un pedido a la justicia israelí, vía Cancillería, para interrogar por videoconferencia a Uzi Shaya. La defensa ya aportó su pliego de preguntas, al que accedió Infobae, en donde piden precisiones sobre el encuentro, detalles sobre un trabajo para los fondos buitres y certezas sobre la entregada de material. Para los próximos días se espera conocer qué quiere preguntar la querella de Sara Garfunkel, madre de Nisman. ¿Permitirá el Mossad que declare un espía? La Justicia argentina aún no lo sabe. Ni siquiera pudo confirmar si ese hombre es realmente un espía, señalaron a Infobae.

No obstante, los investigadores localizaron a través de un periodista argentino a la periodista que le hizo la nota, Illana Dayan. Ella dijo que sí pero que tenía que consultar al área de legales de su empresa. Después ya no contestó los pedidos de los investigadores argentinos para poder concretar su testimonio.

Lo que dijo a la prensa este presunto agente israelí es que contactó a Nisman cuando estaba en Europa. Para los investigadores argentinos, esa versión aparece cuanto menos sospechosa. En la causa ya está acreditado que Nisman tenía los pasajes de vuelta antes de haber partido rumbo a Europa a pasar sus vacaciones con sus hijas. Además, la versión del agente da a entender que se reunieron en Madrid, pero el fiscal de la UFI AMI solo estuvo unas horas en esa ciudad y en el aeropuerto para emprender su regreso a Buenos Aires. Oscuridades que aún no pueden iluminarse.

FUENTE : INFOBAE

FOTO TAPA : RPP

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El MTE se retiró del campo en El Marquesado de forma “pacífica”

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Después de varias horas de tensión y momentos de violencia, los integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) se retiraron del campo ubicado en el barrio El Marquesado de Mar del Plata.

“Quedaron solamente dos, y el casero que va a quedarse con ellos”, informó Martín Ferlauto, secretario de Seguridad, en diálogo con Ahora Mar del Plata. Consultado sobre la retirada, el funcionario contestó que fue “pacífica” y además confirmó que quedará custodia policial en el sector durante la noche de este sábado.

El predio conformado por 140 hectáreas y ubicado en el barrio El Marquesado fue entonces desalojado, tal como habían acordado con las autoridades. En el conflicto intervino la policía, el Poder Judicial y la Municipalidad de General Pueyrredon.

Más allá de los reclamos de los vecinos, de la postura del gobierno local y de las expresiones de políticos en redes sociales, desde el Movimiento hicieron hincapié en la legitimidad para explotar los terrenos de Playa Escondida, al sur de Mar del Plata.

“En esas tierras, cedidas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe) a la ONG Tercer Tiempo, se llevará adelante un Proyecto de Producción Agroecológica donde trabajarán productores rurales del cordón frutihortícola de la ciudad, proyecto que permitirá el abastecimiento local con alimentos de calidad. Se trata de la concreción de una propuesta histórica para dichas tierras, pensado con la construcción del Complejo Turístico Chapadmalal”, habían declarado mediante un comunicado en la tarde del sábado.

“Están trabajando profesionales de la Universidad Nacional de Mar del Plata y del Conicet con todos los estudios de suelo correspondientes y necesarios. Es el equipo que evaluará la viabilidad de cada sector del predio según las funciones que permitan las tierras”, extendieron.

El proyecto se suma a otras iniciativas en Argentina, que buscan afianzar la agricultura familiar, resolviendo las dificultades del acceso a la tierra para muchas personas que actualmente trabajan en condiciones de arrendamientos costosos y precarios”, afirmaron.

“Se promueven nuevas formas de producir en armonía con el medio ambiente; cuidando la salud de quienes producen y consumen, para que la población acceda a alimentos sanos y a precios justos”, comentaron luego.

“Actualmente hicimos posesión del predio y su custodia, como lo marca el convenio firmado el 16 de febrero del corriente año y por el cual nos apersonamos. No se instalará ningún asentamiento, sino que allí vivirán quienes trabajen la tierra”, aseguraron.

Frente al conflicto que ocurren en El Marquesado donde los vecinos amanecieron con la presencia de 40 personas con “pecheras del MTE” liderado por Grabois en el marco del proyecto para ceder 140 hectáreas a más de 100 familias, explotar las tierras y realizar viviendas sociales el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, se expresó mediante redes sociales.

En principió, declaró: “Lo que está pasando en la zona de El Marquesado es de extrema gravedad. Porque mientras los marplatenses trabajan todos los días con esfuerzo para progresar y hacer crecer a la ciudad, otros proponen regalar tierras, con fines político partidarios, haciendo las cosas como no se debe y de forma totalmente ilegítima”.

Asimismo, agregó: “Estamos en contacto con los vecinos, trabajando con las Fuerzas de Seguridad y la Justicia para frenar estas acciones que no avalamos de ninguna manera. Siempre voy a defender a los que laburan y se rompen el lomo. Fuera de la ley, nada”.

En la misma línea, los residentes del lugar cortaron la ruta 11 para pedir visibilizar y reclamar lo sucedido: “Entraron con 40 personas del MTE y están queriendo desalojar al hombre que vive en el campo”. Asimismo, afirmó uno de los vecinos  :”No tenemos cloacas, ni gas. Si hacen pozos ciegos se pueden contaminar las napas. Tenemos claro como terminan los proyectos sociales lo vimos a lo largo del país. Ninguno de los vecinos estamos a favor, nosotros compramos nuestros terrenos con años de trabajo”.

Diez Ahora

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Como afecta la caida de los sistemas informativos del poder judicial a los ciudadanos, explicado por la Dra Paula Braciale

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El dia viernes en la edición habitual de Rumbo 23 ( radio XFN.com y canal 41 TDA television abierta libre y gratuita)  la Dra Paula Braciale estuvo en comunicación con la Dra Mariela Valle y el martillero Bernardo Giles.

 

De manera clara, para todo Mar del Plata y Batan  la doctora Paula Bracciale, quien encabezó la Lista Bordó y Blanca en el Colegio de Abogados de Mar del Plata, habló sobre los servicios centralizados del poder judicial que no están funcionando, entre ellos el portal de notificaciones y presentaciones electrónicas. “El acceso a la justicia es un derecho constitucional que tiene cada ciudadano y cada habitante de nuestro país y, desde el comienzo de este año, los abogados que ejercemos la profesión en el poder judicial estamos viviendo una situación muy crítica por la falta de funcionamiento de la página de la Corte de la Provincia y la mesa de entrada virtual que funciona mal”, explicó.
Si bien puede llegar a parecer un tema técnico que afecta el dia a dia el trabajo de los abogados, la Dra Braciale dejo en claro que es el acceso de la población, del ciudadano a su derecho a la justicia el que se ve afectado.
Para que se entienda, junto a la Dra Valle dieron claros ejemplos de como nos afecta esta situacion a todos. Desde un reclamo de alimentos en situaciones de vulnerabilidad en el fuero de familia hasta resoluciones de conflictos civiles y comerciales. “Un amparo de salud, el cobro de una indemnización , no pueden esperar y tenemos que dar una respuesta”, concluyó.
Tambien, los abogados se encuentran impedidos de ejercer su profesion libremente, por razones ajenas a sus posibilidades, en claro conflicto con sus necesidades diarias. Detrás de cada profesional, hay siempre una familia, reflexionaron juntos en Rumbo 23.
Dejanos tus consultas al Whatsapp de la radio: 223 60 22 223.
Dra Mariela N Valle
Martillero Bernardo Giles

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No fue lawfare: mentiras y trampas en el juicio de Vialidad que condenó a Cristina

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Abogados que ocultaron tramos de documentos oficiales en que basaron las defensas porque lo omitido hundía a sus clientes. O que le enrostraron a la Fiscalía haber lanzado afirmaciones que en realidad nunca lanzó para confundir al tribunal o a la opinión pública. O que denunciaron la violación del derecho de defensa por no haber sido notificados sobre la incorporación de una prueba al expediente cuando sí fueron notificados. O varios peritos de parte y testigos que orillaron el falso testimonio con afirmaciones sesgadas. O empleados de Vialidad que… la lista continúa.

El Tribunal Oral Federal que condenó a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la “causa Vialidad” reflejó en el fallo que difundió este jueves múltiples episodios en los que las defensas intentaron jugadas, como mínimo, polémicas. Tanto, que el tribunal le notificó lo ocurrido al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal para que “fiscalice las temerarias intervenciones profesionales” y, acaso, aplique sanciones disciplinarias.

Esas “temerarias intervenciones” de los abogados reflejaron un contraste notorio entre las acusaciones de lawfare y lo que salió a la luz, con evidencias concretas, durante las audiencias del juicio oral, según surge de la sentencia de 1616 páginas que rubricaron los magistrados Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

De hecho, el tribunal remarcó a lo largo del fallo que algunas defensas incurrieron repetidas veces en una “actitud estratégica de elegir los presupuestos de la acusación para luego poder defenderse de dichos extremos inexistentes”, lo que calificó como “una verdadera y despiadada lucha contra los molinos de viento”. ¿Por qué? Porque para algunas defensas, según el estimó el tribunal, lo más importante no se dirimía en las audiencias del juicio, sino en “la instalación de una narrativa en el plano extraprocesal”. Es decir, la difusión de un relato ante la opinión pública a través de los medios de comunicación y propaganda afines.

La lectura del fallo aporta numerosos ejemplos. Entre ellos, cuando los defensores de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, remarcaron que no había mensajes directos entre la entonces Presidenta y su secretario de Obras Públicas, José López, y esgrimieron esa ausencia como una prueba irrefutable de la inocencia de su defendida. “¿Esperaban que la Presidenta de la Nación chateara personalmente con López?”, se preguntó el tribunal. “¿Quién más que la entonces Presidenta, a través de su asistente personal, podría ordenarle a un Secretario de Estado que se hiciese presente en la quinta de Olivos o en Casa de Gobierno a una hora determinada?”, plantearon Gorini, Giménez Uriburu y Basso, para luego indicar que esa jugada defensiva era “realmente llamativa” y “manifiestamente endeble”.

El letrado de Lázaro Báez, Juan Martín Villanueva, fue, sin embargo, el que protagonizó más episodios cuestionablesc como cuando sostuvo que su cliente había sido un empleado bancario que ascendió en el escalafón hasta convertirse en el máximo ejecutivo del Banco de Santa Cruz, y le enrostró al fiscal Diego Luciani haber dicho que era mero “cajero” bancario.

Pero eso era falso. Luciani jamás lo dijo, aclaró el tribunal. “Si alguien utilizó ese término fue la propia defensa de Báez, la que puso ese concepto en boca de los Fiscales para luego poder cuestionarlo y probar un pretenso yerro tanto en el plano procesal como en el mediático”. Y más allá de eso, el tribunal le recordó que lo esencial del debate pasó por otro lado: ¿tenía Báez experiencia en la obra pública? Y allí tropezó su defensa: “El intento de la defensa técnica de Báez de presentarlo como un avezado directivo de una empresa constructora es directamente una farsa”, concluyeron los magistrados. Una y otra vez, empero, Báez y sus letrados incurrieron en “falsedades” o “falacias”, según el tribunal. Por ejemplo, cuando quisieron sostener que Austral Construcciones se constituyó en abril de 2003 y acusaron a los fiscales de “falsear” el acta constitutiva porque “no les servía la verdad”, lo que también levantó y difundió la maquinaria de difusión cercana al kirchnerismo. Pero en realidad, según verificó el tribunal, la Fiscalía tenía la razón, apoyado en un documento que así lo demostró y que conocían todas las partes. “Nos enfrentamos, una vez más, frente a un artilugio defensista cimentado en una nueva falsedad”, estimó el tribunal.

La diferencia entre el relato y las evidencias también quedó expuesta cuando se analizó cómo fue el proceso de recálculo en las obras otorgadas a Báez. La defensa invocó un informe que aportó la Dirección Nacional de Vialidad que calificó como “una prueba central” que demostraba “dos mentiras” de la Fiscalía y cuya solidez era “incontrovertible”. Pero, ¿qué pasó? Según el tribunal, la defensa incurrió en un “berenjenal comparativo” que lo llevó a esbozar conclusiones erróneas o, peor, “opuestas” a las reales.

“La treta”

Lo mismo, aclaró el tribunal, ocurrió cuando se analizaron la ampliación del plazo o las redeterminaciones de precios en las obras, entre otros ejes. “Una vez más, las defensas escogieron ellas mismas los ejes sobre los que ejercer su defensa, y en ese afán realizaron estruendosas y simbióticas alegaciones sobre la licitud del procedimiento, el acierto en los cálculos y el sacrificio económico que resultaba su aplicación para las empresas”, destacaron los magistrados, cuando en realidad lo nuclear pasaba por otro lado. “El yerro en el que caen las defensas […] se encuentra íntimamente vinculado al escandaloso sistema de aprobación de las ampliaciones de plazos y modificaciones de obras (por su automaticidad, inmotivación, falta de acreditación, justificación, control y fundamento, etc.) que lo antecedió, pues ahí residía la treta”.

Lejos de amilanarse, sin embargo, las defensas redoblaron la apuesta. También buscaron relativizar la importancia de que Báez tuviera tanta preponderancia en el reparto de la obra pública en Santa Cruz. Para eso plantearon que en cada provincia suele haber una constructora con mayor peso porque, por ejemplo, está localizada allí, con sus maquinarias y personal, lo que buscó probar el letrado de Báez con un documento que, según alertó el tribunal, “no cuenta con la totalidad del universo de obras financiadas y/o ejecutadas por la Dirección Nacional de Vialidad en el período en cuestión”.

El tribunal requirió entonces más información oficial y lo que obtuvo, lejos de beneficiar a los acusados, los complicó aún más. “La comparación completa y fundamentada en datos es apabullante”, destacaron Gorini, Giménez Uriburu y Basso, que se apoyaron en datos “objetivos y verificables” para evaluar la distribución de sus negocios, y deploraron lo que calificaron como “pseudos conocimientos especiales” que invocaron los letrados y que fueron levantados por los medios de comunicación más afines al Frente de Todos.

Testigos y peritos de parte

En otros tramos de la sentencia, el tribunal también criticó la actuación de varios testigos y peritos propuestos por las defensas. Entre ellas, una ingeniera designada como perito por la defensa de la actual vicepresidenta, Adriana Alperovich, quien para apoyar a quien la había contratado llegó a utilizar “bibliografía estudiantil guatemalteca, peruana y colombiana, sin precisar sus antecedentes, calificación y rigurosidad técnica”. Eran tesis de grado.

Eso no fue todo. “Sobrepasando los límites de la tarea pericial que le fuera encomendada”, Alperovich “omitió deliberadamente su abordaje completo y recurrió a normas, dictámenes y antecedentes que no resultan ni remotamente aplicables al caso”, indicó el tribunal, hasta ofrecer “una versión exculpatoria que no resiste el menor análisis técnico”. Pero su relevancia en los tribunales fue lo de menos. Su testimonio fue ensalzado por la defensa y levantado por los medios de comunicación afines como “la única que hizo un estudio serio” y “quien de manera fundada descartó la acusación de sobreprecio. En la misma línea, varios testigos quedaron bajo la lupa, como Daniel Semino o Laura Hindie, que durante el juicio intentó relativizar lo que ella misma, como jefa de Legales del Distrito 23° de Vialidad, había sostenido apenas nueve meses después de ocurridos los hechos. ¿Qué pasó en el medio? Que asumió como diputada por el Frente de Todos. Para el tribunal, su giro resultó una “calculada y casi frívola mutación” que la llevó a modificar “su percepción de los hechos de manera infantil y con un sentido de la oportunidad asombroso”. Pero en las usinas de propaganda fue presentada como “una testigo fundamental”.

Como el de Hindie, los defensores y medios afines al kirchnerismo también propalaron el testimonio de Justo Pastor Romero, un auditor de Vialidad Nacional que al declarar durante el juicio oral “escondió en su fundamentación un error de base” conceptual, según el tribunal, y lanzó “temerarias interpretaciones” sobre un informe, “totalmente opuestas a las aclaraciones que realizaron sus hacedores en relación a sus alcances”. Y otra vez se repitió la dinámica: los magistrados desconfiaron de su credibilidad, al punto de indicar que les pareció que estaba “constantemente repitiendo un libreto”. ¿Y los medios de propaganda oficialistas? Lo definieron como “otro testigo demoledor”.

Columnas y notificaciones

Sin embargo, el tribunal estimó que no sólo ciertos testigos parecieron seguir un libreto propio. También la defensa de Báez editó el contenido de los “reporte por certificación de obra” que expuso durante el juicio. “Para empezar, [el material] se trata de una muestra parcializada del informe en cuestión”, alertaron los magistrados, que lo compararon con el informe completo. “Como puede verse de una simple comparación, 6 columnas han sido suprimidas del documento en ciernes”.

Pero si el uso de información parcial o manipulada durante un juicio resulta cuestionable, casi todas las defensas incurrieron en otro error, decisivo en el resultado final del proceso. Ocurrió cuando se incorporó a la “causa Vialidad” evidencias de otra investigación, la 12.441/2008. Es decir, el contenido de los teléfonos de José López; en particular, los mensajes que el exsecretario de Obras Públicas cruzó con los secretarios privados de Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Báez y su alfil en Austral Construcciones, Julio Mendoza.

La tormenta se desató cuando el fiscal Luciani usó esos mensajes en su alegato de manera intensiva. Las defensas clamaron que se violaba el principio de defensa en juicio de sus clientes y que jamás habían sido notificados sobre el eventual uso de ese material, lo que amplificaron sus canales habituales de difusión y propaganda, donde se afirmó que era “una prueba introducida silenciosamente en el juicio”, sin que las partes pudieran objetar su inclusión.

La realidad fue, otra vez, distinta. Así lo expuso el tribunal en su sentencia: “Las alegaciones introducidas por algunas defensas en torno a la supuesta sorpresa que habría significado para esas partes el hecho de conocer el contenido de esa prueba recién durante el alegato de clausura fiscal resultan completamente inadmisible”. ¿Por qué? Porque la Fiscalía pidió incorporar ese material al expediente mucho antes del inicio del juicio, todas las partes fueron notificadas de su interés e invitadas a compulsar ese material, que quedó a disposición de todos desde noviembre de 2017, tanto en la sede del tribunal como en forma digital.

Dicho de otro modo: las defensas sí fueron notificadas sobre el eventual uso de los teléfonos de López como prueba, pero no reaccionaron. Para el tribunal, la conclusión es tan clara como tajante: “Independientemente de si se trató de una decisión deliberada o una negligencia en el ejercicio del ministerio de la defensa, lo que de ninguna manera puede permitirse es atribuir ni vincular esa supuesta sorpresa con el comportamiento procesal que ha tenido este tribunal”.

 

 

Hugo Alconada Mon para La Nacion

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