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Tras seis años, la Justicia sigue sin explicarse por qué Puerto Madero estaba repleto de espías el día de la muerte de Nisman

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El fiscal de la causa recibió un informe parcial sobre 500 teléfonos en lugares claves. Llamarán a declarar a más de 80 agentes para que expliquen qué hacían ahí. Buscan desentrañar quién sería el efectivo de inteliencia que estuvo cerca de Lagomarsino ese domingo

Al misterio que rodea la muerte de Alberto Nisman, ocurrida hace seis años, se le suma un segundo interrogante que, pese al tiempo transcurrido, sigue sin respuestas: por qué el domingo 18 de enero de 2015, antes de que se descubriera en el baño de su departamento el cadáver del fiscal de la UFI AMIA con un tiro en la cabeza, la zona de Puerto Madero estaba “repleta” de espías. La pista de los investigadores para intentar develar ese enigma reside en el entrecruzamiento de unos 500 teléfonos que ya fue elevado a la fiscalía de Eduardo Taiano.

La fiscalía planea en febrero, apenas se reanude la actividad judicial, avanzar con la citación de más de 80 espías o ex espías, cuyos teléfonos impactaron en antenas de la zona de Puerto Madero y la Casa Rosada, y reportaron a sus jefes. Esos jefes hablaron por esas horas con distintos funcionarios del Ejecutivo de entonces. Quieren interrogarlos como testigos para saber qué hacían ahí. Y también quieren saber la identidad de un, hasta ahora, misterioso y supuesto agente que estuvo en cercanías de la casa de Diego Lagomarsino aquel domingo 18.

Como se trata de espías, sus nombres son secretos, insisten los investigadores. Pero en la nómina podría estar el ex agente de la SIDE Fernando Pocino, un radical que se había enfrentado al sector interno de Antonio “Jaime” Stiuso y había quedado posicionado cerca del kirchnerismo para el momento de la muerte de Nisman. Por ese entonces era director general de Reunión de Información. Hasta ahora, nunca declaró en la causa. Su nombre aparece ligado a otra explosión de llamados que hubo ese fin de semana entre figuras políticas y jerarcas de la AFI que había sido detectado por la División Fraudes Bancarios a fines de 2015.

En la lista de esas llamadas se mencionan también al hoy senador Oscar Parrilli, titular entonces de la AFI; al hoy viceministro de Justicia Juan Martín Mena -número 2 en la central de espías; al ex jefe del Ejército César Milani y a quien era el titular de la Policía Bonaerense, Hugo Matzkin, entre otras personas. Por entonces, en declaraciones públicas los ex funcionarios justificaron la intensidad de esos llamados en el robo de un misil en las afueras de La Plata ocurrido el jueves 15 de enero y en la seguridad del superclásico entre River y Boca que debía jugarse en Mar del Plata. Ese sábado 17 por la tarde también se incendió un sector de la Casa Rosada, que provocó que se perdiera información sobre cámaras de seguridad e ingresos y egresos de la Casa de Gobierno, según se detectó en la causa del memorándum

Hay otros dos indicios que siguen en la fiscalía y que podrían aportar nuevas pistas a la investigación del caso. El primero: el hallazgo de unos 20 equipos telefónicos, encontrados por la actual conducción de la AFI que fueron entregados a la fiscalía para que analice si pueden estar relacionados con la causa. Si puede servir o no al expediente, está por verse.

El segundo, y más prometedor para los investigadores, reside en una serie de escuchas registradas en el marco de una vieja causa conocida como “Dark Star”, que expuso una interna de espionaje e intervenciones a decenas de teléfonos de políticos, empresarios y agentes. Según pudo saber Infobae, la fiscalía pidió los audios originales de esas escuchas al juez Luis Rodríguez. Uno de los puntos que llamó la atención es que los audios del 17 de enero de 2015 no aparecían. Ahora, aparecieron, revelaron a Infobae las fuentes consultadas.

El entrecruzamiento de llamadas, sin embargo, no terminará ahí. Se espera una segunda tanda de análisis sobre las comunicaciones que tuvieron esas líneas con otros teléfonos a rastrear.

Cristina Kirchner (Aglaplata)Cristina Kirchner (Aglaplata)

Una suerte de mamushkas en donde pueda vislumbrarse un dato clave que permita relevar qué hacía el mundo del espionaje ese día y las comunicaciones que mantuvieron con funcionarios del Ejecutivo en una semana caliente: la denuncia de Alberto Nisman contra la entonces presidenta Cristina Kirchner por el encubrimiento al atentado de la AMIA, a través del Pacto con Irán, radicada el 14 de enero, había sacudido a la política local e internacional y deparaba horas de tensión el lunes 19 de enero cuando el Congreso esperaba al fiscal para interrogarlo por las pruebas de su acusación.

“Si tiramos del hilo correcto, por ahí aparece lo que buscamos”, dijeron a Infobae los investigadores frente a la complejidad del escenario y la posibilidad de que pueda no llegarse a nada concreto. “Uno habla del mundo de inteligencia y se imagina que atrás está James Bond. Y acá hay de todo: a veces están los SuperMarioBross y a veces hay gente profesional que si no quiere que existan huellas, sabe cómo hacer para no dejarlas”.

Teléfonos sin respuestas

La tarea del entrecruzamiento, insisten, es compleja. A eso se suma la burocracia: cada compañía telefónica tiene formas distintas de registrar las comunicaciones y el expediente al que accedió Infobae está repleto de órdenes de presentación y reclamos a las distintas compañías en busca de cómo acceder a esa prueba.

La regla es que el teléfono toma la antena más cercana. Pero la más cercana también puede ser un enigma: depende del clima, de las edificaciones, de si hay más antenas cercanas, de si en ese momento están colapsadas. Los investigadores piensan ese “más cercano” como un radio de unas diez cuadras.

Una vez que tuvieron los teléfonos a detectar, las computadoras, con el programa Y2 que se usó, se caían. “No agarraba por la cantidad de teléfonos que estuvimos entrecruzando. Se tata de llamados de línea o mensajes de texto que, a 2015, todavía era común usar”, explican. Quedan afuera, sin embargo, cualquier clase de comunicación por Whatsapp, que por esos días ya se usaba. Es más, el propio Nisman usó esa vía para mandarle a Waldo Woff la foto con el texto de su denuncia y los marcadores amarillos, preparando la presentación que haría en el Congreso el lunes 19.

Torre Le Parc, en Puerto Madero (Getty)Torre Le Parc, en Puerto Madero (Getty)

Lo que sí está claro es que no se trata de saber el contenido de lo que hablaban esos espías desde esos 500 teléfonos investigados. No hay posibilidades de tener esos datos porque los teléfonos no estaban intervenidos (salvo los del caso Dark Star), pero lo que sí tienen son los movimientos de los celulares en áreas que la fiscalía entiende sensibles.

“Llama la atención que hay mucha gente ese domingo en la zona de Puerto Madero hablando en forma directa con el Ejecutivo y en los alrededores de la casa de Diego Lagomarsino. ¿Por qué estaban ahí? Eso es lo que queremos saber –dicen las fuentes a Infobae. Se analizó un año entero de comunicaciones para saber si esos llamados eran habituales. La cantidad de gente que habló ese día no era normal”.

Tampoco -dicen- se explica el llamativo silencio de otros protagonistas justamente el día anterior. Precisamente, el sábado 17 de enero, el día en que Nisman estaba encerrado en su departamento. “El domingo hubo muchos agentes en la zona. El sábado, en cambio, es como si hubieran desaparecido”, señalan los investigadores.

La figura del espía Antonio “Jaime” Stiuso siempre fue incluida dentro de ese silencio. Es que, según está corroborado en la investigación, Nisman intentó comunicarse varias veces con Stiuso después de haber hecho su denuncia, pero no consiguió que el otro agente más poderoso del país respondiera sus llamadas. Stiuso había sido desplazado de la entonces SIDE en diciembre de 2014, mientras el gobierno de Cristina Kirchner lo denunciaba penalmente.

Stiuso, en su entrevista para el documental de NetflixStiuso, en su entrevista para el documental de Netflix

“No le contesté porque estaba el teléfono en vibrador. Y si hubiera escuchado no iba a hablar con él. Porque prendías la televisión y veías que era Stiuso y el títere Nisman. Lo iba a terminar de hundir si lo atendía, lo iba a llamar después que se presentara en el Congreso”, dijo Stiuso en el documental que hizo Netflix el año pasado. Allí, Stiuso ratificó su convicción de que a Nisman lo mataron. Y afirmó que a él CFK lo querría muerto.

En la causa, Stiuso declaró tres veces: la primera ante la primera fiscal Viviana Fein; la segunda ante la jueza Fabiana Palmaghini; la tercera vez fue revelada por Infobae hace un año. Después de la segunda declaración de Stiuso, Palmaghini entendió que el caso debía pasar a la justicia federal. En los tribunales de Comodoro Py se estableció que la muerte de Nisman fue un homicidio cometido en el marco de su trabajo. El asesino y las razones específicas de ese crimen, sin embargo, son por ahora un misterio.

El foco en Lagomarsino

Diego Lagomarsino (Télam)Diego Lagomarsino (Télam)

Lagomarsino está procesado como partícipe necesario del homicidio. Es por haber entregado la pistola Bersa calibre 22 desde la que se disparó el tiro fatal en la sien de Nisman. El perito informático insistió ante la Justicia y ante los medios que el fiscal le pidió que lo ayudara y le prestara esa arma para defenderse por si aparecía “algún loquito” que quisiera agredirlo tras su denuncia contra Cristina Kirchner.

El perito informático que no apeló su procesamiento. Su defensa asegura que quiere que se lo mande a juicio ya mismo, junto a los cuatro custodios que ese fin de semana debían garantizar la seguridad del titular de la UFI AMIA y que están procesados por encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Para la fiscalía, sin embargo, la investigación sobre Lagomarsino no está cerrada. Y tampoco para los custodios hasta que no puedan analizar los equipos electrónicos que se secuestraron en la casa de esos policías y del perito informático (unas 200 computadoras, chips, discos externos y hasta una play station) . La defensa de Lagomarsino se opone a que ese material sea revisado por el fiscal Taiano en vez de por el juez Julian Ercolini. El tema está en discusión en la Corte Suprema.

Pero las sospechas sobre Lagomarsino siguen en la fiscalía. Y uno de los focos del entrecruzamiento de llamados sobre el que la fiscalía puso la mira es en la presencia de un teléfono de la AFI en las inmediaciones de la casa de Lagomarsino el domingo 18 de enero de 2015. Hasta el día de hoy, la Justicia dice no saber quién era el usuario de ese teléfono y por qué estaba allí. Lo que saben es quién tenía en la AFI asignado ese teléfono y que se activó en la antena de la casa de Lagomarsino. Entre la lista de esos espías o ex espías que convocarán en breve está el hombre que tenía a su cargo la flota para que revele a quién le entregó ese teléfono.

De la reconstrucción que hicieron sobre ese número en particular, los investigadores sostienen que lo que saben es que ese domingo 18 de enero de 2015 ese teléfono estuvo en cercanías de la casa de Lagomarsino durante casi todo el día. Solo se fue un rato a la tarde y después reapareció. Si eso implica que pudo haber estado dentro de la casa de Lagomarsino, si pudo haberlo estado vigilando o “si tenía una tía que justo fue a visitar ese domingo”, en la Justicia nadie puede decirlo.

Lagomarsino, sin embargo, asegura que hay una novela montada detrás de ese teléfono. Afirma que insisten ligarlo con eso a los servicios de inteligencia, cuando puede ser un agente que vive en la zona de su casa.

La defensa de Lagomarsino, en tanto, apostaba a que se citara a declarar a todos los expertos que participaron de los peritajes médicos y criminalísticos durante la causa. Eso iba desde los que hicieron la autopsia, a los que participaron de la junta interdisciplinaria y los que hicieron el estudio de Gendarmería que habló del homicidio. La fiscalía ya rechazó esa posibilidad. “Nuestra base es lo que dijo la Junta Interdisciplinaria. Para nosotros la cuestión está zanjada”, afirman los investigadores. Sin embargo, la defensa de Lagomarsino apeló esa negativa.

El agente del Mossad

La investigación, en tanto, también se bifurca hacia el plano internacional y se aguarda con expectativa saber si se podrá interrogar a Uzi Shaya, un espía del Mossad que aseguró en la televisión israelí a mitad de 2020 que se había reunido con Nisman antes de que el fiscal radicara su denuncia contra CFK y dijo haberle entregado pruebas sobre supuestos pagos del régimen de Teherán a funcionarios argentinos.

Por lo pronto, el juez Ercolini prepara un pedido a la justicia israelí, vía Cancillería, para interrogar por videoconferencia a Uzi Shaya. La defensa ya aportó su pliego de preguntas, al que accedió Infobae, en donde piden precisiones sobre el encuentro, detalles sobre un trabajo para los fondos buitres y certezas sobre la entregada de material. Para los próximos días se espera conocer qué quiere preguntar la querella de Sara Garfunkel, madre de Nisman. ¿Permitirá el Mossad que declare un espía? La Justicia argentina aún no lo sabe. Ni siquiera pudo confirmar si ese hombre es realmente un espía, señalaron a Infobae.

No obstante, los investigadores localizaron a través de un periodista argentino a la periodista que le hizo la nota, Illana Dayan. Ella dijo que sí pero que tenía que consultar al área de legales de su empresa. Después ya no contestó los pedidos de los investigadores argentinos para poder concretar su testimonio.

Lo que dijo a la prensa este presunto agente israelí es que contactó a Nisman cuando estaba en Europa. Para los investigadores argentinos, esa versión aparece cuanto menos sospechosa. En la causa ya está acreditado que Nisman tenía los pasajes de vuelta antes de haber partido rumbo a Europa a pasar sus vacaciones con sus hijas. Además, la versión del agente da a entender que se reunieron en Madrid, pero el fiscal de la UFI AMI solo estuvo unas horas en esa ciudad y en el aeropuerto para emprender su regreso a Buenos Aires. Oscuridades que aún no pueden iluminarse.

FUENTE : INFOBAE

FOTO TAPA : RPP

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LA HIJA DE HUGO MOYANO CONDENADA EN CAUSA POR LAVADO DE DINERO

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La Cámara Federal de La Plata confirmó este miércoles la decisión que se había tomado durante la instrucción del caso en Lomas de Zamora: a Karina Moyano, hija del líder camionero, le serán retenidos 600 mil pesos y 434 mil dólares, como parte de un expediente por lavado de dinero. Ese dinero fue encontrado en su domicilio tras un allanamiento que se realizó en relación a un caso de narcotráfico. Además, se investiga el origen de los fondos.

Aunque su abogado defensor anticipó que va a apelar la medida, ya hay en sede judicial una resolución firme para que la hija de Hugo Moyano devuelva los fondos cuestionados.

Para el titular de Camioneros, todo se enmarca en una campaña mediática en su contra. “No respetan a los jueces con autoridad como el juez Villena”, sostuvo y cuestionó al diario La Nación, que informó sobre los vericuetos judiciales de su hija. “Estos señores vienen a hablar de autoridad moral”.

En la justicia, el análisis fue otro. En el juzgado federal de Lomas de Zamora comenzó en 2018 el expediente por supuesto narcotráfico, en cuya investigación intervino el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias. En ese marco fueron allanados varios domicilios, uno de los cuales fue el de Karina Moyano.

Por un cambio de composición de los juzgados, la causa siguió en el despacho de Juan Pablo Augé pero delegada en la PROCUNAR. Durante la feria judicial de este último verano, el juez Villena subrogaba el juzgado de su colega Augé y fue entonces cuando dictó el sobreseimiento de la hija del líder sindical, reintegrándole el dinero.

El agravante de la situación, es que la medida se tomó mientras se encontraba la investigación delegada en la PROCUNAR, cuyo titular terminó denunciando ante el Consejo de la Magistratura al juez Villena, requiriendo su juicio político.

En la presentación, el fiscal Iglesia junto a su colega Cecilia Incardona, indicaron que Villena “habilitó la feria sin existir ninguna de las causales normadas” en el Código Procesal y el Reglamento para la Justicia Nacional “y le imprimió el veloz trámite de tres días a dos pedidos que no se fundan en una sola razón de urgencia”, fijándoles un plazo de 24 horas para responder una vista, plazo que luego el mismo juez no respetó, marcan ambos fiscales en escrito.

Por otro lado, denunciaron que se “dictó la resolución de sobreseimiento de una persona -Karina Moyano- sin conocer las constancias del expediente, sin tener a su cargo la investigación y sin ser el juez natural del caso”.

Mientras se realizó aquella presentación, el juez Augé se reintegró a su juzgado, firmó la nulidad de lo resuelto por su colega Federico Villena, y ordenó a Karina Moyano reintegrar el dinero, medida ahora que fue confirmada por la Cámara Federal de La Plata.

En el fallo se sostuvo: “El hecho de que nos encontrábamos ante una causa delegada en cabeza del Ministerio Público Fiscal, implica una transferencia de la responsabilidad en el impulso de la investigación en cabeza del titular de la acción penal, y resulta más grave que Villena era, al momento de tomar dicha decisión, juez de feria”.

Bajo este mismo lineamiento, el camarista César Álvarez rechazó el argumento de la defensa de Karina Moyano, quien señaló que hubo “animosidad” en la medida judicial. La réplica a dicho argumento fue: “Ni es parte de ninguna guerra judicial ni persecución de ningún tipo a la familia Moyano, y menos aún como parte de un ataque general al sindicalismo combativo de nuestro país ni como un capítulo del llamado Lawfare”.

Por otro lado, analizó el magistrado, “lo que me persuade de que estamos ante una decisión acertada, es que una investigación que estuvo en cabeza del Juez Villena durante tanto tiempo -y como dice la propia defensa, casi sin actividad respecto de Karina Moyano, se resuelva intempestivamente en una feria judicial pasando por alto que la causa estaba delegada”.

Por su parte, el camarista Jorge Di Lorenzo dijo que “la circunstancia de que el Juez Villena no haya conocido las actuaciones al momento de resolver, torna nulo” todo el procedimiento, incluyendo la devolución de los fondos bajo investigación.

Al momento de explicar este punto, dijo: “Debo destacar que se advierte en la resolución anulada una serie de irregularidades en torno a la participación y al cercenamiento de las facultades del Ministerio Público Fiscal que afectaron el debido proceso, provocaron un gravamen irreparable a esa parte y, por tanto, provocaron la invalidez de la decisión dictada”.
Lucia Salinas para Clarin

 

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Chantaje con planes: ya es tiempo que la justicia intervenga

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Guillermo Marijuan pidió al Ministerio de Desarrollo Social a fin de que proceda a dejar sin efecto cualquier asistencia financiera y/o de cualquier tipo a las organizaciones denunciadas.

El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció al Polo Obrero y a la «Organización Clasista Revolucionaria” (OCR), por la realización de presuntas maniobras ilícitas de coacción para que la gente asistiera a marchas a cambio de beneficios económicos o planes sociales. Es a raíz de la marcha de ayer de distintos movimientos piqueteros en todo el país con foco importante en la Ciudad de Buenos Aires y el centro porteño.

Marijuan pidió al Ministerio de Desarrollo Social a fin de que proceda a dejar sin efecto cualquier asistencia financiera y/o de cualquier tipo a las organizaciones denunciadas, aunque «sin perjuicio de ello, y con el objeto de no dejar sin planes sociales y/o asistencia a las personas que integran dichos movimientos toda vez que no tienen que cargar con las responsabilidades de sus dirigentes, requiero que ese Ministerio continúe con la ayuda a cada una de ellas pero debiendo hacerlo personalmente, sin intermediación de organizaciones o de terceros».

Asimismo, Marijuan remarcó que informes periodísticos dan cuenta que muchos de los manifestantes reconocieron recibir un beneficio de hasta 12 mil pesos mensuales, pero a cambio estaban obligados a ir a las marchas.

«Entre varios testimonios recogidos por los periodistas que se encontraban en el lugar, cabe señalar ciertos dichos de manifestantes a los que se logró entrevistar. Así, estas personas relataron que percibían $12.000 mensuales y que si faltaban a las marchas o no se quedaban hasta el final de las mismas, se los quitaban, dando de baja las tarjetas a través de las cuales los percibían», denunció Marijuan, cuya causa ahora será sorteada por la Cámara Federal.

También que de las imágenes «se dejó asentada la existencia de personas pertenecientes a las asociaciones convocantes que hacían firmar cuadernos o libretas a los asistentes a efectos de confirmar su presencia». El fiscal pidió tomarles declaraciones testimoniales a algunos manifestantes que previamente sean identificados por la Policía Federal.

FUENTE LIBRE EXPRESION

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Un juez le otorgó la libertad condicional a Amado Boudou

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El magistrado de Ejecución Penal Ricardo Basílico determinó que el ex vicepresidente condenado por corrupción puede gozar del beneficio al haber cumplido dos tercios de su pena.

Amado Boudou puede salir en libertad condicional. El que fuera el primer vicepresidente en ejercicio de la historia en ser procesado -condenado luego- por un caso de corrupción podrá caminar por las calles sin demasiadas restricciones. Hasta hoy estaba en prisión domiciliaria y tenía una tobillera electrónica que controlaba sus movimientos.

El juez de Tribunal Oral, a cargo de la Ejecución Penal de la condena de Boudou, Ricardo Basílico, firmó la resolución por la cual el ex vice pasa a estar en libertad condicional al haber cumplido los dos tercios de la condena a cinco años y diez meses de prisión que le fue impuesta en 2018 por su participación en el caso Ciccone.

Como condición para la libertad condicional Boudou deberá cumplir con varias condiciones: no podrá salir del país sin autorización previa y no podrá mudarse sin comunicación a la autoridad judicial del domicilio que establezca a partir de hoy. En la misma resolución por la que le otorgó la libertad condicional a Boudou el juez Basílico ordenó que se desactive el sistema de monitoreo mediante la tobillera electrónica que tenía el ex vicepresidente de la Nación.

La fiscalía que interviene en el Caso Ciccone había avalado que se le otorgue la libertad condicional a Boudou tal y como lo había solicitado su defensa. Al no haber contradicción entra la fiscalía y la defensa, el juez Basílico firmó la resolución. En ella dejó sentada su posición en contra de la libertad condicional para casos de corrupción como los cometidos por Boudou.

Basílico comparó el caso de Boudou con el de José López, ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, célebre por arrojar bolsos llenos de dinero en un convento y condenado por enriquecimiento ilícito. Basílico en aquel caso también se había manifestado en contra de la libertad condicional. En la resolución el juez Basílico citó un artículo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que dice: ” …Cada Estado Parte tendrá en cuenta la gravedad de los delitos pertinentes al considerar la eventualidad de conceder la libertad anticipada o la libertad condicional a personas que hayan sido declaradas culpables de esos delitos…”. Y luego recordó que la Argentina había tomado compromisos internacionales en la lucha contra los delitos cometidos por funcionarios públicos al citar como ejemplo la Convención Interamericana contra la Corrupción adoptada por la legislación nacional.

Basílico explicó por qué, a pesar de haber cumplido el tiempo estipulado por la ley y de tener informes de conducta favorables a Boudou, se oponía a la libertad condicional: “En ese escenario, conforme lo sostuve en el legajo, considero que los hechos por los cuales Boudou fue condenado resultan de sustancial gravedad y que ello de algún modo obstaculiza la posibilidad de otorgar una libertad anticipada, de acuerdo con los compromisos internacionales que el Estado argentino suscribió para aunar los esfuerzos y poder prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas”.

En agosto de 2018, Boudou había sido condenado por el Caso Ciccone a cinco años y diez meses de prisión, inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos y una multa de $90.000 porque gente de su entorno, mientras ocupaba el Ministerio de Economía, se había quedado con la empresa privada que podía imprimir papel moneda. Fue condenado como autor de los delitos de cohecho pasivo (coimas) y negociaciones incompatibles con la función pública.

La condena por el caso Ciccone fue revisada y confirmada por la Cámara Federal de Casación. La apelación de Boudou y el resto de los imputados llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En diciembre de 2020 la Corte confirmó la condena de todos los involucrados en el caso Ciccone. La pena del ex vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner finalizaba el 1 de junio de 2024.

Boudou había conseguido una reducción de pena de once meses debido a “estímulo educativo”, un incentivo para que los presos estudien en la cárcel. Y por eso hoy quedó en libertad condicional.

FOTO TAPA WIKIPEDIA

FUENTE : INFOBAE

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