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Tras seis años, la Justicia sigue sin explicarse por qué Puerto Madero estaba repleto de espías el día de la muerte de Nisman

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El fiscal de la causa recibió un informe parcial sobre 500 teléfonos en lugares claves. Llamarán a declarar a más de 80 agentes para que expliquen qué hacían ahí. Buscan desentrañar quién sería el efectivo de inteliencia que estuvo cerca de Lagomarsino ese domingo

Al misterio que rodea la muerte de Alberto Nisman, ocurrida hace seis años, se le suma un segundo interrogante que, pese al tiempo transcurrido, sigue sin respuestas: por qué el domingo 18 de enero de 2015, antes de que se descubriera en el baño de su departamento el cadáver del fiscal de la UFI AMIA con un tiro en la cabeza, la zona de Puerto Madero estaba “repleta” de espías. La pista de los investigadores para intentar develar ese enigma reside en el entrecruzamiento de unos 500 teléfonos que ya fue elevado a la fiscalía de Eduardo Taiano.

La fiscalía planea en febrero, apenas se reanude la actividad judicial, avanzar con la citación de más de 80 espías o ex espías, cuyos teléfonos impactaron en antenas de la zona de Puerto Madero y la Casa Rosada, y reportaron a sus jefes. Esos jefes hablaron por esas horas con distintos funcionarios del Ejecutivo de entonces. Quieren interrogarlos como testigos para saber qué hacían ahí. Y también quieren saber la identidad de un, hasta ahora, misterioso y supuesto agente que estuvo en cercanías de la casa de Diego Lagomarsino aquel domingo 18.

Como se trata de espías, sus nombres son secretos, insisten los investigadores. Pero en la nómina podría estar el ex agente de la SIDE Fernando Pocino, un radical que se había enfrentado al sector interno de Antonio “Jaime” Stiuso y había quedado posicionado cerca del kirchnerismo para el momento de la muerte de Nisman. Por ese entonces era director general de Reunión de Información. Hasta ahora, nunca declaró en la causa. Su nombre aparece ligado a otra explosión de llamados que hubo ese fin de semana entre figuras políticas y jerarcas de la AFI que había sido detectado por la División Fraudes Bancarios a fines de 2015.

En la lista de esas llamadas se mencionan también al hoy senador Oscar Parrilli, titular entonces de la AFI; al hoy viceministro de Justicia Juan Martín Mena -número 2 en la central de espías; al ex jefe del Ejército César Milani y a quien era el titular de la Policía Bonaerense, Hugo Matzkin, entre otras personas. Por entonces, en declaraciones públicas los ex funcionarios justificaron la intensidad de esos llamados en el robo de un misil en las afueras de La Plata ocurrido el jueves 15 de enero y en la seguridad del superclásico entre River y Boca que debía jugarse en Mar del Plata. Ese sábado 17 por la tarde también se incendió un sector de la Casa Rosada, que provocó que se perdiera información sobre cámaras de seguridad e ingresos y egresos de la Casa de Gobierno, según se detectó en la causa del memorándum

Hay otros dos indicios que siguen en la fiscalía y que podrían aportar nuevas pistas a la investigación del caso. El primero: el hallazgo de unos 20 equipos telefónicos, encontrados por la actual conducción de la AFI que fueron entregados a la fiscalía para que analice si pueden estar relacionados con la causa. Si puede servir o no al expediente, está por verse.

El segundo, y más prometedor para los investigadores, reside en una serie de escuchas registradas en el marco de una vieja causa conocida como “Dark Star”, que expuso una interna de espionaje e intervenciones a decenas de teléfonos de políticos, empresarios y agentes. Según pudo saber Infobae, la fiscalía pidió los audios originales de esas escuchas al juez Luis Rodríguez. Uno de los puntos que llamó la atención es que los audios del 17 de enero de 2015 no aparecían. Ahora, aparecieron, revelaron a Infobae las fuentes consultadas.

El entrecruzamiento de llamadas, sin embargo, no terminará ahí. Se espera una segunda tanda de análisis sobre las comunicaciones que tuvieron esas líneas con otros teléfonos a rastrear.

Cristina Kirchner (Aglaplata)Cristina Kirchner (Aglaplata)

Una suerte de mamushkas en donde pueda vislumbrarse un dato clave que permita relevar qué hacía el mundo del espionaje ese día y las comunicaciones que mantuvieron con funcionarios del Ejecutivo en una semana caliente: la denuncia de Alberto Nisman contra la entonces presidenta Cristina Kirchner por el encubrimiento al atentado de la AMIA, a través del Pacto con Irán, radicada el 14 de enero, había sacudido a la política local e internacional y deparaba horas de tensión el lunes 19 de enero cuando el Congreso esperaba al fiscal para interrogarlo por las pruebas de su acusación.

“Si tiramos del hilo correcto, por ahí aparece lo que buscamos”, dijeron a Infobae los investigadores frente a la complejidad del escenario y la posibilidad de que pueda no llegarse a nada concreto. “Uno habla del mundo de inteligencia y se imagina que atrás está James Bond. Y acá hay de todo: a veces están los SuperMarioBross y a veces hay gente profesional que si no quiere que existan huellas, sabe cómo hacer para no dejarlas”.

Teléfonos sin respuestas

La tarea del entrecruzamiento, insisten, es compleja. A eso se suma la burocracia: cada compañía telefónica tiene formas distintas de registrar las comunicaciones y el expediente al que accedió Infobae está repleto de órdenes de presentación y reclamos a las distintas compañías en busca de cómo acceder a esa prueba.

La regla es que el teléfono toma la antena más cercana. Pero la más cercana también puede ser un enigma: depende del clima, de las edificaciones, de si hay más antenas cercanas, de si en ese momento están colapsadas. Los investigadores piensan ese “más cercano” como un radio de unas diez cuadras.

Una vez que tuvieron los teléfonos a detectar, las computadoras, con el programa Y2 que se usó, se caían. “No agarraba por la cantidad de teléfonos que estuvimos entrecruzando. Se tata de llamados de línea o mensajes de texto que, a 2015, todavía era común usar”, explican. Quedan afuera, sin embargo, cualquier clase de comunicación por Whatsapp, que por esos días ya se usaba. Es más, el propio Nisman usó esa vía para mandarle a Waldo Woff la foto con el texto de su denuncia y los marcadores amarillos, preparando la presentación que haría en el Congreso el lunes 19.

Torre Le Parc, en Puerto Madero (Getty)Torre Le Parc, en Puerto Madero (Getty)

Lo que sí está claro es que no se trata de saber el contenido de lo que hablaban esos espías desde esos 500 teléfonos investigados. No hay posibilidades de tener esos datos porque los teléfonos no estaban intervenidos (salvo los del caso Dark Star), pero lo que sí tienen son los movimientos de los celulares en áreas que la fiscalía entiende sensibles.

“Llama la atención que hay mucha gente ese domingo en la zona de Puerto Madero hablando en forma directa con el Ejecutivo y en los alrededores de la casa de Diego Lagomarsino. ¿Por qué estaban ahí? Eso es lo que queremos saber –dicen las fuentes a Infobae. Se analizó un año entero de comunicaciones para saber si esos llamados eran habituales. La cantidad de gente que habló ese día no era normal”.

Tampoco -dicen- se explica el llamativo silencio de otros protagonistas justamente el día anterior. Precisamente, el sábado 17 de enero, el día en que Nisman estaba encerrado en su departamento. “El domingo hubo muchos agentes en la zona. El sábado, en cambio, es como si hubieran desaparecido”, señalan los investigadores.

La figura del espía Antonio “Jaime” Stiuso siempre fue incluida dentro de ese silencio. Es que, según está corroborado en la investigación, Nisman intentó comunicarse varias veces con Stiuso después de haber hecho su denuncia, pero no consiguió que el otro agente más poderoso del país respondiera sus llamadas. Stiuso había sido desplazado de la entonces SIDE en diciembre de 2014, mientras el gobierno de Cristina Kirchner lo denunciaba penalmente.

Stiuso, en su entrevista para el documental de NetflixStiuso, en su entrevista para el documental de Netflix

“No le contesté porque estaba el teléfono en vibrador. Y si hubiera escuchado no iba a hablar con él. Porque prendías la televisión y veías que era Stiuso y el títere Nisman. Lo iba a terminar de hundir si lo atendía, lo iba a llamar después que se presentara en el Congreso”, dijo Stiuso en el documental que hizo Netflix el año pasado. Allí, Stiuso ratificó su convicción de que a Nisman lo mataron. Y afirmó que a él CFK lo querría muerto.

En la causa, Stiuso declaró tres veces: la primera ante la primera fiscal Viviana Fein; la segunda ante la jueza Fabiana Palmaghini; la tercera vez fue revelada por Infobae hace un año. Después de la segunda declaración de Stiuso, Palmaghini entendió que el caso debía pasar a la justicia federal. En los tribunales de Comodoro Py se estableció que la muerte de Nisman fue un homicidio cometido en el marco de su trabajo. El asesino y las razones específicas de ese crimen, sin embargo, son por ahora un misterio.

El foco en Lagomarsino

Diego Lagomarsino (Télam)Diego Lagomarsino (Télam)

Lagomarsino está procesado como partícipe necesario del homicidio. Es por haber entregado la pistola Bersa calibre 22 desde la que se disparó el tiro fatal en la sien de Nisman. El perito informático insistió ante la Justicia y ante los medios que el fiscal le pidió que lo ayudara y le prestara esa arma para defenderse por si aparecía “algún loquito” que quisiera agredirlo tras su denuncia contra Cristina Kirchner.

El perito informático que no apeló su procesamiento. Su defensa asegura que quiere que se lo mande a juicio ya mismo, junto a los cuatro custodios que ese fin de semana debían garantizar la seguridad del titular de la UFI AMIA y que están procesados por encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Para la fiscalía, sin embargo, la investigación sobre Lagomarsino no está cerrada. Y tampoco para los custodios hasta que no puedan analizar los equipos electrónicos que se secuestraron en la casa de esos policías y del perito informático (unas 200 computadoras, chips, discos externos y hasta una play station) . La defensa de Lagomarsino se opone a que ese material sea revisado por el fiscal Taiano en vez de por el juez Julian Ercolini. El tema está en discusión en la Corte Suprema.

Pero las sospechas sobre Lagomarsino siguen en la fiscalía. Y uno de los focos del entrecruzamiento de llamados sobre el que la fiscalía puso la mira es en la presencia de un teléfono de la AFI en las inmediaciones de la casa de Lagomarsino el domingo 18 de enero de 2015. Hasta el día de hoy, la Justicia dice no saber quién era el usuario de ese teléfono y por qué estaba allí. Lo que saben es quién tenía en la AFI asignado ese teléfono y que se activó en la antena de la casa de Lagomarsino. Entre la lista de esos espías o ex espías que convocarán en breve está el hombre que tenía a su cargo la flota para que revele a quién le entregó ese teléfono.

De la reconstrucción que hicieron sobre ese número en particular, los investigadores sostienen que lo que saben es que ese domingo 18 de enero de 2015 ese teléfono estuvo en cercanías de la casa de Lagomarsino durante casi todo el día. Solo se fue un rato a la tarde y después reapareció. Si eso implica que pudo haber estado dentro de la casa de Lagomarsino, si pudo haberlo estado vigilando o “si tenía una tía que justo fue a visitar ese domingo”, en la Justicia nadie puede decirlo.

Lagomarsino, sin embargo, asegura que hay una novela montada detrás de ese teléfono. Afirma que insisten ligarlo con eso a los servicios de inteligencia, cuando puede ser un agente que vive en la zona de su casa.

La defensa de Lagomarsino, en tanto, apostaba a que se citara a declarar a todos los expertos que participaron de los peritajes médicos y criminalísticos durante la causa. Eso iba desde los que hicieron la autopsia, a los que participaron de la junta interdisciplinaria y los que hicieron el estudio de Gendarmería que habló del homicidio. La fiscalía ya rechazó esa posibilidad. “Nuestra base es lo que dijo la Junta Interdisciplinaria. Para nosotros la cuestión está zanjada”, afirman los investigadores. Sin embargo, la defensa de Lagomarsino apeló esa negativa.

El agente del Mossad

La investigación, en tanto, también se bifurca hacia el plano internacional y se aguarda con expectativa saber si se podrá interrogar a Uzi Shaya, un espía del Mossad que aseguró en la televisión israelí a mitad de 2020 que se había reunido con Nisman antes de que el fiscal radicara su denuncia contra CFK y dijo haberle entregado pruebas sobre supuestos pagos del régimen de Teherán a funcionarios argentinos.

Por lo pronto, el juez Ercolini prepara un pedido a la justicia israelí, vía Cancillería, para interrogar por videoconferencia a Uzi Shaya. La defensa ya aportó su pliego de preguntas, al que accedió Infobae, en donde piden precisiones sobre el encuentro, detalles sobre un trabajo para los fondos buitres y certezas sobre la entregada de material. Para los próximos días se espera conocer qué quiere preguntar la querella de Sara Garfunkel, madre de Nisman. ¿Permitirá el Mossad que declare un espía? La Justicia argentina aún no lo sabe. Ni siquiera pudo confirmar si ese hombre es realmente un espía, señalaron a Infobae.

No obstante, los investigadores localizaron a través de un periodista argentino a la periodista que le hizo la nota, Illana Dayan. Ella dijo que sí pero que tenía que consultar al área de legales de su empresa. Después ya no contestó los pedidos de los investigadores argentinos para poder concretar su testimonio.

Lo que dijo a la prensa este presunto agente israelí es que contactó a Nisman cuando estaba en Europa. Para los investigadores argentinos, esa versión aparece cuanto menos sospechosa. En la causa ya está acreditado que Nisman tenía los pasajes de vuelta antes de haber partido rumbo a Europa a pasar sus vacaciones con sus hijas. Además, la versión del agente da a entender que se reunieron en Madrid, pero el fiscal de la UFI AMI solo estuvo unas horas en esa ciudad y en el aeropuerto para emprender su regreso a Buenos Aires. Oscuridades que aún no pueden iluminarse.

FUENTE : INFOBAE

FOTO TAPA : RPP

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LA JUSTICIA ARGENTINA IMPUTÓ POR TERRORISMO AL PILOTO IRANÍ DE UN AVIÓN VENEZOLANO VARADO EN BUENOS AIRES

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La fiscal argentina Cecilia Incardona pidió investigar la relación del piloto del avión de Emtrasur, Gholamreza Ghasemi, con posibles actos de terrorismo. También imputó al resto de los tripulantes de la aeronave retenida en Buenos Aires.

FOTO TAPA : Gholamreza Ghasemi

La fiscal argentina Cecilia Incardona pidió investigar la relación del piloto del avión de Emtrasur, Gholamreza Ghasemi, con posibles actos de terrorismo. También imputó al resto de los tripulantes de la aeronave retenida en Buenos Aires, pudo saber Infobae de fuentes judiciales.

“Con el avance de las tareas investigativas llevadas aquí adelante, surgieron varios rastros que imponen la necesidad de proseguir la investigación respecto de Ghasemi Gholamreza, de toda la tripulación que de él dependía, de la aeronave y de su carga, conforme las obligaciones del Estado Argentino para prevenir y sancionar hechos de terrorismo”, dice el dictamen de la fiscal.

Y agrega: “Tales circunstancias irregulares llevan a indagar si el verdadero objetivo del arribo de la aeronave a nuestro país fue exclusivamente para transportar mercadería de autopartes, o bien si estuvo fundado en razones diferentes a las alegadas y constituya, eventualmente, un acto de preparación para proveer bienes o dinero que pudieran utilizarse para una actividad de terrorismo, su financiamiento u organización”.

Luego de recibir el informe del FBI que confirma la vinculación directa del piloto del avión de Emtrasur, Gholamreza Ghasemi, con las Fuerzas Quds, la división de la Guardia Revolucionaria iraní especializada en operaciones de inteligencia, y con Hezbollah, el juez Federico Villena le corrió vista a la fiscal el fin de semana “para delimitar el objeto procesal”.

La fiscal ya había impulsado la investigación el lunes pasado, pero en ese momento no había pruebas concretas contra la tripulación.

En una semana, el juez Villena ordenó unas 60 medidas de prueba y el expediente suma ocho cuerpos. Muchas de ellas todavía no llegaron al juzgado. El magistrado espera con expectativa un informe definitivo sobre los teléfonos y las tablets secuestradas a los tripulantes. Los informes preliminares hasta ahora no arrojaron pruebas contundentes para el expediente. También está pendiente el análisis de las dos “cajas negras” del avión.

FUENTE : INFOBAE

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LA CORTE SUPREMA RECHAZARÍA LOS PLANTEOS DE CRISTINA KIRCHNER EN EL CASO DE LA OBRA PÚBLICA ENTREGADA A LÁZARO BÁEZ

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Será a pocos días de los alegatos en el juicio por los contratos concedidos al empresario en Santa Cruz durante el gobierno kirchnerista. Los delitos investigados son asociación ilícita y defraudación a la administración pública.

Si bien no parecerá una sorpresa para quienes siguen los movimientos judiciales, la noticia tendrá impacto político apenas quede firmada. Es que la Corte Suprema de Justicia se prepara en las próximas horas para responder los planteos que hizo la defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner y otros acusados en la causa por por la obra pública concedida al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015. Todos los indicios señalan que el máximo tribunal rechazaría los planteos, confirmaron a Infobae fuentes judiciales.

La decisión estará en manos de los integrantes del máximo tribunal Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, que apenas unos días antes de que aquel juicio se iniciara, en mayo de 2019, cuando nada hacía prever que Cristina Kirchner anunciara su regreso a la fórmula presidencial y pusiera el nombre de Alberto Fernandez para el titular del Ejecutivo, solicitaron al Tribunal Oral Federal 2 que le remitieran el expediente para analizar las impugnaciones de los acusados. En aquel momento, se especuló con que el juicio no se iniciara y la noticia provocó revuelo. Rápidamente, la Corte devolvió el expediente y los jueces dieron inicio al debate, con Cristina Kirchner, y sentada en el banquillo de los acusados. “El pedido de autos solicitados por esta Corte no suspende el juicio oral en trámite”, dijo en aquel momento el tribunal.

Son varias las impugnaciones (ocho al menos) que la defensa de la vicepresidenta planteó contra su acusación. Entre ellos aparece un recurso de queja contra un rechazo a diversas medidas de prueba tras un informe de la Oficina Nacional de Presupuesto, el antecedente de un sobreseimiento en Santa Cruz y otro porque se le impidió un peritaje más amplio sobre las obras que tomó como base la acusación. Es que sólo se analizaron cinco de las 51 obras bajo la lupa.

La versión de que la Corte Suprema rechace los recursos de la vicepresidenta no resultará una sorpresa para su entorno. No solo porque la ex jefa de Estado está convencida que existe “lawfare” en su contra. Es que hay otros fallos sobre los que se pronunció el máximo tribunal que podían servirle de vaticinio: el 16 de diciembre de 2021, el mismo día en que declaró la inconstitucionalidad del hoy ya viejo Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema rechazó por unanimidad el recurso de queja presentado por Sergio Urribarri, en la causa que investigaba el presunto desvío de fondos del ex gobernador de Entre Ríos en la campaña presidencial en 2015. El rechazo fue formal, por no estar dirigido contra una sentencia definitiva. En esa causa tampoco se vio un gravamen irreparable que pudiera habilitar la revisión del máximo tribunal.

Los jueces de la Corte Suprema: Maqueda, Rosatti, Lorenzetti y RosenkrantzLos jueces de la Corte Suprema: Maqueda, Rosatti, Lorenzetti y Rosenkrantz

La Corte Suprema tenía decidido resolver los planteos en el juicio de la obra pública antes de que el debate llegara a su final. Precisamente, ese debate entró en etapa de definiciones: los alegatos comenzarán el 11 de julio próximo. La Oficina Anticorrupción ya no será parte del debate porque la semana pasada anunció que se retiraba del proceso y por lo tanto de la eventual acusación. Al inicio de la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el organismo que dirige Felix Crous ya había decidido renunciar a todas las querellas de la causas en trámite contra la Vicepresidenta y sus hijos

Este el único juicio oral que hasta el momento enfrentó la ex jefa de Estado. El debate comenzó en mayo de 2019, apenas días después de que Cristina Kirchner anunciara la formula presidencial con Alberto Fernández. Junto con la vicepresidenta están acusados otras 12 personas. Entre ellas Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti, ex funcionarios de Vialidad Nacional y de Santa Cruz. La imputación es que desde los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner las empresas de Báez recibieron 51 obras públicas para Santa Cruz de manera irregular porque se otorgaron con sobreprecios, sin que las compañías tengan la capacidad para hacer las obras o porque cobraron la totalidad antes sin terminarlas. Se juzgan los delitos de asociación ilícita y defraudación a la administración pública.

Después de tres años de juicio oral, el TOF a cargo de Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso terminó con la ronda de testigos y fijó para el 11 de julio el inicio de los alegatos. El orden de acusaciones empezaba con la Unidad de Información Financiera y luego con la Oficina Anticorrupción -que ya se retiró- y después le tocará al fiscal Diego Luciani, que guarda bajo siete llaves los detalles de la lectura de pruebas que hará el Ministerio Público sobre el trámite de la causa. Será el momento en que se defina si la fiscalía acusa a la vicepresidenta. Los delitos en juego hacen pensar que podría pedirse una pena de entre los 5 y 16 años de prisión. Luego hablarán las defensas para rechazar las imputaciones. Se estima que el veredicto podría llegar antes de fin de año.

Quizás el momento más recordado del debate hasta ahora haya sido el día que le tocó declarar a Cristina Kirchner como imputada. Fue en diciembre de 2019, una semana antes de regresar al poder. “Este es un tribunal del lawfare que seguramente tiene la condena escrita. A mí me absolvió la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia”, dijo parándose y dando por terminada su declaración ante la mirada incrédula de los miembros del tribunal. Luciani insistió en saber si la imputada iba a responder preguntas. La ex presidenta volvió sobre sus pasos, se acercó al micrófono y respondió: ” ¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo”.

 

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LA CORTE SUPREMA DECLARÓ INCOMPETENTE AL JUEZ KREPLAK

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El juez federal Ernesto Kreplak fue desplazado de la intervención del Soeme y expuesto por mal desempeño de funciones, luego de que el Máximo Tribunal determinara que “excedió el marco de su competencia” y que “sus decisiones no deben proyectarse sobre aspectos inherentes a la definitiva normalización del sindicato involucrado”.

Declararon incompetente al juez federal Ernesto Kreplak para intervenir el Sindicato de Obreros y Empleados de Educación y Minoridad (Soeme). Así lo determinó la Corte Suprema de Justicia poniendo un límite al avasallamiento y persecución sindical llevada adelante por este juez que operó como un “Kapo” colaboracionista de la “Gestapo” antisindical macrista.

De esta manera se confirma que la intervención impulsada por Ernesto Kreplak el 29 de enero del 2018 al Soeme fue un violento atentado contra la libertad sindical consagrada en la Constitución Nacional, los tratados con jerarquía constitucional y los artículos 1 a 9 de la Ley 23.551. Representó, al mismo tiempo, la neutralización de la representación de los trabajadores en las negociaciones paritarias con los distintos perjuicios que de ello se deriva. Se trató, como se expone, de un verdadero copamiento arbitrario de un sindicato por parte de un juez sin competencia en la materia.

El documento de la sentencia de la Corte Suprema indica: “En la presente causa se ha suscitado un conflicto entre una magistrada nacional ordinaria (jueza Analía Vigano del Juzgado de Tra­bajo nº 31) y un magistrado federal con asiento en una Provincia (Ernesto Kreplak) . En tanto, la primera sostuvo que las cuestiones relacionadas con la normalización de la entidad sindical son de exclusiva competencia del Ministerio de Trabajo de la Nación y le solicitó al juez federal que se abstuviera de involucrarse en ellas”.

Ante el conflicto judicial y las reiteradas denuncias por parte de las integrantes de la comisión directiva desplazada del Soeme, Alicia Mercedes Velich y Mirta Susana Mariño, el máximo tribunal de Justicia determinó que “el magistrado federal debe circunscribir su actuación jurisdiccional al objeto de la pesquisa penal, de tal forma de evitar que sus decisiones se proyecten sobre aspectos inherentes a la definitiva normalización del sindicato involucrado”.

De este modo, se confirma que el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, abusando de su poder jurisdiccional, arremetió contra la libertad, la autonomía y la democracia sindical. Arbitrariamente decidió desconocer los mandatos establecidos de forma democrática a través del voto de los afiliados sin tomar en cuenta la reglamentación estatutaria de la propia entidad.

Diario Hoy habló esta mañana con el abogado Alejandro Belfer y destacó que el juez Kreplak cometió “prevaricato”, agregando que tampoco “va a quedar así” ya que iniciarán acciones contra el magistrado por tomar decisiones arbitrarias respecto a la intervención del sindicato SOEME.

A su vez, agregó también que la decisión está tomada y no existe ningún tipo de apelación para que se revierta la resolución tomada por la Corte Suprema.

El expediente

La causa contra el Soeme se inició por un requerimiento de la AFIP entre el 2012 y 2013, para poder disponer de toda la documentación relevante al manejo del sindicato, en el contexto de una de las tantas inspecciones que suele realizar la Agencia Federal de Ingresos Públicos. Sin embargo, fue la misma AFIP la que tiempo después reconoció ante el Juzgado 3 de La Plata que encabeza Ernesto Kreplak, que no existía ningún tipo de interés fiscal, es decir que no había ninguna pretensión fiscal pendiente de satisfacción por parte de la entidad sindical (Soeme). Pese a ello, el juez optó por darle un giro a la investigación, desnudó su verdadero objetivo procesal, y direccionó la investigación de forma arbitraria y persecutoria.

Repasando el expediente que constituyó parte de la causa, el 15 de abril de 2019 la jueza laboral Analía Vigano hizo lugar al pedido de la parte actora y le solicitó al juez federal que se abstuviera “de intervenir en las controversias inherentes a la vida interna de la asociación gremial, como lo constituye en el caso la normalización de la misma mediante el llamado a elecciones de los afiliados, lo que resulta de exclusiva competencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación y, en su caso, de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo”.

Ese mismo día, el juez federal dispuso el llamado a elecciones para cargos directivos del Soeme a celebrarse el 5 de agosto siguiente, sin considerar el pedido de la jueza. El 17 de julio de 2019, ante un nuevo planteo de las actoras, la jueza laboral resolvió, con el carácter de medida cautelar, suspender las elecciones convocadas por el juez federal señalando que “este había excedido el marco de su competencia al involucrarse en ese tipo de cuestiones inherentes a la vida interna de la asociación gremial”. Pese a ello, el 5 de agosto se llevaron a cabo las elecciones.

“Y el 4 de septiembre siguiente el juez federal rechazó el planteo inhibitorio y remitió el incidente ante esta Corte, dando noticia a su par del fuero laboral, quien también remitió a este Tribunal las actuaciones que obraban en su poder”, continúa el documento.

Finalmente, ante una nueva petición efectuada por Velich y Mariño, y también por el ministerio de Trabajo de la Nación, quien sostuvo que las autoridades electas no habían podido asumir sus funciones en virtud del conflicto jurisdiccional que estaba pendiente de decisión ante la Corte, el 5 de mayo de 2020 la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo decretó, con el carácter de “medida cautelar innovativa”, la intervención del sindicato y, por ende, la suspensión provisoria en el ejercicio de sus funciones de la totalidad de las autoridades electas.

Ante dichas circunstancias, la Corte determinó que “al respecto, se aprecia que el argumento que fue invocado por el juez federal para disponer la intervención del Soeme, en modo alguno pudo dar sustento a una actuación de ese magistrado que fuera más allá de tales cometidos avanzando sobre la normalización del sindicato intervenido”. Y que “claramente asistió la razón a la jueza laboral al señalar que es la autoridad administrativa del trabajo a quien compete en exclusiva el control de las asociaciones sindicales la que está legalmente facultada para adoptar medidas tendientes a la normalización de un sindicato a través de la convocatoria a elecciones”.

“En tal sentido, el magistrado federal debe circunscribir su actuación jurisdiccional al objeto de la pesquisa penal, de tal forma de evitar que sus decisiones se proyecten sobre aspectos inherentes a la definitiva normalización del sindicato involucrado.”, finaliza la sentencia.

Una amenaza a la libertad gremial

La maniobra de Kreplak resultó una verdadera amenaza para todas las organizaciones gremiales que se rigen por sus estatutos, elecciones internas y por el mandato soberano de sus afiliados. De no haber sido denunciado Kreplak, el caso del copamiento del Soeme habría podido ser el primero de muchos otros casos en los que un juez federal decidiera tomar un sindicato para elegir de forma autoritaria sus destinos, expulsando a las autoridades debidamente electas y designando en su reemplazo a quienes su antojo le indicara.

Este fallo reviste un inconmensurable interés institucional pues constituye un precedente que permitirá evitar futuros intentos de intervención a otros sindicatos u organizaciones gremiales pudiendo aquellas tomar el caso del Soeme como ejemplo de lo que no debe ocurrir entre la Justicia penal y la libertad sindical.

El logro obtenido para salvaguardar las libertades sindicales en el Soeme tiende a ser una victoria de toda la clase sindical argentina ante el atropello, abuso de autoridad y el desconocimiento de las normas estatutarias que rigen la actividad y el funcionamiento de un gremio por parte de un juez federal que desnudó su ignorancia y dejó expuesta su animosidad encarnizada contra el ingeniero Marcelo Balcedo, que se encuentra cada vez más cerca de recuperar la conducción del Soeme.

FUENTE : DIAROIOHOY.NET

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