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Tras seis años, la Justicia sigue sin explicarse por qué Puerto Madero estaba repleto de espías el día de la muerte de Nisman

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El fiscal de la causa recibió un informe parcial sobre 500 teléfonos en lugares claves. Llamarán a declarar a más de 80 agentes para que expliquen qué hacían ahí. Buscan desentrañar quién sería el efectivo de inteliencia que estuvo cerca de Lagomarsino ese domingo

Al misterio que rodea la muerte de Alberto Nisman, ocurrida hace seis años, se le suma un segundo interrogante que, pese al tiempo transcurrido, sigue sin respuestas: por qué el domingo 18 de enero de 2015, antes de que se descubriera en el baño de su departamento el cadáver del fiscal de la UFI AMIA con un tiro en la cabeza, la zona de Puerto Madero estaba “repleta” de espías. La pista de los investigadores para intentar develar ese enigma reside en el entrecruzamiento de unos 500 teléfonos que ya fue elevado a la fiscalía de Eduardo Taiano.

La fiscalía planea en febrero, apenas se reanude la actividad judicial, avanzar con la citación de más de 80 espías o ex espías, cuyos teléfonos impactaron en antenas de la zona de Puerto Madero y la Casa Rosada, y reportaron a sus jefes. Esos jefes hablaron por esas horas con distintos funcionarios del Ejecutivo de entonces. Quieren interrogarlos como testigos para saber qué hacían ahí. Y también quieren saber la identidad de un, hasta ahora, misterioso y supuesto agente que estuvo en cercanías de la casa de Diego Lagomarsino aquel domingo 18.

Como se trata de espías, sus nombres son secretos, insisten los investigadores. Pero en la nómina podría estar el ex agente de la SIDE Fernando Pocino, un radical que se había enfrentado al sector interno de Antonio “Jaime” Stiuso y había quedado posicionado cerca del kirchnerismo para el momento de la muerte de Nisman. Por ese entonces era director general de Reunión de Información. Hasta ahora, nunca declaró en la causa. Su nombre aparece ligado a otra explosión de llamados que hubo ese fin de semana entre figuras políticas y jerarcas de la AFI que había sido detectado por la División Fraudes Bancarios a fines de 2015.

En la lista de esas llamadas se mencionan también al hoy senador Oscar Parrilli, titular entonces de la AFI; al hoy viceministro de Justicia Juan Martín Mena -número 2 en la central de espías; al ex jefe del Ejército César Milani y a quien era el titular de la Policía Bonaerense, Hugo Matzkin, entre otras personas. Por entonces, en declaraciones públicas los ex funcionarios justificaron la intensidad de esos llamados en el robo de un misil en las afueras de La Plata ocurrido el jueves 15 de enero y en la seguridad del superclásico entre River y Boca que debía jugarse en Mar del Plata. Ese sábado 17 por la tarde también se incendió un sector de la Casa Rosada, que provocó que se perdiera información sobre cámaras de seguridad e ingresos y egresos de la Casa de Gobierno, según se detectó en la causa del memorándum

Hay otros dos indicios que siguen en la fiscalía y que podrían aportar nuevas pistas a la investigación del caso. El primero: el hallazgo de unos 20 equipos telefónicos, encontrados por la actual conducción de la AFI que fueron entregados a la fiscalía para que analice si pueden estar relacionados con la causa. Si puede servir o no al expediente, está por verse.

El segundo, y más prometedor para los investigadores, reside en una serie de escuchas registradas en el marco de una vieja causa conocida como “Dark Star”, que expuso una interna de espionaje e intervenciones a decenas de teléfonos de políticos, empresarios y agentes. Según pudo saber Infobae, la fiscalía pidió los audios originales de esas escuchas al juez Luis Rodríguez. Uno de los puntos que llamó la atención es que los audios del 17 de enero de 2015 no aparecían. Ahora, aparecieron, revelaron a Infobae las fuentes consultadas.

El entrecruzamiento de llamadas, sin embargo, no terminará ahí. Se espera una segunda tanda de análisis sobre las comunicaciones que tuvieron esas líneas con otros teléfonos a rastrear.

Cristina Kirchner (Aglaplata)Cristina Kirchner (Aglaplata)

Una suerte de mamushkas en donde pueda vislumbrarse un dato clave que permita relevar qué hacía el mundo del espionaje ese día y las comunicaciones que mantuvieron con funcionarios del Ejecutivo en una semana caliente: la denuncia de Alberto Nisman contra la entonces presidenta Cristina Kirchner por el encubrimiento al atentado de la AMIA, a través del Pacto con Irán, radicada el 14 de enero, había sacudido a la política local e internacional y deparaba horas de tensión el lunes 19 de enero cuando el Congreso esperaba al fiscal para interrogarlo por las pruebas de su acusación.

“Si tiramos del hilo correcto, por ahí aparece lo que buscamos”, dijeron a Infobae los investigadores frente a la complejidad del escenario y la posibilidad de que pueda no llegarse a nada concreto. “Uno habla del mundo de inteligencia y se imagina que atrás está James Bond. Y acá hay de todo: a veces están los SuperMarioBross y a veces hay gente profesional que si no quiere que existan huellas, sabe cómo hacer para no dejarlas”.

Teléfonos sin respuestas

La tarea del entrecruzamiento, insisten, es compleja. A eso se suma la burocracia: cada compañía telefónica tiene formas distintas de registrar las comunicaciones y el expediente al que accedió Infobae está repleto de órdenes de presentación y reclamos a las distintas compañías en busca de cómo acceder a esa prueba.

La regla es que el teléfono toma la antena más cercana. Pero la más cercana también puede ser un enigma: depende del clima, de las edificaciones, de si hay más antenas cercanas, de si en ese momento están colapsadas. Los investigadores piensan ese “más cercano” como un radio de unas diez cuadras.

Una vez que tuvieron los teléfonos a detectar, las computadoras, con el programa Y2 que se usó, se caían. “No agarraba por la cantidad de teléfonos que estuvimos entrecruzando. Se tata de llamados de línea o mensajes de texto que, a 2015, todavía era común usar”, explican. Quedan afuera, sin embargo, cualquier clase de comunicación por Whatsapp, que por esos días ya se usaba. Es más, el propio Nisman usó esa vía para mandarle a Waldo Woff la foto con el texto de su denuncia y los marcadores amarillos, preparando la presentación que haría en el Congreso el lunes 19.

Torre Le Parc, en Puerto Madero (Getty)Torre Le Parc, en Puerto Madero (Getty)

Lo que sí está claro es que no se trata de saber el contenido de lo que hablaban esos espías desde esos 500 teléfonos investigados. No hay posibilidades de tener esos datos porque los teléfonos no estaban intervenidos (salvo los del caso Dark Star), pero lo que sí tienen son los movimientos de los celulares en áreas que la fiscalía entiende sensibles.

“Llama la atención que hay mucha gente ese domingo en la zona de Puerto Madero hablando en forma directa con el Ejecutivo y en los alrededores de la casa de Diego Lagomarsino. ¿Por qué estaban ahí? Eso es lo que queremos saber –dicen las fuentes a Infobae. Se analizó un año entero de comunicaciones para saber si esos llamados eran habituales. La cantidad de gente que habló ese día no era normal”.

Tampoco -dicen- se explica el llamativo silencio de otros protagonistas justamente el día anterior. Precisamente, el sábado 17 de enero, el día en que Nisman estaba encerrado en su departamento. “El domingo hubo muchos agentes en la zona. El sábado, en cambio, es como si hubieran desaparecido”, señalan los investigadores.

La figura del espía Antonio “Jaime” Stiuso siempre fue incluida dentro de ese silencio. Es que, según está corroborado en la investigación, Nisman intentó comunicarse varias veces con Stiuso después de haber hecho su denuncia, pero no consiguió que el otro agente más poderoso del país respondiera sus llamadas. Stiuso había sido desplazado de la entonces SIDE en diciembre de 2014, mientras el gobierno de Cristina Kirchner lo denunciaba penalmente.

Stiuso, en su entrevista para el documental de NetflixStiuso, en su entrevista para el documental de Netflix

“No le contesté porque estaba el teléfono en vibrador. Y si hubiera escuchado no iba a hablar con él. Porque prendías la televisión y veías que era Stiuso y el títere Nisman. Lo iba a terminar de hundir si lo atendía, lo iba a llamar después que se presentara en el Congreso”, dijo Stiuso en el documental que hizo Netflix el año pasado. Allí, Stiuso ratificó su convicción de que a Nisman lo mataron. Y afirmó que a él CFK lo querría muerto.

En la causa, Stiuso declaró tres veces: la primera ante la primera fiscal Viviana Fein; la segunda ante la jueza Fabiana Palmaghini; la tercera vez fue revelada por Infobae hace un año. Después de la segunda declaración de Stiuso, Palmaghini entendió que el caso debía pasar a la justicia federal. En los tribunales de Comodoro Py se estableció que la muerte de Nisman fue un homicidio cometido en el marco de su trabajo. El asesino y las razones específicas de ese crimen, sin embargo, son por ahora un misterio.

El foco en Lagomarsino

Diego Lagomarsino (Télam)Diego Lagomarsino (Télam)

Lagomarsino está procesado como partícipe necesario del homicidio. Es por haber entregado la pistola Bersa calibre 22 desde la que se disparó el tiro fatal en la sien de Nisman. El perito informático insistió ante la Justicia y ante los medios que el fiscal le pidió que lo ayudara y le prestara esa arma para defenderse por si aparecía “algún loquito” que quisiera agredirlo tras su denuncia contra Cristina Kirchner.

El perito informático que no apeló su procesamiento. Su defensa asegura que quiere que se lo mande a juicio ya mismo, junto a los cuatro custodios que ese fin de semana debían garantizar la seguridad del titular de la UFI AMIA y que están procesados por encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Para la fiscalía, sin embargo, la investigación sobre Lagomarsino no está cerrada. Y tampoco para los custodios hasta que no puedan analizar los equipos electrónicos que se secuestraron en la casa de esos policías y del perito informático (unas 200 computadoras, chips, discos externos y hasta una play station) . La defensa de Lagomarsino se opone a que ese material sea revisado por el fiscal Taiano en vez de por el juez Julian Ercolini. El tema está en discusión en la Corte Suprema.

Pero las sospechas sobre Lagomarsino siguen en la fiscalía. Y uno de los focos del entrecruzamiento de llamados sobre el que la fiscalía puso la mira es en la presencia de un teléfono de la AFI en las inmediaciones de la casa de Lagomarsino el domingo 18 de enero de 2015. Hasta el día de hoy, la Justicia dice no saber quién era el usuario de ese teléfono y por qué estaba allí. Lo que saben es quién tenía en la AFI asignado ese teléfono y que se activó en la antena de la casa de Lagomarsino. Entre la lista de esos espías o ex espías que convocarán en breve está el hombre que tenía a su cargo la flota para que revele a quién le entregó ese teléfono.

De la reconstrucción que hicieron sobre ese número en particular, los investigadores sostienen que lo que saben es que ese domingo 18 de enero de 2015 ese teléfono estuvo en cercanías de la casa de Lagomarsino durante casi todo el día. Solo se fue un rato a la tarde y después reapareció. Si eso implica que pudo haber estado dentro de la casa de Lagomarsino, si pudo haberlo estado vigilando o “si tenía una tía que justo fue a visitar ese domingo”, en la Justicia nadie puede decirlo.

Lagomarsino, sin embargo, asegura que hay una novela montada detrás de ese teléfono. Afirma que insisten ligarlo con eso a los servicios de inteligencia, cuando puede ser un agente que vive en la zona de su casa.

La defensa de Lagomarsino, en tanto, apostaba a que se citara a declarar a todos los expertos que participaron de los peritajes médicos y criminalísticos durante la causa. Eso iba desde los que hicieron la autopsia, a los que participaron de la junta interdisciplinaria y los que hicieron el estudio de Gendarmería que habló del homicidio. La fiscalía ya rechazó esa posibilidad. “Nuestra base es lo que dijo la Junta Interdisciplinaria. Para nosotros la cuestión está zanjada”, afirman los investigadores. Sin embargo, la defensa de Lagomarsino apeló esa negativa.

El agente del Mossad

La investigación, en tanto, también se bifurca hacia el plano internacional y se aguarda con expectativa saber si se podrá interrogar a Uzi Shaya, un espía del Mossad que aseguró en la televisión israelí a mitad de 2020 que se había reunido con Nisman antes de que el fiscal radicara su denuncia contra CFK y dijo haberle entregado pruebas sobre supuestos pagos del régimen de Teherán a funcionarios argentinos.

Por lo pronto, el juez Ercolini prepara un pedido a la justicia israelí, vía Cancillería, para interrogar por videoconferencia a Uzi Shaya. La defensa ya aportó su pliego de preguntas, al que accedió Infobae, en donde piden precisiones sobre el encuentro, detalles sobre un trabajo para los fondos buitres y certezas sobre la entregada de material. Para los próximos días se espera conocer qué quiere preguntar la querella de Sara Garfunkel, madre de Nisman. ¿Permitirá el Mossad que declare un espía? La Justicia argentina aún no lo sabe. Ni siquiera pudo confirmar si ese hombre es realmente un espía, señalaron a Infobae.

No obstante, los investigadores localizaron a través de un periodista argentino a la periodista que le hizo la nota, Illana Dayan. Ella dijo que sí pero que tenía que consultar al área de legales de su empresa. Después ya no contestó los pedidos de los investigadores argentinos para poder concretar su testimonio.

Lo que dijo a la prensa este presunto agente israelí es que contactó a Nisman cuando estaba en Europa. Para los investigadores argentinos, esa versión aparece cuanto menos sospechosa. En la causa ya está acreditado que Nisman tenía los pasajes de vuelta antes de haber partido rumbo a Europa a pasar sus vacaciones con sus hijas. Además, la versión del agente da a entender que se reunieron en Madrid, pero el fiscal de la UFI AMI solo estuvo unas horas en esa ciudad y en el aeropuerto para emprender su regreso a Buenos Aires. Oscuridades que aún no pueden iluminarse.

FUENTE : INFOBAE

FOTO TAPA : RPP

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Caso Maldonado: la Justicia sobreseyó a los gendarmes investigados por la muerte del artesano

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El juez federal de de Rawson, Guillermo Gustavo Lleral, sobreseyó a los cuatro gendarmes involucrados en la investigación por la desaparición durante 78 días y la posterior muerte del joven Santiago Maldonado, ocurrida el 1 de agosto de 2017 en Cushamen, Chubut, durante el desalojo de un corte de la ruta 40 por la comunidad mapuche de la zona.

En un fallo emitido este viernes, Lleral firmó el sobreseimiento total y definitivo de Emmanuel Echazú, oficial de la Gendarmería Nacional, en relación con el delito de desaparición forzada de persona. Y en un giro adicional, también liberó de culpa y cargo a los agentes Juan Pablo María Escola, Víctor Vaquila Ocampo y Marcelo Iván Ferreyra, todos de Gendarmería, en relación a varios delitos, incluyendo daño, abuso de autoridad y omisión de los deberes de funcionario público.

Tras el análisis de las pruebas el magistrado concluyó que no existen elementos que califiquen las acciones de los integrantes de la Gendarmería como delitos tipificados por la ley penal del país. Según su análisis, las acciones de la Gendarmería, incluyendo a los imputados Echazú, Escola, Ocampo y Ferreyra, estuvieron siempre ajustadas a la ley y que en aquel episodio actuaron por órdenes de la justicia, específicamente por el juez federal de Esquel, Guido Otranto, que luego fue corrido de la causa. Según Lleral ninguno de los agentes involucrados incumplió, inobservó ni abusó de sus deberes.

“La verdad se mostró sencilla, sin fascinaciones. Santiago estaba en el lugar donde lo vieron por última vez. Allí, él, sólo, sin que nadie lo notara, se hundió, en ese pozo en el que minutos antes Lucas Ariel Naiman Pilquiman había evitado caer cuando se propuso cruzar el río luego de animar a Santiago a realizarlo. En ese lugar, murió ahogado, sin que nadie pudiera advertirlo, sin que nadie pudiera socorrerlo. Ni los gendarmes que los perseguían en medio del operativo, ni los miembros de la comunidad a la que Santiago fue a apoyar en sus reclamos”, escribió el juez en su fallo, publicado a horas de unas nuevas elecciones nacionales. Lo mismo había hecho en 2017 con el informe preliminar de la autopsia: el cuerpo de Maldonado apareció el 17 de octubre de ese año, las elecciones eran el 23 y el informe forense se reportó 48 horas antes.

Santiago Maldonado tenía 27 años, desapareció el 1 de agosto de 2017 y su cuerpo fue hallado el 17 de octubre en el río ChubutSantiago Maldonado tenía 27 años, desapareció el 1 de agosto de 2017 y su cuerpo fue hallado el 17 de octubre en el río Chubut

Basándose en las pruebas “colectadas y analizadas meticulosamente”, el Tribunal determinó que no se pudo identificar ninguna conducta humana típica ni antijurídica atribuible a cualquier miembro de la Gendarmería Nacional. Además, se descartó la posibilidad de que los mencionados gendarmes o cualquier otro efectivo que participó en el procedimiento policial pudiera ser acusado de abandono de persona en relación con Maldonado: no se encontraron pruebas que respaldaran tal acusación.

En un fallo de 344 páginas, Lleral concluyó que no existen conductas humanas que puedan ser consideradas como ilícitos penales en los eventos ocurridos el 31 de julio y 1 de agosto de 2017. Como resultado, se determinó que los hechos investigados no constituyen delito y, por lo tanto, se ordenó el sobreseimiento total y definitivo de los imputados.

En ese sentido, el magistrado describió las circunstancias en las que, según su investigación, murió Maldonado: “La desesperación, la adrenalina y la excitación naturalmente provocadas por la huída; la profundidad del pozo, el espeso ramaje y raíces cruzadas en el fondo; el agua fría, helada, humedeció su ropa y su calzado hasta llegar a su cuerpo. Esa sumatoria de incidencias contribuyó a que se hundiera y a que le fuera imposible flotar, a que ni siquiera pudiera emerger para tomar alguna bocanada de oxígeno. Por la confluencia de esas simples y naturales realidades, inevitables en ese preciso y fatídico instante de soledad, sus funciones vitales esenciales se paralizaron”.

Lleral explicó que allí, sumergido en las aguas heladas del Chubut, quedó durante 78 días el cuerpo sin vida de Santiago. “Allí quedó su cuerpo atrapado, enganchado en el ramaje subacuático denso, que lo mantuvo inerte y oculto durante el tiempo necesario para que, luego de su descomposición natural interna, superara la presión y la fría temperatura del agua, hasta que se produjeran los cambios de clima”, escribió en el fallo.

Así empezó el operativo de Gendarmería del 1º de agosto de 2017 sobre la ruta 40 en la zona de CushamenAsí empezó el operativo de Gendarmería del 1º de agosto de 2017 sobre la ruta 40 en la zona de Cushamen

Según el juez, Maldonado se hundió solo en un remanso del río y también emergió de la misma forma. “En ese sitio, una rama de los mismos sauces donde quedó atrapado, ofició de sostén, lo contuvo hasta que se lo avistara y finalmente, se lo retirara”, describió.

Lleral consideró que en torno a la muerte del joven artesano hubo una “especulación espuria”. Con pretensiones filosóficas, el juez subrogante del Tribunal 2 de Rawson escribió: “El ser humano no puede detener su mente y su fantasía cuando la sencillez lo alcanza. Negarse a ver la realidad es materializar lo absurdo y vivir en la mentira. En el mejor de los casos, es abrazar una quimera”.

Por eso para el magistrado “nadie forzó la desaparición de Santiago Andrés Maldonado”. En su sentencia indicó que “nadie resultó señalado, por la prueba que se colectó, como autor de aquella hipótesis delictiva. Nadie fue penalmente responsable de su muerte. Que los acontecimientos en el presente expediente se han sucedido tal como se acaba de reseñar. Así se ha podido dar con la verdad, el objetivo con el que se asumió el desafío de esta causa y que, pese a todo, nunca se perdió de vista, por más dolorosa y difícil de descubrir que ella fuera”.

Para el juez Lleral, ningún gendarme fue responsable de la muerte de MaldonadoPara el juez Lleral, ningún gendarme fue responsable de la muerte de Maldonado

En síntesis, para Lleral no existió delito: ni desaparición forzada, ni homicidio ni abandono de persona. Y en ese sentido, dispuso el cierre del expediente: “Al no advertirse la existencia de ninguna acción humana penalmente relevante que guarde estricta relación con esos sucesos, y con motivo de los Sobreseimientos Totales y Definitivos (SIC) que se ordenan, debo disponer el cierre concluyente y el consecuente archivo”.

Tras conocer la noticia, Sergio Maldonado —hermano de Santiago— publicó un breve hilo en Twitter. “¡Hoy queda demostrado que no hay justicia en Argentina! Desde un principio se garantizó la impunidad al verdadero poder”, indicó el hombre. “Se acaba de confirmar el pacto de impunidad para Patricia Bullrich y la Gendarmería nacional”, enfatizó en otro posteo y completó “Santiago siempre presente”.

Santiago Maldonado vivía en El Bolsón, donde hacía tatuajes y vendía artesanías. Con el afán de apoyar la causa de los mapuches en la zona de Cushamen y pedir la liberación del lonko Facundo Jones Huala, y a través de una mujer mapuche que él conocía, se acercó para apoyar el corte de ruta que comenzó el 31 de julio.

El juez Lleral ordenó el cierre de la causa tras no encontrar pruebas de ningún delito alrededor de la muerte de MaldonadoEl juez Lleral ordenó el cierre de la causa tras no encontrar pruebas de ningún delito alrededor de la muerte de Maldonado

Durante la madrugada del día siguiente, varios escuadrones de Gendarmería iniciaron un desalojo contra los ocho hombres (siete de la comunidad mapuche más Maldonado) que cortaban la ruta. Los manifestantes abandonaron el camino apenas empezó a avanzar la tropa de Gendarmería. Saltaron la tranquera y se metieron en lo que ellos denominan su “territorio sagrado”.

Aunque la ruta ya estaba desalojada, Gendarmería entró a las tierras y comenzó una persecución a estos hombres, quienes corrieron hasta cruzar a nado el río Chubut. Todos sobrevivieron menos el joven tatuador.

Santiago estuvo desaparecido 78 días hasta que fue hallado el 17 de octubre después de que hubieran rastrillado en todo ese tiempo tres veces la zona, algo que para la familia Maldonado y su abogada Verónica Heredia, siempre fue un motivo de sospecha.

Infobae

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Atentado a Cristina Kirchner: la jueza descartó vínculos políticos y envió a juicio a los tres acusados

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La jueza federal María Eugenia Capuchetti dispuso este lunes la elevación a juicio parcial de la causa por el intento de asesinato de Cristina Kirchner ocurrido el 1 de septiembre pasado, por el que están detenidos Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, señalados como coautores de la tentativa de homicidio, y Nicolás Carrizo, supuesto jefe de ambos en la venta de copos de azúcar, acusado como partícipe secundario.

La jueza lo resolvió horas después de que el abogado Gastón Marano, defensor de Carrizo, avalara la elevación a juicio y antes de que Carlos Telledín, flamante abogado de Uliarte, pudiera hacer cualquier presentación en el expediente que pudiera demorar su elevación a debate oral.

Telleldín, que estuvo preso y luego fue absuelto por el caso AMIA, se hizo cargo de la defensa de Uliarte el viernes último después de que su anterior abogado, el defensor oficial Gustavo Kollman, avalara la elevación del caso a juicio oral y público.

“En función de todo lo analizado, y toda vez que las defensas de Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo no se opusieron a la elevación a juicio ni dedujeron excepciones, declárese clausurada parcialmente la instrucción de la presente causa con relación a los nombrados y elévese al Tribunal Oral Federal que por sorteo resulte desinsaculado”, sostuvo la jueza Capuchetti en la resolución a la que accedió la agencia Télam.

atentado cfk

Esta mañana, la defensa del detenido Gabriel Carrizo, procesado como partícipe secundario del intento de asesinato de la vicepresidenta, aceptó que la causa sea enviada a juicio ante la “privación de libertad” del acusado.

“Constreñido por la condición de privación de libertad de mi asistido que me impone procurar que no se demore el trámite de la causa con planteos dilatorios, solicito de V.S. se sirva disponer la clausura de esta etapa procesal y elevar el presente sumario a juicio oral a la máxima brevedad posible”, sostuvo el defensor Gastón Marano.

El abogado respondió así a la jueza del caso, María Eugenia Capuchetti, quien pidió opinión a las defensas de los tres detenidos por el intento de asesinato del 1 de septiembre pasado, Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Carrizo.

Las defensas oficiales de los dos primeros ya habían respondido de manera afirmativa la semana pasada. Después de ello, Uliarte cambió de abogado y designó a un defensor particular, Carlos Telleldín.

 

Atentado a CFK: cómo sigue la causa

Con la respuesta de la defensa de Carrizo, el tercer detenido en la causa, la jueza concluyó la ronda de consultas y quedó en condiciones de resolver si da por cerrada esta parte de la investigación vinculada a los autores materiales del hecho y la envía a sorteo de un tribunal oral.

La fiscalía a cargo de Carlos Rívolo pidió la elevación parcial del caso a juicio al considerar que los tres están detenidos y que siga la investigación en pos de dilucidar si hubo autores intelectuales.

La querella de la Vicepresidenta, por su parte, reclamó más medidas de prueba antes de que el caso sea juzgado en relación a la posible participación del diputado del PRO Gerardo Milman o integrantes de la agrupación Revolución Federal. Sin embargo, aclaró de manera subsidiaria que si se envía a juicio un tramo de la causa, participará como parte acusadora.

Al responder a Capuchetti, la defensa de Carrizo advirtió que acepta el envío a juicio sin que ello “implique conformidad con la forma en que se ha requerido” y “en particular en lo tocante a la manera en que lo ha instrumentado la querella”.

También aclaró que el pedido de envío a juicio no implica “tampoco renuncia a interponer las excepciones y nulidades que en derecho correspondan, ni tampoco la renuncia a la producción de las pruebas útiles y solicitadas por esta parte pero no producidas en esta etapa”.

Carrizo es el líder del grupo de supuestos vendedores de copos de nieve para el que trabajaban los coautores del intento de magnicidio, el autor material del disparo Sabag Montiel y su novia Uliarte.

Infobae

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Se viene el IV Congreso de la Magistratura y la Función Judicial

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Mar del Plata será sede del IV Congreso de la Magistratura y la Función Judicial que se llevará a cabo los días 15 y 16 de junio.

A 40 años de la recuperación de la democracia, el plenario se llevará a cabo en el Hotel Presidente Perón, de Tucumán 2662, bajo la denominación “Justicia y sociedad, luces y sombras de un poder del primer Estado Argentino”.

Comprometieron su presencia los ministros de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, la Vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Buenos Aires, el procurador General de la Corte, Autoridades de la Federación de la Magistratura y Función Judicial, el intendente Montenegro, autoridades de los Colegios de Magistrados y Funcionarios de todos los Departamentos judiciales bonaerenses y más de 500 jueces y funcionarios de la Provincia.

Este Congreso es organizado por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires (CMFBSAS)

 

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