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El triángulo nuclear entre Teherán, Caracas y Buenos Aires: los antecedentes de un pacto letal

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La muerte del fiscal especial para el Caso Amia, Alberto Nisman, fue uno de los hechos más dramáticos de la historia reciente de Argentina. Su cuerpo fue hallado el 18 de enero de 2015, justo el día anterior a su declaración ante el Congreso argentino. Se esperaba que Nisman revelara los indicios de un pacto entre el gobierno argentino y sus pares iraníes para deslindar a los persas de toda responsabilidad por el atentado que mató a 85 personas en marzo de 1994. Esa denuncia, tenía un componente nuclear hasta hoy no revelado.

 

(Reuters)

(Reuters)

La muerte del fiscal especial para el Caso Amia, Alberto Nisman, fue uno de los hechos más dramáticos de la historia reciente de Argentina. Su cuerpo fue hallado el 18 de enero de 2015, justo el día anterior a su declaración ante el Congreso argentino. Se esperaba que Nisman revelara los indicios de un pacto entre el gobierno argentino y sus pares iraníes para deslindar a los persas de toda responsabilidad por el atentado que mató a 85 personas en marzo de 1994. Esa denuncia, tenía un componente nuclear hasta hoy no revelado.

Teherán nuclear

El programa nuclear de Irán fue iniciado involuntariamente por otro gobierno peronista, pero en 1973. Fue en esos días que un grupo de siete científicos nucleares fueron despedidos por el presidente Héctor Cámpora a causa de sus ideas políticas. El régimen del Sha Reza Pehlevi decidió contratarlos, al tiempo que creaba la Agencia Atómica Iraní.

El plan de investigaciones nucleares persa continuó cuando triunfó la revolución de los Ayatolas en 1979. En 1985 el gobierno iraní firmó un convenio con Argentina para intercambiar tecnologías y conocimientos en ese campo. Esa colaboración incluyó la provisión de más de cien kilos de uranio enriquecido al 20% desde la Argentina. Ese material servía para hacer funcionar un reactor de investigación, pero era inservible para fabricar artefactos nucleares.

La colaboración argentino – iraní continuó hasta 1994, momento en que las investigaciones por el atentado contra la mutual judía AMIA en Buenos Aires condujeron a la pista de un grupo de diplomáticos iraníes como instigadores del ataque. Ambos gobiernos, decidieron cortar el hilo atómico que los unía.

Los iraníes continuaron sus investigaciones nucleares sin asistencia argentina, favorecidos por la culminación de un contrato que habían firmado en los meses finales de 1988 que les permitió recibir de Buenos Aires la tecnología para seguir de manera independiente el proceso de purificación de uranio.

El esfuerzo iraní para avanzar en la depuración de uranio es una de las actividades que más atrajo las sospechas de Occidente respecto al carácter pacífico del plan atómico iraní, ya que si bien esa senda puede conducir a la producción de combustible para centrales nucleoeléctricas, es la misma ruta que con un pequeño desvío lleva a la construcción de armas nucleares. De hecho, la purificación de uranio es una de las tecnologías en las que más ha avanzado el plan atómico iraní, según lo explicó en su momento Darío Jinchuk, quien fuera Jefe de RRII de la Comisión Nacional de Energía Atómicaargentina y quien actualmente se desempeña como consultor de la OIEA.

Jinchuk explica que Irán no necesita uranio enriquecido de Argentina y a lo sumo, lo que precisa es asistencia en el manejo de “agua pesada”, tecnología que permitiría que el material ya usado en su central atómica iraní de Arak sea convertido en plutonio, materia prima para la elaboración de armas nucleares. Argentina ha avanzado tanto en ese campo, que su central de agua pesada en la localidad de Arroyitos es una de las más eficientes del mundo.

Una alianza radioactiva

La búsqueda de uranio para abastecer a su plan nuclear, llevó a Irán a ampliar su alianza estratégica con el régimen chavista venezolano. La existencia de reservas de uranio en el Macizo Guayanés y probablemente en los estados de Navay y Tachira, hizo suponer que Caracas estaba interesada en suministrar mineral de uranio a su aliado en Medio Oriente.

Esta suposición se hizo más fuerte con la instalación de empresas iraníes en Venezuela cuyo propósito fue origen de sospechas. Es el caso de la cementara Cerro Azul, instalada con fondos persas y cuya actividad fue protegida como si se tratase de instalaciones militares. En una investigación del diario ABC de España, se reveló que las autoridades de Caracas impusieron una restricción a los vuelos aéreos sobre la cementera operada por la estatal iraní Edhasse Sanat.

La cementera Cerro Azul exigió una inversión de 750 millones de dólares y nunca logró cumplir con ninguna de las metas de producción anunciadas. Sin embargo, su localización sobre el Orinoco resultaba ideal para recibir cargas de minas de oro localizadas río arriba, en la misma zona donde un grupo de geólogos persas y venezolanos afirmaron haber hallado también vetas de uranio. La presencia de militares iraníes operando en la zona fue confirmada por el brigadier general Antonio Rivero, ex encargado militar de la región que escapó en 2015 a EEUU luego de negarse a jurar fidelidad al régimen chavista.

Hasta hoy, se supone que las minas de oro explotadas por la estatal iraní Impasco están inactivas. No obstante, lo que sucede en esa región fue colocado bajo el mismo secreto con el que se opera en las instalaciones industriales de capitales persas. Impasco, por otro lado, es proveedora del plan nuclear iraní en territorio de su país.

La región alta del Río Orinoco había recibido años antes la visita de geólogos iraníes que elaboraron un estudio de los reservorios de uranio bajo contrato del Instituto de Industrias y Minas venezolano. Ese estudio fue presentado en 2007 por Hugo Chávez ante la OIEA dentro de un documento que anunciaba la construcción las dos primeras plantas nucleares de ese país. La empresa rusa Rosatom iba a ser la encargada de construir las centrales de 1.200 Mw conjuntas, era la misma que había ganado el contrato para la mayor central nuclear iraní en la localidad de Busher. Y el plan se consolidó en 2010 con la firma de acuerdos bilaterales con Moscú que intercambiaron petróleo venezolano por tecnología nuclear rusa.

Hugo Chávez

Hugo Chávez

Otra de las empresas bajo sospecha es la joint venture “Venirán Tractor CA” integrada por la estatal Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y la Iran Tractor Manufacturing (ITMCO). Veniran (acrónimo de Venezuela e Irán) fue creada para construir una gran fábrica de tractores, pero nunca cumplió las expectativas de producir 3 mil unidades anuales. La presencia constante de la Guardia Bolivariana custodiando los alrededores de la planta de Veniran tampoco permitió saber que hacían los operarios iraníes importados para manejarla. Esa misma empresa perdió en 2009 una carga de 22 containers que se dirigían desde Teherán a su planta en la zona industrial de Ciudad Bolivar. La policía del puerto turco de Mersin en donde hizo escala la carga, inspeccionó los containers y en lugar de encontrar repuestos para motores, decomisó un gran contrabando de materiales bélicos.

Las sospechas

En 2008, el gobierno de Israel acusó abiertamente a Venezuela de estar proveyendo de mineral de uranio a Irán. La denuncia fue hecha por el ex embajador israelí en EEUU desde 2002 a 2006, Danny Ayalon. Aquella acusación, se producía al mismo tiempo que la prensa internacional sumaba elementos para suponer que Irán y Venezuela estaban involucrados en una operación secreta para exportar uranio para abastecer al plan nuclear persa.

La cadena Associated Press hizo público en mayo de 2009 un informe secreto del gobierno israelí preparado en ocasión de la visita a la región del viceministro de Relaciones Exteriores de ese país, Avigdor Lieberman. En el reporte, sus agentes habían llamado la atención sobre el incremento de la actividad diplomática iraní en Venezuela y Bolivia con el fin de proveerse de uranio para su plan nuclear. El alerta israelí tenía mucho que ver con el peligro que percibían en el avance del plan nuclear iraní y las recientes expresiones de su presidente Ahmadineyad que prometían “borrar a Israel del mapa”.

Tanto Teherán como Caracas y La Paz desmintieron estar comerciando uranio y Ahmadineyad volvió a asegurar que su programa nuclear tenía propósitos pacíficos. Para ese momento, Irán ya había comenzado a sentir la presión internacional a causa de su plan atómico. En efecto, el 23 de diciembre de 2006 el Consejo de Seguridad de la ONU había aprobado la Resolución 1737 que le imponía sanciones económicas por las sospechas sobre el propósito de sus actividades nucleares. Meses antes, el presidente Ahmadinayed había anunciado el reinicio de las actividades en las instalaciones de Natanz y la puesta en marcha de nuevas plantas de centrifugado de uranio.

Mahmud Ahmadinejad

Mahmud Ahmadinejad

El 22 de enero siguiente, el gobierno iraní prohibió el ingreso de inspectores de la OIEA a sus instalaciones de investigación y la ONU redoblo su apuesta al aumentar las sanciones por medio de la Resolución 1747. El 8 de abril del año siguiente, Irán anunció la puesta en marcha de 8.000 centrifugadoras de uranio adicionales en Nanatz.

El tira y afloja entre Irán y la comunidad internacional siguió por años; mientras aumentaban las sanciones, Teherán anunciaba nuevos avances en su programa atómico. El 5 de diciembre de 2010, informó que, pese a las restricciones, había logrado la autosuficiencia en la producción de polvo de uranio para sus plantas nucleares. Esto ocurría dos meses después que la OIEA informara que Irán poseía material suficiente para producir dos o tres armas nucleares.

Al año siguiente, Teherán volvió a desafiar las sanciones al anunciar, con unos meses de diferencia, que triplicaría su producción de uranio enriquecido y la puesta en marcha de la planta de Busher, terminada por una empresa rusa y con tecnología que, según afirmaron algunas fuentes, resultaba sugerentemente similar a la que había sido usada para construir las centrales nucleares argentinas de la serie Atucha.

Quedaba claro entonces que, en pocos años y pese a las sanciones en su contra, el régimen iraní había logrado desarrollar un exitoso programa nuclear autónomo. Recién cuando el reformista iraní Hasan Rohani ganó las elecciones en Irán en junio de 2013, la tensión comenzó a ceder. El 19 de septiembre siguiente, Rohani aclaró que su país “no desarrollará armas nucleares bajo ninguna circunstancia”. Sin embargo, para los expertos de la OIEA aquella expresión llegaba tarde, dado que Irán había logrado avanzar lo suficiente como para convertirse en potencia nuclear. De todos modos, la salida de Ahmadinayed trajo consigo el fin de las sanciones gracias al acuerdo firmado por las partes el 14 de julio de 2015.

No habían importado las restricciones que le había impuesto ni el embargo que le impedía negociar acuerdos de cooperación con países poseedores de tecnología atómica. De algún modo, los persas se las habían ingeniado para cumplir con sus metas nucleares.
En 2013, también se cerraron las operaciones de la fábrica de tractores Venirat SA en Venezuela. Se culpó a la falta de financiamiento. Que esto sucediera finalizado el plan nuclear iraní es, por supuesto, una casualidad.

La denuncia de Eliaschev

El 26 de marzo de 2011, el periodista argentino Alberto “Pepe” Eliaschev publicó un artículo en el diario Perfil en el que denunciaba la existencia de un pacto secreto entre el gobierno iraní y las máximas autoridades de la administración de la presidente argentina Cristina Kirchner.

Eliaschev reveló que el canciller argentino Héctor Timerman mantuvo una serie de reuniones con su par iraní, Alí Akbar Salehi, en la ciudad siria de Alepo en los días 23 y 24 de enero de 2011. El ministro de Relaciones Exteriores sirio, Walid Al-Mohalem, había participado también del cónclave secreto. Recordemos que para la justicia argentina, el atentado contra la mutual judía AMIA en 1994 había sido obra de iraníes, pero que además existía una presunción de la participación de agentes sirios en el ataque.

En esa reunión se había pactado que el gobierno argentino propiciaría la absolución de Irán como instigador del atentado de 1994. En principio, el acuerdo buscaría aumentar el comercio bilateral a cambio de lo cual se aseguraba la impunidad por un ataque que causó la muerte de 85 personas en el centro porteño, aunque aquel logro resultaba poco creíble si se consideraba que se ofrecía lo que podía obtenerse por medio de misiones comerciales tradicionales.

Hector Timerman (NA)

Hector Timerman (NA)

Eliaschev fue atacado con dureza y desmentido duramente por el gobierno argentino y por los periodistas adictos a la pauta estatal, incluso luego de su muerte en noviembre de 2014. Sus detractores tuvieron que callar cuando el propio gobierno se vio obligado a reconocer la existencia de esas reuniones. La salida al escándalo que significaba haber pactado con una potencia extranjera sospechada de haber participado en el mayor acto terrorista ocurrido en el país, fue reconocer las negociaciones y enviar un proyecto al Parlamento para que los legisladores oficialistas le dieran el aval correspondiente.

Aunque el Memorándum fue aprobado por la mayoría oficialista del kirchnerismo, la suposición de la existencia de otros negocios y pactos no revelados en torno a la diplomacia secreta con Teherán, se hicieron cada vez más fuertes. Después de todo, se sospechaba del mismo grupo que había asegurado en un principio que no habían existido negociaciones secretas entre el gobierno argentino y el iraní.

A la denuncia de Eliaschev, se le sumó otra proveniente de miembros del partido republicano de los EEUU. El 8 de julio de 2011 los congresistas norteamericanos Ileana Ros-Lehtinen, Connie Mack y David Rivera le enviaron una carta a la Secretaria de Estado de su país, Hillary Clinton, advirtiendo que Irán estaba recibiendo tecnología atómica argentina usando a Venezuela como intermediario. La carta era acompañada con un pedido para que se prestase mayor atención a la penetración iraní en la región Latinoamérica y vigilara las relaciones entre Buenos Aires y Teherán que pudieran implicar asuntos nucleares. No se tiene constancia de una respuesta de parte de Hillary Clinton aunque el asunto llegó a ser tratado dentro del parlamento de ese país.

Por un tiempo, la posible existencia de un triángulo atómico entre kirchneristas, chavistas y persas se mantuvo lejos de las primeras planas. Sin embargo, las suposiciones de un pacto nuclear entre Argentina e Irán renacieron cuando un medio brasileño hizo una revelación impactante.

La revelación de Veja

El 14 de marzo de 2015, la revista brasileña Veja publicó un artículo que involucró directamente al régimen chavista como mediador de la transferencia de tecnología nuclear entre Argentina e Irán. El corresponsal de Veja en Washington, Leonardo Coutinho, entrevistó a tres de los doce informantes venezolanos que colaboran con la justicia norteamericana desde 2012 en un caso por tráfico de drogas que involucra a los máximos dirigentes del régimen chavista.

Los informantes revelaron, en tres entrevistas realizadas por separado, que habían presenciado la reunión que mantuvo el entonces presidente venezolano Hugo Chávez con su par Mohamed Ahmedinejad el 24 de enero de 2007, en la que el mandatario persa requirió asistencia para obtener tecnología atómica argentina y levantar el pedido de captura a una decena de dirigentes iraníes investigados por el ataque a la AMIA. La respuesta de Chávez habría sido “me encargaré personalmente de esto”.

En su artículo, Coutinho reveló que los arrepentidos venezolanos “estaban presentes cuando los representantes de Irán y Venezuela discutieron, en Caracas (…) los representantes del gobierno argentino recibirían grandes cantidades de dólares, y a cambio de ese dinero, dicen los chavistas disidentes, Irán pidió que la autoría del atentado fuera encubierta”.

Uno de los gestores de esos acuerdos sería nada menos que Tareck El Aissami, ex gobernador del estado venezolano de Aragua, y ex vicepresidente por Nicolás Maduro. El que fuera segundo en la línea de sucesión en Caracas fue mencionado en las investigaciones del diario The Wall Street Journal como el nexo entre Venezuela, Irán y Siria en tiempos en que se negociaba el desvío de tecnología y materiales nucleares hacia Medio Oriente a cambio de jugosas cantidades de divisas.

Tareck El Aissami y Nicolás Maduro

Tareck El Aissami y Nicolás Maduro

El nombre del segundo al mando en el régimen chavista y siempre de acuerdo a los arrepentidos que declararon en EEUU, aparece citado como el encargado de gestionar el envío de dinero que lubricó el acuerdo nuclear secreto con Argentina. Las divisas, fueron blanqueadas en parte como aportes de campaña durante la primera carrera presidencial de Cristina Kirchner.

Fue precisamente el 4 de agosto de 2007 que el venezolano Guido Antonini Wilson fue detenido en la aduana de Buenos Aires cuando intentó ingresar con 800.000 dólares no declarados. Wilson había llegado en un avión privado de la petrolera venezolana PDVSA acompañado por varios funcionarios de alto nivel del gobierno de Néstor Kirchner. Pese al escándalo que generó el incidente y que la administración de Cristina Kirchner negó tener vínculo con él, dos días después fue detectado en un acto oficial en la Casa Rosada, la sede del gobierno argentino.

El período que va desde que Chávez informó que se encargaría personalmente de negociar con los argentinos en favor de los persas por el tema nuclear, coincide con la época en que Teherán logró sus mayores avances tecnológicos en esa área. Nada prueba que esos logros se hayan debido a la intervención argentina, aunque tampoco se pueden soslayar hechos tan significativos como la firma de un acuerdo de cooperación nuclear entre Argentina y Venezuela en 2005, cuyo objetivo era instalar un reactor nuclear tipo CAREM de 150 Kw desarrollado por científicos argentinos. El aparato iba a ser instalado en la región petrolera del Orinoco para ser usado en el procesamiento de crudo. Nunca llegó a concretarse, pero se tiene constancia de la existencia de delegaciones que realizaron un constante intercambio tecnológico hasta 2012 sin que se construyera ningún reactor en la misma zona en donde años antes los geólogos persas y venezolanos hallaron rastros de uranio.

Tampoco se concretó ninguno de los puntos del acuerdo irano venezolano del 11 de noviembre de 2009, que preveía la instalación de una “villa nuclear” para desarrollar un plan nuclear chavista. Todo fue un juego de anuncios mientras Irán ganaba tiempo y transfería tecnología y materiales para su propio programa utilizando acuerdos con la agencia atómica argentina y la constructora de centrales nucleares rusas Rosatom. La plataforma que le dieron esos acuerdos fueron las ideales para triangular lo que el embargo internacional le impedía obtener por derecha.

El fiscal Nisman, mientras tanto, siguió trabajando en el análisis de la red de complicidades que había ocultado a los autores del ataque de la AMIA. En ese trámite, es que comenzó a prestar atención a las actividades de los argentinos que negociaban con Irán y de aquellos que, sin ser funcionarios, estaban ligados al gobierno y oficiaban como miembros de la democracia subterránea con Teherán. En ese camino, se encontró con la presencia del gobierno bolivariano de Caracas.

Traición a la patria

Aun no se sabe cuáles eran los documentos que pretendía mostrar Nisman ante el Congreso para fundamentar su acusación contra la entonces presidente Cristina Kirchner, imputación que podría haber escalado incluso al delito de “traición a la patria” por haber negociado a favor de potencias extranjeras un pacto que lesionaba los intereses nacionales. Su presentación preliminar está cargada de referencias al pacto entre Cristina Kirchner y los iraníes para ocultar la verdad de lo sucedido en 1994 en la sede de la AMIA.

La tarea de la Unidad Fiscal de Investigaciones – AMIA que dirigía Nisman fue asumida tras su muerte por un grupo nombrado por el gobierno kirchnerista, de manera que no se avanzó en la pista nuclear ni se volvió a mencionar ese tópico en los siguientes documentos que publicó esa oficina. La encargada de nombrar a los fiscales Sabrina Namer, Roberto Salum y Patricio Sabadini fue Alejandra Glis Carbó, que en ese momento era procuradora nacional y operadora judicial del kirchnerismo.

Alberto Nisman

Alberto Nisman

En los documentos que llegó a mostrar públicamente Nisman antes de que el kirchnerismo copara la UFI AMIA, se revela la existencia de una conspiración a favor de Irán que incluía a la presidente, a su canciller y a otros personajes de su periferia política como el dirigente social Luis D´Elía, al jefe de la juventud kirchnerista, Andrés “cuervo” Larroque, al hombre de confianza del régimen iraní en Buenos Aires, Yusuf Khalil y a Fernando Esteche, un hombre ligado a los grupos más oscuros de la comunidad “revolucionaria” de los servicios de inteligencia, que además financió su actividad con dinero de la embajada iraní en Buenos Aires.

Entre las referencias dadas por Nisman en su denuncia, se cita una declaración del dirigente kirchnerista Luis D´elía, que en abril de 2010 habría admitido estar a favor de un acuerdo de cooperación para colaborar con el programa nuclear con Irán y otras menciones a la intención iraní de hacerse con tecnología atómica.

Fernando Esteche

Fernando Esteche

En otras partes de la denuncia, se da cuenta la actividad del ex embajador venezolano en Argentina, Roger Capella, como parte de la negociación del Memorándum entre Argentina e Irán, que para Nisman era una de las piedras angulares de su acusación contra la entonces mandataria por entorpecer la búsqueda de la verdad en la causa AMIA. En la página 223 del último escrito que presentó, se explica que “durante su estadía en Argentina, el embajador Roger Capella trabó una aceitada relación con distintas agrupaciones sociales argentinas, financiando a referentes como Luis D’Elía y Fernando Esteche con viajes, becas y otros recursos”. Esas afirmaciones coinciden con las de los chavistas arrepentidos entrevistados por Veja, que dicen haber presenciado las reuniones en las que se discutió el impacto que tendría la investigación que llevaba adelante el fiscal Nisman y la denuncia que podría involucrarlos.

(Gustavo Gavotti)

(Gustavo Gavotti)

En el documento de su denuncia, el fiscal Nisman hace otras referencias a la presencia de la cuestión nuclear en la negociación con Irán, demostrando que estaba al tanto de las suposiciones que corrían el mundillo de las relaciones internacionales sobre un posible pacto secreto entre ambos países en ese rubro.

La sospecha respecto de un capítulo nuclear en la relación entre Irán, Argentina y Venezuela nunca pudo ser demostrada porque el fiscal que debía presentar pruebas de ello nunca llegó al recinto donde debía demostrar que se trataba de un hecho.

A la distancia, no pareciera que un tratado secreto para aumentar el comercio bilateral a cambio de dar por cerrado un caso judicial fuera suficiente para mandar matar a un fiscal. El pacto fue blanqueado en el recinto parlamentario sin mayores contratiempos. Menos aún, le preocupaba la existencia de aportes en negro a una campaña presidencial, acusación que el kirchnerismo ya debió soportar cuando se probó que recibía dinero de traficantes de drogas o proveedores estatales. Quizás, había algo más en lo que podía revelar el fiscal que ameritara tomar una decisión tan grave.

Hugo Chávez junto a Cristina y Néstor Kirchner (AFP)

Hugo Chávez junto a Cristina y Néstor Kirchner (AFP)

Tras su muerte, la investigación que llevaba adelante Nisman fue clausurada por el juez Daniel Rafecas, quien decidió darla por concluida en cuestión de horas. Fue tan poco el tiempo que transcurrió entre que recibió la causa y el momento que decidió darla por cerrada, que resultaba lógicamente imposible que hubiera alcanzado a leer las miles de fojas del expediente y repasar las 5.000 horas de escuchas que contiene. Rafecas fue siempre un juez obediente al kirchnerismo, al igual que los ex camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, que confirmaron en su momento el cierre propiciado por el juez que revisaba las causas en tiempo récord.

Tras cinco intentos de la AMIA y los grupos de la justicia argentina que reclamaban la reapertura de la causa, la Cámara de Casación ordenó retomar las investigaciones de Nisman.

Con la reapertura de la causa que investiga a Cristina Kirchner, se abre la posibilidad de explorar nuevamente los motivos que llevaron a la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán y saber que se negoció en las sombras en aquella reunión en Alepo.

Los elementos para suponer que además de dinero e impunidad se podrían haber negociado la venta de tecnología nuclear, no son pocos. Las pistas que indicarían que algunos de los involucrados podrían haber cobrado pequeñas fortunas por ello, también deben ser tenidas en cuenta.

Alguien dijo que habría que acercar un detector de radiación nuclear a la investigación de Nisman y observar el resultado. Minas y fábricas iraníes secretas en Venezuela protegidas por el ejército chavista, acuerdos atómicos, reuniones en las sombras para pactar impunidad entre argentinos, sirios e iraníes, valijas cargadas de dólares y sugestivas similitudes entre los programas nucleares argentino y persa, son apenas la punta del ovillo en un tema que podría tener derivaciones explosivas.

Por Ignacio Montes de Oca

Infobae

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¿La verdadera estrella de IDEA?

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El juez que lleva adelante la causa de los cuadernos de las coimas K no estuvo presente en el coloquio celebrado esta semana, pero su investigación estuvo en boca de todos

Cuentan que Claudio Bonadio estaba convencido de que no hablarían nada bien de él en el Coloquio de IDEA, la convocatoria anual de empresas más importante de la Argentina, donde este año se juntaron 900 empresarios de los más diversos rubros. Pero sucedió todo lo contrario. No solo hubo un generalizado aplauso entre el público cuando Mariano Federici, titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), informó que la banca suiza le había congelado los 20 millones de dólares que tenía depositados, por pedido de ese juez. La causa de los cuadernos estuvo en el centro de los tres días de reunión, en los debates públicos y en las comidas privadas, en los discursos de los jóvenes emprendedores y en las críticas sordas que se mascullaban en algunos rincones por la “hipocresía” de los querían diferenciarse. Sin embargo, nadie se la agarró con Bonadio.

Tal vez fue por la evidencia abrumadora que la Justicia fue recopilando o por la convicción de que las normas de transparencia forman parte del nuevo idioma de los negocios en el mundo. O quizás, simplemente, porque hace años que un grupo de esta élite viene presionando para instalar la necesidad de una Justicia independiente como condición sine qua non para el desarrollo, el crecimiento y la equidad social.

En el 2012, en pleno kirchnerismo, IDEA invitó al ex secretario de Cultura de Néstor Kirchner, José Nun, que se transformó en la estrella del evento. Es que no solo fue duramente crítico con el populismo, porque “si avanza, destruye las instituciones”, sino que cuestionó que “la corrupción se está volviendo normal”. Compartió el panel sobre “Política y valores para un país plural” con Fernando Straface, por entonces director ejecutivo de CIPPEC, y con Eduardo Fidanza, por Poliarquía consultores.

Al año siguiente, en el 2013, el pulso lo dio el constitucionalista Daniel Sabsay cuando, desde el escenario, desafió a la por entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner a que “muestre el título de abogada”. Fue en un panel donde se criticó  la reforma del Código Procesal Penal que el gobierno había enviado al Congreso y él fue especialmente duro contra Alejandra Gils Carbó, por entonces Procuradora General de la Nación. “Yo no tengo ninguna duda de que no sabe nada de Derecho, que muestre el título, que no lo esconda más”, dijo, levantando el aplauso del público.

Luego de ese Coloquio fue que se creó en Foro de Convergencia Empresarial, un colectivo de 30 entidades que en su documento fundamental se anunciaba el propósito central de trabajar para “el fortalecimiento del régimen republicano representativo federal”. Estamos hablando de abril de 2014, cuando nada hacía suponer que el kirchnerismo perdería el poder.

En el 2015, a pocas semanas de la primera vuelta electoral,  los concurrentes al Coloquio quedaron sorprendidos durante un panel donde se analizaba la relación de los argentinos con la ley, según la encuesta realizada por el director regional del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, Daniel Zovatto. “Ocho de cada 10 argentinos aseguran que el país vive al margen de la ley y se define como transgresor o desobediente”, dijo. Unos minutos antes, el constitucionalista cordobés Antonio María Hernández había asegurado que “la Argentina vive en una anomia antidemocrática”.

El viernes último, en el cierre del panel sobre justicia e instituciones, el abogado Guillermo Lipera recordó que “hace un año decíamos, aquí mismo, que estaban dadas las condiciones objetivas para que empezar a dar un punto de inflexión en materia de justicia. Obviamente, no se puede revertir en pocos años décadas de inercia, pero empezó a cambiar la tendencia”.

El abogado Guillermo Lipera, director de IDEA

El abogado Guillermo Lipera, director de IDEA

“No olvidemos que en nuestro país hubo un juez, Daniel Rafecas, que rechazó in limine la denuncia del fiscal Alberto Nisman. En cambio, ahora tenemos el caso de la destitución por el Consejo de la Magistratura del camarista  Eduardo Freiler. En Argentina dominaba la impunidad. Y el denunciante tenía miedo de serlo, porque podía quedar más complicado que el denunciado. Era temerario hacer una denuncia”, aseguró.

Y dando el mensaje del 54ª Coloquio sobre la investigación contra la corrupción más importante de nuestra historia, Lipera dijo que con “la causa de los cuadernos tenemos la gran oportunidad de empezar a cambiar ese sentimiento de la juventud y la ciudadanía de que en la Argentina hay impunidad. Hacemos votos para que los jueces que intervienen en la causa actúen con la mayor imparcialidad posible, con la mayor ecuanimidad, y todo aquel que delinquió, sea quien sea, vaya preso”.

Por cierto, nadie la tiene fácil en este momento. Ni Bonadio, que tiene que investigar en condiciones que no son las ideales. Ni los empresarios que buscan diferenciarse de aquéllos que se arrepintieron ante la Justicia por cometer delitos. La mayoría de las empresas está sometida a una situación de stress, aún las que no dependen del consumo interno. Muchas pueden estar cubiertas por tener reservas en dólares, pero se necesita certidumbre para hacer negocios y ni los expertos más pesimistas preveían semejante devaluación. Va a costar acomodarse y, sobre todo, se tardará en volver a confiar lo suficiente como para invertir.

A pesar de eso, el temor más grande no es que el ajuste se demore más de la cuenta sino que vuelva el populismo y tire en saco roto los avances en materia de institucionalidad y transparencia de los últimos años. Aunque nadie lo cree posible de verdad. Confían en que el Consejo de la Magistratura pueda continuar como representante del Congreso el diputado Pablo Tonelli, que fue un valiente impulsor de las decisiones que están llevando a la Justicia a un nuevo salto en materia de control y transparencia, y que no haya retroceso en el proceso de crear un sistema judicial confiable. En diálogo con Infobae, Lipera dijo que “hace años que venimos trabajando en esto, y siempre IDEA nos dio el espacio para hacerlo”.

Mariano Federici, de la UIF, provocó aplausos cuando contó que Wagner había sido embargado en 20 millones de dólares en Suiza.

Mariano Federici, de la UIF, provocó aplausos cuando contó que Wagner había sido embargado en 20 millones de dólares en Suiza.

Más allá del Gobierno, su ineficacia y sus errores, a pesar de la dolorosa corrupción que se ventila en la Justicia y de la simulación o hipocresía que seguramente todavía se oculta en ámbitos empresarios, hay una sociedad civil que avanza a pasos sostenidos contra los peores vicios de la vida en comunidad. Y, como se buscó demostrar aquí, no arrancó con Cambiemos ni con la llegada de Mauricio Macri al poder.

Esta sociedad civil, aún decepcionada y agobiada, no dejará que avance la mentira del populismo. Como dijo en el Coloquio un joven empresario que nunca fue de izquierda pero está muy lejos de cualquier derecha: “No pasarán”. Curioso que, hasta aquí, el principal instrumento para asegurar el fin del populismo sea un juez que viene del peronismo.

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Anuncian más inversiones en 4G y telecomunicaciones

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 El presidente Mauricio Macri Macri y el titular de Modernización, Andrés Ibarra, se reunieron este lunes con el CEO de Telecom, Carlos Moltini; el presidente de Telefónica de Argentina, Federico Rava y el CEO de Claro, Julio Porras. 

De acuerdo con lo que confirmaron fuentes de la secretaría de Modernización a la agencia NA, el encuentro se produjo para definir los detalles de un importante plan de inversión en el sector, que está previsto para este martes.

De la jornada participaron los CEO de Claro, Julio Porras, y de Telecom, Carlos Moltini, además del titular de Telefónica Argentina, Federico Rava.

Antes de la reunión, Macri se juntó con sus ministros para analizar los detalles del Plan Integral de Conectividad, que se anunció hace dos años pero será relanzado este martes a las 17 hs, en el Museo de Casa Rosada.

La idea es que las empresas, tanto nacionales como internacionales, acuerden una inversión para modernizar la infraestructura con la que cuentan, y así mejorar el servicio a sus consumidores.

De esta manera, las compañías se van a comprometer a contar con tecnología 4G (cuarta generación) para brindar a los usuarios en todo el país, ya que actualmente la red cubre solamente un 50% del territorio argentino.

La medida estaba trabada en la Justicia, ya que el Grupo Clarín había presentado una cautelar para poder operar con este tipo de sistema y así convertirse en la primera marca en ofrecer el denominado cuádruple play (telefonía fija y móvil, video e internet).

Durante el kirchnerismo había un plan para licitar la prestación del 4G, pero el holding había quedado afuera de la negociación: ahora podrá ingresar al mercado.

Por su parte, el Gobierno lanzará a través de los bancos públicos una serie de financiamientos y facilidades para que estas firmas puedan realizar la inversión necesaria.

La iniciativa será anunciada en un acto encabezado por Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y su número dos, Andrés Ibarra, que además continúa al frente de la secretaría de Modernización.

Del evento, que se realizará cerca de las 17:00 en el Museo de la Casa Rosada, también participarán las autoridades de la Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (SeTIC).

Inversiones
La revista Apertura recordó que en los últimos años, las empresas de telecomunicación empezaron a comprometer inversiones para ampliar la cobertura de banda ancha en el país. En enero, Telecom había dicho que desembolsaría u$s 5000 millones durante tres años, que se financiarían con fondos propios. Devaluación mediante, la compañía tuvo que revisar sus planes y ya dijo que se iban a revisar los plazos del plan, aunque el monto sigue siendo el mismo. “Vamos a tener que estirar los plazos, que ahora será, tal vez, de cuatro años. Sabremos bien cuánto tiempo cuando se estabilice un poco más la situación macroeconómica del país”, había dicho Moltini, de Telecom, en un encuentro con la prensa hace dos semanas.

En esa oportunidad, Moltini también destacó que durante la primera mitad del año la compañía se había abastecido con una importante cantidad de materiales. Por ese motivo, agregó, la devaluación aún no había afectado la velocidad de los desembolsos.

En tanto, Telefónica de Argentina dijo en febrero de este año que ampliaría su plan anunciado en 2016, y lo llevaría a un total de $ 43.838 millones, que en ese momento equivalían a cerca de u$s 2200 millones, para el trieño 2017/2019. Además, la compañía española ya estaba diseñando sus planes para 2020. En total, a principios de año preveía desembolsar $ 50.737 para el período 2018/2020.

Por último, Claro aseguró que mantendrá adelante el plan de invertir u$s 400 millones al año, anunciado en 2015. Los desembolsos se aplican especialmente al tendido de infraestructura y a incrementar la capacidad de los servicios de datos móviles. En total la empresa de capitales mexicanos habrá invertido u$s 2650 millones al cabo de cinco años.
Fuentes: Agencia Noticias Argentinas y Revista Apertura

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Cristina Kirchner también abre una grieta entre los “coroneles” de Sergio Massa

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ley de aborto legal y gratuito Diputados durante el debate por el aborto legal . Luego de una jornada maratónica, que comenzó el miércoles a las 11, tuvo su punto culminante casi 24 horas después: la Cámara baja le dio media sanción al proyecto con 129 votos a favor, 125 en contra y una abstención. 14.06.208 Foto. Maxi Failla ciudad de buenos aires graciela camaño votacion en diputados de la despenalizacion del aborto diputados tratamiento ley despenalizacion del aborto sesion en diputados aprobacion ley
© Proporcionado por Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. ley de aborto legal y gratuito Diputados durante el debate por el aborto legal .
Empezó en el grupo de chat del Frente Renovador y saltó a Twitter donde, en un arrebato, Graciela Camaño cruzó a tres diputados del bloque que preside y exteriorizó el stress político en la galaxia Massa, síndrome que afecta al panperonismo.

Camaño, dama que formó a un joven Massa en los ’90, es una figura esencial en el dispositivo que entorna al tigrense. Es una guardiana conocida por su bravura y suele oficiar como portavoz descarnada de lo que piensa su jefe y protegido.

El domingo “atendió”, por separado, a Daniel Arroyo, Felipe Solá y Facundo Moyano. No medió, salvo con este último, una acción que “justifique” la ráfaga de reproches de la diputada. “Se cansó de que se corten solos”, dijeron en el Frente Renovador.

Massa, desde Tigre, se enojó por el episodio: “Cuando se están peleando Carrió con Macri, y Bullrich con Stanley, ustedes salen con estas pavadas”, les dijo y les reclamó que saquen la disputa de los medios.

Para Camaño no son pavadas: sus críticas pueden leerse como un ultimátum porque las rebeldías en el bloque malquistan a otros diputados.

La bronca estalló porque Arroyo firmó el documento contra la “proscripción” a Cristina de Kirchner que acompañan, entre muchos otros, Lula Da Silva, Noam Chomsky y Gianni Vattimo.

“Un ex presidente investigado por corrupción no es un perseguido político”, lo refutó por Twitter. En privado, según reconstruyó Clarín, la diputada estalló porque “hablan de unidad pero después toman decisiones sin consultar ni avisar”.

El plural no es ocioso: involucra a Arroyo con Solá y Moyano junior, además del matancero Fernando Asencio y del chubutense Fernando Taboada, moyanista y sindicalista de Camioneros.

En la ráfaga alcanzó a Solá que en un tuit habló de la la elección en Brasil para pedir la unidad de la oposición contra Macri, Cristina, la UCR, el socialismo y “también a los cuatro de la foto del otro día”. Ese ninguneo embroncó a Camaño.

En el FR dicen que el diálogo entre Solá y Massa está roto, y no descartan una eventual fractura en el bloque que Massa minimiza. “Si va a ser que sea ahora y no más adelante”, deslizan y en esa clave hay que interpretar el toreo de Camaño al ex gobernador.

Solá invoca la unidad opositora y reprocha, en público, a Massa que insista con la tesis de la ancha avenida del medio. Camaño cuenta que a cada parrafada de Felipe, aparecen diputados del FR enojados.

“De las derrotas no se aprende nada. Son eso derrotas Sirve para la autocrítica” apuntó Camaño citando el posteo de Solá. Moyano Jrs. reaccionó con un reproche: “La autocrítica sirve si después se corrige el camino. Las ultimas dos derrotas del FR no dejaron mucho parece. Por eso algunos siguen haciendo anti kirchnerismo mientras Macri empeora todos los problemas que dejó el gobierno anterior”. Hace tiempo, cuestiona la conducción de Massa.

El antagonismo Macri-Cristina es un tema del “círculo rojo” retrucó Camaño que el lunes le avisó a legisladores que su reacción no fue “a pedido de Massa” sino para poner “orden”. “Que nadie se olvide que el que conduce es Sergio”, martilló.

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