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El triángulo nuclear entre Teherán, Caracas y Buenos Aires: los antecedentes de un pacto letal

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La muerte del fiscal especial para el Caso Amia, Alberto Nisman, fue uno de los hechos más dramáticos de la historia reciente de Argentina. Su cuerpo fue hallado el 18 de enero de 2015, justo el día anterior a su declaración ante el Congreso argentino. Se esperaba que Nisman revelara los indicios de un pacto entre el gobierno argentino y sus pares iraníes para deslindar a los persas de toda responsabilidad por el atentado que mató a 85 personas en marzo de 1994. Esa denuncia, tenía un componente nuclear hasta hoy no revelado.

 

(Reuters)

(Reuters)

La muerte del fiscal especial para el Caso Amia, Alberto Nisman, fue uno de los hechos más dramáticos de la historia reciente de Argentina. Su cuerpo fue hallado el 18 de enero de 2015, justo el día anterior a su declaración ante el Congreso argentino. Se esperaba que Nisman revelara los indicios de un pacto entre el gobierno argentino y sus pares iraníes para deslindar a los persas de toda responsabilidad por el atentado que mató a 85 personas en marzo de 1994. Esa denuncia, tenía un componente nuclear hasta hoy no revelado.

Teherán nuclear

El programa nuclear de Irán fue iniciado involuntariamente por otro gobierno peronista, pero en 1973. Fue en esos días que un grupo de siete científicos nucleares fueron despedidos por el presidente Héctor Cámpora a causa de sus ideas políticas. El régimen del Sha Reza Pehlevi decidió contratarlos, al tiempo que creaba la Agencia Atómica Iraní.

El plan de investigaciones nucleares persa continuó cuando triunfó la revolución de los Ayatolas en 1979. En 1985 el gobierno iraní firmó un convenio con Argentina para intercambiar tecnologías y conocimientos en ese campo. Esa colaboración incluyó la provisión de más de cien kilos de uranio enriquecido al 20% desde la Argentina. Ese material servía para hacer funcionar un reactor de investigación, pero era inservible para fabricar artefactos nucleares.

La colaboración argentino – iraní continuó hasta 1994, momento en que las investigaciones por el atentado contra la mutual judía AMIA en Buenos Aires condujeron a la pista de un grupo de diplomáticos iraníes como instigadores del ataque. Ambos gobiernos, decidieron cortar el hilo atómico que los unía.

Los iraníes continuaron sus investigaciones nucleares sin asistencia argentina, favorecidos por la culminación de un contrato que habían firmado en los meses finales de 1988 que les permitió recibir de Buenos Aires la tecnología para seguir de manera independiente el proceso de purificación de uranio.

El esfuerzo iraní para avanzar en la depuración de uranio es una de las actividades que más atrajo las sospechas de Occidente respecto al carácter pacífico del plan atómico iraní, ya que si bien esa senda puede conducir a la producción de combustible para centrales nucleoeléctricas, es la misma ruta que con un pequeño desvío lleva a la construcción de armas nucleares. De hecho, la purificación de uranio es una de las tecnologías en las que más ha avanzado el plan atómico iraní, según lo explicó en su momento Darío Jinchuk, quien fuera Jefe de RRII de la Comisión Nacional de Energía Atómicaargentina y quien actualmente se desempeña como consultor de la OIEA.

Jinchuk explica que Irán no necesita uranio enriquecido de Argentina y a lo sumo, lo que precisa es asistencia en el manejo de “agua pesada”, tecnología que permitiría que el material ya usado en su central atómica iraní de Arak sea convertido en plutonio, materia prima para la elaboración de armas nucleares. Argentina ha avanzado tanto en ese campo, que su central de agua pesada en la localidad de Arroyitos es una de las más eficientes del mundo.

Una alianza radioactiva

La búsqueda de uranio para abastecer a su plan nuclear, llevó a Irán a ampliar su alianza estratégica con el régimen chavista venezolano. La existencia de reservas de uranio en el Macizo Guayanés y probablemente en los estados de Navay y Tachira, hizo suponer que Caracas estaba interesada en suministrar mineral de uranio a su aliado en Medio Oriente.

Esta suposición se hizo más fuerte con la instalación de empresas iraníes en Venezuela cuyo propósito fue origen de sospechas. Es el caso de la cementara Cerro Azul, instalada con fondos persas y cuya actividad fue protegida como si se tratase de instalaciones militares. En una investigación del diario ABC de España, se reveló que las autoridades de Caracas impusieron una restricción a los vuelos aéreos sobre la cementera operada por la estatal iraní Edhasse Sanat.

La cementera Cerro Azul exigió una inversión de 750 millones de dólares y nunca logró cumplir con ninguna de las metas de producción anunciadas. Sin embargo, su localización sobre el Orinoco resultaba ideal para recibir cargas de minas de oro localizadas río arriba, en la misma zona donde un grupo de geólogos persas y venezolanos afirmaron haber hallado también vetas de uranio. La presencia de militares iraníes operando en la zona fue confirmada por el brigadier general Antonio Rivero, ex encargado militar de la región que escapó en 2015 a EEUU luego de negarse a jurar fidelidad al régimen chavista.

Hasta hoy, se supone que las minas de oro explotadas por la estatal iraní Impasco están inactivas. No obstante, lo que sucede en esa región fue colocado bajo el mismo secreto con el que se opera en las instalaciones industriales de capitales persas. Impasco, por otro lado, es proveedora del plan nuclear iraní en territorio de su país.

La región alta del Río Orinoco había recibido años antes la visita de geólogos iraníes que elaboraron un estudio de los reservorios de uranio bajo contrato del Instituto de Industrias y Minas venezolano. Ese estudio fue presentado en 2007 por Hugo Chávez ante la OIEA dentro de un documento que anunciaba la construcción las dos primeras plantas nucleares de ese país. La empresa rusa Rosatom iba a ser la encargada de construir las centrales de 1.200 Mw conjuntas, era la misma que había ganado el contrato para la mayor central nuclear iraní en la localidad de Busher. Y el plan se consolidó en 2010 con la firma de acuerdos bilaterales con Moscú que intercambiaron petróleo venezolano por tecnología nuclear rusa.

Hugo Chávez

Hugo Chávez

Otra de las empresas bajo sospecha es la joint venture “Venirán Tractor CA” integrada por la estatal Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y la Iran Tractor Manufacturing (ITMCO). Veniran (acrónimo de Venezuela e Irán) fue creada para construir una gran fábrica de tractores, pero nunca cumplió las expectativas de producir 3 mil unidades anuales. La presencia constante de la Guardia Bolivariana custodiando los alrededores de la planta de Veniran tampoco permitió saber que hacían los operarios iraníes importados para manejarla. Esa misma empresa perdió en 2009 una carga de 22 containers que se dirigían desde Teherán a su planta en la zona industrial de Ciudad Bolivar. La policía del puerto turco de Mersin en donde hizo escala la carga, inspeccionó los containers y en lugar de encontrar repuestos para motores, decomisó un gran contrabando de materiales bélicos.

Las sospechas

En 2008, el gobierno de Israel acusó abiertamente a Venezuela de estar proveyendo de mineral de uranio a Irán. La denuncia fue hecha por el ex embajador israelí en EEUU desde 2002 a 2006, Danny Ayalon. Aquella acusación, se producía al mismo tiempo que la prensa internacional sumaba elementos para suponer que Irán y Venezuela estaban involucrados en una operación secreta para exportar uranio para abastecer al plan nuclear persa.

La cadena Associated Press hizo público en mayo de 2009 un informe secreto del gobierno israelí preparado en ocasión de la visita a la región del viceministro de Relaciones Exteriores de ese país, Avigdor Lieberman. En el reporte, sus agentes habían llamado la atención sobre el incremento de la actividad diplomática iraní en Venezuela y Bolivia con el fin de proveerse de uranio para su plan nuclear. El alerta israelí tenía mucho que ver con el peligro que percibían en el avance del plan nuclear iraní y las recientes expresiones de su presidente Ahmadineyad que prometían “borrar a Israel del mapa”.

Tanto Teherán como Caracas y La Paz desmintieron estar comerciando uranio y Ahmadineyad volvió a asegurar que su programa nuclear tenía propósitos pacíficos. Para ese momento, Irán ya había comenzado a sentir la presión internacional a causa de su plan atómico. En efecto, el 23 de diciembre de 2006 el Consejo de Seguridad de la ONU había aprobado la Resolución 1737 que le imponía sanciones económicas por las sospechas sobre el propósito de sus actividades nucleares. Meses antes, el presidente Ahmadinayed había anunciado el reinicio de las actividades en las instalaciones de Natanz y la puesta en marcha de nuevas plantas de centrifugado de uranio.

Mahmud Ahmadinejad

Mahmud Ahmadinejad

El 22 de enero siguiente, el gobierno iraní prohibió el ingreso de inspectores de la OIEA a sus instalaciones de investigación y la ONU redoblo su apuesta al aumentar las sanciones por medio de la Resolución 1747. El 8 de abril del año siguiente, Irán anunció la puesta en marcha de 8.000 centrifugadoras de uranio adicionales en Nanatz.

El tira y afloja entre Irán y la comunidad internacional siguió por años; mientras aumentaban las sanciones, Teherán anunciaba nuevos avances en su programa atómico. El 5 de diciembre de 2010, informó que, pese a las restricciones, había logrado la autosuficiencia en la producción de polvo de uranio para sus plantas nucleares. Esto ocurría dos meses después que la OIEA informara que Irán poseía material suficiente para producir dos o tres armas nucleares.

Al año siguiente, Teherán volvió a desafiar las sanciones al anunciar, con unos meses de diferencia, que triplicaría su producción de uranio enriquecido y la puesta en marcha de la planta de Busher, terminada por una empresa rusa y con tecnología que, según afirmaron algunas fuentes, resultaba sugerentemente similar a la que había sido usada para construir las centrales nucleares argentinas de la serie Atucha.

Quedaba claro entonces que, en pocos años y pese a las sanciones en su contra, el régimen iraní había logrado desarrollar un exitoso programa nuclear autónomo. Recién cuando el reformista iraní Hasan Rohani ganó las elecciones en Irán en junio de 2013, la tensión comenzó a ceder. El 19 de septiembre siguiente, Rohani aclaró que su país “no desarrollará armas nucleares bajo ninguna circunstancia”. Sin embargo, para los expertos de la OIEA aquella expresión llegaba tarde, dado que Irán había logrado avanzar lo suficiente como para convertirse en potencia nuclear. De todos modos, la salida de Ahmadinayed trajo consigo el fin de las sanciones gracias al acuerdo firmado por las partes el 14 de julio de 2015.

No habían importado las restricciones que le había impuesto ni el embargo que le impedía negociar acuerdos de cooperación con países poseedores de tecnología atómica. De algún modo, los persas se las habían ingeniado para cumplir con sus metas nucleares.
En 2013, también se cerraron las operaciones de la fábrica de tractores Venirat SA en Venezuela. Se culpó a la falta de financiamiento. Que esto sucediera finalizado el plan nuclear iraní es, por supuesto, una casualidad.

La denuncia de Eliaschev

El 26 de marzo de 2011, el periodista argentino Alberto “Pepe” Eliaschev publicó un artículo en el diario Perfil en el que denunciaba la existencia de un pacto secreto entre el gobierno iraní y las máximas autoridades de la administración de la presidente argentina Cristina Kirchner.

Eliaschev reveló que el canciller argentino Héctor Timerman mantuvo una serie de reuniones con su par iraní, Alí Akbar Salehi, en la ciudad siria de Alepo en los días 23 y 24 de enero de 2011. El ministro de Relaciones Exteriores sirio, Walid Al-Mohalem, había participado también del cónclave secreto. Recordemos que para la justicia argentina, el atentado contra la mutual judía AMIA en 1994 había sido obra de iraníes, pero que además existía una presunción de la participación de agentes sirios en el ataque.

En esa reunión se había pactado que el gobierno argentino propiciaría la absolución de Irán como instigador del atentado de 1994. En principio, el acuerdo buscaría aumentar el comercio bilateral a cambio de lo cual se aseguraba la impunidad por un ataque que causó la muerte de 85 personas en el centro porteño, aunque aquel logro resultaba poco creíble si se consideraba que se ofrecía lo que podía obtenerse por medio de misiones comerciales tradicionales.

Hector Timerman (NA)

Hector Timerman (NA)

Eliaschev fue atacado con dureza y desmentido duramente por el gobierno argentino y por los periodistas adictos a la pauta estatal, incluso luego de su muerte en noviembre de 2014. Sus detractores tuvieron que callar cuando el propio gobierno se vio obligado a reconocer la existencia de esas reuniones. La salida al escándalo que significaba haber pactado con una potencia extranjera sospechada de haber participado en el mayor acto terrorista ocurrido en el país, fue reconocer las negociaciones y enviar un proyecto al Parlamento para que los legisladores oficialistas le dieran el aval correspondiente.

Aunque el Memorándum fue aprobado por la mayoría oficialista del kirchnerismo, la suposición de la existencia de otros negocios y pactos no revelados en torno a la diplomacia secreta con Teherán, se hicieron cada vez más fuertes. Después de todo, se sospechaba del mismo grupo que había asegurado en un principio que no habían existido negociaciones secretas entre el gobierno argentino y el iraní.

A la denuncia de Eliaschev, se le sumó otra proveniente de miembros del partido republicano de los EEUU. El 8 de julio de 2011 los congresistas norteamericanos Ileana Ros-Lehtinen, Connie Mack y David Rivera le enviaron una carta a la Secretaria de Estado de su país, Hillary Clinton, advirtiendo que Irán estaba recibiendo tecnología atómica argentina usando a Venezuela como intermediario. La carta era acompañada con un pedido para que se prestase mayor atención a la penetración iraní en la región Latinoamérica y vigilara las relaciones entre Buenos Aires y Teherán que pudieran implicar asuntos nucleares. No se tiene constancia de una respuesta de parte de Hillary Clinton aunque el asunto llegó a ser tratado dentro del parlamento de ese país.

Por un tiempo, la posible existencia de un triángulo atómico entre kirchneristas, chavistas y persas se mantuvo lejos de las primeras planas. Sin embargo, las suposiciones de un pacto nuclear entre Argentina e Irán renacieron cuando un medio brasileño hizo una revelación impactante.

La revelación de Veja

El 14 de marzo de 2015, la revista brasileña Veja publicó un artículo que involucró directamente al régimen chavista como mediador de la transferencia de tecnología nuclear entre Argentina e Irán. El corresponsal de Veja en Washington, Leonardo Coutinho, entrevistó a tres de los doce informantes venezolanos que colaboran con la justicia norteamericana desde 2012 en un caso por tráfico de drogas que involucra a los máximos dirigentes del régimen chavista.

Los informantes revelaron, en tres entrevistas realizadas por separado, que habían presenciado la reunión que mantuvo el entonces presidente venezolano Hugo Chávez con su par Mohamed Ahmedinejad el 24 de enero de 2007, en la que el mandatario persa requirió asistencia para obtener tecnología atómica argentina y levantar el pedido de captura a una decena de dirigentes iraníes investigados por el ataque a la AMIA. La respuesta de Chávez habría sido “me encargaré personalmente de esto”.

En su artículo, Coutinho reveló que los arrepentidos venezolanos “estaban presentes cuando los representantes de Irán y Venezuela discutieron, en Caracas (…) los representantes del gobierno argentino recibirían grandes cantidades de dólares, y a cambio de ese dinero, dicen los chavistas disidentes, Irán pidió que la autoría del atentado fuera encubierta”.

Uno de los gestores de esos acuerdos sería nada menos que Tareck El Aissami, ex gobernador del estado venezolano de Aragua, y ex vicepresidente por Nicolás Maduro. El que fuera segundo en la línea de sucesión en Caracas fue mencionado en las investigaciones del diario The Wall Street Journal como el nexo entre Venezuela, Irán y Siria en tiempos en que se negociaba el desvío de tecnología y materiales nucleares hacia Medio Oriente a cambio de jugosas cantidades de divisas.

Tareck El Aissami y Nicolás Maduro

Tareck El Aissami y Nicolás Maduro

El nombre del segundo al mando en el régimen chavista y siempre de acuerdo a los arrepentidos que declararon en EEUU, aparece citado como el encargado de gestionar el envío de dinero que lubricó el acuerdo nuclear secreto con Argentina. Las divisas, fueron blanqueadas en parte como aportes de campaña durante la primera carrera presidencial de Cristina Kirchner.

Fue precisamente el 4 de agosto de 2007 que el venezolano Guido Antonini Wilson fue detenido en la aduana de Buenos Aires cuando intentó ingresar con 800.000 dólares no declarados. Wilson había llegado en un avión privado de la petrolera venezolana PDVSA acompañado por varios funcionarios de alto nivel del gobierno de Néstor Kirchner. Pese al escándalo que generó el incidente y que la administración de Cristina Kirchner negó tener vínculo con él, dos días después fue detectado en un acto oficial en la Casa Rosada, la sede del gobierno argentino.

El período que va desde que Chávez informó que se encargaría personalmente de negociar con los argentinos en favor de los persas por el tema nuclear, coincide con la época en que Teherán logró sus mayores avances tecnológicos en esa área. Nada prueba que esos logros se hayan debido a la intervención argentina, aunque tampoco se pueden soslayar hechos tan significativos como la firma de un acuerdo de cooperación nuclear entre Argentina y Venezuela en 2005, cuyo objetivo era instalar un reactor nuclear tipo CAREM de 150 Kw desarrollado por científicos argentinos. El aparato iba a ser instalado en la región petrolera del Orinoco para ser usado en el procesamiento de crudo. Nunca llegó a concretarse, pero se tiene constancia de la existencia de delegaciones que realizaron un constante intercambio tecnológico hasta 2012 sin que se construyera ningún reactor en la misma zona en donde años antes los geólogos persas y venezolanos hallaron rastros de uranio.

Tampoco se concretó ninguno de los puntos del acuerdo irano venezolano del 11 de noviembre de 2009, que preveía la instalación de una “villa nuclear” para desarrollar un plan nuclear chavista. Todo fue un juego de anuncios mientras Irán ganaba tiempo y transfería tecnología y materiales para su propio programa utilizando acuerdos con la agencia atómica argentina y la constructora de centrales nucleares rusas Rosatom. La plataforma que le dieron esos acuerdos fueron las ideales para triangular lo que el embargo internacional le impedía obtener por derecha.

El fiscal Nisman, mientras tanto, siguió trabajando en el análisis de la red de complicidades que había ocultado a los autores del ataque de la AMIA. En ese trámite, es que comenzó a prestar atención a las actividades de los argentinos que negociaban con Irán y de aquellos que, sin ser funcionarios, estaban ligados al gobierno y oficiaban como miembros de la democracia subterránea con Teherán. En ese camino, se encontró con la presencia del gobierno bolivariano de Caracas.

Traición a la patria

Aun no se sabe cuáles eran los documentos que pretendía mostrar Nisman ante el Congreso para fundamentar su acusación contra la entonces presidente Cristina Kirchner, imputación que podría haber escalado incluso al delito de “traición a la patria” por haber negociado a favor de potencias extranjeras un pacto que lesionaba los intereses nacionales. Su presentación preliminar está cargada de referencias al pacto entre Cristina Kirchner y los iraníes para ocultar la verdad de lo sucedido en 1994 en la sede de la AMIA.

La tarea de la Unidad Fiscal de Investigaciones – AMIA que dirigía Nisman fue asumida tras su muerte por un grupo nombrado por el gobierno kirchnerista, de manera que no se avanzó en la pista nuclear ni se volvió a mencionar ese tópico en los siguientes documentos que publicó esa oficina. La encargada de nombrar a los fiscales Sabrina Namer, Roberto Salum y Patricio Sabadini fue Alejandra Glis Carbó, que en ese momento era procuradora nacional y operadora judicial del kirchnerismo.

Alberto Nisman

Alberto Nisman

En los documentos que llegó a mostrar públicamente Nisman antes de que el kirchnerismo copara la UFI AMIA, se revela la existencia de una conspiración a favor de Irán que incluía a la presidente, a su canciller y a otros personajes de su periferia política como el dirigente social Luis D´Elía, al jefe de la juventud kirchnerista, Andrés “cuervo” Larroque, al hombre de confianza del régimen iraní en Buenos Aires, Yusuf Khalil y a Fernando Esteche, un hombre ligado a los grupos más oscuros de la comunidad “revolucionaria” de los servicios de inteligencia, que además financió su actividad con dinero de la embajada iraní en Buenos Aires.

Entre las referencias dadas por Nisman en su denuncia, se cita una declaración del dirigente kirchnerista Luis D´elía, que en abril de 2010 habría admitido estar a favor de un acuerdo de cooperación para colaborar con el programa nuclear con Irán y otras menciones a la intención iraní de hacerse con tecnología atómica.

Fernando Esteche

Fernando Esteche

En otras partes de la denuncia, se da cuenta la actividad del ex embajador venezolano en Argentina, Roger Capella, como parte de la negociación del Memorándum entre Argentina e Irán, que para Nisman era una de las piedras angulares de su acusación contra la entonces mandataria por entorpecer la búsqueda de la verdad en la causa AMIA. En la página 223 del último escrito que presentó, se explica que “durante su estadía en Argentina, el embajador Roger Capella trabó una aceitada relación con distintas agrupaciones sociales argentinas, financiando a referentes como Luis D’Elía y Fernando Esteche con viajes, becas y otros recursos”. Esas afirmaciones coinciden con las de los chavistas arrepentidos entrevistados por Veja, que dicen haber presenciado las reuniones en las que se discutió el impacto que tendría la investigación que llevaba adelante el fiscal Nisman y la denuncia que podría involucrarlos.

(Gustavo Gavotti)

(Gustavo Gavotti)

En el documento de su denuncia, el fiscal Nisman hace otras referencias a la presencia de la cuestión nuclear en la negociación con Irán, demostrando que estaba al tanto de las suposiciones que corrían el mundillo de las relaciones internacionales sobre un posible pacto secreto entre ambos países en ese rubro.

La sospecha respecto de un capítulo nuclear en la relación entre Irán, Argentina y Venezuela nunca pudo ser demostrada porque el fiscal que debía presentar pruebas de ello nunca llegó al recinto donde debía demostrar que se trataba de un hecho.

A la distancia, no pareciera que un tratado secreto para aumentar el comercio bilateral a cambio de dar por cerrado un caso judicial fuera suficiente para mandar matar a un fiscal. El pacto fue blanqueado en el recinto parlamentario sin mayores contratiempos. Menos aún, le preocupaba la existencia de aportes en negro a una campaña presidencial, acusación que el kirchnerismo ya debió soportar cuando se probó que recibía dinero de traficantes de drogas o proveedores estatales. Quizás, había algo más en lo que podía revelar el fiscal que ameritara tomar una decisión tan grave.

Hugo Chávez junto a Cristina y Néstor Kirchner (AFP)

Hugo Chávez junto a Cristina y Néstor Kirchner (AFP)

Tras su muerte, la investigación que llevaba adelante Nisman fue clausurada por el juez Daniel Rafecas, quien decidió darla por concluida en cuestión de horas. Fue tan poco el tiempo que transcurrió entre que recibió la causa y el momento que decidió darla por cerrada, que resultaba lógicamente imposible que hubiera alcanzado a leer las miles de fojas del expediente y repasar las 5.000 horas de escuchas que contiene. Rafecas fue siempre un juez obediente al kirchnerismo, al igual que los ex camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, que confirmaron en su momento el cierre propiciado por el juez que revisaba las causas en tiempo récord.

Tras cinco intentos de la AMIA y los grupos de la justicia argentina que reclamaban la reapertura de la causa, la Cámara de Casación ordenó retomar las investigaciones de Nisman.

Con la reapertura de la causa que investiga a Cristina Kirchner, se abre la posibilidad de explorar nuevamente los motivos que llevaron a la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán y saber que se negoció en las sombras en aquella reunión en Alepo.

Los elementos para suponer que además de dinero e impunidad se podrían haber negociado la venta de tecnología nuclear, no son pocos. Las pistas que indicarían que algunos de los involucrados podrían haber cobrado pequeñas fortunas por ello, también deben ser tenidas en cuenta.

Alguien dijo que habría que acercar un detector de radiación nuclear a la investigación de Nisman y observar el resultado. Minas y fábricas iraníes secretas en Venezuela protegidas por el ejército chavista, acuerdos atómicos, reuniones en las sombras para pactar impunidad entre argentinos, sirios e iraníes, valijas cargadas de dólares y sugestivas similitudes entre los programas nucleares argentino y persa, son apenas la punta del ovillo en un tema que podría tener derivaciones explosivas.

Por Ignacio Montes de Oca

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El Gobierno acordó con Miguel Ángel Pichetto la agenda de las sesiones extraordinarias en el Senado

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El jefe de la bancada peronista se reunió con el ministro del Interior Rogelio Frigerio para avanzar en el temario de sesiones extraordinarias.

En su estrategia para cerrar el año parlamentario y acordar con la oposición el tratamiento de buena parte de los 4o proyectos de ley que el Gobierno habilitó por decreto para el tratamiento de sesiones extraordinarias del Congreso, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se reunió en la Casa Rosada con el jefe de la bancada de senadores peronistas, Miguel Ángel Pichetto, para aborda

Según confiaron a Infobae fuentes parlamentarias y del Gobierno, Pichetto se mostró predispuesto a avalar desde su bancada los proyectos de ley que pueden recaer en el Senado y que se aprueben en Diputados. Entre ellos, aparecen el régimen penal para prevención de delitos en el fútbol o cometidos por barras bravas, el proyecto de financiamiento de partidos políticos y los pliegos de ascensos de militares y diplomáticos.

“Tenemos disposición de avalar los proyectos consensuados con el Gobierno. Hay que avanzar en los temas propuestos ya que el Presidente ha cumplido con los gobernadores y la oposición todos los temas planteados”, expresó a este medio un allegado a Pichetto que estuvo a las 16:30 reunido con Frigerio.

Durante ese encuentro, se pudo saber que el referente del peronismo en el Senado pasó revista con el ministro del Interior a todos los temas que envió por decreto el Gobierno para ser incluidos en el temario de sesiones extraordinarias y Pichetto no opuso resistencia a ninguno de los temas. El voto de la bancada que lidera Pichetto será crucial para el oficialismo en el Senado para avalar todos los temas que gire Diputados y se intenten aprobar antes de fin de año.

Es más, si en la Cámara de Diputados el bloque de Cambiemos logra destrabar algunas diferencias internas del proyecto de financiamiento de partidos políticos y de la ley de barras bravas, Pichetto estaría dispuesto a avanzar cuanto antes en la aprobación de esas iniciativas ya que las considera “necesarias para la Argentina de hoy”.

El decreto firmado este domingo por Macri para avanzar en las sesiones extraordinarias contempla un listado de 40 proyectos de ley, entre los cuales se encuentran algunos de carácter más administrativo -como la autorización al Presidente para viajar al exterior o la autorización para la entrada y salida de tropas con fines de ejercicios conjuntos-, con otros de mayor trascendencia como el proyecto para modificar la Ley de Impuesto a los Bienes Personales, el que modifica la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos o el que se propone atacar a los barrabravas de fútbol estableciendo un “Régimen Penal y Procesal para la Prevención y Represión de Delitos en Espectáculos Futbolísticos”.

El Gobierno también dispuso que se trate en extraordinarias el proyecto de Ley de Reconocimiento y Protección de las Personas Apátridas; una modificación a la ley que regula la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y papel de diarios; un proyecto de ley por el cual se establece la obligatoriedad de la presentación de un certificado de aptitud física a toda persona humana que realice actividades físicas y/o deportivas en instituciones deportivas o en carreras de calle, y la incorporación de la Sociedad de Interés y Beneficio Colectivo (IBC) a la Ley de Sociedades Comerciales.

El proyecto de Bienes Personales cuenta con la aprobación del Senado y forma parte del acuerdo con los gobernadores. Pero falta aún el apoyo de Diputados. Por este motivo, también Pichetto le reclamó a Frigerio que se acelere la aprobación de esta iniciativa clave para los gobernadores en función del acuerdo que hubo para la aprobación del proyecto de presupuesto 2019 con déficit cero

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Comienza el G20: los líderes más importantes del mundo se reúnen en Buenos Aires para una cumbre histórica

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Con un despliegue de seguridad inédito, Mauricio Macri es el anfitrión del foro de políticas económicas más importante del planeta. Presidentes como Trump, Putin, Xi Jinping y May participan de la cita, y aprovecharán su estadía para resolver -entre ellos- los conflictos globales. Guerra comercial, migración, terrorismo y cambio climático, los temas que ponen en peligro el éxito del evento

Mauricio Macri en el G20 cierra la primera reunión de ministros de Finanzas

Mauricio Macri en el G20 cierra la primera reunión de ministros de Finanzas

Ya llegaron. El tiempo de especulaciones terminó y comienza la Cumbre del G20, el desafío internacional más importante de la historia Argentina. El gobierno de Mauricio Macri tiene varios frentes abiertos y debe estar a la altura: lidiará con la discusión propia del G20, la seguridad, su búsqueda de acuerdos en una decena de importantísimas reuniones bilaterales y deberá mediar entre líderes que llegan con sus propios conflictos. Atravesar airoso estas 48 horas es el objetivo.

La Argentina preside este año el G20, el foro de políticas económicas más importante del mundo. Desde 2008, cuando el planeta estuvo por estallar por el crack económico, los mandatarios de los países más industrializados decidieron sumar a los emergentes y transformaron el mecanismo previsto para ministros en un club de presidentes. Salvar el sistema económico mundial -y a los bancos- fue la meta y para eso se necesitaba de países como China, por ejemplo. Así, el G20 devino en el encuentro de los poderosos. Eso es lo que comanda Argentina este año. Es importantísimo porque brinda la oportunidad de definir la agenda de esta cumbre y de concretar acuerdos comerciales que resulten provechosos para el país.

Ya llegaron el saudita Mohammed bin Salman, el australiano Scott Morrison, el brasileño Michel Temer, el canadiense Justin Trudeau, el chino Xi Jinping, el surcoreano Moon Jae-in, el estadounidense Donald Trump, el francés Emmanuel Macron, el indio Nerendra Moodi, el indonesio Joko Widodo, el italiano Giuseppe Conte, el japonés Shinzo Abe, el mexicano Enrique Peña Nieto, la británica Theresa May, el ruso Vladimir Putin, el sudafricano Cyril Ramaphosa y el turco Recep Tayyip Erdogan, que con el español Pedro Sánchez y el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk conforman el equipo permanente del G20.  Se espera que, después de un desperfecto técnico con su avión, arribe la alemana Angela Merkel. Además, ya están aquí el chileno Sebastián Piñera y el holandés Mark Rutte, ambos invitados de Argentina. Y líderes de países que presiden organizaciones regionales como el presidente de Ruanda, Paul Kagame; el de Senegal, Macky Sall; y el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong; y el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness.

Una postal del impresionante operativo de seguridad que se implementó para la cumbre (Foto: Adrián Escandar)

Una postal del impresionante operativo de seguridad que se implementó para la cumbre (Foto: Adrián Escandar)

Argentina deberá garantizar la seguridad de todos ellos y de los miles de funcionarios y periodistas internacionales que los acompañan. Para eso, se desplegaron 22.000 efectivos. Habrá tres anillos de seguridad, rige la ley de derribo, habrá restricciones a la circulación por tierra, aire y mar; hay equipos especialmente capacitados para amenazas nucleares y bacteriológicas; y las fuerzas armadas y de seguridad de la Argentina -con ayuda de varios países como EEUU y China, por ejemplo- debieron reforzar su equipamiento. El asunto es delicado, más luego de una serie de atentados ocurridos en la ciudad de Buenos Aires por militantes anti-G20. A los vecinos de la ciudad no les queda otra opción que adaptarse. Habrá muchos cortes de calle, zonas de exclusión y controles vehiculares… Estas serán las 48 horas con más restricciones a la circulación en los 35 años de democracia.

Así y todo, a pesar de los miles de policías que estarán en las calles, el feriado decretado para hoy en la ciudad de Buenos Aires y la falta de subtes y trenes, más de un centenar de organizaciones sociales y de derechos humanos anunciaron que marcharán para repudiar el G20. No será frente a la sede de la cumbre ni en Casa Rosada porque esas zonas están cerradas: la concentración será a las 15, en Avenida 9 de Julio y San Juan.

El microcentro porteño, vallado antes de la cumbre (Foto: Thomas Khazki)

El microcentro porteño, vallado antes de la cumbre (Foto: Thomas Khazki)

Mientras se desarrollen las movilizaciones, los presidentes deliberarán. En el cronograma oficial hay un “retiro” -una reunión privada de los 20 miembros permanente más España- y cuatro sesiones plenarias. De la cumbre debe salir un communiqué final que la Argentina pretende que sea consensuado. El antecedente de Hamburgo no es promisorio. Además de los mediáticos enfrentamientos en las calles con fuego y gases lacrimógenos, puertas adentro, el recién llegado Donald Trump rompió el consenso con su veto al pacto sobre Cambio Climático.

“Argentina tiene el enorme desafío de alcanzar un consenso que marque las reglas de la economía mundial”, definió Pedro Villagra Delgado, el sherpa argentino y probablemente el hombre que más sabe de este G20. Los temas conflictivos que pueden truncar el documento final son la puja entre multilateralismo y el proteccionismo, el acuerdo por el cambio climático, los subsidios al acero y la cuestión de las migraciones.

La deputy de Finanzas, Laura Jaitman, que lideró las negociaciones económicas durante todo el año, es muy optimista. En diálogo con Infobae aseguró que hay señales de que el proceso ya es exitoso. “Durante este año, muy desafiante por el contexto global y también por el local, pudimos mantener todos los canales de diálogo abiertos y todas nuestras reuniones ministeriales terminaron con documentos de consenso”, explicó.

Las tensiones no solo pasarán por el communiqué: cada uno de los presidentes viene con sus problemas internos y con asuntos que tratar con otros mandatarios de manera bilateral. Por ejemplo, a horas de llegar, Donald Trump canceló vía Twitter la cita con Vladimir Putin, una de las más esperadas. Por ahora, la que sí se mantiene es la cena con el chino Xi Jinping, de la que depende el planeta (por la guerra comercial) y Macri tiene en su agenda -además del norteamericano y el chino- al francés Macrón, al italiano Conte, a la alemana Merkel, al indio Modi, a la británica May y al español Sánchez.

Otro foco de conflicto a tener en cuenta es la presencia del príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, que se volvió un inesperado protagonista de esta cumbre. Señalado como el autor intelectual del brutal asesinato del periodista opositor Jamal Khashoggi en su consulado de Estambul, si cruza una mirada con el turco Erdogan se trasnformará en noticia. Además, repudiado por Europa, son pocos los que quieren tenerlo cerca… Incluso Donald Trump, que respaldó públicamente a Riad aun cuando la CIA señaló a la monarquía por el homicidio, duda de tener un encuentro a solas con el príncipe en Buenos Aires.

Finalmente, en medio de este entramado geopolítico, habrá una especie de cumbre de cónyuges con agenda propia. Se trata de un gran desafío para Juliana Awada que, por primera vez, deberá liderar un programa completo de actividades. Será la anfitriona de mediáticas figuras como Melania Trump, Brigitte Macron o Sophie Grégoire Trudeau; y el itinerario incluye un almuerzo en Villa Ocampo y una visita al museo del Malba. Además, participarán de la gala y cena en el teatro Colón este viernes a la noche, junto a los líderes mundiales.

Macri arranca hoy su desafío internacional más arduo. Pretende demostrar que la Argentina está abierta al mundo y que es capaz de organizar un evento de esta envergadura… Comenzaron las 48 horas de tensión, comenzó el G20.

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La Justicia investiga al gobierno de Santiago del Estero por una sospechosa extracción en efectivo de casi 32 millones de dólares

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Funcionarios de la gobernación intentaron retirar esa suma de dinero en dólar billete por ventanilla

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora

La Justicia evitó el cobro por ventanilla de 31.900.000 dólares que el gobierno de Santiago del Estero intentó realizar a través de una sospechosa extracción en una sucursal del Banco Hipotecario. Apoderados de la gobernación de Gerardo Zamora pretendieron retirar esa suma de dinero en efectivo y en dólar billete por ventanilla. La operación quedó en la mira de la Justicia. 

Según pudo reconstruir Infobae a partir de varios actores vinculados a la operatoria, desde el Banco Hipotecario pidieron explicaciones por el monto inusual del retiro. Desde Santiago del Estero señalaron que se trataba de una emergencia y que el dinero era necesario para afrontar, entre otras obligaciones, el pago de salarios.

El banco pidió que se justificara esa emergencia luego de advertir que los salarios no se pagan en efectivo y menos aún en dólares. Al mismo tiempo la entidad bancaria le informó a la provincia que el retiro de casi 32 millones de dólares en efectivo tendría un costo adicional de 400.000 dólares. Y que ese gasto se evitaba si la operación se hacía en forma electrónica. Así y todo los apoderados insistieron. Querían hacer el retiro en efectivo a como diera lugar.

Al mismo tiempo y ante la negativa del Banco Hipotecario, el gobierno de Santiago del Estero inició una acción judicial ante un juzgado provincial.

Una jueza civil y comercial del distrito en cuestión autorizó la extracción y le dio un plazo de tres días hábiles al banco para que la hiciera efectiva. A la acción judicial iniciada en la provincia se sucedió la intervención de altos funcionarios santiagueños que insistieron ante las autoridades bancarias para que fuera autorizado el retiro de dinero en efectivo.

Debido a que la operación era sospechosa, intervino la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo del Estado que previene el lavado de dinero. Esa oficina pidió la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) que depende de la Procuración General de la Nación.

La PROCELAC pidió una medida cautelar para suspender el retiro debido a lo sospechoso de la situación. La semana pasada la jueza federal María Servini dispuso una medida cautelar que frenó por diez días hábiles el pago de esa considerable suma de dinero. La provincia deberá explicar de manera razonable el porqué de tamaña extracción.

En 2017 hubo una modificación de la UIF a las normas que regulan las operaciones en los bancos. Cuando se detecta una operación inusual de algún organismo público, además de justificar el origen de los fondos hay que explicar el destino del dinero. Debido a lo extraño de la operación que intentó Santiago del Estero, el banco alertó a la UIF.

Esto surgió a partir de un caso emblemático: los retiros de grandes sumas de dinero que hacía la agrupación de Milagro Sala en Jujuy.

Pero además de avisar a la UIF el banco le pidió explicaciones a los apoderados de la provincia que habían ido a retirar el efectivo. Les solicitaron  el acta administrativa preguntando para qué eran esos fondos y quién había tomado esa decisión. La primera respuesta fue que la iban a usar para pagar sueldos y gastos corrientes de la provincia. Desconociendo incluso una norma de la provincia de Santiago del Estero que establece que esos pagos no pueden realizarse ni en efectivo ni en dólares, sino solamente con transferencia bancaria.

Desde el banco insistieron y consultaron para qué necesitaban dólares y por qué retiraban un monto fuera de lo habitual. La segunda respuesta fue diferente, en esta oportunidad los funcionarios del gobierno de Gerardo Zamora argumentaron que lo hacían para proteger los recursos de la provincia frente a la crisis generada por el gobierno nacional.

Mientras está en vigencia la cautelar dictada por Servini se inició una etapa de conciliación entre la provincia y el banco para resolver la situación. Por el momento, el retiro del dinero en efectivo por ventanilla quedó suspendido.

Otro antecedente

En tanto, otro caso similar pero de un monto menor está a cargo del juez federal Sebastián Ramos. A fines de octubre la provincia de Santiago del Estero intentó retirar dos millones de dólares en efectivo y por ventanilla de la sucursal del Banco Nación de la capital provincial.

El banco solo tenía la mitad del dinero que fue entregada. Antes de la segunda entrega se dio una intervención similar a la sucedida en el intento de retiro de casi 32 millones de dólares y Ramos paró el retiro por el millón de dólares pendiente.

Los investigadores no descartan que haya habido en los últimos tiempos más operaciones similares que serán judicializadas a la brevedad. En tanto se trata de investigar para qué se iban a utilizar los fondos públicos de la provincia gobernada por Zamora. Lo que está claro es que no querían dejar registros de los movimientos.

Los documentos del descargo de Santiago del Estero

El ministro de Economía Atilio Chara le envió una nota al Banco Central de la República Argentina notificando la intención de retirar los casi USD 32 millones de una sucursal del Banco Hipotecario. Solicitó, además, que no le apliquen gastos extras por el traslado del efectivo, como pretendía la entidad. En el texto, el gobierno de Santiago del Estero puso en conocimiento de la autoridad monetaria que una jueza provincial había ordenado que se instrumenten los mecanismos necesarios para cumplir con el trámite.

Infobae

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