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Trump presentó su plan de paz para Medio Oriente y propuso “duplicar el territorio” de Palestina si renuncia al terrorismo

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Los líderes palestinos ya habían adelantado su rechazo a cualquier propuesta que tenga a Estados Unidos como único mediador, aunque el mandatario norteamericano sostuvo que la iniciativa es “excesivamente buena” para ellos

 

 

 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este martes los detalles del conocido como “Acuerdo del siglo”, su propuesta para intentar solucionar el conflicto de Medio Oriente, que implica duplicar el territorio de los palestinos a cambio de que éstos renuncien al terrorismo.

En una conferencia conjunta con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Trump afirmó que su país estaba tomando “un gran paso” hacia la paz.

Durante su discurso, el mandatario estadounidense dijo que los palestinos “merecen una vida mucho mejor”. Antes, había afirmado que “muchos” países árabes se han mostrado de acuerdo con el plan, si bien la Autoridad Palestina ya ha expresado su rechazo frontal. Sobre el punto, el mandatario advirtió que esta podría ser “la última oportunidad” para los palestinos, y que se había comunicado con Abbas para compartir con él el proyecto.

En la propuesta presentada el martes, figura la creación de un estado Palestino independiente, cuya capital esté ubicada en Jerusalén Este. Además, se congelará 4 años desarrollo israelí en una zona que estaría prevista para el Estado palestino.

“Ni israelíes ni palestinos tendrán que abandonar sus casas”, añadió.

El presidente de los EEUU, Donald Trump, junto al primer ministro, Benjamin Netanyahu (REUTERS/Brendan McDermid)

El presidente de los EEUU, Donald Trump, junto al primer ministro, Benjamin Netanyahu (REUTERS/Brendan McDermid)

“Este mapa duplicará el territorio de los palestinos, con una capital en Jerusalén Este, donde Estados Unidos abrirá orgullosamente una embajada”, detalló el mandatario, aunque advirtió que, para eso, los palestinos deberán “renunciar al terrorismo”.

“No fui elegido para hacer cosas fáciles o esquivar los problemas importantes”, dijo Trump, y agregó: “Ha sido un largo y difícil proceso”.

El acuerdo, que ya tiene el respaldo de Netanyahu, posee 80 páginas, 50 de las cuales constituyen el plan político anunciado el martes y 30 una propuesta de 50.000 millones de dólares para la reactivación económica de Palestina, Jordania y Egipto, que se había anunciado en julio.

En uno de los puntos de su alocución, el presidente aclaró que Jerusalén permanecerá como la “capital indivisible” de Israel, lo que fue ovacionado por el público presente.

El primer ministro israelí señaló asimismo que los refugiados palestinos no tendrán derecho a regresar a Israel, en tanto se dijo dispuesto a acordar con los palestinos “un camino hacia un futuro estado”, aunque puso como condición que reconozcan al “Estado judío”.

Donald Trump (Reuters)

Donald Trump (Reuters)

El premier israelí, Benjamin Netanyahu, quien tomó la palabra después de Trump, dijo que se trataba de “un día histórico”, y confirmó que Israel mantendrá la soberanía sobre la zona del valle de Jordania.

También confirmó que los Estados Unidos reconocerán los asentamientos israelíes en ese área, lo que significaría la anexión de alrededor del 30% del territorio de Cisjordania.

“Esto nos dará una frontera oriental permanente para defendernos”, apuntó Netanyahu, quien volará desde Washington con destino a Moscú para informar a Vladimir Putin del plan de Trump.

Apoyo de Johnson al plan de Trump

El gobierno británico estimó el martes que el plan presentado por Trump para resolver el conflicto palestino-israelí “podría constituir un avance positivo”.

Rechazado de entrada por los palestinos, el plan fue discutido telefónicamente entre Donald Trump y el primer ministro británico, Boris Johnson.

“Podría ser un avance”, indicó un portavoz de Johnson.

“Excesivamente bueno” para los palestinos

Antes de la presentación, Trump había asegurado que los palestinos “deberían querer” el “Acuerdo del siglo”. “Probablemente no lo van a querer de entrada, pero creo que al final sí lo harán”, añadió.

De esta forma, sostuvo que “es muy bueno para ellos” y que “de hecho, es excesivamente bueno para ellos”. “Sin ellos, no hay acuerdo”, indicó, antes de recordar que Estados Unidos “cortó la ayuda a los palestinos”, algo que “no le gustó hacer”.

“Lo hicimos. Creo que hay una muy buena oportunidad y que van a querer esto”, argumentó. “Si lo conseguimos, será un gran tributo para todos. Si no, la vida sigue”, remachó.

El asesor de la Casa Blanca, Jared Kushner, durante la conferencia de prensa conjunta entre Donald Trump y Jared Kushner (REUTERS/Brendan McDermid)

El asesor de la Casa Blanca, Jared Kushner, durante la conferencia de prensa conjunta entre Donald Trump y Jared Kushner (REUTERS/Brendan McDermid)

Un punto clave en la estrategia de Kushner es reclutar a países árabes de la región para que convenzan a los palestinos de acercarse a la mesa negociadora, y después de meses de contactos, la Casa Blanca ya ha compartido detalles del plan con “aliados importantes” en la zona, dijo a Efe una fuente oficial estadounidense.

Rechazo desde Palestina

El primer ministro palestino, Mohamed Shtayé, había hecho el lunes un llamamiento a la comunidad internacional para que rechace el “Acuerdo del siglo”.

Queremos que la comunidad internacional no sea un socio en este acuerdo, ya que contradice el alfabeto del Derecho Internacional y los derechos inalienables de nuestro pueblo”, señaló, según ha informado la agencia palestina de noticias WAFA. Así, sostuvo que el plan beneficia a Israel a costa de los derechos del pueblo palestino, antes de recalcar que no constituye una base sobre la cual trabajar para resolver el conflicto.

Shtayé manifestó que la propuesta sacude los pilares de la Iniciativa de Paz Árabe -aprobada en 2002 y respaldada posteriormente en 2007 y 2017-, al tiempo que reiteró que Jerusalén Este debe ser la capital del futuro Estado de Palestina.

Este martes en la Franja de Gaza se organizaron protestas contra el gobierno estadounidense (Reuters)

Este martes en la Franja de Gaza se organizaron protestas contra el gobierno estadounidense (Reuters)

Este plan no devuelve la tierra ocupada a su pueblo, no reconoce las fronteras de 1967, no reconoce Jerusalén como territorio ocupado, sino que se lo da a Israel como capital, lanza una guerra financiera contra la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), cierra la oficina de Palestina en Washington y trabaja para secar las fuentes financieras de la Autoridad Palestina”, explicó.

Por ello, reiteró que “no es otra cosa que un plan para liquidar la causa palestina”. Shtayé pidió además que “la nación árabe esté más unida que nunca y sea un escudo que proteja a Palestina de la gran conspiración y salvaguarde los derechos de su pueblo”.

La Autoridad Palestina ya ha rechazado la mediación de Estados Unidos por su decisión sobre el estatus de Jerusalén, argumentando que mantiene una postura sesgada y favorable a los intereses de Israel.

Trump anunció el 6 de diciembre de 2017 el cambio a Jerusalén su Embajada en Israel, dinamitando con ello el único punto de consenso en la comunidad internacional sobre el conflicto entre israelíes y palestinos: que el estatus de la ciudad santa debía decidirse en un eventual diálogo de paz. Un total de 128 países se manifestaron en contra de este movimiento en una votación de la Asamblea General de Naciones Unidas, pese a lo cual Estados Unidos y sus aliados han seguido adelante con sus planes. Israel considera zanjada la cuestión de la capitalidad de Jerusalén.

(Con información de Europa Press y EFE)

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Estados Unidos ya vacunó con dos dosis a 100 millones de personas

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Estados Unidos tiene ya cien millones de personas completamente vacunadas contra el coronavirus, lo cual morigerará los devastadores efectos de la enfermedad, lo que supone un 35% de su población.

Estados Unidos tiene ya cien millones de personas completamente vacunadas contra el coronavirus, lo cual morigerará los devastadores efectos de la enfermedad, informó hoy el coordinador de respuesta a la pandemia de la Casa Blanca, Jeff Zients.

«Son 100 millones de estadounidenses con una sensación de alivio y tranquilidad al saber que después de un año largo y duro están protegidos del virus, sabiendo que su decisión de vacunarse no solo los protege a ellos sino que también protege a sus familias, sus amigos y sus comunidades», expresó Zients en rueda de prensa.

El país, que sigue siendo el más afectado del mundo, ha distribuido 237 millones de dosis y el 55% de los adultos recibió al menos una dosis.

Se considera que una persona está completamente vacunada dos semanas después de la aplicación del inmunizante o de la segunda dosis para los que se administran en dos tomas.

La campaña de vacunación en Estados Unidos arrancó con altibajos en diciembre, pero el ritmo aumentó rápidamente durante la primavera boreal hasta llegar a un pico de la tasa de inyecciones a principios de abril.

Sin embargo, ahora experimenta una cierta disminución del ritmo de inoculación, consignó la agencia de noticias AFP.

Paulatinamente, todas las personas que estaban convencidas de querer vacunarse lo han hecho, por lo que ahora la campaña está orientada a llegar a las indecisas o de difícil acceso, como las que residen en zonas rurales.

En el país están autorizadas tres vacunas, las de Pfizer/BioNtech, Moderna y Johnson & Johnson, esta última la única que no precisa de más de una dosis.

Estados Unidos registra 32,3 millones de casos y 575.000 muertes, según el último reporte sanitario.

Entretanto, se informó oficialmente que los mayores de 16 años pueden vacunarse en Florida desde hoy sin prueba de residencia, lo que abre la vía a la inmunización de las personas indocumentadas.

FUENTE : LIBRE EXPRESION

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La dictadura de Nicolás Maduro arrecia la censura en Venezuela: ahora va por el control de las redes sociales

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Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, y Luis Díaz, periodista y activista venezolano, dialogaron con Infobae sobre los nuevos pasos que pretende dar el régimen chavista para seguir atentando contra la libertad de expresión
El dictador Nicolás Maduro busca regular y controlar las redes sociales en Venezuela

La dictadura de Nicolás Maduro viene dando señales de nuevos controles que comenzarán a regir en Venezuela para limitar aún más la ya endeble libertad de expresión. No basta con las legislaciones ya existentes. El régimen pretende dar una nueva estocada e incrementar el seguimiento de las redes sociales, que en los últimos años se han convertido en el principal canal al que acuden los venezolanos para informarse, expresarse, e incluso denunciar la dramática situación que atraviesa el país.

Periodistas, activistas, abogados y miembros de la oposición venezolana denuncian que la dictadura lo que busca es, a través de la írrita Asamblea Nacional chavista, darle un marco legal a lo que ya se viene haciendo: detenciones a quienes difunden críticas en redes sociales, acusaciones infundadas y sin pruebas, y amenazas.

El pasado 3 de marzo, el Parlamento aprobó una agenda legislativa que incluía 35 propuestas de ley. Entre ellas se encuentra un proyecto para la reforma parcial de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Resorte), y la creación de la denominada Ley de Ciberespacio.

Semanas después, el 31 de marzo, Freddy Ñáñez, ministro de Comunicación del régimen, avisó que el chavismo podría regular aún más las redes sociales luego de que Facebook suspendiera la cuenta de Maduro por difundir información falsa sobre el coronavirus. “En Venezuela hay instituciones y leyes que no pueden ser violadas por los contratos que haga una empresa. Por eso vamos a elevar a la Asamblea Nacional un proyecto de ley por la actualización que se hará sobre la Ley Resorte”.

La suspensión de la cuenta de Maduro fue sólo una excusa, un motivo más para las ambiciones del régimen. La orden fue dada hace tiempo. De hecho, el pasado 6 de noviembre el dictador hizo pública su intención: “La radio tiene leyes y la gente tiene que cumplirlas. La televisión tiene leyes; inclusive la televisión por cable. La prensa tiene sus leyes. Tiene sus libertades y sus límites. ¿Pero qué límites cumplen esas redes que ya conocemos? Ninguno. Es un tema para la próxima Asamblea Nacional”.

“Ellos ya sin ley cometen aberraciones”, comentó a Infobae el periodista y ciberactivista venezolano Luis Carlos Díaz, quien sufrió en primera persona la persecución y censura del régimen, cuando en 2019 fue detenido por las fuerzas de seguridad luego de informar en sus redes sociales todo lo relacionado al gran apagón que afectó a toda Venezuela en marzo de ese año. Como ha ocurrido a miles de venezolanos, fue acusado por las autoridades de “instigación a delinquir”. La justicia chavista, no obstante, no ha presentado una prueba en su contra.

Estas normas se suman a la controvertida Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, conocida como “Ley contra el Odio”, aprobada en noviembre de 2017 por la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente (ANC). La misma establece duras penas de 20 años de cárcel, cierre de medios de comunicación, y elevadas multas económicas a medios y empresas, entre otras sanciones.

Luis Carlos Diaz, periodista y ciberactivista venezolano, fue detenido en 2019 por explicar en sus redes sociales cómo actuar ante los apagones que afectaron al país en marzo de ese añoLuis Carlos Diaz, periodista y ciberactivista venezolano, fue detenido en 2019 por explicar en sus redes sociales cómo actuar ante los apagones que afectaron al país en marzo de ese año

“La Ley de odio es una ley ilegítima promulgada por la Asamblea Constituyente, que carece de reconocimiento internacional, es una muy mala copia de leyes de odio de otros países que se han usado para perseguir a disidencias”, explicó Díaz. Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, recordó en diálogo con este medio que la Constitución venezolana “establece que una Asamblea Nacional Constituyente no tiene entre sus mandatos hacer leyes”.

Ambos coincidieron en que esa norma se “aplica de forma discrecional”: “A la gente se la llevan para hacerle preguntas y las acusan de generar odio”, contó Díaz. Además, sostuvo que la persecución no se lleva a cabo a través de una “herramienta o aparato sofisticado”. Se trata de gente que “vende a otros al gobierno”; gente que revisa historias de Facebook, Instagram o WhatsApp, para delatar a otros: “Es gente que quiere escalar en la estructura de poder, de represión”.

La mayoría de los casos nunca llegan a juicio. Los acusados llegan a pasar periodos indefinidos en prisión preventiva, tiempo en el que reciben muy poca -o nula- información sobre la causa. Las liberaciones se dan de forma arbitraria y por mera decisión de las autoridades. “La apertura de un proceso ya es un castigo, aunque no hayas sido condenado. El proceso judicial no avanza, la fiscalía no presenta nada, casi todos dicen que no puedes hablar de tu caso, te inhiben, te establecen un régimen de presentación… Es muy kafkiano el proceso. Es un castigo anticipado por casos que no constituyen delito”, apuntó Correa.

La ley prohíbe toda conducta que promueva “el odio nacional”. Sin embargo, en sus seis páginas y 25 artículos, no especifica qué acciones, declaraciones u otros comportamientos constituyen odio. “Es una justificación para hacer lo que ellos quieran”, consideró tiempo atrás la ex fiscal general del país, Luisa Ortega Díaz, en alusión a los jueces y fiscales afines al chavismo.

La Ley Resorte, por su parte, también forma parte del amplio paquete de legislaciones que limitan la libertad de expresión en Venezuela. Aprobada en diciembre de 2004, su objetivo es establecer la responsabilidad social de los prestadores de los servicios de radio y televisión. En 2010 fue reformada para incluir a los medios electrónicos, lo que Díaz calificó como una “aberración jurídica”.

Correa explicó que la norma “nació pretendidamente para proteger a los niños y adolescentes, pero se terminó utilizando para castigar a medios críticos e independientes, y hasta el día de hoy se sigue usando”: “Se sigue usando la amenaza de su aplicación”. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) juega un papel muy importante en este sentido: “Es un órgano de naturaleza más bien técnica, que ahora se dedica a administrar contenido. Entonces mandan exhortos a las emisoras, y a veces las emisoras sacan el programa en cuestión u otras veces se inhiben de tratar ciertos temas… (…) Por ejemplo, Infobae está bloqueado en Venezuela, pero eso no tiene ningún procedimiento. Es sencillamente una instrucción de Conatel a los proveedores de internet, y ellos eliminan esa dirección IP. Pero ahí no hay ningún procedimiento administrativo, ningún proceso judicial, nadie ha podido apelar. Simplemente se bloquea y ya… eso ocurre con muchos portales”, detalló el abogado y activista venezolano.

A este amplio abanico de leyes se puede llegar a incluir la Ley del Ciberespacio que, según adelantó el presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, podría ser aprobada en el curso de este año. Al respecto, Ñáñez dijo que las normas actuales quedaron desactualizadas, por ejemplo, en “la soberanía del espacio aéreo”, pues las redes funcionan “por el ciberespacio” y, por tanto, “usan el espectro público para posicionar las reglas de su corporación”.

“Ya es una metástasis”, opinó Díaz sobre esta acumulación de normas, cuyo único fin es silenciar a los venezolanos. Sobre la Ley de Ciberespacio, explicó que hasta el momento “no hay nada”, ni siquiera “un borrador”.

“No tengo muy claro el objetivo de estas normas porque ya se están aplicando muchos instrumentos de manera restrictiva. Incluso ellos utilizan intensamente las redes sociales. Tienen ejércitos de trolls, gente que se dedica a posicionar etiquetas en Twitter. ¿Entonces van a bloquear Twitter? Lo mismo WhatsApp, que ellos lo usan intensamente para coordinar sus distintos proyectos, programas… Tienen ahí un problema que no es de fácil solución. Porque si bloquean Twitter, por ejemplo, se bloquean a ellos también”, añadió Correa.

Jorge Rodriguez, presidente de la Asamblea Nacional chavista, anunció que la Ley de Ciberespacio podría ser aprobada este año por el Parlamento (REUTERS/Manaure Quintero)Jorge Rodriguez, presidente de la Asamblea Nacional chavista, anunció que la Ley de Ciberespacio podría ser aprobada este año por el Parlamento (REUTERS/Manaure Quintero)

Según el director de Espacio Público, la intención de la dictadura es “generar más miedo, tratar de tener más herramientas para controlar y exigir cosas”: “En algunas ocasiones se sienten desprovistos con algunas de las herramientas en relación a las plataformas. Pero dependen de las plataformas. En alguna ocasión pensaron en crear plataformas propias, pero nada de eso ocurrió”.

Esta semana la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció que el uso de la Ley Resorte en Venezuela “regula el espectro radioeléctrico de manera discrecional y punitiva”, lo que la convierte en “un instrumento para silenciar la radio”: “Las estaciones de radio que todavía existen están autocensuradas por el terror que genera esta ley Resorte”. Según datos del organismo, al menos ocho estaciones han sido sacadas del aire en los últimos meses.

La SIP indicó que en el país caribeño hay “una dictadura implacable” que considera al periodismo independiente como un enemigo permanente: “La situación de la libertad de expresión sigue en el mismo nivel crítico de los últimos años”.

En su último informe, el organismo internacional sostuvo que “la mayoría de los medios que difunden informaciones críticas han migrado a internet”. Esto, pese a los bloqueos de páginas web que realiza el régimen “a través de las compañías telefónicas”.

Además, denunció que a “muchos periodistas se les han iniciado investigaciones penales ordenadas por jerarcas del Gobierno con la finalidad de silenciarlos e intimidarlos”. “En la calle, la intimidación a los periodistas es una constante permanente. Son incontables los casos de amenazas, robo de equipos, mini secuestros, agresiones físicas por parte de los distintos órganos represivos del Estado, así como de parte de colectivos, grupos paramilitares armados, protegidos y empleados por el Gobierno”.

Mientras la dictadura acusa a simples ciudadanos de generar “odio”, para la SIP son “los personeros del Gobierno” los que utilizan los medios audiovisuales “para generar odio contra los periodistas”.

Para la SIP, la dictadura venezolana ve a los medios independientes como un "enemigo permanente"Para la SIP, la dictadura venezolana ve a los medios independientes como un “enemigo permanente”

Persecución y censura

Son innumerables los casos de censura, intimidación y restricciones que han sufrido los venezolanos en los últimos tiempos. Persecución que se acentuó desde el inicio de la pandemia. “Al principio de la pandemia hubo un incremento de los detenidos vinculado al uso de las redes sociales y mecanismos de mensajería, como WhatsApp. Hubo un aumento de la persecución criminal por el ejercicio de la libertad de expresión, primero con temas vinculados al covid, y después fueron temas más vinculados a casos de corrupción con la gasolina, denuncias sobre situación de hospitales, por eso hay varios médicos perseguidos”, comentó Correa.

Díaz recordó la persecución y posterior detención que sufrió el año pasado el periodista Darvinson Rojas por publicar en sus redes sociales cifras del coronavirus correspondientes al estado Miranda. “Unos días después llegó las FAES, le dijeron que habían reportado un caso de coronavirus en ese domicilio. La familia no abrió la puerta, entonces la rompieron, los golpearon y se los llevaron presos. Después de unas horas a los padres los liberaron, y a Darvinson lo dejaron dos semanas preso. Lo acusaban de promover el odio”.

Casos como esos, se cuentan de a cientos.

La dictadura de Maduro ya no sólo persigue y detiene arbitrariamente a periodistas independientes, sino también lo hace con ciudadanos que critican al régimen en redes socialesLa dictadura de Maduro ya no sólo persigue y detiene arbitrariamente a periodistas independientes, sino también lo hace con ciudadanos que critican al régimen en redes sociales

De acuerdo a datos de la ONG Espacio Público, sólo en el pasado mes de febrero se produjeron en el país 38 violaciones a la libertad de expresión en 19 casos distintos.

Entre ellos se destaca el ocurrido el 10 de ese mes, cuando el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, instó al Ministerio Público (MP) a abrir una investigación contra el portal de noticias Efecto Cocuyo. El poderoso funcionario chavista, sancionado por narcotráfico, amenazó a ese medio por informar sobre un artículo publicado por la revista colombiana Semana sobre la presencia de líderes de un grupo disidente de las FARC en territorio venezolano.

La SIP alertó que también continúa ” la persecución contra corresponsales extranjeros” en Venezuela.

En las últimas semanas, dos casos han sido denunciados por Espacio Público. Un usuario de Tiktok fue arrestado por criticar a un cantante afín al chavismo, mientras que la escritora Milagros Mata Gil fue detenida junto a su marido, el poeta Juan Manuel Muñoz, por, supuestamente, difundir un artículo crítico contra el fiscal general de la dictadura, Tarek William Saab, precisamente unos de los arquitectos de la Ley del Odio.

Estos casos muestran cómo estas leyes -ilegales, controvertidas y poco entendidas- se están utilizando cada vez más para encarcelar, amenazar o intimidar a quienes se atreven a criticar a la dictadura.

FUENTE : INFOBAE

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Lapidario informe de la Casa Blanca sobre la corrupción argentina

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Cuestionó la «falta de implementación efectiva» de leyes para prevenir y sancionar hechos de corrupción, tras advertir «instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado».

Estados Unidos cuestionó la «falta de implementación efectiva» de las leyes para prevenir y sancionar hechos de corrupción en la Argentina, tras advertir que las «instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavaron los intentos sistemáticos de frenar» esta problemática que aqueja desde hace décadas al país.

Así se expresó la Casa Blanca a través del informe anual sobre el estado de los derechos humanos en 2020 en el mundo, difundido por el Departamento de Estado norteamericano.

El documento señaló que «la ley establece sanciones penales por corrupción de funcionarios», pero alertó que «no obstante, múltiples informes alegaron que los funcionarios ejecutivos, legislativos y judiciales participaron en prácticas corruptas con impunidad, lo que sugiere una falta de implementación efectiva de la ley».

El Departamento de Estado, conducido por Antony Blinken, destacó que se llevan a cabo «numerosas investigaciones relacionadas a la corrupción contra actuales y ex figuras política de alto rango, incluyendo a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y el ex presidente Mauricio Macri».

En ese sentido, se ejemplifica con la causa de los cuadernos, en el que la ex jefa de Estado y otras 52 personas «fueron acusadas de recibir sobornos, pago de sobornos o ambos en contratos de obras públicas entre 2008 y 2015».

«Los fiscales estimaron el valor total del esquema de soborno en 160 millones. Fernández de Kirchner y sus hijos enfrentaron otros cinco casos de corrupción financiera a partir de noviembre», indicó.

En lo que respecta al líder del PRO, el informe recordó la investigación que se lleva adelante por espionaje ilegal durante su gestión y que involucra a los ex titulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

«Las instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavaron los intentos sistemáticos de frenar la corrupción», denunció. En el informe se afirma que también «la corrupción ocurre en algunas fuerzas de seguridad» y precisó que la «forma más frecuente de abusos incluyen extorsión y protección es involucrados en narcotráfico, trata de personas, lavado de dinero y promoción de la prostitución».

«Acusaciones de corrupción en juzgados provinciales y federales también son frecuentes», apuntó el documento.

En las 27 páginas del informe también se relevaron puntos como la libertad de expresión, la libertad de prensa, los derechos de los niños y las cárceles. Sobre ese último punto el Departamento de Estado denunció que la «sobrepoblación carcelaria permanece como un problema».

«Las condiciones carcelarias a menudo eran duras debido al hacinamiento, la mala atención médica y condiciones insalubres. Hubo reportes de traslados forzosos y el uso recurrente de aislamiento como método de castigo, particularmente en la provincia de Buenos Aires», indicó.

FUENTE : LIBRE EXPRESION

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