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Opinión

TV Pública: los abusos y privilegios de Hernán Lombardi

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El Ministro Hernán Lombardi se lanzó en el día de ayer a un intenso raid mediático de mentiras para encubrir, con un falso e impostado discurso “democrático”, el vaciamiento deliberado de la Televisión Pública, que busca desactivarla para liquidar el servicio que presta a los argentinos, o eventualmente implementar una privatización encubierta entregando su control a alguna productora amiga, de lo cual hay ya algunos indicios.

En el día de ayer, Lombardi se convirtió en un atleta del micrófono, realizando notas en los programas radiales de Pablo Vilouta (La Red) y Reynaldo Sietecase (Radio Con Vos), a quienes solicitamos derecho a réplica y en La Nación + con su escriba favorito, Pablo Sirvén, quien en la tapa de ese diario publicó las falsedades del pasado domingo 7 de enero, sin consultar nuestra versión, más allá de citar -apenas y mal- un comunicado.

“Creemos en lo público”, contó el ministro, pero hay “privilegios que nadie puede aguantar”. Lombardi sabe que los privilegiados no somos los trabajadores, que tenemos salarios de convenio negociados con su gestión en la última paritaria hace quince meses, sino los funcionarios que se autofijaron determinados sueldos para cargos para los que no concursaron. Es el caso de Carla Piccolomini, la esposa del ministro de Modernización Andrés Ibarra, que cobró 196 mil pesos durante casi dos años en el canal. Solo promediando con esos montos es posible alcanzar las cifras que difunde el ministro.

Hernán Lombardi miente cuando dice que la financiación de la TV Pública sale en su totalidad del presupuesto nacional, cuando al menos el 70 por ciento proviene de un gravamen a empresas audiovisuales privadas establecido por la ley 26.522, sobre la comercialización de los productos y la publicidad propia, a lo que hay que sumarle lo que el canal recauda en concepto de publicidad. Lo que Lombardi presenta como privilegios, como el uso de los automóviles por parte de los camarógrafos, es la práctica usual y convencional en absolutamente todos los noticieros de los canales de televisión, simplemente porque es mucho más económico y práctico para los medios hacerlo de esa manera que tener una flota de autos con chofer, o contratar taxis. Lombardi miente además cuando dice que la planta de la TV pública se incrementó en un 70 por ciento entre 2002 y 2015. Una mayoría de esos trabajadores ya cumplía funciones en el canal, pero de manera tercerizada y sin estar registrados, y fueron sucesivamente incorporados y legalizados. En el caso del noticiero, por ejemplo, la planta disminuyó en relación al aumento de horas de aire -que pasó de 19 a 30 horas semanales, y que con las actuales decisiones vuelve a tener menos de veinte horas aire-, la creación de nuevas plataformas como la web o nuevas funciones como la digitalización del archivo histórico.

Por último, miente también Lombardi y la gestión del canal cuando afirma que con estas políticas persigue una TV Pública moderna y de calidad. Fuimos en cambio los trabajadores quienes planteamos en reiteradas oportunidades durante estos dos años la necesidad de incorporar e implementar nuevas tecnologías, renovar el equipamiento técnico que en algunos casos es obsoleto y avanzar en programas de capacitación profesional, sin tener ningún tipo de respuesta positiva por parte de las autoridades.

Aunque ni Vilouta ni el servicial Sirvén se lo preguntaron, Lombardi debería contarle a la opinión pública, en alguno de sus numerosos y frecuentes contactos con los medios: a) en qué invirtió su ministerio los 5000 millones de pesos recaudados en 2017 por la ley 26522, de los cuales solo el 20% fue destinado a la Televisión Pública; b) Cuánto costó exactamente el contrato con la multinacional Mercer América Latina durante un año para suministrarle los datos falseados y ad hoc que repite en cada entrevista, y que se resumen en echarle a los salarios de los trabajadores del canal la culpa de todos los problemas de gestión y política que tiene la Televisión Pública, y c) Cuál es la programación y las políticas comunicacionales que su ministerio diseñó para la Televisión Pública para 2018. Porque de eso, Lombardi, dentro de su verborrea, prefiere no hablar.

La actual política de vaciamiento y ajuste privará a la sociedad de espacios importantes de información pública, como los noticieros de fin de semana, carencia que consideramos una forma de censura encubierta.

No hay ningún tipo de programación ni propuesta profesional para el 2018, solo latas y tercerización. En la actualidad, solo los noticieros y Cocineros Argentinos se realizan en el canal. La gestión pretende una Televisión Pública vacía, sin noticias y sin producción propia. Su política de ajuste llega al ridículo de recortar todas las horas extras que, en una planta que disminuyó, hecho crítico que se agrava en el período de vacaciones, pone en riesgo la propia pantalla ya que no contamos con la dotación mínima para garantizar la operatividad diaria. Según lo admitió públicamente en su charla de café con Sirvén, (apenas) “el 15% de la masa salarial de la Televisión Pública corresponde a horas extras”. Su provocación llegó a tal nivel que trataron que los informativos no se emitan para culpar a los trabajadores. No se lo permitiremos: si esta semana los noticieros están al aire es por exclusiva voluntad de sus trabajadores a contramano de las indicaciones de la gestión. Para coronar esta provocación, los días lunes y martes amanecimos con carros de asaltos y patrulleros de la fuerza de seguridad en las instalaciones del canal público. La policía como solución a todo, una fórmula repetida por estos días, aunque Lombardi no se haga cargo.

Por todo esto, estamos en estado de asamblea permanente y movilización, exigiendo una solución urgente y alertando al conjunto de la sociedad del brutal ataque a los medios públicos en general y a la TV Pública en particular, del gobierno y la gestión encabezada por el ministro Hernán Lombardi y el presidente de RTA, Miguel Pereira.

No vamos a permitir que reduzcan el canal público a su mínima expresión ni que lo privaticen de manera encubierta. No vamos a permitir que avasallen nuestros derechos profesionales y laborales. La información no es una mercancía ni un espectáculo, es un derecho.

Trabajadores de Prensa Televisión Pública

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Opinión

BALAS EN LOS PIES Y LA TDA

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Esta columna tiene la impresión, acaso errada, pero no demasiado, de que más allá de manifestaciones masivas como las del 17 y 18 de este mes, hay una gran cantidad de compatriotas, una parte importante del pueblo argentino que hoy está muy desencantado y sumido en una gran confusión, que quizá algunas dirigencias políticas no ven con claridad.

Esta impresión –-es sólo eso-– se basa en el hecho de que gran parte del pueblo tradicional e históricamente peronista, progre y que se estimaba a sí mismo como una clase media en ascenso, hoy está viviendo una durísima emergencia. Con iniciales accesos, hace años, primero a la bici y luego de la bici a la moto, y de la moto a un primer coche, ese pueblo sabía que podía tener una casita y arreglarla y crecerla de a poco, como también conocía su derecho a vacaciones una vez al año y que algún día tendría una jubilación. Y era consciente además del libre acceso de sus hijos a la universidad pública gratuita, como confiaba también en la salud pública.

Esa gran masa del pueblo, como reza la Marcha Peronista, hoy está completamente desencantada. Y está desencantada bajo un gobierno peronista, o de coalición peronista, porque está viviendo una situación económica desesperante. No sólo no puede cumplir ninguno de aquellos sueños, sino que encima se le cae todo lo que tuvo, tiene problemas muy serios de alimentación, educación y salud y no está del todo contento con el manejo gubernamental de la pandemia. Y lo peor es que no le importa demasiado si se le dice que la culpa es del gobierno anterior, de Macri, sus bandoleros y la madre que los parió.

Es pensable, con alguna certeza, que lo que más le importa hoy a nuestro pueblo son su propia desesperación, el miedo que siente ante el desmoronamiento y la urgencia de zafar. O sea que es el desencanto lo que lo enfurece. Porque esas grandes clases medias que llegaron a ser mayoría de este país, y que eran conscientes de ser una clase en ascenso social, resulta que ahora, hoy, están por sobre todas las cosas muy enojadas. Gran parte de ese pueblo, tradicionalmente de filiación y esperanzamiento peronista, hoy está muy disgustado. Y decepcionado de todo, de todos y todas. Y como quizás no sabe a quién culpar exactamente, entonces culpa a quien “está arriba” y es así como esa gran masa, encima azuzada por la telebasura, la mentira y los más perversos sujetos que parió esta tierra, hoy está completamente desencantada y entonces parece inclinada a votar a la derecha. Se ha gorilizado. Objetivamente.

En el país profundo esto se ha visto y se ve claramente, y de ello debió y debería tomar nota el gobierno nacional. Que quién sabe si estará a tiempo, pero al menos debiera ser consciente de que la actitud política de mirar siempre solamente alrededor es cada vez más peligrosa. Y letal en tiempos de hiperconcentración de la mentira comunicacional. ¿O hace falta recordar una vez más que en la Capital Federal hoy llamada CABA habita solamente el 6.5% de la población de la República Argentina? Y póngasele que con el conurbano se llegue al 10%; entonces el 90% de los/as argentinos/as están fuera de ese conglomerado urbano, viviendo en eso que se llama inconsciente pero ofensivamente “el interior”, aceptando y continuando así y también sin darse cuenta la organización política desigual e injusta que inventaron retrógrados presidentes como Mitre y Roca, por lo menos.

Ese país profundo, extendido y tan orgulloso como complejo, hace poquito votó y puede volver a votar en contra del actual gobierno peronista, porque la desilusión es muy grande. Ese pueblo, esas clases humildes, esos trabajadores y trabajadoras que hacen los trabajos más duros, más arduos y peor remunerados del país, y que en cierto sentido son nuestros mejores y más esforzados compatriotas, votó en 2019 con una enorme y sólida esperanza. Pero tan cierto como eso es que ahora está teniendo hambre. Y no le echan la culpa a la pandemia sino que están enojados porque el gobierno peronista les prometió que todo iba a cambiar después de Macri, pero no cambió nada.

Y entonces están, como estamos todos y todas, mucho peor. Y por eso muchos votaron y pueden volver a votar en contra del gobierno, porque están gorilizados sin saberlo. Por eso el miedo, y el peligro, si ahora en noviembre vuelven a votar en contra, o en blanco o se abstienen, que es lo mismo. Y todo porque están enojados, desilusionados. Lo que podría llevar a muchos a no darse cuenta de que eso sería como dispararse un balazo en los propios pies.

Por eso esta columna desde hace meses reclama –-casi en soledad-– la urgente e imprescindible reactivación de la Televisión Digital Abierta (TDA) que es la tele que ven los pobres, los que no pueden pagar el infame servicio de las corporaciones mentimediáticas.

Esa es la tele que se mira en el país profundo de los que hoy casi no comen y tienen a sus chicos en patas, y en las escuelas no se alcanza a contenerlos por más esfuerzos que hagan los docentes, que encima están hartos por mal pagados y muchos también gorilizados.

Es urgente, por lo tanto, terminar con el sistema comunicacional de cuarta que tiene nuestro gobierno. Mejor Gabriela Cerruti que el tal Biondi, desde ya, pero la gran urgencia es devolverle la tele gratuita y de calidad al pueblo, eximirlo y protegerlo de las porquerías de la telebasura. Y eso implica recuperar ya mismo la mejor grilla de la TDA y sacar de ahí la invasión de canales basura de las corpos mediáticas. Reclamar esto no es exótico; es urgencia. Y bien haría el Gobierno, nuestro gobierno, en no seguir con esta “distracción” ya inexplicable.

La gran pregunta de hoy es cómo convencer al pueblo argentino de que no se suicide políticamente. Lo que es tan complejo como explicarle el litio a un jujeño harto de hambre. O como pedirles conciencia ambiental a un riojano, un salteño o un chaqueño con hambre y encima sometidos a la teleporquería que les revienta la cabeza. Seguir sin TDA reformulada es ya increible. Porque sólo con la TVPública no alcanza, y menos cuando se frivoliza y hace programas pavotes al estilo de la telebasura. Ni alcanza con solamente Radio Nacional, que es el mejor sistema de comunicación que aún subsiste, con presencia en las 23 provincias y 49 emisoras bien distribuidas y con informaciones locales, pero aún así con rémoras macristas y gorilas en algunas provincias. Y tampoco alcanza sola la Agencia Telam, que obviamente ha mejorado pero donde también hay macristas enquistados y con poder.

En realidad no habría que hacer nada exótico ni desconocido para salvar a nuestro país. Alcanzaría con la TDA y auditar la deuda y mientras tanto negociar plazos con el FMI pero sin pagar un mango. Con reafirmar de una vez y por DNU la soberanía nacional sobre el río Paraná y todos los recursos y subsuelos. Con declarar en comisión a todo el Poder Judicial y replantear el servicio de justicia como eso -un servicio y no bandas– y con nueva Corte Suprema de emergencia nacional, ya todo podría empezar a mejorar. Y entonces este pueblo se lanzaría a hablar, y en serio, de la ya urgente Reforma Constitucional.

Así se ayudaría al pueblo argentino para que no se pegue un tiro en los pies. Porque si algo está clarísimo es que después no se puede caminar.

Mempo Giardinelli
Por Mempo Giardinell
FUENTE : PAGINA 12
. Imagen: Guadalupe Lombardo

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ESTE PORTAL LE PERTENECE A CAPRICA CAMARA ARGENTINA DE PRODUCTORES REALIZDORES INDEPENDIENTES DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES CON 11 AÑOS DE HISTORIA  Y SABE Y LO VIVE EN CARNE PROPIA NO PERTENECER A LA TDA DE GENRAL PUEYRREDON (MAR DEL PLATA – BATAN) .

POR UNA INJUSTIFICADA RAZON  COMO LO ES HABER SIDO LOS UNICOS OFERENTES AL CONCURSO PUBLICO EL 4 DE DICIEMBRE DE 2015 Y LUEGO DE ATRAVESAR LA APROBACION DE LAS 7 CARPETAS QUE INCLUIA EL CONCURSO ABIERTO Y PUBLICO TODAVIA ESTAMOS ESPERANDO LA LICENCIA.

LO INJUSTIFICADO DESDE JURIDICAS DE ENACOM ES EL PLANTEO DE LLAMAR A JURADOS CUANDO EN SI MISMO NO ES NECESARIO DEBIDO A QUE NO ESTAMOS COMPITIENDO CONTRA NADIE SOMOS UNICOS OFERENTES.

Y DE MANERA PUNTUAL HAY QUE REPLANTEARSE LA DISTRIBUCION DE LAS SEÑALES DE LA TDA DEBERÍA INCLUIR UN 33% DEL ESTADO UN 33% DE LOS PRIVADOS Y UN 33% DE LAS SIN FINES DE LUCRO.SIEMPRE FUE A DEDO

RUBEN MUÑOZ

PRENSA CAPRICA

REVISOR DE CUENTA EN COMISION DIRECTIVA

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MAR DEL PLATA: ESTE DOMINGO SE EMPLAZARÁ EL MEMORIAL AL ARA SAN JUAN

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La obra consiste en una recreación en mármol del sumergible con los nombres de sus tripulantes y una figura corpórea con accesorios de reposición que fueran parte del mismo. Además, cuenta con una “Cápsula del Tiempo” que se abrirá al cumplirse los 50 años de la última zarpada del navío, y que contendrá mensajes y testimonios de los familiares.

El acto se desarrollará este domingo a las 10.45 y, como consecuencia, se llevarán a cabo una serie de cortes de tránsito y desvíos de colectivos en distintos puntos de acceso a la zona costera. La medida será de 9.30 a 12.30.

Esta noticia no es una fiesta, sino todo lo contrario, porque era una tragedia evitable, pero lo que es grave también es mencionar el rol del estado argentino luego de lo sucedido.

Demás está decir que la presidencia de Mauricio Macri fue un desastre si lo miramos en términos económicos, la vuelta al FMI y un dinero que jamás llego a los argentinos, pero si tendremos que devolver y ni hablar de sus promesas como no abrir las exportaciones, no devaluar, quitar el impuesto a las ganancias, o nada de tarifazos.

Sucedió exactamente todo lo contrario a sus promesas, nada que sorprenda en estos días. Pero lo que si llama la atención al menos para mí, es que el ex presidente no se haya presentado a su indagatoria.

Cuando alguien es inocente y se lo acusa de lo contrario busca por todos los medios aclarar su situación. Si ya se, usted está leyendo y se pregunta ¿este “escribiente” no conoce sobre los recursos de defensa en derecho, etc, etc? Claro que este humilde servidor no es un experto en derecho, pero si un ciudadano que cuando le hacen una multa le dicen, esto le sale el 50%, si habla con el juez puede que lo exonere o le cobran el doble, si por una multa de tránsito, pero uno va, se presenta, se defiende o paga, pero va.

Lamentablemente debo mencionar a tres presidentes  democráticos que debieron declarar ante la justicia, Carlos Menem (Estuvo uno días con prisión domiciliaria), Fernando De La Rua y Cristina Fernández.

Lo recuerdo cuando dijo “Los argentinos tenemos que rendir nuestros actos ante la justicia”. Como ciudadano, le pido un favor, vaya, preséntese, declare y deje que la justicia actué, por una vez cumpla con su palabra, no lo haga por usted, hágalo por los que aún le creen y también porque no por aquellos que no le creyeron nunca y vena quizá en ese acto un acto de transparencia y si no lo hace por ninguna de estas razones, hágalos por esas 44 almas que están en el fondo del mar argentino.

 

Alberto Codagnone

FOTO TAPA : RADIO GRAFICA

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Opinión

MUNICIPIOS Y CONTROL DE PRECIOS: ENTRE MAPUCHES Y LATAS DE TOMATE

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En medio de una sobreactuación que ya es parte del relato, el gobierno juega todas sus fichas a la participación de municipios amigos. Una demanda contra la ley y la lógica.

Discutir la eficacia del congelamiento de precios dispuesto por el gobierno central es semejante a hacerlo con la cuadratura del círculo: en todas las ocasiones en los que se implementó el remedio fue peor que la enfermedad.

Durante todos estos días la prensa y la oposición se han encargado de enumerar las experiencias anteriores, con sus nefastos resultados, mientras desde el Ejecutivo nacional se prefirió batir parches con la algazara de la defensa de la soberanía alimentaria, la importancia de un gobierno cuidando la mesa de los argentinos y el también histórico sonsonete de los empresarios como enemigos de la sociedad. Como si esos mismos empresarios no tuviesen en claro que el 70% de lo producido en el país -con algún aumento de porcentaje cuando de alimentos se trata- es consumido por el mercado interno que de esa manera se convierte en garante de su rentabilidad.

Por supuesto que se producen abusos, y no pocos, muchas veces ligados a la angurria del capital pero tantas otras a una inestabilidad endémica, una inflación galopante y la falta de reglas fiscales claras. Todo esto supone un cóctel de imprevisión y temor que ha institucionalizado el «por si acaso» a la hora de fija precios; y que solo dejará paso a la estabilidad cuando esta sea parte de la vida cotidiana de los argentinos.

Sin abrir juicio de valor alguno, ya que los males marchaban por otro carril de la mano de la desindustrialización y el desempleo, los diez años de la convertibilidad menemista son un ejemplo claro de lo que aquí sostenemos: a lo largo de aquella década los precios internos se mantuvieron quietos y durante todo el período no llegaron a superar el 9%, con años de índice negativo incluido.

Es importante reiterar que no se trata de bendecir un proceso que por el empecinamiento de las autoridades de entonces -también con voluntarismo electoral- terminó en una explosión inflacionaria y en la crisis de 2001. Solo se trata de mostrar con un ejemplo que aún se mantiene en la memoria de millones de argentinos lo que el aspecto emocional y la sensación de estabilidad puede lograr cuando los actores principales de la economía quitan de sus preocupaciones la posibilidad de la incertidumbre por lo que viene en forma inmediata.

Dicho todo esto pasemos a la nueva grieta que acaba de inaugurarse en la política argentina: ¿deben los municipios efectuar el control del cumplimiento de la disposición de la Secretaría de Comercio tomada ahora como bandera por la autoridad central?.

El tablero ha quedado claramente delimitado. Los intendentes pertenecientes al Frente de Todos han salido a asegurar que se encargarán de la ímproba tarea -que lo consigan es otra de las cosas que está en discusión- mientras los de Juntos ya han anunciado que no se harán cargo de ella por no corresponder legalmente que así sea.

El jefe de Gabinete de ministros, Juan Manzur, se reunirá hoy con intendentes bonaerenses, para coordinar acciones de control territorial al congelamiento de precios de consumo masivo dispuesto hasta el 7 de enero próximo. La idea es mostrar una actitud militante que contraste con quienes, según la singular mirada de la flamante vocera Gabriela Cerrutti, plantear la posibilidad de desabastecimiento y posterior brote inflacionario  es un «diagnóstico o un deseo» para generar «temor» en la población.

Lo cierto es que ningún municipio, ni el más populoso, cuenta con una estructura suficiente para semejante tarea y en el mejor de los casos debería desatender funciones que le son propias para ejercer un poder de policía ciertamente ajeno a lo que la Constitución de la provincia y la Ley Orgánica de las Municipalidades le confieren. Y eso es así en la populosa Buenos Aires y en el resto de las provincias argentinas.

A través del decreto 351/2020 en el que «convoca» a los municipios a fiscalizar los comercios, estos podrán:

  • Pedir el auxilio de la fuerza pública.
  • Secuestrar libros contables y «todo elemento relativo a la administración» por hasta 30 días hábiles.
  • Clausurar preventivamente el establecimiento por hasta tres días hábiles si fuera «indispensable» para la investigación. La Secretaría de Comercio puede extender el cierre 30 días hábiles adicionales.
  • Intervenir e inmovilizar mercaderías que el comercio retenga con el fin de a «reducir la oferta».
  • Citar a los presuntos infractores a prestar declaración dentro de los días posteriores a la notificación de la falta.

Pero ocurre que dicho decreto -que al momento de su firma pretendió ser implementado a través de militantes de La Cámpora, lo que fue rechazado y prohibido específicamente por los jueces- viola flagrantemente disposiciones legales específicas a los controles, secuestro de documentación y clausuras que no sean las que específicamente fijan las normas municipales y que, obviamente, nada tienen que ver con la fijación de precios.

Otra desprolijidad normativa de un gobierno que se pretende «revolucionario» y solo aporta elementos distorsivos que una vez más terminarán en el fracaso del control que se quiere implementar, la reticencia de los comerciantes y empresarios a trabajar a pérdida, el crecimiento del agio y la especulación que se quiere perseguir y el consumidor como rehén de tanto disparate.

Aquella convertibilidad funcionó casi una década porque el cepo se puso sobre el precio líder de la economía argentina desde hace siete décadas: el dólar. Y ni así pudo asegurar continuidad y estabilidad.

Las correcciones que deberían hacerse son de la macro economía, de la política fiscal distorsiva y la realidad financiera enemiga de cualquier grado de inversión y ahorro. Y sobre todo volver a dar valor a la moneda como instrumento de intercambio y previsibilidad a un mercado tan histérico como especulativo.

Perseguir ideológicamente las latas de tomate y apoyar a los mapuches chuscos no parece, en la segunda década del siglo XXI, un camino aconsejable hacia el desarrollo.

Aunque muestra una preocupante confusión oficial…

Por Adrián Freijo

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